Informe realizado por el Departamento de Investigaciones Sociopolíticas ASIES

Contexto sociopolítico del primer semestre de 2013 Momento de evaluar el rumbo

www.asies.org.gt

Contexto sociopolítico del primer semestre de 2013 Momento de evaluar el rumbo El gobierno se encuentra en su segundo año de gestión. Normalmente, se cree que el segundo año es para consolidar acciones, luego de un primer año de evaluación, diagnóstico y adaptación. A partir del tercer año, los preparativos para la contienda electoral suelen afectar el desempeño del Estado. Pero este no ha sido el caso durante el presente período. La campaña electoral parece no haberse detenido; los partidos políticos comenzaron a reorganizarse, preparar liderazgos y definir estrategias de cara a las próximas elecciones de 2015, poco después de terminado el evento electoral del 2011. Esto ha supuesto grandes dificultades para la administración actual. Principalmente, el Congreso de la República es reflejo del interés electoral de los partidos políticos, en donde la oposición, encabezada por el bloque de Libertad Democrática Renovada (LIDER), ha logrado mantener estancada la agenda legislativa –que incluye la aprobación de créditos para financiar el presupuesto de la Nación—, con el fin de dificultar que el Ejecutivo avance. Inclusive, dentro del Partido Patriota (PP) se han manifestado tensiones y fracturas internas, que podrían significar un menor apoyo al Ejecutivo. Así, al cumplirse año y medio de la actual administración, parece, por las medidas que se están tomando, que el gobierno está en un momento de reflexión, evaluación y reajuste. Pese a que la opinión ciudadana sobre el presidente Otto Pérez Molina sigue siendo positiva, esta ha sufrido un importante desgaste en el segundo trimestre del año1. Esto ha llevado a definir una nueva estrategia de comunicación, que incluye un programa de televisión llamado “De frente con el Presidente”, y busca incrementar la aprobación del presidente y la vicepresidenta Roxana Baldetti, presentando un lado más sensible y humano de ambos, además de enfocarse en presentar los propósitos de cada acción, en lugar de exponer sus logros. El objetivo de ello podría ser acercarse más a la población y brindarle mayor información acerca de las decisiones, dificultades y resultados del gobierno. A lo largo del año, ha habido cambios importantes en el gabinete de gobierno. Aunque estos cambios son normales, el hecho de que sucedan en puestos de alto nivel y en carteras relacionadas con el cumplimiento de las principales ofertas de gobierno, da a entender que se trata de reajustes que pretenden agilizar el alcance de metas, tras algún tipo de evaluación interna de resultados. Tal es el caso del Ministerio de Desarrollo Social, donde fue destituida la ministra Luz Lainfiesta. Con esa medida, el Ejecutivo busca agilizar el programa Mi Bono Seguro, que ha recibido críticas por retrasos en la entrega de transferencias condicionadas a familias pobres, y que forma parte del Pacto contra el Hambre.

1

De acuerdo con una encuesta efectuada por CID Gallup para El Periódico, publicada el 23 de mayo de 2013, la aprobación de los ciudadanos al presidente Otto Pérez Molina disminuyó 20 % entre mayo de 2012 y el mismo mes del presente año, quedando en 48 % (http://www.elperiodico.com.gt/es/20130523/pais/228683). En tanto, la encuesta realizada por Vox Latina para el Gobierno, refleja que la actual administración perdió en 26.4 % la aprobación ciudadana, entre febrero de 2012 y abril de 2013 (http://www. elperiodico.com.gt/es/20130624/pais/230141/). En enero, en cambio, al cumplirse un año de gobierno, el mandatario contaba con 70 % de la aprobación ciudadana, según una encuesta de Prodatos para Prensa Libre (http://www.prensalibre.com/noticias/politica/ Poblacion-otorga-aval-pese-crisis_0_847115307.html).

