DCXUMCNTACidN SOCIAL

DOCUMENTACION SOCIAL REVISTA DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE SOCIOLOGÍA APLICADA

N.“ 117 118

Octubre-Diciembre 1999 Enero-Marzo 2000

Consejera Delegada: Carmen Luisa González

Director: Francisco Salinas Ramos

Consejo de Redacción: Javier Alonso Enrique del Río Carlos Giner José Sánchez Jiménez Colectivo lOE Teresa Zamanillo

EDITA

CÁRITAS ESPAÑOLA San Bernardo, 99 bis, 7 ° 28015 MADRID CONDICIONES DE SUSCRIPCION Y VENTA 2000 España: Suscripción a cuatro números: 3.940 ptas. Precio de este número: 2.500 ptas. Extranjero: Suscripción Europa: 6.250 ptas. Número suelto a Europa: 2.800 ptas. Suscripción América: 62 dólares. Número suelto a América: 25 dólares. (IVA incluido) DOCUMENTACIÓN SOCIAL no se identifica necesa­ riamente con los juicios expresados en los trabajos fir­ mados.

LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN A DEBATE Economía Social e Inserción por lo Económico

DOCUMENTACION SOCIAL REVISTA DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE SOCIOLOGÍA APLICADA

Estimado suscriptor:

Dada la importancia del tema de las EMPRESAS DE INSER­ CIÓN, no hemos querido restringir el número de páginas, por ello y de forma excepcional sale este ejemplar como NUMERO DOBLE, con 424 páginas, correspondiendo al último del 99 y primero del año 2000 (siendo 960 la media de páginas anuales, que casi las hemos cumplido con los números 114, 1 1 5 y l l 6 ) . Este año DOCUMENTACIÓN S o c i a l quiere renovar la presen­ tación de sus artículos, mantendrá el formato, la edición de cua­ tro números al año de 240 páginas cada uno. El precio de suscripción para este año 2000 será de 3.940 pese­ tas; para Europa, 6.250 pesetas, y América, 62 dólares. Si la fórmula de pago elegida por usted es la de giro, por co­ rreo aparte se le enviará el impreso de giro postal, con sus datos de suscriptor. En cualquier Oficina de Correos puede realizar la imposición. Si le fuera más cómodo puede enviarnos un cheque a nombre de Cáritas Española, haciendo constar: DOCUMENTA­ CIÓN S o c i a l .

Si el sistema que ha elegido es el de domiciliación bancaria, se lo pasaremos al cobro a través del Banco.

ISBN: 84-89733-95-3 Depósito legal: M. 1.110 -2 0 0 0 Gráficas Arias M ontano, S. A. - Móstoles (Madrid) Diseño portada:

Jesús Sanguino Gutiérrez

SUMARIO 5

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15

•

1

La inserción sociolaboral a debate. Departam ento de Programas de Acción Social

49

•

2

Nuevos problemas, nuevas preguntas, nue­ vas respuestas. Luis M.^ López-Aranguren

79

•

3

Exclusión social e Inserción sociolaboral. Francisco Salinas Ramos

93

•

4

El Tercer Sistema en la Unión Europea: con­ clusión del Grupo de Expertos. Antxon Olabe

103

•

5

Apuntes sobre el marco normativo de las Empresas de Inserción. Eduardo Rojo Torrecilla

125

•

6

Posicionamiento de PEED El de cara a la Ley de Empresas de Inserción. Federación Española de Entidades de Empresas de Inserción

117 118

Presentación.

Octubre-Diciembre 1999 Enero-Marzo 2000

4

133

•

7

ACTUACIONES Y PROPUESTAS DE LOS AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES ANTE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN:

133

•

7.1

La empresa privada y las Empresas de Inserdon. Francisco Abad

145

•

7.2

Aspectos normativos de las Empresas de In­ serción. Almudena Fontecha López

153

•

7.3

Opinión de CC.OO. sobre aspectos del mar­ co normativo y de la realidad social de las Empresas de Inserción. Secretaría de Empleo

159

•

8

LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN DESDE LAS PERSPECTIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS:

159

•

8.1

Las Empresas de Inserción. Damián Caneda

161

•

8.2

Las Empresas de Inserción. Elvira Corta] arena

167

•

8.3

La inserción laboral de los excluidos. Pedro Vaquero del Pozo

175

•

8.4

La Empresas de Inserción a debate. Caries Campuzano i Canadés

179

•

9

LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS FRENTE A LAS EMPRESAS DE INSER­ CIÓN:

179

•

9.1

Opinión de la DGASME Dirección General de Acción Social, del M enor y de la Fam ilia

185

•

9.2

La Comunidad de Madrid y la inserción por lo económico. Nieves Alonso

189

•

9.3

La incorporación sociolaboral en el Plan de Lucha contra la Exclusión en Navarra. M anuel Aguilar Hendrickson, M iguel Laparra Navarro y Concepción Corera Oroz

237

•

9.4

Empresas de Inserción, un nuevo modelo de inserción sociolaboral. Carm en Vílchez Jim énez

255

•

10

255

•

10.1

Las Cooperativas y las Empresas de Inser­ ción. Pepín de la Rosa Casado

259

•

10.2

CONFESAL y las Empresas de Inserción. Julio M artínez Alcalde

265

•

10.3

Economía solidaria, un instrumento de tra­ bajo para la inserción. Equipo de la Fundación Deixalles

277

•

11

LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN Y EL TERCER SECTOR:

El papel de las organizaciones sociales y el empleo de inserción. Javier Pradini Olazábal

283

* 12

La contratación de obra pública como ins­ trumento de política social. Javier Pérez Llorca

297

•

13

Los procesos de Formación y Cualificación en el empleo de Inserción. Equipo PROMOCIONS

309

•

14

Empleabilidad y Empresas de Inserción. Cristina García Comas

321

•

15

Los Centros Especiales de Empleo y las Em­ presas de Inserción. Pilar Gómez-Acebo

329

•

16

Los microcréditos y las Empresas de Inser­ ción. Isabel Valdés Librero

339

•

17

Bases para organizar el movimiento asociati­ vo y representativo de las Empresas de Inser­ ción. José M.® Montolío

347

•

18

Federación Española de Entidades de Em­ presas de Inserción. FEEDEI, ACEREIS, AMEI, CÁRITAS, EMAÚS, ANACOS

353

•

19

Experiencia y realidad de AERESS. Antoni Puig Ollé

361

•

20

Associació Catalana de Recuperadors de l’Economia Social Solidaria. Antoni Puig Ollé

369

•

21

Asociación Madrileña de Empresas de Inser­ ción (AMEI). Francisco Carazo

381

•

22

Experiencia y realidad de las Empresas de Inserción desde Cáritas. Sonia Conde Ullán

393

•

23

El Movimiento Emaús. Javier Pradini Olazábal

403

•

24

Red Anagos. Domingo Pérez Pérez y Ana M aría Correa García

4 13

•

25

Bibliografía.

iO índice

Presentación

En la década de los noventa se ha venido gestando un «nuevo m ode­ lo» de intervención con el objetivo de lograr la «inserción sociolaboral» de personas excluidas o en situación de riesgo, es decir, aquellas personas que padecen situaciones personales o fam iliares defíciles y tienen graves difi­ cultades de acceder al mercado de trabajo normalizado. Esta «nueva fo r­ ma de intervención» está en torno a las denominadas Empresas de In­ serción, que participan en el mercado como cualquier otra, pero con la fin alid ad de contribuir a la inserción sociolaboral de personas y colectivos socialmente desfavorecidos. Actualmente las Empresas de Inserción son una realidad que cada vez se van extendiendo más p or nuestra geografía y p or la europea. Las Organizaciones sociales que fom entan y prom ocionan el empleo de los inempleables a través de la inserción p o r lo econó­ mico, tienen muy claro que se hace teniendo en cuenta tanto la empresa privada como la colectiva, la participada, a la vez que optan p o r la eco­ nomía solidaria, participativa y en general de las empresas de la econo­ mía social Es un sector que se viene organizando para unir esfuerzos y abrir caminos conjuntamente: creación de Asociaciones, Agrupaciones y Eederaciones de Empresas de Inserción, exigiendo un marco normativo y medidas de apoyo. A la vez se autoorganiza para crear instrumentos co­ munes de form ación y cualificación técnica de sus mandos intermedios y directivos, de consolidar estructuras de inserción dentro del proceso. Este tipo de empresas requieren la participación de Organizaciones sociales. Hoy el empleo de inserción es una de las prioridades en el Plan de Em­ pleo del Reino de España. Al dedicar este monográfico a las Empresas de Inserción, DOCUMEN­ se propone analizar el presente, conocer la realidad so­ cioeconóm ica de este tipo de empresas y, a partir de ahí, contribuir a la construcción, sobre una base sólida, del futuro de las Empresas de Inser­

TACIÓN S o c ia l

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ción. Aunque se está empezando a hahlavy más allá de las Organizaciones socialesy cada vez más sobre este tipo de empresasy tal vez no haya un con­ senso sobre lo que son y pretenden las Empresas de Insercióny no sólo entre determinadas organizaciones sociales sino también entre los técnicoSy los agentes económicos y sociales y los políticos. Este monográfico ofrece este conjunto de artículos con la intención de contribuir a la clarificación de conceptoSy a plantear los apoyos que necesitauy el marco normativo que les otorgue personalidadjurídicUy analizar logros y carencias de experiencias concretasy etc.; sin duda que de poco pueden servir estas páginas si cada unOy personal e institucionalmente y según el nivel de responsabilidad que tengUy no toma una decisión y una opción clara y consecuente por la creación de empleo para los excluidos y marginados o que viven en situa­ ción de precariedad social que es una tarea de todos. Se estructura el número en bloques de artículos breves y el conjunto nos dará una idea clara del tema en cuestióny o por lo menos es lo que se pretende. Una primera reflexión que se plantea para el debate es la rela­ ción que existe entre el desempleo como una de las causas fundamentales de la exclusión social y el empleo como uno de los elementos esenciales de la inserción socioeconómica; entre la existencia de políticas activas de em­ pleo para colectivos en exclusión social y la inserción por lo económico a través de procesos e itinerarios tanto personales como colectivos y de es­ tructuras de insercióny donde la Empresa de Inserción sea una de estas estructuras y una fase del proceso. El artículo La inserción sociolaboral a debate, del Programa de Empleo de Cáritas EspañoLty nos introduce en el tema y desarrolla esta relación. Luis L ó PEZ-A r a n g u r e n , en su artí­ culo con el sugerente título de Nuevos problemas, nuevas preguntas, nuevas respuestas, nos centra en el papel que corresponde a las Empresas de Inserción y no el que se le está asignanaOy así como el papel del trabajo socialy y lo hace mediante el desarrollo de las siguientes tres ideas: las Em­ presas de Inserción nunca son un instrumento aislado; las Empresas de Inserción se enmarcan en un nuevo modelo del trabajo social y las Em­ presas de Inserción responden a una determinada forma de analizar y so­ lucionar los problemas sociales. En el tercer artículoy sobre Exclusión so­ cial e Inserción sociolaboral, Francisco SALINAS R a m o s analiza la re­ alidad de la exclusión social y el desempleo en la población pobrCy propone los principios en los que han de basarse las «nuevas» políticas ac­ tivas de empleo de inserción y las líneas estratégicas de actuación. Einalmente expone los contenidos de la futura «Ley de Medidas para la Inser­ lO índice

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ción sociolaboral» según el texto del anteproyecto de Ley en la versión de ju n io de 1999. Saliendo de nuestras frojtteras y en el contexto de la Unión Europea, Antxon O labe nos presenta las conclusiones del Grupo de Expertos sobre el Tercer Sistema de la Comisión Europea, donde se ha­ bla expresamente de la problem ática específica de las Empresas de Inser­ ción. Como se ha indicado antes una de las grandes difiicultades que se tie­ ne para el desarrollo de las Empresas de Inserción es la inexistencia de un marco legal Eduardo Rojo ofrece unos apuntes sobre este marco nor­ mativo de las Empresas de Inserción; el autor se propone «exponer unas ideas de p or dónde podría ir la regulación de la figura ju rídica que me­ jo r encaja para acoger a colectivos especialmente desfavorecidos y de d ifcil acceso al mercado de trabajo». Por su parte, la Eederación Española de Entidades de Empresas de Inserción «considera necesario establecer a nivel nacional un marco legal para la inserción sociolaboral» y manifies­ ta de manera firm e y clara su «decepción y frustración» p o r la no presen­ tación al Parlamento del Proyecto de Ley de Inserción Sociolaboral Los siguientes cuatro grupos de artículos están en relación con las M e­ sas Redondas y el Panel que se presentaron en las Jornadas que EEEDEI organizó en Madrid, el 29 de noviembre de 1999, sobre Presente y futu­ ro de las Empresas de Inserción. A los agentes económicos y sociales (1) se les pidió que opinaran sobre la realidad social y los aspectos normati­ vos; Francisco A bad lo hace con el título La empresa privada y las Em­ presas de Inserción; los sindicatos Unión General de Trabajadores y Co­ misiones Obreras dan su opinión sobre el marco normativo de las Empre­ sas de Inserción. Otra Mesa Redonda reunió a cuatro Partidos políticos con representación en el Parlamento (2), el tema fu e Las Empresas de Inserción desde la perspectiva de los partidos políticos; como la reali­ dad misma, cada uno de los cuatro invitados expuso lo que se ha hecho o debería haberse hecho pero se ha quedado sin hacer, en lo que todos esta­ ban de acuerdo era en la necesidad de dotar de un marco legislativo a la realidad de la inserción p or lo económico, pero... «en la próxima será». (1) Fueron invitados a esta Mesa Redonda UGT, CCOO y CEOE, sólo estuvo pre­ sente la representante de Comisiones Obreras. UGT disculpó su asistencia, pero envió el texto escrito que reproducimos en estas páginas. (2) Fueron invitados a esta Mesa Redonda los representantes del Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida y Convergencia i Unió y participaron de todos ellos.

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En otra Mesa Redonda se invitó a representantes de las tres Adminis­ traciones para que dieran su opinión sobre las Empresas de Inserción^ qué es lo que están haciendo en este campo y sobre el marco normativo (3). La Dirección General de Acción Social, del Menor y de la Eamilia da respuesta a las cuestiones que se le planteó; la representante de la Comu­ nidad de Madrid habló del Ingreso Madrileño de Inserción y de los pun­ tos mínimos sobre los que hay consenso entre la Administración y la ini­ ciativa social. En casi todas las Comunidades Autónomas existen planes de lucha contra la exclusión social, donde la inserción sociolaboral (inser­ ción por lo económico) es un capítulo importante. Introducimos la cola­ boración de A guilar , Laparra y CoRERA, profesores de la Universidad Pública de Navarra, que en un esfuerzo de síntesis analizan la incorpo­ ración sociolaboral en el Plan de Lucha contra la Exclusión en Nava­ rra. Cada vez más Municipios están elaborando planes de lucha contra la exclusión social, una muestra de ello es el que presentamos en estas pá­ ginas; Carmen VíLCHEZ expuso el Plan Municipal de Empresas de In­ serción del Ayuntamiento de Granada. El Panelfue sobre Las Empresas de Inserción y el Tercer Stctox, participaron los cuatro invitados (4); los representantes de las cooperativas y de las sociedades laborales hablan so­ bre las relaciones de éstas con las Empresas de Inserción. Se incluye en este bloque la experiencia de la Eundación Deixalles, con el título Economía solidaria, un instrumento de trabajo para la inserción. Los seis artículos siguientes se refieren a aspectos diversos relacionados con el empleo y las Empresas de Inserción, tales como: el papel de las Or­ ganizaciones sociales en el empleo de inserción; la contratación de obra pública como instrumento de la política social, una explicación de la jurisprudencia existente sobre la «cláusula social»; los procesos de for­ mación y cualificación en el empleo de inserción; la empleabilidad; los Centros Especiales de Empleo; los microcréditos y las empresas de inserción. (3) Los invitados a la Mesa fueron las directoras generales del Instituto Nacional de Empleo y la de Acción Social, del Menor y de la Familia; la Consejería de Servicios Socia­ les de la Comunidad de Madrid y el director del Instituto Municipal de Formación y Em­ pleo del Ayuntamiento de Granada. Solamente asistieron de estos dos últimos. De la Di­ rección General de Acción Social, del Menor y de la Familia se recibió un texto escrito, que se reproduce. (4) El Panel estuvo formado por un economista, experto para la Comisión Europea so­ bre Tercer Sistema y Empleo; el vicepresidente de FEEDEI, la Confederación de las Coope­ rativas de Trabajo Asociado y CONFESAL. Se publican tres de las cuatro intervenciones.

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El último bloque contiefie in fom ación de FEEDEI y sus organiza­ ciones miembros: AERESS, ACERESS, AME!, CÁRITAS, EMAÚS y ANAGOSy con un artículo previo José M ,^ MONTOLÍO sobre las ba­ ses para organizar el movimiento asociativo y representativo de las Empresas de Inserción. Se cierra el monográfico con una selección bi­ bliográfica sobre la inserción por lo econóynico alaborada p or el Servicio de D ocumentación de Cáritas Española. El director de DOCUMENTACIÓN SOCIAL y Cáritas Española, como editora de esta Revista, manifiestan su agradecimiento a los suscriptotes y lectores en general p or preferirnos. Les pedim os nos hagan llegar sus opiniones sean positivas o negativas sobre los contenidos, el form ato, la maquetación y sobre cualquier otro aspecto de la Revista. Sin duda que nos será de gran utilidad sus opiniones, pues durante este año 2000 que­ remos introducir algunas mejoras en nuestra Revista. Como puede comprobar, este número doble, el núm. 117 que cierra el año 1999 y el núm. 118 que abre el año 2000, es una excepción en nuestra andadura; aunque no es la prim era vez, preferim os no hacerlo así; aunque nos sobrepasemos de la media de páginas anuales previstas (960 páginas), esta vez lo hemos hecho con exceso, apelamos a su com ­ prensión. D o c u m e n t a c ió n S o c ia l ofrece para la reflexión y debate este conjunto de materiales sobre políticas activas de empleo referidas a las personas excluidas o en peligro de serlo y más concretam ente sobre la inserción sociolaboral y las Empresas de Inserción. La Revista no necesa­ riamente se identifica con las opiniones que los autores reflejan en sus ar­ tículos. Agradece a todos los que han hecho posible este monográfico, en prim er lugar a los autores y colaboradores, a la Dirección General de Fo­ mento de la Economía Social y del Fondo Social Europeo, p or su parcial contribución a la edición de este monográfico, y a la Federación Española de Entidades de Empresas de Inserción, p or perm itir que se publiquen en esta Revista las ponencias e intervenciones de las Jornadas, celebradas en M adrid el 29 de noviem bre de 1999, sobre Presente y futuro de las Empresas de Inserción. Como se ha indicado antes se trata de un tema abierto, del que el conjunto de la ciudadanía tome conciencia y opte p or construir y conso­ lidar una sociedad para todos. Ante este deseo la realidad es que en nues­ tra sociedad existe bienestar y calidad de vida, pero no todos sus m iem ­ bros tienen las mismas oportunidades ni viven en las mismas condiciones. lO índice

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se encuentran excluidos. Para luchar contra esta realidad se han de poner en marcha planes y programas adecuados a cada momento. En este nú­ mero encontrará el lector algunas reflexioneSy experiencias y propuestas en torno a la inserción por lo económico de las personas que vivan en situa­ ciones de precariedad y exclusión social F r a n c isc o S alin as R a m o s D irector de DOCUMENTACIÓN SOCIAL

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La inserción sociolaboral a debate* Departamento de Programas de Acción Social Programa de Empleo. Cáritas Española**

1.

1.1.

UNA VARIADA G AM A DE POLÍTICAS Y ESTRUCTURAS PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL Desempleo y crecimiento económico

Históricamente en nuestro país las políticas de empleo se han asentado sobre dos principios: el primero de ellos establecía que el empleo era resultado del crecimiento económico, lo que hacía inne­ cesario establecer políticas de empleo autónomas, ya que en la medi­ da que creciera la economía el empleo lo haría y con ello se resolverí­ an las situaciones de desempleo. El segundo principio, estrechamente relacionado con el anterior, establecía que para paliar «las situaciones transitorias», de coyunturas económicas de crisis, con débil crecimiento del empleo y aumento del desempleo, se disponía de las prestaciones compensatorias del se­ guro de desempleo. Estas visiones han perdurado a lo largo de la dé­ cada de los años setenta, y sólo comenzaron a ser cuestionadas a par­ tir de las crisis económicas de mediados de los setenta y finales de los ochenta. De un lado, el aumento de las tasas de desempleo y su mantenimiento a lo largo del tiempo provocaron la crisis de los sis­ * Este texto se basa en el Cuaderno I «La Inserción a debate» de la carpeta «La In­ serción por lo Económico; Experiencias de Inserción Laborales en la Economía Social», editada por Cáritas Española. ** Francisco SALINAS R\MOS, director del departamento; Gonzalo Lopez-A rangu REN M arcos , Programa de Empleo (1997-99), y Enrique G randal M art ÍN, actual res­ ponsable del Programa de Empleo.

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temas de cobertura y de las prestaciones de desempleo. De otro, se produjo la paradoja, una vez superadas las situaciones de crisis e ini­ ciado el crecimiento económico, de que la economía crecía pero el empleo lo hacía en un porcentaje reducido, con lo que la tasa de paro no bajaba en la proporción que lo hacía el crecimiento econó­ mico, es decir, se debilitaba el principio de «crecimiento = empleo», lo cual cuestionaba el pretendido automatismo que se creía existía entre ambas variables. Será a partir de los años ochenta cuando el desempleo se enten­ derá como un problema estructural, de carácter complejo, que hace referencia a aspectos básicos, como son el mayor coste relativo del factor trabajo, en relación con el menor coste del factor capital, debi­ do a los avances tecnológicos y el peso negativo que tienen los costes de la Seguridad Social; la incapacidad del sistema educativo para for­ mar adecuadamente el capital humano y los déficits de funciona­ miento de los mercados de trabajo. El retraso que ha habido en el reconocimiento de la visión estruc­ tural del desempleo ha retardado la aparición de nuevas políticas ac­ tivas de empleo destinadas a superar los déficits estructurales exis­ tentes en aspectos tan importantes como los siguientes: a) Acceso al mercado de trabajo y carencia de Servicios Públicos de Información, Asesoramiento y Colocación, lo cual hace que para muchas personas los mecanismos de acceso al mercado de empleo sean opacos, dependientes de los contactos familiares y personales y, por ende, socialmente discriminatorios. Esta si­ tuación ha empezado a cambiar tímidamente a partir de la creación de los Servicios Integrales de Promoción y Empleo (SIPES), que ofrecen un servicio personalizado mediante la re­ alización de proyectos personales de empleo b) La falta de pasarelas de acceso al empleo, a través del desarrollo de sistemas de aprendizaje y formación, que alternen empleo y trabajo. En este sentido la desaparición del sistema de aprendizaje creó un enorme vacío en los mecanismos de acceso al mercado de trabajo, sobre todo para los jóvenes de clases medias y mediasbajas, ya que el sistema anterior permitía acceder al mundo de la empresa y ofrecía la oportunidad de lograr una cualificación pro­ fesional a través del desempeño de un oficio. La incapacidad de

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17 ofrecer un sistema alternativo y la crisis de la Formación Profesio­ nal, han contribuido a crear una gran bolsa de jóvenes en paro sin cualificación, procedentes de situaciones de abandono escolar, y cuyo deseo es «aprender trabajando», para los cuales no existen alternativas válidas. c) La falta de preparación formativa y técnica de gran parte de la población: jóvenes, mujeres en edad madura, trabajadores in­ dustriales en procesos de recualificación, etc., que dificulta su acceso a los puestos de trabajo con mayor cualificación. d) La penalización que sufren los trabajadores con reducida especialización, o con limitada experiencia laboral (jóvenes y muje­ res sin experiencia laboral previa), debido a los costes de Segu­ ridad Social, que actúan como un impuesto disuasorio (supe­ rior al 30%) en la contratación de estas personas, siendo, además, este impuesto difícil de absorber mediante un aumicmto de la productividad El conjunto de estos aspectos constituyen «el núcleo duro» de los problemas estructurales del empleo, de forma que se mantendrían, incluso en el hipotético caso de que se produjera un fortísimo au­ mento de empleo, ya que han enquistado una tasa estructural de de­ sempleo, por debajo de la cual resulta difícil descender sin antes re­ solver los problemas estructurales que la originan. Las actitudes de los responsables de las políticas públicas, en rela­ ción con los problemas estructurales del empleo, han evolucionado lentamente. En los últimos años se han creado políticas de incentivos a la contratación empresarial de los colectivos con mayores dificulta­ des tratando de compensar los handicaps que sufrían. Sin embargo, estas políticas han resultado limitadas en sus logros debido a que no establecen discriminaciones positivas y no resultan instrumentos adecuados para compensar déficits estructurales de gran calado. La reflexión sobre las limitaciones y descrédito de las políticas de estimulo a la creación de empleo, mediante subvenciones directas, ha permitido tomar conciencia sobre la necesidad de crear nuevas políti­ cas activas de empleo relacionadas con los servicios de apoyo, orienta­ ción y estimulo a las personas desempleadas: agencias de colocación, formación, etc. Sin embargo, el conjunto de estas acciones son todavía lO índice

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demasiado recientes y prematuras para ser evaluadas. El proceso de descentralización hacia las Comunidades Autónomas, de las políticas activas de empleo del INEM, debe permitir avanzar en la creación de Servicios Integrales de Empleo destinados a aquellos colectivos que tienen mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo.

1.2.

Inexistencia de políticas activas de empleo para colectivos en exclusión social

A la vista de lo anterior, y si se consideran las limitaciones y el escaso desarrollo que han tenido las políticas activas de empleo, des­ tinadas a los colectivos de personas normalizados, se comprenderá la desprotección que sufren las personas que se encuentran próximas o en situaciones de exclusión social: como es el caso de los parados de muy larga duración (más de tres años), jóvenes procedentes de me­ dios sociales de marginación, minorías étnicas e inmigrantes regulares o irregulares, ex drogadictos, ex prostitutas y ex reclusos, etc. En estos casos las personas, como, quiera que no tienen una historia laboral normalizada, se encuentran fuera del alcance y cobertura de las polí­ ticas de empleo, relativas a las prestaciones compensatorias, forma­ ción, servicios de información y apoyo, etc. Por otro lado, no se debe olvidar que las capacidades de empleo de estos colectivos, en algunos casos, están limitadas por problemas de desestructuración personales, que provocan falta de aptitudes y há­ bitos apropiados para el desempeño de una actividad laboral norma­ lizada. El abandono sufrido por los colectivos en situaciones de exclu­ sión social por parte de las políticas oficiales de empleo se ha paliado parcialmente por las actuaciones desarrolladas por las Organizaciones Sociales especializadas en procesos de inclusión social. En los últimos años estas Organizaciones han desarrollado un nú­ mero significativo de proyectos que demuestran la posibilidad que existe de superar la exclusión social, a partir de la aplicación de un modelo de intervención que está demostrando su eficacia y sobre el que en el futuro se debería construir una verdadera política de inclu­ sión social.

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19 Las experiencias acumuladas estos años en términos de empleo de inserción permiten señalar las siguientes consideraciones: a) La inserción económica, a través del desempeño de un empleo normalizado, o una actividad socialmente útil y remunerada, debe constituir ¿el final? de un largo proceso o Itinerario de Inserción Social. La red pública básica de atención social y las Organizacio­ nes sociales ofrecen a las personas que se encuentran en situacio­ nes de exclusión social, si bien es cierto que con carácter limitado, un conjunto de prestaciones básicas y unos programas de apoyo, motivación y acompañamiento social, que tratan de despertar la voluntad de iniciar un proceso personal de inserción social. Una vez iniciado dicho proceso, y en el momento en que la persona ha adquirido o recuperado unos hábitos sociales mí­ nimos, se encontrará preparada para iniciar la fase de inserción laboral. La unión que se está produciendo entre las políticas sociales de carácter asistencial y aquellas otras especializadas en la inserción laboral ha supuesto un cambio profundo en la visión que existe de la inclusión social, al ligar ésta con el desempeño de un trabajo, o la realización de una actividad económica, único medio para que una persona recupere su dignidad y ejerza el derecho que le asiste como ciudadano para gobernar su vida y ser independiente. En los próximos años el reto que tiene nuestro país es ha­ cer realidad este principio, avalado por las experiencias de las Organizaciones sociales, y lograr que las políticas públicas lo asuman y apliquen con carácter general y de forma extensiva. b) La conexión e integración de las políticas sociales y las de pro­ moción del empleo ha permitido acuñar «un nuevo modelo de itinerarios personales de inserción laborales» como fórmulas posibles para llevar a cabo dichos procesos. La acumulación de experiencias habidas, tanto en nuestro país como en el resto de países europeos, muestran que la inserción social hay que con­ cebirla como un proceso a medio y largo plazo que exige el cumplimiento de unos objetivos parciales: progresivos en el tiempo, sucesivos en su cumplimiento y que no deben darse por cumplidos hasta que efectivamente lo estén, ya que caso contrario el avance quedará seriamente comprometido. lO índice

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1.3.

Los itinerarios y las estructuras de inserción laborales

El proceso de inserción se compone del itinerario y las estructuras de inserción. El punto de partida es la elaboración del Itinerario de Inserción, o Proyecto Personal de Empleo, entre la persona y la Orga­ nización social de apoyo. Las experiencias acumuladas en los últimos años permiten establecer sus principales características: a) El Itinerario de Inserción únicamente se puede realizar si existe un deseo y voluntad por parte de la persona de llevarlo a cabo. La Organización social no puede ni debe suplantar a la persona y asumir el protagonismo que le corresponde. b) Debe ser un proyecto personalizado, dependiente de la situación y realidad de cada persona, tener un carácter flexible y evitar se aplique de forma lineal. Para ello en cada fase se deben estable­ cer pasarelas directas hacia el empleo, ya que habrá personas que no tengan que recorrer todas las fases del itinerario y tran­ sitar por todas las estructuras de inserción. Sin embargo, tam­ bién hay que evitar que se finalicen etapas sin haber alcanzado los objetivos marcados. c) El itinerario debe concretarse en la elaboración de un Proyecto Personal de Empleo donde se recojan las acciones que realizará la persona para acceder al mercado de trabajo y mejorar su condición de empleabilidad. En este sentido habrá proyectos personales de empleo que sólo recojan acciones de orientación y búsqueda activa de empleo; en otros casos el proyecto se cen­ trará en mejorar la formación básica de la persona o elevar su grado de cualificación personal. Por último, en determinados casos puede plantearse como alternativa la participación tem­ poral en una Empresa de Inserción. El proyecto personal debe tener un carácter dinámico y ser objeto de revisión y actualiza­ ción continua. La elaboración de los Itinerarios y el apoyo a las personas que participan en ellos exige una gran profesionalidad y preparación por parte de las personas que desarrollan su tra­ bajo en los servicios de acogida. d) El itinerario no es una receta mágica, ni garantiza el éxito de los procesos de inserción laborales, tan sólo es un procedimiento riguroso que encauza los esfuerzos y el apoyo social. Sin em­

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21 bargo, también hay que aceptar que existen personas que debi­ do a múltiples causas no conseguirán culminar el proceso de inserción ni acceder al mercado de trabajo. En estos casos con­ viene determinar si las barreras resultan infranqueables debido a la existencia de discapacidades sociales profundas o, por el contrario, su superación es cuestión de ajustar «el tiempo de duración» del proceso de inserción. En el primer caso el plan­ teamiento de inserción no debiera orientarse hacia el mercado de trabajo normalizado, sino buscar vías alternativas como pu­ diera ser la realización de actividades de interés social. El segundo elemento relevante del proceso de Integración son las estructuras de inserción laborales. Estas estructuras juegan un papel clave ya que son los instrumentos que garantizan el éxito en la conse­ cución de los objetivos de cada fase que integra el proceso de inser­ ción. El conjunto de ellas se caracteriza porque tratan de mejorar la «empleabilidad» de la persona, a través de una metodología de apren­ dizaje, progresiva y acumulativa, en los hábitos laborales, formación y cualificación profesional, y lo hace mediante un proceso eminente­ mente práctico donde rige el principio de «aprender haciendo», dado que el conjunto de las personas que participan en los itinerarios re­ chazarían un tipo de aprendizaje basado en la formación teórica. Las estructuras de inserción pueden clasificarse por su mayor o me­ nor grado de complejidad y la contribución a la consecución de los ob­ jetivos establecidos en las fases que integran los procesos de inserción. La prim era estructura de inserción la integran los servicios de Aco­ gida y asesoramiento para el empleo. A diferencia de los colectivos de­ mandantes de «empleo normalizados» las personas en situaciones de exclusión sociales desconocen los procedimientos de acceso y puertas de entrada al mercado de trabajo, sus reglas de funcionamiento, las exigencias de cualificación, etc. Por ello, en esta fase el objetivo es for­ mar y entrenar a las personas en el manejo de esta información y ha­ cer un seguimiento de su puesta en práctica, ya que para muchos de ellos el dominio de esta información representa su «pasarela» hacia el empleo. En otros casos, relacionados con colectivos que tienen mayo­ res carencias sociales, el servicio de acogida permite elaborar los Itine­ rarios de Inserción y trazar los proyectos personales de empleo, así como las acciones que los integrarán. lO índice

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La segunda estructura de inserción tiene por objetivo lograr que la persona adquiera las habilidades sociales mínimas, para el desempeño de un trabajo relacionadas con el cumplimiento de un horario, la asistencia, la capacidad de mantener un esfuerzo en pro de un objeti­ vo, la programación personal, el desarrollo de las capacidades de aten­ ción, trabajo en equipo, respeto y sociabilidad. Así mismo, en esta fase se trabaja para lograr completar los co­ nocimientos formativos mínimos de escritura, cálculo y expresión oral, relacionados con la titulación escolar básica. La forma habi­ tual de trabajo suele ser mediante la realización de pretalleres labo' rales, cuya duración depende de los colectivos, pero que puede os­ cilar entre los seis y doce meses. Dentro de los pretalleres laborales habría que diferenciar los que realizan actividades productivas y comercializan sus productos de aquellos otros que no lo hacen. Así mismo los pretalleres, en muchos casos, suelen programarse dentro de las actividades de los Talleres de Especialización Laborales y ocupan la primera fase de los mismos. Los pretalleres son especial­ mente útiles en el trabajo con los colectivos de jóvenes sin titula­ ción escolar, transeúntes y personas en procesos finales de recupe­ ración social. En otros casos, como son los grupos de mujeres adul­ tas, los pretalleres trabajan sobre todo la formación básica y la adquisición de información sobre el mercado de trabajo y técnicas de búsqueda de empleo. En los últimos años los promotores de pretalleres, conscientes del efecto desmotivador que produce la realización de actividades sin ningún fin, han evolucionado hacia la realización de actividades de utilidad social o económica y que permitan obtener unos ingresos económicos necesarios para cubrir ciertos gastos de funcionamiento. La tercera estructura de inserción la integran los Talleres de Espe­ cialización Laborales, que pueden durar de doce a veinte meses, y cuyo objetivo es preparar a los participantes para el desempeño de un oficio. Las modalidades de Talleres son muy variadas y se pueden cla­ sificar en función de tres aspectos: el primero de ellos hace referencia a las modalidades de relación laboral que se establecen entre el parti­ cipante y la organización promotora del taller; el segundo aspecto se refiere a la existencia, importancia y modalidades de la formación en prácticas: en empresas privadas o bajo fórmulas de formación en al­ ternancia; por último, el tercer aspecto se refiere a la existencia o no

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23 en los Talleres de actividades lucrativas con ingresos propios proce­ dentes de las actividades que realizan. La combinación de las tres modalidades anteriores da origen a una taxonomía de Talleres de Inserción muy variada y que suele res­ ponder a las peculiaridades de cada colectivo. En términos generales se puede decir que todavía prima el modelo de Taller educativo, con poco peso de la actividad laboral, en cuya se­ lección no se han considerado las tendencias y requerimientos del mer­ cado de trabajo; existe una carencia de contactos con el mundo empre­ sarial y ausencia de formación en prácticas en la empresa; sin conexión con el itinerario de inserción laboral y las otras estructuras de inserción. Sin embargo, en estos años se constata una evolución interesante de ciertas experiencias de Taller hacia modalidades en las que priman la relación con el tejido económico, la formación en alternancia en el puesto de trabajo y la comercialización, allí donde tenga sentido, de las actividades que se realizan. Este proceso evolutivo de los talleres resultará clave para mejorar su eficiencia y convertirlos de verdad en pasarelas de acceso al mercado de trabajo. Buena parte de los problemas con que se encuentran los Talleres Laborales de Inserción se deben a la falta de un marco normativo que facilite e impulse su desarrollo. En las políticas públicas existen dos concepciones diferentes de los Talleres, de un lado aquellos promovi­ dos por el Ministerio de Educación y Ciencia (programas de Garantía Social) y de otro los que se encuadran dentro del I.N.E.M (EscuelasTaller, Casas de Oficio). El primero de ellos tiene un carácter funda­ mentalmente educativo, mientras que el segundo está volcado más al ámbito laboral. En el primer trimestre de este año se ha establecido por parte de Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS) la nueva figura del Taller de Empleo, como modalidad derivada de la Escuelas-Taller y Casas de Oficio, pero pensado para mayores de 25 años. Siendo una aportación importante para las organizaciones sociales, plantea insu­ ficiencias, como su duración escasa, de seis a 12 meses como máxi­ mo, y el que aunque participa de la metodología de formarse traba­ jando, no consigue completar el circuito de acciones necesarias según se describe en el siguiente párrafo. lO índice

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El trabajo de inserción que se desarrolla con colectivos de perso­ nas en exclusión requiere una redefinición de los Talleres, incorpo­ rando cuatro aspectos: 1. El ámbito de trabajo correspondientes a las habilidades socia­ les, motivación personal, autoestima y hábitos laborales; 2. El correspondiente al ámbito educativo y de formación básica; 3. El correspondiente al aprendizaje de un oficio o especialidad profesional, y 4. El relacionado con la orientación para la búsqueda de empleo y seguimiento del proceso. Los futuros programas públicos de Talleres de Empleo deberían crear esquemas flexibles que se adapten a las características de los co­ lectivos y entiendan que, en el caso de los colectivos en riesgo de ex­ clusión social, los procesos de inserción de los Talleres por lo menos deban tener un ciclo de duración de dos años y contemplar la necesi­ dad de realizar acciones sobre las cuatro áreas expuestas y no sólo sobre la 2 y 3, según la normativa recién aprobada. La cuarta y última estructura de inserción hace referencia a las Empresas de Inserciones Laborales. Las dificultades objetivas que tie­ nen determinados colectivos de personas para acceder al mercado de trabajo y lograr un empleo, unido a la inutilidad de aplicar un esquema formativo de cualificación que no fuera mediante el desempeño de una actividad económica real y no simulada, hizo que algunas Organizaciones, especializadas en el trabajo con estos colectivos decidieran promover empresas de inserción como estruc­ turas de aprendizaje temporales, que permitieran el acceso posterior al mercado de trabajo convencional. Las peculiaridades de estas es­ tructuras de aprendizaje e integración sociales es que operan me­ diante la realización de una actividad productiva y en una organiza­ ción que toma la forma de empresa. Ello permite que la persona realice su aprendizaje en un entorno similar al de una empresa convencional, lo cual facilitará su posterior acceso al mercado de trabajo. Como posteriormente se verá, las Empresas de Inserción depen­ den y son promovidas por Organizaciones Sociales especializadas en

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25 la inserción socio-laboral. Ello explica porqué el objetivo de las Em­ presas de Inserción no es realizar una actividad productiva que per­ mita obtener un objetivo lucrativo, como es el caso de las empresas convencionales, sino promover procesos de aprendizaje mediante el desarrollo de una actividad productiva, que utiliza la fórmula de or­ ganización empresarial, al ser la que mejor se ajusta al proceso de aprendizaje que se pretende llevar a cabo. Las empresas de inserción cumplen una función complementaria respecto del objetivo global de la inserción y, en la mayor parte de los casos, se conciben como pasarelas temporales hacia el empleo norma­ lizado. La carencia de un marco normativo de empleo de inserción está creando un enorme equívoco respecto a la empresas de inserción, confundiendo su finalidad como estructura de aprendizaje temporal y de inserción laboral con su actividad empresarial de inserción, de forma que incluso se las ha llegado a asimilar con las empresas de autoempleo colectivo, cuyo objetivo persigue desarrollar un proyecto empresarial colectivo y obtener por ello un beneficio. En este sentido hay que establecer una diferencia radical entre las empresas de inser­ ción, entendidas como estructuras de aprendizaje, y otras fórmulas empresariales, ya sean colectivas o privadas, cuyo objetivo «natural» es la obtención de un beneficio, la conquista de un mercado y la expan­ sión empresarial. Ello no quiere decir que las empresas de inserción no busquen la obtención de un rendimiento económico que permita sufragar los costes de explotación y las inversiones, lo que quiere decirse es que los móviles y objetivos societarios la separan radicalmente de las acti­ vidades empresariales convencionales. La última estructura de inserción sería el empleo de inserción en empresas colaboradoras, las cuales por diferentes motivos estarían dis­ puestas a promover en su plantilla puestos de trabajo y empleos de inserción. En nuestro país las únicas empresas privadas que están pro­ moviendo empleo de inserción son las empresas de interés colectivo, como es el caso de las cooperativas y sociedades anónimas o limitadas laborales. En estos casos las empresas privadas desarrollan los proce­ sos complementarios de inserción social en colaboración con Organi­ zaciones sociales especializadas. lO índice

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1.3 .1.

Las Fases de un P roceso

De alguna manera, y sin que sea un proceso lineal para todos, se ha ido consensuando, a partir de la experiencia de las diferentes ins­ tituciones, fundaciones o colectivos que trabajan a favor de la inser­ ción, las siguientes FASES:

1.3.1.1. Acogida, entrevista diagnóstico En los Centros de Acogida se produce el primer encuentro, entre­ vista que posibilita escuchar y conocer la demanda que se plantea.

El objetivo de este primer encuentro es: - establecer diagnósticos a partir de indicadores objetivos; - elaborar un plan de trabajo que se va a seguir a partir de las ca­ rencias que se detecten (salud, vivienda, familia, etc.); - establecer un «contrato de inserción» que supone la voluntad y la confianza de las partes de llevar adelante determinadas acti­ vidades.

1.3.1.2.

Orientación y habituación laboral

Esta fase requiere un alto grado de organización para su desarrollo: El objetivo es resituar a los usuarios en situación de riesgo en las mejores condiciones posibles para acceder a un puesto de trabajo digno. - deben conocerse todos los recursos formativos que ofrece la comunidad y sus requisitos; - prestar apoyo para la elección del curso adecuado; - puesta en marcha de talleres pre-laborales como recurso idóneo para la creación de hábitos positivos (motivación, autoestima, etc.); - recuperar aprendizajes escolares, complemento necesario para la formación ocupacional. lO índice

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1.3.13.

Formación y cualificación profesional

Comprende esta fase el conocimiento de las actitudes y aptitudes. También el perfeccionamiento de la cualificación profesional. En estos talleres prima el aprendizaje específico de un oficio y la formación para el empleo. Su finalidad es: - que cada persona tenga acceso a una cualificación y perfeccio­ namiento de destrezas profesionales; - que se logre un mayor grado de responsabilidad personal y de grupo para emprender la búsqueda de empleo

1.3.1.4.

Incorporación al mercado de trabajo regular

El objetivo de esta fase consiste en que el usuario tenga acceso a los usos y costumbres reales en el mercado de trabajo, más allá de la simulación, y que al mismo tiempo establezca relación directa con empleadores, de cara a futuras contrataciones. Desde otra perspectiva, también se trata de posibilitar el conoci­ miento y la organización hacia el trabajo por cuenta propia, como una alternativa más (autoempleo).

1.3.1.5.

Iniciativas enmarcadas en el desarrollo local.

Estas iniciativas deben inscribirse en el ámbito del desarrollo local del territorio. El desarrollo local debe conducir a una mejora del nivel de cali­ dad de vida de la población. Hay muchos trabajos socialmente útiles que podrían producir bienes y servicios de interés público, que el mercado no atiende como demanda, y que sin embargo suponen una urgente necesidad para la sociedad. Actividades que se localizan en el terreno de la enseñanza, la sanidad, la asistencia social y la regeneración. lO índice

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El objetivo es crear una zona de «economía social» que nazca del encuentro entre la iniciativa privada y el apoyo público. Dentro de estos procesos que venimos enumerando aparecen tres elementos que responden a tres necesidades distintas: - los programas de garantía de ingresos', protección social, Rentas Mínimas... que deben ir evolucionando hacia formas de sala­ rio ciudadano, de auténticos salarios sociales; - las estructuras de inserción por lo económico, que suponen el complemento imprescindible para perseguir la inserción labo­ ral y social que plantean los primeros; - los planes de desarrollo local, de desarrollo endógeno, que supo­ nen el esfuerzo por localizar las necesidades de la comunidad, por generar menos actividades. Estos tres elementos deben mantenerse Ínter relacionados. De lo contrario, el salario social devendrá en prestación asistencial, el em­ pleo de inserción se transformará en subempleo precarizado y el de­ sarrollo local se hará menos autosuficiente y menos integrado.

1.4.

Las Organizaciones Sociales, protagonistas de los procesos de Inserción

El último aspecto que contempla el análisis de las estructuras de inserción en nuestro país hace referencia a las Organizaciones Sociales promotoras, y los vínculos, servicios y cobertura financiera que ofre­ cen a las estructuras de inserción laborales. Resulta obvio decir que las estructuras de inserción laborales deben su existencia a las Organi­ zaciones Sociales: sin ellas no existirían. Las Organizaciones Sociales sin ánimo de lucro han cubierto el vacío dejado por las políticas de empleo en relación con los colectivos de personas en situaciones de exclusión social. Así mismo, han de­ mostrado que la inserción social a través del empleo y el desarrollo de una actividad económica es la única vía posible. Para ello se ha desarrollado un modelo de trabajo que se apoya en el concepto de itinerario y participación en estructuras de inserción laborales, combinados con procesos de motivación personales. Las lO índice

Organizaciones Sociales promotoras son el soporte de las estructuras de inserción laborales: garantizan los servicios que se requieren, garanti­ zan la gestión y la cobertura financiera. Así mismo se responsabilizan del desarrollo y seguimiento de los proyectos personales de interven­ ción social. El trabajo de inserción que desarrollan las Organizaciones Sociales difícilmente podrían efectuarlo las Administraciones por sí mismas, ya que la naturaleza del mismo y los requerimientos que exige: persona­ lización del trabajo de inserción, importancia de la relación humana, motivación de los profesionales y participación de voluntarios, son factores que tan sólo una Organización Social puede ofrecerlos. Nuestro país tiene un déficit importante de Organizaciones So­ ciales, promotoras de proyectos de integración sociolaborales, y las que existen, sufren la impotencia que produce la carencia de recursos suficientes, la debilidad de sus estructuras de gestión y la falta de re­ conocimiento de su existencia en los programas públicos. La expe­ riencia de estos años indica que cara al futuro la políticas de inserción socio-laborales deben tener como objetivo prioritario fomentar y for­ talecer la capacidad organizativa y financiera de las Organizaciones Sociales intermedias, ya que la calidad y éxito de los proyectos de in­ serción dependen de ello. Cara al futuro las Administraciones deben reconocer el carácter subsidiario del trabajo que desarrollan las Organizaciones Sociales en pro de la inserción y desarrollar programas destinados a fortalecer a las mismas. Ello se debería emprender estableciendo un modelo de colaboración basado en la realización de Convenios para la realiza­ ción de Proyectos de Inserción.

