Información general

Sábado 8 de diciembre de 2007

LA NACION/Página 37

Dolor y quejas en Córdoba

Fallo de un tribunal de Morón

Otra muerte por el incendio en la Universidad de Río Cuarto Ayer falleció una docente de 42 años; exigen que aparten de la causa al juez actuante Por Orlando Andrada De la Corresponsalía Córdoba

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Valor había sido condenado por asaltos a bancos y blindados

La Justicia dejó en libertad a Luis “El Gordo” Valor Cumplía una condena de 30 años Por Gustavo Carabajal De la Redacción de LA NACION En abril de 2003, un tribunal oral de Morón había condenado a 24 años de prisión a Luis “El Gordo” Valor, por considerarlo responsable de los asaltos contra dos camiones blindados y cinco bancos. Debido a que ya tenía una condena anterior a 20 años de cárcel por el intento de asalto contra una camión blindado de la empresa Tab-Torres, ocurrido en La Reja, en el que fue asesinado el sargento Claudio Calabrese, de la policía bonaerense, el Tribunal Oral de Morón unificó la pena en 30 años de prisión. Ayer, la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Morón ordenó que Valor saliera en libertad debido a que, según informaron fuentes judiciales, ambas condenas no estaban firmes, lo que provocó que el imputado estuviera 15 años preso sin que las sentencias fueran confirmadas. Anoche, minutos después de las 21, luego de ser notificado y de firmar una caución juratoria, Valor abandonó la cárcel de Campana. La liberación de quien fue señalado por la Justicia como uno de los ladrones más buscados de bancos y camiones blindados en la Argentina, fue firmada ayer, minutos después del mediodía, en los Tribunales de Morón. Desde allí, los funcionarios judiciales enviaron el oficio firmado por los jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones al penal de Campana para que Valor fuera notificado y, luego de revisar si tenía algún impedimento legal, otra condena que cumplir o algún pedido de captura pendiente, pudiera abandonar la cárcel. Fuentes judiciales indicaron que los magistrados habían fundado la resolución por la cual ordenaron liberar a Valor en la aplicación del Pacto de San José de Costa Rica, que estableció un plazo razonable para que un acusado permaneciera preso sin condena firme. Según la jurisprudencia, ese plazo razonable no debería exceder los dos o tres años y, en el caso

de Valor, ya se habían cumplido quince años de detención. Además, según planteó su abogado, Cristián Fernández Vargas, en los diversos recursos que presentó en los últimos meses, Valor ya había cumplido la pena unificada que le impuso el Tribunal Oral de Morón, debido a que por los asaltos que se investigaron en ese departamento judicial, el acusado había cumplido 30 años preso, si se tiene en cuenta la aplicación de la denominada ley del “dos por uno”, que computa doble cada día que un imputado pasó en la cárcel sin que la condena estuviera firme. “Valor pasó 30 años preso sin que nadie le dijera si era o no culpable, y todavía nadie le contestó. Tiene que haber algo en el sistema judicial que permita agilizar las causas. En el caso de los hechos de Morón por los que estuvo acusado, Valor tuvo que esperar once años para llegar al juicio oral y después esperó otros cuatro años para que el Tribunal de Casación Penal bonaerense resolviera su apelación. Eso es mucho tiempo”, dijo a LA NACION el abogado Fernández Vargas. Hace quince días, la Sala II de la Cámara de Apelaciones de San Martín había ordenado la liberación de Valor con los mismos fundamentos y todavía quedaron pendientes varios recursos planteados por su anterior abogado, Roberto Babington.

Como la “Garza” En noviembre de 2006 ya había salido en libertad su compañero en varias causas judiciales: Héctor Luis Sosa Aguirre, alias “Cacho” o “Garza”. La Sala I de la Cámara de Casación Penal bonaerense le había otorgado el beneficio de la excarcelación por la aplicación de la denominada ley del dos por uno. Valor y Sosa Aguirre habían protagonizado en septiembre de 1994 la cinematográfica fuga de la cárcel de Villa Devoto. Junto con Julio Enrique Pacheco, Carlos Dante Paulillo y Emilio Nielsen Rodríguez, se descolgaron por uno de los muros del penal hasta la calle Bermúdez, utilizando sábanas anudadas. Estuvo un año prófugo y fue detenido en 1995.

Nuevo capítulo en la causa judicial

Caso Cabezas: apresarán a dos de “los Horneros” Es por violar la libertad bajo fianza La Justicia ordenó la captura de dos de los integrantes de la banda de Los Hornos que habían sido condenados por su presunta participación en el asesinato del fotógrafo de la revista Noticias, José Luis Cabezas. Según informaron fuentes judiciales, la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores ordenó las detenciones de José Luis Auge y Horacio Anselmo Braga, debido a que violaron las condiciones de libertad bajo fianza que les habían impuesto hace casi tres años, según pudo saber LA NACION. Los jueces Fernando Sotelo, Jorge Luis Dupuy y Susana Darling Yaltone pidieron las capturas de los dos condenados luego de que no pudieran ser ubicados en sus respectivos domicilios y en los lugares de trabajo, por lo que consideraron que habían infringido las condiciones de libertad condicional. Ayer se pudo saber que los abogados de Auge y de Braga preparaban un escrito en el que aseguraban que sus defendidos iban a comparecer ante los magistrados. Pero, hasta última hora de ayer, no se habían presentado ante la Justicia.

