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POLÍTICA

| Miércoles 21 de enero de 2015

la muerte del fiscal | derivaciones que salpican al gobierno

En medio del escándalo, la Presidenta quedó vinculada a otra denuncia

Pidieron proteger al fiscal del caso Milani

El fiscal Moldes aludió a ella al hablar de maniobras de encubrimiento para proteger a Lázaro Báez en causas por lavado de dinero; también denunció que se buscó frenar el avance en el caso Hotesur

La oposición reclamó en Tucumán mayores garantías para Brito

Hernán Cappiello LA NACION

La presidenta Cristina Kirchner, Lázaro Báez y el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, quedaron ayer en medio de una denuncia judicial presentada por el fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, quien describió una “megamaniobra de encubrimiento tanto al poder político como empresario”, para evitar que las causas de lavado y evasión alcancen al hombre de negocios kirchnerista. El caso es la primera reacción de un fiscal federal en una causa judicial tras la dudosa muerte de su colega Alberto Nisman, a la que alude Moldes en su denuncia: “La tarea a desarrollar [en la investigación] se anuncia intrincada y cuantiosa, y no faltarán enormes tensiones para los que se decidan a abrir esta caja de Pandora, pues no hay dudas de que en todos los niveles se desarrollarán ingentes esfuerzos para que, otra vez, todo quede en la nada. Los trágicos acontecimientos de las últimas horas no hacen más que agregar dramatismo a estas prevenciones”. La denuncia, que se originó en una nota de la nacion de octubre pasado, judicializada luego por los diputados Patricia Bullrich, Federico Pinedo y Laura Alonso (todos de Pro), fue profundizada durante tres meses por Moldes, que reunió 250 fojas de documentos que acompañan su presentación. En su investigación tuvo a la vista el expediente sobre la empresa de la Presidenta, Hotesur, que investiga el juez Claudio Bonadio, una causa por facturas truchas supuestamente usadas por empresas de Báez que investiga la Justicia de Bahía Blanca, otra similar que investiga el juez Javier López Biscayart y el caso por lavado de dinero contra el empresario kirchnerista del juez Sebastián Casanello. El fiscal de Cámara, uno de los que verá limitado su poder si prospera la designación de dos fiscales subrogantes que lo acompañen –como dispuso su jefa, la procuradora general, Alejandra Gils Carbó–, describió una supuesta maniobra de encubrimiento de la AFIP y Echegaray para proteger a las empresas de Báez en cada una de esas investigaciones. Escribió Moldes que en lo relacionado con las empresas hoteleras “deben ser investigados a fondo, sin importar ni su jerarquía institucional, ni sus lazos afectivos o familiares”, Báez y “sus socios o personas

Cristina Kirchner

Lázaro Báez, en la mira Bahía Blanca La Justicia analizó facturas de proveedores de Austral Construcciones, y la AFIP informó que no había anomalías. La oficina local de la AFIP fue bajada de categoría

Elaskar y Fariña El fiscal analizó el caso Báez y aseguró que el juez Sebastián Casanello aún no tomó decisiones de fondo, y al comienzo del asunto el empresario no fue imputado

Una muerte que salpica con sangre a la democracia y al Gobierno opinión Pablo Lanusse PARA LA NACION

E

l fiscal general Alberto Nisman fue encontrado muerto en el baño de su casa de un tiro en la cabeza. Ese hecho ya debería generar nuestra conmoción. Pero la consternación se agiganta a poco de recordar que Nisman no sólo estaba a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación del peor atentado terrorista internacional padecido por nuestro país, sino que, unos días antes, había denunciado por encubrir ese ataque a la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Quienes conocimos a Nisman no podemos dejar de reconocer su profesionalidad, su vehemencia, su pulcritud laboral y su celo funcional en cada actuación que llevaba adelante, en cada denuncia o presentación que formalizaba ante la Justicia o en estrados internacionales. También conocimos su compromiso con la conducción del equipo de trabajo destinado a buscar verdad y justicia por el atentado a la AMIA. Desde que se conoció la noticia me negué a creer en un suicidio libre y voluntario de su parte. La celeridad con la cual algunos funcionarios del Gobierno, al igual que la prensa iraní, quieren instalar en el imaginario colectivo la certeza de un suicidio aumenta mis dudas y nos debe llevar, con prudencia y templanza, a exigir verdad y justicia. Desde la denuncia por el posible delito de encubrimiento contra la Presidenta y otros funcionarios y allegados a su entorno, Nisman fue sistemáticamente denostado por

los medios oficialistas y los voceros del Gobierno. Por lo tanto, es seguro que en la matriz de pensamiento y comportamiento de Nisman debía encajar como indispensable su concurrencia al Congreso para exponer los argumentos y las pruebas de su denuncia. Y en eso estaba trabajando hasta instantes previos a su muerte. Por eso parece insostenible un suicidio libre y voluntario. La concurrencia al Congreso sería la mejor oportunidad para explicar los alcances de su denuncia y, a partir de allí, el mejor lugar para encontrar contención y protección. Porque hay que decirlo, el fiscal Nisman fue dejado solo, atacado y desacreditado por las voces del Gobierno. La muerte de Nisman merece que todos nos convirtamos en fiscales y guardianes de la búsqueda