2. 2.1.

LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ESPAÑA Introducción

Las empresas de inserción nacen y se desarrollan en Francia y, al igual que en España, se desarrollan primero en la práctica social, para después - a diferencia de España- ser objeto de una regulación nor­ mativa propia. lO índice

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Desde 1975, el Estado francés estableció medidas para intentar recuperar segmentos de población vulnerables, como eran los jóvenes entre 16/20 años que abandonaban la escuela sin el diploma escolar básico. Con este objeto se crearon los contratos de empleo-formación dentro del Pacto Nacional del Empleo (1). Sin embargo, los dispositivos de inserción y de cualificación no se consideraron satisfactorios ya que todavía tenían un acento exce­ sivamente escolar y se aplicaban bajo el predominio del esquema: formación-aprendizaje-empleo. Fruto de esta reflexión fue la crea­ ción de los Talleres de produccióriy cuyo objetivo era emplear a jóve­ nes en paro y ofrecerles un trabajo a tiempo parcial obteniendo a cambio unos ingresos. Tras estas primeras experiencias se produjo un importante cambio cuando en 1979 se crearon los Centros de Adaptación a la Vida Activa (CAVA). En estos centros, al igual que sucedía en los Talleres, las personas que participaban en los mismos no percibían un salario sino una beca; la propia legislación estable­ cía que los ingresos de actividad deberían equilibrar los gastos de compra de material y materias primas, las remuneraciones de los monitores y las cotizaciones sociales. A cambio los CAVA podían optar a las ayudas que establecía la Administración para estos cen­ tros. Las experiencias positivas de los CAVA permitieron en 1981 dar un paso más al crearse la figura de «las Empresas Intermedias»y cuyo objetivo era contratar jóvenes entre 18 y 25 años por un pe­ ríodo máximo de 18 meses. A cambio las empresas intermedias, mediante un contrato con las Administraciones, podían optar a un montante de ayudas de 40.000 francos por puesto de trabajo creado (1.000.000 de pesetas). Las empresas intermedias conocieron una gran expansión entre 1985 y 1986, fecha en la cual el nuevo Gobierno de derechas suspendió las ayudas que hasta ese momento disfrutaban las empresas interme­ dias. Durante este «duro período» las empresas intermedias se vieron obligadas a dirigir sus actividades hacia colectivos menos desfavore­ cidos y que encajaban dentro de los programas generales de promo­ ción de empleo.

(1)

Fondation de France. Comité Nacional des Enterprises Insertion.

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31 En noviembre de 1986 se crearon «las Empresas de Inserción» y se reguló su doble carácter mercantil y de apoyo a la realización de pro­ cesos de inserción laborales. Así mismo se crearon las llamadas «Aso­ ciaciones Intermedias», como puntos de contratación de los demanda­ dores de empleo, que ponen a disposición de los particulares y las empresas los servicios de sus miembros, con el objeto de desarrollar actividades que no supusieran competencia con el sector privado: sec­ tores de ayuda a domicilio, cuidado de personas mayores, reparacio­ nes en el hogar, etc. En España el concepto de «Empresas de Inserción» resulta más com­ plejo que en Francia debido a que no existe una ordenación de esta ma­ teria, salvo referencias indirectas en las normativas de algunas Comuni­ dades Autónomas, en relación con las llamadas rentas mínimas, y son finalmente los propios protagonistas los que se autocalifican con esta etiqueta a pesar de que Sajo ese apelativo se esconden estructuras de in­ serción distintas de la figura propia de Empresas de Inserción.

2.2.

Aspectos característicos de las Empresas de Inserción

Los aspectos que caracterizan a las Empresas de Inserción son los siguientes: a) La mayor parte de los promotores de proyectos sociales, cuan­ do se refieren al concepto de Empresas de Inserción, lo hacen prescindiendo del significado jurídico-mercantil del concepto empresa, lo que explica que bajo este término se agrupan tipo­ logías tan distintas como pueden ser: las diferentes modalida­ des -evolucionadas- de Talleres Profesionales que realizan acti­ vidades económicas; Centros de Inserción como los CAVA franceses y, por último, las Empresas de Inserción Laborales. La falta de normativa relativa al reconocimiento de las diferen­ tes estructuras de inserción provoca muchas veces que se pro­ duzcan estas confusiones. b) El objetivo social de la Empresa de Inserción es facilitar la in­ serción laboral de personas con dificultades mediante su parti­ cipación en una actividad mercantil organizada en forma de empresa. lO índice

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c) Los aspectos que diferencian una Empresa de Inserción de otras estructuras de inserción, próximas, pero diferentes en su objeto son: • la empresa de inserción es una estructura de aprendizaje que reproduce las condiciones de trabajo y relaciones laborales de una empresa; • a efectos legales la vinculación de los partícipes con la em­ presa es una relación laboral convencional; • la vinculación de los participantes con la empresa se preten­ de sea temporal y dure el período de aprendizaje; • la diferencia fundamental de las empresas de inserción, con las empresas de tipo convencional, incluidas las empresas de interés colectivo (cooperativas), es que en las primeras, a di­ ferencia de lo que sucede en las segundas, el objetivo socie­ tario no es producir un producto, o prestar un servicio, para obtener un beneficio, sino desarrollar un proyecto de inser­ ción utilizando el modelo de empresa como fórmula de aprendizaje. d) Analizar las Empresas de Inserción sin considerar su vincula­ ción con la Organización Social promotora es un espejismo ya que la Empresa de Inserción, por sí misma, no podría subsistir como actividad empresarial, pues el capital social, los contratos laborales, la organización del trabajo, la gestión y actividad co­ mercial, dependen de la Organización Social promotora. En este sentido es importante insistir una vez más que las Empre­

sas de Inserción son estructuras temporales de aprendizaje, que de­ ben posibilitar el acceso al mercado de trabajo y no deben consi­ derarse como iniciativas de autoempleo de carácter colectivo. En una Empresa de Inserción los participantes, seleccionados por la Organización Social promotora, se unen para desarrollar un proceso de aprendizaje no para llevar a cabo una iniciativa em­ presarial de autoempleo colectivo. e) Teniendo en cuenta las observaciones anteriores se ha construi­ do una clasificación de empresas de inserción según la naturale­ za de la relación que existe entre la Organización Social promo­ tora y las actividades o empresas de inserción. Según esta rela-

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33 don se podrían diferendar dos grandes grupos: el primero esta­ ría integrado por las Organizaciones Sociales que actúan como Empresas de Inserción, en este caso las Empresas de Inserción y las Organizaciones Sociales promotoras constituyen una misma entidad: la empresa de inserción no tiene una naturaleza jurídi­ ca diferente de la Organización promotora; el segundo grupo, lo integrarían las Empresas de Inserción tuteladas por las Orga­ nizaciones Sociales promotoras, en estos casos la Empresa de Inserción tiene una naturaleza jurídica diferente de la organiza­ ción promotora (sociedades limitadas, cooperativas, sociedades anónimas o limitadas laborales). La empresa de inserción posee un mayor grado de autonomía respecto de la organización pro­ motora, aunque ésta última mantiene el control del capital so­ cial de la empresa, nombra al gerente, presta los servicios rela­ cionados con la gestión, organización del trabajo, dirección de los recursos humanos, clientes, etc. f) Los dos tipos de Empresas de Inserción que existen guardan entre sí una estrecha relación, hasta el punto que la mayoría de las Empresas de Inserción Tuteladas han sido anteriormente Organizaciones Sociales, que actuaban como empresas de in­ serción. En el grupo de Organizaciones Sociales-Empresas de Inserción llega un momento que la importancia creciente de las actividades productivas y los problemas que conllevan pro­ vocan ciertas crisis de identidad en las Organizaciones, ya que sus objetivos suelen ser más amplios que los propios de las em­ presas o actividades de inserción. Sin embargo, las organizacio­ nes se ven obligadas a volcarse sobre los aspectos productivos y de comercialización, ya que de otro modo las actividades mer­ cantiles que se realizan podrían correr riesgos de desaparición. Esta dualidad, y posible contradicción, entre los objetivos de las Asociaciones y aquellos que les exigen la promoción de empresas de inserción se aminoran si los objetivos de las orga­ nizaciones están clara y fundamentalmente volcados hacia la inserción laboral. La resolución de estos conflictos dependerá de la forma en que los directivos de la Organización Social en­ tiendan este proceso y estén dispuestos a crear nuevas fórmulas de relación con las futuras empresas, basadas en una autono­ mía tutelada, y de otro dependerá de que los trabajadores en­ lO índice

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tiendan que la creación de su proyecto de empresa, sin el res­ paldo y los servicios de la organización-madre, es difícil que sobreviva ya que son extraordinariamente frágiles. g) Los aspectos básicos que permiten identificar y distinguir una Empresa de Inserción de otras estructuras de inserción próxi­ mas, pero diferentes en su objeto, son: la visión del proceso de inserción, el objetivo societario, la formula jurídica que se adopte, el tipo de relación laboral que se establezca con los tra­ bajadores, la vinculación con el organismo promotor y el ca­ rácter lucrativo de la actividad.

TIPOLOGIA 1. Organizaciones Sociales transformadas en Empresas de Inserción

CARACTERISTICAS La Empresa de Inserción no tiene un estatus di­ ferente de la Organización Social que lo pro­ mueve. El objeto societario de la Organización no tiene ánimo de lucro sino de promoción de activida­ des sociales. Entre los objetivos de Inserción priman los componentes de motivación y apoyo psicosocial y formativos frente a los productivos. Los socios fundadores de la Asociación son los responsables de la gestión, organización de la producción y actividades formativas de Inser­ ción. La Organización Social desarrolla actividades y presta servicios diferentes de las actividades eco­ nómicas de inserción. Los presupuestos de las actividades productivas constituyen una partida no diferenciada del res­ to de los presupuestos de la Organización Social. En las Organizaciones Sociales-Empresas de In­ serción tienen una gran importancia el trabajo del voluntariado y los monitores de actividades. La estancia en las Empresas de Inserción suele tener un carácter temporal.

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35 TIPOLOGIA 2. Las Empresas de Inserción Tuteladas por Organizaciones Sociales.

CARACTERISTICAS Actiian resueltamente en los ámbitos de la eco­ nomía de mercado o servicios para la Adm inis­ traciones públicas. Las Empresas de Inserción tienen un estatus ju­ rídico diferente de la Organización que la pro­ mueve, aunque la Organización suele poseer la mayoría del capital. La Organización facilita los servicios de gestión, de asesoramiento jurídico, económico y m er­ cantil que necesita la empresa. La Organización Social nombra al gerente de la empresa y establece los criterios de gestión de re­ cursos humanos: contratos laborales, horarios, etc. 1 .0 S objetivos de Inserción en las empresas co­ merciales suelen encaminarse a la formación y cualificación profesional.

Existe una relativa movilidad de trabajadores que abandona la empresa para acceder al merca­ do de trabajo normalizado. En algunos casos los trabajadores transforman el carácter temporal de su estancia en definitiva creando empresas de autoempleo colectivo.

2.3.

El Futuro de las Estructuras y Empresas de Inserción

Los cambios en la organización económica, provocados por la ra­ pidez del desarrollo tecnológico, y las nuevas condiciones de la com­ petencia, que trae consigo la dimensión europea del mercado y la moneda única, son responsables de que cada vez más personas se sientan amenazadas o se encuentren en riesgo de exclusión social. Tal y como ya se vio en la cumbre de La Haya, el paro constituye el principal problema de Europa v la mayor amenaza a la cohesión y la estabilidad social. Por ello cada día se alzan más voces reivindican­ do un crecimiento más rico en empleo y un desarrollo económico más armónico y al servicio de los intereses generales de la sociedad. Sin embargo, también existe conciencia que el logro de un crecimien­ lO índice

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to más intensivo en empleo no se puede alcanzar a costa de renunciar a las conquistas sociales conseguidas por los diferentes países euro­ peos a lo largo de su historia. En los próximos años Europa, y España en particular, se enfren­ tan al reto de diseñar nuevos marcos y políticas económicas capaces de estimular la creación del empleo y, especialmente, aquellas destina­ das a superar la exclusión social y favorecer la inserción laboral de personas en situaciones de marginación. En este último campo la ex­ periencia de las Organizaciones Sociales, como se ha visto, ha sido ex­ traordinariamente positiva, ya que se ha creado un modelo de acceso a la inserción social y laboral que debería constituir el pilar de las po­ líticas sociales y de empleo de los próximos años. Sin embargo, cara al futuro, el modelo de estructuras y empresas de inserción, basadas en la realización de actividades económicas, socialmente necesarias, necesita un nuevo contexto social y económico que reconozca su im­ portancia y apoye decididamente su existencia. En este sentido las dos grandes esperanzas de la Inserción Social y Laboral pasan por el desarro­ llo de las llamadas «Actividades y servicios de proximidad», que pueden convertirse en nuevos yacimientos de empleo y que son especialmen­ te idóneos para ser desarrollados por las estructuras y empresas de in­ serción y, simultáneamente, la creación de un marco legislativo que re­ gule y apoye las estructuras y empresas de inserción, a partir de las expe­ riencias y realidades que se han consolidado en los últimos años.

2.4.

Las nuevas fuentes de empleo: las Actividades y Servicios de proximidad

Europa, y España en particular, se enfrentan en los próximos años al reto de combatir la exclusión social mediante el desarrollo de nuevas políticas económicas que estimulen la aparición de nuevas ac­ tividades y yacimientos de empleo. Las oportunidades parece que vendrán de la mano de la creación de pequeñas y medianas empresas, que sepan aprovechar las oportunidades del mercado único europeo, y del desarrollo de las llamadas «actividades y servicios de proximi­ dad» que existen en los mercados locales. El desarrollo de estas activi­ dades, intensivas en empleo, de baja tecnología, y cuya base son los servicios relaciónales y la atención personal, constituyen una impor­

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tante esperanza como fuente de empleo. Las demandas insatisfechas para generalizar y extender al conjunto de la población los servicios de atención a las personas mayores, el cuidado y atención infantil, los servicios relacionados con la salud, el medio ambiente, la cultura y el ocio, indican que existen mercados latentes que pueden transformar­ se en nuevas actividades y empleo si se crea un marco de política eco­ nómica que lo haga posible. La Comisión Europea ha detectado 17 ámbitos de estos «nuevos yacimientos de empleo» relacionados con cuatro grandes apartados: «vida diaria», «mejora de la calidad de la vida», «cultura y ocio», y «protección del medio ambiente». a) Los servicios de la vida diaria: Servicios a domicilio, cuidado de los niños, las nuevas tecnologías de la información y comuni­ cación, la ayuda a los jóvenes en dificultad y la inserción b) Los servicios de mejora del marco de vida: Mejora de la vivienda y reparaciones, la seguridad, los transportes colectivos locales, la revalorización de los espacios públicos, la atención y el cui­ dado en los equipamientos públicos, los comercios y servicios de proximidad, servicios auxiliares relacionados con el cuidado de enfermos, el catering. c) Los servicios culturales y de ocio: El turismo, el sector audiovi­ sual, la valorización del patrimonio cultural, el desarrollo cul­ tural local. d) Los servicios medioambientales: Gestión de residuos, la gestión del agua, la protección y el mantenimiento de las zonas natu­ rales, el cuidado de parques y jardines, la normativa y control de la contaminación. A estos ámbitos se podían añadir otros campos donde respon­ diendo al mismo concepto de necesidades latentes se está generando una dinámica favorable a la creación de empleo, como la agricultura ecológica y la industria agro alimentaria de tipo artesanal, la restaura­ ción del patrimonio cultural y la rehabilitación urbana. Estas nuevas necesidades, cuya satisfacción permanece sin res­ puesta, tienen su origen en el conjunto de los países europeos, en la transformación de las estructuras familiares y la incorporación de la lO índice

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mujer al trabajo; el alargamiento de la vida y la tendencia al envejeci­ miento de la población; la necesidad de racionalizar el consumo y el uso de los recursos naturales; la aparición de la cultura del reciclaje y la reparación de los bienes frente al consumismo; la personalización y calidad en la prestación de los servicios públicos; la búsqueda de un urbanismo de dimensión humana en el que prime la intercomunica­ ción frente al aislamiento, etc. En el estudio realizado por la Célula de Prospectiva de la Comi­ sión Europea (Iniciativas Locales de Desarrollo y Empleo, Bruselas, 1994) se muestra cómo el conjunto de estas actividades podrían aportar en torno a los dos millones de puestos de trabajo para el con­ junto de países de la Unión Europea durante los próximos cinco años. Así mismo el estudio pone de manifiesto que el coste de crea­ ción de empleo en estas actividades es la tercera parte del que corres­ ponde a los empleos en el sector de las manufacturas. En lo que se refiere a España los primeros intentos de evaluación de la repercusión sobre el empleo que tendrían los sectores de servi­ cios de proximidad se han realizado por un equipo de la Universidad Complutense de Madrid ( C a c h ó n , 1996) y por el Centro de Estu­ dios Económicos de la Fundación Tomillo (2). El estudio en cues­ tión se ha centrado en las actividades de ayuda doméstica para per­ sonas mayores; servicios de atención a la infancia, en domicilios y guarderías; mejora de la gestión de los residuos sólidos urbanos y la conservación y restauración del patrimonio histórico artístico. Según el estudio en el conjunto de estos tres sectores existe la posibilidad de crear 8 7 .10 0 nuevos empleos si se desarrollaran las políticas pú­ blicas adecuadas. En el conjunto de las actividades que integran los servicios de proximidad la dimensión local resulta imprescindible, ya que es en este ámbito donde se producen las demandas, y su satisfacción se debe realizar por empresas que conozcan bien y están próximas a los consumidores locales. Así mismo el carácter interpersonal que tiene la prestación de los servicios hace que sean especialmente aptas para que las realicen microempresas locales enraizadas en el territorio. (2) Lorenzo CACHÓN, Juan Carlos COLLADO e Isabel MARTÍNEZ: «Los Nuevos Ya­ cimientos de Empleo en España». Madrid, 1996. Colegio de Economistas de Madrid.

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39 Sin embargo, podría plantearse la duda de que si el mercado de servicios de proximidad es viable y los empleos son pertinentes, ¿por qué no confiar y esperar que sean las propias fuerzas del mercado las que los desarrollen? La respuesta a esta cuestión conduce directamen­ te al centro del debate que tiene lugar en Europa sobre la necesidad o no de contar con el estimulo del sector público para el desarrollo de estas actividades. En nuestra opinión la participación pública, durante las primeras fases de desarrollo de estas actividades, resulta fundamental por diver­ sas razones: En primer lugar, al ser actividades intensivas en mano de obra su viabilidad depende de los costes laborales: costes salariales+costes socia­ les, lo cual, y debido al trato desigual que sufre el factor trabajo, en re­ lación con el uso del factor capital (equipos, tecnología, etc.), como consecuencia de que los costes sociales llegan a representar más del 40% de los costes laborales, hace que las actividades intensivas en mano de obra sufran una penalización relativa respecto de otras actividades. En segundo lugar, en los servicios de proximidad resulta difícil lograr una mejora de la productividad que permita enjugar los mayo­ res costes laborales ya que no son actividades que utilicen tecnologías con carácter intensivo. En tercer lugar, son actividades cuya demanda es viable según sean los precios finales de los servicios, lo que supone que a pesar de existir demandas latentes éstas no son solventes o, lo que es lo mis­ mo, no pueden sufragar los gastos que comporta su consumo. El caso más representativo de esta situación es la demanda de servicios rela­ cionados con el cuidado de la infancia: en un país como España, en el que la tasa de actividad femenina es muy reducida(36%), existe una demanda latente de cuidado de niños que permitiría a las ma­ dres acceder a un puesto de trabajo. Sin embargo, una parte signifi­ cativa de ellas deben renunciar a esta posibilidad debido a que los ser­ vicios de guardería y cuidado de los niños no pueden pagarlos; lo mismo sucede con otras actividades, como es el caso de los servicios de atención y cuidado de personas mayores. En cuarto lugar, la oferta de estos servicios está desestructurada y no puede hacer frente a un consumo creciente y no digamos masivo. lO índice

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Por último, las prestaciones de muchos de estos servicios de inte­ rés colectivo responden a una lógica empresarial diferente a la propia de la economía de mercado, que se relaciona con la economía de la solidaridad, prestada por organizaciones sociales, cuyos móviles no son el logro de un lucro, sino la satisfacción de necesidades colectivas de forma desinteresada, aunque remunerada; ello hace que los um­ brales de beneficios que esperan estas organizaciones por la prestación de sus servicios no sean comparables con los que exige el sector em­ presarial de economía de mercado. El conjunto de estas razones explica porqué las fuerzas de merca­ do por sí mismas son incapaces de atender la demanda latente de ser­ vicios de proximidad, y resulta necesario el concurso de las Adminis­ traciones, durante las primeras fases de su desarrollo, para estimular su aparición. Las respuestas de los diferentes Gobiernos europeos, a diferencia de lo sucedido en España, para estimular el desarrollo de los servi­ cios de proximidad han sido muy variadas y se pueden clasificar en cuatro grandes bloques: en primer lugar, países como Holanda, en los que se ha optado por la reducción de los costes sociales que gra­ van el desarrollo de estas actividades, para que puedan competir en igualdad de condiciones que las empresas que utilizan bienes de ca­ pital. De esta forma se amortigua parcialmente la penalización que sufren los servicios de proximidad, lo que permite reducir sus pre­ cios finales y hacer solvente la demanda de los mismos; en segundo lugar, países como Francia, Bélgica y Alemania, en los que se ha op­ tado por hacer solvente la demanda mediante la introducción de cheques-servicio que favorecen el consumo de los mismos por parte de colectivos de la población que no podrían hacerlo. De esta forma, se espera que a medio plazo los servicios de proximidad logren alcan­ zar un umbral de desarrollo y generalización suficiente que les per­ mita reducir sus precios y mantener la demanda sin la ayuda públi­ ca; en tercer lugar, países en los que se estudia la aplicación de un IVA reducido (Alemania, Francia) para el consumo de estos servicios y, por último, países como Francia, que utilizan el conjunto de las tres medidas anteriores. El conjunto de estas medidas señalan nuevas formas de desa­ rrollar y estimular el empleo que no pasan necesariamente por la

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41 dependencia de las subvenciones públicas sino por eliminar los obstáculos que impiden su desarrollo: reducción de los costes ne­ gativos que gravan las actividades intensivas en mano de obra, res­ pecto de las mejores condiciones que tienen las actividades intensi­ vas en capital. En nuestro país el debate sobre las vías y posibilidades que existen de impulsar el sector de actividades y servicios de proximidad es re­ ciente y supone un enorme reto de imaginación y capacidad de pro­ puestas para las Organizaciones Sociales preocupadas por el paro y la exclusión social. En relación con las políticas activas en pro de la inclusión social y la inserción laboral de las personas que sufren situaciones injustas de marginación, el desarrollo del sector de los servicios de proximidad represen­ ta una oportunidad clave, ya que al ser estas actividades intensivas en empleo poco especializado, y con un consumo reducido de capital y tec­ nología, las hace idóneas para ser realizadas por empresas de inserción. Para ello sería necesario que la sociedad entendiera que es positivo dis­ criminar en su favor frente a la participación del sector privado, ya que caso contrario las empresas de inserción no pueden competir. Ello no quiere decir que todos los sectores relacionados con los servicios de pro­ ximidad se reserven para las empresas de inserción y de economía social, únicamente se pretende hacer hincapié en que muchas de estas activida­ des, resultan idóneas para la realización de procesos de inserción labora­ les de personas en exclusión. La experiencia de las empresas de inserción en estos años indica que uno de los principales problemas con que se tropieza es encontrar actividades económicas idóneas para ser desarrolladas por los diferen­ tes colectivos en marginación, debido a que las empresas de inserción compiten en desigualdad de condiciones con el sector privado. A las empresas de inserción no se les puede exigir que desarrollen la difícil tarea y responsabilidad de la inserción sociolaboral de una persona y, simultáneamente, lo hagan realizando una actividad mer­ cantil, que suponga competir en igualdad (desigualdad) de condicio­ nes respecto de las empresas privadas. La sociedad y los poderes públicos deben entender que la mejor fórmula de inserción social de una persona es a través de su inser­ id )

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ción laboral, y que ello se logra mediante el aprendizaje que conlle­ va la realización de una actividad económica organizada de forma empresarial. En estos momentos existe una red de Organizaciones Sociales que pueden responsabilizarse del desarrollo de nuevas estructuras y empresas de inserción, en el campo de la prestación de determinados «servicios de proximidad», para lo cual se debería «primar» y «discri­ minar positivamente» en favor de las Empresas de Inserción. En este sentido, y de forma más lenta que la deseada, algunas Ad­ ministraciones han comenzado a plantearse el desarrollo de «mercados tutelados de servicios de proximidad»y reservados a organizaciones so­ ciales que desarrollan y promuevan empleos de proximidad. La apari­ ción de cláusulas de reserva para proyectos de inserción, en algunos concursos públicos de provisión de servicios convocados por Admi­ nistraciones locales, o la promoción de proyectos de rehabilitación urbana, reservados a empresas de inserción, son tímidos intentos de promover mercados tutelados donde la provisión de los servicios la puedan llevar a cabo empresas de inserción.

2.5.

Necesidad de establecer un Marco normativo de Estructuras y Empresas de Inserción

El segundo aspecto clave para el desarrollo futuro de las Empresas de Inserción Laborales es el establecimiento de un marco normativo que regule los procesos de creación de empleo de inserción a través del desarrollo de estructuras especializadas y empresas de inserción. Actualmente, y como se ha puesto de manifiesto en los diferentes foros que han tenido lugar sobre la inserción laboral (Simposio de Políticas de Lucha contra la Exclusión Social, Cáritas Española, 1997), no existe un marco legislativo de apoyo a los procesos de in­ serción sociolaborales, lo que supone una enorme carencia y dificul­ tad añadida al trabajo que realizan las Organizaciones Sociales en pro de la inclusión social. Los diferentes tipos de estructuras y empresas de inserción son a efecto jurídicos inexistentes. La existencia de un marco normativo sería importante por las si­ guientes razones. lO índice

43 D e á m b it o s o c ia l y po lít ic o

a) Supondría un reconocimiento del problema que representa para la sociedad española la exclusión social cuya dimensión y alcance justifica la intervención de las Administraciones públi­ cas destinada a erradicarla. b) Permitiría transmitir a la sociedad la idea de que la exclusión social es posible superarla si se cuenta con los recursos públicos y privados necesarios. c) Reconocer que nuestro país, a través de la práctica acumu­ lada por las Organizaciones Sociales en los últimos años, cuenta con la experiencia necesaria para desarrollar políti­ cas activas de inclusión social mediante la inserción labo­ ral. Ello permitiría dar carta de naturaleza a la metodología de trabajo, acumulada en los últimos años, de creación de itinerarios y estructuras especializadas en la inserción la­ boral. d) Mostrar que existe una nueva visión de la política social, que sabe combinar las políticas asistenciales de corto plazo con las políticas de inserción a medio y largo plazo, destinadas a la recuperación social de las personas en situaciones de ex­ clusión. Así mismo, esta nueva visión plantea a la sociedad la importancia que tiene la integración laboral como medio de inserción social. Por último, y a diferencia de las políticas asistenciales, las políticas de inserción laborales se basan en el derecho que tiene toda persona a ser apoyada en su cami­ no hacia la inserción, una vez que manifiesta su deseo de realizar el esfuerzo que se le pide. Este es el único medio de recuperar la dignidad y autosuficiencia, rompiendo así con posibles situaciones de dependencia paternalista y clientelismo respecto de las instituciones públicas y organismos socia­ les. e) Racionalizar las actuaciones de las políticas públicas de inte­ gración social y de empleo, dando la importancia que corres­ ponde a los procesos de inserción laborales, lo que supondría forzar que las políticas sociales y las de empleo converjan y de­ sarrollen acciones comunes. lO índice

44 El M

a r c o n o r m a t i v o q u e se e s t a b l e z c a d e b e r ía a b o r d a r l a s

SIGUIENTES CUESTIONES:

1. Definir la Inserción Laboral de las personas en situación de ex­ clusión como un proceso progresivo de avance a través de un Itinerario Personal de Inserción. 2. Promocionar el empleo de inserción, favoreciendo el desarrollo de dos estructuras clave: las actividades de los Talleres de Inte­ gración Sociolaboral, promovidos por Organizaciones Sociales especializadas, y la creación de empleo de inserción, mediante las actividades que desarrollan los Centros de Integración So­ ciolaboral y Empresas de Inserción. Por último, la normativa debería desarrollar el empleo de inserción en empresas privadas colaboradoras. 3. En el caso de los Talleres de Integración Sociolaboral el obje­ tivo debería ir encaminado a fortalecer las estructuras de in­ serción de Talleres, mediante programas públicos que sean capaces de integrar las cuatro áreas sobre las que se trabaja en los colectivos de exclusión: el desarrollo de habilidades socia­ les y hábitos laborales; el área educativa de formación básica; el área laboral de aprendizaje y, por último, el área de bús­ queda de empleo y acceso al mercado de trabajo. En definiti­ va se propone cambiar la dualidad de enfoques y concepcio­ nes existentes de Talleres Educativos (garantía social) y Talle­ res Laborales (Casas de Oficio y Escuelas Taller) del I.N.E.M, por un enfoque integrador de ambos, que incorpo­ re el área de recuperación social (habilidades sociales, motiva­ ción y autoestima), única garantía de que los Talleres sean pasarelas hacia el empleo. 4. En relación con la promoción del empleo de inserción el obje­ tivo del marco normativo debería ir encaminado a definir su concepto y establecer el marco de ayudas a su promoción. En un segundo plano se deberían regular, a efectos de las ayudas públicas tendentes a su promoción: — la definición y actividades de los Centros de Integración Sociolaborales y Empresas de Inserción;

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45 - el alcance y contenido de los objetivos destinados a la inser­ ción social y los correspondientes a la actividad mercantil; - las características y requisitos que se exigen a las Asociacio­ nes y Organizaciones promotoras; - la modalidad de contratos laborales con los trabajadores en procesos de inserción; - los servicios y vinculación societaria de las Organizaciones promotoras y las empresas de inserción, en el caso que sean entes jurídicos independientes; - las garantías de viabilidad de los proyectos empresariales de inserción; - el porcentaje mínimo de trabajadores en proceso de inser­ ción que deben tener los proyectos empresariales de inser­ ción. Por último, el marco normativo, de apoyo a la creación de empleo de inserción, debería regular la participación de las empresas privadas en la creación de empleo de inserción y las garantías exigióles para la realización de las actividades de apo­ yo a la inserción. 5. Marco de ayudas públicas para la promoción y actividades de las Estructuras de Inserción. Dentro del marco de apoyos y participación en programas públicos, se deberían distinguir dos grandes grupos. En primer lugar, los que se podrían cali­ ficar como apoyos de tipo indirecto, por ejemplo aquellos que permitirían a las estructuras promotoras de inserción laboral acceder a otros programas públicos, mediante fórmulas que les calificaran como Entidades Colaboradoras. Este podría ser el caso de los programas de formación del Ministerio de Educa­ ción y Cultura, en relación con la Formación Profesional de Ciclo Medio y Garantía Social, y los programas de Formación Ocupacional del I.N.E.M. En segundo término, se debería establecer el marco de ayudas directas que deberían encaminarse a un doble objeti­ vo, de un lado, apoyar la creación de empleo de inserción, mediante bonificaciones en los costes laborales no salariales lO índice

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(cuotas de la Seguridad Social) y subvenciones directas a la creación de empleo de inserción. De otro, se deberían esta­ blecer ayudas directas a las Organizaciones Sociales, promo­ toras de empresas y proyectos empresariales de inserción, para la realización de programas de formación y acompaña­ miento a procesos de inserción. Así mismo sería importante poder contar con programas de apoyo en materia de consultoría empresarial, para la realización de estudios de viabilidad empresarial; consultoría de apoyo a la gestión de proyectos y empresas de inserción; estudios encaminados a la detección de mercados y creación de sistemas de venta y comerciali­ zación, etc. 6. Como instrumento de gestión de las ayudas públicas se podría desarrollar la figura de los Convenios entre la Administración y las respectivas Organizaciones Sociales, superando así la rigi­ dez que imponen las convocatorias de programas de ayudas públicas. 7. Otras medidas de apoyo a las estructuras de inserción labora­ les: Dentro del marco de apoyos públicos a los proyectos de Centros de Inserción Laborales y Empresas de Inserción, sería importante que en la Ley de Contratos Públicos se asimilara el empleo de inserción de personas en situaciones de exclu­ sión, con las ventajas de calificación que tienen actualmente los minusválidos físicos en la contratación con las Administra­ ciones públicas, lo que permitiría desarrollar un mercado tu­ telado de servicios públicos que pueden ser desarrollados por empresas de inserción. Los avances más recientes, todos de este año 1999, en el desarro­ llo de este marco normativo hacen referencia a: 1. La presentación al MTAS del anteproyecto de ley de Inser­ ción Laboral, que no podrá ser debatida en esta legislatura, y cuyos contenidos son comentados en otra parte de esta Re­ vista. 2. La regulación por el INEM de los Talleres de Empleo, ya co­ mentado en este artículo. lO índice

3. El último elemento aportado a la regulación de este marco normativo son las medidas de Fomento de Empleo que se con­ templan en la propuesta de Ley de Acompañamiento a los Pre­ supuestos Generales del año 2000. En ella se indica que podrán acogerse a los beneficios pre­ vistos en esta norma «las empresas y las entidades sin ánimo de lucro que contraten indefinida o temporalmente trabajadores desempleados en situación de exclusión social». La situación de exclusión social se acreditará por los correspondientes servicios sociales y queda determinada por la pertenencia a alguno de los siguientes colectivos: a) «Perceptores de Rentas Mínimas de inserción, o cualquier otra prestación de igual o similar naturaleza, según la deno­ minación adoptada en cada Comunidad Autónoma. b) Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el párrafo anterior, por alguna de las si­ guientes causas: - Palta de periodo exigido de residencia o empadronamien­ to, o para la constitución de la unidad perceptora. - Fiaber agotado el período máximo de percepción legal­ mente establecido. c) Jóvenes mayores de 18 años y menores de treinta, proceden­ tes de Institución de Protección de Menores. d) Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en procesos de rehabilitación o reinserción social. e) Internos de centro penitenciarios cuya situación penitencia­ ria les permita acceder a un empleo, así como liberados con­ dicionales y ex reclusos. Con respecto a las medidas de fomento concreto establece que las empresas y las entidades sin animo de lucro que contraten indefinida o temporalmente «mediante contrataciones a tiempo completo o par­ cial» a trabajadores desempleados en situación de exclusión social, «podrán aplicar una bonificación en la cuota empresarial a la SegurilO índice

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dad Social por contingencias comunes del 65 por 100, durante el res­ to de la vigencia del contrato, con un máximo de veinticuatro me­ ses». Estas medidas, pendientes de aprobación parlamentaria, suponen un primer reconocimiento a la actividad de las organizaciones socia­ les, pero dista mucho de suponer un marco legal auténtico para el co­ rrecto desenvolvimiento de la Empresas de Inserción.

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Nuevos problemas, nuevas preguntas, nuevas respuestas Luis M.^ López-Aranguren

Fundación Tomillo

En momentos como el actual, en el que las Empresas de Inser­ ción (a partir de ahora E.I.) toman un cierto protagonismo en la lu­ cha contra la exclusión, se corre el riesgo de mitificarlas y hacer de ellas objeto de deseo inmediato por parte de los actores de lo social, concediéndoles un papel que no Ies corresponde; por todo ello resulta importante trabajar tres ideas: 1.

Las E.I. nunca son un instrumento aislado.

2.

Las E.I. se enmarcan en un nuevo modelo del trabajo social.

3.

Las E.I. responden a una determinada forma de analizar y solucionar los problemas sociales, tienen por ello una impor­ tante carga ideológica.

Analicemos con más detalle cada una de las afirmaciones ante­ riores: 1.

LAS E.I. NUNCA SON UN INSTRUMENTO AISLADO

A)

Las E.I. son un instrumento dentro del itinerario de inserción sociolaboral

Una de las claves en la lucha contra la exclusión es la asunción por parte del individuo de su proceso de inserción. Proceso que se concreta en un determinado itinerario personal. La palabra itinerario nos habla de puesta en marcha y recorrido. El recorrido se compone lO índice

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de aprendizaje de habilidades sociales, recuperación de autoestima y actitudes positivas, aprendizaje de habilidades prelaborales y labora­ les, formación básica y formación para el empleo. Cada itinerario es único en el sentido de que se ajusta a la historia personal y las características de cada individuo, de sus ritmos y expec­ tativas. Un buen trabajo social se caracteriza por el acompañamiento en ese recorrido y por ser capaz de ofertar en cada momento los instru­ mentos necesarios para llevar a cabo con eficacia el itinerario perso­ nal. Las instituciones, pues, diseñarán modelos de inserción que orga­ nicen de manera eficaz la acogida, la orientación y acompañamiento (tutoría personal), los talleres formativos, la E.I., la inserción laboral por cuenta ajena, en definitiva, todo el proceso de inserción sociolaboral. Podemos deducir de todo ello que las E.I. son un instrumento dentro del modelo de inserción y que se sitúan en los últimos tramos del itinerario de inserción sociolaboral. Hay un trabajo previo a la contratación en la E.I. y una etapa posterior a la misma que posibili­ tará el tránsito a otra empresa mercantil al uso.

B)

Las E.I. dependen de una entidad promotora

Se constata entonces que las E.I. no son un instrumento aislado sino un elemento articulado con otros, propio del modelo de inser­ ción. Existe otra razón por la que las E.I. no tienen sentido alguno aisladas y es su dependencia natural de la entidad promotora, habi­ tualmente una Organización No Lucrativa (O.N.L.). La entidad pro­ motora crea la empresa, la hace viable y la integra en su modelo de inserción. Gracias a la entidad promotora la E.I. se convierte en una estructura permanente de inserción.

2.

LAS E.I. SE ENMARCAN EN UN NUEVO MODELO DEL TRABAJO SOCIAL

Las extraordinarias transformaciones tecnológicas y científicas, la llamada revolución tecnológica, están transformando el contexto eco-

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51 nómico, social y cultural. La estructura social experimenta cambios acelerados y profundos, ligados a los procesos de producción, que dan como resultado una nueva estratificación social y territorial. En Europa van consolidándose zonas de integración y grandes zonas de vulnerabilidad, no sólo a nivel social sino también a nivel territorial.

Concluimos entonces que nos situamos en un contexto social nuevo con nuevas claves para su interpretación y que está suponiendo la conso­ lidación de la fractura social y territorial. La no comprensión de estos nuevos procesos productivos y sociales está originando un nuevo «analfabetismo funcional» que lleva a grandes capas de la población hacia el riesgo de exclusión. Otra de las características de este nuevo contexto social es la com plejidad de los nuevos fenóm enos sociales. El trabajo social ha de dar respuesta a estos nuevos y complejos problemas sociales. «Persisten viejas necesidades y aparecen otras nue­ vas que en gran medida son cuantificables. Fenómenos como la complejización de los ciclos familiares, el envejecimiento demográfico, la incorporación de la mujer al trabajo, la inmigración de extranjeros, ¡a crisis estructural del empleo, la crisis del modelo educativo, etc., son fe­ nómenos que se suceden con rapidez y que implican la necesidad de crear y reconvertir actuaciones asistenciales. Pero también nuevos valo­ res sociales y formas de vida que se derivan de esos fenómenos precisan de nuevas formas de uso y de gestión.» (ALGUACtL, 1996, 74-75.) En este artículo defendemos, en consecuencia, la necesidad de «repensar lo social»; de replantearnos en profundidad los cambios pro­ ducidos y la eficacia de! actual trabajo social; de indagar en los nuevos valores sociales alternativos que van surgiendo y las nuevas bases so­ bre las que se ha de asentar el nuevo trabajo social; de distinguir entre las nuevas propuestas que se van produciendo, aquellas que aportan soluciones a los problemas sociales de aquellas que no lo hacen. En ocasiones resulta muy difícil esta distinción en estos momentos de cambio y de cierta confusión Y todo ello nos sirve para contextualizar temporal y teóricamente las E.I., pues ellas son uno de los pocos nuevos instrumentos de la nueva concepción del trabajo social que poco a poco se va imponiendo según el modelo que estudiaremos a continuación. Un nuevo modelo que basa la lucha contra la exclusión, no sólo en la mera supervivencia ni la ansiada inserción laboral, sino en el más completo objetivo de la recuperación de la ciudadanía. lO índice

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Está en cuestión el modelo clásico de intervención social, la con­ cepción del trabajo social en Europa. Fiel a su historia, el modelo europeo de Estado de Bienestar garantizará la cobertura de las necesi­ dades de los ciudadanos en la futura sociedad y no abandonará la lu­ cha por la «plena ocupación», aunque para ello deba tener la audacia de buscar soluciones del tipo de «compartir empleo», aflorar los nue­ vos yacimientos de empleo, etc. (1). Numerosos autores consideran condición para la supervivencia de la sociedad europea evitar la frac­ tura social que se va imponiendo en los últimos años, confinando la exclusión a un reducto social estadísticamente pequeño y socialmente abordable. En el informe del Comité de Sabios presidido por María de Lourdes Pintasilgo (2), se puede leer: «Si Europa rechaza simultá­ neamente el agravamiento de las desigualdades y de la marginación social, y la generalización de las políticas de asistencia pasiva destina­ das a las personas en situación de exclusión, deberá hacer un esfuer­ zo considerable de innovación, de organización y de movilización para construir un sistema de desarrollo donde todo el mundo tenga su lugar, será necesario desarrollar una concepción activa de la ciu­ dadanía donde cada cual acepte tener obligaciones hacia los demás. Hará falta renovar profundamente asimismo nuestras políticas públi­ cas, que deben prevenir tanto como curar, e incitar al esfuerzo más que asistir». Los modelos de intervención social existentes van quedando ob­ soletos (R o s a n v a l l o n , 1995), manifestándose claramente ineficaces e insatisfactorios. En España también se percibe esta obsolescencia de los modelos de intervención social. L a p a r r a y A g u i l a r , entre otros, señalan que la situación es tal que aún está sin definir y precisar el ob­ jeto de los servicios sociales personales. La fragmentación propia de la intervención social impide enfrentarse con mínima eficacia a la exclu­ sión. Como hemos visto, ésta exige un tratamiento integral, lo que no es posible en la propia lógica de los servicios sociales que gestio­ nan los problemas de forma compartimentada (L a p a r r a y A g u i l a r , 1997, 91-93). (1) Ideas que van aflorando en la Unión y expresadas tanto en la cumbre de Amsterdan como en la monográfica sobre el empleo de Luxemburgo, (noviembre 1997). (2) «Por una europea de los Derechos Cívicos y Sociales» (marzo 1996).

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53 «Paralelamente, en el campo social, también se reconocía que la organización, los dispositivos y las metodologías utilizadas eran cada vez menos aptos para dar salidas a la vulnerabilidad y precariedad. (...). Se ponían así las condiciones de posibilitar el surgimiento de centenares de iniciativas que iban a plantearse otras vías de inserción. Una distinta organización del trabajo, una idea comunitaria con la búsqueda de mejor calidad de vida, formas de participación que po­ dían llegar a la autogestión, un trabajo socialmente útil, una interven­ ción que cubriese las necesidades de proximidad, el cuidado del en­ torno, el reciclaje, etc., fueron algunas de las motivaciones de esta nueva, a veces alternativa, forma de intervención social y económica» (Estivill , 1997 b, 36-37). Aunque todavía no se ha logrado definir este nuevo modelo, poco a poco se van logrando fijar principios fundamentales. En su construcción se apuntan caminos innovadores como el señalado por las Rentas Mínimas, las Empresas de Inserción y otros (C.A.M. Equi­ po IMI, 1991 b). Estas propuestas innovadoras van confirmando vías ineludibles del moderno trabajo social como son la co n certa ció n en tre operadores diversos (in terdisciplin ariedad), la coord in a ción y arm on iz a­ ción d e los recursos, las solu cion es integrales a n te los p rob lem a s com plejos y la p a rticip a ció n responsable d e los p rop ios im plicados. El momento actual se presenta especialmente confuso en cuanto al modelo de intervención social, pues coexisten tres modelos dife­ rentes. Dos de ellos ya obsoletos y un tercero que empieza a estable­ cerse y desarrollarse y alrededor del cual se establecen importantes debates. Estamos, pues, en un momento de cambio que produce desconcierto. Coincidimos con el análisis de Serrano Pascual que identifica un primer modelo que mantiene cierta presencia y fue dominante a fines del siglo XIX, hablamos del m odelo jerd rq u ico-n orm a liz a d or, en el que domina una visión del individuo responsable de su situación ca­ rente (pereza, falta de voluntad, handicaps psicológicos). Se propo­ ne un modelo de intervención paternalista-punitivo, que procure la reeducación del sujeto. Responde a una lógica moral-caritativa. Las asociaciones caritativas son los principales actores de este modelo. A lo largo de casi todo el siglo XX ha prevalecido el m od elo u n iversa lista -d icotóm ico, que se basa en la intervención del Estado So­ lO índice

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cial, que mediante la mediación de sus servicios públicos propone medidas universales, idénticas para todos y fuertemente centraliza­ das. Desarrolla los sistemas públicos de seguridad, asistencia y pro­ moción del bienestar. Reconoce, gracias al llamado contrato social, los derechos sociales articulados fundamentalmente alrededor del empleo. El tercer modelo, sincrético-transversaly se basa en una noción contractual que supone la responsabilización del individuo, su parti­ cipación personal en contrapartida al apoyo social recibido (3). Los derechos universales son paulatinamente sustituidos por los derechos individualizados y con motivo de ello observamos que se produce la clasificación histórica de los pobres entre falsos y verdaderos, buenos y malos o responsables e irresponsables (4). La in terven ció n so cia l se

escen ifica en e l m arco lo ca l y su pon e la ord en a ción e in terrela ción d e m últiples recursos d e todo tipo. H ablam os d e una in terven ció n g lo b a l m u ltid im en sio n a l e integral. Los actores son variados y se im p on e la ló­ g ica d e la com plem entariedady e l p a rten a ria d o en tre A dm inistraciones y asociacionesy empresasy etc. (SERRANO, 1998). Se reconocen como vías ineludibles del trabajo social, la aper­ tura de las instituciones hacia la sociedad (salir de los muros de la institución y dirigirse hacia los lugares de vida) y el desarrollo de un trabajo concertado entre los diferentes operadores. Pero tam­ bién hay que tener en cuenta los riesgos que van surgiendo en las nuevas formas: la tendencia de las organizaciones a tecnificar su actuación separándolas de su trato cercano tradicional y la confu­ sión del papel de cada técnico en los equipos multidisciplinares (L a r i v i é r e , 1998, 71). Las E.I. se enmarcan en este tercer modelo emergente que, de forma incompleta aún, se va imponiendo en el tratamiento de la exclusión. Es lógico pensar que la entidad prom otora tiene tam­ bién que participar de las características básicas de este nuevo mo­ delo.

