Política

Miércoles 27 de febrero de 2008

LA NACION/Página 9

Ataque a la embajada

El deceso de un militar acusado por la apropiación ilegal de bebes

Sospechas por la muerte de Navone Organismos de derechos humanos dudan del suicidio; el Gobierno espera datos oficiales de la Justicia Juan Pablo Morales De la Redacción de LA NACION Para los organismos de derechos humanos fue una “una muerte extraña”. Tan extraña que dudan de que el teniente coronel retirado Paul Alberto Navone se haya pegado un tiro en la sien. “Me atrevo a dudar del suicidio”, advirtió ayer la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. La primera de una extensa lista de alarmados referentes que ayer sumaron suspicacias al hecho ocurrido anteayer en Córdoba. Todos piden que se investigue el caso: les genera dudas que Navone, el mismo día que debía declarar en una investigación por apropiación ilegal de bebes durante la dictadura, se haya suicidado en el parque del hotel que la Fuerza Aérea tiene en la localidad cordobesa de Ascochinga. “Acá hay una mafia. Cada vez que alguien quiere hablar, lo liquidan”, denunció Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo. Las voces de alerta se multiplicaron a lo largo del día. En tanto, el Gobierno intentaba manejar el caso con cautelosa reserva. “No hay elementos para pensar otra cosa que un suicidio. Pero no quiero abrir juicio porque ni siquiera hay una autopsia”, dijo el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. La autopsia estaba prevista para anoche. Incluía un estudio del cuerpo y un “dermotest”, análisis que confirma si hay restos de pólvora en las manos y demuestra si la víctima disparó o le dispararon. Aunque la investigación está bajo secreto de sumario, anoche circulaban datos “extraoficiales” acerca de los resultados. “La familia tuvo acceso a ellos”, aseguró a LA NACION Justiniano Martínez, el abogado que hace pocos días había asumido la defensa de Navone en la causa que se tramita en Paraná. “La autopsia y el dermotest confirmaron que fue un suicidio. Los elementos son incuestionables”, añadió el abogado. Pero nada borró las sospechas de los líderes de los organismos de derechos humanos. “Yo tengo mis dudas”, señaló a LA NACION Tati Almeyda, de Madres de Plaza de Mayo línea funda-

dora. “Navone era un elemento clave de la apropiación de bebes. Esta situación es preocupante, cualquiera sea la razón de su muerte. Nosotros los queremos vivos, queremos que hablen y que sean juzgados por la Justicia, lo que ellos no hicieron con nuestros hijos”, agregó. La jueza federal de Paraná, Myriam Galizzi, había citado a Navone para indagarlo sobre el destino de los mellizos de Raquel Negro, que habrían nacido durante su cautiverio, en 1976, en el hospital militar de Paraná. El teniente, que tenía en Ascochinga un restaurante y un pequeño hotel, era considerado el “apoyo logístico” de los grupos de tareas de la dictadura. La abogada querellante en la causa, Marina Barbagelata, dijo ayer que “Navone conocía a las personas que participaron en los traslados de mujeres embarazadas, a los médicos, a los custodios y a quienes daban órdenes”. Conocido el caso, Carlotto se animó a una denuncia: “Están eliminando a militares investigados por delitos de la dictadura”, dijo. “Primero fue el caso más espectacular: el envenenamiento del prefecto Héctor Febres, [también acusado de apropiación ilegal de bebes]. Ahora Navone. Queremos que investiguen. Nos procupa que estas personas mueran sin hablar.” Por otra parte, Victoria Donda, hija de desaparecidos y diputada oficialista, se sumó a las sospechas: “Hay grupos que quieren a esta gente muerta para mantener la impunidad”. “Hay que investigar. El pedido para que la Justicia sea veloz no es un capricho. Hay grupos con la logística suficiente para estas acciones. Ocurrió con Jorge Julio López [el testigo del caso de Miguel Etchecolatz desaparecido en 2006] y ocurrió con Febres. Así no habrá justicia”, opinó Donda. La legisladora fue una de las pocas voces oficialistas que hablaron del caso. La otra fue la de Duhalde, reservada y cautelosa. “Yo creo que el único presuntamente asesinado es Febres”, opinó el secretario de Derechos Humanos. No obstante, estas apreciaciones resultaron contradictorias si se tiene en cuenta que el ministro de Justicia, Aníbal Fernández opinó diferente en el caso de Febres (de lo que se informa por separado).

