Hooft

Pedro Cornelio Federico Hooft siempre se resistió a ceder el territorio conquistado. Eso fue lo que palparon los estudiantes cuando se presentó en una asamblea en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, en 1973. Hooft no quiso aceptar lo que estaba ocurriendo e intentó revertir una decisión que ya era un hecho: la Juventud Universitaria Peronista había tomado el control de la casa de estudios y encabezaba un proceso de renovación del cuerpo docente que lo dejaba fuera y parecía no tener vuelta atrás. Hooft entró en el aula dispuesto a defender su posición y desencadenó una reacción que casi termina en pelea. Pero dos estudiantes lograron calmar los ánimos y convencieron a Hooft de que dejara la asamblea: Tomás Fresneda y Alfredo Carricajo. Cuatro décadas más tarde, Hooft volvió a mostrar su temperamento. Evitó una y otra vez presentarse ante el requerimiento de la Justicia Federal: recusó a los jueces bajo el argumento de que no le daban garantías de defensa en juicio. En la causa, que finalmente quedó en manos del magistrado federal Martín Bava, Hooft está acusado de no haber tramitado los hábeas corpus ni las causas judiciales durante la Noche de las Corbatas, y varias noches subsiguientes, “a sabiendas de que” los secuestrados se encontraban en poder de las Fuerzas Armadas. También lo acusaron de hacer gestiones en favor 243

Felipe Celesia y Pablo Waisberg

de algunas víctimas y no de otras. La querella denunció trece casos en los que no cumplió con su función de juez. A esa causa, sostenida por la denuncia que presentó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se llegó después de treinta años, en 2006. La presentación contó con el respaldo blindado de los organismos de derechos humanos. La denuncia generó cierta sorpresa en gran parte de la sociedad marplatense. Desde el final de la dictadura, Hooft fue anudando una historia personal y judicial apoyada en una serie de fallos en el campo de la bioética que le forjaron fama de progresista. La contracara de esa imagen la sostuvo sin vacilaciones Marta García Candeloro: desde el retorno de la democracia lo acusó de haberla dejado a la deriva en la comisaría cuarta de Mar del Plata, que controlaba el Ejército, y de no haberla defendido ante los militares.

La primera vez Hooft nació en 1942, en la ciudad holandesa de Utrech. Seis años después, con el régimen nazi derrotado, llegó a la Argentina junto a sus padres y hermanos. La familia decidió emigrar ante la posibilidad de un eventual conflicto mundial que pudiera convocar a filas a sus cuatro hijos varones. Se trasladó a Mar del Plata en 1960 y cuatro años más tarde obtuvo la ciudadanía argentina. Estudió en la Universidad Católica, se graduó primero de escribano y luego de abogado, con medalla de oro, es decir, fue el promedio más alto de su promoción. En 1973 fue desplazado del cuerpo docente por razones políticas pero en 1975 fue nombrado decano de Derecho a propuesta 244

La Noche de las Corbatas

del rector, el sacerdote dominico Norberto Sorrentino. El entonces obispo, Eduardo Pironio, aceptó la propuesta de Sorrentino y firmó el nombramiento. Más tarde se convirtió en profesor de Filosofía en la Facultad de Humanidades de la Universidad Provincial. En ese momento eran todavía dos casas de estudios separadas. Entre ambas universidades transcurrió parte de la historia caliente de los setenta marplatenses. Allí se formó buena parte de los militantes políticos que dio la ciudad. Esas universidades —particularmente, la de Derecho— fueron territorios en disputa entre dos grandes grupos que defendían modelos bien diferentes: la derecha y la izquierda. En la primera fracción se nuclearon varias agrupaciones vinculadas al peronismo como Tacuara, Guardia de Hierro, el CdO y la CNU, que a partir de 1971 se convirtió en una organización armada paraestatal. A esa estructura ligaron a la familia Hooft. “El que era amigo de la CNU era su hermano. Pedro Hooft, sin ser de la CNU, representa a la derecha católica y conservadora”, lo define Bozzi, sobreviviente de la Noche de las Corbatas. Con ese perfil político e ideológico —tal vez el más benevolente entre quienes no lo defienden abiertamente—, Hooft transitó el retorno a la democracia. Como muchos otros abogados y funcionarios judiciales, había ascendido poco después del golpe de Estado: pasó de fiscal de primera instancia en lo civil, comercial y penal a juez provincial. Y, como también ocurrió con la mayoría de los magistrados que llegaron a la democracia como jueces de la dictadura, fue ratificado por el Congreso de la Nación. Esa ubicación en la derecha católica y conservadora no lo dejó fuera del seguimiento de la Dirección de Inteligen245