(3) En la actualidad, esta condición de participación y el «contrato moral» que supo­ ne es motivo de intensa polémica. (4) El modelo actual los derechos ciudadanos universales, expresados por el término ciudadania, se van constituyendo en núcleo del mismo modelo.

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55 3.

LAS E.I. RESPONDEN A UNA DETERMINADA FORMA DE ANALIZAR Y SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS SOCIALES, TIENEN POR ELLO UNA IMPORTANTE CARGA IDEOLÓGICA

A)

Cambio en el sistema de valores

Los nuevos planteamientos del trabajo social forman parte de una discusión general sobre un nuevo modelo de sociedad y una nueva je­ rarquía de valores. Hablamos, pues, de valores que apuntan a refor­ mular las relaciones sociales y las formas de participación ciudadana y, por ello, a un nuevo tratamiento de la cuestión social; otros autores piensan que, además de lo dicho, el problema reside en que las con­ cepciones económicas y políticas que han triunfado en los últimos veinte años han producido efectos nefastos, entre ellos arrinconar los valores sobre los que se asentaron las sociedades del bienestar y, por ende, provocar la ruptura del modelo social europeo (PetrelíA, 1 9 9 7 ). Los valores vigentes en la actual sociedad posmoderna se ba­ san en la aceptación social resignada e inevitable (pensamiento único) de las tendencias que se iban apuntando a lo largo de todo este siglo: aparición de una esfera económica autónoma y sumisión de la socie­ dad a las leyes del mercado; destrucción de anteriores formas y valo­ res de vida comunitaria; creencia en el progreso como objetivo social último, entendido como crecimiento y acumulación económica ili­ mitada; preeminencia del individualismo moderno por encima de la sociedad (RODRÍGUEZ-VICTORIANO, 1 9 9 8 , 4 ). Más en concreto, el mito de la eficiencia se ha utilizado para condenar el afán de lograr la igualdad, con la disculpa de que este afán se convertía en un freno al progreso económico. No se ve frenada la eficiencia económica de un país por el «lastre» de sus políticas en pro de la igualdad, es este plan­ teamiento ideológicamente interesado. Incluso parece razonable afir­ mar, como así lo hacen numerosos autores, que para que se produzca la eficiencia y el progreso es inevitable tomar las medidas oportunas a favor de la igualdad (TORRES, 1 9 9 5 , 1 2 0 -1 2 2 ). Un nuevo tratamiento de lo social deberá asentarse en una rede­ finición de los valores sociales. Es imprescindible un cambio de valores y de mentalidad que aprecie el sentido y la calidad de vida plenamen­ te humana (García N ieto , 1993). Somos conscientes que son cam­ lO índice

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bios que se apuntan en el deseo de que se produzcan y que la acepta­ ción social de estos valores está aún lejos de producirse. Para que se dé el cambio se necesita «una considerable suma de transformaciones tanto en las mentalidades como en la organización social» (R o c h e r , 1978, 635). Como dice J u á r e z , se necesita una voluntad decidida de re­ construir un mundo humano y social distinto. Esto sólo podrá lo­ grarse a base de profundas transformaciones en las actividades y en la conciencia de la población o de una parte significativa de la mis­ ma. Por tanto se deberá optar por la solidaridad, la justicia social y, en resumen, por el bienestar común como valores sociales. El mismo autor manifiesta que el cambio de valores se está produciendo deci­ didamente en los países desarrollados y, entre ellos, en España. «Su­ puesto, pues, que los valores del bienestar social están en cierto modo garantizados, y supuesto además que las preocupaciones de los individuos y grupos sociales mayoritarios no son tanto la super­ vivencia económica cuanto la autorrealización y satisfacción perso­ nal y social, la sociedad actual no se preocupa tanto por los valores de la supervivencia cuanto por los valores de la calidad de vida, el medio ambiente, la cultura, el ocio, la autoestima, el arte y la belle­ za» ( J u á r e z , 1996, 93-94). Otro de los valores fundamentales apa­ rece al considerar que persona y fuerza de trabajo no pueden iden­ tificarse, el hombre no puede convertirse «en un recurso, en recurso humano, en la misma medida que los recursos naturales, energéti­ cos, tecnológicos y financieros. En tanto que recurso, ya no es más que coste a reducir (...). Es también oportunidad de beneficios, tan­ to cuando se le emplea como cuando se le aparta» (P e t r e l l a , 1997). Surge necesariamente «...u n nuevo humanismo, y no un nuevo individualismo, el que late en el pulso de las instituciones de­ mocráticas: un nuevo humanismo que prolonga, no la tradición indi­ vidualista moderna, sino también la moderna tradición del sujeto autónomo en el que se articulan de modo inseparable subjetividad e intersubjetividad, autonomía y solidaridad. Desde esa noción de su­ jeto, la exigencia de libertad o es universal o no es moral, la aspira­ ción a una sociedad sin dominación es irrenunciable, la solidaridad es el humus desde el que un individuo deviene persona, y sólo si al­ canza a todo hombre puede reconocerse como auténtica solidari­ dad» ( C o r t i n a y C o n i l l , 1997). lO índice

57 Parece imprescindible, como ya se va apuntando por numerosos pensadores, sustituir el consumismo por el bienestar como valor fun­ damental. Hablamos de bienesta r en el sentido más amplio y ligado a la persona. Esto permitirá ir paulatinamente enriqueciendo el con­ cepto de empleo y su profundo significado social con el de ocu pa ción socia lm en te ú til y se producirán fórmulas nuevas como la del trabajo compartido, la reducción de jornada y otras. La n ueva con cep ció n d e la d em ocracia implica profundizar en ella, aproximarla al ciudadano facilitando la participación, la comunica­ ción, la decisión y el crecimiento de nuevos foros y organizaciones más cercanos al ciudadano. El concepto de solid a rid a d (5) se amplía y desborda el marco de las clases sociales. Es la solidaridad un valor bá­ sico de cualquier sociedad. Nos integramos socialmente a través de la solidaridad, aceptando los derechos y deberes colectivos y recíprocos (Servain y D u c hem in , 1986). La sociedad empieza a aceptar de nue­ vo el valor de la solidaridad, encarnado en la situación actual: «aparece una enorme energía social que trata, por primera vez desde hace casi dos decenios de triunfo neoliberal, de reivindicar bienestar e identidad no sólo para grupos más o menos asentados dentro de la sociedad, sino fundamentalmente para grupos que son los más necesitados y los más débiles y frágiles» (ALONSO, 1998). En nuestros días, una de las expresiones más válidas de este sentimiento es el voluntariado.

La equidad enriquece al concepto de justicia. «Nosotros estamos, igualmente, obligados a una redefinición del conjunto de los valores y de los métodos del progreso social. Redefinición de los valores, en pri­ mer lugar. El progreso social ha sido identificado, largo tiempo, de manera simplista con la reducción de las desigualdades económicas. La igualdad es, ciertamente, siempre un valor cardinal, pero ella se ha enriquecido y complejizado (...). Es necesario adoptar una visión más exigente sobre la igualdad, que contemple otros Factores de diferen(5) La solidaridad implica el reparto orgánico de la riqueza de un país con la inten­ ción de crear riqueza común en materia de infraestructuras, de bienes y de servicios con­ siderados necesarios e indispensables para el buen funcionamiento y el buen desarrollo de la solidaridad. Esta solidaridad se enraíza en una visión «mutualista» del porvenir individual y colec­ tivo. La solidaridad mutualista se distingue de la solidaridad altruista, en la cual la acción solidaria es el don, sin que se espere un retorno por parte del (de los) beneficiario (s) de la acción solidaria. Esta forma de solidaridad se funda en la norma de gratuidad: actúo a favor de, o por los demás, sin pedir o querer una contrapartida» (Petrella, 1996, 30-31).

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dación entre los hombres y las mujeres: los datos generacionales, los handicaps de la naturaleza, las trayectorias personales. Este tránsito a una forma completa de igualdad se acompaña de un enfoque amplio de la equidad» (ROSANVALLON, 1995, 221-222) (6). Como propuesta de futuro, el in d ivid u o como referencia, objeto y centro del quehacer político y social. El individuo aspira a ser ciu dad an o (ESTEFANÍA, 1997). Algunos autores piensan que el término «derechos d e l d u d a d a no» expresa mejor las aspiraciones actuales que el de «derechos huma­ nos». El concepto de ciudadanía comprende una serie de derechos y de deberes. Si la plena ciudadanía no se plantea como objetivo a conse­ guir y no se logra la participación activa en la sociedad, corremos el riesgo en España de entenderla, como oficialmente se entendió en Gran Bretaña en la época Thatcher, casi exclusivamente como conjun­ to de derechos y deberes legales y políticos, relegando la dimensión de bienestar social y económico (CAM. Equipo IMI, 1991b). En suma, estamos hablando del derecho a disfrutar y a vivir la ciudadanía basada en un nuevo contrato social mundial en el que se vuelvan a conjugar valores como la igualdad, libertad y fraternidad (P e t r e l l a , 1997). Un primer paso a dar en este largo camino que nos conduzca a una nueva moral social es el de empezar a poner un «correctivo im­ portante de so lid a rid a d social» al modelo de desarrollo económico im­ perante, centrado sólo en el mercado, reforzando los límites ecoló­ gicos y sociales y evitando los elementos de dualización social que produce. Tarea a emprender desde los poderes públicos y la iniciativa social (E q u i p o P r o m o c i o n s , 1996). Todo ello llevará inevitable­ mente a la reformulación de un nuevo con trato so cia l (7). (6) La traducción es mía. (7) El contrato social o pacto social, también llamado pacto Keynesiano, no es un pacto explícito, pero no por ello deja de ser un pacto real. Se fue estableciendo en los años 30 y 40 de este siglo y consistió en el compromiso por parte de los trabajadores de respe­ tar el beneficio y la inviolabilidad de las prerrogativas empresariales a cambio de la liber­ tad para dirigir los conflictos distributivos sin estorbos en el marco del llamado Estado de Bienestar. «El consenso democrático, la desradicación del movimiento obrero y un cierto reparto indirecto entre los sectores intermedios de renta supusieron un modelo de socie­ dad del bienestar, donde el pacto Keynesiano representó la aceptación por parte de la ma­ yoría de las ciudadanías occidentales, y especialmente europeas, de la racionalidad básica del sistema de producción — el beneficio— , si se compensaba con la socialización de los posibles costes sociales por parte de las esferas públicas» (ALONSO, 1998, 104). «...se han puesto en marcha tres estrategias: la reglamentación de la economía de mercado para mantener el empleo a un nivel alto y estable, la oferta por los poderes públicos de una vas-

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39 B)

Nuevas bases del trabajo social

«No deja lugar a dudas que el paso de la sociedad mundial com­ petitiva a la sociedad mundial fundada sobre la solidaridad y la coo­ peración no se hará fácilmente ni en el plazo de diez o quince años. Nuestras sociedades han emprendido una obra de nueva ingeniería social que las llevará a dar lo mejor de sí mismas en el curso de los próximos treinta o cuarenta años» (P e t r e l l a , 1997, 18). De acuerdo con estos rescatados valores sociales van asentándose las bases o principios del nuevo trabajo social. Hemos intentado ordenar las propuestas que aparecen con ma­ yor peso entre las efectuadas por diferentes autores. Es importante señalar que la coincidencia entre los mismos resulta significativa, aunque hay que reconocer también que, en algunos puntos, los pen­ sadores de lo social se encuentran inmersos en profundas e intere­ santísimas controversias. El orden en el que las planteo no significa preeminencia: • Unión indisoluble entre lo económ ico y lo social. La economía

al servicio de la sociedad Hemos contemplado en los últimos años cómo el respeto por el equilibrio ecológico va condicionando el desarrollo económico. En poco tiempo hemos pasado de la explotación abusiva de los recursos al posterior «quien contamine, pague», y luego al «quien contamine va a la cárcel», de tal forma que cualquier obra de importancia va acompañada de su preceptivo estudio de impacto ambiental. ¿No de­ berían imponerse unos límites similares cuando el daño se produce a las personas? ¿Es el hombre un mero recurso en el proceso producti­ vo? La propuesta actual es que la política social no debe ser un palia­ tivo por los daños causados por el desarrollo económico. La política económica debe ir en armonía con la política social. El desarrollo económico no puede producir daño social. ta gama de servicios sociales universaies y la protección social financiada por las cotizacio­ nes sociales y la fiscalidad» (R ea, 1998, 46). Este pacto hizo soportable el desarrollo de la industrialización y pacificó Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial, permanece vivo durante los llamados «30 años gloriosos» y a raíz de las crisis económicas de 1975, 1978 y 1992 se rompe a favor dei capital.

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«La nueva política social, en vez de compensar los efectos de la lógica económica, debe concebirse como condición indispensable del desarrollo económico» (TOURAINE, 1997). Este planteamiento se va abriendo paso, poco a poco, en los últi­ mos años. De hecho, comienza a aparecer tímidamente en el cuerpo doctrinal de los documentos de la Unión Europea a raíz de la reac­ ción social al Tratado de Maastrich. El núcleo de este principio radica en aceptar que el desarrollo sostenible y duradero de un país depende cada vez más de factores sociales, políticos y culturales. Resulta im­ prescindible superar cualquier tendencia a la sociedad dual evitando la temida fractura social. El Libro Verde sobre la Pública Social Europea así lo confirma como elemento fundamental: «La Comunidad está plenamente com­ prometida en garantizar que el progreso económico y el progreso so­ cial discurran de forma paralela. Ciertamente, una gran parte de la influencia y del poder de Europa reside precisamente en su capacidad para combinar la creación de riqueza con mayores prestaciones y li­ bertades para sus ciudadanos» (Comisión de las Comunidades Euro­ peas, 1993 b, 7). Por otra parte algunos autores van considerando la lucha contra los desequilibrios sociales, el desarrollo armónico, como exigencia de la eficiencia económica del sistema: «Así pues, la pobreza habría de­ jado de ser una cuestión marginal, sólo debida a las imperfecciones del mercado, para convertirse en una cuestión central del modelo de crecimiento económico. El capitalismo y la economía de mercado, tal como vienen funcionando, distribuyen los excedentes de forma desigual entre los grupos sociales y los territorios. Con este contexto, la creación de nuevos puestos de trabajo con futuro, el aumento de la ocupación y, por tanto, la erradicación de la pobreza, constituyen en la actualidad una cuestión que no sólo tiene que ver con los principios éticos de la sociedad, sino también es una exigencia de la propia eficiencia económica. La economía y la sociedad actual demandan mecanismos de acumulación y de re­ gulación más flexibles, que permitan integrar los objetivos de eficiencia y equidad para lograr un crecimiento con competitividad y empleo, y en todo caso, menos desigual» (COTORRUELO M enta , 1996).

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El nuevo modelo de Estado de Bienestar que resulte en la Unión Europea, debe seguir garantizando la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y la igualdad de oportunidades entre los mismos. «La igualdad de oportunidades no consiste sólo en compensar al principio las desigualdades naturales o las disparidades de fortuna: as­ pira a volver a dar permanentemente los medios para encarrilar la existencia; su objetivo es dar a los individuos los medios para hacer frente a todos los riesgos que sean los clásicos de seguridad» (8) (RoSANVALLON, 1995, 219). Son cada vez más numerosos los autores que, pasados los duros períodos de crisis económica, plantean al futuro Estado de Bienestar europeo nuevos servicios y compromisos sociales a favor de sus ciu­ dadanos, añadidos a los clásicos. «Actualmente, y con independencia de los derechos y prestaciones universales que los Estados garantizan en la mayor parte de los países europeos, sanidad, educación, pensio­ nes, se debate acerca de los nuevos derechos que engrosarán la socie­ dad del bienestar del futuro (...) En primer lugar, el derecho y las prestaciones públicas correspondientes que hagan posible la oportu­ nidad de un empleo digno; en segundo lugar, el derecho que asiste a las personas que viven en situaciones de riesgo social de superar di­ chas situaciones, y, por último, los derechos de atención que tienen las personas dependientes del cuidado de terceros, debido a enferme­ dades, edad u otras situaciones, cuyos cuidados van más allá de los puramente sanitarios» (L ó PEZ-A r a n CUREN, G., 1998). • Derechos sociales de los ciudadanos. Ciudadanía

y nuevo contrato social Se entiende por ciudadanía social al conjunto de derechos y de­ beres referentes al bienestar del ciudadano en sentido amplio: salud, protección, calidad de vida, trabajo y educación. El concepto de ciu­ dadanía fue elaborado y explicado ya en 1949 por M a r s h a e l y con­ templa los tres componentes: el componente político, que habla del derecho del ciudadano a participar en el poder; el componente civil, que abarca los derechos necesarios para la libertad individual (dere­ cho a la justicia, libertad de expresión, de pensamiento, de creencia, (8)

Ea traducción es mía.

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de propiedad...), y el componente social, que se refiere al derecho al bienestar económico, al empleo digno y a la seguridad (M arshall, 1950).

El contrato social europeo de posguerra hizo posible los derechos ciudadanos. En la actualidad, son numerosos los autores que plan­ tean la necesidad de un nuevo pacto social que abrigue unos nuevos derechos ciudadanos, un nuevo concepto de ciudadanía. Hay dos ra­ zones que justifican esta necesidad: la ruptura del pacto social y la consiguiente crisis de la ciudadanía social (ALONSO, 1998, 121) y el profundo cambio económico, social y cultural que, como veíamos anteriormente, se ha producido en el mundo. En el nuevo pacto social que se propone a nivel europeo deberían darse los componentes del empleo y la seguridad, la renovada idea de democracia y participación ciudadana y el derecho a la inserción para las personas en exclusión. El logro de este nuevo pacto social de­ penderá en gran manera de la creación de sistemas de regulación eco­ nómica de ámbito europeo y de la eficacia y poder de los sistemas fis­ cales europeos y del papel político del Banco Central Europeo (L ópeZ-A ranguren , G., 1998). También de la capacidad de estable­ cer redes de solidaridad y de bienestar (ALONSO, 1998). Debido a la creciente globalización, la propuesta de una ciudada­ nía universal se va imponiendo. «Tras la globalización económica por la vía de los mercados, la internacionalización por la vía tecnológica, la interdependencia por la vía ecológica y la homogeneización por la vía social, está por nacer la mundialización por la vía de la construc­ ción de un nuevo vínculo social (GARCÍA RoCA, 1998, 84). Crear la comunidad universal en donde se respeten valores y derechos huma­ nos universales (9). Para conseguirlo será necesario fortalecer las ins­ tituciones políticas (ONU) que garanticen los derechos ciudadanos a la libertad y la participación y las instituciones económicas que per­ mitan las políticas sociales así como la redistribución vía fiscalidad. La inseparable consolidación de las redes internacionales de solidari­ dad y cooperación son un signo positivo en esta dirección.

(9) Como proponen la Comisión del Global Gouvernance de la ONU, el Grupo de Lisboa Y el Llamamiento europeo a una ciudadanía y una economía plural, entre muchos otros.

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63 Al profundizar en el nuevo concepto de ciudadanía nos encontra­ mos con la interpretación contradictoria que entre algunos autores existe sobre la idea de derecho y deber: «Hablar de derechos de ciudadanía como clave en la definición de las prestaciones favorece la revisión de las formas, no sólo de desa­ rrollo de la política social, sino de la organización social y económica» (A y a l a , 1997, 25). Este es uno de los puntos que se está debatiendo con más intensi­ dad, posiblemente porque constituye parte del núcleo central de la nueva filosofía social. La aplicación de las rentas mínimas en varios países europeos y la propuesta del workfare en Estados Unidos, funda­ mentalmente, han propiciado el cambio de mentalidad sobre la natu­ raleza de los derechos sociales íntimamente ligados a la naturaleza del sujeto-objeto de la acción social. Si consideramos a este sujeto como ciudadano y no como mero «asistido», llegamos a la conclusión de que cada sujeto posee el derecho al apoyo social para la recuperación de la ciudadanía y posee también la obligación de esforzarse en ello. Habla­ mos de un nuevo contrato moral entre el individuo y la sociedad, con­ sistente en el derecho del individuo al soporte social y el compromiso del mismo de hacer todo lo posible por superar su situación de preca­ riedad-exclusión. En este tema existen multitud de matices; uno de ellos: aclarar que hablamos de un contrato moral, no legal; aceptar que por parte de los trabajadores de lo social y de la sociedad como tal debe adoptarse una postura más de convencimiento que de imposi­ ción cerrada (10). La cuestión planteada es si el derecho a la asistencia social está condicionado al compromiso del sujeto, al cumplimiento de sus deberes. Como reconoce el «Llamamiento europeo a una ciudadanía y una economía plurales» (11), es necesario oponerse a toda desviación autoritaria y estigmatizadora de las rentas mínimas de solidaridad, aunque entre los firmantes algunos son reticentes a la idea de que pue­ da distribuirse una renta sin contrapartida de trabajo mientras otros

(10) Autores como Fierre R()SANVy\LL( )N, .AJan C aillÉ, Jean L. LavíLI.E, Roberr ( .ASTEL, Jean Luc GreáN, Denis Oí IVENNES, Karl O li o FlONDRlCH, se hallan inmersos en un profundo debate sobre nuevos derechos y obligaciones sociales y también sobre otros principios sociales en general. ( i f ) Firmado por numerosos pensadores y actores de lo social franceses, ingleses, ita­ lianos y de otras nacionalidades.

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estiman, por el contrario, que una nueva ciudadanía debe basarse en la concesión de una renta mínima sin condiciones (12). En definitiva, el nuevo modelo de trabajo social contra la exclu­ sión reconoce el derecho de cada ciudadano al apoyo social. La con­ sideración del sujeto como ciudadano supone la asunción por su par­ te de una serie de obligaciones. Este extremo tiene también su impor­ tancia pedagógica. Pero conviene matizar la naturaleza de este derecho y estas obligaciones, sobre todo cuando un elemento tan de­ cisivo como el trabajo resulta escaso y en muchos casos inaccesible para muchas de estas personas. En estas circunstancias y en general, el derecho prima sobre la obligación, incluso cuando se manifiesta ex­ presamente la decisión de no asumir obligaciones por parte del bene­ ficiario. En estos casos, habrá que recurrir más al convencimiento que a la imposición ( D e b a t s , 57-92). Hay autores que piensan que en el movimiento pendular del tra­ tamiento histórico de la pobreza, estamos en una etapa histórica que tiende a considerar al pobre como único responsable de su situación. «... la dirección de la política social se va orientando hacia la incentivación y la recuperación de las responsabilidades individuales, hur­ tando al conjunto social sus propias responsabilidades sobre trayecto­ rias de empobrecimiento y de inserción; es como si todo el esfuerzo para salir de la pobreza lo tuviera que hacer el individuo y la sociedad nunca se preguntara: ¿por qué estamos fabricando tantos pobres?» (T o u r a i n e , 1994, 37). «... no son los excluidos los que dan muestra de mala voluntad, sino la falta de capacidad de nuestra sociedad para compartir el empleo, los recursos y los estatus» (A z n a r y otros, 1997, 20).

• Nueva concepción del trabajo El concepto del trabajo ha variado a lo largo de los siglos. En éste último, el trabajo asalariado es un elemento esencial para la inserción social y para lograr la plenitud individual. Por medio del trabajo lo(12) Sobre las condiciones para disfrutar los derechos según los tres tipos de Estado de Bienestar y la clasificación de los países según el grado de «desmercantilización» en las pensiones, en los subsidios de enfermedad y en el seguro de desempleo (E s p in g - A n d e r SEN, 1990, 73-82).

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65 gramos nuestra subsistencia y la de nuestra familia, alcanzamos un es­ tatus social y establecemos relaciones sociales. Sólo percibiendo un salario fundamos un hogar, estamos protegidos de accidentes y enfer­ medades y percibimos la jubilación. En consecuencia, el trabajo su­ pone una herramienta fundamental en la inserción social y, por tanto, en la lucha contra la exclusión. Ante la persistencia del desempleo, el subempleo y la imposibili­ dad del pleno empleo, Ca íLLÉ y L avíLLE proponen un obligado cam­ bio radical del sentido del trabajo. Ya no puede ser un elemento esen­ cial para la inserción social, ni para la subsistencia, ni el medio inevi­ table para lograr el bienestar. En consecuencia, cambia su valor para el trabajo social. Otros analistas matizan esta afirmación incidiendo en el momento cambiante en el que se producen concepciones ideo­ lógicas diferentes y simultáneas sobre el trabajo, incluso en el mismo individuo. Esto explica que el trabajo siga siendo ámbito fundamen­ tal para vivir la ciudadanía y que en paralelo se articulen respuestas alternativas en las que el trabajo abandone su papel fundamental (C respo, 1998). Otros autores, como Castee, se resisten a aceptar la imposibili­ dad de la vuelta al pleno empleo y vaticinan la recuperación del em­ pleo en cuanto afloren las nuevas ocupaciones que sustituirán a las antiguas en vías de desaparición, debido a la irrupción de los nuevos métodos de producción. Estamos en un momento de crisis, de cam­ bio, pero se producirá, se está produciendo una sustitución de ocupa­ ciones (C astee, 1996). En el actual momento histórico, caracterizado por el profundo cambio propiciado por la revolución tecnológica, existen diferentes lí­ neas doctrinales del pensam iento económ ico sobre el futuro del trabajo. Una primera contempla que es imposible la vuelta al pleno empleo; la posición neoclásica, por su parte, vaticina que el propio sistema re­ ajustará el efecto del cambio tecnológico (elemento exógeno al siste­ ma) y que, después de períodos de ajuste, el resultado será de creci­ miento en empleo y en bienestar; la teoría shumpeteriana incide en los inevitables desajustes, y la contextualista socio técnica pone de ma­ nifiesto la importancia decisiva de las instituciones y de los acuerdos entre los actores vigentes en cada sociedad en los efectos sobre el em­ pleo que el cambio tecnológico pueda producir (ALONSO, 1998, 146­ 147). El mismo autor defiende que la economía global nos lleva más lO índice

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a una sociedad de empleo turbulento que a una del fin del trabajo, en­ tendida la turbulencia como riesgo en el empleo e inestabilidad en la protección social. Hay algo, sin embargo, en lo que coinciden los expertos, y es en la imposibilidad de volver a situaciones laborales pasadas. El trabajo que surja, aunque alcance a todos los ciudadanos en edad de trabajar, no será como el de antes. La diferencia fundamental radica en que di­ fícilmente será a tiempo completo y para toda la vida. Por todo ello, no hay razón para no seguir tomando medidas po­ líticas favorecedoras del empleo y no existe justificación para abando­ nar la inserción por medio del empleo. En la actualidad se plantean remedios tales como la reducción del horario laboral, el empleo compartido, los empleos de sustitución, los nuevos yacimientos de empleo, la reforma laboral y otros, aunque no sea seguro su resultado. El inmovilismo es la peor situación cuando ya se ha demostrado que con medidas que afectan sólo al mercado de trabajo no se cambia la tendencia actual (ESTEFANÍA, 1997, 207). También resulta importante seguir considerando el trabajo como he­ rramienta valiosa para la inserción y promocionar programas y mode­ los que lo favorezcan. Valga señalar que la «fractura social» se reduce al potenciar desde las políticas sociales un «turn over» en el mercado de trabajo. De todas formas, «Es necesario ir más allá del empleo clá­ sico como único referente. No es posible mantener una actitud fata­ lista y resignada en las políticas de empleo, esperando una reactiva­ ción económica que conduzca a la senda del crecimiento cuantitativo y a la generalización de la sociedad salarial para todos» (Equipo Promocions, 1996, 31). Si resulta cierta la expresión de Guy A z n a r de que no habrá tra­ bajo pleno para todos, a tiempo completo y durante toda la vida, ha­ brá que reconsiderar el hecho de que el trabajo siga siendo casi el úni­ co mecanismo integrador y de acceso al bienestar, a la seguridad y al estatus social. Habrá que, inexcusablemente, buscar un nuevo equili­ brio e introducir las modificaciones oportunas en los sistemas de regu­ lación social en general y en los del trabajo social contra la exclusión. En conclusión, la pregunta que se hacen los expertos es: ¿Cómo garantizar para todos, en el supuesto de que no se alcance el pleno

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67 empleo y en el marco de un nuevo pacto social, la satisfacción de las necesidades básicas que antes realizaba el empleo, a saber: la renta su­ ficiente, la seguridad (protección social) y la integración y el recono­ cimiento personal y social? Existen diversas propuestas, en general poco desarrolladas, pues estamos en una fase primera de plantea­ mientos que exige debates en profundidad (13): La primera propuesta la hace R iFKIN . RiFKiN (14) piensa que el cambio tecnológico está destruyendo empleos en el sector servicios, como lo hizo en su momento en la agricultura y en la industria, y que es impensable la vuelta al pleno empleo. Es más, el proceso en mar­ cha nos conduce al fin del empleo o empleo mínimo y reservado para una élite. En consecuencia propone que las enormes ganancias de productividad que se generan por los avances tecnológicos se empleen en la reducción de la semana de trabajo a treinta horas. Esto manten­ dría activa a una parte de la población que estaba condenada al paro y repercutiría además positivamente en la sociedad en su conjunto en cuanto a la cohesión social, por el ahorro en el gasto social y la apor­ tación vía impuestos. De todas formas resultaría inevitable la apari­ ción de una gran mayoría de parados, con lo cual la función social del empleo asalariado desaparecería y serían necesarias actuaciones sustitutivas. Propone el desarrollo del Tercer Sector para que en él se contraten a estos parados en actividades de carácter social y volunta­ rio, así no desaparecería la función social del trabajo. Los beneficios personales, sociales, incluso internacionales por la participación en programas de desarrollo serían innegables. El Tercer Sector es la sociedad cívica. Mientras el sector público crea capital público y trabajos públicos y el sector mercado crea capi­ tal privado y empleo, el Tercer Sector crea capital social y trabajo pa­ gado y voluntario. A él se incorporarían los trabajadores expulsados del mercado de trabajo, con los voluntarios y otros profesionales. La financiación de todo se realizaría con donaciones y aportacio­ nes voluntarias incentivadas fiscalmente y por algún tipo de impues­ to. (13) En este sentido es de destacar el suscitado por la propuesta de Jeremy RíFKIN y las numerosas contestaciones surgidas tanto en USA (Paul K rugman ) como en Canadá y Europa (Claude LariviÉRE, Alberto R ecjo , Luis Enrique ALONSO...). (14) R ifkin , 1996. lO índice

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Las críticas contra este modelo planteado por RiFKiN son nume­ rosas. Las principales se centran en la superficialidad e ingenuidad de sus propuestas. A pesar de la abundancia de los datos que aporta no hay suficientes razones que avalen el fin del empleo. En cuanto a la futura misión del Tercer Sector parece desmedida para un sector tan heterogéneo y débil, incapaz de soportar una alternativa global de tal dimensión. Con esta propuesta se institucionaliza la sociedad dual ( G o r z , 1995), puesto que el salario social recibido dependerá del tra­ bajo realizado y los que no puedan trabajar recibirán subsidios lími­ tes. Estamos ante un caso de sustitución del welfare por workfare (tra­ bajo obligatorio) y de rentas de subsistencias para trabajos secunda­ rios. La principal crítica se basa en que ya no es el Estado el garante de la solidaridad social sino que desaparece tal garantía al depender de la caridad individual y empresarial (ALONSO, 1998).

La segunda propuesta la hacen numerosos pensadores firmantes del «llamamiento europeo a una ciudadanía y una economía plurales». Proponen que se abra un debate social sobre las tres medidas para la edificación de «una política económica y social resueltamente demo­ crática y capaz de subsanar las profundas fracturas del cuerpo social». Las medidas que se exponen a continuación son interdependientes y simultáneas en su aplicación:

Reducción del tiempo de trabajo y reparto de los empleos: Propo­ nen los firmantes una reducción efectiva del tiempo de trabajo me­ diante ley, aunque con diferentes modalidades de aplicación inter­ profesionales. Defienden una serie de medidas, como el derecho a una renta continua después de varios años de trabajo, la semana de cuatro días, el «segundo cheque» y las modalidades de trabajo a tiempo parcial li­ bremente elegidos. AÍiiman a establecer otras medidas en este senti­ do, pero se oponen a todas las formas impuestas de trabajo flexible o a tiempo parcial, así como al crecimiento de los estatutos laborales in­ termedios entre trabajo y asistencia, pues fragmentan a la población activa.

• Economía plural y solidaria Es la promovida por el Tercer Sector. El manifiesto propone re­ gularla, darle coherencia y financiar con fondos públicos aquellas ac­ lO índice

69 tividades de gran utilidad social y que no se puedan desarrollar sólo por la lógica del mercado. En esto último se distingue de la propuesta de RiFKiN. Una se­ gunda distinción entre el Tercer Sector propuesto por RiFKiN y la «economía solidaria» del manifiesto es en que en ésta se oponen a ins­ taurar un sector aparte para parados y a que se cree economía margi­ nal; intentan más bien la hibridación entre economía privada, públi­ ca y la asociativa y no monetaria. Favorecerá, por otra parte, la reac­ tivación de la democracia al permitir y animar a todos a la dedicación voluntaria a favor del bien común.

Oponerse a toda desviación autoritaria y estigmatizadora de las ren­ tas mínimas de solidaridad. Realizan una crítica a algunos aspectos fundamentales del programa de las rentas mínimas y proponen que sean rentas universales aunque las acciones de inserción no tengan re­ sultado. Proponen que se puedan acumular a otros recursos y se opo­ nen por todos los medios a cualquier proyecto de workfare. La tercera propuesta es la de GlARlNl y LlEDTKE que realizan unas interesantes reflexiones en su «informe al Club de Roma» (15). Esta­ mos ante un texto metodológico que pretende un cambio del punto de vista y del modo de aproximación en el pensamiento económico. Existen tres ideas fundamentales en sus reflexiones: — Las actividades productivas, trabajo y empleo, tienen que ver con la creación de una vida mejor para todos. — Es necesario revisar y actualizar la definición de riqueza y el concepto de valor económico. — Las actividades productivas y el trabajo están íntimamente re­ lacionados con la capacidad y la dignidad humana. Como modelo de futuro proponen un sistema multiestratificado de actividades productivas en el que habría tres estratos. El primer estrato sería el estrato básico de trabajo, que proporcio­ naría trabajo estable de veinte horas semanales a cambio de un sueldo que garantizaría un nivel mínimo. La aceptación del trabajo es condi-

(15)

G iarini y Liedtke, 19 9 8.

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70

dón indispensable para perdbir un sueldo, que tendría en cuenta las circunstancias personales, regionales y locales. La financiación sería pública y es el único estrato en el que intervendría el Estado de ma­ nera directa. El segundo estrato engloba todo el trabajo remunerado por encima del primer estrato. El Estado entraría sólo en la regulación del mismo. En el tercer estrato se situarían las actividades productivas, que para los autores son las de autoproducción y las voluntarias no remu­ neradas. Uno de los atractivos de esta propuesta es que, en teoría, permite elecciones de estrato según los itinerarios personales y las cir­ cunstancias individuales (estudiante, jubilado, etc.), favoreciendo las opciones personales laborales y vitales. Todas estas propuestas tienen en común el afán de salvar en la nueva y futura situación sociolaboral el papel que hasta ahora ha de­ sarrollado el empleo. Las tres defienden la importancia fundamental del Tercer Sector, la necesidad de garantizar unas rentas mínimas y el reconocimiento personal y social. Difieren sin embargo en aspectos tan fundamentales como el pa­ pel del Estado a la hora de garantizar las rentas mínimas, o la obliga­ toriedad o no del trabajo como contrapartida de la ayuda. Y aunque todos reconocen la importancia del Tercer Sector y la necesidad de su desarrollo y consolidación, unos lo proponen como sustitutivo del Es­ tado de Bienestar y otros lo conciben como complemento del mismo. De todas maneras, todas ellas no pasan de ser meros bosquejos de proyectos mucho más sofisticados, pues dada la complejidad de los nuevos fenómenos sociales, sería ingenuo pensar en respuestas simplificadoras. Las E.I., en todas las propuestas, tendrían un papel creciente e importante y se encuentran dentro del planteamiento de futuro de las mismas.•

•

Economía solidaria

Se abre paso en nuestros días un sector creciente que realiza «una lectura diferente de la economía» en nuestras sociedades y «que prolO índice

71 cura dar respuesta a ios nuevos problemas de pobreza, las múltiples formas de exclusión y el desmoronamiento del vínculo social». Está promovido por colectivos y asociaciones sin ánimo de lucro y preten­ den que esta Economía Alternativa y Solidaria sea «portadora de un cambio de valores y de comportamiento, en la perspectiva de un hu­ manismo renovado» (ViLANOVA, 1996, 16-17). Algunos autores identifican economía solidaria con Tercer Sector y otros prefieren hacer una distinción más cualitativa que economicista. Sea como fuere, consideramos dentro de la Economía Solidaria a muchas asociaciones, fundaciones, y ONGs, las empresas de inser­ ción, el llamado «comercio justo», las redes de lucha contra la pobre­ za y las numerosas iniciativas que participan de los principios ante­ riormente expuestos. A su creciente importancia económica hay que sumarle su indudable valor de resistencia moral en la coyuntura ac­ tual. En el punto anterior hemos visto la importancia que en el futu­ ro le asignan los diferentes autores. • Nueva democracia Uno de los autores que inciden en la necesidad del cambio demo­ crático, de la profundización en la democracia, es Alain TOURAINE: «El problema dentro de nuestra sociedad es el de crear, recrear sistemas de comunicación. (...) el problema de la pobreza, del racismo, de los pre­ juicios, del rechazo de tal o cual minoría, no tiene solución fuera de sí mismo (...). Estos problemas sociales no tienen otra solución que no sea social. (...) ¿Cuál es la característica de la pobreza? Un pobre es un individuo sin relaciones, incomunicado, el más pobre es el tipo que está en la cárcel porque está incomunicado y no tiene ni siquiera dine­ ro, está fuera de los sistemas de comunicación. Hay que restablecer sis­ temas de comunicación, sistemas lingüísticos, sistemas de negociación, sistemas de decisión; transformar las reglas, las normas, las formas con­ cretas de organización en temas de debate» (TOURAINE, 1994, 179). Esta íntima relación integración-participación y exclusión-aisla­ miento ya viene tiempo atrás perfectamente definida por Sartre (1960) y Besson (1970). «De modo más general, hay que sustituir la imagen centraliza­ da y que tiende a la uniformización del individuo ciudadano... por lO índice

72

la imagen inversa de una relación lo más directa posible entre la identidad personal o colectiva y el universo abierto de la técnica, de las redes de comunicación y de los mercados (...) que puede proporcionar eficacia a una sociedad democrática, es decir, en la que la iniciativa y la razón provienen de abajo más que de arriba» (T ouraine , 1997). Este objetivo de reinventar la democracia acercándola a la vida diaria de los ciudadanos, convertirla en «caldo vital» de la ciudadanía, es fundamental para muchos autores progresistas.

• La actuación locaL el tejido social y el partenariado La mayoría de los autores relacionan íntimamente este principio de lo local con el de la profundización democrática. «La novedad reside en la vuelta del tema democrático al nivel te­ rritorial: la ciudad tiene el mismo papel central que la empresa tuvo en el período industrial. El lugar prioritario de la acción es la ciudad. Ante ía duda de si es la ciudad o el barrio, diría que es más prioritaria la ciudad, precisamente porque la ciudad supone la reconstrucción de una sociedad más allá de la distancia creciente entre barrios que se transforman muchas veces en cultura, en sectas territoriales, en cultu­ ras homogéneas de los muy ricos, de los ricos, de los pobres, de los inmigrados, etc. Así, el proceso democrático es un proceso de dismi­ nución de las distancias» (TouRAiNE, 1994, 160-161). En la actualidad no se concibe el trabajo social al margen del te­ rritorio. Así pues trabajo social y desarrollo local van de la mano: «Las cuestiones centrales del desarrollo social, lo mismo que los procesos económicos, suceden en el territorio. De ahí que, de hecho, los fenó­ menos económicos y sociales pueden ser interpretados como dos di­ mensiones de la problemática territorial. Cuando se habla de paro, pobreza, ajuste productivo y competítividad, necesariamente hay que hacer referencia a un territorio, a un ámbito concreto y específico. Así mismo, el eje principal de la explicación sobre los problemas sociales del desarrollo gira alrededor de los factores que explican el comporta­ miento de los mercados de trabajo en los distintos espacios econó­ micos. Aún más, la experiencia internacional indica que la tipología productiva, tecnológica y cultural de cada territorio, caracteriza a sus

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73 parados y a su forma de pobreza, en función de las peculiaridades lo­ cales del mercado de trabajo. Al introducir la dimensión espacial, resulta fácil encontrar fuertes paralelismos entre las interpretaciones que se han hecho sobre desarro­ llo social y desarrollo local. El planteamiento de la estrategia de desa­ rrollo local, sus objetivos y acciones serían entonces, en buena medida, adecuados para abordar parte de los problemas económicos que pre­ senta el desarrollo social y viceversa» (COTORRUELO, 1996, 1-2). «La cuestión social se convierte entonces, en gran medida, en la cuestión de los lugares donde se localizan las empresas y donde se de­ finen los mercados de trabajo. Por ello, dado que lo local juega un pa­ pel estratégico en el ajuste productivo, la respuesta local a los desafíos globales es decisiva a la hora de establecer el futuro de las localidades y de definir cómo las variables estratégicas (empleo e innovación) se ajustan a la dinámica económica y social» (CoTORRUELO, 1 9 9 6 , 4 ). Algunos autores van más lejos y proponen «crear una legislación que obligue a crear consejos consultivos (...) con especial incidencia en el municipal» (FUENTES, 1997, 210). La palabra partener, importada del inglés (partner) y del francés (partenaire) significa compañero, socio y de ahí que partenariado sig­ nifique compañía, asociación, alianza. Es una palabra en creciente uso, pues expresa una realidad que se impone: el trabajo en alianza para hacer frente a problemas complejos. En estas alianzas se trenzan esfuerzos de la Administración pública, de la iniciativa privada y del Tercer Sector tanto a nivel local como comarcal, nacional o interna­ cional. Estamos asistiendo al nacimiento y a la expansión de las redes sociales y con ello a la cultura de la colaboración. En un país como el nuestro, en el que el tejido social ha estado históricamente atomizado y el recelo ha presidido las relaciones entre las entidades, esta nueva propuesta tardará aún en imponerse. Así nos lo explica SERRANO: «La nueva situación demanda la coordinación y coexistencia de diversos niveles: geográficos (nacional, comunitario, regional, local), económico (público y privado) y socia­ les (sindicatos, patronal), así como el sincretismo y eclectismo, esto es, el mestizaje e hibridación entre distintos órdenes y estatus (entre lo social y lo económico, la formación y el trabajo, acción estratégica lO índice

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y acción social, esfera mercantil y no mercantil, etc.). La nueva cons­ trucción del problema que presenta a éste en su complejidad y en su unidad, la complementariedad entre los aspectos económicos, socia­ les, culturales, del entorno, etc., demanda una intervención transver­ sal, global y pluridimensional (coordinación de la orientación, forma­ ción, inserción profesional y acompañamiento) que articule distintos niveles (integración de materias, medios y competencias de otros ni­ veles) a partir del principio del partenariado con el tejido asociativo, regional, interlocutores sociales, etc. Esta situación reclama la concertación y conciliación de diferentes intereses: de patrones y sindicatos, de interlocutores sociales y poderes públicos, del sector público y pri­ vado, de grandes y pequeñas instituciones de campo, del nivel na­ cional y comunitario y permite el aumento de las colaboraciones y ar­ ticulación de sinergias de los poderes públicos con los sectores privados, del sector mercantil y no mercantil, empresas, servicios so­ ciales y ONGs» (S e r r a n o P a c u a l , 1998, 89-90). Y en el territorio se concitan a la hora del trabajo social el Tercer Sector y el partenariado: «Es en el área de la organización en la que las debilidades de las políticas de desarrollo local son más notorias. Pero, es aquí donde las ONGs pueden realizar un papel de gran im­ portancia, dado que son organizaciones que tienen ventajas significa­ tivas, tanto para realizar tareas y funciones de diseño y ejecución de la estrategia de desarrollo local, como para impulsar y gestionar las iniciativas y acciones, a través de las que la estrategia se realiza (...). Las ONGs pueden resultar más eficaces que la Administración públi­ ca y más adecuadas que las organizaciones mercantiles (aunque sean de propiedad pública), cuando de lo que se trata es de llevar adelante una estrategia de desarrollo local de objetivos múltiples que integre eficazmente los valores de la eficiencia y de la solidaridad, a corto y largo plazo» (COTORRUELO, 1996, 7-8). «El partenariado no es, por supuesto, nuevo: se construye sobre una historia de colaboración entre agencias y de participación de las comunidades locales. (...) Además, tales políticas deben ser dirigidas especialmente hacia aquellos vecindarios y comunidades locales don­ de se concentran los problemas de pobreza y exclusión social y dentro de los cuales la exclusión se experimenta individualmente.(...) Así pues, dicho enfoque integral contra la exclusión social a través del partenariado local se ve capaz de reunir instituciones y comunidades lO índice

75 locales para crear nuevas alianzas, estrategias e innovación política contra la exclusión social (ESTIVIL, 1997, 113).

• Personalización de lo social Siguiendo a Rosanvallon , constatamos que el «Estado de Bie­ nestar-providencia estaba bien organizado para tratar los problemas de poblaciones relativamente homogéneas, de grupos o clases si se quiere. Ahora debe encargarse de individuos que se encuentran, todos ellos, en situaciones que les son particulares» (RoSANVALLON, 1995, 197) (16). Los excluidos no son un grupo social con características comunes. Los expertos coinciden en señalar que los procesos persona­ les son los que explican la exclusión. La vulnerabilidad es una carac­ terística del ser humano y más en la actual sociedad occidental. En ocasiones se manifiesta al azar, en personas concretas, incidiendo en las características personales, rupturas y fracasos que fabrican los pro­ cesos de exclusión. Sin duda que hay grupos sociales más vulnerables e instalados en la precariedad que otros y de estos grupos sociales provienen en ma­ yor número los excluidos, pero también hay excluidos de otros gru­ pos sociales y no llegan a la exclusión gran parte de los miembros de esos grupos sociales más vulnerables. Por eso resulta muy difícil, casi imposible, identificar a los excluidos como provenientes de un grupo con características propias. La nota común a todos es que cada uno ha seguido un proceso más o menos complejo hacia la exclusión. Co­ nocer bien ese proceso permitirá diseñar un proceso de signo contra­ rio hacia la inserción social o recuperación de la ciudadanía plena. El mismo Consejo Europeo extraordinario sobre el empleo de Luxemburgo resalta la necesidad de determinar las necesidades individuales como condición para luchar contra el desempleo de larga duración. Los antiguos modos de intervención del trabajo social no son úti­ les para abordar este nuevo fenómeno de la exclusión. En Francia, el RMI ha venido a corroborar este diagnóstico al demostrar que las va­ riables clásicas de edad, estudios, sexo, etc., que habían servido para

(16)

La traducción es mía.