Auge y Braga, al igual que Sergio González y Héctor Retana (este último ya fallecido) formaban parte de la denominada banda de Los Hornos que, según la Justicia, participó en el asesinato del reportero gráfico en Pinamar, el 25 de enero de 1997. Junto con ellos también fueron condenados los ex policías Gustavo Prellezo, Aníbal Luna y Sergio Camaratta, y el ex jefe de custodia del empresario Alfredo Yabrán, Gregorio Ríos. Auge fue el primero en gozar de libertad condicional, en diciembre de 2004, previo pago de una fianza de 20.000 pesos y cuando había cumplido siete de los 16 años de prisión a los que había sido condenado. González logró la excarcelación en marzo de 2005, también beneficiado por un sistema que computaba doble los años cumplidos en la cárcel sin condena firme. Hace diez días, la Suprema Corte bonaerense intentó notificarlos sobre novedades del expediente pero no se los pudo ubicar en sus domicilios. La situación fue informada a la Cámara de Apelaciones de Dolores, que, en las últimas horas, ordenó la captura de ambos condenados.

CORDOBA.– La investigadora Lilian Giacomelli, de 42 años, murió ayer por las quemaduras que le produjo el incendio del miércoles pasado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Con ésta ya son dos las muertes, mientras otras cuatro personas permanecen en grave estado. Este desenlace trágico no hizo más que profundizar el dolor y la ira de la comunidad universitaria riocuartense que, en una asamblea multitudinaria realizada ayer en la plaza Roca, elevó su rechazo por las fallas de seguridad y exigió el apartamiento del juez federal a cargo de la causa, Oscar Valentinuzzi. Lo consideran parte interesada ya que, durante 14 años, fue jefe del área jurídica en esa casa de estudios. También reclamó al Consejo Superior que declarara la “emergencia institucional”. Las autoridades judiciales y de la universidad, amparadas en el secreto del sumario, se han negado a precisar las causas de la tragedia y, menos aún, confirmar si efectivamente fue el hexano, un solvente de alta combustión, el que generó el siniestro como lo denuncian los propios investigadores y alumnos de la dependencia académica. El hecho trágico de ayer, como se dijo, fue la muerte, apenas pasadas las 14, de Giacomelli. La investigadora había sufrido quemaduras en el 82 por ciento del cuerpo y en las vías respiratorias, luego del estallido en el laboratorio químico donde se desempeñaba. Lilian tenía cuatro hijas mujeres de 14, 12, 11 y 4 años. El deceso de la investigadora provocó ayer escenas de intenso dolor entre

IRMA MONTIEL/ENVIADA ESPECIAL

Dolor entre los estudiantes y docentes al enterarse de la segunda muerte

sus familiares, así como entre los parientes de los pacientes que aún atraviesan una situación crítica. El vicedirector del Hospital Córdoba, Oscar Cardozo, dijo que la muerte de Giacomelli “estaba dentro de lo previsible”. El médico no se mostró optimista por lo que vendrá. “Quedan internados otros cuatro pacientes en terapia intensiva, todos con pronóstico reservado y en estado muy delicado. Están respirando con asistencia mecánica y en el día de hoy (por ayer) ya empezaron a ingresar en el quirófano para iniciar curaciones”. Los pacientes son Carlos Ravera, Miguel Mattea, Damián Cardarelli y Gladys Baralle. En el hospital de Río Cuarto permanece internado Sebastián Murello y, en una clínica privada, Diego Bonazza, empleado de una empresa de Rosario. Anteayer había muerto el estudiante Juan Andrés Politano, de 22 años, que fue sepultado ayer en la localidad de

Jovita, durante una ceremonia dominada por la consternación por buena parte del pueblo. Durante la inhumación, sus compañeros comentaron que muchos chicos se salvaron del siniestro porque ese día, que debían estar rindiendo en el lugar, se confundieron de fecha. Además, los estudiantes se mostraron preocupados porque esa área académica quedó virtualmente sin docentes, dado que muchos de ellos fueron heridos de gravedad y se teme por sus vidas.

Investigación judicial Sobre la investigación judicial el juez Valentinuzzi expresó ayer que “todo indica” que habría sido una “situación accidental por una negligencia” la que generó el fuego, pero no quiso arriesgar opinión sobre si fue la presencia del hexano la causante de la tragedia. “No podemos entrar en el juego de lo que se plantea dentro del campus

universitario. Nosotros estamos esperando el informe de los técnicos para determinar la mecánica del siniestro”, expresó el funcionario judicial. El magistrado prometió que “se va a investigar todo” y rechazó que vaya a apartarse de la causa. “Soy una persona objetiva. He trabajado 14 años en la universidad y soy docente en uso de licencia. Quiero llegar a la verdad”, señaló. A su vez, el rector Spada insistió ayer, dos días después de la tragedia, en que no tenía certezas de la presencia del hexano y que no conoce quién fue el eventual responsable de ello. “Hemos abierto una investigación sumaria, junto con la Justicia. Estamos aportando todos los informes que nos piden”, expresó. Ante las denuncias sobre negligencia y falta de seguridad, surgidos del propio seno universitario, el funcionario respondió: “Este es un tema que requiere mucho cuidado porque los testigos que hoy dicen algunas cosas tendrán que repetirlas ante la Justicia”. Spada indicó que no se pudo retirar la documentación para determinar con qué empresa privada tenía contrato el laboratorio, porque la planta está clausurada por orden judicial. Las palabras del rector, lejos de alejar las críticas, las atrajeron. El secretario técnico de Ciencias Exactas, Luis Poloni, reveló que, desde hace un año, no se reúne el comité de seguridad creado a raíz de la explosión de un horno incinerador de residuos patógenos que dejó dos heridos en noviembre de 2005. Poloni se manifestó indignado por las declaraciones del rector, quien había dicho que desconocía el trabajo con solventes en la planta piloto. “Lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón y hacer una autocrítica”, reclamó.