2

También se anunció el relevo del ministro de la Defensa, Ulises Anzueto, del director de la Policía Nacional Civil (PNC), Gerzon Oliva, y cambios en el Ministerio de Gobernación, donde se nombró a Manfredo Pacheco como viceministro administrativo. Estas entidades están a cargo de la seguridad del país y de los ciudadanos, una de las principales ofertas del partido de gobierno. Asimismo, el 30 de junio se presentó la nueva Política Nacional de Defensa, en cuya elaboración participaron asesores extranjeros. La misma consta de cinco ejes: proteger las fronteras, gestión de desastres, operaciones de paz, apoyo y misiones contingentes, e integrar a la población en la resolución de conflictos. El presidente deberá revisar y aprobar la nueva política, para que esta pueda ser ejecutada. En enero del 2013 hubo cambios en los ministerios de Relaciones Exteriores y Agricultura, cuyos ministros, Harold Caballeros y Efraín Medina, respectivamente, renunciaron. Sin embargo, este cambio se atribuyó más a decisiones políticas que de reorganización. Caballeros y Medina fueron candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República en la contienda electoral del 2011, con el partido Visión con Valores (VIVA); para la segunda vuelta de elección presidencial, brindaron apoyo a Pérez Molina y Baldetti, por lo que su nombramiento como ministros se percibió como una retribución a ello. Empero, también pudo influir un interés por nombrar en esos cargos a personas afines al partido de gobierno, para dar mayor impulso a asuntos específicos, como la propuesta de despenalización de las drogas hecha por el presidente Pérez Molina y que captó ampliamente la atención internacional. Fue significativa, además, la renuncia de Miguel Gutiérrez como superintendente de Administración Tributaria, en medio de un enfrentamiento con el ministro de Finanzas, Pavel Centeno, por las metas de recaudación. Como se mencionará más adelante, el Estado enfrenta un déficit fiscal, que dificulta cumplir con los planes trazados. Otro cambio que causó controversia fue el del presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). En enero del 2013, el presidente Pérez Molina anunció el nombramiento de Juan de Dios Rodríguez para desempeñar el cargo citado, en sustitución de Luis Reyes Mayén, con el argumento de que ello ayudaría a transparentar la compra de medicamentos y la prestación de servicios en esa institución. Empero, la designación fue señalada por integrantes de esa Junta Directiva, como una violación a la autonomía del seguro social. Asimismo, se cerró el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ), tras una serie de publicaciones en medios de comunicación sobre compras y contrataciones viciadas en esa entidad. El gobierno decidió clausurar dicho fondo y crear uno nuevo, administrado por un fideicomiso2, con la promesa de una gestión más transparente.

2

Esta acción resulta contradictoria, ya que en la propuesta de reforma constitucional que el Ejecutivo presentó en el 2012 se planteaba la prohibición al Estado para administrar recursos por medio de fideicomisos. Estos, como figura creada para administrar recursos privados, regulada por el Código de Comercio, carecen de las exigencias de transparencia que les correspondería al manejar fondos públicos. La propia Contraloría General de Cuentas tiene dificultades para obtener información acerca de sus cuentas, además de que no existe un registro exacto de los fideicomisos que manejan fondos del Estado.

3

En el 2012 los medios de comunicación publicaron diversos señalamientos de corrupción y falta de transparencia en el Ejecutivo. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2012, Guatemala ocupa el puesto 113 de 174 países, lo que muestra que los guatemaltecos perciben poca transparencia en la administración de los recursos públicos. A pesar de ello, al cumplir un año de gobierno, Otto Pérez Molina gozaba del 70 % de aprobación ciudadana, de acuerdo con la encuesta elaborada por Prodatos para Prensa Libre. Esa calificación contrastó con las obtenidas por gobernantes anteriores en su primer año de gestión: Álvaro Colom, 44 %; Óscar Berger, 38.3 %; Alfonso Portillo, 29.4% (EFE, 2013). Esta aprobación, sin embargo, ha comenzado a disminuir, como ya se mencionó, aunque no debido a los señalamientos de corrupción. En especial, la violencia y la falta de empleo son los problemas que más preocupan a la población (El Periódico, 2013, 23 de mayo). Durante los primeros meses del 2013, la opinión reflejada en los medios de comunicación fue distinta de la de la población, manifestada en las encuestas: las acusaciones de clientelismo, compras y contrataciones irregulares, entre otros, han sido constantes, en especial las relacionadas con la vicepresidenta Roxana Baldetti. Entre los casos que más llamaron la atención de columnistas y medios de comunicación, resaltan tres: 1. Las publicaciones sobre compras y contrataciones viciadas en Fonapaz, como razón por la cual el gobierno decidió cerrar esa entidad; 2. El otorgamiento del usufructo de 348, 341 metros cuadrados de terreno de la Empresa Portuaria Quetzal, con su salida al mar, a la Terminal de Contenedores Quetzal (ETQ) –una empresa cuya casa matriz está en España—, principalmente por la rapidez y el secretismo con que se concedió y su ratificación durante la Semana Santa; y, 3. El nombramiento de Juan de Dios Rodríguez –oficial retirado, de la confianza del presidente y la vicepresidenta—para presidir la Junta Directiva del IGSS. Los tres casos generan la percepción de que el gobierno está interesado en controlar grandes negocios que pueden dejar réditos a funcionarios o a particulares cercanos a ellos como pago de facturas de campaña o para agenciarse de fondos para la próxima contienda. El gobierno ha defendido sus acciones con el argumento de que busca transparencia, en el caso de Fonapaz y del IGSS ofrece poner fin a compras y contrataciones opacas. En cuanto a Puerto Quetzal, se trata de una inversión que forma parte de un proyecto más amplio para mejorar la infraestructura portuaria del país.