Felipe Celesia y Pablo Waisberg

cia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA). Su nombre aparece en un informe del 7 de julio de 1979. Allí detallan que era uno de los participantes de la Comisión Diocesana para los Medios de Comunicación Social y trazan un escueto perfil: “Persona muy relacionada con la curia de esta ciudad, de cuya tendencia se desconfía, no es por supuesto partidario de la filosofía del proceso actual, en abierta beligerancia con la Policía de esta Ciudad, cosa que demuestra públicamente”. A diferencia de muchos funcionarios judiciales, su nombre apareció rápidamente vinculado al golpe de Estado. “Mientras estuve detenida en la cuarta, el juez Pedro Hooft hacía sus visitas habituales, cuando llegaba a la celda donde me encontraba y le informan que allí había una persona a disposición de las Fuerzas Armadas, se retiraba”, declaró Marta García Candeloro en el último párrafo del testimonio que dio ante la delegación marplatense de la Conadep. Fue la primera vez que lo nombró en una declaración. Hablaba de los últimos seis meses de su cautiverio, pasados en una celda de la comisaría cuarta de Mar del Plata, donde la había dejado el Ejército antes de dar la orden para su liberación. Su declaración, fechada el 9 de abril de 1984 a las tres de la tarde, ocupó 24 páginas tamaño oficio escritas a máquina: 36 líneas por 75 espacios cada una. Todas llevan el membrete de la Conadep e integran el legajo 7305. El 13 de marzo de 2007, Hooft reconoció ante la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, en su programa en radio Mitre, que “todos los jueces de Mar del Plata visitábamos las dependencias policiales, sobre todo en los años ’76 y ’77, los primeros tiempos en forma conjunta. Éramos cuatro jueces 246

La Noche de las Corbatas

penales, había tres fiscales, había una cámara de apelación en el fuero penal; había justicia federal funcionando en Mar del Plata. Y todos, absolutamente todos… Nunca vi a esa persona [por Marta García de Candeloro]; lo que sí sabíamos todos, todos los jueces y todas las instituciones de Mar del Plata, que en la seccional cuarta había un sector separado que estaba directamente sometido a la jurisdicción militar, por aplicación de las llamadas leyes de Seguridad Nacional o Lucha Antisubversiva”.

El cuerpo En 1985, Marta Candeloro declaró en el Juicio a las Juntas. Allí no habló específicamente de Hooft; no era el motivo central de ese proceso. Pero lo que sí hizo fue incorporar al expediente, por medio del fiscal Julio Strassera, la documentación donde el Ejército le informaba a Hooft que el 28 de junio de 1977 habían matado a Candeloro. Se trataba de una respuesta del Ejército que fue recibida en el juzgado el 3 de octubre de 1977: “Mientras se realizaba un operativo contra la banda de delincuentes subversivos PRT-ERP el 28 de junio de 1977 en esta ciudad fue abatido el DS Roberto Jorge Candeloro, alias José, alias Manolo, en circunstancias que aprovechando un desperfecto del vehículo que lo conducía y la oscuridad reinante trató de huir sin respetar las voces de alto dadas por el personal de custodia. El citado delincuente se había prestado a denunciar a otros integrantes de la banda mencionada que se encontrarían reunidos en inmediaciones del lugar del hecho. Dios guarde a Vuestra Señoría”, consignó el coronel Barda. 247