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76

explicar la pobreza, ahora, no arrojaban luz para intentar comprender la exclusión. En España también está sucediendo lo mismo, y el gran mérito de este programa de Renta Mínima es el haber diseñado un modelo de intervención, de actuación social novedoso en clara ruptu­ ra con el modelo clásico anterior y que supone partir del individuo y sus circunstancias, del proceso que ha conducido al individuo a la ex­ clusión, para llegar a diseñar un proceso personal hacia la inclusión. Todo ello basado en este nuevo humanismo que se propone como valor fundamental de futuro y que, como decíamos al principio de este artículo, propone al individuo como referencia, objeto y cen­ tro del quehacer político y social. Esta nueva filosofía social propone la búsqueda de nuevos cami­ nos, de nuevas formas de hacer, de creación de nuevas instituciones y modelos nuevos de intervención.

Las E.L son uno de los pocos productos propios de esta nueva filo­ sofía. BIBLIOGRAFÍA J. (1996): «La calidad de vida y el Tercer Sector: Nuevas dimen­ siones de complejidad», en DOCUMENTACIÓN SOCIAL, 103, págs. 69-86. Madrid, Cáritas Española. A l o n s o , L. E. (1998): «El sector comunitario: Juventud y Empleo», en Jor­ nadas «Voluntariadoy Juventudy Empleo»y Madrid, Instituto de la Juven­ tud. (No publicado.) — (1999): Trabajo y CiudadantUy Madrid, Editorial Trotta. A z NAR, G.; C a ILLE, a .; L a VILLE, J. L.; ROBIN, J., y SUE, R. (1997): Vers une... Économie Plurille. Un travail une activitéy un revenu pour tous. Pa­ rís, Editions La Decouverte. B e sso n , J. E (1970): Lintegration urhainey París, Presses Universitaires de France. C.A.M., C o n seje ría de I n t e g r a c ió n S o c ia l , E q u ip o IMI (1991): Elpro­ grama de Ingreso Mínimo Madrileño de Integracióny 2, Madrid. C a st e l , R. (1996): «Para entrar en el siglo XXI sin liquidar el XX», en Dehats 57-58, págs. 66-71. C o m isió n de las C o m u n id a d e s E u r o peas (1993): Libro Verdey Política Social Europea, Luxemburgo. A l g u a c il ,

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Exclusión social e inserción sociolaboral Francisco Salinas Ramos Director del Dpto. de Programas de Acción Social Cáritas Española. Vicepresidente de FEEDEI

1.

EXCLUSIÓN SOCIAL Y DESEMPLEO

En el umbral de finales de siglo la pobreza, la exclusión social y el desempleo son las mayores lacras socioeconómicas, no solamente para España sino también para Europa y los países de la OCDE. En términos generales a la pobreza se la relaciona con la precariedad eco­ nómica o el nivel medio de vida de una población determinada, es decir, las desigualdades «entre los extremos de la escala social», la «dis­ tancia desde el centro del cuerpo social, entre el núcleo y los que se ven rechazados hacia los márgenes». Sin embargo, a la exclusión social se la relaciona con un carácter más dinámico, estructural y multidimensional; viene definida por el no-acceso a la relación salarial, les está vedado el acceso a los sistemas de protección social, su situación es de difícil salida, en estas condiciones viven entre el 3,5 y 4,5% de la población. En definitiva, «el concepto de exclusión social engloba las causas y los efectos de la pobreza». Junto con la exigua protección social y el trabajo precario está la «persistencia del desempleo» como una de las causas fundamentales que generan exclusión (1). Según el Informe General de la Fundación FOESSA sobre las «Condiciones de vida de la población pobre en España» (2), se pueden destacar dos aspectos relacionados con la exclusión y el desempleo. (1) CE Consejo Económico y Social: La p o b rez a y la ex clusión so cia l en España. In ­ fo r m e 8. Madrid, CES, 1997, págs. 3 y 4. (2) CE. EDIS y otros: Las co n d icio n es d e vid a d e la p o b la ció n p o b r e en España. In fo rm e G eneral. Madrid, FOESSA, 1998, capítulos 1 a 8. lO índice

80

Por un lado, las características o rasgos que definen la precariedad, po­

breza y exclusión social: a)

Bajo el umbral de la pobreza (los que dispondh del 50% de la renta media disponible) viven entre 2.000.000 y 2.19 0 .0 0 0 hogares, es decir, entre 6.860.000 y 8.500.000 de personas; en términos relativos supone el 20% del total de la población española.

b)

Predomina la llamada precariedad o pobreza relativa (entre el 25% y el 50% de la renta media disponible), alrededor del 85% de los hogares y del 80% de la población situada bajo el umbral de la pobreza.

c)

Hay un descenso de la pobreza extrema (ingresos inferiores al 25% de la renta disponible), del 10% en 1984 ha pasado al 4,5% en 1996.

d)

Es en los grupos de los núcleos urbanos donde la exclusión social de concentra más, mientras que la precariedad y la po­ breza relativa está más en las zonas rurales.

e)

Hay un mayor crecimiento de hogares monoparentales, espe­ cialmente de los encabezados por una mujer. Junto a la femi­ nización de la pobreza se constata un proceso acelerado de la juvenalización de la misma.

f)

Una buena parte de las personas que están en situación de exclusión pertenecen a determinados grupos étnicos, como población gitana o algunos grupos de inmigrantes, y

g)

En la población excluida se concentra la mayoría de los ma­ les, carencias y problemas sociales existentes en nuestro país: alta tasa de desempleo, analfabetismo, delincuencia, falta de vivienda digna...

El segundo aspecto es la ocupación!desempleo de la población pobre. El nivel de desempleo entre los excluidos es realmente pre­ ocupante: alrededor de cuatro de cada diez (42% ) cabezas de fa­ milia pobres son población inactiva, es decir, son jubilados, amas de casa, niños. Mientras que cerca del 58% están en edad y dispo­ sición de trabajar, lo que es lo mismo que seis de cada diez cabezas de familia pobres son potencialmente activa. Pero no todos ellos

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81

trabajan, además mientras más pobre se es más dificultades tiene para trabajar. C uadro 1

CABEZAS DE FAMILIA POBRES POd-ENCIALMENTE ACTIVOS SEGÚN NIVELES DE POBREZA Niveles de pobreza

Trabaja

Chapuza/Econ. Parado

Extrem a.................................................

8,5

64.4

27,1

Grave..........................................

15,8

62.4

21,8

M o derada.............................................

44,9

39,6

15,5

59,5

29.5

11,0

44 ,8

39 ,9

15,3

Precariedad................... T otal..............................................

Tgida

Fuente; EDIS. Informe General 1998. FOFTSA.

Como se puede ver en el Cuadro 1 los cabezas de familia que es­ tán en el paro o realizan chapuzas o actividades de economía sumergi­ da son el 55,2% de la población potencialmente activa, aunque tam­ bién habría que destacar cerca de la mitad (44,8%) están trabajando como fijos o eventuales, los que están en situación de precariedad son más los que trabajan que los que están en grave o extrema pobreza. Si el análisis lo hacemos desde la situación ocupacional de la po­ blación pobre, hay algunas diferencias, cerca de dos tercios (62,3%, ancianos, niños y amas de casa) de esta población es «población inactiva» y algo más de un tercio (37,7%) son población potencial­ mente activa. De estos últimos sólo el 15,2% tienen trabajos esporá­ dicos, más de la mitad están en el paro (57,8%) y sólo el 27% de los pobres potencialmente activos trabajan. En este sentido y siguiendo al Informe antes citado podemos dis­ tinguir tres tipos de pobres desde la perspectiva ocupacional: • «Los protegidos por las pensiones, que a pesar de ello por su exigibilidad les impiden dejar de ser pobres; • los que trabajan en trabajos mal remunerados que no les per­ mite abandonar la pobreza y que se agrava, en muchos casos, por la mayor dimensión de la familia, y lO índice

82

• los parados o desempleados cuya situación explica suficientemen­ te su pobreza» (3). Superar esta situación exige trabajar por la integración social, siendo una de las primeras claves el «acceso de las personas excluidas al empleo. Se trata de una ardua tarea, ya que las personas que, por múltiples causas, han sufrido procesos de marginación social se en­ cuentran en situación de evidente desventaja frente a un mercado de trabajo fuertemente competitivo. (...) En todas estas actividades, el Estado tiene un decisivo papel de garante y orientador, defendiendo el principio de redistribución social frente a la lógica de competitividad que impera en el mercado. Su actuación debe orientarse a pro­ mover políticas explícitas de promoción de las personas y colectivos excluidos para conseguir una mayor integración, cohesión e igualdad social, al mismo tiempo que se consolidan los sistemas públicos de sa­ lud, de educación, de pensiones, de acceso a la vivienda, etc.» (4).

2.

NUEVAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO DE INSERCIÓN (5)

En las últimas dos décadas se han incrementado los incentivos a la contratación empresarial de los colectivos en dificultad. Los resul­ tados fueron muy escasos debido fundamentalmente a la no discrimi­ nación positiva. Las evaluaciones realizadas sobre las políticas de em­ pleo recomendaban la creación de nuevas políticas activas de empleo relacionadas con los servicios de apoyo, orientación y estímulo a las personas desempleadas. Como hemos visto las capacidades de empleo de los excluidos están muy limitadas por situaciones de desestructu­ ración personales, que provocan la falta de aptitudes y hábitos apro­ piados para el desempeño de una actividad laboral normalizada. Aquí

(3) Cf. EDIS y otros, o.c., págs. 320-331. (4) Cáritas Española: Propuestas sobre Políticas sociales contra la exclusión social Ma­ drid, Cáritas Española, 1997, págs. 36-37 (5) El contenido de este punto se inspira y recoge literalmente lo más importante del Documento n.° 1: Propuestas de Caritas a l Plan de Empleo nacional, 199812000: Políticas inserción. Programa de empleo, Cáritas Española, febrero activas y pro^amas de empleo de’ in. 1998 (doc. fotocopiado).

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83 las Organizaciones Sociales juegan un papel significativo aplicando un modelo integral de intervención. La marginación social y las situaciones de pobreza y exclusión que sufren determinadas personas no es sólo un problema de caren­ cias materiales, sino que además es una cuestión de falta de expecta­ tivas y posibilidades para desarrollar un proyecto vital humanamente digno. En el ámbito laboral la falta de expectativas se concreta en la carencia de los requisitos básicos, que exige el mercado de trabajo, para desempeñar un empleo y que se identifican como condiciones de empleabilidad, síntesis de aptitudes y actitudes que en el resto de las personas aparecen como cualidades convencionales: hábitos socia­ les y laborales, conocimientos educativos mínimos, cualificación la­ boral y, actitudes, relacionadas con la motivación, el sentido de res­ ponsabilidad, etc. La diferencia que existe, entre poseer o no las con­ diciones mínimas de empleabilidad, es lo que justifica que deban existir políticas específicas de empleo de inserción laboral dirigidas a mejorar las carencias básicas y posibilitar que las personas se sitúen en condiciones de igualdad de oportunidades de acceso al mercado de trabajo. Esto es lo que llamaríamos nuevas políticas activas de empleo de inserción laboral, las cuales han de estar animadas por los siguien­ tes principios fundam entales: a) La personalización de las políticas de empleo. Ante visiones simplistas como considerar el paro y la búsqueda de empleo, como un problema agregado de carácter macroeconómico: simple desajuste entre oferta y demanda, de forma que todos los parados se encuen­ tran en igualdad de situaciones frente a las oportunidades del merca­ do de empleo o caer en la despersonalización de las políticas de em­ pleo, que aplican medidas universales indiscriminadas que tratan por igual la problemática, por ejemplo, de un joven desempleado, que no haya finalizado sus estudios básicos, respecto la de un licenciado o un trabajador en paro procedente de procesos de reconversión industrial. Las nuevas políticas de empleo deben concebirse con un carácter personalizado y tendente a mejorar las condiciones de empleabilidad de una persona concreta. Ello se puede lograr mediante un proceso de aprendizaje que desarrolle un plan personal de empleo (itinerario) en el que se recogen los pasos y actuaciones que va a protagonizar la persona para mejorar sus capacidades laborales. La experiencia de las Organizaciones Sociales en el desarrollo de itinerarios de inserción la­ lO índice

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borales, muestra que éstos son más efectivos y eficientes que los que se aplican de forma indiscriminada: servicios generalistas de informa­ ción, formación y orientación para el empleo. b) El acompañamiento. La base del itinerario de inserción y la ejecución del proyecto personal de empleo requiere que la Organiza­ ción Social desarrolle una acción de acompañamiento, que se basa en el respeto a la autonomía y protagonismo de la persona, y tiene como objeto asesorar, seguir, motivar y apoyar psicológicamente al protago­ nista. En el trabajo de inserción laboral la mera transmisión de infor­ mación y asesoramiento son insuficientes, pues no son los problemas fundamentales, sino el apoyo personalizado y solidario para la realiza­ ción de su itinerario de inserción laboral. c) El tiempOy factor clave de la inserción. El poco éxito que tienen las llamadas políticas activas de empleo y los programas que las desarro­ llan se debe a que nunca toman en cuenta la existencia de un paro es­ tructural (carencia de empleabilidad) y se dan tratamientos coyunturales a situaciones que requieren tiempo. El deterioro personal que producen las situaciones de exclusión y los problemas estructurales de empleo no se pueden superar en cortos plazos de tiempo, requieren períodos de trabajo de inserción de medio plazo, próximos a los dos/tres años. La unión que está produciendo entre las políticas sociales de ca­ rácter asistencial y aquellas otras especializadas en la inserción laboral ha supuesto un cambio profundo en la visión que existe de la inclu­ sión social, al ligar ésta con el desempeño de un trabajo, o la realiza­ ción de una actividad económica, único medio para que una persona recupere su dignidad y ejerza el derecho que le asiste, como ciudada­ no, para gobernar su vida y ser independiente. La conexión e integra­ ción de las políticas sociales, y las de promoción del empleo, han per­ mitido acuñar «un nuevo modelo de itinerarios personales de inserción laborales» como fórmula posible para llevar a cabo dichos procesos. La acumulación de experiencias habidas, tanto en nuestro país como en el resto de países europeos, muestran que la inserción social hay que concebirla como un proceso a medio y largo plazo que exige el cumplimiento de unos objetivos parciales: progresivos en el tiempo, sucesivos en su cumplimiento y que no deben darse por cumplidos hasta que efectivamente lo estén, ya que caso contrario el avance que­ dará seriamente comprometido.

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85 d) Un nuevo modelo de aprendizaje. Una de las principales apor­ taciones de las Organizaciones Sociales a las políticas de empleo es el desarrollo de un nuevo modelo de aprendizaje'formación mediante el trabajo. La experiencia indica que el modelo de formación para la cualificación laboral, basado en una formación teórica alejada de las condiciones habituales de trabajo, resulta frustrante e improcedente para personas con dificultades importantes de empleabilidad. El re­ chazo visceral que despierta la formación académica, unido al hecho que el tipo de aprendizaje que se busca es de carácter integral, que no se circunscribe sólo al desarrollo de una habilidad profesional, ha for­ zado a crear un modelo de aprendizaje en el que se reproducen, lo más fielmente posible, las condiciones reales de trabajo: relaciones la­ borales, objetivos de productividad, trabajo en equipo, responsabili­ dad individual, etc., adaptadas a las situaciones personales de partida de cada individuo. La consolidación del modelo de cualificación laboral mediante el desarrollo de una historia laboral y profesional requiere que se apli­ que el sistema de titulación de Certificados de Aptitudes Profesionales, previstos en la reforma de la Formación Profesional, homologables a los títulos académicos de la Formación Profesional. Esto permitiría normalizar el trabajo de inserción laboral dando una salida al esfuerzo formativo que realizan las personas en procesos de inserción. e) El p a p el clave de las Organizaciones Sociales. Eas Organiza­ ciones Sociales expertas en la promoción del empleo de inserción deben desempeñar un papel clave en el desarrollo de las futuras políticas públicas de inserción. El trabajo de inserción laboral y la mejora de las condiciones de empleabilidad de las personas en situa­ ciones de exclusión social, deben contemplarse como acciones in­ tegrales a realizar en diferentes campos: educación, formación profe­ sional, habilidades sociales y laborales, etc., que por su carácter per­ sonalizado es imposible que puedan desarrollarse por las Adminis­ traciones como servicios públicos universales. Tan sólo las Organi­ zaciones Sociales, que persiguen como objetivo altruista y sin ánimo de lucro la reinserción laboral de personas excluidas, están en condi­ ciones de garantizar el logro de dicho objetivo: el trabajo de promo­ ción de la inserción social y laboral requiere que exista una gran motivación por parte de las personas y profesionales que integran las Organizaciones Sociales. lO índice

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3.

PROPUESTAS PARA UN PLAN DE EMPLEO DE INSERCIÓN LABORAL (6)

El Plan de empleo de Inserción Laboral debería centrarse en el desarrollo de dos líneas estratégicas de actuación interrelacionadas en­ tre sí: la promoción de mercados de actividad para el empleo de in­ serción y el apoyo directo a las estructuras de inserción, como instru­ mento necesario para llevar a cabo los procesos de inserción (7). 1 La Promoción de mercados locales y el empleo de inserción. El desarrollo del modelo de aprendizaje e inserción mediante el trabajo obliga a las Organizaciones Sociales a promover actividades producti­ vas que reproduzcan fielmente las condiciones de un centro de traba­ jo convencional para que la persona en proceso de inserción realice un aprendizaje real. Las experiencias habidas de colaboración con los Ayuntamientos muestran que existen dos áreas de servicios locales a partir de los cuales desarrollar mercados específicos de empleo de in­ serción. La primera de ellas se refiere a la promoción de Actividades de Utilidad Pública concertadas entre las diferentes Administraciones, como las que llevan a cabo INEM y los Ayuntamientos. Los trabajos de utilidad pública serían idóneos para la creación de Talleres de in­ serción laborales, que podrían ser gestionados por las Organizaciones Sociales y ofrecerían a los participantes una primera experiencia labo­ ral. Los campos de actuación podrían ser las actividades del cuidado medioambiental, mantenimiento y reparación de instalaciones, mobi­ liario y carpintería, ocio, etc. La segunda se refiere a la provisión de bienes y servicios mediante concursos públicos. Para promover estos servicios, gestionados por Empresas de Inserción o Asociaciones Intermedias de gestión de ser-

(6) Este apartado se basa en el documento n.° 2: Síntesis de propuestas de empleo de inserción: plan de empleo nacional 1998/2000. Programa de Empleo, Cáritas Española, fe­ brero 1998 (doc. Fotocopiado). (7 ) C f J im é n e z , Eduardo; B a r r e i r o , Fernando, y SÁNCHEZ, Joan: Los nuevos yacimientos de empleo: los retos de la creación de empleo desde el territorio. Barcelona, Fundación CIREM, 1998. También L a f o n t a i n e , Oskar, y M ü LLER, Christa: No hay que tener miedo a la globalización. Bienestar y trabajo para todos. Madrid, Edit. Biblio­ teca Nueva, 1998.

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87 vicios, se debería introducir el criterio de inserción laboral en los concursos públicos (pliego de condiciones) como un factor de cali­ ficación, además del resto de condiciones económicas y garantías que habitualmente establecen los concursos públicos. También sería a través de los servicios de proximidad mixtos y privados, promovi­ dos por organizaciones sociales sin ánimo de lucro y prestados por Empresas de Inserción o Asociaciones Intermedias. En la mayor parte de los países europeos el sector de servicios de proximidad mixtos y privados constituyen una íuente importante de empleo. La Comisión Europea ha detectado 17 ámbitos de estos «nuevos yaci­ mientos de empleo» relacionados con cuatro grandes apartados: vida diaria, mejora de la calidad de vida, cultura y ocio y protección del medio ambiente (8). 2.^ La prom oción de estructuras de aprendizaje e insereión laboral. Estas estructuras son instrumentos que facilitan la mejora de las con­ diciones de empleabilidad de las personas en procesos de inserción la­ borales. El Plan de empleo debería recoger programas específicos de apoyo a la creación de estructuras de inserción y desarrollar marcos normativos de impulso a las nuevas figuras: — Programa de apoyo a la creación de agentes promotores de em ­ pleo de insereión, éstos serían los responsables de realizar los itinerarios personalizados de empleo y acompañamiento de su ejecución. Las ayudas para la creación de agentes promo­ tores podrían tener un carácter temporal y cubrir un porcen­ taje del coste anual de sus servicios, lo que permitiría estable­ cer sistemas de cofmanciación. — Programa de creación de talleres de inserción laborales, como pasarelas útiles para el acceso al mercado de trabajo. Estos ta­ lleres deberían estar orientados a ofrecer la primera experien­ cia de trabajo y establecer relaciones con el tejido empresarial para que faciliten el acceso al mercado del trabajo. El progra­ ma de Talleres debería inscribirse en la normativa de las Es(8) Cf. C a c h ó n , Lorenzo; C o lla d o , Juan Carlos, y MARTÍNEZ, Isabel: Los n u evos y a cim ie n to s d e em p leo en España. Madrid, Colegio de Economistas de Madrid, 1996. íambién C a c h ó n , Lorenzo, y Fundación TOMILLO: N uevos ya cim ie n to s d e em p leo en Espa­ cia. P o ten cia l d e cr ecim ien to y d esa rrollo fu tu ro . Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales, 1998. lO índice

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cuela Taller y Casas de Oficio, con ciertas adaptaciones: am­ pliación a dos años del plazo de duración de las Casas de Ofi­ cio, suprimir los límites de edades actuales; establecer una vinculación entre los Talleres y la obtención de certificados de aptitud profesionales.

— Programas de promoción de Empresas de Inserción y asociaciones intermedias^ se deberían plantear en dos ámbitos, de un lado ayudas para la realización de los proyectos complementarios de inserción y, por otro, ayudas destinadas a sufragar un por­ centaje de los costes de la Seguridad Social; ayudas para que los Ayuntamientos promocionaran concursos públicos con fi­ nes de inserción laboral; subvenciones para la realización de estudios de viabilidad empresariales, apoyo a la contratación de gerentes especializados; promoción de cuadros de coopera­ ción empresarial entre empresas de inserción laborales y aso­ ciaciones intermedias; desarrollo de las franquicias sociales para Empresas de Inserción.

— Programa de desarrollo de microactividades de autoempleo y economía social mediante el fomento y creación de Aso­ ciaciones Intermedias de servicios de gestión, de profesiona­ les autónomos y economía social, promovidas por Organiza­ ciones Sociales de empleo de inserción; desarrollo de servi­ cios de asesoría para microactividades locales; impulso a las franquicias de microactividades; bonificación en las cuotas de la Seguridad Social para los trabajadores autónomos; pro­ moción de microcréditos para proyectos de microactividades locales y sistemas de cobertura de riesgos y fallidos de las in­ versiones. Mientras no se afronte el problema del desempleo de ese 18% de la población activa y en concreto de los inempleables, es decir, de los excluidos y en precariedad social, podemos decir que «es la democra­ cia la que está en crisis porque donde el Estado cada vez interviene menos, donde disminuyen los sindicatos y aumenta el mercado, se producen desigualdades progresivamente mayores en los ingresos y en la riqueza, se pierden todas las garantías sociales vinculadas al puesto de trabajo y aumenta el subproletariado, sin que con ello resuelva el problema del desempleo. Todo esto, obvia decirlo, va en contra de to­

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89 dos y cada uno de los principios igualitarios, quintaesencia de la de­ mocracia» (9). 4.

MEDIDAS PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL: LEY DE EMPRESAS DE INSERCION

Desde diversos espacios y foros se ha venido pidiendo y reclaman­ do la promulgación de un marco normativo que regule la inserción SOCIOLABORAL de las personas en riesgo de exclusión social (10). Concretamente se pedía una Ley de Empresas de Inserción. Desde la Dirección General de Fomento de la Economía Social y del Fondo Social Europeo se ha venido coordinando el trabajo de los diversos borradores de anteproyectos de Ley, primero con un grupo de exper­ tos, después con los diferentes departamentos de la Administración Central y las Comunidades Autónomas, los sindicatos, el sector em­ presarial y concretamente con la Federación Española de Entidades de Empresas de Inserción — FEEDEI— . Este trabajo no ha culmina­ do como era el deseo de la Dirección General, de FEEDEI y de mu­ chas otras entidades, organizaciones y organismos, es decir, en esta Legislatura no se va a tener «Ley de Inserción», ni siquiera ha entrado en el Parlamento. Esta es una manifestación de las tantas promesas incumplidas, pero también hay un incumplimiento, en cuanto a este tema se refiere, del Plan de Empleo presentado por el Gobierno de España a la Unión Europea. Creemos que ha faltado voluntad políti­ ca para sacar adelante este asunto (11). No queremos pensar que la inserción sociolaboral de las personas excluidas no interesa a las Administraciones publicas, creemos que sí les interesa y hay muestras de ello, por ejemplo, los planes de lucha contra la Exclusión social de las Comunidades Autónomas donde la inserción sociolaboral es un capítulo importante y las Empresas de Inserción un instrumento muy válido; los aún escasos planes de inserción de algunos (9) F riso , Enzo: Los efectos d e la g loh a liz a ció n en e l em p leo y en la vid a social, en á m ­ bitos, Cuadernos de la Fundación Largo caballero, n.^ 1, diciembre 1998, pág. 15. (10) El lector puede encontrar las principales referencias en el artículo de Eduardo Rojo Torrecilla en estas mismas páginas. (11) En estas páginas se puecle leer la opinión y posicionamiento de FEEDEI con respecto a la «non nata» Ley de Fnnpresas de Inserción.

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Ayuntamientos como el de Tarragona, Granada, etc. (12); y el Plan de Lucha contra la exclusión social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con planteamientos poco creativos y escasos recursos y las medidas para el fomento de empleo previstas en la Ley de Acompa­ ñamiento de los Presupuestos del Estado, que incluye bonificaciones de hasta un 65% de las cuotas empresariales de la Seguridad Social por 24 meses para empresas y entidades sin ánimo de lucro que con­ traten trabajadores desempleados en situación de exclusión social. Confiamos sinceramente que este asunto se retome en la nueva legis­ latura y cuanto antes se apruebe la Ley a nivel estatal y de esta forma no se dejará al libre arbitrio de las Comunidades Autónomas, como está ocurriendo con las prestaciones de Rentas Mínimas (Salarios So­ ciales). Por el interés que tiene presentamos una idea general del conte­ nido de la futura Ley de Inserción a partir de los borradores. Que cada uno juzgue, opine, lo debata en su entorno y si es posible envíen a FEEDEI sus opiniones y propuestas. Reproducimos aquí parte de la exposición de motivos del último Anteproyecto de Ley de Medidas para la Inserción Sociolaboral (13). «La Ley se estructura en seis capí­ tulos, con veintiún artículos, seis disposiciones adicionales, tres tran­ sitorias y cuatro finales. En el Capítulo I se establecen los objetivos y fines de la Ley, pasándose a definir los objetivos destinatarios de los procesos y medidas para la inserción sociolaboral: personas en situa­ ción o grave riesgo de exclusión social, con especiales dificultades para su acceso al mercado de trabajo, y pertenecientes a determinados colectivos socialmente desfavorecidos. Entre éstos, adquiere especial relieve el de los perceptores de Rentas Mínimas de Inserción o cual­ quier otra prestación de igual o similar naturaleza, según la denomi­ nación adoptada en cada Comunidad Autónoma. Su inclusión en la Ley, como colectivo de inserción sociolaboral, dada su estrecha rela­ ción con las situaciones de pobreza y desarraigo social, presenta el va­ lor añadido de contribuir a reforzar los Programas que de estas Rentas vienen desarrollando las Comunidades Autónomas, dotando a éstos de una mayor eficacia en la lucha contra la exclusión social. (12) En otras páginas de este monográfico se habla de las Comunidades Autónomas de Navarra, Madrid y del Ayuntamiento de Granada. (13) Durante 1999 se han ido conociendo diversos borradores del anteproyecto, el que utilizamos en estas páginas es la versión del 23 de junio de 1999.

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91 La calificación de la situación o grave riesgo de exclusión social se confiere a la Administración pública responsable, en cada caso, de los Servicios Sociales de atención primaria o especializada y de los Servi­ cios Públicos de Empleo. Se definen los itinerarios de inserción sociolaboral, que seguirán estas personas, como medio para facilitar su in­ tegración en la sociedad. La Empresa de Inserción que define la nor­ ma es aquella que produce bienes o genera servicios en el mercado, y que, por tanto, se rige por los principios de competitividad y rentabi­ lidad, teniendo como fin primordial de su objeto social la integración sociolaboral de personas en situación o grave riesgo de exclusión so­ cial. Por otra parte, dado que las Empresas de Inserción están promo­ vidas y participadas por entidades o corporaciones de derecho públi­ co, o entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto social contempla la inserción social de personas especialmente desfavorecidas, junto al hecho de una necesaria tutela por parte de las Administraciones pú­ blicas, hace que éstas vengan obligadas a reinvertir la mayor parte de sus posibles beneficios económicos en la ampliación o mejora de sus estructuras productivas o de inserción. Asimismo, se regula el porcen­ taje de trabajadores en proceso de inserción que estas empresas deben tener respecto al total de los trabajadores de la plantilla. Se crea, en el Capítulo II, un Registro Administrativo de las Em­ presas de Inserción en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sin perjuicio de las competencias que en esta materia asuman las Comu­ nidades Autónomas. Se define en la norma los actos regístrales de ca­ lificaciones e inscripción, documentación sujeta a constancia registral, así como las causas legales de la pérdida de la condición de Em­ presa de Inserción. Los procedimientos de calificación y de pérdida de la condición de Empresa de Inserción serán preceptivamente in­ formados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En el Capítulo III se define la actuación de la Administración pú­ blica responsable, en cada caso, de los servicios Sociales y de los Ser­ vicios Públicos de Empleo en relación con los procesos de inserción, contemplándose acciones previas a la incorporación de los trabajado­ res a las Empresas de Inserción, así como de seguimiento y apoyo a éstos una vez finalizada su estancia en dichas empresas. El contrato de trabajo. Capítulo IV, para la adaptación sociolabo­ ral, que desarrolla la Ley, regula la relación laboral a concertarse entre un trabajador calificado en situación o grave riesgo de exclusión y lO índice

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una Empresa de Inserción, teniendo por objeto la prestación de unos servicios retribuidos en el marco de un itinerario de inserción perso­ nalizado previamente definido. En su regulación se ha tenido en cuenta las características de los trabajadores en proceso de inserción, así como las peculiaridades de la El, tratando de situar la relación la­ boral dentro del marco que se establece en el estatuto de los Trabaja­ dores, contemplándose en el texto determinadas particularidades in­ herentes a las relaciones y condiciones de trabajo existentes en estas empresas. Como principal característica del contrato para la adapta­ ción sociolaboral cabe señalar su carácter temporal, en las modalida­ des de tiempo completo o parcial, pudiendo concertarse por un pe­ ríodo mínimo de seis meses y máximo de tres años. Dentro de las medidas de fomento de la inserción sociolaboral. Capítulo V, se contemplan las diversas ayudas encaminadas a la con­ tratación de personas calificadas en situación o grave riesgo de exclu­ sión social, así como una serie de subvenciones que pudieran com­ pensar los sobrecostes laborales por la menor productividad de estas personas en la actividad empresarial. Asimismo, se reconocen otras ayudas para la creación de El. También se establece la forma de su fi­ nanciación. El Capítulo VI está dedicado al establecimiento del Régi­ men de infracciones y sanciones. Entre las disposiciones adicionales cabe resaltar la que recoge la suscripción de Acuerdos o Convenios entre la Administración Gene­ ral del Estado y las Comunidades Autónomas a efectos de intercam­ bio de información registral y estadística, así como la creación de una Mesa de Seguimiento de la Inserción Sociolaboral, a los efectos de coordinar y de velar por el cumplimiento de los fines previstos en esta norma. Por último, la Ley, en su Disposición transitoria primera, es­ tablece que las Fundaciones y Asociaciones que, a la fecha de entrada en vigor de la Ley, mantengan actividades de inserción SOCIOLABORAL en los términos definidos para las El, tendrán un período de transitoriedad en el que, manteniendo estas actividades, puedan adoptar la forma jurídica que les permita ser calificadas como Empre­ sas de Inserción».

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El Tercer Sistema en la Unión Europea: conclusión del Grupo de Expertos Antxon Olabe

Economista Ambiental de la Fundació Deixalles y miembro del Grupo de Expertos sobre el Tercer Sistema de la Comisión Europea - DGV. Diciembre 1999.

1.

DEFINICIONES Y DIMENSIONAMIENTO DEL TERCER SISTEMA

Existen diferencias esenciales con el estudio de la J. Hopkins University en cuanto a los componentes que integran el Tercer Sistema. En la definición de la Universidad americana el elemento decisivo es el ser una «organización sin ánimo de lucro», lo que elimina a las co­ operativas y mutuas (1). En la Unión Europea se considera, por el contrario, que los elementos tradicionales de la economía social —co­ operativas y mutuas— han de quedar incluidas en el concepto de Ter­ cer Sistema. Igualmente, se considera de escaso sentido que organiza­ ciones como las Universidades británicas o gran parte de los hospitales de Alemania formen parte del Tercer Sistema europeo, lo que sí ocu­ rriría según la definición de la mencionada Universidad. En la aproxi­ mación europea a este complejo debate se ha favorecido el evitar un enfoque exclusivamente formal —organizaciones que cumplen o no con tal requisito— y se ha tratado de favorecer una aproximación más ligada a las dinámicas sociales y a los factores históricos que explican el nacimiento y desarrollo de las organizaciones del Tercer Sistema. Los criterios que inicialmente están sirviendo de base para la de­ finición son los siguientes: • Organizaciones que responden a necesidades no satisfechas ni por los sectores público ni privado; (1) Estas organizaciones nunca han tenido en USA un papel económico y social comparable al que han alcanzado en Europa

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• autoorganización y autogestión; • orientadas hacia lo social y apoyadas en lo social; • organizaciones no orientadas exclusivamente hacia el benefi­ cio, si bien pueden existir beneficios, como en el caso de las cooperativas; • incorporan el trabajo voluntario; • contribuyen a la creación e impulso del capital social; Según los resultados provisionales presentados a la Comisión Europea, el Tercer Sistema aporta en ocho (2) países europeos más de 7,2 millones de empleos, lo que supone un 7,7 % del empleo asala­ riado de dichos países.Es importante señalar también que el potencial de creación de empleo en un sector de los servicios comunitarios — que incluye servicios sociales, servicios recreativos, de salud, educa­ ción y de cuidados asistenciales— es muy alto. De hecho, igualar los ratios de empleo con USA en ese sector significaría crear siete millo­ nes de empleos nuevos en la UE. 2.

PRINCIPALES CONTRIBUCIONES DEL TERCER SISTEMA EN CUANTO A LA CREACIÓN DE EMPLEO Y AL DESARROLLO LOCAL

Nuevas necesidades sociales están emergiendo en la UE como re­ sultado de profundos cambios sociológicos derivados de las modifica­ ciones en las pirámides poblacionales, en la incorporación masiva de la mujer al trabajo asalariado, en nuevos estilos de vida y hábitos de consumo, todo ello en un contexto de redefinición del papel del Es­ tado moderno en la vida de los ciudadanos. Sin embargo, los servi­ cios para satisfacer estas necesidades — asistencia en el hogar a perso­ nas mayores, cuidado de niños, mejoras en la vivienda de barriadas populares, servicios relacionados con la extensión de la cultura y el deporte, mejoras ambientales en entornos urbanos, asistencia a la ju­ ventud etc.— no siempre se ponen en marcha y, en consecuencia, no se generan los empleos a ellos asociados. (2) Alemania, Bélgica, España, Francia, Finlandia, Portugal, Reino Unido y Suecia.

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95 Por las especiales características de las organizaciones del Tercer Sistema, éstas se encuentran bien situadas para desempeñar un papel dinamizador y aglutinador en la articulación de dichos servicios co­ munitarios y, en consecuencia, en la generación de cientos de miles de nuevos puestos de trabajo en Europa en los próximos años. En ese sentido, hay que destacar que muchos de los servicios comunitarios arriba mencionados se caracterizan precisamente por ser intensivos en mano de obra. Se caracterizan también por estar muy vinculados a dinámicas económicas de ámbito local. En consecuencia, los puestos de trabajo que dichas dinámicas generan, la riqueza que crean y los gastos de consumo que junto a ellas se producen quedan en el ámbito local, a diferencia de actividades relacionadas con capitales multina­ cionales ligados a la economía global cuyos efectos se «dispersan» más allá del mencionado ámbito. 3.

PRINCIPALES VENTAJAS COMPARATIVAS DE LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER SISTEMA EN LAS DINÁMICAS DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

En primer lugar, las organizaciones del Tercer Sistema son multidimensionales en sus objetivos. No sólo proporcionan a la comuni­ dad servicios sociales de manera eficiente, sino que generalmente in­ corporan objetivos específicos sociales en su quehacer. De hecho, la experiencia del TSEP demuestra que una gran parte de las organiza­ ciones que se reconocen en el Tercer Sistema hacen de la inserción so­ cial y de la generación de empleo para parados de larga duración su objetivo central. La prestación de diversos servicios sociales, ambien­ tales, culturales, etc., es, para ellas, el instrumento necesario para ejer­ cer esa vocación social. En segundo lugar, las organizaciones del Tercer Sistema, por es­ tar muy vinculadas a sus ámbitos locales y por tener, generalmente, una clara vocación social, cuentan con una gran confianza y com­ plicidad de las comunidades donde ejercen su actividad. En ese sentido, las organizaciones del Tercer Sistema se están configuran­ do en los años 90 como una de las herramientas esenciales por las que la sociedad civil europea se articula a sí misma, se da voz pro­ pia y protagonismo en los ámbitos relacionados con nuevas deman­ das sociales.

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En tercer lugar, las organizaciones del Tercer Sistema se caracteri­ zan por formas de organización más democráticas y participativas que las tradicionales del sector privado y del público. En cuarto lugar, las organizaciones del Tercer Sistema se caracte­ rizan por poseer un elevado nivel de flexibilidad, creatividad y capa­ cidad de respuesta. Al ser organizaciones muy pegadas al terreno, son sensibles a las necesidades que van surgiendo en el entorno social en el que desarrollan su actividad. Su capacidad de respuesta ante las mismas es en general rápida y flexible. En cuanto a la creatividad, el Tercer Sistema se está configurando como un excelente campo de ex­ perimentación de nuevas ideas, métodos, productos y formas de or­ ganizar los servicios comunitarios. En quinto lugar, el Tercer Sistema plantea una visión del desarro­ llo local más amplia e integradora que la proporcionada por los mo­ delos de desarrollo local tradicionales. El Tercer Sistema pone, gene­ ralmente, en primer plano consideraciones éticas — cohesión social, integración, igualdad, etc.— que enriquecen de manera significativa el debate sobre qué tipo de desarrollo local han de plantearse las so­ ciedades europeas postindustriales a las puertas del siglo XXI.

4.

INCREMENTO DE LA EMPLEABILIDAD DE COLECTIVOS SOCIALMENTE DESFAVORECIDOS Y FOMENTO DE LA COHESIÓN SOCIAL

Las organizaciones del Tercer Sistema están desempeñando un pa­ pel crucial en los años 90 en el desarrollo de programas de inserción de colectivos socialmente desfavorecidos. A través de esa actividad de mejora de la empleabilidad de colectivos en situación de riesgo social las organizaciones del Tercer Sistema producen lo que se conoce como externalidades positivas, que pueden y deben ser debidamente cuantificadas económicamente para que la sociedad en su conjunto, y los res­ ponsables políticos en particular, conozca el beneficio económico glo­ bal que el Tercer Sistema aporta a la sociedad. La adecuada conceptualización y cuantificación de estas externalidades positivas es uno de los elementos clave para justificar correctamente la necesidad de que existan formas jurídicas apropiadas e incentivos económicos y fiscales adecuados que compensen las contribuciones realizadas por las orga­ nizaciones del Tercer Sistema a la sociedad.

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97 5.

CONSTRUYENDO CAPITAL SOCIAL EN LA UNIÓN EUROPEA

La profesora de Harvard Rosabheth Moss Kantor, en sus investi­ gaciones sobre los factores de éxito de las economías locales a nivel mundial, ha llegado a la conclusión de que hay cuatro elementos esenciales que contribuyen a explicar por qué unas economías locales prosperan mejor que otras: • Conceptos (ideas, imaginación e innovación). • Capacidades (habilidades, gestión, conocimiento y experiencia). • Apertura/conectividad (redes de relación con otros lugares y habilidad para mirar hacia el futuro). • Sentido de comunidad (el último y más importante elemento identificado por la autora es la cohesión social, el sentido de pertenencia e integración social). El grupo de expertos del TSEP ha concluido que una de las apor­ taciones más trascendentales que el Tercer Sistema está aportando en los últimos 15 años a la sociedad europea es el fomento de la cohesión social. El énfasis en lo social que aportan la mayoría de las organiza­ ciones del Tercer Sistema contribuye a la creación de comunidades so­ ciales más integradas, a evitar activamente la exclusión, contribuye igualmente a generar y promover sentido de pertenencia comunitario y adhesión social, contribuye, en definitiva, a crear capital social. La problemática específica de las Empresas de Inserción: los obstáculos

Es muy importante tener en cuenta que las empresas de inserción son un componente del tercer Sistema y que éste engloba otros tipos de empresas. Es importante también recordar la distinción que se re­ aliza en los estudios del Grupo de Expertos sobre las denominadas viejas organizaciones del Tercer Sistema —la economía social— y las nuevas organizaciones que han surgido en la UE en los últimos 15 años, la mayoría de las veces sin vínculos claros con las estructuras tradicionales del movimiento cooperativo (3). lO índice

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Algunos de los problemas más importantes identificados en los estudios del Grupo de Expertos que afectan directamente a las orga­ nizaciones orientadas a la inserción socio-laboral de colectivos desfa­ vorecidos son los siguientes: En primer lugar, el problema de la calidad tanto en los servicios ofrecidos como en la calidad de los empleos creados. Una de las difi­ cultades que pesa sobre la credibilidad de las organizaciones del Tercer Sistema que trabajan en la inserción es su capacidad para ofrecer bienes y servicios que superen los estándares de calidad que se exige a la em­ presa privada. Al ser empresas orientadas a la inserción de colectivos so­ cialmente marginados existe el riesgo real de conformarse con unos ni­ veles de calidad que no serían suficientes en el mundo competitivo de la esfera privada. La otra vertiente de la calidad tiene que ver con ofre­ cer unos puestos de trabajo a las personas en procesos de inserción que no entren en contradicción con los requisitos mínimos que las organi­ zaciones sindicales consideran necesarios — salarios, seguros sociales, condiciones de seguridad e higiene, vacaciones, etc.— El tema de la ca­ lidad es, en opinión del Grupo de Expertos, el reto por excelencia que han de enfrentar las organizaciones del Tercer Sistema que trabajan con temas de exclusión social en los próximos años, si de verdad aspiran a ocupar un lugar relevante en las políticas de empleo y en las políticas sociales de la Unión Europea y de sus Estados miembros. En el área ambiental, un segundo problema importante es la pre­ sencia masiva de la empresa privada en las actividades que tienen que ver con la gestión de los residuos sólidos urbanos, campo de actua­ ción tradicionalmente muy importante para las organizaciones am­ bientales del Tercer Sistema. Respecto a este tema es preciso adoptar una estrategia activa de colaboración con el sector privado. Un tercer obstáculo identificado en países como el nuestro es la ausencia de un marco jurídico adecuado que encauce adecuadamente a las empresas de inserción. Dicha fórmula jurídica es esencial para te­ ner acceso a las ayudas fiscales y sociales derivadas del reconocimiento de las externalidades positivas a las que antes se ha hecho alusión.

(3) Italia es la excepción más clara a esta tendencia general, ya que en este país las Cooperativas Sociales de Inserción han aparecido vinculadas desde sus inicios al movi­ miento cooperativo.

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99 En cuarto lugar, hay que señalar el problema de la perpetua escasez de capital y de recursos económicos que presenta la mayoría de las or­ ganizaciones del Tercer Sistema. El problema estructural de la escasez de recursos conecta de manera directa con el problema de la calidad antes mencionado, generando en ocasiones círculos viciosos difíciles de rom­ per. El Grupo de Expertos ha dedicado una especial atención al tema de los instrumentos financieros y a dichos trabajos nos remitimos.

Puntos fu ertes d e las organizaciones d el Tercer Sistema p a ra superar los obstáculos Las organizaciones del Tercer Sistema tienen su primer punto fuerte en los lazos sólidos que mantienen con las comunidades sociales en las que realizan su trabajo. Al tener, en general, un objetivo social y al contar con fuertes lazos en la comunidad, pueden aparecer ante las Administraciones locales como instrumentos adecuados a través de los cuales las Administraciones pueden promover políticas activas so­ ciales, de empleo y ambientales. Por ello es fundamental que las orga­ nizaciones del Tercer Sistema consoliden sus lazos sociales locales. En segundo lugar, las organizaciones del Tercer Sistema deben ser y aparecer como aliados naturales de las instituciones locales, tanto en lo que se refiere a políticas sociales, como a políticas de formación, ambientales y/o de empleo. Su no orientación hacia el lucro privado les confiere una legitimidad ante las instituciones, que se trata de aprovechar al máximo. Prácticamente todas las experiencias relevantes de organizaciones del Tercer Sistema tienen como denominador co­ mún la existencia de unos lazos muy estrechos con las instituciones locales. El Tercer Sistema debe recoger la bandera del desarrollo local, además de la cohesión social y del desarrollo sostenible. En tercer lugar, las modernas organizaciones del Tercer Sistema han sido muy activas, tejiendo redes de colaboración tanto de ámbito regional, como nacional y en ocasiones europeo. Estas redes han per­ mitido un gran trasvase de información y de experiencias que ha ace­ lerado los procesos de maduración de las organizaciones más jóvenes. Es esencial continuar ese camino y dar definitivamente el salto hacia la consolidación de estructuras de segundo nivel que sirvan de unidu' des de inteligencia para el conjunto de las organizaciones y que contrilO índice

100 huyan a desempeñar también las imprescindibles tareas de represen­ tación y lobby ante las Administraciones nacionales.