4

Los tres pactos del gobierno Cuando tomó posesión como Presidente de la República, el 14 de enero del 2012, Otto Pérez Molina se comprometió especialmente con tres pactos: de seguridad y justicia, contra el hambre, y el fiscal. Asimismo, ofreció que su gobierno se esforzaría por garantizar la transparencia en la gestión pública, para rescatar la institucionalidad del Estado del desorden y la corrupción. El 30 de junio del 2013, al clausurar el segundo Foro de Gobernadores, el mandatario resaltó la necesidad y responsabilidad de que los gobernadores departamentales se encarguen de monitorear y dar seguimiento a las intervenciones que debe efectuar el Ejecutivo para cumplir con los tres pactos citados, en especial el Pacto contra el Hambre. Adicionalmente, el presidente promovió otras acciones que no estaban contempladas en su oferta inicial, tales como una reforma constitucional, y la propuesta de despenalizar las drogas, como forma alternativa de combatir el narcotráfico, que recibió gran atención en foros internacionales, incluyendo la 43 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, celebrada en Guatemala, que incluyó la búsqueda de alternativas de combate al narcotráfico como uno de sus temas principales. En enero del 2013, en su discurso de primer año de gestión, Pérez Molina resaltó logros en los tres pactos citados, aunque pidió que los mismos se entiendan y evalúen en el contexto de la realidad concreta que vive la población guatemalteca. También hizo un llamado a la unidad y el esfuerzo compartido, a la responsabilidad de todos para lograr una Guatemala con mejores oportunidades para la población. En cuanto al pacto de seguridad y justicia, el presidente dio a conocer que se registró un descenso de casi 10 % en las muertes violentas, así como la reducción en otras actividades ilícitas y avances en la desarticulación de redes criminales y grupos delictivos, gracias a la creación de las Fuerzas de Tarea3. Por otro lado, en el marco del pacto contra el hambre, el presidente enumeró entre los resultados la aprobación del Acuerdo Gubernativo 235-2012, que contempla un paquete de intervenciones integrado en la llamada Ventana de los mil días, que busca reducir la desnutrición crónica y la mortalidad materna en los mil días siguientes al parto. Se logró reducir a la mitad la tasa de letalidad para los casos de desnutrición aguda; se brindaron servicios de salud a mujeres y se brindó apoyo alimentario a 223, 553 familias. Asimismo, fue creado en 2012 el Ministerio de Desarrollo Social, encargado de los programas sociales del gobierno.

3

No obstante, durante el primer trimestre del 2013 el gobierno admitió un incremento en el número de muertes violentas ocurridas en ese período, en comparación con el año anterior.

5

El presidente resaltó durante ese discurso, que el 2013 sería el año de la transparencia y el empleo. Así, ofreció contribuir a generar el desarrollo rural sostenible, conocer la propuesta de política salarial integral, incrementar el empleo formal y, por otro lado, promover el fortalecimiento de los órganos de fiscalización y control, en particular de la Contraloría General de Cuentas.

las acciones necesarias, sino también de la capacidad financiera para hacerlo. Sin embargo, la brecha fiscal suma Q1,300,000. El gobierno requiere la aprobación en el Congreso de dos préstamos y bonos del tesoro para financiar, en parte, el presupuesto del Estado. Empero, los acuerdos entre los bloques legislativos están cuesta arriba. A esto se suma la complicada situación de la economía mundial, que representa menores Sobre el pacto fiscal, enfatizó la aprobación, ingresos para el país, y alza en los productos de en el 2012, de la Ley Antievasión II y la Ley consumo básico, lo que golpea directamente a la de Actualización Tributaria que, se esperaba, población. fortalecerían la sostenibilidad financiera del Estado. No obstante, quedó pendiente de aprobar Tensiones sociales un paquete de leyes en favor de la transparencia, que no obtuvo apoyo en el Congreso de Las constantes manifestaciones realizadas la República. Cabe recordar también, que durante el actual período de gobierno, por durante el primer semestre de 2013 renunció el demandas históricamente desatendidas, superintendente de Administración Tributaria, provocan la percepción del aumento en las Miguel Gutiérrez. Ese hecho contribuyó a crear tensiones sociales, a la vez que polarizan a la incertidumbre en el ámbito fiscal, puesto que se sociedad. Empero, este hecho podría atribuirse suma a una serie de impugnaciones no resueltas a dos factores opuestos. Por un lado, las altas contra la reforma fiscal aprobada en el 2012, que expectativas de algunos sectores de la población fueron presentadas por el Comité Coordinador con respecto al nuevo gobierno. Por el otro, de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, el rechazo a un presidente exmilitar exacerbó Industriales y Financieras (CACIF), así como los ánimos de organizaciones indígenas y a una reducción del 50 % del Impuesto sobre campesinas para redoblar sus protestas y exigir Circulación de Vehículos y la condonación ser atendidas en un marco de diálogo y respeto a parcial de los tributos internos y externos que no los derechos humanos. Además, hay que destacar se hayan pagado del 2012 para atrás, aprobada que el número de protestas masivas se redujo este por el Congreso en junio del 2013. año, en comparación con el anterior, cuando el gobierno tomó posesión. En cambio, este año Para alcanzar mejores resultados en los tres pactos, las movilizaciones se concentraron con mayor el gobierno tiene aún importantes retos que no fuerza en torno al juicio por genocidio contra dependen únicamente de la voluntad para ejecutar Efraín Ríos Montt.

