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POLITICA

I

Domingo 12 de septiembre de 2010

REVELACIONES s LOS NEXOS DE UN EX FUNCIONARIO CON UNA CONCESIONARIA DE TRENES

Surgen nuevas evidencias que vinculan a Jaime con Cirigliano

De un quiosco a una sociedad uruguaya

Un ex empleado de TBA representa la sociedad dueña de una casa que usa el ex secretario DIEGO CABOT LA NACION La Justicia se topará con una sorpresa ni bien avance unos pasos más en la investigación de una sociedad uruguaya que figura como dueña de una casa en el country Cuatro Hojas que utiliza Ricardo Jaime con su mujer, Silvia Reyss. ¿De qué se trata? Pues de una cadena de casualidades, según se esforzaron por aclarar los implicados, que unen al representante legal de la investigada sociedad, Héctor Osvaldo Ribulgo, con el grupo Cirigliano y con Jaime, ex secretario de Transporte. Ribulgo, según informó LA NACION la semana pasada, es el representante legal de la sociedad uruguaya Damixaren Inc. SA. La firma, que fue inscripta en el registro de sociedades de San Luis en abril de 2005, además de ser la titular de una casa que utilizan como propia Jaime y su familia, también surge como titular de un Peugeot 407 V6 Triptonic patente FMN 473 que estuvo estacionado durante varios meses en una cochera ubicada a un centenar de metros del departamento de la Avenida del Libertador, en la que Jaime pasa sus días porteños. Ahora bien, ¿quién es Ribulgo? Según surge de la solicitud de ingreso a la que LA NACION accedió, el apoderado de la sociedad uruguaya se postuló el 12 de mayo de 1997 como coordinador de administración de recursos humanos de la empresa Trenes de Buenos Aires, concesionaria de las trazas del ferrocarril Mitre y Sarmiento, cuyo principal accionista es el grupo Cirigliano. El postulante declaró en la solici-

tud de empleo que tenía cursadas 10 materias de la carrera de ciencias económicas en la Universidad de Morón y a la hora de describir sus experiencias y habilidades dijo que se ofrecía para “control y seguimiento de las distintas áreas administrativas que se desarrollan en cualquier empresa”. A la hora de elegir un área no dudó: recursos humanos. El 12 de mayo de 1997, TBA lo contrató, según se desprende del contrato de trabajo al que también accedió este diario (ver fascímiles). “Por la presente, nos dirigimos a usted con el propósito de comunicarle cuáles han de ser las condiciones particulares que regularán su relación laboral con TBA”, dice el primer párrafo del contrato.

Una larga relación En el punto II se exigen disponibilidad plena “por tratarse de personal jerárquico”; en el IV le conceden un sueldo de 2273 pesos y en el VI le recuerdan que por tratarse de personal jerárquico “se hace depositario pleno de confianza de la compañía”. Tras la firma al pie del contrato del propio Ribulgo y de Juan Carlos Raffo, entonces jefe de Administración de Personal, el ahora apoderado de la sociedad uruguaya se puso los pantalones de gerente de Recursos Humanos de TBA. La elección de la empresa concesionaria de ferrocarriles parece no haber sido buena. El 1° de julio de 1998, mediante el telegrama identificado con el código ZCZC DTO285 TZA543 07, se puso fin a la relación laboral. “Renuncio a mi empleo desde 0107-98. Osvaldo Ribulgo”, fueron las escuetas palabras. Un día después, TBA lo recibió, según consta en el

sello de recibido colocado en el margen derecho del telegrama. ¿Terminó allí la relación del ex gerente con la empresa TBA? No, continua hasta el presente. El 25 de abril de 2000, un nuevo contrato unió a las partes. Baires Comercial es la empresa del grupo Cirigliano que tiene a su cargo la explotación de todos los espacios comerciales que hay en toda la traza. TBA, concesionaria de los ramales, firmó un contrato con Baires Comercial el 23 de diciembre de 1999 y le cedió la

La empresa dice que se enteró por los medios de que Ribulgo era el apoderado legal de una sociedad uruguaya explotación de los “bienes muebles e inmuebles que se encuentran dentro de la zona operativa TBA”. Con esas facultades en mano, Baires Comercial, entonces con domicilio en Corrientes 538, primer piso, de la Capital Federal, alquiló a Ribulgo un espacio para quiosco en la estación Paso del Rey, ubicado en el partido de Morón, en plena traza del ferrocarril Sarmiento. El contrato, al que también accedió LA NACION y que está firmado por la presidenta del directorio, Adriana Livia Figueras, establece un plazo de tres años, un alquiler mensual de 500 dólares por mes desde el cuarto mes desde el inicio del vínculo. Los primeros tres períodos no había que pagar suma alguna.

El punto XIV, en el que se detallan las garantías o las fianzas del contrato, está en blanco y sin completar. Con la caída de la convertibilidad, el precio se renegoció. De 500 dólares pasó a 400 pesos, monto que se mantuvo hasta julio de 2009, cuando se aumentó a 424 pesos por mes, valor que se mantiene hasta el día de hoy. Con sucesivas prórrogas, el contrato se mantiene vigente.