“No tengo dudas de que Febres fue muerto” “En el caso Febres, que me toca de cerca, no tengo dudas de que fue muerto, de que no fue un suicidio. No tengo elementos, pero mi olfato y las condiciones me dicen que no hay dudas, pero hay que dejar que trabaje la Justicia. Los únicos que pueden comprobarlo son los peritos.” Lo dijo ayer el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, durante una visita al Senado de la Nación, al referirse a la muerte del teniente coronel (R) Paul Alberto Navone. Febres fue hallado muerto el 10 de diciembre último en su alojamiento en la sede de la Prefectura en Tigre, y la autopsia determinó que había fallecido como consecuencia de ingerir cianuro, por lo cual se investigan desde ese momento las circunstancias de su deceso. El ministro Fernández es el primer funcionario del gabinete nacio-

nal en mencionar públicamente la posibilidad de que Febres haya sido asesinado. En aquel momento, ni la flamante presidenta Cristina Kirchner, ni Fernández, ni la ministra de Defensa, Nilda Garré, habían hablado de la muerte de Febres. Sí, en cambio, lo había hecho el ex presidente Néstor Kirchner. El 19 de diciembre, cuando reclamó a la justicia norteamericana la extradición de Guido Alejandro Antonini Wilson, consideró que la Argentina “está siendo manoseada por una banda de mafiosos” y opinó que “no es casualidad” que “haya aparecido muerto Febres”. “No es casualidad que haya aparecido muerto Febres y no es casualidad que en la Argentina pasen ciertas cosas que están pasando”, había dicho.

ARCHIVO

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IRMA MONTIEL

El lugar donde encontraron el cuerpo de Navone, en el parque del hotel de la Fuerza Aérea, en Ascochinga

“Mi padre se suicidó”, afirmó el hijo del militar fallecido Sostuvo que “no quiso ponerse en manos de la injusticia” Por Juan Carlos Vaca Corresponsal en Córdoba CORDOBA.– “Mi padre se suicidó”, sostuvo, categórico, Pablo Navone, hijo del militar que fue encontrado muerto en el parque de uno de los hoteles que la Fuerza Aérea posee en la localidad serrana de Ascochinga. Con esa rotunda afirmación procura aventar cualquier otra hipótesis acerca del deceso del teniente coronel del Ejército Paul Alberto Navone. ¿Suponen por qué? “No tenía miedo a la citación, no temía que la jueza (de Paraná, Myriam Galizzi) pudiese disponer algo en su contra: lo que no quiso fue ponerse en manos de la injusticia. Esa es mi impresión”, sostuvo Pablo Navone. Admitió que la familia no había advertido indicios anticipatorios de su determinación. Menciona, sí, que el teniente coronel retirado “consideraba que se trataba de una caza de brujas, que iban a buscar en él un chivo expiatorio para satisfacer las ansias de venganza de la gente que alguna vez combatió”. Naturalmente, rechazó los cargos por los cuales se investigaba a su padre. “Son absolutamente infundados”, aseguró, y, repentinamente, afirmó que no se le pasaba por la cabeza hacerse “una prueba de ADN”. Alguien le sugirió alguna vez que los hijos de militares nacidos en las épocas de plomo de la Argentina debían realizárselo. Pablo tiene 35 años.

Ayer a la tarde dos policías estuvieron buscando minuciosamente el casquillo de la bala 9 milímetros que le causó la muerte, alrededor del tronco de un árbol. No la habrían encontrado. El leño, de una altura de 50 centímetros y otros tantos de diámetro, está a medio centenar de metros del edificio de la administración del hotel Parque, a la vera de un camino enarenado que serpentea entre umbrosas y añejas arboledas. Al frente se ven los amplios campos de golf del Hotel Golf Ascochinga, también propiedad de la Aeronáutica. El paisaje es bucólico, sereno. Ese fue el paraje que buscó el militar muerto, sobre quien pesa una acusación por supuesto robo de bebes durante la última dictadura militar. Tenía 65 años.