6

También ha resaltado una mayor judicialización de las demandas sociales, dado que estas han trascendido de las manifestaciones públicas y han sido planteadas en los tribunales y la Corte de Constitucionalidad, como acciones administrativas y penales, junto con el recurso de amparo anunciado por grupos ambientalistas, contra la concesión de dos licencias de explotación minera. Aunque es positivo que se busquen dirimir conflictos por la vía legal, esto supone un reto para un saturado sistema de justicia, que deberá responder con agilidad y eficacia.

de disparos lanzados por militares que apoyaban a los agentes antimotines de la Policía Nacional Civil. Por esto fueron detenidos nueve militares, acusados de ejecución extrajudicial y, aunque se determinó que sus acciones no respondieron a una deliberada política de Estado, sí quedó en entredicho la participación del Ejército en tareas de seguridad ciudadana. En este año ocurrió otro hecho que, aunque no estuvo relacionado directamente con acciones del gobierno, sí se vincula con demandas históricas de las comunidades, en especial relacionadas con el manejo de recursos naturales, que no han sido atendidas. En marzo, un grupo de personas secuestró a Rigoberto Aguilar, alcalde indígena de Santa María Xalapán, Jalapa⁴; al mayordomo de esa comunidad, Roberto González Ucelo; a Roberto López, y al secretario de actas del Parlamento Xinca, Exaltación Marcos Ucelo, cuando ellos regresaban de una consulta comunitaria sobre minería en la aldea El Volcancito, en San Rafael Las Flores, Santa Rosa. Horas más tarde, Marcos Ucelo fue hallado muerto en un barranco. Los otros tres escaparon.

Estas tensiones sociales han tenido puntos álgidos durante el actual período de gobierno. El año pasado, dos casos llamaron la atención: uno, en mayo, cuando el Ejecutivo decretó Estado de Sitio en el municipio de Barillas, Huehuetenango, en respuesta a disturbios registrados en ese lugar, luego de que fuera asesinado un campesino, supuestamente por un guardia de la empresa Hidro Santa Cruz. El día de su muerte, varios pobladores participaron en el saqueo de un hotel, donde se creía que se hospedaban los guardias de la hidroeléctrica. Luego se dirigieron al destacamento militar de la localidad para protestar contra los soldados. Al A lo anterior se suma la concesión de dos licencias día siguiente, miembros de algunas familias del de explotación minera en San Rafael las Flores, pueblo detuvieron ilegalmente a nueve personas. Santa Rosa, y El Estor, Izabal, que han provocado manifestaciones de descontento y acciones legales. El segundo fue en octubre, en Totonicapán, cuando En abril, vecinos de Ixcán, Quiché; El Estor, Izabal; durante una protesta contra el alza de la energía Retalhuleu y Cobán, Alta Verapaz, realizaron eléctrica y en contra de la reforma constitucional marchas para demandar la atención del Gobierno y educativa, murieron siete campesinos a causa a problemas agrarios y ambientales.

⁴

En Santa María Xalapán hay una disputa por la propiedad ancestral de 500 caballerías que se otorgaron mediante cédulas reales a los habitantes originarios. Además, los habitantes de esa comunidad se han sumado a la lucha en contra de la actividad minera en San Rafael Las Flores.

7

El anterior contexto supone grandes retos para el Ejecutivo, particularmente en aras de la gobernabilidad del país. Los reclamos sociales y las muestras de descontento con la gestión gubernamental no pueden seguir postergados, pues existe el riesgo grave de que se conviertan en una bomba de tiempo que derive en ingobernabilidad y mayor inestabilidad del sistema. El gobierno debe fortalecer el Sistema Nacional de Diálogo Permanente, que es el encargado de atender y mediar en los conflictos sociales, para que tenga los recursos necesarios para lograr acuerdos y soluciones que sean asumidos y cumplidos por el Estado. Las movilizaciones sociales muestran descontento con el modelo de desarrollo del país, que no es incluyente. El rechazo a grandes proyectos, como la minería, se debe a que representan altos costos para las comunidades, sin que estas perciban beneficios, y a que el gobierno no brinda información oportuna ni realiza las consultas necesarias a la población, antes de autorizarlos. En general, está abierto el debate sobre los beneficios que ese tipo de proyectos dejan al país. Las regalías que pagan son bajas, en comparación con las ganancias que esas empresas multinacionales obtienen, por lo que surgen dudas sobre a quién benefician y qué intereses son los que las promueven, así como el poder que esos grupos de interés tienen para influir en las políticas públicas. Además, también podrían causar daños ambientales mayores a los previstos. En este sentido, es necesaria una discusión nacional, incluyente, acerca de cuáles son las prioridades de desarrollo del país, y cuáles

son las mejores vías para lograrlo. Asimismo, cómo ese desarrollo puede llegar a todos. Es imprescindible enfocar mayores esfuerzos en la promoción del desarrollo rural integral; la ley en la materia, sigue pendiente de aprobación en el Congreso de la República. Por otro lado, también han ocurrido otros hechos que preocupan, por los niveles de violencia que ponen de manifiesto, así como la penetración y fuerza del crimen organizado, que se enfrenta directamente con el gobierno. En los primeros días de mayo, el presidente Otto Pérez Molina decretó estado de Sitio en los municipios de Casillas y San Rafael Las Flores, en Santa Rosa, y en Mataquescuintla y la cabecera de Jalapa, por disturbios ocurridos en esa región, donde pobladores retuvieron a 23 elementos de las fuerzas especiales de la PNC, y robaron su armamento. De acuerdo con el decreto gubernativo 06-2013, que estableció el estado de Sitio, la decisión se tomó debido a una serie de hechos graves de sabotaje, que afectan la actividad productiva de las personas individuales y jurídicas, así como por haberse apoderado violentamente de material explosivo para uso particular. Aunque los disturbios se justificaron como muestras de rechazo a la minería en el lugar, Pérez Molina y el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, aseguraron que una investigación del Ministerio Público (MP) reveló que había una estructura criminal que utilizó las protestas como pretexto para cometer varios delitos, tales como asesinatos, secuestros, asociación ilícita, robo de armas, destrucción de bienes del Estado y prohibición