Mensajes clave que el Grupo de Expertos ha lanzado a la Comisión • En muchas partes de la Unión Europea existen serios proble­ mas en lo que respecta a la escasa capacidad de generación de empleo y al alto nivel de desempleo que aporta el actual mode­ lo económico europeo. • La Estrategia Europea sobre Empleo, a través de los Planes Na­ cionales de Empleo y de la aplicación de los Fondos Estructura­ les, es una herramienta esencial a través de la cual enfrentar di­ chos problemas. El nivel local tiene un papel clave que desempe­ ñar en dicho proceso. • La escala actual del Tercer Sistema en la UE es ya significativa pero necesita volverse más visible. Es igualmente imprescindi­ ble que su actual contribución en términos de empleo y de de­ sarrollo local quede demostrada más efectivamente ante los res­ ponsables políticos. • El tercer Sistema tiene un papel esencial que desempeñar en la creación de empleo y en las dinámicas de desarrollo local a tra­ vés de: — generar empleo en toda una serie de nuevos yacimientos que han ido emergiendo en los últimos años; — responder a las evoluciones de la oferta y la demanda vin­ culadas con la emergencia de nuevas necesidades sociales; — reforzar la empleabilidad de sectores sociales en riesgo de exclusión social.• • El Tercer Sistema genera valor añadido en las dinámicas de de­ sarrollo local a través de las siguientes contribuciones: — ayuda a generar capital social, fortalece relaciones de con­ fianza en la comunidad y posibilita la participación volun­ taria de ciudadanos en diversas actividades sociales;

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— contribuye decisivamente a fortalecer la cohesión social de la comunidad, con su actividad de integración de personas en riesgo de exclusión; — amplía la estructura de la economía local, con sus nuevas formas de organización más democráticas, participativas y representativas. • El principal valor añadido del Tercer Sistema se deriva de su capacidad y habilidad para combinar objetivos económicos y sociales, para internalizar toda una serie de externalidade nega­ tivas existentes en la sociedad en forma de exclusión y marginación, así como por ser capaz de proporcionar un alto grado de motivación y adherencia entre sus miembros. • El Tercer Sistema aporta una nueva visión a las dinámicas tradicionales de desarrollo local al presentar inciativas que tratan de conjugar y reconciliar la provisión de servicios co­ munitarios, junto a la generación de empleo y el fomento de la solidaridad social. • El Tercer Sistema es innovador y creativo y ofrece actividades complementarias a las de los sectores público y privado. • Sin embargo, existen barreras importantes que limitan el desa­ rrollo del potencial del Tercer Sistema en la UE. Se necesita, en consecuencia, implementar un conjunto de medidas políticas a nivel de la UE y de sus Estados miembros, así como a nivel de las agencias de desarrollo locales, que reduzcan la fragilidad de las organizaciones del Tercer Sistema y que ayuden a cerrar la brecha entre su actual realidad y su potencial. Principales propuestas políticas que el Grupo de Expertos ha presentado a la Comisión Europea

En primer lugar, sacar al Tercer Sistema de las sombras y dar a co­ nocer ampliamente su contribución en temas de empleo y cohesión social. Entre los principales destinatarios de este mensaje deben estar la Comisión, el Parlamento Europeo, las Administraciones nacionales y los agentes económicos y sociales europeos. lO índice

102 En segundo lugar, identificar y cuantificar en términos econó­ micos las importantes externalidades positivas que el Tercer Sistema está aportando a la sociedad europea de fin de siglo. En base a dicha identificación y cuantificación, crear los oportunos mecanismos de compensación que favorezcan su desarrollo y consolidación En tercer lugar, favorecer que las políticas de contratación de los Estados miembros tengan en cuenta las características específicas de las organizaciones del Tercer Sistema, de manera que, en determina­ das circunstancias, se favorezca que las contrataciones queden adjudi­ cadas a dichas organizaciones. En cuarto lugar, creación de un Comité Asesor sobre el Tercer Sistema que ayude a la Comisión y el Parlamento europeo en la for­ mulación de un proyecto estratégico de desarrollo y consolidación del Tercer Sistema a nivel europeo. En esa dirección, dicho Comité debe­ ría avanzar en la generación de un corpus teórico, así como en el aná­ lisis de las implicaciones políticas, económicas y jurídicas más rele­ vantes relacionadas con el desarrollo del Tercer Sistema en el ámbito de la UE. Una de las tareas más relevantes de ese Comité sería favo­ recer la definición e implantación de los estándares de calidad en el Tercer Sistema europeo. En quinto lugar, desarrollar programas específicos destinados a atraer a una nueva generación de emprendedores de lo social hacia el Tercer Sistema europeo. Ampliar y renovar el capital humano de las organizaciones del Tercer Sistema. En sexto lugar, crear y fortalecer estructuras de segundo nivel. En séptimo lugar, crear los marcos jurídicos adecuados donde sean necesario. En octavo lugar, crear mecanismos económico-financieros apro­ piados. Finalmente, impulsar la firma de contratos políticos entre las Ad­ ministraciones locales y regionales y las organizaciones del Tercer Sis­ tema, de manera que éstas se conviertan en interlocutores estables de aquéllas, así como en instrumentos útiles para la aplicación de políti­ cas de empleo, sociales y ambientales.

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Apuntes sobre el marco normativo de las Empresas de Inserción Eduardo Rojo Torrecilla (1)

1. El objeto de este artículo es exponer algunas ideas de por dónde podría ir la regulación de la figura jurídica que mejor encaja para acoger a colectivos especialmente desfavorecidos y de difícil ac­ ceso al mercado de trabajo, cual es la empresa de inserción (El), en la que los trabajadores desarrollan una actividad productiva con un componente formativo. La inserción por la actividad económica tiene por objeto, tal como se recoge en la ley francesa, «permitir a personas sin empleo, que padecen dificultades sociales y profesionales particu­ lares, beneficiarse de contratos de trabajo con el objetivo de facilitar su inserción social y profesional... (mediante) modalidades específicas de acogida y de acompañamiento» (2). En mi exposición parto de un planteamiento previo, cual es la valoración positiva que concedo a es­ tas empresas, pues el análisis de las experiencias puestas en marcha en España y en otros países europeos, en especial en Francia, pone de manifiesto que posibilitan la rehabilitación social de un número no desdeñable de personas y dan un resultado positivo para las finanzas públicas cuando se efectúa el balance de costes-beneficios de las es(1) Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Girona. Fecha de cierre del trabajo: 9 de noviembre de 1999. El artículo desarrolla, amplía y profundiza en ideas y tesis ya expresadas en anteriores trabajos y foros de discu­ sión en los que he tenido oportunidad de participar. (2) El art. 6 de la Ley de Orientación de Lucha contra las Exclusiones, de 29 de julio de 1998, da una nueva redacción en los términos citados en el texto al art. 322-4-16 del Code du Travail. Según datos oficiales, hay 88 empresas de inserción, 140 empresas de trabajo temporal de inserción y unas 1.100 asociaciones intermediarias, siendo el objetivo gubernamental tanto clarificar las reglas aplicables a este sector como duplicar en tres años su capacidad de acogida. lO índice

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tructuras de inserción y se compara «con el de otros dispositivos de prevención del desempleo y de creación de empleo, habida cuenta de los subsidios ahorrados y de las cargas e impuestos pagados» (3). A la regulación de las El, al margen de cuales sean sus conte­ nidos, queda obligado el Gobierno español, ya que debía presentar un proyecto de ley ante el Parlamento antes del 24 de marzo de 19 9 9 , obligación incumplida hasta el momento de redactar este trabajo, aun cuando ha habido cinco borradores de anteproyecto de ley (4), y que le fue recordada con ocasión del último debate sobre el Estado de la Nación (5). En el momento presente parece, a tenor de la regulación recogida en el Proyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social para el año 2 0 0 0 (PLMFAOS), que se ha optado por la vía más limitada de incentivar la contratación de dichos colectivos (6), vía que no ha merecido una valoración especialmente positiva del Consejo Económico y Social (CES), por entender que estas medidas deberían formularse «en el marco de la futura ley de inserción sociolaboral, al objeto de ofrecer una consideración global de la problemática de este colec­ tivo» (7). 2. Pero antes de abordar las cuestiones jurídicas es importante subrayar que la lucha contra la exclusión debe pasar además por la ín­ tima vinculación entre el crecimiento económico y la política social, además de la acción combinada de las Administraciones públicas y de (3) D. D emoustier , «Francia. De las estructuras diversificadas a la encrucijada de caminos». J. D efourny , L. Fabreau , J. L. Laville (directores), Inserción y nueva econo­ mía social. Ciriec, Valencia, 1997, pág. 20. (4) El último texto que he tenido oportunidad de consultar es de fecha 23 de junio de 1999. Con anterioridad tuve oportunidad de conocer cuatro borradores, con fecha de febrero, marzo y mayo de 1998, y 7 de mayo de 1999. (5) La Resolución núm. 61, aprobada como todas las demás el 23 de junio, instaba al Gobierno a reforzar su política social, por lo que debería proceder a «aprobar, en el pla­ zo más breve posible, un Proyecto de Ley de Inserción que configure un marco jurídico estable para las empresas de inserción socio-laboral y contemple a las mismas como ins­ trumentos necesarios y positivos para combatir la exclusión social». Cfr. Boletín Oficial del Congreso de los Diputados, Serie D, 30 de junio de 1999, núm. 455, pág. 68. (6) Publicado en el BOCG-CD, Serie A, 7 de octubre de 1999, núm. 187-1. Ya ha­ bía apuntado esta posibilidad el Ministro de Trabajo Manuel Pimentel en una entrevista publicada tn ABC, 11 de julio de 1999, pág. 12. (7) Dictamen 13/1999 sobre el Anteproyecto de Ley de medidas fiscales, adminis­ trativas y de orden social, aprobado en la sesión ordinaria del Pleno de 29 de septiembre de 1999, pág. 24.

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103 las iniciativas social y privada, tal como constata J. GARCIA R o C A , para quien la protección social y el apoyo a los colectivos desfavoreci­ dos es «una nota constitutiva del crecimiento económico y un factor importante del éxito económico» (8). No sirven sólo políticas exclu­ sivamente laborales para estos colectivos, pues no cabe olvidar la difi­ cultad intrínseca en que se encuentran en el ámbito laboral (9) y que lleva a que numerosos empresarios observen con muchas reticencias la posibilidad de incorporar a las personas afectadas a su empresa por sus dificultades de empleabilidad (10). Y también parece necesario plantear la articulación de las medidas dirigidas a estos colectivos con las que tienen por sujetos al conjunto de la población trabajadora, tratando de evitar, como muy correctamente apunta la exposición de motivos de la ley francesa, «la formación de un derecho de los exclui­ dos que podría ser estigmatizante y sinónimo de un derecho de se­ gunda clase» (11). En fin, las políticas de inserción deben instrumen­ tarse no sólo por la Administración, sino también en estrecha colabo­ ración con empresas, entidades o instituciones colaboradoras que conocen muy directamente la problemática de los colectivos desfavo­ recidos y que contribuyen a la lucha contra el proceso de dualización social que cada vez se manifiesta de forma más clara en nuestras so­ ciedades, al convivir «un grupo cada vez más reducido de trabajadores especializados muy bien retribuidos, y otro cada vez mayor de trabá­ is) «Políticas sociales contra la exclusión». Iglesia Viva, núm. 188, marzo-abril 1997, pág- 137. __ ^ ................................ (9) «La empleabilidad se convierte en una barrera más de discriminación social, don­ de converge el resto de las discriminaciones acumuladas de la persona y que tienen su ori­ gen en la pobreza o exclusión social». Cfr. Cáritas, ¿C óm o d esa rrolla r la em p lea b ilid a d ? h\ 2idrid, 1999, pág. XV. (10) Se subrayan los efectos perversos que puede tener la denominación institucional de personas con dificultades, «denominación que puede ratificar a los empresarios en su idea de que determinados segmentos de la población activa presentan características obje­ tivas de inempleabilidad». J. D efourny , L. Favreau y J. L. L aville , «Introducción a un balance internacional». J. D efourny , L. Favreau y J. L. L aville (directores). In serción y... ob. cit., pág. 20. (11) El texto plantea como objetivo de las políticas públicas el hacer salir a los ciu­ dadanos de las situaciones difíciles en que se encuentren, por medio de políticas activas que permitan a cada persona «ser responsable de su vida». Se trata, en suma, de encontrar un equilibrio entre «la puesta en marcha de soluciones específicas y de formas de discri­ minación positiva en beneficio de ios más desfavorecidos, y de otra la inscripción de estas acciones en el derecho común», pues «... el respeto a la dignidad de los más desfavorecidos impone, siempre que sea posible, soluciones de derecho común antes que dispositivos de excepción siempre estigmatizantes».

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jadores cuyo poder adquisitivo tiende a generar precariedad y pobre­ za» (12). 3. Conviene indicar la inexistencia todavía de una regulación propia de estas empresas en el ámbito estatal español, y hasta el PLMFAOS tampoco encontrábamos medidas específicas de índole laboral y de seguridad social que incentivaran su puesta en marcha y la con­ tratación de personal con dificultades. Ahora bien, cada vez hay más documentos, tanto de instancias tanto públicas como privadas, que se pronuncian en favor de dicha regulación, de los que quiero destacar los siguientes: A) En el Plan de acción para el empleo 1998 del Reino de Es­ paña, aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de abril, hay una mención escueta pero significativa, dentro de las medidas que debe­ rán adoptarse para potenciar la economía social, a la «regulación de las empresas de inserción social para facilitar la integración sociolaboral de grupos afectados por la exclusión social», regulación que se ela­ borará «a lo largo de 1998» (13). Más adelante, el entonces Secretario General de Empleo, Manuel Pimentel, manifestó en comparecencia parlamentaria que «se encuentra en estudio la posibilidad de una ley reguladora de las empresas de inserción que recoja el espíritu de la proposición aprobada por el Congreso de los Diputados de 1995 en este sentido» (14). Como he indicado con anterioridad, el proyecto (12) F undación Empresa y S ociedad . Casos de empresas que apoyan el empleo de personas desfavorecidas. Zaragoza, 1999, pág. 17. Las empresas referenciadas en la publica­ ción acogen entre otros a «jóvenes periféricos de grandes ciudades que han tenido proble­ mas de fracaso escolar o de familias desestructuradas, ex drogodependientes, ex reclusos, mujeres de familia monoparentales, personas sin techo, minorías marginadas o parados de larga duración mayores de 45 años» (pág. 15). (13) Con ocasión del debate general el pasado año sobre el Estado de la Nación, el Pleno del Congreso aprobó una resolución en la que instaba al Gobierno a que «en el ámbito de la protección social en el que se amparan situaciones de especial necesidad se emprendan las siguientes medidas encaminadas a paliar las carencias de determinados colectivos: c) elaborar un plan integral de lucha contra la exclusión social». Cfr. Diario O ficial de las Cortes Generales-Congreso, 27 de mayo de 1998, serie D, núm. 287, pág. 56. (14) Boletín Oficial del Congreso de los Diputados. Comisión de Política Social y de Empleo, núm. 433, 22 de abril de 1998, pág. 12582. El entonces secretario general su­ brayaba que «el Gobierno es consciente de que tiene que poner recursos para desarrollar estas empresas, que tienen, si lo hacemos con inteligencia, unas necesidades financieras no elevadas, dentro del volumen de lo que es un presupuesto, y desde luego la inversión que se haga se recupera con inteligencia» (pág. 12587).

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107 de ley previsto no ha visto aún la luz, y de ahí que en el Plan de Em­ pleo de 1999, aprobado el 21 de mayo, se insista en que el Gobierno prevé la preparación de una ley de inserción sociolaboral, «al objeto de establecer un marco apropiado que facilite la inserción sociolabo­ ral de las personas en situación de exclusión social o de marginación», y se prevea una nueva figura contractual, «el contrato de trabajo para la inserción laboral» (15). B) En el Informe anual de 1997 elaborado por el Sindic de Greuges de Catalunya, se proponía fomentar las El «que ofrecen una alternativa laboral adaptada a las capacidades de las personas en situa­ ción de marginación severa», siendo del todo punto necesario «definir su marco jurídico» (16). En su Informe de 1998, se insistió en la ne­ cesidad de regulación de las El, poniendo de manifiesto que éstas «deberían definirse en base a su rentabilidad personal, sin perjuicio de la rentabilidad y viabilidad económica, circunstancia que debe asegu­ rarse», y que debería plantearse «el régimen de incentivos a las empre­ sas, exenciones fiscales por ejemplo, eventualmente ayudas directas en función del logro de objetivos, facilidades crediticias, etc.» (17). C) En un documento elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias se plantea la creación de las El para dar res­ puesta a nuevos problemas de la economía local. Más en concreto se propone legalizar e incentivar las empresas de economía solidaria o «empresas de empleos y solidaridad», conceptuadas como «un vehícu­ lo de inserción de colectivos con especiales dificultades de entrada en el mercado laboral», y dotándolas de incentivos fiscales y a la contra(15) Según el Plan de Empleo, en dicha ley se acogerá a «ex reclusos, drogodependientes en rehabilitación, inmigrantes con otros problemas y otros colectivos que en la ac­ tualidad tienen muy pocas posibilidades de obtener empleo en el mercado ordinario». En una entrevista el Ministro de Trabajo reiteraba que «tenemos prevista ... una Ley de inser­ ción Laboral muy novedosa, dirigida a los colectivos excluidos: toxicómanos, parados de larguísima duración y personas en situación de marginalidad: es decir, una ley de lucha contra la exclusión por la vía de la inserción laboral». R ela cion es Laborales^ núm. 10, mayo 1999, pág. 12. Según los primeros cálculos realizados en sede ministerial, podrían benefi­ ciarse de la nueva norma entre tres mil y cuatro mil personas. (16) Publicado en el B u tlletí O ficia l d e l P a rla m en t d e C atalunya, núm. 266, 20 de marcj de 1998. Llibre segon: L’exclusió social, pág. 21833. (17) Publicado en el B u tlletí O ficia l d e l P a rla m en t d e C atalunya, núm. 380, 19 de mar^ de 1999, págs. 31241-31242. Pd Sindic pedía también que en el ámbito de aplica­ ción de la normativa, la Administración «sea especialmente diligente en el cumplimiento de las obligaciones que asume».

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ración. Se plantea que las Corporaciones locales puedan ser promoto­ ras de empresas de inserción laboral y que sean las que cumplan el re­ quisito de «identificación y/o tutela» de las El, «dado que el campo de actuación de estas empresas será básicamente el local» (18). Las propuestas formuladas guardan cierta sintonía con las contenidas en la normativa francesa, en la que se dispone que los municipios y las agrupaciones de municipios establecerán «planes plurianuales para la inserción y el empleo en el ámbito geográfico más apropiado a la sa­ tisfacción de las necesidades locales» (19). D) También se manifestó favorable a la regulación de las El el CES en su Informe sobre la pobreza y la exclusión social en España, aprobado el 27 de septiembre de 1996. Para el CES dichas empresas son una vía válida para la creación de empleo para personas en situa­ ción de pobreza y exclusión, y considera como tales «aquellas empre­ sas que tienen como objeto la promoción de la inserción social y pro­ fesional de las personas a través del ejercicio de una actividad econó­ mica o el desarrollo de servicios para sectores afectados por la marginación» (20). 4. No han faltado intentos de regular las EL Ya en 1995 fueron presentadas dos proposiciones tendentes a su regulación en el ámbito estatal, si bien ninguna de ellas vio su desarrollo. Por orden cronológico, la primera fue la presentada por lU-IC, titulada «Proposición de ley de regulación de las empresas de econo­ mía solidaria y alternativa» (21), dedicadas éstas a dar respuesta efec­ tiva, según sus promotores, a «los diversos colectivos que vienen des(18) «Una alternativa desde el mundo local a la lucha contra el desempleo mediante políticas activas de empleo». Documento entregado el 25 de marzo de 1998 al Ministro de Trabajo, Sr. Javier Arenas, como aportación de la FEMP a la elaboración del Plan de Empleo del Reino de España. (19) Nueva redacción del art. L. 322-4-16-6 del Code du Travail, en el que también se dispone la implicación del Estado en dichos planes durante un período máximo de cin­ co años. (20) Informe 8/96, pág. 90. El CES también considera que debería reconocerse un derecho pleno de todo ciudadano carente de recursos a disponer de unos ingresos míni­ mos garantizados, «sin perjuicio de mejoras sobre dichas cuantías, establecidas por cada Comunidad Autónoma, basadas entre otras razones en los diversos niveles de desarrollo, riqueza y costes de vida de los distintos territorios» (pág. 92). (21) Boletín O ficial de las Cortes Generales-Congreso, 11 de septiembre de 1995, Se­ rie B, núm. 142-1.

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109 de hace varios años reclamando el reconocimiento oficial de estas en­ tidades y asociaciones que tanto aportan a la cohesión social». En la proposición se aceptaba que tales empresas podrían desarrollar su ac­ tividad mediante cualquier forma jurídica societaria legalmente reco­ nocida y que debería crearse un registro de las mismas en el seno del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (en la actualidad Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales). Se propugnaba que gozaran del mis­ mo régimen tributario que el previsto en el T II de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de fundaciones y de incentivos fiscales a la par­ ticipación privada en actividades de carácter general, así como la bo­ nificación en las cuotas empresariales a la Seguridad Social, en un 75%, en caso de contratos indefinidos con personas socialmente dis­ capacitadas. Incidentalmente debo afirmar que me parece incoheren­ te que se propusiera la subvención de contratos indefinidos cuando estas empresas han de configurarse como un período transitorio para todo trabajador perteneciente a un colectivo desfavorecido. En segundo término podemos referirnos a la proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario socialista sobre regulación de las El (22). Se defendía su regulación específica como una forma de desarrollar «acciones concretas, positivas, para contribuir no ya a mitigar las dificultades de las personas que se encuentran en situación de dificultad, sino para crear espacios que favorezcan su inserción so­ cial y/o profesional». Se propugnaba su reconocimiento legal por me­ dio de una norma que estableciera «los requisitos que deben cumplir para ser reconocidas, y las personas susceptibles de ser incorporadas a las empresas». Para garantizar su viabilidad, y darle un trato diferen­ ciado en razón de la función social que cumple, se planteaba la con­ cesión de un tratamiento fiscal especial, la reducción de costes labo­ rales (vía reducción de cuotas de la Seguridad Social o bien de sub­ venciones por cada puesto de trabajo creado), así como mecanismos que facilitaran el acceso a las vías de financiación. Más adelante, en 1998, se presentó una proposición no de ley por el grupo parlamentario catalán Convergencia i Unió que, al igual (22) B oletín O ficia l d e las C ortes G enerales-C ongreso, 29 de septiembre de 1995, Serie D, n.° 275, págs. 10-11. Fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso en la sesión del 7 de noviembre. D ia rio O ficia l d e l C ongreso d e los D iputados, n.° 181, págs. 9581 a 9588.

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l io que hicieron las propuestas socialistas y del grupo Izquierda UnidaIniciativa per Catalunya en su momento, solicitaba que el Gobierno regulara o, dicho más exactamente, estableciera el marco legal regula­ dor, en relación con las empresas de inserción sociolaboral (23). En dicha proposición se solicitaba al Gobierno que presentara al Parla­ mento, en el plazo de seis meses a partir de su aprobación parlamen­ taria, un proyecto de ley que abordara la regulación de dichas empre­ sas, «sin perjuicio de las competencias que en este ámbito tengan asu­ midas las Comunidades Autónomas». La justificación de una regulación propia para este tipo de empre­ sas se encontraba, a juicio de los proponentes, además del reclamo propio por parte de aquellas empresas que vienen ya funcionando de hecho en el mercado al margen de la inexistencia de una regulación específica, en que incorporan un valor social, además del estrictamen­ te económico, en todas sus actividades; permiten que personas que de otra forma no podrían acceder al mercado de trabajo lo hagan en el seno de estas empresas y con metodologías formativas que combinan la actividad productiva propiamente dicha con la recuperación de va­ lores y hábitos laborales muy poco conocidos por ellas, amén de de­ sarrollar buena parte de sus actividades en sectores de atención a las personas que se sitúan en el nuevo marco de los llamados «yacimien­ tos de empleo», tan promocionados desde ámbitos comunitarios y acogidos en todos los países como una vía adecuada para la creación de nuevo empleo. La propuesta requería la intervención gubernamental estatal en varios ámbitos de regulación jurídica y dejaba sin especificar, obvia­ mente por tratarse de una simple proposición no de ley, cuáles son las competencias que las Comunidades Autónomas (CC.AA.) habrían de conservar en este ámbito, aunque a fuer de ser sinceros si el Gobierno estatal hiciera suyo y desarrollara adecuadamente el contenido íntegro de la proposición no me parece que quedara mucho espacio de inter­ vención para la autonomía correspondiente en el terreno normativo, salvo en la regulación de la normativa sobre cooperativismo para las que tienen competencias exclusivas en esta materia (sí por contra en el terreno de organización administrativa del registro correspondien(23) Boletín Oficial de las Cortes Generales-Condeso, Serie D, 3 de junio de 1998, núm. 291, págs. 20-21.

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111 te); no de otra forma puede plantearse este interrogante si se observa que el texto presentado al Congreso pedía que el Gobierno regulara el marco definidor de estas empresas; qué requisitos han de cumplir y qué actividades pueden desarrollar; qué colectivos pueden ser contra­ tados; un marco laboral propio para éstos que incluya una estrecha relación entre las medidas de política de empleo en sentido estricto y las de política formativa; la oportuna incentivación en materia de Se­ guridad Social y fiscal, pues las actividades empresariales «necesitan de instrumentos públicos que compensen los mayores costos y difi­ cultades que supone a las empresas emplear personas con evidentes problemas», y la ordenación de una adecuada cooperación entre el sector público y el privado en este terreno que podría incluir formas de mecenazgo para este tipo de empresas. La proposición fue tomada en consideración por la Comisión de Política Social y de Empleo del Congreso del 24 de junio, si bien se amplió el plazo de presentación del proyecto a nueve meses en virtud de una enmienda presentada por el grupo Popular; además, se dejó la puerta abierta a que la nueva regulación sea plural, es decir, que no se trate de un sólo texto el que aborde la problemática de las El, en cuanto que el redactado final de la proposición aprobada subrayó que «el mencionado proyecto de ley deberá acompañarse de un paquete de medidas específicas de fomento de la inserción sociolaboral» (24). Como he dicho ya con anterioridad, todavía no se ha cumplido por el Gobierno la obligación asumida y es obvio que no se cumplirá en la legislatura que ya toca a su fin, salvo probablemente en la regula­ ción de medidas de apoyo e incentivación de la contratación. 5. En el ámbito autonómico existen normas que regulan em­ presas de este tenor, aunque paradójicamente en alguna ocasión no se haya utilice la palabra «empresa», quizá por considerar que estamos en presencia de una realidad productiva diferenciada del modelo clá­ sico y que por tanto procede utilizar otra terminología. No obstante, a mi entender lo realmente importante es considerar qué actividades realizan dichas empresas y cuál es el personal que presta sus servicios en la mismas, para determinar si estamos en presencia de una realidad productiva encajable dentro del ámbito jurídico de las El, más allá de 10 de julio de 1998, serie D, (24) B oletín O ficia l d e l C ongreso d e los D iputados. núm. 307, pág. 6.

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112 la utilización de una terminología u otra para referirse a ellas (25). Una regulación especialmente interesante es la contenida en el Decre­ to de la Comunidad Foral de Navarra de 26 de mayo de 1999, regu­ lador de los centros de inserción sociolaboral, centros que para poder acogerse a las ayudas previstas en la norma deben ser entidades de de­ recho público o privado que han de tener como interés social la in­ serción sociolaboral de colectivos desfavorecidos, desarrollar una acti­ vidad económica lícita de producción de bienes y servicios en cual­ quier sector del mercado, y además quedando obligados los centros de inserción mercantiles «a reinvertir los beneficios derivados de su actividad económica en la propia empresa o en la promoción de las actividades relacionadas con el empleo de inserción sociolaboral». En el último borrador conocido de norma estatal ya se utiliza la expre­ sión «empresa de inserción» y se la define, en muy parecidos términos a la regulación foral navarra, como «aquella que, debidamente califi­ cada, realice cualquier actividad económica lícita de producción de bienes o prestación de servicios y cuyo objeto social tenga como fin primordial la integración sociolaboral de personas en situación o gra­ ve riesgo de exclusión social». 6. Una cuestión importante que debe debatirse con claridad es la de si es necesaria o no una regulación propia y diferenciada para este tipo de empresas. Y entiéndase bien lo que quiero decir: una cosa es la adopción de medidas encaminadas a facilitar y potenciar el desa­ rrollo de las mismas, a través de técnicas incentivadoras como las an­ tes citadas y en atención al fin social que las mismas cumplen, y otra bien distinta sería la existencia de un cuerpo jurídico total y absoluta­ mente diferenciado, o lo que es lo mismo, una regulación legal de es­ tas empresas diferente (de forma total o parcial) de la existente para las restantes. En suma, se trata de plantearse si los objetivos persegui(25) Paradigmático al respecto es el ejemplo de una norma ahora ya no vigente de la Comunidad Valenciana. La Resolución de la Consellería de Treball i Afers Socials de 25 de marzo de 1993 (DOGV, 6 de mayo) «por la que se instrumentan medidas y se estable­ cen ayudas para la inserción profesional de colectivos desfavorecidos en el ejercicio 1993» dedicaba su capítulo II a la creación y mantenimiento de los centros de integración sociolaboral, definidos — y esta definición es la que les convertía en El muy semejantes a las existentes en Francia— como «aquellos que tengan como objetivo fundamental iniciar a personas con dificultades subjetivas de colocación en la vida laboral para que a través de la actividad productiva alcancen una formación profesional y hábitos de trabajo que les permita integrarse a corto y medio plazo en el mundo laboral» (art. 4.°).

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113 dos por una regulación legal diferenciada pueden también lograrse por la mera adaptación de las normas en materia laboral y fiscal a las peculiaridades de estas empresas, así como por la mayor dedicación de las acciones puestas en marcha por las agencias de colocación sin áni­ mo de lucro, los servicios integrados para el empleo y los planes de empleo de las escuelas-taller (tanto para menores como para mayores de 25 años) o casas de oficios, por citar sólo algunos casos significati­ vos, a las necesidades y realidades de estos colectivos desfavorecidos, O bien si es necesario una ley que regule detalladamente estas El, o cabe remitirse en una norma marco a lo dispuesto en otras normas le­ gales o reglamentarias, tales como las normas presupuestarias (estatales, autonómicas y locales) para asignación de recursos a las El; las normas fiscales en materia de fundaciones y asociaciones básicamente para atri­ buirles ventajas de esta índole; las normas reguladoras de la concesión de ayudas a entidades de iniciativa social con alguna inclusión expresa en las mismas a la fijación de prioridades para empresas que cumplan tareas de rentabilidad social para toda la sociedad; o bien las normas laborales (estatales y autonómicas) y de Seguridad Social, para subven­ ciones en la contratación o bonificación en las cuotas. También debe dejarse planteado si se podría crear alguna «em­ presa de trabajo temporal para inserción», es decir, con caracterís­ ticas algo diferenciadas de las ordinarias. Desde ámbitos conocedo­ ras de la problemática de la inserción se ha propuesto, y coincido con este planteamiento, la puesta en práctica de una experiencia pi­ loto, a ser posible consensuada con las organizaciones sindicales, cual sería la de promover una asociación intermediaria a imagen de la experiencia francesa «que canalice pequeñas ofertas de empleo y ponga a personas en inserción a disposición de otras empresas, fami­ lias, etc.» (26). A mi parecer probablemente deba apostarse por una solución combinada, aun cuando es claro que no cierro, ni creo que pueda ha­ cerse, la vía a una regulación propia y específica tal como se propugna en el borrador de anteproyecto de ley de inserción sociolaboral al que (26) «Bases para el desarrollo de estructuras de inserción por lo económico en la Co­ munidad de Madrid». Documento elaborado por la Comisión de trabajo para el desarro­ llo de estructuras de inserción por lo económico de la Consejería de Integración Social, promovido por la consejera Elena Vázquez. Presentado en las Jornadas Internacionales so­ bre Empresas de Inserción. Madrid, abril 1995.

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me he referido con anterioridad. Es decir, tras delimitar claramente a qué tipo de empresas nos referimos cuando hablamos de El, con fór­ mulas jurídicas que pueden variar dentro del marco normativo socie­ tario y empresarial ya existente, se tratará de concretar el personal que puede prestar sus servicios temporalmente en las mismas, así como las condiciones para facilitar su creación y posterior consolidación (lo que debería incluir ayudas para asistencia técnica, estudios de viabili­ dad, contratación de personal con especiales dificultades, etc.). Pero mucho más importante, o al menos así lo pienso, que la dis­ tribución de su regulación entre una o varias normas, de rango legal o reglamentario, es asumir claramente que el marco autonómico ac­ tual obligará en cualquier caso a una cuidadosa tarea de deslinde competencial entre el Estado y las CC.AA. (27), por lo que la elabo­ ración de una ley marco debería gozar del consentimiento de dichas CC.AA. para eludir recursos ante el Tribunal Constitucional, y evitar entrar en una regulación concreta que pudiera inducir al conflicto competencial. Piénsese, a título de ejemplo significativo, que las CC.AA. tienen atribuida competencia exclusiva en materia de asis­ tencia social, que es uno de los aspectos a abordar por la hipotética ley marco (28). Y repárese también en que no se trata de una norma sólo de índole laboral sino que puede afectar a competencias de dis­ tintos Departamentos (y por consiguiente también a Consejerías de CC.AA.) como el de Administraciones públicas. Economía y Hacien­ da o Trabajo y Asuntos Sociales. Referente a su marco jurídico no considero necesaria una regula­ ción completamente diferenciada de estas empresas respecto de las restantes. Su particularidad más destacada no es de carácter jurídico sino social; se trata de empresas de la economía del Tercer Sector, que se encuentran en el mercado, pero con personas que por sus caracte­ rísticas tienen dificultades para encontrar empleo, «por lo que esta economía está obligada a encontrar prácticas sociales, nuevos sectores de actividad que dejen menos sitio a las inversiones y a los grandes (27) La Disposición final tercera del Anteproyecto de Ley dispone que ésta se dicta al amparo del art. 149, 1, 7.° de la Constitución, sin perjuicio de las competencias exclu­ sivas de las Comunidades Autónomas en materia de asistencia social. (28) Otras hipotéticas complicaciones jurídicas son su articulación con leyes estata­ les, como la de integración social de los minusválidos o la del voluntariado, así como con leyes autonómicas, como son también las de voluntariado y las de servicios sociales.

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115 equipamientos, y den más espacio a la mano de obra y a la organiza­ ción de esta mano de obra» (29). Por tanto el marco jurídico societario existente (incluyendo la normativa reguladora de las fundaciones y asociaciones) me parece válido en términos generales para encuadrar este tipo de empresas; re­ cuérdese también la existencia de un marco autonómico propio en diversas CC.AA. al que se pueden acoger en su ámbito territorial co­ rrespondiente estas empresas. Es cierto que algunas modalidades societarias (el ejemplo típico por excelencia sería el de la sociedad anónima) están pensadas y dise­ ñadas para un modelo de empresa que no es precisamente aquel al que me estoy refiriendo en este trabajo, pero no es menos cierto que parece oportuno dejar un amplio margen de actuación a los creadores o promotores de la misma para que elijan la fórmula jurídica (socie­ dad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, cooperativas de trabajo asociado, fundación, asociación, etc.) que estimen más opor­ tuna en atención a los fines perseguidos (30); de hecho , buena parte de las El existentes son sociedades limitadas, tal como se deduce de un reciente estudio sobre las mismas (31). (29) Entrevista a Claude Alphandery, presidente del Consejo Nacional Francés de Empresas de Inserción. P a u vreté 3/P overty 3, lebrero de 1994, núm. 10, pág. 8. (30) El Anteproyecto de Eey mantiene una tesis diferente ya que considera que las El deben ser sociedades mercantiles o sociedades cooperativas, y deberán estar promo­ vidas y participadas, al menos en un 40%, por una o varias entidades promotoras si se trata de sociedades mercantiles y con la participación fijada en el límite máximo reco­ gido en las legislaciones que sean de aplicación en el ámbito cooperativo a los socios colaboradores o asociados (por ejemplo, no superior al 33% en Cataluña, según dispo­ ne el art. 25.9 del Decreto Legislativo 1/1992, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Cooperativas, o el 45% en el ámbito estatal, según dis­ pone el art. 14 de la Ley 29/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, aun cuando en este último supuesto el conjunto de los votos a ellos correspondientes no podrá superar el 30% de los votos en los órganos sociales de la cooperativa), teniendo la consideración de tal las entidades o corporaciones de derecho público o las entidades sin ánimo de lu­ cro cuyo objeto social contemple la inserción social de personas desfavorecidas. A des­ tacar aquí que la disposición adicional primera de la citada Ley califica como socieda­ des cooperativas sin ánimo de lucro (tal como, por cierto, se recogía en uno de ios bo­ rradores anteriores del actual Anteproyecto de Ley) aquellas que cumplan unos determinados requisitos fijados en sus Estatutos y señalados ya en esta disposición, y que «gestionen servicios de interés colectivo o de titularidad pública, así como las que realicen actividades económicas que conduzcan a la integración laboral de las personas que sufran cualquier clase de exclusión social». (31)

Fu n d a c ió n Empresa

y

Sociedaia . Casos d e em presas..., ob. cit.

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La regulación diferente vendría dada por el hecho de existir una normativa que concretaría diversas ayudas y subvenciones, en especial por lo que respecta a la contratación laboral y en materia de seguridad social, para las empresas que se configuren de acuerdo a los términos expuestos anteriormente y que, además, deberán cumplir otro requi­ sito, cual es el de garantizar que un porcentaje determinado de perso­ nal pertenezca a los colectivos más desfavorecidos (32). En el ámbito de la política fiscal soy del parecer de que el marco constitucional mandaba introducir las modificaciones pertinentes vía norma de ran­ go legal, en cuanto que al tratarse de la regulación de impuestos el ar­ tículo 31 de nuestra Carta Magna requiere norma con rango de ley. 7. Es cierto que el ordenamiento jurídico español actual incen­ tiva la contratación de determinados colectivos que pueden encon­ trarse en situaciones de especial dificultad para su acceso al mercado de trabajo, pero ninguna medida en concreto, al menos hasta la pu­ blicación del PLMFAOS, parece ir dirigida a estas empresas. Por con­ tra, sí encontramos medidas específicas puestas en marcha por dife­ rentes CC.AA., en el marco de sus competencias estatutarias en ma­ terias de política de empleo y de formación, y dirigidas a incentivar la colocación y contratación del personal que podría quedar encuadrado dentro de estas empresas. A mi parecer, las El deberían poder contratar, y beneficiarse de las ayudas correspondientes, a trabajadores que se integren en colecti­ vos de difícil inserción en el mercado de trabajo al objeto de lograr su integración en el mundo laboral, trabajadores afectados que deberían encontrarse, preferentemente, en alguna de las situaciones siguientes: ser perceptores de las rentas mínimas de inserción establecidas actual­ mente por las CC.AA.; encontrarse en situación de desempleo de muy larga duración, entendiendo por tal el permanecer inscrito como demandante de empleo en el Instituto Nacional de Empleo u otro Servicio Público de Colocación por un período superior a dos años; los jóvenes mayores de 16 años que no hayan finalizado el período de escolaridad obligatoria y que se encuentren en situación de desem(32) En el documento citado en la nota 32, se dispone que el número de trabajado­ res en proceso de inserción deberá situarse entre el 50 y el 70% del total de la plantilla, no podiendo ser inferior a dos. El cómputo se hará con carácter anual y por cada centro de trabajo.

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117 pleo; las personas ex toxicómanas que se encuentren en proceso de re­ habilitación y reinserción social; las personas internas en centros pe­ nitenciarios y cuyo régimen penitenciario les permita acceder a un empleo, y ex reclusos que se encuentren en situación de desempleo de larga duración (33). En parecidos términos, aunque ciertamente con algunas diferencias, se manifiesta el art. 25 del PLMFAOS, regulador del programa de fomento de empleo para el próximo año, y que in­ cluye dentro de los colectivos afectados por la situación de exclusión social, siempre que esté acreditada por los correspondientes Servicios Sociales, a perceptores de rentas mínimas de inserción, a quienes no puedan acceder a éstas por carecer de algún requisito formal, a jóve­ nes mayores de 18 años y menores de 30 y que procedan de Institu­ ciones de Protección de Menores; a las personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en proceso de rehabi­ litación o reinserción social, y a los internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo, así como a los liberados condicionales y a los ex reclusos (34). En el apartado de políticas incentivadoras a la contratación, tanto en lo que respecta a subvenciones económicas como a reducción o exoneración en el pago de las cotizaciones empresariales a la Seguri­ dad Social, hay que distinguir en el plano jurídico la actuación de los poderes públicos estatales de la de los autonómicos, como ya he indi­ cado con anterioridad. (33) En el Anteproyecto de Ley se consideran como sujetos de inserción laboral las personas desempleadas con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo ordinario y que a juicio de los servicios sociales o servicios públicos de empleo o de las empresas de inserción requieran dicha inserción, y que se encuadren dentro de alguno de estos colectivos siguientes; que sean perceptoras de rentas mínimas de inserción o que no puedan percibirlas por incumplimiento de alguno de los requisitos requeridos o por ca­ rencia presupuestaria, los mayores de 18 años provenientes de instituciones de protección de menores, las personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en proceso de rehabilitación y reinserción social, los internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciara les permita acceder a un empleo y ex reclusos que se encuen­ tren en situación de desempleo, los inmigrantes y emigrantes españoles retornados y que tengan residencia legal y graves necesidades personales y/o familiares. (34) Al referirse a la regulación futura de la relación laboral especial de los penados que realicen actividades laborales en instituciones penitenciarias se sugiere por el CES que «sería conveniente compatibilizar determinados aspectos de la precitada regulación con el marco resultante de la futura ley de inserción sociolaboral, considerando que su ámbito de aplicación incorpora al colectivo referenciado». Cfr. Dictamen 13/1999 sobre el Antepro­ yecto..., ob. cit., pág. 23.

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Tanto unos como otros poseen en la actualidad competencias normativas para incentivar la colocación de colectivos especialmente desfavorecidos, a través de la técnica de una cuantía económica concre­ ta por cada nueva contratación, o también por cada nuevo puesto de trabajo creado — y así ocurre ya en la actualidad en numerosas normas dictadas por diversas CC.AA. que regulan el acceso de colectivos des­ favorecidos al mercado de trabajo— ; de lo que se trataría, a mi enten­ der, sería de articular unos mecanismos eficaces de racionalización de las ayudas existentes tanto en el ámbito estatal como en los autonómi­ cos, que posibilitaran que ios recursos económicos vayan dirigidos a los colectivos que realmente más lo necesitan; para lograr este objetivo, se­ ría necesario avanzar en la línea de coordinación de las políticas del Ministerio de Trabajo y de los Departamentos de Trabajo y Asuntos Sociales de las diferentes CC.AA. También cabe pensar en la posibili­ dad de incentivar específicamente la contratación por parte de las em­ presas del mercado ordinario de trabajo de trabajadores que provengan de las empresas de inserción; es significativo el ejemplo de la Comuni­ dad Foral de Navarra, cuya Orden de 27 de julio regula las subvencio­ nes económicas que percibirá una empresa ordinaria cuando contrate a un trabajador que anteriormente hubiera estado prestando sus servicios en un centro de inserción sociolaboral con un contrato para la inser­ ción, así como también el propio trabajador perteneciente al colectivo desfavorecido que pusiera en marcha un proyecto de autoempleo (35). Por lo que respecta a la reducción o exoneración de cotizaciones a la Seguridad Social, ello requiere de norma estatal, como ya se hizo en su momento para potenciar, por ejemplo, la contratación indefini­ da de jóvenes menores de 26 años por entender que era un colecti­ vo que tenía especiales dificultades para acceder al mercado de traba­ jo (36). La nueva normativa francesa, que cito por su interés, prevé una bonificación en las cuotas empresariales a la Seguridad Social (35) Según el art. 11 C), la inserción definitiva se subvencionará con una cantidad de 800.000 pesetas si se trata de desempleados mayores de 40 años con tres o más años de desempleo, y de 500.000 pesetas en los restantes supuestos; si el contrato es temporal y con una duración mínima de dos años, la subvención podrá reducirse hasta un 50%. Los centros de inserción deberán garantizar el seguimiento laboral de los insertados durante tres años. (36) El Borrador de Anteproyecto de Ley de 7 de mayo fijaba para 1999 una boni­ ficación en la cuota empresarial por contingencias comunes del 60%. Dicha disposición ha desaparecido en el Anteproyecto de Ley, pero se ha incrementado hasta el 65% en el proyecto de ley de acompañamiento.

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119 para trabajadores desfavorecidos contratados por empresas de inser­ ción Y empresas de trabajo temporal de inserción que operen en el sector mercantil del 100% durante dos años (con anterioridad era del 50%). En el ámbito estatal español el PLMFAOS incentiva la contra­ tación, ya sea indefinida o temporal y a tiempo completo o a tiempo parcial, de los colectivos desfavorecidos antes referenciados por las empresas y entidades sin ánimo de lucro, por medio de la bonifica­ ción del 65% en la cuota empresarial a la Seguridad Social por con­ tingencias comunes durante un período máximo de 24 meses. La actuación de los poderes públicos en este terreno, tanto estata­ les como autonómicos (al margen de las competencias constitucionales y estatutarias asumidas concretamente), encuentra su razón de ser, a mi entender, en la obligación que el art. 9.2 de la Constitución hace recaer sobre ellos para alcanzar la igualdad real, y no meramente for­ mal, de todos los individuos y grupos sociales en que aquéllos se inte­ gran, y en preceptos que con idéntico, o prácticamente idéntico, redac­ tado, se encuentran en los Estatutos de la Autonomía de las CC.AA. 8. Sobre las modalidades contractuales de inserción cabe decir lo siguiente: si se acepta la existencia de esta modalidad empresarial en donde van a prestar servicios temporalmente la mayor parte de su plantilla (a salvo, como es obvio, del personal que se requiere para poner en marcha y mantener la empresa con perspectiva de viabilidad tanto económica como social), me parece conveniente estudiar la po­ sibilidad de existencia de una modalidad contractual temporal dirigi­ da única y exclusivamente a estas personas. La idea de un contrato de adaptación o de un contrato de retorno al empleo, válido sólo para estas empresas y para estos colectivos, y por un período de tiempo determinado que probablemente no debe­ ría exceder de tres años, podría ser una buena línea de actuación; en esta línea se sitúa la normativa navarra que regula el contrato de tra­ bajo para la inserción sociolaboral, bien que me suscite alguna duda jurídica respecto a su regulación de esta figura contractual de dura­ ción determinada por la distribución competencial existente en mate­ ria laboral, si bien el texto trata de salvar estas dudas al indicar que el contrato se efectuará «bajo cualquiera de las modalidades de contra­ tación temporal permitidas por la ley» y remite la duración de cada uno de ellos «a la del programa de inserción para cada contratado». lO índice

120 También conviene mirar más allá de nuestra fronteras y examinar la experiencia francesa de los contratos empleo-solidaridad para los adultos, y los contratos de formación en alternancia para jóvenes, desde la tajante constatación de que estos colectivos beneficiarios de las medidas deben permanecer el tiempo indispensable en la El para alcanzar una autonomía personal y unas aptitudes profesionales que les permitan reincorporarse al empleo o acudir a cursos de formación profesional. Asimismo, puede pensarse en la posibilidad de adaptar las líneas maestras del contrato para la formación a la realidad de los colectivos a los que se dirigen las medidas de inserción (37). Coincido en cualquier caso con el parecer de las personas que tra­ bajan en este campo respecto a la consideración de la dificultad de es­ tablecer a p riori un período prefijado para el proceso resocializador de buena parte de estas personas afectadas, por lo que la norma debería contener algunos elementos de flexibilidad suficientes para garantizar su real efectividad (como ejemplo, una amplia separación entre la du­ ración mínima y la máxima, y la posibilidad de volver a ser contrata­ do al amparo del marco contractual propia de las El cuando hubiera transcurrido un cierto período de tiempo desde la etapa anterior y el trabajador no hubiera podido incorporarse regularmente al mercado de trabajo). El texto francés sitúa la duración máxima en 24 meses, con posibles prórrogas en dos ocasiones, pero siempre dentro de di­ cho período máximo, y el PLMFAOS parece pensar también en este plazo máximo al vincularlo con la duración máxima del período de bonificación de las cuotas empresariales. 9. Una cuestión que podría ser estudiada con seriedad es la po­ sible «aceptación temporal» de un El por parte de los poderes públi­ cos — estatal o autonómicos, en su respectivo ámbito territorial— en la misma línea que se sitúa la regulación sobre las ETT en nuestro país, y también como ocurre para las El en Francia. El objetivo de esta aceptación por tiempo determinado (por ejemplo, un año, pro(37) En el Anteproyecto de Ley el cap. IV está dedicado a la regulación del «contrato de trabajo para la adaptación sociolaboral», en el que se combina la actividad laboral asa­ lariada y la realización de actividades formativas como parte de un proceso de inserción personalizado que le permita al sujeto de la inserción reincorporarse al mercado de trabajo ordinario, si bien no se cierra la vía a que el trabajo acabe prestando sus servicios en la em­ presa con carácter ordinario si sigue trabajando una vez finalizado el período máximo (hasta tres años) de duración del contrato para la adaptación sociolaboral.