Desde que se conoció la noticia me negué a creer en un suicidio libre y voluntario La sociedad esperaba una estadista que transmitiera seguridad

de la verdad y de justicia, tanto sobre la denuncia que él radicó contra la Presidenta y otros funcionarios, como sobre la investigación que se circunscribe a las circunstancias que rodearon su muerte. Los fiscales representan los intereses generales de la sociedad. Por ende que Alberto Nisman haya encontrado la muerte en este panorama obliga a que, cuando la Justicia se pronuncie sobre cómo, por qué y por quién encontró la muerte, nadie en la sociedad argentina dude de ello. De lo contrario, además de requerir que quienes tienen el honor de desempeñarse como magistrados del Ministerio Público sean personas probas, decentes, comprometidas con la democracia y la vigencia de la legalidad y los derechos humanos, deberemos añadir que tengan vocación de mártires. La Presidenta le faltó no sólo el respeto a Nisman con su infantil carta publicada en una red social. Le faltó el respeto a la cita con la Historia. La muerte de Alberto salpica con sangre a la República, a la democracia y al propio Gobierno. La sociedad esperaba una estadista, libre de toda sospecha, que con templanza transmitiera serenidad y seguridad al conjunto de la población, garantizando todos los recursos del Estado para colaborar con la tarea independiente y eficaz de la Justicia. La muerte del fiscal Nisman debe ser una bisagra en nuestra realidad. De lo contrario, como ya dijo Mariano Moreno en los albores del nacimiento de la Patria, será nuestra suerte mudar de tiranos, sin destruir la tiranía.ß El autor es ex fiscal y abogado

Hotesur Moldes escribió que en esa causa se investiga la inactividad de la IGJ en el contralor de las firmas y la presunta contratación falsa de cuartos en los hoteles de la Presidenta

comercialmente relacionadas”. La alusión de Moldes a la Presidenta Kirchner y a su hijo Máximo es obvia, dado que son los investigados por Bonadio. “Evidentemente, alguien con gran poder de decisión debe impartir las órdenes [tan celosamente obedecidas] para que estos acontecimientos se repitan alegremente y la cubierta protectora de Báez y su conglomerado no se agriete”, agrega. Y concluye: “Tras casi tres meses de ininterrumpido trabajo, esta encuesta me permite, con el grado de provisoriedad que la situación impone, suscribir la hipótesis de que existen indicios del funcionamiento de una red tutelar dedicada a bajar las cortinas de la complicidad o el silencio para evitar que se destapen chanchullos de Báez, ya sea mediante la sobrefacturación de la obra pública, la evasión fiscal o el uso de documentación ficticia, por no hablar de las operaciones, aún más inexplicables, como el escandaloso pago de alojamientos no usufructuados en determinadas cadenas hoteleras”. La denuncia de Moldes fue sorteada en la Cámara Federal y cayó en el juzgado de Norberto Oyarbide, que durante la feria judicial es atendido por su colega Rodolfo Canicoba Corral. El fiscal que se hará cargo de la causa es Guillermo Marijuan, que por lo que resta del verano es reemplazado por su colega Gerardo Pollicita. La denuncia advierte sobre lo que denomina un “protocolo por parte de la administración para proteger al señor Báez y, a su vez, a la señora Presidenta”. Moldes entendió, tras analizar la causas judiciales mencionadas, que “una única finalidad recorre transversalmente todo el paisaje: explotar al máximo la protección de los organismos del Estado para sacar a Báez de todo atisbo de investigación”. Y dijo: “Las acciones delictivas desarrolladas por el conglomerado Báez en la ejecución de obra pública sobrefacturada y la actividad hotelera e inmobiliaria no hizo más que viabilizar la circulación de dinero, producto de una actividad criminal con la intención de reinyectarlo en el mercado y el propósito de dotarlo de apariencia de legalidad”. Y dijo que las actividades criminales investigadas “podrían constituir el famoso delito precedente, cuya indefinición conspira contra el éxito de las causas de lavado de dinero que investigan jueces de la Argentina, Estados Unidos, Uruguay, y hasta que no tengamos noticias de una resolución definitiva, Suiza”.ß