8

ilegal de paso. No obstante, los resultados de los sentido, cabe recordar que ASIES, en conjunto allanamientos y detenciones efectuadas parecieron con las universidades de San Carlos y Rafael insuficientes para demostrar esa hipótesis. Landívar, ha promovido desde el 2011 una reforma constitucional en materia de seguridad y La medida recibió críticas de quienes la justicia, que busca, entre otras cosas, la regulación consideraron un acto de represión a la población de un cuerpo civil de seguridad del Estado, que que ejercía su derecho de manifestación. otorgue rango constitucional a la Policía Nacional Empero, cabe resaltar que la misma fue tomada Civil para asegurar su estabilidad en cuanto a en base a un trabajo coordinado con el MP y la integración y funciones, y se busca avanzar en el Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), proceso de garantizar el carácter civil que debe y parece evidenciar que el gobierno busca tener la dimensión interna de la seguridad, tal tomar medidas contundentes ante la parálisis – como lo establecen los Acuerdos de Paz. particularmente del Congreso— y debilidad de la mayoría de instituciones del Estado, tomando El gobierno ha anunciado que comprará, en cuenta que la seguridad fue la principal oferta mediante un proceso de excepción –fuera de los electoral del partido de gobierno. Debido a que el procedimientos de contratación y licitación que Congreso estaba entrampado en la interpelación establece la Ley de Contrataciones del Estado—, al ministro de Cultura, Carlos Batzín, no pudo 33 mil armas de fuego en los próximos tres conocer y ratificar ese estado de Sitio, por lo que años. Esto, debido a que cerca de 4 000 agentes el gobierno optó por revertir la medida y decretar, de la PNC carecen de arma, mientras que otros en cambio, estado de Prevención. cuentan con armamento obsoleto. Hasta ahora han fracasado nueve intentos de adquirir las En junio, ocho agentes de la PNC murieron y el armas, debido a que los procesos contemplados subinspector, César Augusto García Cortez, fue en la ley se han convertido en un obstáculo para secuestrado y posteriormente hallado muerto, ello. en un ataque directo a la subestación de Salcajá, Quetzaltenango. Según el gobernante, los Además, se incluirá en las compras por responsables de ese hecho son narcotraficantes, excepción la construcción de cárceles y módulos pero el caso fue declarado en reserva, por lo que de máxima seguridad, para evitar tener que no se conocen mayores detalles del mismo. entregar los planos de los mismos a las empresas interesadas en la licitación, tal como pide la Ley Estos hechos también han puesto de manifiesto de Contrataciones del Estado. la necesidad de fortalecer a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad de la El presidente se comprometió con asumir población, para que sean capaces de enfrentar personalmente la responsabilidad de esas a los grupos del crimen organizado. En este compras y contrataciones, así como las críticas

9

que puedan generarse porque el proceso se haga por excepción. No obstante, requerirá medidas adicionales para garantizar y demostrar la transparencia de esos procesos, pues podrían generarle mayor desgaste en el largo plazo. Esa decisión lleva a reflexionar sobre la necesidad de modernizar el Estado, pues muchos procedimientos son engorrosos y provocan retrasos para ejecutar políticas, planes y programas de gobierno. Por supuesto, también debe ser fortalecida la Contraloría General de Cuentas, para que se pueda garantizar la transparencia en la administración pública. En parte, la reforma constitucional promovida por el gobernante en el 2011, aunque fue señalada de buscar concentrar mayor poder en el Ejecutivo, pretendía dotar de un mayor capacidad de maniobra al gobierno, que muchas veces encuentra obstáculos para actuar con la eficiencia necesaria, no solo en procedimientos establecidos por ley, sino también en el alto poder de veto del Congreso de la República, en especial, cuando el partido de gobierno no cuenta con mayoría legislativa.

Pruebas para la justicia Durante el primer semestre del año, los medios de comunicación dieron una amplia cobertura al juicio que se sigue contra Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, acusados de genocidio en el área ixil de Quiché. Este ha supuesto una prueba al sistema de justicia, debido a que ha llamado fuertemente la atención de amplios sectores sociales con opiniones contrarias en torno al mismo.