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121 rrogable en dos ocasiones más por idéntico período, y con aceptación posterior con carácter indefinido) sería el seguimiento por parte de los poderes públicos de las funciones y actividades previstas, así como evaluar los resultados de su actuación en términos de logro de resul­ tados positivos. Cabe pensar que la firma de un convenio entre la autoridad pú­ blica competente (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, o Con­ sejerías de Trabajo y de Asuntos Sociales de las CC.AA, y en su caso otras Consejerías que aborden la problemática de algunos colectivos desfavorecidos) y la El sea el requisito previo para poder beneficiarse de las ayudas y subvenciones económicas que se concedan para la contratación del personal desfavorecido, así como para poderse bene­ ficiar de la reducción o exoneración de las cuotas empresariales a la Seguridad Social. 10. Podemos analizar, por último, qué ayudas económicas po­ drían recibir las El, pero antes formulo una reflexión previa: la cuan­ tía de estas ayudas queda limitada por las disponibilidades presupues­ tarias existentes en cada momento; ahora bien, no me parecería nada descabellado que los poderes públicos competentes optaran por diri­ gir la mayor parte de recursos destinados a políticas de empleo hacia los colectivos más desfavorecidos ante la rentabilidad que, con toda probabilidad, extraerían de dicha situación en términos de un menor gasto sanitario y del destinado a la prevención de la delicuencia. A) Para realización de estudios previos de viabilidad tendentes a poner en marcha una empresa que tenga posibilidades de éxito en el mercado y que pueda cumplir sus funciones de índole social. B) Para asistencia técnica, una vez se haya puesto en marcha el proyecto y se constaten algunas carencias en dicho terreno que sea conveniente subsanar. La cuantía podrá variar en atención a que sean los propios poderes públicos quienes decidan de oficio la concesión de dicha ayuda, o bien si es la dirección de la empresa la que lo soli­ cita. C) Por nueva contratación de personal, que reúna los requisitos antes referenciados, con diferente cuantía según se trate de persona que preste servicios a tiempo completo o a tiempo parcial, y según se trate de un contrato que se realice inicialmente por el tiempo máxi­ lO índice

122 mo de duración regulado por la norma correspondiente, o bien por un período inferior y con sucesivas prórrogas. Cabe además distinguir dos hipótesis, con cuantía superior lógicamente en la primera: que la nueva contratación vaya acompañada de inversiones necesarias para adaptar o readaptar el puesto de trabajo que se vaya a ocupar; o que no se requieran inversiones suplementarias para dicho puesto de tra­ bajo. D) Puede plantearse también, más alia de las ayudas más arriba implicadas, que los poderes públicos subvencionen parte del coste sala­ rial de las personas contratadas; me parece correcto este planteamiento si se valora la menor productividad de éstas, al menos durante un pri­ mer período de la vida contractual, en su trabajo con respecto a los tra­ bajadores «ordinarios». Tal subvención puede estar escalonada de más a menos en su cuantía, en atención a la duración del contrato (38). E) Cabe la reducción, como ya he indicado con anterioridad, en la cuantía de la cuota empresarial que debe abonarse por cada tra­ bajador a la Seguridad Social. Esta propuesta es coherente, tanto con las distintas alternativas que se están planteando últimamente en documentos comunitarios, como con normas dictadas en algunos pa­ íses europeos que abundan en el mismo sentido de reducir el coste no salarial del trabajo poco cualificado, es decir, prestando atención a «reducir los costes laborales de las empresas y de ofrecerles más incen­ tivos para la creación de empleo, sin reducir los ingresos que reciben los que perciben unos bajos salarios» (39). F) Por último, puede plantearse la hipótesis de que estas empre­ sas, encuadradas dentro del concepto amplio de economía social o so­ lidaria y que tienen por objetivo básico la reincorporación al mundo laboral normalizado de colectivos de difícil acceso, puedan tener un trato de favor en los contratos que deban formalizarse con las Admi­ nistraciones públicas. Esta tesis ha sido defendida por el CES al emi­ tir su preceptivo dictamen sobre la reforma de la ley de contratos de las Administraciones públicas, poniendo de relieve que los criterios para adjudicación y concurso no deberían ser solamente presupuesta(38) El Anteproyecto de Ley prevé que puedan concederse subvenciones «para el mantenimiento de los puestos de trabajo para la inserción sociolaboral, en concepto de compensación económica a los sobrecostes laborales derivados del proceso de inserción». (39) COMISION Europea : El empleo en Europa 1995. Luxemburgo, 1996, pág. 22.

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123 ríos, sino que deberían tomar en consideración otros factores para evaluar la solvencia y calidad de la oferta de contratación, tales como «la promoción del empleo, de la seguridad y salud de los trabajadores, la estabilidad en el empleo o la contratación en empresas de econo­ mía social» (40), y no ha sido descartada ni rechazada en los docu­ mentos elaborados por la Comisión europea sobre la contratación pública (41).

(40) CES. «Dictamen núm.5/1998 sobre el Anteproyecto de Ley por el que se mo­ difica la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las Administraciones públicas», pág. 13. En la disposición adicional primera del Anteproyecto de Ley se efectúa una re­ misión genérica a la Ley de Contratos de las Administraciones públicas respecto a la po­ sible “adjudicación preferente de los contratos a empresas que tengan en su plantilla tra­ bajadores en situación o grave riesgo de exclusión social». Vid. una defensa de las cláusulas sociales, con una fundamentación jurídica muy sólida a mi entender, en el «Informe de la Dirección General de los Servicios Jurídicos de 11 de enero de 1999, acerca del escrito de la Comisión Europea sobre determinados criterios de adjudicación incluidos en los plie­ gos de condiciones de las licitaciones llevadas a cabo por la Comunidad Autónoma de Madrid». R evista J u ríd ica d e la C o m u n id a d d e M adrid, núrn. 2, abril-junio 1999 (texto consultado en página w eb). (41) Vid. «La contratación pública en la Unión Europea: reflexiones para el futuro». Comunicación adoptada por la Comisión el 27 de noviembre de 1996. En el epígrafe 5.42 se plantea la posibilidad de «imponer como condición de ejecución de los contratos públicos adjudicados el respeto de obligaciones de carácter social, encaminadas, por ejem­ plo, a fomentar el empleo de las mujeres o a favorecer la protección de determinadas ca­ tegorías desfavorecidas».

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Posicionamiento de FEEDEI de cara a la Ley de Empresas de Inserción* Federación Española de Entidades de Empresas de Inserción

Ha pasado un año desde la celebración del anterior encuentro que organizamos desde FEEDEI, y si analizáramos la estructura del contenido de ambas Jornadas, pudiera parecer que no se plantea nada nuevo sino que se repite en éstas el mismo esquema de ponencias y mesas redondas de las Jornadas anteriores. Y esto, que pudiera interpretarse como falta de imaginación, más bien responde al hecho de que, paradójicamente, nos encontramos en la misma situación que hace un año. Es más, me atrevería a decir que estamos en peor situación. Quizá convenga recordar el proceso recorrido desde hace dos años aproximadamente, una serie de organizaciones comenzamos a reclamar de manera conjunta la necesidad de un marco normativo que regulara y promoviera la creación y desarrollo de lo que se viene denominado como Empresas de Inserción. Fruto de esa reclamación conjunta, se lograron cuatro aspectos que consideramos fundamentales: I.

Por una parte, se llegó a un consenso entre las organizaciones participantes sobre el concepto de Empresa de Inserción y sobre sus objetivos, partiendo de las propias particularidades que presentaba cada organización en sus diferentes experien­ cias, pero logrando acercar planteamientos que permitieran

* Texto presentado por Javier Pm d in i O lazá BAL, presidente de FEEDfl, en las Jor­ nadas sobre «P resente y fu tu r o d e las E m presas d e Inserción », Madrid, 29 de noviembre de 1999.

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obtener un modelo de configuración de Empresa de Inser­ ción válido para todos. 2.

En segundo lugar, se consiguió interesar a las diferentes Ad­ ministraciones del Estado, tanto a nivel central como auto­ nómico y local, así como a los agentes sociales, partidos po­ líticos y al propio sector asociativo, sobre la esencia y el tras­ fondo de la Empresa de Inserción y sobre la necesidad de obtener un marco normativo propio y específico. Para ello tuvimos que realizar un trabajo de carácter didáctico y expli­ cativo (y que aún ahora lo seguimos realizando) sobre qué son las Empresas de Inserción y de las funciones que deben cumplir, al mismo tiempo que mostrábamos las dificultades que se daban entre las experiencias ya existentes. En este sentido debemos reconocer que allá donde nos ha sido posible explicar y justificar la razón de ser de las Empre­ sas de Inserción hemos logrado el apoyo y el reconocimiento de nuestras demandas.

3.

En tercer lugar, hemos logrado tener un anteproyecto de Ley de Inserción Sociolaboral en forma de borrador elaborado por el propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que ha sido ampliamente debatido tanto interna como externamente, y que ha inducido a la inclusión de esta Ley dentro de las ac­ ciones novedosas a desarrollar durante 1999, tal y como apare­ ce en el Plan Nacional de Acción para el Empleo de 1999 del Reino de España, que ha sido aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros celebrado el 21 de mayo de 1999 y que, a su vez, fue presentado en Bruselas al Comisario Europeo de Empleo y Asuntos Sociales el 25 de mayo siguiente, quedando recogida dicha actuación en la directriz 9, «PROMOVER UN MERCADO DE TRABAJO ABIERTO A TODOS» en su apartado de medidas y que dice los siguiente:

«Impulsar la Ley de Inserción Sociolaboral mediante la que se establecerá el marco adecuado que propicie y fomente la inserción laboral de las personas en situación o grave riesgo de exclusión so­ cial como ex reclusos^ drogodependientes en rehabilitacióny inmi­ grantes con graves problemas y otros colectivos que en la actuali­ dad tienen muy pocas posibilidades de obtener empleo en el mer-

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cado ordinario. Dicho marco estará constituido por los siguientes elementos esenciales: las Empresas de Insercióny iniciativas que combinan la lógica empresarial con dar empleo a desfavorecidosy y que deben ser objeto de apoyo y de seguimiento p or parte de la Ad­ ministración; la creación de una nueva figura laboral el contrato de trabajo para la adaptación sociolaboral, para que las citadas empresas puedan contratar, dentro de un marco jurídico apropia­ do, a personas que deben dedicar parte de su tiempo a tareas rehabilitadoras; las actuaciones de apoyo individualizado a estos traba­ jadores p or parte de las Administraciones de Servicios Sociales y Empleo, y p or el régimen de ayudas económicas a la creación de es­ tas Empresas, al mantenimiento de sus puestos de trabajo y a la posterior inserción de los trabajadores en el mercado ordinario». 4.

En cuarto lugar, y con relación al propio sector de la inicia­ tiva social comprometido en desarrollar procesos de inser­ ción social y laboral, se han abierto muchísimas expectativas en cuanto a la regulación y apoyo de las experiencias que vie­ nen realizando y que, en muchos casos, lo hacen en unas condiciones que no corresponden a la responsabilidad que asumen. No es comprensible que una tarea que debiera ser asumida por los poderes públicos sea cubierta por aquellas organiza­ ciones que trabajan el ámbito social y lo hagan además sin los debidos recurso y amparos normativos. En estos momen­ tos no está reconocido el aspecto de intervención social que puede acompañar a la actividad productiva que se desempe­ ña en los procesos de inserción por el empleo, creando, en caso de conflicto laboral, toda una serie de inseguridades ju­ rídicas para los promotores de estas experiencias, poniendo en riesgo incluso no ya la estabilidad económica sino la pro­ pia continuidad de la organización.

Y es por esto último por lo que decimos que estamos en una si­ tuación peor que la de hace un año. En todo este tiempo han sido numerosas las iniciativas que han visto una salida en esta ley a las di­ ficultades que tenían para avanzar en sus procesos de inserción social con personas en situación de exclusión y consideradas de difícil empleabilidad. lO índice

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Y esto, que lo planteamos en términos de necesidad, no debemos olvidar que también es un derecho, y además un derecho reconocido constitucionalmente. Así leemos en la Exposición de Motivos del Anteproyecto de la Ley de Inserción Sociolaboral (versión de 23 de junio de 1999):

«Los principios que inspiran la presente Ley se fundamentan en el mandato de la Constitución Española que, en el apartado 2 de su artícu­ lo 9y ordena a los poderes públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social de nuestro país, lo que motiva al legislador para que contemple la necesidad de establecer cauces adecuados que faciliten tal participación, especial­ mente la de aquellas personas que por circunstancias diversas se en­ cuentren en situaciones de dificultad y exclusión social. Por otra parte, estas personas especialmente desfavorecidas, en si­ tuaciones de marginación o de riesgo de exclusión, encuentran espe­ ciales dificultades para acceder al mercado de trabajo, debido a sus ca­ rencias sociales, económicas, educativas y de cualificación laboral, con lo que el ejercicio de un trabajo, derecho y deber de todo ciudadano consagrado en la Constitución presenta para ellas numerosos proble­ mas debido a la desmotivación personal, el desconocimiento o aban­ dono de los hábitos sociales y laborales básicos, así como por la caren­ cia de niveles educativos mínimos y la falta de adaptación profesional. Las transformaciones que experimenta la economía, la sociedad, los continuos avances tecnológicos y los cambios en los hábitos labo­ rales y en los sistemas de organización de trabajo, acompañada de la pérdida de lazos sociales y familiares, configuran alguna de las múlti­ ples causas de la exclusión social. La relación con el mundo del empleo es referente obligado a la hora de abordar los procesos de integración social. La población en edad laboral encuentra en el empleo, no sólo una fuente de ingresos, sino también el origen de toda una red de relaciones sociales que fa­ cilitan la integración. Un rasgo común a casi todas las situaciones de exclusión social es la dificultad para participar en los mecanismos habituales de forma­ ción e inserción laboral. Por ello es esencial involucrar en la lucha contra la exclusión social a las diferentes Administraciones dentro de lO índice

129 sus ámbitos de competencias y medios, a través de acciones de inte­ gración encaminadas a potenciar la plena participación de los colecti­ vos afectados por esta situación. La eficacia de las políticas de los poderes públicos en materia de empleo y exclusión social dependerá de la capacidad que éstos tengan para dar respuesta a los problemas y para implicarse en ellos. Este modelo de política social se basa fundamentalmente en la incorpora­ ción de nuevas formas de organización. Como nuevos modelos se encuentran las Empresas de Inserción, que confirman que el empleo es y será para los más desfavorecidos y excluidos el principal vector de inserción social y una forma de parti­ cipación en la actividad de la sociedad. Las empresas que han dado empleo a colectivos en situación o grave riesgo de exclusión social no deben quedar al margen de los procesos convencionales de la economía, al prestar a la sociedad una rentabilidad equiparable a las empresas tradicionales, aunque esta rentabilidad hay que valorarla en sus aspectos sociales que, no obstan­ te, pueden producir beneficios económicos de forma indirecta. Las iniciativas desarrolladas en este campo en nuestro país han sido numerosas en los últimos años, de tal forma que se hace necesa­ rio una regulación jurídica. Estas iniciativas suponen el apoyo conti­ nuo a los grupos vulnerable que participan en las mimas y están liga­ das al territorio y a las necesidades de trabajo en la zona, buscando es­ pacios en el mundo laboral y creando puestos de trabajo. Son iniciativas que combinan la lógica empresarial con metodo­ logías que hacen posible la inclusión de personas en los procesos de inserción laboral en la propia empresa, para pasar posteriormente a una empresa ajena o a proyectos de autoempleo. Las metodologías que se desarrollan durante el proceso de inser­ ción tiene como objetivo potenciar las capacidades de las personas a través de los conocimientos técnicos, habituación sociolaboral y de­ terminación de prioridades adecuadas a sus posibilidades y a las del mercado laboral. Por todo ello, se considera necesario establecer a nivel nacional un marco legal para la inserción sociolaboral, toda vez que el artículo lO índice

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149, 1, 7.^ de la Constitución Española atribuye competencia exclu­ siva al Estado para legislar en materia laboral, sin perjuicio de su eje­ cución por los órganos de las Comunidades Autónomas.» Pues bien, toda esta serie de consideraciones no son más que los principios inspiradores del anteproyecto de la Ley de Inserción Sociolaboral en su borrador del día 7 de mayo de 1999 que aparecen reco­ gidos literalmente en su Exposición de Motivos. Es indudable que el ponente del anteproyecto de Ley ha sabido recoger con todo acierto los aspectos fundamentales que hacen nece­ sario el marco legal que venimos reclamando desde hace años. Pero no es menos cierto que este texto, que así debiera haberse presentado al Parlamento por el Gobierno en esta legislatura que ahora termina, no va a ver la luz, parece ser que por el veto del Ministerio de Econo­ mía y Hacienda, que obligó incluso a modificar in extremis el sentido de las palabras que aparecen en el referido Plan de Empleo en su mención a la Ley de Inserción Sociolaboral, sustituyendo «poner en marcha» por «impulsar», lo que evidenciaba ya entonces la renuncia del compromiso adquirido por el Gobierno de la aprobación de esta ley. Ante ello, las organizaciones que formamos parte de FEEDEI nos preguntamos por qué y para quién no es necesario un marco norma­ tivo como el que reclamamos. ¿Tan alto coste económico podía suponer la aplicación de las me­ didas de fomento contempladas en el anteproyecto que pudieran po­ ner en riesgo el «inmejorable» estado de la economía española de la que se hace gala, a tenor de las declaraciones oficiales, de los últimos informes del Banco de España que nos señalan las grandes diferencias entre beneficios obtenidos y creación de empleo de las empresas espa­ ñolas, o de los jugosos dividendos que se reparten un pequeño núme­ ro de personas «favorecidas»? ¿O acaso se rechaza su aprobación por la baja rentabilidad políti­ ca que se puede obtener de las personas más excluidas de nuestra so­ ciedad, a diferencia de otros colectivos más influyentes y decisivos en las urnas? Desde FEEDEI tenemos que decir de manera firme y clara que nos sentimos rotundamente decepcionados y frustrados con las negolO índice

131 daciones mantenidas con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia­ les, pero más unidos y convencidos que nunca de que hoy, con más razón, es necesaria una ley que regule los derechos de aquellos ciu­ dadanos que están excluidos del mercado de trabajo. De lo contrario, y no es nuestra la responsabilidad que se deriva, estaremos creando un abismo cada vez mayor, no ya entre empleados y desempleados, sino incluso dentro de éstos entre empleables e inempleables o difícil­ mente empleables. Y decimos que no es nuestra la responsabilidad en cuanto que, como ciudadanos de un Estado de Derecho, hemos delegado en los poderes públicos la responsabilidad de garantizar una serie de princi­ pios recogidos en la Constitución. Y son los poderes públicos quienes deberán responder del cum­ plimiento o no de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos. Y cuando decimos todos, nos referimos al riesgo que se ha abierto de crear desigualdades de derechos en función del desarrollo que pu­ diera darse por parte de las diferentes Comunidades Autónomas en su voluntad de regular y promover los empleos de inserción ante la carencia de una ley estatal. Por tanto, queremos, reclamamos y exigimos el derecho al trabajo y el derecho a la participación social de aquellos ciudadanos y ciu­ dadanas que están excluidos de ambos. Y esta será a partir de ahora nuestra responsabilidad más inme­ diata: no ya promover Empresas de Inserción, sino movilizar a la opi­ nión pública en apoyo al cumplimiento del mandato constitucional.

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ACTUACIONES Y PROPUESTAS DE LOS AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES ANTE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN

La empresa privada y las Empresas de Inserción* Francisco Abad Director de Fundación Empresa y Sociedad

1. LA EMPRESA PRIVADA ES EN ESTE MOMENTO UNA OPORTUNIDAD PARA IMPULSAR EL EMPLEO DE INSERCIÓN La empresa privada es en este momento una oportunidad para impulsar el empleo de inserción. lauto para el empleo directo en sus diversas modalidades como para el empleo indirecto a través de Em­ presas de Inserción. Así lo indica nuestra experiencia de promoción de la acción social de la empresa y asesoramiento a las empresas en la identificación, desarrollo y gestión de proyectos concretos, una de cu­ yas prioridades es el empleo de personas desfavorecidas por encon­ trarse en situación o en riesgo de exclusión. Para aprovecharla, uno de los retos más inmediatos creemos que es unir los esfuerzos de las organizaciones sociales especializadas y lanzar un mensaje homogéneo a la empresa privada, cuya disposición a cola­ borar es clara si tenemos en cuenta cómo está respondiendo a la llama­ da de la Fundación ONCE para que concedan oportunidades de em­ pleo a personas discapacitadas. Aunque no es lo mismo, el paralelismo entre el empleo de personas en situación o en riesgo de exclusión y el * Texto presentado en las jornadas •^d^resente y íuturo de las Empresas de Inserción», organizadas por FEEDEI, Madrid, 29 de noviembre de 1999. lO índice

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de personas discapacitadas, muchas de las cuales también se encuen­ tran en el primer grupo, puede generar iniciativas de mucho interés. Aunque parezca paradójico, incluso más interesantes por el hecho de que no existe un programa de subvenciones públicas, lo que resulta es­ pecialmente atractivo para dirigirnos al empresariado con un plantea­ miento «de libro»: ofrecemos calidad y eficiencia y pedimos su apoyo desde la responsabilidad social, no desde la subvención. Como sugerencia, hay que situar el centro del debate en la perso­ na y en su problemática en torno al empleo. En la persona y no en las definiciones más o menos restrictivas sobre qué es o qué no es una empresa de inserción o en su marco normativo. Las personas, indivi­ dualmente o a través de la iniciativa privada, siempre han marcado el avance de la sociedad muy por delante de las Administraciones públi­ cas y de la legislación que generan. Nunca al revés. Por eso no hay que empezar por definir una norma sino por generar casuística de co­ laboración entre entidades privadas. Si el ámbito de lo privado se mueve, tanto el de las personas como el de las empresas, la sociedad habrá dado un paso natural hacia delante. Por el hecho de ser natural, será una solución bien cimentada y mucho más autosostenible que si fuera apoyada o promovida legalmente.

2. DEBEMOS ASUMIR COMO PREMISA QUE LA EMPRESA PRIVADA GENERA RIQUEZA, LO QUE ES SINÓNIMO DE PROGRESO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL El reciente Premio Nobel Amartya Sen dice que la exclusión no es producida por la falta de recursos, sino por la de libertad. Por eso es mucho menor en países liberales y democráticos, en los que la em­ presa privada es el principal agente generador de progreso, bienestar y riqueza. La libertad, la justicia y el mercado crean bienestar. A pesar de los mensajes apocalípticos de algunos sobre el capitalismo, el hom­ bre progresa más en sociedades liberales, como demuestra el hecho de que haya menos hambre, mayor fuerza de voluntariado, jornadas laborales más reducidas o productos y servicios de calidad a precios mejores. Son sociedades donde el progreso está realmente en manos

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133 de las personas y las iniciativas privadas, y el papel de la Adminis­ tración pública se limita, por delegación, a prevenir y acotar posi­ bles excesos. Es indudable que la economía de mercado es la que genera menos exclusión. También lo es que el aumento racional del consumo genera riqueza y bienestar. Aunque es un tema complejo, basta con compararnos con otros países o con épocas anteriores de nuestra historia. En este contexto de protagonismo de lo privado es en el que se produce el progreso. Es el mismo contexto en el que las personas to­ mamos decisiones tan trascendentales en nuestra vida como crear una familia, elegir nuestros amigos o trabajar como voluntarios por un mundo mejor, en donde la normativa jurídica, las subvenciones pú­ blicas, las ventajas fiscales o la reducción de cuotas a la Seguridad So­ cial nada tienen que decir. Volviendo a la experiencia de la Fmídación Empresa y Sociedad y, por tanto, a consideraciones prácticas, no podemos avanzar en el ca­ mino de la inclusión social con mensajes destructivos o contradicto­ rios todavía frecuentes. Se trata de buscar formulas de colaboración con la empresa privada para prevenir y paliar la exclusión, no de lan­ zarle un mensaje reivindicativo agresivo. Los responsables de las organizaciones sociales que trabajan en la inserción por el empleo ya se están dando cuenta de que em­ pleo y empresa privada están intrínsecamente unidos. Lo estarán todavía más, considerando las tendencias del mercado de trabajo y del modelo de sociedad que se está imponiendo en el mundo, donde cabe la crítica pero no la prédica anticapitalista. Creer en la perversión de las empresas, en la maldad intrínseca del capitalis­ mo o en la destrucción que generará el libre mercado posiblemen­ te es contradictorio con promover una empresa, de inserción, pero una empresa, e indica una cierta apropiación del concepto de so­ lidaridad, que no es patrimonio exclusivo de nadie sino de todos, independientemente de que trabajemos en una organización so­ cial, en una empresa o en la Administración. Igual que, en el otro extremo, tampoco tendría sentido que la empresa rechazara siste­ máticamente la colaboración con las organizaciones sociales que trabajan por la inserción de personas desfavorecidas aludiendo a una supuesta poca profesionalidad, falta de calidad, difícil emlO índice

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pleabilidad o a que es un tema que atañe sólo a las Administracio­ nes públicas. Desde la responsabilidad social, una sociedad con un equis% de la población activa en situación o riesgo de exclusión social debería requerir un equis% de personas desfavorecidas en la plantilla de cual­ quier empresa. No por ley, sino por sentido común y por bienestar social, lo cual tampoco es fácil.

3. MUCHAS EMPRESAS CENTRAN SU ACCIÓN SOCIAL EN EL EMPLEO COMO FACTOR DE COHESIÓN SOCIAL Una de las líneas de trabajo de la Fundación Empresa y Sociedad para promover la acción social de las empresas es dar a conocer expe­ riencias concretas que puedan generar efecto multiplicador de inicia­ tivas similares en el mundo empresarial. Nuestro trabajo de ya casi cinco años nos ha demostrado que el campo de la acción social en el que la empresa es más activa es el del empleo como factor de cohesión social, aunque es especialmente di­ fícil conocer sus proyectos porque suele querer mantenerlos en la dis­ creción que implica todo planteamiento basado en la responsabilidad social. Dada la trascendencia de los proyectos de empresas privadas rela­ cionados con el empleo de inserción, hacemos un esfuerzo especial por conocerlos y difundirlos. Así se generó la edición del libro Casos de empresas que apoyan el empleo de personas desfavorecidas en el pri­ mer trimestre de 1999. A continuación presentamos algunos de los casos que incluye, junto a otros con los que estamos trabajando para una próxima segunda edición del libro. Parten de un concepto más de apoyo al empleo que a la Empresa de Inserción, a la que conside­ ran una estructura de apoyo a la integración laboral de personas en dificultades. Puede verse que a la empresa privada le da igual su for­ ma jurídica si está tutelada por una organización social no lucrativa con experiencia, o si es una estructura de tránsito hacia el empleo or­ dinario o de permanencia para personas que nunca podrán acceder a un trabajo ordinario.

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137 Empresas que apoyan el empleo directo

Sadeco presta un servicio de recogida selectiva de basuras para su reciclaje en colaboración con Caritas Córdoba, en el que participan principalmente personas mayores de 45 años en situación de desem­ pleo de larga duración. Corporación Grupo Norte desarrolla un programa para la inserción laboral de madres solteras y separadas en situación de necesidad, en co­ laboración con la Secretaría Regional de la Mujer de Castilla y León. Casino de M adrid ha contratado varias personas perceptoras de rentas mínimas en la Comunidad de Madrid (IMI) para sus servicios de hostelería y atención a sus socios. Grupo Bulen desarrolla un programa de formación y empleo para parados de larga duración y otros grupos en situación de exclusión, como presos en régimen abierto, destinado a la contratación en sus empresas y en empresas clientes. Café de Oriente basa su proyecto de hostelería y restauración en la generación de empleo para jóvenes marginados necesitados de un pri­ mer empleo, en colaboración con entidades como Nuevo Futuro. Lester ETT incorpora sistemáticamente los alumnos de la Funda­ ción Tomillo a sus bases de datos, considerándoles como uno más en los procesos de selección que realiza para sus clientes. Con ellos ha cubierto varios puestos administrativos de su propia infraestructura. Adecco ETT está desarrollando un programa de formación y em­ pleo con la Federación Española para Desempleados Mayores de 40 años. Empresas que contratan servicios con Empresas de Inserción

The Body Shop contrata la elaboración artesanal de ánforas de olor, maságiíes de madera y otros complementos con la Fundación Deixalles. Acosta contrata la confección de las bolsas de tela en las que en­ vuelve los zapatos y los bolsos con talleres dependientes de la Funda­ ción Labora. lO índice

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Ikea contrata el servicio de cafetería y restaurante de su centro de Alcorcón con la empresa Asmum, S.L., dependiente de la Asociación Caleidoscopio. Balay contrata la manipulación y el montaje de diversos compo­ nentes de su línea de producción con Mapiser, S.L., dependiente de la Fundación Picarral. Empresas que colaboran de otra manera Caja Madrid, a través de su Obra Social, financia el Programa In­ greso Madrileño de Integración, gestionado por la Consejería de Ser­ vicios Sociales de la Comunidad de Madrid, destinado a dotar de una renta mínima y a financiar proyectos de empleo de personas en situa­ ción o riesgo de exclusión social. Baker & McKenzie, Clijford Chance, Garrigues Andersen, GómeZ' Acebo & Bombo y Rubio Laporta & Asociados prestan servicios jurídi­ cos y fiscales gratuitos a organizaciones sociales y empresas de inser­ ción.

Telefónica, a través de su Fundación, ha aportado a FEEDEI los fondos necesarios para poner en marcha un servicio de microcrédito para sus entidades federadas. Microsoft Ibérica desarrolla diversos proyectos formativos en el área de las nuevas tecnologías para facilitar el acceso de personas en situación o riesgo de exclusión al mercado de trabajo. Homeless financia pisos de acogida para personas sin techo con el objetivo de iniciar su reintegración en la sociedad a través del empleo, en colaboración con la Asociación Realidades. Ericsson realizó una reducción de plantilla de casi 600 personas en su planta de Leganés (Madrid) sobre la base de recolocarlas en empre­ sas de nueva instalación en la zona. Tabacalera desarrolla una política de apoyo en la búsqueda indi­ vidualizada de un nuevo empleo y de recolocación en otras empresas, preferentemente del grupo, cuando se produce el cierre de una de sus fábricas. lO índice

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Unión Penosa ha pasado de ser una eléctrica gallega a una multi­ nacional de la gestión y los servicios mediante un sistema de inter­ cambio de puestos entre empresas que ha permitido mantener la ma­ yor parte de los empleos durante el proceso de reestructuración. Asociaciones empresariales y profesionales

La Confederación de Empresarios de Zaragoza desarrolla diversos programas de apoyo al empleo de inserción, entre los que destacan los siguientes: • Apoyo a Empresas de Inserción en los sectores de manipulados, construcción o calzado, incluyendo la firma de un Convenio con entidades bancarias para financiar su puesta en marcha, desde el Servicio de Apoyo a la Creación de Microempresas. • Asistencia técnica y apoyo a la creación de Asociación Aragone­ sa de Empresas de Inserción, constituida formalmente el 18/05/99. • Presentación sistemática de productos y servicios de empresas de inserción a las empresas asociadas y firma de diversos con­ venios entre Asociaciones empresariales. Administraciones pú­ blicas y Organizaciones sociales en materia de inserción sociolaboral. • Diversas actividades de apoyo técnico a organizaciones so­ ciales. La Asociación de Jóvenes Empresarios de M adrid desarrolla un pro­ grama de apoyo al empleo de personas vinculadas a la Asociación de Víctimas del Terrorismo. La Asociación Ex Arturos, formada por antiguos trabajadores de Arthur Andersen & Cía, ha establecido un turno de voluntariado para tutelar y prestar asesoramiento técnico gratuito a la creación de nue­ vas empresas en los barrios madrileños de Usera y Villaverde, en el marco de un proyecto piloto del Fondo Social Europeo. La Asociación de Empresas de Artes Gráficas, Papel y Manipulados de Aragón ha creado una estructura de apoyo a la formación profesio­ nal y el empleo de jóvenes en riesgo de exclusión, en colaboración lO índice

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con la Asociación Centro Obrero de Formación^ a través de la que rea­ lizan prácticas reales y, en su caso, acceden como aprendices al em­ pleo en empresas asociadas.

CEPYME Aragón tiene un programa de apoyo a la integración la­ boral de personas desfavorecidas perceptoras del Ingreso Aragonés de Integración del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que incluye información, orientación, formación, búsqueda activa de empleo y asesoramiento sobre autoempleo. 4. ES NECESARIO ARTICULAR UN DISCURSO PÚBLICO QUE IMPACTE EN LA SOCIEDAD Un discurso dirigido al mundo de la empresa Todo lo anterior nos permite mirar al futuro con optimismo si todos los integrantes del sistema trabajamos bien, con un plantea­ miento de largo plazo y articulando un discurso constructivo. Hay que unir esfuerzos para lanzar un mensaje común entre todos los agentes implicados. Tiene sentido que cualquier empresa apoye el empleo de inserción. Tanto las pequeñas, principales creadoras de empleo, como las grandes, que pueden generar un papel trascenden­ tal en la subcontratación de servicios con Empresas de Inserción o en prevenir situaciones de exclusión en situaciones de reestructuración de plantillas. Pero necesitan que se les presente la idea claramente. Cuando desde la Fundación Empresa y Sociedad le hablamos a una empresa de empleo de personas desfavorecidas, enseguida lo relaciona con las discapacitadas. En muchos casos, exclusivamente con discapa­ citados. Tenemos que empezar por explicarle que también hay otros grupos, como los jóvenes con problemas derivados del fracaso escolar o de familias desestructuradas, mujeres con cargas familiares no com­ partidas, parados de larga duración o minorías marginadas y, con los argumentos que vamos aprendiendo, conseguir una colaboración de la empresa con organizaciones sociales especializadas que sólo se pro­ duce si somos capaces de presentarle ideas a medida. Si se produce esa unidad, desde la Fundación Empresa y Sociedad nos comprometemos a elaborar y ejecutar un plan de comunicación todo lo ambicioso que sea necesario para lanzar el mensaje a la socie­

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141 dad en general y al mundo empresarial en particular, porque estamos seguros de que contamos con todos los recursos empresariales que sean necesarios para garantizar el éxito. Queda claro que pensamos que no es un tema de subvenciones m de marco normativo. Si los esfuerzos que los expertos en inserción han dedicado a proponer una legislación y un paquete de ayudas es­ pecíficas los hubieran destinado a articular un discurso unificado ha­ cia la sociedad, el mundo empresarial y los medios de comunicación hoy estaríamos hablando en otros términos y con otras perspectivas. Aunque sea repetir, por si no está claro, nos referimos a articular un discurso como el de la Fundación (3NCE en beneficio de las perso­ nas discapacitadas. Por cierto, creemos que, por solidaridad, la propia Fundación ONCE estaría dispuesta a colaborar. Un discurso particular, caso a caso

Por último, partiendo del análisis de los motivos por los que te­ nemos éxito y por los que fracasamos caso a caso, cabe formular algu­ nas recomendaciones adicionales para el trabajo día a día de personas y organizaciones sociales especializadas en el apoyo a personas en si­ tuación o riesgo de exclusión: 1. Fiay que ofrecer calidad, no pedir caridad. Ninguna empresa asumirá riesgos extraordinarios ni en la contratación directa de personas ni en la subcontratación de servicios a Empresas de Inserción. Al empresario todos le exigimos calidad y él debe exigírsela a sus colaboradores. Con esto quizá limitamos el ac­ ceso a las organizaciones sociales que trabajan en la última fase de los procesos de inserción, pero el apoyo a las que lo hacen en fases previas es todavía difícilmente planteadle. 2. Fíay que ofrecer posibilidades a medida de cada empresa. Se nos ocurrirán analizando ios casos comentados en el capítulo anterior y teniendo en cuenta algunos comentarios generales como los siguientes: - ofrecer candidatos para prácticas o para que se incorporen como candidatos a ios procesos de selección sólo si la em­ presa está ampliando su plantilla, lO índice

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- ofrecer servicios de Empresas de Inserción si la empresa los puede subcontratar y estamos seguros de responder en cali­ dad y precio, o - sensibilizar a la empresa sobre los problemas que puede ge­ nerar un despido más que de la importancia de la creación de empleo si la empresa se encuentra en una situación de re­ estructuración de su plantilla. 3. Hay que empezar poco a poco, quizá por una prueba fácil que permita que el empresario confíe en lo que estamos proponiendo. Si el resultado es favorable, no perder de vista que ambos vamos buscando colaboradores estables a largo plazo. 4. Hay que ser consciente de la dificultad de crear empleo y de poner en marcha nuevas empresas, especialmente si al habitual componente económico añadimos el objetivo de la inserción. Por eso, además de buscar empleo más o menos inmediato también hay que recabar colaboraciones tan valiosas como el apoyo técnico, la formación o el criterio empresarial. Muchos directivos y consultores colaborarán como voluntarios tutelan­ do proyectos de inserción y garantizando con su experiencia buena parte del éxito de cualquier proceso si elegimos bien a quién y cómo dirigirnos. 5. Hay que trabajar en equipos multidisciplinares, tanto en los equipos directivos de las organizaciones sociales como en los equipos de apoyo a los movimientos asociativos existentes. De­ berían incluir: - equipo técnico de la organización social, - equipo técnico de otras organizaciones sociales complemen­ tarias, - equipo técnico de las Empresas de Inserción, - profesionales y/o empresas de cónsultoría, - entidades financieras, - asociaciones empresariales y profesionales de interés, y - Administraciones públicas.

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143 6. Hay que dirigirse a los primeros niveles de empresa y plantear la colaboración apelando a la responsabilidad social de la em­ presa, no al efecto como marketing social o al posible impacto en la imagen y en la comunicación corporativa que puede ge­ nerar. Esta es nuestra experiencia y la opinión que nos ha ido forjando la realidad del contacto cotidiano con la empresa privada, condensada en un número de páginas que no permite matizar. Por eso estamos a disposición de todos cuantos estén interesados en impulsar el em­ pleo de inserción con planteamientos que permitan un debate cons­ tructivo, conscientes de su trascendencia en el bienestar de las perso­ nas y de la sociedad en general.

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Aspectos normativos de las Empresas de Inserción Almudena Fontecha López Secretaria ejecutiva de Ü.G.T.

La transición del modelo productivo al modelo consumista, así como los cambios socioculturales desarrollados al amparo de dicha transformación social, están en la base de las desigualdades y de la ex­ clusión social La exclusión social amenaza el progreso social y económico y des­ truye la cohesión social. Esta exclusión rebasa el marco de las cuestio­ nes y actuaciones relacionadas con el mercado de trabajo. Exclusión es una palabra que engloba realidades completamente dispares. Para abordar la exclusión, es preciso intervenir en la raíz del proceso y tra­ bajar en la franja de la vulnerabilidad. Pobreza y vulnerabilidad social son fenómenos dinámicos y multidimensionales, por ello son necesarias políticas generales de lucha contra la exclusión, aunque para conseguir la justicia social y eliminar toda forma de exclusión es imprescindible además la adopción de po­ líticas específicas en todos los sectores; educación, formación, vivien­ da, sanidad, servicios y empleo. En este contexto, la Recomendación del Consejo de la CE, de 27 de julio de 1992, sobre la convergencia de las políticas y obje­ tivos de protección social, establece un vínculo entre las políticas económicas y las políticas de protección social. Así se indica que es necesario aproximar las políticas de protección social y sus objetivos, con el fin de fomentar la cooperación y la convergencia de las políticas económicas de cara a combatir la pobreza y la ex­ clusión. lO índice

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Uno de los instrumentos de lucha contra la pobreza, en el marco de un urgente y necesario sistema de protección social universal, es el reconocimiento legal y el impulso real del establecimiento de lo que se conoce como rentas mínimas de inserción. A pesar de las dificultades que pueda entrañar el desarrollo de una norma estatal, una vez que este aspecto ya ha sido regulado en las Comunidades Autónomas, no renunciamos a su establecimiento. Una necesidad social reconocida en todo el territorio requiere de una cobertura pública estatal. Esta norma estatal de mínimos ha de contemplar una dotación presupuestaria suficiente con gestión territorial, incorporando además los programas sociales vinculados a las rentas mínimas de inserción, así como las ayudas puntuales, no periódicas, que vengan a cubrir de­ terminadas necesidades sociales básicas en situaciones de emergencia. Para poder garantizar su eficacia, es imprescindible el establecimiento de un Plan Integral de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social, dentro del cual, y como eje fundamental, ha de situarse el Plan Esta­ tal de Rentas Mínimas. Se debe avanzar en la homogeneización de las rentas mínimas de inserción en todo el territorio mediante un acuerdo de mínimos entre Comunidades Autónomas, a semejanza del Plan Concertado de Ser­ vicios Sociales, que garantice el principio constitucional de igualdad de oportunidades para los ciudadanos, independientemente del terri­ torio donde vivan. Uno de los instrumentos que más eficaces se han demostrado en la inserción de colectivos desfavorecidos han sido los proyectos formativos laborales, que al amparo de los salarios sociales han venido desarrollándose desde hace años. Estos proyectos, empresariales, competitivos, viables y sobre todo, con un claro contenido social, requieren por su propia natura­ leza la tutela de los poderes públicos y el impulso de las entidades so­ ciales sin ánimo de lucro promotoras. Pero además han de superar su vinculación a las Rentas Mínimas de Inserción, contemplándose dentro de un marco más amplio, como es el de las políticas activas orientadas a la integración de colectivos especialmente desfavorecidos

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147 Además, se deben desarrollar paralelamente a la implantación de planes de desarrollo local y nuevos yacimientos de empleo, que loca­ licen necesidades territoriales y generen nuevas actividades. Todos estos elementos, y la experiencia acumulada a lo largo de estos años, hace necesaria y oportuna un marco legal que ampare es­ tas empresas y a la vez garantice los derechos de los trabajadores que a ellas se incorporen. La propuesta normativa contempla como beneficiarios de estas empresas a los perceptores de Rentas Mínimas de Inserción. Su inclu­ sión en la Ley como colectivo de inserción sociolaboral se justifica por la estrecha relación con las situaciones de pobreza y desarraigo social que presentan dichos perceptores. Sin embargo, no es la condición de ser perceptor de una Renta Mínima la que le caracteriza como persona excluida, susceptible de entrar en una empresa de inserción, concebida como un instrumento para la inserción que combina la formación y el trabajo. Muchos de los beneficiarios de las Rentas Mínimas de Inserción no precisan el paso por la empresa de inserción, aunque sí necesiten un ingreso mínimo. Resulta paradójico que en esta normativa se contemplen medidas flexibilizadoras para que aquellos que no puedan acceder al salario so­ cial sí puedan, sin embargo, entrar en una empresa de inserción. Las medidas que se establecen flexibilizan los requisitos para la constitución de la Unidad Perceptora, para la obtención de la resi­ dencia y/o empadronamiento, edad, agotamiento del período máxi­ mo de percepción legalmente establecido, etc. Sin embargo, el arbitrar estas medidas para facilitar la entrada en empresas de inserción a ciudadanos que no pueden acceder a las RMI. A nuestro entender, supone una contradicción con uno de los ob­ jetivos que parecen enunciarse en la exposición de motivos del ante­ proyecto de Ley de Inserción Sociolaboral, que subraya el valor aña­ dido de contribuir a reforzar los Programas que, desde estas Rentas vienen desarrollando las Comunidades Autónomas, dotándolos de una mayor eficacia en la lucha contra la exclusión. lO índice

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Por un lado, el reforzamiento de los programas de RMI pasaría por incorporar esas medidas flexibilizadoras a las diferentes norma­ tivas existentes. La necesidad de regular las empresas de inserción han evidenciado las carencias e insuficiencias del Salario Social en nuestro país. Por otro, alguno de los requisitos que se «flexibilizan», como el planteamiento de considerar sujeto de inserción laboral a una persona que no ha podido acceder a una Renta Mínima de Inserción o a cual­ quier otra prestación de igual o similar naturaleza por carencia de dis­ posición presupuestaria, no responde a un criterio de preocupación por la inserción de una persona, sino que más bien responde a una necesidad de parchear un sistema insuficiente, además de legitimar una cláusula que recorta el derecho a la prestación, mediante el esta­ blecimiento de un mecanismo alternativo que no siempre puede ser el que el ciudadano necesite. La inserción laboral se ha de dirigir a personas en situación de ex­ clusión social, con especiales dificultades para su integración en el mercado de trabajo ordinario. La exclusión social, es un concepto que excede con mucho la carencia de rentas y que se vincula a factores culturales, sociales, económicos, personales, etc. Es la suma de varios de estos factores la que determina si una per­ sona ha de ser objeto de un proceso de inserción a través de una em­ presa de inserción o si necesita de cualquier otro instrumento. A nuestro entender, no es lo más importante la fórmula ju rí­ dica que la empresa quiera adoptar, sino el que se respete el fin primordial de estas empresas, la inserción sociolaboral de traba­ jadores provenientes de situaciones de exclusión social, o lo que es lo mismo, que se prime siempre su vertiente social sobre la eco­ nómica. El instrumento para conseguir tal fin es el proceso personalizado y asistido de formación y trabajo. Estos dos elementos necesariamen­ te han de estar y constituir el eje en torno al cual se establezca toda regulación. Así, no sólo las sociedades cooperativas o las sociedades mercan­ tiles, sino también cualquier otra forma societaria reconocida en de­ recho y que pueda realizar actividad económica que, legalmente cons­

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149 tituida, cumpla con una serie de requisitos, que a nuestro entender, como mínimo, serían: - Realizar auditoría anual, cuando su facturación supere los 100 millones de pesetas o tengan más de 50 trabajadores. - Cada Empresa de Inserción tendrá personalidad jurídica pro^ pia Y plena capacidad de obrar, no pudiendo estar vinculados tanto el Balance, Cuentas de Resultados como Patrimonio a otras actividades que no sean las de su objeto social. - Destinar al menos un 40% de puestos de trabajo destinados a trabajadores en proceso de inserción durante los primeros cin­ co años y un 60% a partir del sexto año. - Aplicar una reinversión de a! menos el 75% de los beneficios. - Estar promovidas o participadas al menos en un 40% por en­ tidades públicas o entidades sin ánimo de lucro, cuyos objeti­ vos contemplen la inserción de colectivos desfavorecidos. - Estar inscritas en el Registro correspondiente a su forma jurí­ dica y en el que se articule para estas empresas, a efectos de ca­ lificación administrativa. Evidentemente estamos hablando de empresas solidarias, que aportan a la sociedad un valor añadido, de carácter social, que va más allá de lo económico y que además han de competir en el mer­ cado, asumen la formación y el acompañamiento de personas con especiales dificultades. El apoyo a estas iniciativas ha de servir para favorecer su incorporación en el mercado en igualdad de oportuni­ dades. Sin embargo, más allá de las medidas concretas de fomento para el empleo, que deberían enfocarse no sólo al mantenimiento de la empresa de inserción, sino sobre todo a potenciar la incorporación en el mercado ordinario de los beneficiarios de estas empresas. Algunas acciones que se apuntan como posibles medidas de fo­ mento de la inserción sociolaboral no pueden considerarse como ta­ les. Por ejemplo, el que se destine el importe o parte del mismo de la prestación económica básica de la RMI o de cualquier otra prestación análoga a la empresa de inserción contratante. lO índice

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Las empresas de inserción han de ser un complemento para la inserción, dentro de un programa más amplio de lucha contra la ex­ clusión, así no puede vincularse el importe, o parte del mismo, de la prestación económica de la Renta Mínima de Inserción como una medida de Fomento de la Inserción sociolaboral. Ese importe debe destinarse a otras personas que accedan al programa, ayudan­ do así a superar la norma restrictiva que existe en muchas Comuni­ dades Autónomas, donde el reconocimiento del derecho a la presta­ ción (RMI) no supone el que se vaya a cobrar al estar sujeto a la su­ ficiencia presupuestaria. Esto supondría un auténtico apoyo al reforzamiento de los salarios sociales y por lo tanto al Sistema de Protección Social. A las Administraciones, en los diferentes niveles y competencias y de manera coordinada, les corresponde la tutela del proceso de inser­ ción de los beneficiarios de estas empresas, su selección, calificación y derivación, la articulación del itinerario personalizado de inserción y el acompañamiento social, la adecuación del puesto de trabajo a la persona, la determinación de los procedimientos de orientación y for­ mación profesional y el seguimiento y acompañamiento de aquellos trabajadores que se incorporen al mercado ordinario al finalizar su proceso de inserción. La participación en los procesos de selección, formación, diseño del itinerario individualizado y acompañamiento social de las entida­ des promotoras, de acuerdo con el propio trabajador, es fundamental para un correcto cumplimiento de los objetivos. Es responsabilidad de la Administración en los distintos niveles y en el marco de sus diferentes competencias velar por el cumplimiento de los fines para los que están destinadas estas empresas y velar por los derechos de trabajadores en proceso de inserción. Uno de los derechos fundamentales que deben garantizar la regu­ lación normativa de estas empresas es la protección por desempleo. El trabajo genera unos derechos, que una futura Ley no puede negar, precisamente a los colectivos más desfavorecidos. Si no aseguramos que estos ciudadanos, que provienen de situaciones de exclusión so­ cial, a la finalización de su contrato laboral tengan derecho a la pro­ tección por desempleo, nunca romperemos el círculo de pobreza y exclusión. Muchos, tras finalizar su paso por la empresa, se verán

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151 obligados a solicitar una RMI, si no consiguen el tránsito a la empre­ sa ordinaria. Aspectos como la duración mínima del contrato, que a nuestro juicio no ha de ser inferior a un año, tiempo mínimo para completar un itinerario individualizado de inserción (con períodos de forma­ ción teórica y práctica), dado el colectivo sobre el cual se trabaja, la modalidad del contrato, el tiempo destinado a la formación y a las medidas de acompañamiento previstas en su proceso personalizado de inserción o indicadas por los servicios sociales, etc. han de ser ob­ jeto de regulación, buscando siempre el mayor beneficio para la po­ blación objetivo, por encima de la rentabilidad de la empresa. En cualquier caso no podemos olvidar que estas empresas han de concebirse como un instrumento más en la lucha contra la pobreza y en la inserción de los colectivos más desfavorecidos, nunca han de en­ tenderse como la solución definitiva. El desarrollo de estas iniciativas no puede realizarse a costa del desmantelamiento del Estado del Bienestar, lo que además supondría eliminar su potencialidad de creación de empleo. Igualmente se hace necesario garantizar que no se perviertan estas nuevas fórmulas de manera que con el argumento de la inserción so­ cial por el trabajo pudieran terminar derivando en nuevos modelos precarizadores. El auténtico reto es conseguir que estas empresas sean realmente estructuras de tránsito para la inserción en el mercado ordinario, evi­ tando el que se constituyan en empresas finalistas.