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.– En medio de la conmoción política y social por la muerte del fiscal Alberto Nisman, la oposición reclamó medidas para garantizar la seguridad del fiscal federal de Tucumán Carlos Brito, quien investiga al jefe del Ejército, César Milani, por la desaparición del soldado Alberto Ledo, en 1976. Dirigentes del Acuerdo Cívico, que en esta provincia lidera el radicalismo, expresaron su preocupación por la muerte del fiscal Alberto Nisman. En un documento, la senadora nacional Silvia Elías de Pérez y los diputados José Cano, Juan Casañas y Luis Sacca, entre otros dirigentes, exigieron al Gobierno que “garantice la seguridad personal y de trabajo de todos los fiscales y jueces que investigan la corrupción del poder”. El pedido apunta especialmente al fiscal Carlos Brito, cuestionado por el jefe del Ejército a quien pidió citar a declarar por su participación “en un delito de lesa humanidad”. Elías de Pérez confirmó a la nacion que elevarán sendos requerimientos “a la justicia federal y al Poder Ejecutivo Nacional para que se adopten todas las medidas necesarias para que se asegure la vida del fiscal Brito y de todos los fiscales argentinos que investigan a funcionarios del Gobierno”. La senadora opinó que la integridad de Brito “podría correr peligro porque el fiscal se animó a investigar y pidió que se llame a indagatoria a Milani, quien lo denunció ante Alejandra Gils Carbó y pretendió apartarlo de la causa por la desaparición de Ledo”. Elías de Pérez opinó que “las denuncias y cuestionamientos que planteó el jefe del Ejército contra Brito son una señal de alerta, por lo cual es necesario tomar todos los recaudos para garantizar que éste y todos los fiscales de la república puedan investigar de manera independiente sin correr peligro”. Fuentes de la Fiscalía Federal N° 1 de Tucumán confirmaron a la nacion que Brito “no cuenta con custodia personal ni tiene previsto solicitarla, en razón de que no recibió ninguna amenaza que amerite adoptar esa medida”. El último 22 de diciembre, Brito le solicitó al juez Daniel Bejas que cite a declarar a Milani, como imputado por la falsificación del acta en la que se hizo figurar como desertor al soldado Ledo.ß Fabián López

Cuando la autoridad ningunea el acuerdo social, nadie cree en nada opinión Martín Böhmer PARA LA NACION

T

oda muerte violenta conmociona porque nos amenaza con su repetición como venganza o como entusiasmo criminal. Algunas comunidades han aceptado una forma de detener esa amenaza. El mecanismo es la aceptación colectiva de que el Estado asuma el monopolio de la fuerza pública para defender los derechos de todos. Esa entrega de poder se hace a través de un mecanismo muy simple: las palabras. Una persona se convierte en “casada” sólo después de que alguien dice “los declaro casados”. Esas declaraciones hacen lo que dicen y dicen lo que hacen (no hay otra forma de condenar que diciendo “condeno” ni de prometer que diciendo “prometo”) y se llaman “oraciones operativas” o “performativas”. Estos hechos sociales dependen para nacer y subsistir del acuerdo colectivo en que en determinadas circunstancias una persona o grupo de personas puede crearlos y que una vez creados cumplen la función para la que nacieron. Los complejos procesos por los cuales un Estado crea moneda dependen de que todos acepten que un trozo de papel tenga valor para adquirir bienes y de que durante el tiempo mantenga esa capacidad. Si no es aceptado como moneda, el papel es sólo papel. De la misma forma que para tener policía un Estado necesita que la gente acepte las órdenes de personas que fueron nombradas policía.

La autoridad política depende de performativos exitosos. Depende de un acuerdo de que una persona o un grupo de personas puede ejercer poder para administrar conflictos y de que sus decisiones deben ser obedecidas. Para constituir autoridad legítima, con capacidad para ser obedecida más o menos generalmente y más o menos permanentemente, la democracia constitucional acuñó el concepto de Estado de Derecho: los ciudadanos no prestamos obediencia de cualquier forma, sino sólo en la medida en que nos convenzan. Y sólo nos convencen con argumentos destinados a nosotros, y si se quiere legitimidad para ser obedecido, a la mayor cantidad de nosotros. Por eso no funcionan los argumentos de autoridad, ni el obedézcanme

Los ciudadanos prestamos obediencia sólo en la medida en que nos convenzan La muerte del fiscal Nisman evidenció la falta de acuerdos sociales

“porque a mí me conviene”. El esfuerzo debe estar dirigido a incluir los intereses, deseos y valores de los otros para lograr el mayor acuerdo para que el performativo que me constituyó en autoridad sea y siga siendo exitoso. La muerte del fiscal Nisman evidenció la falta de acuerdos sociales que complica crear instituciones sociales en nuestro país. Nadie cree nada: ni en la definición del hecho que da nadie, ni en los procesos para determinar lo que fue, ni en las instituciones encargadas de implementar esos procesos. Las autoridades legítimas ningunean el esfuerzo que conlleva ganarse el acuerdo colectivo que esa creación supone, el esfuerzo de convencer a los otros, de hablarle al que necesariamente va a perder, de incluir al que ocasionalmente resulte excluido. Los procesos son despreciados a favor de los resultados, y el resultado no puede ser sino la desobediencia, o el fracaso de construir performativos exitosos. Todo juez sabe que el ideal de una sentencia es que pueda convencer al que perdió de que la decisión fue imparcial, de que su voz fue escuchada, sus argumentos comprendidos y de que ciertos argumentos que le son comprensibles inclinaron la balanza en su contra. Solo así quien pierde en un juicio volverá a su casa dejando de lado el recurso a la violencia o el resentimiento. De ese esfuerzo por convencer a otros depende la construcción de su autoridad, de la que depende en definitiva la vida de todos. Sin él no hay acuerdos, ni obediencia ni Estado.ß