La sentencia emitida por el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, condenando a Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio, y el posterior fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que anuló dicha sentencia, han generado dudas respecto de la credibilidad e imparcialidad del sistema de justicia, tanto por quienes opinan que hubo genocidio, como por aquellos que creen que no se llegó a tal extremo. Al haber quedado aplazado el caso, para el 2014, se da un respiro a las instituciones de justicia, aun cuando el proceso hizo más evidente la necesidad de fortalecerlas para que sean capaces de responder con eficacia e imparcialidad, y recuperar la confianza de la ciudadanía. Asimismo, reitera la necesidad de una mejor regulación en torno al recurso de amparo, para evitar que se abuse del mismo para retrasar la aplicación de justicia y saturar aún más al sistema de justicia. En la propuesta de reforma constitucional presentada por ASIES, USAC y URL, se resalta la necesidad de mejorar la tutela judicial efectiva, fortalecer el estado de derecho y contribuir a la paz, por medio de abatir los obstáculos que impiden estas condiciones, tales como la debilidad en la aplicación del principio de independencia judicial; carencia de recurso humano capacitado para el ejercicio de sus funciones; falta de seguimiento a políticas públicas integrales en los sistemas de justicia y seguridad, y politización de la elección de funcionarios judiciales. Esta reforma, empero, se ha quedado estancada en el Congreso de la República, al igual que la iniciativa presentada en ese sentido por el presidente Otto Pérez Molina.

10

Por otro lado, aunque los hechos por los que se juzga a Ríos Montt datan de hace 30 años, el proceso y las opiniones polarizadas que genera en algunos sectores de la sociedad, pueden también afectar al gobierno actual, por ser Otto Pérez un militar retirado que participó en el conflicto armado, y fue comandante del destacamento militar de Nebaj, Quiché, en 1982.

país, se juzgan a militares de alto rango. Sea cual sea su resultado el próximo año, es de esperar que el fallo se dé en apego a derecho, con objetividad e imparcialidad, libre de cualquier presión a favor o en contra.

Es innegable que durante el conflicto armado interno ocurrieron matanzas cruentas por las que es necesario hacer justicia. Pero, también Un testigo protegido del Ministerio Público es importante dar seguimiento al esfuerzo por mencionó al Mayor Tito Arias –el seudónimo de lograr la reconciliación y la paz, así como por la Pérez Molina—, como el responsable de ordenar dignificación de las víctimas. Es necesario que masacres en el área ixil. Pérez, no obstante, ha se esclarezcan los casos de cientos de personas descalificado esa declaración y asegurado que es desaparecidas en aquella época. falsa, pues la época en que el testigo estuvo en el Ejército no coincide con su período de estadía Además, es imperante trabajar por la superación en Nebaj. Además, aseguró que su papel en ese de las condiciones de desigualdad e injusticia municipio fue el de rescatar a personas, y que social que ocasionaron el conflicto, para evitar no hubo asesinatos mientras él estuvo en ese una vuelta al pasado. En ese sentido, es necesario destacamento. fortalecer la institucionalidad del Estado para que sea capaz de atender las demandas de la Aun cuando el testimonio no fuera válido, el población. proceso contra Ríos Montt ha puesto de manifiesto posturas contradictorias que polarizan a la sociedad, Otro caso que llamó la atención por su impacto en particular en torno a visiones de derecha e mediático fue la extradición de Alfonso Portillo, izquierda, a favor o en contra del Ejército, que se quien gobernó el país entre el 2000 y el 2004. mezclan con cuestiones étnicas y de racismo. Tal Aunque dicha extradición a Estados Unidos división puede afectar la credibilidad del gobierno, había sido autorizada desde 2011, aún había pues se suma a las tensiones sociales que, como se recursos legales, planteados por la defensa de mencionó antes, han llegado a puntos álgidos, en Portillo, pendientes de resolver, lo que suscitó parte, por ser el presidente un militar retirado, lo dudas en cuanto al cumplimiento del debido cual ha generado rechazo en algunos sectores de la proceso. El expresidente se encontraba, además, sociedad, que reclaman ser atendidos en un marco hospitalizado por problemas de salud, cuando fue de respeto a los derechos humanos. llevado a Estados Unidos. Ese país lo reclamaba por cargos de conspiración y lavado de dinero en En cuanto al juicio, este resulta histórico, pues es bancos estadounidenses. la primera vez que se juzga un caso de genocidio en una corte local y no internacional, y que en el

11

Finalmente, causó controversia la decisión de la Sala Tercera de Apelaciones del ramo Penal, de anular la orden de captura contra Jorge Serrano Elías, presidente del país entre 1991 y 1993. En cambio, mandaba iniciar un antejuicio contra él, aduciendo que gozaba de ese beneficio cuando el Ministerio Público (MP) inició las acciones legales en su contra. Sin embargo, la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó, dos días después, un amparo a la Procuraduría General de la Nación, que accionó contra la anulación de la orden de captura.

por el bloque Libertad Democrática Renovada (LIDER) al ministro de Cultura y Deportes, Carlos Batzín. Fue hasta el 13 de junio, en una sesión extraordinaria, que el Legislativo aprobó, de urgencia nacional –en una sola lectura y con más de 105 votos—, los primeros tres decretos del año.