Trayectoria En los años 70 y 80, Navone fue oficial de Inteligencia: estuvo asignado en Paraná y, más tarde, en las unidades que dependen del Tercer Cuerpo de Ejército, en Córdoba, hasta casi concluir el mandato presidencial de Raúl Alfonsín. Un empleado del establecimiento contó ayer a LA NACION que se supone que Navone se sentó en el tronco, sacó el arma –una pistola 9 milímetros– de una tela gamuzada en la que la traía envuelta y se descerrajó el tiro en la sien. Cayó de costado, sobre el césped, medio boca abajo, entre el tronco y un álamo joven. En el pasto todavía quedaba una man-

cha oscura de la sangre derramada. La gente del lugar se mostró huidiza a la consulta periodística. “No sé nada; yo lo veía caminar con el perro, pasando aquí por la ruta”, se limitó a comentar el empleado de turno en la vieja estación de servicio del Automóvil Club Argentino. El establecimiento dista 50 metros del restaurante Puesto Roca y de la posada que se construyó en el terreno vecino. El propietario real sería un hijo que reside actualmente en España. En una parte vivía el militar desde hace algún tiempo, luego de haber residido unos años en otra población serrana vecina, La Granja. Desde allí salió el lunes a la madrugada y caminó 1800 metros hasta el tronco del árbol, en el que a las 6 del lunes se habría disparado. Los guardias de un loteo cerrado próximo al lugar, Polo Ascochinga, oyeron a esa hora la detonación y avisaron a la policía. Una patrulla hizo una ronda, pero no descubrió nada. Por el cambio horario, era aún noche cerrada. Tan sólo una hora y media después el chofer de un camión de la Fuerza Aérea vio el cuerpo tirado al costado del camino. Empleados del hotel Parque, en cambio, mencionaron que a un compañero le pareció oír un estampido entre las 3 y las 3.30. El cuerpo del militar fue entregado ayer a la mañana a sus familiares. No hubo velatorio: sólo una misa al mediodía en la Iglesia de Ascochinga, a la que asistieron 350 personas, según indicó su hijo Pablo.

Cuando faltan pocos días para el decimosexto aniversario del ataque terrorista a la sede de la embajada de Israel en Buenos Aires, una jueza norteamericana condenó ayer al gobierno iraní a pagar 33 millones de dólares a un familiar de las víctimas por su vinculación con los autores del atentado. Según la agencia AP, la jueza federal estadounidense Ellen Segal Huvelle condenó ayer a Teherán a pagar esa suma a la familia del diplomático David Ben Rafael, una de las 22 víctimas fatales del atentado con explosivos cometido en la antigua sede diplomática de Suipacha y Arroyo, en la tarde del 17 de marzo de 1992. En su dictamen, la jueza recordó que el grupo fundamentalista Hezbollah admitió su responsabilidad en el ataque, pero que sólo fue posible por el “apoyo material del Ministerio de Información y Seguridad de Irán”. Además, resaltó que la “investigación inicial” del ataque a la embajada “generó controversia e indicios de actos de corrupción y antisemitismo”, por lo que la causa “se estancó”. La magistrada recordó que el seguimiento del caso estuvo a cargo de la Corte Suprema.“Tiempo después, el atentado a la AMIA opacó el de la embajada”, agregó la jueza en uno de los párrafos de la sentencia. A pesar del tiempo transcurrido, la causa judicial en el país no ha arrojado avances sustanciales. Segal Huvelle afirmó, además, que Irán y Hezbollah tuvieron responsabilidad directa en el ataque a la mutual judía, ocurrido en 1994, y destacó similitudes entre ambas acciones violentas. En ambos casos, afirmó la jueza, “se utilizaron vehículos para transportar los explosivos, los edificios estaban en reparación y los oficiales de la policía desaparecieron justo antes de la explosión”. “Irán, como autor intelectual y material, no sólo debe pagar un precio político, sino que también daños a los familiares de las víctimas”, dijo Alexander Ben Tzvi, director del Departamento para América del Sur de la Cancillería, a la Agencia Judía de Noticias (AJN). Daniel Carmón, actual embajador de Israel ante las Naciones Unidas y también sobreviviente del ataque, resaltó la importancia de “denunciar la responsabilidad iraní, en cualquier lugar y por cualquier motivo”. “No hay dudas de que está detrás de ambos atentados”, afirmó Carmón.