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Opinión de CC.OO. sobre aspectos del marco normativo y de la realidad social de las Empresas de Inserción* Secretaría de Empleo e s de CCOO.

La proliferación de diversas medidas encaminadas a la inserción la­ boral de personas en situación de exclusión social, tanto desde el ámbito de las Comunidades Autónomas, como desde el Gobierno central a tra­ vés de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del bas­ tado para el año 2000, sin que exista un marco claro sobre la política de inserción sociolaboral de las personas en situación de exclusión social, quiénes son las entidades qtie desarrollan esta actividad o pueden desa­ rrollarla, qué tipo de empresas y qué relación laboral se establece en tor­ no a la inserción, es lo que provoca que CC.OO. estemos, de una parte, preocupados con las medidas que unilateralmente se van tomando y, de otra, reivindiquemos una negociación con el Gobierno sobre todos estos aspectos. En este sentido podemos adelantar que el borrador del Go­ bierno sobre la Ley de Empresas de Inserción, que conocemos las orga­ nizaciones sindicales, tiene importantes lagunas y aspectos de la regula­ ción laboral que tienen difícil encaje en la normativa general. Estas medidas deben considerar la formación profesional, la rehabi­ litación, el tratamiento y orientación psicosocial, así como la educación general y especial, de un modo integral, ya que no se trata de regular sólo una política de fomento del empleo para colectivos que encuentran dificultades para acceder al empleo —hecho que ya está establecido en el artículo 17 del Estatuto de los Lrabajadores— , sino de regular medi­ das promocionales para la integración de aquellas personas en situación de exclusión social, facilitando también su inserción laboral. * Texto presentado en las jornadas -^Presente y futuro de las Empresas de Inserción^), organizadas por FEEDEI, Madrid, 29 de noviembre de 1999.

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Dicho marco normativo debe contemplar, además, que la inser­ ción en el empleo, que presuponen las empresas de inserción, afecta a la normativa laboral y puede entrañar contradicciones en el funcio­ namiento del mercado de trabajo. Se trataría de contar con un marco normativo general que tome en cuenta tanto el proceso de inserción sociolaboral, la normativa laboral vigente, como el normal funciona­ miento del mercado de trabajo, con el fin de evitar disfunciones. Así mismo, esta normativa debe tipificar de un modo nítido la exclusión social, el colectivo objeto de inserción, el proceso de inte­ gración sociolaboral, así como la calificación de los trabajadores obje­ to de inserción. Se trata, en definitiva, de enmarcar las actuaciones a favor de la inserción sociolaboral de las personas en situación de exclusión social, distinguiendo entre el fomento del empleo y el colectivo hacia el que se dirigen estas medidas, ya que tanto la pobreza, la marginación como la exclusión social son fenómenos relativos que se caracterizan por ser procesos muy heterogéneos, donde intervienen un conjunto de factores muy diferenciados. La pobreza y la exclusión social no sólo reciben una explicación desde el lado de lo económico, sino que están condicionadas por la salud física o mental, la vivienda, la edu­ cación, la formación, el empleo, y por las carencias y los conflictos personales, familiares y sociales. Las personas en situación de exclusión social requieren, pues, de un conjunto integral de actuaciones que posibiliten su inserción sociolabo­ ral y no sólo una política de fomento del empleo como la dirigida a co­ lectivos con dificultades de inserción en el mercado de trabajo, cuya ex­ clusión radica en la discriminación que se produce en el acceso al em­ pleo y no en su participación social y ciudadana, tales como jóvenes, mujeres, mayores de 45 años desempleados de larga duración y disca­ pacitados. De este modo, no es oportuno que un criterio de definición de los destinatarios sea la percepción de rentas mínimas de inserción. La definición, pues, del colectivo destinatario de estas empresas de inserción debe estar objetivamente delimitada, con el fin de estar en disposición de poder establecer una relación laboral de carácter es­ pecial. El colectivo objeto de inserción debe caracterizarse porque no puede ejercer provisionalmente una actividad laboral en condiciones habituales, para lo que se establece un sistema de empleo protegido.

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155 como vía para la inserción profesional, en el que no priman las exi­ gencias del mercado. Por tanto, debe haber una regulación para el diagnóstico, la valo­ ración y la calificación de los trabajadores en la que se fijen los reque­ rimientos objetivos para definir los colectivos destinatarios, así como de las empresas, cuyo fin primordial es la inserción laboral de dicho colectivo. El carácter especial de la relación laboral tiene también su justifi­ cación en que carece de sentido que se apliquen las mismas condicio­ nes de trabajo para los colectivos afectados que las establecidas, con carácter general, en el Estatuto de los Trabajadores. Esto responde a la propia idiosincrasia del colectivo, que hace que haya que establecer condiciones especiales en la relación laboral entre el trabajador en proceso de inserción sociolaboral y la empresa de inserción. De este modo, el contrato de trabajo debe contemplar un conjun­ to de elementos, tales como el itinerario de inserción a realizar durante su vigencia, previamente pactado entre los Servicios Sociales, la em­ presa de inserción y el propio trabajador; que la duración del contrato deba venir dada por este itinerario, sin que en ningún caso su dura­ ción deba ser inferior a los doce meses y estableciendo un límite má­ ximo a la misma, de manera que se garantice, por una parte, un ver­ dadero proceso de inserción y, por otra, los derechos derivados de la relación laboral, como el derecho a la prestación por desempleo; que la cuantía del salario a percibir sea la que fije el convenio colectivo de aplicación y en ningún caso inferior al salario mínimo interprofesio­ nal, ya que deben asegurarse unos ingresos mínimos al trabajador. Así mismo, deberían establecerse condiciones especiales de jorna­ da de trabajo de acuerdo con los Servicios Sociales y, de igual manera, con las ausencias del puesto de trabajo. También hay que adaptar las causas de despido, ya que no puede figurar entre éstas la falta de adaptación al puesto de trabajo, ni las faltas de asistencia justificadas por el seguimiento de las medidas previstas para la inserción sociola­ boral. Se trata, en suma, de suavizar las causas de despido disciplina­ rio y el propio régimen disciplinario. Por lo que respecta a la calificación como empresa de inserción es conveniente que pueda ser calificada como tal cualquier forma socie­ lO índice

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taria reconocida en Derecho y que pueda realizar actividad económi­ ca, cuyo objeto social tenga como fin primordial la integración sociolaboral de personas en situación de exclusión social y que cumplan con los requisitos que se establezcan. Entre estos requisitos es conveniente que se contemple el que se proporcione a los trabajadores, como parte de sus itinerarios de inser­ ción, procesos personalizados y asistidos de acompañamiento en el trabajo, formación profesional, habituación laboral y social y, en su caso, servicios de intervención o acompañamiento social que permi­ tan su posterior incorporación al mercado de trabajo normalizado, mediante programas de autoempleo, creación de empresas de econo­ mía social y convenios de colaboración con empresas ordinarias. También se debería establecer una proporción de la jornada laboral dedicada a la formación teórico-práctica, de tal manera que posterior­ mente pueda certificarse la formación recibida. Además, no deberían tenerse vinculados los balances, las cuentas de resultados y el patri­ monio a otras actividades que no sean las de su objeto social. En todo caso, el 100% de los resultados obtenidos anualmente deberían diri­ girse a la mejora o ampliación de las estructuras productivas y de in­ serción. Se hace necesario, en este punto, establecer y articular mecanis­ mos e instrumentos con el fin de poder realizar un seguimiento y un control en el cumplimiento de estos requisitos, así como del objeto social de la empresa de inserción, de manera que junto al necesario registro administrativo de estas empresas se creen Mesas de Segui­ miento de la Inserción, en el ámbito estatal y autonómico, con re­ presentación del Servicio Público de Empleo y de los Servicios So­ ciales, de las organizaciones sindicales más representativas, de las en­ tidades promotoras y de las propias empresas, lo cual proporcionaría un marco de coordinación y control del cumplimiento de la norma­ tiva efectivo. Este seguimiento y control podría efectuarse a través de la entrega por parte de las empresas de inserción de la documentación relativa al plan de actividades y presupuesto de cada ejercicio con anterioridad a su inicio, las cuentas anuales e informe de gestión al cierre de cada ejercicio económico, informar anualmente sobre la estructura y la evolución del empleo con la identificación de las modalidades de lO índice

15^ contratación y sobre la evaluación y seguimiento de los sujetos en proceso de inserción, así corno de las modificaciones estatutarias que afecten a la calificación como empresa de inserción y la demostración anual de cumplir con los requisitos establecidos para la calificación como tal. El incumplimiento de los requisitos establecidos, así como de su fin primordial, esto es, la integración de personas en situación de ex­ clusión, debe conllevar la pérdida de la condición de empresa de in­ serción y, por tanto, pasar a tener la consideración de empresa ordi­ naria. Así, se hace necesario contar en el marco normativo con una ti­ pificación suficiente de las faltas en las que pudieran incurrir y las sanciones correspondientes por el incumplimiento de las obligaciones correspondientes que dieron lugar a que la empresa fuese calificada como de inserción. Por tanto, hay que definir las consecuencias de los incumplimientos que pudieran llevarse a cabo, sobre todo aquellos relativos a las ayudas percibidas, los contratos laborales y las conse­ cuencias jurídicas contractuales. El papel a desempeñar por las Administraciones públicas debe ser destacado, en tanto que el Servicio Público de Empleo debe realizar la selección de las personas y requerir las inspecciones pertinentes, y los Servicios Sociales de atención primaria o especializada de las Co­ munidades Autónomas deben ser los que certifiquen la situación de exclusión social, además de diseñar el itinerario personal de inserción —^junto con el trabajador y la empresa de inserción— y realizar el control y seguimiento del proceso de inserción sociolaboral. A este fin, es necesario que la normativa establezca pautas y criterios de actuación de estos servicios de un modo nítido para evitar la colisión de competencias y funciones con las mismas empresas de inserción. Por lo que respecta a las medidas de apoyo público que se puedan establecer para las propias empresas de inserción deberán tenerse en cuenta criterios como la inversión inicial realizada por las empresas, el número de puestos de trabajo para la inserción que se van a generar y la articulación con iniciativas para la integración posterior de los trabajadores en el empleo normalizado. Las ayudas pueden estar dirigidas a la formación, al salario del trabajador en la primera fase de la inserción en el trabajo o a la sub­ vención de aquella parte del salario que corresponda a los tiempos de­ lO índice

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dicados a las actuaciones de intervención o acompañamiento. En de­ finitiva, al apoyo a la viabilidad de la empresa en su fase inicial. En cualquier caso, se deben cuantificar el conjunto de las ayudas y el régimen de compatibilidad de las mismas, para que la suma de todas ellas no llegue a exceder una proporción determinada del coste del contrato para la inserción. Finalmente, apuntar que la normativa sobre inserción sociolaboral debe abordar de un modo integral la problemática de la inserción sociolaboral de las personas en situación de exclusión social y no sólo, como se ha venido apuntando en los proyectos de marco regulador, una normativa que trata la regulación de las empresas de inserción y de la relación laboral de los trabajadores en proceso de inserción, ele­ mentos que son, en opinión de CC.O O ., insuficientes.

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LAS EMPRESAS DE INSERCION DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Las Empresas de Inserción* Damián Caneda Portavoz adjunto de Política Social de Pímpleo. Partido Popular

Hablar de empresas de inserción es hablar de exclusión social y de solidaridad. Estamos en una sociedad en marcha que avanza hacia unos obje­ tivos globales de más riqueza, más calidad de vida y más partici­ pación. De este avance quedan descolgados una serie de personas con una discapacidad social, que puede tener orígenes muy diversos, pero todas ellas tienen en común su dificultad para aprovechar las oportu­ nidades que la sociedad les ofrece de una forma natural, A estas personas que hay que apoyar de forma especial cuantas veces sea necesario para su incorporación social, se les ofrece como al­ ternativa y complemento al asistendalismo tradicional, «las empresas de inserción». Estas son, pues, la respuesta desde una visión activa de la solida­ ridad que busca en la mezcla de lo empresarial y lo social potenciar las capacidades de los individuos, darles instrumentos para valerse por sí mismos y hacerlos más libres. * Este texto se basa en las intervenciones de los representantes del Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Convergencia i Unió en la Mesa Re­ donda que con el mismo nombre se presentó en las jornadas «P resente y fu tu r o d e las Em­ p resa s d e Inserción », organizadas por PEED El, Madrid, 29 de noviembre de 1999.

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¿Por qué empresas especiales? Sencillamente porque, en general, una empresa normal, con lógica sólo empresarial, por un lado, no so­ porta la baja productividad de estos trabajadores y por otro, no puede mantener la tutela y el seguimiento que necesita una persona a la que la baja autoestima y la falta de hábitos de trabajo suelen acompañar. Aquí nos encontramos, pues, con esa necesidad de un marco ade­ cuado donde se regulen de forma correcta el itinerario desde el pri­ mer peldaño, la exclusión, hasta el último, una empresa normal. Este tipo de empresas deben tener la colaboración de las Administra­ ciones públicas para protegerlas e incentivarlas, cosa que hoy no ocurre. En esta dirección, no obstante, se han dado importantes pasos en los últimos dos años, fruto de los cuales es la existencia de un ante­ proyecto de ley que recoge de una forma bastante consensuada los elementos clave de esta cuestión y que condicirá a la necesaria ley en breve plazo. Es igualmente importante que ya en el próximo año se contemplen ayudas concretas a la contratación de estas personas, como la bonifica­ ción de un 65% en la cuota de la Seguridad Social, que a algunos puede parecer muy poco, pero son sin duda otro paso en la buena dirección. En definitiva, vemos las empresas de inserción como un reto de futuro que se encuadra en los sistemas de ayuda que defiende el Par­ tido Popular dentro de conjunto de políticas activas, y en las líneas generales de las de la Unión Europea. El proceso de consenso necesario para disponer de un marco re­ gulador propio que contemple: las personas afectadas, el tipo de con­ trato, el modelo de empresa, las subvenciones, formación, etc., está en las últimas fases de maduración y pronto permitirá que la ley vea la luz con la deseada aprobación general. El esfuerzo que vienen desarrollando las empresas de inserción, muchas veces desde la soledad y la incomprensión, y el hecho de que la sociedad siga creando empleo al ritmo actual, de forma que cuando un trabajador acabe un período transitorio en estas empresas pueda encontrar un empleo en el mercado, habrán ayudado a que la futura ley tenga una aplicación provechosa en la práctica. Hace unos años esto no era posible.

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Las Empresas de Inserción Elvira Cortaj arena Diputada del Grupo Parlamentario Socialista

A instancia del Grupo Parlamentario Socialista, se ha constituido en el Congreso de los Diputados la Subcomisión Especial para el estu­ dio de la Exclusión Social; diferentes expertos y personalidades vincu­ ladas con esta problemática han manifestado sus experiencias, fijándo­ se con la aprobación de todos los Grupos Parlamentarios el dictamen de la ponencia. Debido a que ha sido un trabajo que ha contado con el consenso de todos los Grupos políticos, nos parece interesante resal­ tar algunos temas recogidos en el mismo. En primer lugar se hace mención a la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social promovida por la ONU, recomendando que se pongan en marcha a ser posible en el año 1996 planes nacionales de erradicación de la pobreza para abordar sus causas estructurales, que abarquen medidas en los planes locales, nacionales e internacionales. En esta línea se declaró el año 1996 como Año Internacional de la Pobreza. La Cumbre Mundial sobre desarrollo Social suscrita en Copenha­ gue en marzo de 1995 empieza a relacionar con contundencia la exclusión social, la pobreza y cualquier forma de desigualdad con el desempleo. Acordó que es imprescindible tener en cuenta que el cre­ cimiento económico se debe asentar en el ser humano, que el mismo sea sostenible de generación en generación para que no se hipoteque el futuro. También en la Cumbre se plantearon los objetivos de una Política Integral de lucha contra la Exclusión Social, la pobreza y cualquier forma de desigualdad social, estableciéndose que la integración y la lO índice

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igualdad de oportunidades debe impulsar un contexto que propicie la capacidad para convivir, el respeto a la dignidad de cada individuo, la autoestima y la habilidad para participar en la vida social. En sus conclusiones se recomienda «estudiar fórmulas flexibles y novedosas, tanto económicas como fiscales, para las empresas deno­ minadas de inserción social, con el fin de equiparar sus producciones productivas al resto de la economía, y así favorecer su incorporación a la normalidad laboral». Diversos expertos europeos investigan nuevas formas para conse­ guir el objetivo de no excluidos, con propuestas novedosas, que se han venido en denominar la «Tercera vía» o el famoso «Welfare to Work», propuesta que hacen los laboristas británicos y que nos lleva a analizar sus reflexiones con detenimiento. En Europa más de un 5% de la población activa lleva más de un año en el paro, lo que confirma la necesidad de buscar fórmulas indi­ viduales para ayudar a los parados a salir de la situación. Recientemente el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley contra la Exclusión Social, fruto de los ocho años de gestión del Plan Integral de Lucha contra la Pobreza; se constata que durante muchos años gran número de entidades han venido prestando servicios de todo tipo a la comunidad. El movimiento sindical, organizaciones cívicas y religiosas, tienen su origen en el trabajo voluntario, que junto con los Ayuntamientos y la red de servicios sociales de base han ido configurando con mejor criterio y, por qué no decirlo, con falta de recursos, los programas para la inserción. Las evaluaciones anuales de los perceptores de rentas mínimas evidencian que estamos hablando de una población cuya salida de la situación está configurada en tercios; los primeros son aquellos que de forma individual dejan de percibir las rentas mínimas por haber encontrado un trabajo. Un segundo tercio precisan de ayuda para su­ perar la situación, y el último tercio es el que de no contar con el apoyo de las empresas de inserción, quedaría indefectiblemente como población excluida. Está demostrado que esta segmentación se da también en los países de la Unión Europea. Por este motivo se recla­ ma con insistencia una normativa que ampare y dé cobertura a las necesidades que presentan las empresas de inserción.

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163 En España hay cerca de 750.000 personas con máxima carencia de empleabilidad. Gracias a la colaboración de las Comunidades Autónomas, en nuestro país existen leyes que garantizan el salario so­ cial o la percepción de rentas mínimas, como primer instrumento para luchar contra la exclusión. Pero la realidad es tozuda y cada día se presentan nuevos retos para las personas con carencia de empleabi­ lidad. No podemos hacer la foto fija, pero estamos hablando de diversos colectivos de personas: los perceptores de rentas mínimas, los parados de larga duración, las minorías étnicas, las familias monoparentales, los inmigrantes, los ex reclusos, los toxicómanos, los sin techo y un largo etcétera. El empleo sigue siendo uno de los mecanismos más efectivos para prevenir los problemas de exclusión social, así como para conseguir la reintegración de las personas excluidas. Es indudable que en gran me­ dida los procesos y las situaciones de exclusión, la ruptura del vínculo existente entre el individuo y la sociedad, se derivan de su no partici­ pación en el proceso productivo. Si bien en España no todos los pa­ rados son excluidos, sí todos los excluidos son parados. La incorpora­ ción de las personas excluidas al empleo resultaría una tarea imposi­ ble, si únicamente contásemos con las leyes del mercado. El empleo, además de su valor productivo, tiene un valor social. Por eso no se debe considerar únicamente su rentabilidad económica, sino también su rentabilidad social. El trabajo debe ser ante todo una forma de participación social. La promoción de estructuras de inserción sociolaboral, el diseño de los itinerarios de carácter individual, resultan necesarios para in­ tentar abordar adecuadamente este gran problema social. Dentro de estas estructuras, además de los centros de información, acogida y acompañamiento, los talleres de inserción, el fomento del autoempleo, destacan las empresas de inserción, que mediante la articulación de los procesos formativos de carácter individual, adecúan los puestos de trabajo a las capacidades de cada persona, en un proceso global de integración social. Es preciso constatar que las empresas de inserción deben compe­ tir en el mercado y ser empresas productivas y deben además perse­ guir fines productivos y otros de carácter estrictamente social, consis­ lO índice

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tentes en la inclusión de colectivos en situaciones de exclusión grave con respecto al mercado de trabajo. Su viabilidad económica como empresas es un pre-requisito para su supervivencia. Al ser un área de intervención en el mercado creada con cierto ímpetu en el último lustro, sus máximos defensores lo definen como el sector con mayor I+D+I (IDI), Imaginación + Desarrollo con riesgo + Innovación. Podemos afirmar que los proyectos abordados por estas empresas, cuando al cabo de cinco años consolidan su viabilidad y son rentables, en su mayoría tienen altas dosis de IDI. Los objetivos para la inserción de estas empresas se presentan en tres dimensiones:

Dimensión laboral dimensión formativa y dimensión social, por las que permiten la adquisición de experiencia profesional, actualización de cualificaciones y el acompañamiento social, para favorecer la auto­ estima a las personas excluidas. Parece evidente que estos elementos les pueden situar a estas em­ presas en la llamada economía social, sin embargo, la mayor parte de estas empresas en España no son ni cooperativas ni sociedades anóni­ mas laborales. A través de una proposición no de ley presentada por el Grupo parlamentario Convergencia i Unió, en el año 1998, aprobada por unanimidad de todos los Grupos del Congreso de los Diputados, se instaba al Gobierno a presentar un Proyecto de Ley de Empresas de Inserción en el plazo máximo de ocho meses. Estando a punto de di­ solverse la VI legislatura, nos encontramos con la triste sorpresa de que no se ha presentado. Como argumento se nos dice que ha habido otras normas que eran prioritarias, pero la verdad es que no ha habi­ do voluntad política por parte del Partido Popular. Se nos dice que es una Ley cara, pero los socialistas les podernos demostrar con cifras que más caro nos han salido los regalos fiscales a los empresarios y sin embargo se han efectuado. Debe preocuparnos seriamente la política de empleo del PP, ya que del año 1996 al año 2000 se han destinado 800.000 millones de pesetas para bonificar cuotas empresariales, sin que se hayan podido garantizar resultados adecuados en lo referente a la estabilidad en el lO índice

165 empleo. Dicho claramente, se han transferido a las empresas 800.000 millones de pesetas a cambio de que la temporalidad y la precariedad se mantengan en las mismas tasas que existían cuando la derecha lle­ gó al poder en 1996. Se precisan 57 contratos para cada parado me­ nos. La temporalidad de acuerdo con la EPA se ha mantenido en el 33% del total de los asalariados a lo largo de los cuatro años del Go­ bierno del PP. Otro dato importante es que las políticas activas de empleo están siendo y van a seguir estando financiadas por cotizaciones sociales. Más de 800.000 millones de pesetas aportaba el Estado en 1995 y en 1996 a los presupuestos del INEM, pues bien, en el año 2000 se ha pasado tan sólo a 45.000 millones. En el año 2000 las cuotas por desempleo tienen unos excedentes de cerca de 900.000 millones de pesetas, descontados los pagos de las prestaciones contributivas de desempleo. Si para tratar de reducir ese excedente se financiara a su vez el subsidio de desempleo, el nuevo excedente se situaría en los 600.000 millones. Por último, si con las cotizaciones por desempleo y formación profesional se financiaran los programas de prestaciones a los desempleados y de formación profe­ sional ocupacional, seguiríamos teniendo unos excedentes para el año 2000 de más de 350.000 millones. Es decir, el PP está produciendo la «solidaridad en circuito cerra­ do» o, dicho de otra manera, una «solidaridad endógena». Los traba­ jadores se la pagan a sí mismos a través de un mecanismo, mediante el cual el Gobierno recaba cotizaciones para llevar a cabo con ellas su­ puestas políticas activas de empleo. Los que llevamos años dedicados al ámbito de lo social somos conscientes de que los avatares de la economía son nuestro termó­ metro más fidedigno. Si la economía va bien, se avanza en conquis­ tas sociales, si va mal, hacen falta principios ideológicos y grandes dosis de voluntad política para hacer avanzar las conquistas sociales. Desde que adquirimos la democracia, cada lustro ha sido el expo­ nente de un avance importante en la protección social. De 1980 a 1985 se puso en marcha la Ley de Integración Social de Minusváli­ dos, con el subsidio de garantía de ingresos mínimos, el de movili­ dad y el de gastos de transporte, así como la prestación de asistencia sanitaria. lO índice

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Del año 1985 a 1990 se consiguió universalizar la asistencia sani­ taria; seis millones de ciudadanos estaban fueran de dicha protección. Se puso en marcha el Programa de Vacaciones para la Tercera Edad, se amplió el número de construcción de residencias públicas. Se ampliaron las subvenciones a la iniciativa social mediante la puesta en marcha del 0,52% del IRPE Del año 1990 a 1995 se aprobó la Ley de Pensiones no Contri­ butivas, a la que tienen acceso cerca de medio millón de ciudadanos y ciudadanas. Se fimó con las 17 Comunidades Autónomas la puesta en marcha del Plan de prestaciones básicas de Servicios Sociales. En el lustro de 1995 al año 2000, si España va bien y la econo­ mía crece con tal vigor que permite beneficios de miles de millones para unos pocos, los socialistas nos preguntamos: ¿Dónde van los be­ neficios y excedentes? ¿Por qué no vamos a poder recordar ningún avance en el ámbito de lo social? No podemos echar la culpa a la bue­ na marcha de la economía, seguro que si reflexionamos encontramos detrás una serie de intereses de la derecha, entre cuyas prioridades no está hacer avanzar determinas políticas sociales. No debemos olvidar que la inserción social y laboral de los colec­ tivos excluidos es imprescindible para favorecer el desarrollo sosteni­ do de nuestra sociedad. Para que las empresas de inserción puedan desarrollar con eficacia su trabajo, necesitan con urgencia contar con una legislación que les reconozca un marco laboral específico, que ponga por delante el proceso personal de inserción al productivo, que obtenga facilidades en el régimen fiscal y que comprometa a las Ad­ ministraciones públicas, a los sectores económicos y a los propios afectados en esta tarea, que será el primer objetivo de la política social en los próximos años, en el cual los socialistas estamos comprometi­ dos.

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La inserción laboral de los excluidos Pedro Vaquero del Pozo

Diputado de lU en el Congreso

Si algo ha tenido de bueno todo el debate intelectual sobre la globalización y la importancia de los cambios tecnológicos en la econo­ mía es que ha acabado con una cierta inercia derivada de los años en que la ciencia económica se asentaba sobre una definición conserva­ dora y un tanto dogmática de los modelos económicos y de las pers­ pectivas del crecimiento económico. Hoy todos sabemos que el creci­ miento sostenido es imposible. O mejor dicho, que es imposible apostar por un crecimiento sostenido sin que se resientan seriamente dos principios que deberían ser sagrados para la Humanidad: la equi­ dad en el reparto de la riqueza y la solidaridad intergeneracional. La incompatibilidad entre crecimiento económico sostenido y erradica­ ción de las externalidades sociales y ecológicas es cada día más univer­ salmente aceptada, al menos en el plano teórico. Otra cosa es que en la práctica política los poderosos tengan que hacer ver que son sensi­ bles a estos principios, pero luego acuerden pragmáticamente en fun­ ción de las correlaciones de fuerzas que dominan el planeta. Véase si no las cumbres de Río de Janeiro, de Pekín, de Seattle, etc. Por eso hoy en el debate teórico se ponen en cuestión todos los modelos, tanto el del empleo como el del bienestar social. Mientras en el plano de la práctica social, laboral, económica... la realidad es que conviven realidades nuevas y viejas: prácticas productivistas y conservacionistas, productivismos desarrollistas y más respetuosos con el medio ambiente, modelos fordistas de producción y modelos toyotistas, trabajo en cadena y teletrabajo, etc. Es el fruto de una épo­ ca donde los cambios se producen a un ritmo cada vez más acelerado, donde la muerte de lo viejo no se produce con el simple nacimiento

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de lo nuevo, y por eso a un modelo como tesis le sucede otro modelo como antítesis, que rápidamente genera una síntesis, a la que en el es­ pacio de días o meses le está naciendo un nuevo modelo-tesis que preanuncia su obsolescencia. Pero en todo caso, Heráclito tenía razón sólo en parte. Y algo hay de permanente en el cambio. El valor del empleo como configurador del estatus social se está consolidando en las viejas y en las nuevas ci­ vilizaciones. Una persona socialmente vale lo que contribuye a la di­ námica social en función del puesto que ocupa en el entramado so­ cioeconómico. Y aunque se reivindique la valorización del trabajo de­ sarrollado en el circuito de la reproducción social, lo cierto y verdad es que este mismo hecho nos demuestra que la batalla de la valoriza­ ción la ha ganado el trabajo productivo, pues en definitiva lo que se está buscando no es sino la ubicación del trabajo doméstico, de la asistencia a lo económicamente no rentable, etc., en el universo pro­ pio del trabajo productivo, es decir, no el del valor de uso, sino en el

valor de cambio. La consolidación del valor del empleo como trabajo del circuito productivo en contraposición al desarrollado en el circuito reproduc­ tivo no quiere decir que el empleo en sí no sea una realidad también mutable. Precisamente si algo le hace consolidarse como el eje de en­ tre los factores de la socialización humana es su capacidad de adop­ ción a las nuevas realidades derivadas de las exigencias infraestructurales, esto, es, de los cambios en los procesos productivos. Hoy el empleo ya no es lo que era, pero por eso mismo es cada vez más el factor más definitorio de la realización social del hombre. Pero los cambios de las relaciones de producción (condiciones objetivas y condiciones subjetivas conjuntamente consideradas) im­ plican hoy la aparición de los fenómenos del paro masivo, del paro estructural, del empleo precario, de la necesidad del fomento de la empleabilidad y la adaptabilidad del trabajador, como condición para el mantenimiento del empleo, e incluso del acceso al mismo y de la calidad del empleo al que se accede. En la sociedad postindustrial se han producido cambios en los re­ quisitos y perfiles de las ocupaciones o profesiones, e incluso en el modelo de la formación o cualificación que se requiere para la habi­ litación del trabajador respecto al puesto de trabajo.

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169 Los cambios del trabajo se definen en torno a los siguientes carac­ teres: 1. El trabajo es hoy una realidad en evolución constante, y por tanto de difícil definición en cuanto a su ámbito. 2. El trabajo ha su­ frido un proceso de abstracción, pues frente al trabajo como ocupa­ ción concreta y tangible, hoy el trabajo es más que una ocupación concreta y específica, el desarrollo de las potencialidades de un factor productivo versátil en el umbral de un proceso fluctúan te. 3. El tra­ bajo es más participativo, requiere más compromiso del trabajador, está menos supervisado y exige asumir decisiones y responsabilidades. 4. Frente al aislamiento del trabajo en cadena, el trabajo de hoy es más interactivo y en equipo. 5. El trabajo ha roto los límites geotemporales, y requiere no sólo la comprensión del aquí y ahora de un co­ metido concreto, sino del sistema total a desarrollar. Frente a los problemas del paro, de la precariedad, de la necesi­ dad de adaptabilidad y cualificación del trabajador para la versatili­ dad y el conocimiento abstracto del sistema total, la sociedad debe responder abordando diferentes ámbitos de actuación: 1.

Estructuralmente, el problema de la insuficiencia del empleo es que quienes detentan el poder de las relaciones producti­ vas reparten escasamente tanto el trabajo como la riqueza ge­ nerada, y por tanto los incrementos de productividad y be­ neficios que las nuevas tecnologías generan. Por eso es tan importante que el sistema cambie de correlación de fuerzas y de directrices socioeconómicas, es decir, que se cambie el modelo por otro que reparta el trabajo, mediante la reduc­ ción de la jornada de trabajo. Ea insistencia de la izquierda y de los colectivos que promueven los principios de la solidari­ dad en las 35 horas lo que en el fondo están promoviendo es un cambio de modelo económico y social.

2.

Hay que ayudar a quienes buscan empleo a adquirir la empleabilidad o idoneidad para las nuevas condiciones de tra­ bajo y para las nuevas profesiones, mediante nuevos esfuer­ zos en una formación más adecuada y prolongada a lo largo de la vida laboral.

3.

Hay que buscar nuevos empleos en los sectores emergentes de la actividad social, tanto si éstos son trabajos valorados social­ mente como productivos, como si no, pues es posible que el lO índice

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mercado rechace como no deseable para él determinadas acti­ vidades cuya rentabilidad es estrictamente social, pues el mer­ cado a lo que aspira es a la rentabilidad estrictamente econó­ mica. Estos sectores están en torno al medio ambiente y a las actuaciones asistenciales respecto de los ancianos y niños. 4.

Es imprescindible garantizar el primer empleo a quienes pu­ jan por incorporarse a la sociedad y a la vida mediante el ac­ ceso al primer empleo, que les dará experiencia y cualificación práctica.

Pero este elenco de medidas es un desiderátum que está lejano aún. Entre otras cosas porque el dogma neoliberal se niega al cambio estructural necesario del modelo, es decir, al reparto del trabajo y la redistribución de la riqueza. Sin embargo nada impide (excepto las políticas de restricción del gasto) que se pongan en práctica el resto de las medidas. Desde el Li­ bro Blanco de Delors (1993), pasando por todas las Cumbres que han tratado el tema del empleo en la Unión Europea, se ha encomia­ do la necesidad de realizar por parte de los Estados miembro este tipo de políticas activas y de fomento. E incluso desde la Cumbre de Luxemburgo (20 y 21 de noviembre de 1997), sin apartarse del princi­ pio de subsidiariedad, la UE ha decidido coordinar los planes de em­ pleo de los Quince para tratar de poner el pleno empleo, dentro de la política de construcción del Espacio Social. Mientras tanto, el sistema está generando una insostenible situa­ ción de exclusión y marginación en el que se encuentra un tercio de la población. La exclusión viene determinada por múltiples factores: a) La dimensión económica se centra fundamentalmente en el ele­ mento estructural de la falta de empleo (paro) o en la inseguridad que la precariedad laboral genera (workers poor); b) Los elementos contextúales son las relaciones sociales de los individuales, su aisla­ miento social o su relativa incapacidad para relacionarse; c) Los ele­ mentos subjetivos de la marginación consisten en la inseguridad per­ sonal, en el sentimiento de insignificancia vital del individuo margi­ nado, en la sensación de fragilidad. Estos vectores determinan un espectro sociológico que va desde la zona de inclusión (personas que están integradas, seguras, relacionadas), pasando por la zona de vul­ nerabilidad (personas que sobreviven en situaciones de precariedad. lO índice

171 de enorme inseguridad, de inestabilidad laboral, social, afectiva) hasta la zona de exclusión (personas que han perdido incluso la capacidad de integración, el estímulo para intentarlo, la autoestima). Los marginados son personas que proceden de un orden «no de­ seado», «desvalorizado», «no legítimo», que o bien quieren salir de él, o bien alguien (determinadas instituciones, colectivos o personas) le quieren sacar de él, integrándolo en un orden legítimo, valorado, de­ seado. La inserción es, por tanto, el objetivo. Los métodos de integración clásicos o típicos no sirven del todo, aunque son complementarios. El trabajo social, la asistencia social, los servicios sociosanitarios, la formación, el desarrollo local, etc., son instru­ mentos de la integración, y en muchos casos, condición necesaria, pero no suficiente de la misma. Su insuficiencia deriva de que estos métodos pueden perpetuar un orden que los excluidos consideran ilegítimo: por ejemplo, la formación puede reproducir el fracaso escolar del que provie­ nen, el trabajo social puede ser factor de reproducción de la delincuencia, la pobreza, o ser un mero método de control de poblaciones peligrosas. Todo parece indicar que muchos de los casos de la exclusión sólo podrán pasar de la zona de la exclusión a la zona de la vulnerabilidad primero, y después a la zona de la inclusión, mediante la inserción sociolaboral que proporciona el trabajo. Pero no un trabajo cualquiera, no un trabajo que sea un mero empleo, sino un trabajo que permita desarrollar la autonomía y la responsabilidad personal. En esta línea la iniciativa de las Empresas de Inserción (El) pueden significar un avan­ ce muy importante. Como nueva estrategia de intervención social, su­ peran la intervención asistencialista y pretenden impulsar una interven­ ción capacitadora, en la medida en que conciben el empleo como la su­ peración de la carencia de medios económicos para superar la carencia de poder adquisitivo para acceder a servicios de bienestar privados, y de la dificultad de establecer relaciones sociales por parte del trabajador excluido, y priman el punto de vista del factor humano, en el que el ca­ pital es un mero instrumento. Si la persona es el centro (el personalismo de Mounier sería la filosofía matriz de la El), se trata de ayudar al ex­ cluido con déficits personales y profesionales que le impiden seguir el ritmo de la sociedad competitiva, para que se ponga en órbita. Las necesidades son dos: primero la formación; después, la inser­ ción en la estructura productiva, en la empresa. Y para ello, la empre­ lO índice

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sa no puede ser una ONG, una estructura que respecto a la dureza de la sociedad competitiva más parezca una reproducción de cartón pie­ dra que otra cosa. La empresa debe intervenir en el mercado, intentar ser competitiva, aunque sin ánimo de lucro, aunque busquen benefi­ cios que sirvan a la reproducción de su objeto social, que es la inser­ ción sociolaboral de las personas socialmente desfavorecidas o exclui­ das, reinvirtiéndolos en la generación de empleo y la reinserción. No se trata de buscar empleos subsidiados, pero sí de abrir paso a una especie de «mercado tutelado». Para ello los poderes públicos de­ berán fomentar este tipo de empresas mediante tres líneas de actua­ ción: Primero, inhibiéndose de ahormarlas a parámetros burocráticos asfixiantes, pues la realidad de estas empresas debe ser muy dinámica y cambiante, en función de las necesidades sociolaborales de los traba­ jadores que las componen; segundo, dotándolas de elementos comple­ mentarios, como los servicios sociosanitarios, el acceso a la vivienda, la formación más acorde con las necesidades; tercero, incluyendo cláusu­ las sociales en la contratación pública, como ha hecho la Generalitat de Catalunya, que favorezcan la viabilidad de estas empresas. La falta de una regulación de este tipo de empresas implica que exis­ tan trabas legales a la hora de articular estos mecanismos de viabilidad para la EL No basta con decir que las Administraciones públicas deben comprometerse con ellas. Es preciso que ese compromiso empiece por el legislador, pues es lógico encontrar a gestores públicos que, más allá de su voluntad personal, al aplicar la ley se autocensuren su compromiso a la hora de incluir cláusulas sociales que favorezcan mediante el acceso de las El a los concursos públicos, pues no hay base legal para ello. Una norma reguladora de las El debe abordar, entre otros, los si­ guientes extremos: 1.

Identificación legal de la figura del excluido o sujeto del pro­ ceso de inserción; el único camino para ello es el de la rela­ ción de supuestos de la exclusión o marginación social (in­ migrantes, disminuidos, ex drogadictos, minorías étnicas, mujeres con cargas familiares no compartidas, ex reclusos, parados de larga duración en situaciones de pobreza severa, jóvenes con riesgo de exclusión).

2.

Identificación de los promotores y sus requisitos: es discuti­ ble que puedan ser consideradas El aquellas empresas que

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173 obtengan beneficios empresariales por encima de determina­ dos límites, y por eso hay que prever mecanismos regulares de la reinversión de los beneficios en actividades de creación de empleo o nuevos sujetos de reinserción. 3.

Definición de lo que es una El, mecanismos de registro ad­ ministrativo, etc.

4.

Ayudas que deban recibir de las Administraciones estas em­ presas, y junto a ello, modificación de las leyes que corres­ pondan para que la contratación administrativa pueda resol­ verse sin objeciones burocráticas o legales. Mecanismos de formación específica. Relaciones laborales de los trabajadores de inserción en el contexto del conjunto de la plantilla, especificando el por­ centaje máximo de trabajadores de no inserción.

5. 6.

Régimen sancionador y disciplinario para las empresas que no cumplan las exigencias legales, a los efectos de preservar la figura de la El de adherencias perjudiciales derivadas de la picaresca que pueda desatarse por parte de los «buscasubvenciones», que siempre los hay. Debate interesante es el que se suscita sobre si la regulación de las El debe o no inscribirse en el ámbito más amplio de una Ley de In­ serción. Nosotros nos pronunciamos por hacerlo así, sin perjuicio de que, si la ley de empresas de inserción ya está ultimada y próxima a sa­ lir —como así es— , no debería demorarse su tramitación parlamenta­ ria. El Gobierno del PP inexplicablemente ha renunciado a cumplir su compromiso con FEEDEI de sacar la ley en la VI Legislatura, que está a punto de acabar. Por eso, la VII Legislatura, sea quien fuere el pró­ ximo Gobierno estatal, una de las primeras cosas que deberá hacer será enviar el proyecto de Ley de El al Congreso para su tramitación y aprobación parlamentaria. lU se compromete a impulsar esta actua­ ción, gobierne o no. Pero ello no quita para que con más pausa se ini­ cie la elaboración de una Ley Marco de Servicios Sociales e Inserción Sociolaboral donde la Ley de Empresas de Inserción encuentre su marco referencial y su complemento respecto a aquellos servicios que las Administraciones deban brindar a los ciudadanos a insertar para que la acción de inserción global que realizan las El sea eficaz.