El primero de ellos, modifica la Ley de Actualización Tributaria, para rebajar en 50 % el Impuesto sobre Circulación de Vehículos y condonar parcialmente los tributos internos y externos que no se hayan pagado del 2012 para atrás, a excepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Además, se aprobaron La orden de captura fue emitida el 2 de junio de reformas a la Ley de Propiedad Industrial, y se 1993, luego de que Serrano disolviera el Congreso ratificó el Acuerdo de Asociación con la Unión y la Corte Suprema de Justicia, al suspender Europea, y tratados comerciales con Perú y México. 46 artículos de la Constitución Política de la República. Él salió del país el 1 de junio de ese Para aprobarlos, los diputados presentaron año, hacia El Salvador y, posteriormente, Panamá, una moción privilegiada para suspender en donde reside desde hace 20 años, debido a que temporalmente el interrogatorio a Batzín, el cual no existe tratado de extradición entre ese país y inició en enero de este año. Aunque durante el Guatemala. interrogatorio a Batzín han salido a luz indicios de corrupción, como la compra sobrevalorada de La Fiscalía lo acusa de 15 delitos, entre ellos pelotas, ropa y zapatos a la Industria Militar, estos violación a la Constitución, rebelión, desacato hallazgos han trascendido poco, probablemente a presidentes de los organismos Judicial y porque el ejercicio de interpelar se ha desgastado Legislativo, y abuso de autoridad. En octubre al ser utilizado como un medio para entrampar la de 2012 el MP ratificó la orden de aprehensión agenda legislativa, y no como uno para fiscalizar al internacional contra Serrano. Ejecutivo. Esta forma de desvirtuar el recurso de la interpelación, con el fin de obstaculizar el avance de Congreso de la República, con escasos leyes o financiamiento que interesan al Ejecutivo, se avances ha convertido en una constante que refleja el interés principal de los partidos en las elecciones, pues se La agenda del Pleno del Congreso de la República enfocan en criticar, obstruir y debilitar al gobierno se mantuvo estancada, durante la mayor parte de turno, para así posicionar la imagen del partido del semestre, debido a la interpelación dirigida y sus dirigentes frente al electorado.

12

Lamentablemente, en ese contexto se dejan de discutir y aprobar otras iniciativas que también son de interés nacional, y que pueden beneficiar a la población, como la ley de desarrollo rural, por citar un ejemplo. Tal situación supone una dificultad para el gobierno, pues, a diferencia del año pasado, cuando logró impulsar leyes de interés para el Ejecutivo, como la reforma fiscal o la creación del Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, en este año ha sido mucho más difícil la consecución de acuerdos y alianzas coyunturales con otros bloques legislativos. El propio presidente Pérez Molina ha criticado al Congreso por su parálisis, que hace más difícil gobernar. Esta falta de apoyo al mandatario también se ha evidenciado en el bloque del Partido Patriota, donde coexisten diferentes corrientes. En particular, el Ejecutivo requiere préstamos para financiar parte del presupuesto del Estado y que, de no ser aprobados, limitarán las acciones del gobierno. En febrero pasado, el tercer secretario del Legislativo, Manuel Barquín, solicitó un amparo en la CC para que pudiera interrumpirse la interpelación y elegir a los presidentes de las comisiones de trabajo, pues se temía incurrir en ilegalidades si continuaban en sus cargos los presidentes elegidos en el 2012, o que quedara paralizado el trabajo de esas salas –a cargo de conocer y dictaminar proyectos de ley y otros asuntos que el Pleno someta a su consideración—. Los integrantes de LIDER renunciaron a presidir comisiones, y alegaron que la elección era ilegal, aun con el amparo favorable de la CC, pues se pudo incurrir en intromisión de poderes. Con ello, intentaron deslegitimar el trabajo de esas salas. La elección también dejó entrever tensiones internas en los partidos políticos, incluso en el PP, relacionadas con la dirección de las comisiones más importantes por los temas que abordan, como las de Finanzas, Economía, Comunicaciones, Gobernación, Defensa y Asuntos Electorales. En general, esto se explica porque los partidos políticos se encuentran preparándose para la próxima contienda electoral, lo que se refleja en sus posturas y acciones en el Congreso de la República. Lejos de agregar y representar los intereses de los electores, las agrupaciones políticas guatemaltecas parecen organizarse con el único fin de llegar al poder y mantenerse en él. De esta manera se explica el transfuguismo parlamentario, que ha sido constante, y la falta de voluntad para dialogar y lograr acuerdos alrededor de una agenda legislativa que beneficie al país.

13

Así se explica también el fenómeno del transfuguismo, constante en el Legislativo, y que lleva a cambios frecuentes en la conformación de fuerzas dentro de ese Organismo (como se muestra en el Cuadro 1), lo que dificulta la negociación y consecución de acuerdos, y podría también afectar la representatividad de los congresistas.

Fuente: Elaboración propia con datos de www.congreso.gob.gt Fuera del Congreso, algunos partidos ya comenzaron a definir precandidatos presidenciales y a realizar publicidad y mítines en la provincia, lo que resalta pues actualmente todas las organizaciones políticas dedican mayor atención a construir estructuras, tanto legalizadas como informales— aunque en la mayoría de los casos se construyen con liderazgos provenientes de otros partidos— y bases en el interior del país, a donde efectúan giras constantemente. Esto es relativamente novedoso, pues hasta hace algunos años se prestaba mayor atención a la capital, y se veía poco al interior. Ahora, los partidos reconocen la necesidad de posicionar su imagen y contar con el apoyo de ese electorado. Sin embargo, preocupa no conocer las fuentes con que se están financiando esas actividades, ni los compromisos que representan.