El quiosco de Ribulgo en la estación de Paso del Rey MIGUEL ACEVEDO RIU

Respuesta oficial La respuesta de TBA sobre el vínculo de la empresa con el apoderado de la sociedad uruguaya es la siguiente: “Ribulgo se desempeñó en nuestra compañía entre mayo de 1997 y julio de 1998 en la Gerencia de Recursos Humanos y a raíz de los vínculos establecidos con el área comercial de TBA, por su tarea profesional desempeñada en nuestra empresa, en abril de 2000 pasó a ser locatario de Baires Comercial, firma que administra los locales comerciales de nuestra concesión, por la explotación de un quiosco en la estación Paso del Rey”, dijo Gustavo Gago, director corporativo de Relaciones Institucionales de TBA. “El contrato sigue vigente hasta hoy. Desconocíamos su actual vínculo de representante de una sociedad uruguaya y nos enteramos por la prensa de esto”, agregó. Los abogados de Jaime, por su parte, prefirieron no referirse al tema. Ribulgo no contestó las llamadas que le realizó LA NACION. Quizá la Justicia sea la única que pueda determinar si detrás de estos contratos, sociedades, autos, casas, funcionarios y empresas hay algo más que casualidades, como dicen los protagonistas.





Documentos. Ficha de ingreso de Héctor Ribulgo como empleado de Trenes de Buenos Aires y el contrato de alquiler que firmó, años más tarde, con Baires Comercial, a cargo de la explotación de los espacios comerciales de los ramales.

EL CASO DE LA BOLSA CON DINERO

Sigue adelante una causa contra Miceli El tribunal rechazó un pedido de la ex ministra para frenar la investigación por enriquecimiento HERNAN CAPPIELLO LA NACION La ex ministra de Economía Felisa Miceli seguirá siendo investigada por supuesto enriquecimiento ilícito. Así lo resolvió la Cámara Federal al rechazar un pedido de la ex funcionaria para que se suspendiera esa investigación hasta que concluyera el proceso, próximo a juicio oral, sobre la bolsa con 100.000 pesos y 31.670 dólares que se halló en su despacho cuando todavía era ministra. La ex funcionaria es investigada por dos jueces federales: María Servini de Cubría, que averigua sobre el hallazgo de la bolsa el 5 de junio de 2007, y Daniel Rafecas, que investiga su patrimonio. La defensa de Miceli, que ahora asesora a la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo, presentó un recurso ante la Cámara Federal para pedir la suspensión del caso de enriquecimiento hasta que se resolviera el otro. Pero los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah consideraron que no había razón para hacerlo, aunque recomendaron que las dos investigaciones se unificaran en un solo juzgado. No dijeron en cuál. Entendieron que esto debe ser así para no perjudicar el derecho de la defensa que relaciona ambas causas como parte de su estrategia y porque el caso de la bolsa “puede ser visto como el análisis de una porción del patrimonio” de Miceli. En la causa de enriquecimiento ilícito, el fiscal Luis Comparatore había pedido profundizar y ampliar la investigación sobre los familiares de Miceli. El juez Rafecas había respondido “téngase presente” para decidirlo cuando la investigación estuviera más avanzada. Pero el fiscal entendió que esta falta de respuesta

era un no y apeló la decisión. Ahora la misma Sala I de la Cámara Federal, en otro fallo, entendió que Rafecas había concedido mal el recurso de apelación contra su resolución y recordó que el juez no denegó la posibilidad de investigar a los familiares de Miceli. Resta decidir si ambas causas van a unificarse, lo que podría retrasar el juicio oral y público que Miceli tiene cada vez más cerca porque su procesamiento ya está firme. De hecho, el fiscal Guillermo Marijuan había pedido en julio del año pasado el elevamiento a juicio de la causa de la bolsa de dinero, al entender que Miceli debe responder por los supuestos delitos de encubrimiento de una operación financiera ilícita, agravado por su condición de funcionaria pública, sumado a otro delito como la destrucción del acta policial original, donde constaba el hallazgo de la plata. En caso de llegar a juicio, sólo por esos delitos se expone a recibir una pena máxima de diez años de prisión. El fiscal estableció que los 100.000 pesos encontrados en el despacho habían salido de la Cooperativa Caja de Crédito Cuenca y que no había constancias en esa financiera de ninguna operación que justificara la entrega del dinero a Miceli. El fiscal estableció que cuando la ex ministra se enteró del hallazgo le pidió a su secretaria que consiguiera el acta policial, que estaba en el Departamento de Policía. El documento nunca se encontró. Además, Miceli explicó de maneras contradictorias el origen de la plata: primero dijo que era para una operación inmobiliaria, luego que era suyo, después que se lo había prestado un hermano y, al final, explicó que se lo habían prestado otro hermano suyo y una amiga.

Crítica de ADEPA a Giorgi El presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Carlos Gamond, criticó ayer a la ministra de Producción, Débora Giorgi, por dejar fuera de una reunión con periodistas a la corresponsal de Clarín en Brasil, Eleonora Gosman. “Agobia tener que señalar, una vez más, a un integrante del gobierno nacional por otro hecho de discriminación y maltrato a un trabajador

de prensa. Fastidia presenciar tanta prepotencia del poder”, señaló. Consideró que la decisión de Giorgi “es una clara actitud de hostigamiento”. Y añadió: “Se tiene un concepto deformado del ejercicio del poder. El poder conlleva la pesada carga de redoblar la tolerancia, la vocación de servicio, de entrega y respeto a los demás. Y de permitir que el pueblo se informe de sus actos, sin elegir a través de qué medios, privilegiando a algunos y censurando a otros”.