14

Aunque muchos han enmarcado estas actividades en sus asambleas bianuales ordinarias, estas han tenido un tinte electoral, pues han comenzado a definirse futuras candidaturas. Tal es el caso de los partidos Compromiso, Renovación y Orden (CREO), TODOS, Libertad Democrática Renovada (LIDER) y Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que celebraron asambleas nacionales y eligieron a Roberto González, Roberto Alejos, Manuel Baldizón y Sandra Torres como precandidatos presidenciales, respectivamente. En la asamblea nacional del PP no se designó precandidato presidencial, debido a tensiones internas previas a esa reunión, entre corrientes internas que disputan ese cargo para Alejandro Sinibaldi, ministro de Comunicaciones, o Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación. Empero, pese al temor de que la asamblea representara una fractura para el partido, este consiguió los acuerdos necesarios para mantenerse unido, al menos formalmente. También realizaron asambleas los partidos Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Este último acordó cambiar su nombre a Partido Republicano Institucional (PRI), con lo que buscaría distanciarse del impacto que pueda ocasionarle el resultado de los juicios contra Efraín Ríos Montt y Alfonso Portillo, ambos exintegrantes de esa agrupación, que los llevó al Congreso y a la Presidencia de la República, respectivamente. El panorama descrito obliga a reiterar la necesidad de reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) para promover la construcción de verdaderas instituciones que representen los intereses de sus electores y den la oportunidad a los militantes de participar en la toma de decisiones y elección de autoridades y candidatos a cargos de elección popular. Contar con definición ideológica clara, manifestada en los principios de la agrupación, es de igual manera importante, pues será el marco para que se discutan internamente con autoridades partidarias y afiliados, las soluciones pertinentes a los problemas locales, municipales, departamentales y nacionales. Asimismo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) necesita mayor fuerza y herramientas para controlar y sancionar a las organizaciones políticas, en especial en lo relativo al financiamiento privado que reciben, y evitar la campaña anticipada, que no debe confundirse con el proselitismo al que tienen derecho los partidos. Aunque el TSE ha impuesto multas por esa anticipación de la campaña, las mismas son apeladas por las organizaciones políticas y pocas veces son pagadas. Aun cuando esas multas quedan en firme, sus montos son bajos.

15

Otro aspecto sobre el que valdría la pena reflexionar al promover una reforma a la LEPP es el papel de los secretarios generales, en relación con el ejercicio de cargos públicos. En la Comisión Específica de Asuntos Electorales del Congreso se han discutido propuestas que van desde limitar la reelección, por más de dos períodos, de los secretarios generales, hasta prohibir que puedan postularse a cargos públicos. Sin embargo, falta debatir más sobre las funciones y sus límites en el caso de llegar a ocupar un cargo público. Particularmente, este asunto ha cobrado relevancia ante las críticas generadas por el papel que desempeña Roxana Baldetti como secretaria general del PP y, al mismo tiempo, vicepresidenta de la República. En atención a lo primero, ha intervenido en decisiones del bloque Patriota, tal como en la distribución de presidencias de comisiones, o la elección de integrantes de la Junta Directiva del Congreso, en el 2012. En diversas ocasiones, Baldetti se ha reunido con la bancada oficial para priorizar la aprobación de leyes. Todo ello ha sido calificado por opositores como injerencia del poder Ejecutivo en el Legislativo. Por ello, es conveniente establecer límites claros, ya que ahora estos son muy difusos y podrían derivar en violaciones a la Constitución.

16

Referencias: Contreras, Geovanni. (2013, 14 de enero). Población otorga aval pese a crisis. Prensa Libre. Recuperado el 5 de abril de 2013, de http://www.prensalibre.com/noticias/politica/Poblacionotorga-aval-pese-crisis_0_847115307.html EFE. (2013, 14 de enero). El 70% de los guatemaltecos aprueba el primer año de gobierno de Pérez Molina. Recuperado el 25 de abril de 2013, de http://www.crhoy.com/el-70-de-los-guatemaltecosaprueba-el-primer-ano-de-gobierno-de-perez-molina/ El Periódico (2013, 23 de mayo). Aprobación de gestión presidencial de Otto Pérez Molina baja 20 por ciento. Recuperado el 28 de junio de 2013, de http://www.elperiodico.com.gt/es/20130523/ pais/228683 El Periódico (2013, 24 de junio). Autoevaluación del Gobierno evidencia caída en la aprobación de la gestión de Pérez Molina. Recuperado el 28 de junio de 2013, de http://www.elperiodico.com.gt/ es/20130624/pais/230141/ Ramos, Jerson. (2013, 20 de marzo). Comienza debate por genocidio contra Efraín Ríos Montt. Prensa Libre. Recuperado el 5 de abril de 2013, de http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/ Rios-Montt-acusado-genocidio-mandato_0_885511628.html

17