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Las Empresas de Inserción a debate Caries Campuzano i Canadés

Portavoz de la Comisión de Política Social y Empleo por el Grupo Parlamentario CiU

Termina la VI Legislatura con el triste sabor de no haberse con­ sumado, de nuevo, la aprobación de la ley reguladora de las empresas de inserción. Después de meses de trabajo, de acción pedagógica de los representantes del sector ante la Administración y los grupos po­ líticos, las inercias, el desconocimiento y la falta de sensibilidad de determinados gestores públicos se ha impuesto. No habrá, a corto plazo. Ley. No ha sido esta una legislatura vacía o inútil en este campo. Todo lo contrario. Los compromisos del Gobierno y del Parlamento asumi­ dos a lo largo de estos años son claros e inequívocos. Desde el Informe de la Subcomisión para estudiar la problemática de la pobreza, pasan­ do por el Plan de Empleo que el Gobierno presentó ante la Comisión Europea en el 1999, hasta la Proposición no de Ley que, presentada por Convergencia i Unió, la Comisión de Política Social y Empleo aprobó el pasado 24 de junio de 1998, todo ello constituyen compro­ misos públicos y expresos en esa línea de exigencia de un marco nor­ mativo propio y favorecedor de las empresas de inserción. Añadamos además toda la acción de promoción y sensibilización del denominado Tercer Sector, que también se ha impulsado, en el que la referencia a las empresas de inserción ha sido necesaria, o la incorporación del concepto de cláusula social en la Ley de Contratos del Estado. Eloy podemos decir que existe mucha más conciencia sobre las necesidades del sector, que éste es más conocido y que es más valora­ do y que se han producido avances legislativos. Sin duda alguna. En las políticas públicas de lucha contra la exclusión las empresas de in­ serción tienen un claro espacio reconocido. lO índice

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Es evidente que el Gobierno del Estado no ha tenido suficiente voluntad política para hacer realidad esa larga lista de compromisos parlamentarios por lo que hace referencia expresamente a las empre­ sas de inserción. La desconfianza, el desconocimiento y los tópicos han primado en el análisis de la cuestión, fundamentalmente, por parte del Minis­ terio de Economía y Hacienda. El miedo al fraude, el excesivo celo «liberalizador» y, por tanto, el posicionamiento contrario a cualquier tipo de «mercado protegido», la dimensión del sector, son factores que han jugado en contra de la aprobación de la ley. Habría que aña­ dir a esos factores una cierta prevención del mundo sindical, por los riesgos de desregulación de las condiciones laborales de los trabajado­ res de las empresas de inserción, y un importante desconocimiento de las organizaciones empresariales, demasiado preocupadas por la hipo­ tética competencia de los empresarios solidarios en determinados mercados. Quizá hubiese convenido más debate público y más y mejores complicidades. Creo que ahí es donde en los próximos meses deberemos insistir. En la defensa de un sector que aporta eficacia a los procesos de recu­ peración e inserción de las personas, que enfatiza el valor social del trabajo, que es capaz de mantener una visión crítica, que es más ágil y adaptable que la mayoría de las Administraciones, que crea espacios para la creatividad social y la iniciativa de la sociedad civil, que incide sobre nuevas demandas y viejas necesidades. Y además, en unos momentos en los que la pobreza adopta nue­ vos perfiles: parados de larga duración y mayores de 45 años, ancia­ nos de ambientes urbanos, jóvenes con problemas sociosanitarios, in­ migrantes, minorías... Un panorama en el que el crecimiento econó­ mico no puede olvidar a todos aquellos que quedan al margen del progreso y en el que además las actuales redes de servicios sociales a menudo se muestran insuficientes. Es este contexto, de necesidades evidentes, de compromisos in­ cumplidos y de algunas urgencias históricas, es en el que Convergen­ cia i Unió, ante la perspectiva de la falta de aprobación en la presente Legislatura de la Ley de Empresas de Inserción, optó por aprovechar

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u: el trámite de la denominada Ley de Acompañamiento de los Presu­ puestos Generales del 2000 para introducir una nueva línea de boni­ ficaciones a la Seguridad Social para «las empresas y las entidades sin ánimo de lucro que contraten indefinida o temporalmente trabajado­ res desempleados en situación de exclusión social». La acreditación de esta situación corresponderá a los servicios sociales. Esta medida fue pactada con el Gobierno, incorporándose en el texto del Proyecto de ley que se remitió a las Cortes. Posteriormente, y en el trámite de en­ miendas, CiU presentó un texto que tenía el objeto de añadir la ne­ cesidad del establecimiento de un itinerario de inserción sociolaboral para los beneficiarios de esta bonificación. Esta enmienda pretendía mantener el objetivo principal de estas empresas, que es precisamente el de facilitar la inserción sociolaboral de las personas excluidas y no el de simple fomento de su ocupación, como se podía derivar del tex­ to presentado por el Gobierno. Las bonificaciones en estos supuestos serán del 65 por ciento, con un plazo máximo de 24 meses de dura­ ción de las mismas. Es evidente que la introducción de esta línea de bonificaciones es un primer paso hacia ese reconocimiento institucional de esta reali­ dad, y al mismo tiempo refuerza la capacidad de actuación de los em­ prendedores solidarios. Sería bueno que a lo largo del año 2000 las posibilidades que abren estas bonificaciones se aprovechasen al máxi­ mo por parte del sector. Creo que se abre una buena oportunidad que hay que saber aprovechar. Por nuestra parte, el compromiso que asumimos es el de conti­ nuar trabajando en la elaboración y la definición de ese marco nor­ mativo tan deseado de las empresas de inserción. Ha sido un compro­ miso que ha orientado una determinada línea y lo será, sin duda, en la próxima legislatura. La generación de nuevos instrumentos que favorezcan la inclu­ sión de todos, el fortalecimiento de la capacidad de iniciativa de la sociedad civil y la movilización de más recursos contra la pobreza y la exclusión continuarán siendo necesarios.

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LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS FRENTE A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN

Opinión de la DGASM F Dirección General de Acción Social, del Menor y de la Familia (DGASMF)

1.

EL PORQUE DE UN MARCO NORMATIVO. NECESIDAD. OPERATIVIDAD

En nuestros días, es claro y comprobado que la relación con el mundo del empleo es referente obligado a la hora de abordar los pro­ cesos de integración social. La población en edad laboral encuentra en el empleo no sólo una fuente de ingresos, sino también el origen de toda una red de relaciones sociales normalizadas facilitadoras de tal integración. Un rasgo común a casi todas las situaciones de exclusión social es la dificultad para participar en los mecanismos habituales de forma­ ción e inserción laboral. Muchas personas acceden difícilmente a los cursos de formación ocupacional, soportan una tradición de mala re­ lación con la enseñanza formal y reglada y presentan problemas de motivación y adaptación a un ambiente laboral normal, lo que re­ quiere actuaciones varias de acompañamiento y apoyo. La eficacia de las políticas de los poderes públicos en materia de empleo y exclusión social dependerá de la capacidad que éstos tengan para dar respuesta a dichos problemas y para implicarse en ellos. En este sentido, apostar por la Economía Solidaria significa apo­ yar institucionalmente a las entidades en las que se combinan clara­

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mente recursos monetarios y no monetarios, que tienen más posibili­ dades de garantizar tanto la rentabilidad social como su viabilidad económica y que favorecen que los excedentes generados por la acti­ vidad sean reinvertidos en la propia empresa. Como ejemplo de estas nuevas formas de organización, se en­ cuentran las Empresas de Inserción. Las iniciativas desarrolladas en este campo en nuestro país han sido numerosas en los últimos años y suponen el apoyo continuo a los grupos vulnerables que participan en las mismas, están ligadas al territorio y a las necesidades de trabajo en la zona, abriendo brecha en el mundo laboral y creando puestos de trabajo. Tales iniciativas combinan la lógica empresarial con metodolo­ gías que hacen posible la inclusión de personas en los procesos de inser­ ción laboral en la propia empresa, para facilitar su paso posteriormente a una empresa ajena o a proyectos de autoempleo, potenciando, al mis­ mo tiempo, las capacidades de las personas a través de la formación pro­ fesional adecuada a sus posibilidades y a las del mercado laboral. Por todo ello, creemos que sería necesario establecer un marco le­ gal para estas empresas.

2.

DESTINATARIOS DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN

Los destinatarios deberán ser trabajadores desempleados y en si­ tuación de exclusión social, la cual se acreditará por los correspon­ dientes Servicios Sociales y, además, por la pertenencia a alguno de los siguientes colectivos: a)

Perceptores de Rentas Mínimas de inserción, o cualquier otra prestación de igual o similar naturaleza, según la denomina­ ción adoptada en cada Comunidad Autónoma.

b)

Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el párrafo anterior, por alguna de las si­ guientes causas: — Falta de período exigido de residencia o empadronamien­ to, o para la constitución de la unidad perceptora.

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181 — Haber agotado el período máximo de percepción legal­ mente establecido.

3.

c)

Jóvenes mayores de 18 años y menores de treinta, proceden­ tes de Instituciones de Protección de Menores.

d)

Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren inmersas en procesos de rehabilitación o rein­ serción social.

e)

Internos de centros penitenciarios, cuya situación les per­ mita acceder a un empleo, así como liberados condicionales y ex reclusos.

TIPO DE SOCIEDADES Y REQUISITOS MÍNIMOS PARA SER CALIFICADAS C O M O EMPRESAS DE INSERCIÓN

Desde la Dirección General de Acción Social, del Menor y la Fa­ milia, entendemos que las Empresas de Inserción son aquellas que, debidamente calificadas, realicen cualquier actividad económica lícita de producción de bienes o prestación de servicios y cuyo objeto social tenga como fin primordial la integración sociolaboral de personas en situación o grave riesgo de exclusión social. Además de lo anterior, tales empresas deben proporcionar a di­ chas personas, como parte de sus itinerarios de inserción, procesos personalizados y asistidos de trabajo remunerado, formación en el puesto de trabajo, habituación laboral y social y, en su caso, servicios de intervención o acompañamiento social que permitan su posterior incorporación al mercado de trabajo ordinario. En cuanto a los requisitos para que una empresa pueda ser califi­ cada como Empresa de Inserción, creemos que podrían señalarse los siguientes: a)

Estar promovidas por una o varias entidades promotoras.

b)

Mantener, por centro de trabajo y en cómputo anual, un porcentaje de trabajadores en proceso de inserción en­ tre el 50 y el 70% del total de la plantilla, no pudiendo ser el número de aquéllos inferior a dos.

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4.

c)

No tener vinculados sus balances, cuentas de resultados y pa­ trimonio a otras actividades económicas que no sean las de su objeto social.

d)

Aplicar, al menos, el 75% de los resultados o excedentes dis­ ponibles obtenidos en cada ejercicio a la mejora o amplia­ ción de sus estructuras productivas y de inserción.

e)

Encontrarse inscritas en el Registro de Empresas de Inser­ ción, que debería crearse para ello.

PAPEL DE LAS ENTIDADES PROMOTORAS

Teniendo en cuenta las dificultades existentes para la creación y mantenimiento de cualquier tipo de empresa, el papel de las entida­ des promotoras sería el de impulsar y apoyar tal creación, además de prestarles asesoramiento técnico, así como colaborar en las activida­ des de acompañamiento social necesario para los trabajadores en pro­ ceso de inserción sociolaboral.

5.

PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES CENTRAL, AUTONÓM ICA Y LOCAL

Teniendo en cuenta la importancia capital de la lucha contra la exclusión social en todas sus vertientes, las tres Administracio­ nes deberían aunar y complementar sus acciones y, más concreta­ mente, actuar tenazmente impulsando el empleo, como área bási­ ca de la inclusión socioeconómica de las personas y grupos más desfavorecidos. Cualquier tipo de actuación requerirá obligadamente la colabora­ ción de las Administraciones Autonómica y Local, ya que, la primera de éstas, ostenta las competencias exclusivas en materia de Acción So­ cial, y son las Corporaciones Locales las que, de hecho, y a través de sus Servicios Sociales, pueden iniciar todo el proceso de reconoci­ miento de las situaciones de exclusión social y laboral de las personas en riesgo, y más concretamente de los perceptores de las Rentas M í­ nimas de Inserción.

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183 En cuanto a las competencias de la Administración hay que desta­ car que la Administración pública responsable, en cada caso, de los Servicios Sociales de atención primaria y/o de los Servicios Públicos de Empleo debería: — Calificar y acreditar las situaciones de grave riesgo o exclusión social de la población beneficiaria de las Empresas de Inser­ ción. — Establecer con la Empresa de Inserción y el propio trabajador el proceso de inserción, de previsible desarrollo durante la permanencia de éste en la Empresa. Dicho proceso debería contemplar, en forma periodificada, las actividades de pro­ ducción, formación en el puesto de trabajo y de intervención o acompañamiento social, así como los compromisos adqui­ ridos por cada una de las partes para su realización. — Proporcionar los servicios de intervención o acompañamiento a los trabajadores durante su proceso de inserción.

6.

MEDIDAS DE APOYO Y FOMENTO DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN

Las políticas públicas de fomento de la inserción sociolaboral de­ ben tener como primer objetivo la promoción del empleo de las per­ sonas en situación o grave riesgo de exclusión, mediante el apoyo a la creación y/o mantenimiento de las Empresas de Inserción, a fin de que puedan cumplir su función social, pero también es fundamental el es­ tablecimiento de medidas que incentiven la contratación de este co­ lectivo en el mercado de trabajo ordinario o normalizado. En concreto, entendemos que las Empresas de Inserción, una vez constituidas, podrían beneficiarse de las siguientes ayudas: a)

Bonificaciones de las cuotas de Seguridad Social, en los con­ tratos para la adaptación sociolaboral.

b)

Subvenciones para el mantenimiento de los puestos de traba­ jo para la inserción sociolaboral, en concepto de compensa­ ción económica a los sobrecostes laborales derivados de los procesos de inserción.

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c)

La posible aplicación del importe, o parte del mismo, de la prestación económica básica de la Renta Mínima de Inser­ ción, o cualquier otra prestación de igual o similar naturale­ za, según la denominación adoptada en cada Comunidad Autónoma.

Además de todo lo anterior, igualmente, sería positivo que las empresas que integran el mercado ordinario de trabajo pudieran ser también beneficiarias de ayudas por las contrataciones (indefinidas o temporales) de trabajadores procedentes de Empresas de Inserción. Por último, sería conveniente que se establecieran también medi­ das específicas de apoyo a los trabajadores que, provenientes de Empre­ sas de Inserción, quisieran establecerse como trabajadores autónomos o a través de otras fórmulas de «economía social». En cuanto a las entidades promotoras de Empresas de Inserción, podrían ser beneficiarias de otras ayudas financieras, tanto para la creación de estas empresas, como en concepto de asesoramiento y asistencia técnica para su puesta en funcionamiento.

7.

REGISTRO Y COMPETENCIAS DE LA ADM INISTRACIÓN

Desde la Dirección General de Acción Social, del Menor y de la Familia entendemos que sería muy conveniente crear un Registro Ad­ ministrativo de Empresas de Inserción, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a fin de, entre otros, tener constancia del número, carácter, sectores económicos, etc., de las Empresas de Inser­ ción que trabajan en todo el territorio del Estado, y que las compe­ tencias de la Administración deberían limitarse a la calificación y re­ gistro de las Empresas.

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La Comunidad de Madrid y la inserción por lo económico Nieves Alonso Comunidad de Madrid

En la Comunidad de Madrid las principales actuaciones relaciona­ das con la inserción por lo económico se realizan en el marco de desa­ rrollo del Programa del Ingreso Madrileño de Integración (LM.L)^ concebido como un programa de rentas mínimas de inserción que vincula el sistema de ingresos mínimos con servicios de promoción e inserción canalizados a través de los servicios sociales generales. Se parte de un diagnóstico social que establece las circunstancias que han motivado la situación de exclusión de cada persona o unidad familiar, así como de las potencialidades que permitirán el desarrollo de un proceso o itinerario individualizado de inserción social. Un rasgo común a casi todas las situaciones de exclusión social es la dificultad para participar normalizadamente en los mecanismos habituales de for­ mación e inserción laboral, por tanto los servicios sociales deberán incor­

porar el componente «empleo» coyno parte fundam ental del diseño de in­ tervención social a la hora de establecer el itinerario de inserción. En el Ingreso Madrileño de Integración el trabajo más intensivo relacionado con la intervención en las áreas de formación y orienta­ ción para el empleo se viene desarrollando a través de los denomina­ dos «Proyectos de Integración», concebidos como un espacio para el trabajo social desde la iniciativa social y siempre en coordinación con el diseño de intervención individual de los servicios sociales. Estos Proyectos de Integración, promovidos por la iniciativa social, se han constituido en la Comunidad de Madrid en ejes dinamizadores del desarrollo de estructuras de inserción por lo económico, auténticas empresas de inserción, cuyo único objetivo es la creación de puestos de trabajo para personas en dificultad social.

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186

Las empresas de inserción son por tanto una realidad social en la Comunidad de Madrid. Las buenas prácticas realizadas a lo largo de estos años han sido analizadas desde la reflexión teórica, constituyén­ dose en auténticos observatorios para el diseño de propuestas norma­ tivas concretas en la intervención de las Administraciones Públicas respecto al tema de la inserción laboral de los excluidos. En 1995 se elabora el documento «Bases para el desarrollo de estructuras de inserción por lo económico», que es presentado públicamente en las I Jornadas Internacionales sobre Empresas de Inserción celebradas en Madrid. A partir de 1995 las limitaciones en competencias laborales y fis­ cales en la Comunidad de Madrid centran los esfuerzos tanto de la Administración regional como de la iniciativa social en propiciar la implicación de la Administración estatal, que por otra parte garanti­ zaba una respuesta más global a nivel de todos los territorios del Es­ tado. Todos los trabajos realizados hasta ese momento se vuelcan en el Grupo de trabajo creado a tal fin en octubre de 1997 por el Minis­ terio de Trabajo y Asuntos Sociales, Direcciones Generales de Acción Social, el Menor y la Familia y Economía Social. En mayo de 1998 este Grupo finalizó el primer borrador de «Ley estatal de empresas de inserción». Parecía que estaba muy cerca la meta perseguida de tener una legislación que reconociera y apoyara económicamente estas ini­ ciativas que con tanto esfuerzo se estaban llevando a cabo por enti­ dades sociales implicadas en la inserción de las personas más desfavo­ recidas de diferentes entornos territoriales. La noticia de la no aprobación de esta Ley en esta legislatura, con­ firmada públicamente en estas Jornadas organizadas por EE.D.E.L, es por tanto para nosotros un motivo de tristeza y frustración, pero no de paralización. La Comunidad de Madrid quiere entrar en el nuevo mi­ lenio con una normativa que consolide las estructuras de inserción por lo económico. Esta es la decisión de la actual Consejera de Servicios Sociales, que ha propiciado ya la creación de un Grupo de trabajo para conseguir una normativa participativa y que responda a «la carta» a las necesidades de nuestras empresas de inserción. Pero más allá del articulado concreto que constituya la regula­ ción, con la fórmula legal que se decida, existe un consenso entre la Administración y la iniciativa social sobre las bases en que debe sus­ tentarse esta normativa:

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187 1.

Las empresas de inserción deben ser entendidas dentro de una estrategia global de transformación de las políticas sociales, políticas cada vez más: — orientadas por la lógica de la intervención social; — volcadas en políticas activas frente a las pasivas; — con una atención especial al capital humano; — con incorporación de valores de justicia, igualdad y so­ lidaridad.

2.

Las empresas de inserción no deben ser iniciativas indepen­ dientes, sino que deben suponer un eslabón más de la cadena que constituye el itinerario de inserción sociolaboral de las per­ sonas en situación de exclusión social y por tanto formarán parte de un proyecto global de integración con actuaciones de intervención y acompañamiento social en todos los mo­ mentos del proceso: antes, mientras y después. Sólo de este modo el trabajo actuará como elemento de integración, como ejercicio de un derecho de integración, como desarrollo del derecho de ciudadanía.

3.

Las empresas de inserción deben enmarcarse en proyectos esta­ bles, sólidos en cuanto a su definición económica y social, que permitan dar garantía y confianza a los trabajadores en proceso de inserción. Trabajarán por tanto la búsqueda de mercados generadores de empleo, en sectores que exijan mano de obra intensiva y niveles formativos que se adecúen a los perfiles profesionales de las personas con las que traba­ jamos.

4.

Las empresas de inserción deberán ser prom ovidas p or una iniciativa social consolidada, madura y profesionalizada, que plantee proyectos globales de intervención y que incorpore y forme emprendedores sociales capaces de gerenciar la com­ pleja ingeniería para armonizar lo económico y lo social en un mismo núcleo de producción.

5.

Las empresas de inserción deben form ar parte de los planes de desarrollo local. Las empresas de inserción pueden constituir­ ía )

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188

se en ejes de inserción del desarrollo local y asimismo enri­ quecerse con las características que aporta un ámbito territo­ rial más cercano: — El ámbito local es el idóneo para el desarrollo de las lla­ madas «actividades y servicios de proximidad», que pue­ den convertirse en los nuevos yacimientos de empleo, es­ pecialmente idóneos para ser desarrollados por las empre­ sas de inserción. — La Administración en el ámbito local es más cercana y permite de forma más flexible la integración de lo econó­ mico y lo social en sus actuaciones administrativas y de decisión política. — Las empresas de inserción mejoran el nivel de desarrollo económico de la zona y eleva el nivel social de sus habi­ tantes a nivel general. — Permiten la creación de redes de solidaridad y coopera­ ción desde la promoción de un tejido social productivo en sintonía con los agentes sociales de la zona. — En definitiva, el desarrollo de las empresas de inserción a nivel local permiten forjar una sociedad más integrada y solidaria.

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La incorporación sociolaboral en el Plan de Lucha contra la Exclusión en Navarra Manuel Aguilar Hendrickson Miguel Laparra Navarro Concepción Corera Oroz

Departamento de Trabajo Social Universidad Pública de Navarra

1.

EL PLAN DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN EN NAVARRA

El Plan de Lucha contra la Exclusión en Navarra 1998-2005 fue aprobado por el Gobierno de Navarra en junio de 1998 y ratificado por el Parlamento de Navarra en febrero de 1999. Su elaboración fue el resultado de un proceso que se inició en 1996, con el encargo de varios estudios previos al Grupo de Investigación sobre Exclusión So­ cial de la Universidad Pública de Navarra. Estos trabajos incluyeron una evaluación del programa de Renta Básica entre 1990 y 1996 y una investigación sobre la exclusión social en Navarra. Einalizados es­ tos estudios, un equipo técnico conjunto del Gobierno de Navarra y la Universidad Pública de Navarra elaboraron un anteproyecto que fue tomado como punto de partida para su discusión entre los dife­ rentes departamentos del Gobierno, en primer lugar, y en el Parla­ mento Eoral, en un segundo momento (1). El Plan de Lucha contra la Exclusión incluye, en primer lugar, en su texto un diagnóstico de las situaciones de exclusión detectadas en la Comunidad Eoral, así como la evaluación de los diversos dispositi(1) El documento final del plan, tal como fue aprobado por el Parlamento de Nava­ rra, ha sido publicado como P lan d e L ucha con tra la Exclusión S o cia l en N avarra 1998­ 2005. Una respuesta a las situ a cion es d e p ob rez a y m a rgifia ció n social, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1999. En esta publicación se inciuye una parte sustancial de los estudios pre­ vios, aunque no su totalidad. l,os informes de dichos estudios pueden obtenerse (en íoimato pdf) en las páginas w eb del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Pú­ blica de Navarra. (http://www.tsocial.unavarra.es/), lO índice

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vos en funcionamiento, en especial los relacionados con el programa de Renta Básica. En segundo lugar, establece los criterios inspiradores de la acción social pública en relación con la exclusión. En tercer lugar, el Plan establece una serie de objetivos y medidas en los terrenos de la garantía de ingresos mínimos, la formación labo­ ral y el empleo, el acceso a la vivienda y a la atención sanitaria, el acompañamiento social y la corresponsabilidad civil. Esta parte del Plan recoge tanto un diagnóstico de la situación de cada ámbito como las propuestas de medidas concretas a desarrollar. Por último, el Plan establece un calendario para el desarrollo de las medidas y una valoración económica de su coste. El Plan pretende ser mucho más ambicioso que un programa de renta mínima acompañado de medidas de inserción más o menos amplias. Este carácter del Plan se puede apreciar en algunos de sus rasgos más destacables. En primer lugar, más de la mitad de los recursos que se prevé gas­ tar en el período 1999-2005 corresponden a acciones en los campos de la vivienda y el empleo. La distribución de los recursos globales puede verse en la siguiente Tabla. Tabla 1. DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS DEL COSTE ESTIMADO DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN EN NAVARRA 1999-2005 Gasto previsto 1999-2005 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Garantía de ingresos........................ „ Formación laboral y empleo........... ... Vivienda............................................. ... Educación.......................................... ... Salud................................................... ... Acompañamiento social.................. ... Corresponsabilidad social............... ... Total ............................................ ..

Pesetas

%

3 .6 0 1 .0 8 9 .0 0 0 4 .6 1 5 .2 1 8 .0 0 0 7 .2 1 4 .0 2 1 .0 0 0 4 6 1 .4 4 9 .0 0 0 1 .0 13 .3 7 0 .0 0 0 1 .0 0 0 .7 8 5 .0 0 0 9 2 .0 0 0 .0 0 0 1 7 .9 9 7 .9 3 2 .0 0 0

20 ,0 25 ,6 4 0 ,1 2,6 5,6 5,6 0,5

Hay que señalar que estas cifras son una estimación de costes, avalada tanto por el Gobierno como por el Parlamento de Navarra.

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Cada año deben aprobarse las cuantías correspondientes al mismo en los Presupuestos Generales de Navarra. Estas estimaciones hacen re­ ferencia a los gastos adicionales a los ya previstos para el desarrollo de programas preexistentes al Plan. En segundo lugar, las medidas del Plan no van dirigidas exclusi­ vamente a los perceptores de la Renta Básica. Se trata de medidas que tratan de corregir los procesos de exclusión de diferentes ámbitos de la política social que en parte benefician a los perceptores de la Renta Básica, pero no sólo a ellos. La experiencia de las rentas mínimas de inserción, cuya población usuaria está delimitada por criterios estric­ tamente económicos, muestra que existen otras poblaciones, con in­ gresos algo superiores a la renta mínima tan necesitadas o más de los apoyos para su incorporación social. 2.

EL DIAGNÓSTICO DE LOS PROBLEMAS DE EMPLEO

El Plan hace un diagnóstico de los dispositivos existentes hasta 1998 en el campo de la incorporación laboral de los colectivos exclui­ dos. Fundamentalmente hace referencia a: • El tratamiento de la inserción en el programa de Renta Básica. • Las acciones de formación para el empleo. • Los dispositivos de inserción laboral (empleo social protegido, inserción laboral en empresas y empresas de inserción. Sintetizamos a continuación este diagnóstico. La inserción en la Renta Básica

Formalmente no existe un programa de Renta Básica como tal. El Decreto foral 168/90 (modificado por el 13/91) regulaba la Renta Básica como una de las prestaciones individuales y familiares en ma­ teria de servicios sociales. Los Decretos forales 169/90 y 170/90 regu­ lan una de las obligaciones de los perceptores de la Renta Básica, a sa­ ber, la de realizar contraprestaciones de tipo sociolaboral. Sin embar­ go, llamaremos aquí programa de Renta Básica al conjunto formado

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por la prestación de Renta Básica propiamente dicha y a las diversas actividades de contraprestación o apoyo social y laboral vinculadas a la prestación (2). El programa de Renta Básica se inscribe en el modelo que gene­ ralmente se conoce como de renta mínima de inserción. Es un mode­ lo de prestación de protección frente a la pobreza extrema, que com­ bina una prestación económica de renta mínima con una serie de me­ didas orientadas a favorecer la inserción social y/o laboral de las personas que acceden a la prestación económica. Las rentas mínimas de inserción tienen que regular la relación entre la percepción de la prestación económica y la participación en o acceso a las actividades de inserción. La forma más habitual es el establecimiento de un con­ trato, acuerdo o convenio de inserción entre la persona perceptora de la prestación económica y la Administración (habitualmente los ser­ vicios sociales). En dicho acuerdo se establecen una serie de compro­ misos mutuos de oferta de (por parte de la administración) y de par­ ticipación en (por parte de la persona perceptora) actividades de apo­ yo social, formación, inserción laboral, escolarización, etc. La regulación suele insistir en el carácter consensuado y pactado de los contenidos del contrato, aunque la existencia del propio contrato sea obligatoria. Este es el modelo seguido en Francia, y en las Comuni­ dades Autónomas del País Vasco, Madrid, Cataluña, Aragón y otras. La regulación de la Renta Básica no sigue este modelo. La formu­ lación concreta que sigue es la de regular una prestación económica de renta mínima con sus correspondientes requisitos de acceso (ar­ tículo 6, apartados 1 a 3 del decreto 13/91) y establece: • 1. La obligación para los beneficiarios de «realizar como con­ traprestación una actividad de carácter sociolaboral acorde con sus condiciones y aptitudes personales». • 2. Tales actividades serán propuestas por el INES y podrán re­ vestir las siguientes modalidades: • Actividades laborales encaminadas a la inserción en empre­ sas o entidades públicas o privadas. (2) Este diagnóstico hace referencia a la Renta Básica tal como venía funcionando hasta 1999. Este año, como consecuencia de la aprobación del Plan, su regulación se ha modificado sustancialmente.

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• Actividades sociolaborales de interés colectivo y de finalidad no lucrativa (empleo social protegido). • Formación destinada a la adquisición o mejora de una cualificación profesional. • Acciones encaminadas a la búsqueda de empleo. • Acciones encaminadas a favorecer o recuperar su autonomía social. • 3. La negativa a realizar la contraprestación propuesta, el in­ cumplimiento virtual de la misma y el despido imputable al trabajador (en el caso de las medidas que conllevan contrato laboral) acarrean la pérdida de la ayuda económica y la obliga­ ción de devolver lo «indebidamente percibido», así como la imposibilidad de acceder a la Renta Básica (sin establecer plazo de tiempo). • 4. Las personas mayores de 18 años no beneficiarias de la Ren­ ta Básica, pero consideradas como «sujetas a reinserción» por el INBS, podrán acceder a las actividades de inserción. Se trata por tanto de un modelo diferente de regulación, que en­ tra de lleno en el llamado modelo de la contrapartida, por oposición al llamado de doble derecho. Las acciones de inserción no son algo que debe ofrecerse a la persona interesada y cuyo contenido debe pactarse. Se establece claramente como una obligación del beneficiario, estable­ cida unilateralmente por la Administración y, en concreto, por el ór­ gano central de gestión de los servicios sociales (INBS) y no por los servicios que atienden directamente a la persona. Los posibles contenidos abarcan una gama de actividades relativa­ mente amplia, desde la formación, búsqueda de empleo, acceso a for­ mas protegidas de trabajo y el apoyo social. Sin embargo, hay que re­ saltar que se da un énfasis claro a ias que tienen que ver con el em­ pleo. Tanto es así que son precisamente dos de las medidas de carácter laboral (empleo social protegido e inserción en empresas) las únicas que han tenido desarrollo posterior en una norma reguladora. En los servicios sociales de base es frecuente lamentar que el no desa­ rrollo de las demás modalidades genera una cierta sensación de que lO índice

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no pueden ponerse en práctica. Finalmente, cabe señalar positiva­ mente la apertura de los dispositivos de inserción a personas que aun no reuniendo los requisitos de la Renta Básica estén «sujetos a rein­ serción». Ello evita el efecto límite que se produce para personas con graves dificultades de incorporación, pero que tienen por diversas ra­ zones ingresos superiores al baremo. Este modelo presenta varios problemas importantes. La discusión entre la lógica del doble derecho y la lógica de la contrapartida ha estado presente en la creación y puesta en marcha de las rentas mínimas de inserción. La opción casi general, al menos so­ bre el papel, es la del doble derecho, si bien es cierto que su aplica­ ción práctica varía de unos contextos a otros. Las razones principales para sostener la concepción del doble derecho frente a la de la contra­ partida son las siguientes: 1. Al tratarse de una prestación de garantía de mínimos de sub­ sistencia resulta delicado establecer una obligación demasiado exigen­ te. Piénsese que el importe de la Renta Básica es inferior para todos los tamaños de hogar al 25% de la renta familiar neta media, es decir, a la línea de pobreza extrema. Si una de las principales finalidades de la renta mínima es asegurar que nadie carezca de al menos un cierto mínimo básico de dinero al mes, no parece coherente establecer un mecanismo que pueda dar lugar a la desprotección cuando se produ­ ce un incumplimiento. Por eso muchos programas optan por una for­ mulación más flexible (obligación de acordar acciones y realizar aque­ llas que se hayan acordado) y suelen interpretar el incumplimiento en términos benévolos. Sólo cuando el incumplimiento revela una mala fe o un posible fraude corresponde una suspensión de la prestación. 2. Los procesos de incorporación social no pueden diseñarse tecnocráticamente ni imponerse a las personas. Si se trata de que las personas que padecen problemas alcancen un grado razonable de in­ tegración en la vida social, es necesario apoyar a dichas personas para que construyan por sí mismas ese proceso. Por imprescindible que sea el apoyo técnico, económico y de todo tipo a ese proceso, nadie pue­ de sustituir a la propia persona en su diseño y desarrollo. Es cierto que pueden darse algunas situaciones de pasividad que pueden ser corregidas por medio de una cierta presión. Pero las situalO índice

193

dones de pasividad y resignación corresponden a ambas partes, las personas usuarias y a los propios servicios sociales, lo cual parece aconsejar un cierto equilibrio en las exigencias para cada parte. Ade­ más, entrar en una lógica de derechos y obligaciones puede ser posi­ tivo, pero resulta más lógico plantearla en términos de las ventajas del esfuerzo y la implicación que en términos del castigo por no impli­ carse lo suficiente. 3. La prioridad dada a lo laboral plantea igualmente una serie de dificultades. En numerosos casos (la gran mayoría de los casos se­ gún la encuesta) aparecen problemas sociales de diverso tipo combi­ nados con la carencia de ingresos y de empleo. Por tanto no siempre la oferta de un empleo, incluso de utilidad social, es la medida más adecuada para cada caso. Muchos servicios sociales de base plantean cierta incomodidad por «no poder establecer contrapartidas de tipo social», lo cual refleja por una parte la consciencia de que las acciones de incorporación en muchos casos no deben enfocarse desde la perspectiva laboral, al me­ nos a corto plazo, y por otra parte un cierto normativismo: como no hay un decreto que establezca claramente qué contraprestaciones so­ ciales debo y puedo exigir, no lo puedo hacer. De lo que se trata, por contra, no es de imponer contraprestaciones sociales, sino de acordar medidas o acciones de tipo social, formativo, etc., que mejoren la si­ tuación de los perceptores, para lo cual no hace falta un decreto que lo regule, sino tiempo y medios para desarrollar el trabajo social que es función de los servicios sociales de base. La formación para el empleo en Navarra (3)

La formación es una de las formas de integración que posee nues­ tra sociedad. En Navarra la oferta formativa es grande. Contempla tanto a los parados (formación ocupacional) como a los trabajado­ res (formación continua) y está subvencionada desde el Fondo Social Europeo de la Comunidad Fmropea, desde los fondos propios del Gobierno de Navarra y desde el FORCEM. (3) Este apartado está basado en un informe monográfico sobre formación realizado por Maisa Urmeneta.

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Las acciones que se desarrollan para estos colectivos son altamen­ te valoradas tanto por las entidades que trabajan con estos colectivos como por las personas en situaciones de exclusión que acceden a los cursos. Objetivamente se comprueba que suponen un avance en la inclusión laboral. Observamos que todavía son necesarias actividades complementarias que favorezcan el que los colectivos en situaciones de exclusión accedan a los cursos. Todos los cursos del Gobierno de Navarra llevan una evaluación intermedia y ex post, por lo que podemos conocer por un lado la va­ loración subjetiva de los alumnos en general y en el caso del Eje 3 del Objetivo 3 (personas en situación de exclusión social), y por otro lado los resultados objetivos de incorporación laboral tras la forma­ ción que han recibido. El índice de ocupación {colocación) laboral en 1996 en el Objeti­ vo 3 (parados) fue del 35%. Apenas existen diferencias respecto a la edad, pero sí al nivel de estudios. Los alumnos con nivel de estudios de certificado escolar/graduado escolar son los que registran un peor índice de colocaciones al finalizar el curso. Conforme se avanza en ni­ vel formativo, aumenta el índice de inserción laboral. En líneas generales, las personas participantes en las acciones del llamado Eje 3 {excluidos) mejoran su situación laboral, ya que son más los que trabajan y menos los que están en paro o buscan su pri­ mer empleo. El índice de inserción laboral es un 19%. Entre los cen­ tros mejor valorados están los que impartieron cursos en el Eje 3. En cuanto a los medios, son los alumnos del Eje 3 los que han conside­ rado mejor los medios utilizados en la formación. Aún así hay que re­ saltar la necesidad de mejora de los medios técnicos con los que cuen­ tan los reclusos a la hora de realizar la formación. Sobre la utilidad de los cursos se consideran positivos, y se valora como principales utilidades la mejora en la cualificación y la profundización de los conocimientos. En los cursos básicos y de búsqueda de empleo es donde mayor importancia se le ha dado al contacto con otras personas y a la búsqueda de empleo. Por ejes son los alumnos del Eje 3 y 4 los que en mayor medida dicen sentirse más seguros ante la vida tras realizar la formación. Res­ pecto a los cursos son en los de cualificación básica y búsqueda de lO índice

197

empleo donde se encuentran mayoritariamente esta respuesta de se­ guridad ante la vida. Los grupos desfavorecidos son el colectivo que más valora la for­ mación que recibe (en medios, organización , utilidad ante la vida...) a pesar de que es el que menos se integra laboralmente a través de la formación. En las entrevistas que hemos realizado a las entidades que dan formación en el Eje 3 del Objetivo 3 se aprecia la alta valoración que existe de estas subvenciones. Ya que ellos constatan que hay un fraca­ so escolar enorme entre su población (un 7% de las personas que realizaron cursos del Gobierno de Navarra para reclusos o ex drogadictos en 1995 y 1996 no finalizó los estudios primarios y un 25% sólo tiene el certificado de escolaridad)) y cuando los mandaban a cursos normalizados del INEM (les reservaban plazas) no eran capa­ ces de aguantarlo y lo dejaban en un mes. Era un esfuerzo inútil de ellos y del INEM. Ahora en sus cursos adquieren las habilidades bá­ sicas necesarias (puntualidad, paciencia, perseverancia, orden, cons­ tancia...) y cuando remiten a alguien a cursos normalizados ya tienen la garantía de que finalizarán el curso. Las entidades que trabajan en la formación de excluidos con sus propios presupuestos ponen de manifiesto los efectos positivos de la formación sobre la población excluida con problemas de comporta­ miento cívico, porque aunque tal vez no aprendieron de la materia en concreto, sí que estuvieron esas horas en el curso y no en la calle y además aprendieron a respetar al que habla, los horarios, etc. Si no hubiera una compensación económica estas personas nunca hubieran accedido al curso.

M ecanismos de exclusión de la form ación Las entidades que trabajan con estos colectivos afirman que las personas que sufren problemas de exclusión tienen muchas dificulta­ des para llevar a cabo de forma individual un curso. No es tanto por el acceso, que casi siempre se ve favorecido por las distintas entidades impartidoras, sino porque carecen de las habilidades necesarias para realizar un curso normalizado: horarios, adaptación a las normas y ritmos..., por ello estas entidades han constatado que tienen más éxi­ lO índice

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to con cursos dedicados específicamente a este colectivo. Una vez que la persona tiene éxito en estos cursos esta preparada para integrarse en los cursos normalizados del INEM, etc. El problema está en que son pocas las entidades que pueden acogerse a una subvención del Go­ bierno de Navarra o del INEM. En los cursos del Gobierno de Navarra, aunque no lo pone en la normativa, se les exige estar censado como centro de formación en el INEM. A los centros que imparten cursos del Eje 3 del Ob­ jetivo 3 (colectivos desfavorecidos) no se les exige porque realmen­ te no son propiamente un centro de formación, sino que deben haber trabajado con anterioridad con la Dirección General de Tra­ bajo. Así que hay colectivos desfavorecidos que quedan desprotegi­ dos porque al no ser ni drogadictos en rehabilitación ni reclusos no pueden acogerse a las subvenciones para formación. Así, por ejemplo, un grupo de jóvenes gitanos en paro y con escasa forma­ ción no tenía ningún curso específico para ellos e individualmente sólo podrían haberse acogido a uno de orientación en la búsqueda de empleo. La dinámica del INEM es facilitar el que los excluidos accedan a la formación de forma individualizada, es decir, que se adapten a la oferta existente, sin tener que diseñar unos cursos específicos para es­ tos colectivos. Los cursos específicos financiados por el INEM son excepciones, no aparecen en la relación de cursos, ni se ofertan. Son solicitudes muy concretas de estos centros que el INEM ha tenido a bien aceptar. En estos casos la valoración del INEM es negativa. En el caso de La Majarí la asistencia es muy baja. Este es un ejemplo de los malos resultados de la descoordinación entre las entidades. El curso fracasó porque el profesor no congenió con los alumnos, algo fundamental en los cursos para gitanos. Esto se podía haber solucionado coordinándose las dos partes: la que financia y la que conoce al colectivo. El INEM no apoya la acción de pagar a los alumnos una beca por hacer formación. El INEM puso en práctica esta técnica con resulta­ dos negativos sobre la formación (no sobre la redistribución de renta) en la población normalizada: hubo quien realizó la formación sólo

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199

por la compensación económica y esto provocaba un desigual interés en los cursos, bajando el nivel de la formación. Esto no es aplicable al colectivo de excluidos, porque quien tiene necesidades básicas sin cu­ brir, no puede permitirse ir a un curso si no se soluciona su necesidad de renta. Esta dificultad explica en parte la exclusión de la formación de estos colectivos (sólo cinco de cada cien excluidos realiza forma­ ción según la encuesta), por tanto o compensas esa falta de renta o conservas la exclusión. E^sto es una ejemplo de cómo una acción con­ creta en la gestión de un programa puede ser a la vez un problema para el conjunto de la población y un requisito para trabajar con los sectores más excluidos. Para las entidades es muy importante el perfil de la persona que imparte el curso. Tiene que congeniar con el colectivo porque si no, el curso no tendrá éxito. Existen algunas dinámicas que, pensadas para la población en general, pueden ser positivas, pero que pueden afectar negativamente a las personas en situación de exclusión. La ley contempla la igualdad de oportunidades, cuando no la prioridad de los colectivos excluidos, pero esto no se refleja en los presupuestos. Ni siquiera se tiene en cuenta a la hora de elegir los cursos que serán subvencionados. Se da poca prioridad a los cursos sin requisitos. La situación podría resumirse en varios puntos: • Los fondos dedicados a la formación en Navarra son lo sufi­ cientemente cuantiosos como para que se destine una parte, sin perjuicio de nadie, a la formación de personas en situación de exclusión social. Hoy en día los fondos que se destinan a la formación de personas con problemas de exclusión social son un porcentaje mínimo de los recursos existentes. • La legislación del INEM (Plan EIP) y de la formación del Go­ bierno de Navarra, recoge la necesidad de primar a estas perso­ nas desfavorecidas a la hora de recibir formación subvencionada.• • La formación que se imparte para personas excluidas es alta­ mente valorada tanto por las entidades que trabajan con estos colectivos, como por los propios alumnos. Objetivamente (Evaluación del Objetivo 3 del Gobierno de Navarra) su situa­ ción laboral mejora con la formación. lO índice

200

• Las entidades que trabajan dando formación a excluidos (sobre todo las entidades de la Red de Lucha contra la Pobreza) des­ conocen a menudo los recursos existentes y nunca han tratado de hacerse valer como grupo frente al INEM y a la Dirección General de Trabajo en cuestiones de formación; han ido por separado solicitando un profesor, o un curso, o la admisión de un sujeto concreto en un curso. • Tanto en el INEM como en el Gobierno de Navarra ha habido sucesivos intentos por favorecer la formación de estas personas, pero ha habido problemas que han hecho difícil el acopla­ miento, ya que las entidades que trabajan con los excluidos son quienes mejor conocen sus necesidades, pero en cambio no cumplen los requisitos necesarios para ser beneficiarios de subvenciones con las que impartir formación. • En su forma de trabajar y de distribuir los recursos estas dos instituciones han generado procesos de exclusión: • INEM: Ha habido problemas que han hecho difícil el aco­ plamiento, ya que las entidades que trabajan con los exclui­ dos son quienes mejor conocen sus necesidades, pero en cambio no están homologados como centros de formación, susceptibles de recibir subvenciones.• • Dirección General de Trabajo del Gobierno de Navarra: La convocatoria tiene en cuenta al sector social más des­ favorecido (drogadictos y reclusos) y a la población nor­ malizada. Pero se desatienden a otros colectivos desfavore­ cidos, como las minorías étnicas... que en principio esta­ ban recogidas en el Marco de Apoyo al Objetivo 3, 1994-1999. • Tal y como están las cosas la única oportunidad para estos centros era solicitar cursos al Gobierno de Navarra, Direc­ ción General de Trabajo, dentro del Objetivo 3, y los fondos en este Eje sólo están destinados a problemáticas de drogodependencias, reclusos y discapacitados. Además, no son tan cuantiosos como para subvencionar todos los cursos de personas en situación de exclusión que se están dando en Navarra. lO índice

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Los colectivos desfavorecidos que acceden a la formación del Eje 3 del Objetivo 3 valoran por encima del resto la organi­ zación, los medios, la utilidad y se sienten más seguros ante la vida (Evaluación del Objetivo 3 del Gobierno de Nava­ rra). Por ello hemos de plantearnos que la formación no sólo juega un papel de integración laboral sino que rompe con hábitos negativos, conecta a la persona con la sociedad y es una vía de acceso al mundo laboral. Las entidades que trabajan con personas desfavorecidas ven que las personas en situación de exclusión no están prepara­ das para integrarse individualmente en cursos normalizados. Entienden que es una ventaja (captan gente que si no nunca llegaría hasta ellos) y en algunos casos una necesidad de in­ centivar económicamente la asistencia a los cursos. Ellos son quienes mejor conocen los buenos resultados de los cursos de cara a la incorporación laboral y a la autoestima de ios propios alumnos. Pero sufren el poco acceso a las subvencio­ nes para impartir cursos de formación Los dispositivos de inserción laboral

El empleo social protegido El principal dispositivo de incorporación laboral para perceptores de Renta Básica y para personas en procesos de reinserción social es el Empleo Social Protegido. Consiste en la contratación laboral tem­ poral por parte, los Ayuntamientos o instituciones de iniciativa social para desarrollar trabajos de interés colectivo. En el Empleo Social Protegido se puede contratar a perceptores de la Renta Básica o a per­ sonas «sujetas a reinserción social», siempre que éstas últimas no su­ peren el 25% del proyecto. La iniciativa de los proyectos de Empleo Social Protegido corres­ ponde a los Ayuntamientos o a las entidades de iniciativa social, que deben presentar su diseño al INBS. Este financia los proyectos apro­ bados con una cantidad equivalente al 140% del salario mínimo in­ terprofesional por participante, a lo que añade una cuantía no supe­ rior al 25% del coste de las contrataciones para financiar actividades lO índice

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de promoción social y personal de apoyo. En los municipios de más de 20.000 habitantes (Pamplona, Tudela y Barañain) se suelen esta­ blecer convenios específicos que pueden modificar en parte el diseño del Empleo Social Protegido. En 1996 se desarrollaron 27 proyectos de Empleo Social Protegi­ do en un total de 26 zonas básicas más Pamplona (que abarca 10 zo­ nas básicas). Estos proyectos supusieron un total de 375 plazas (301 para perceptores de Renta Básica y 74 para personas procedentes de programas de incorporación social). Todos los proyectos salvo dos fueron promovidos por Ayuntamientos. La práctica totalidad de los proyectos tuvieron por objeto actividades de limpieza, mantenimien­ to y conservación de espacios públicos (parques, jardines, montes, ca­ lles). Sólo salen de este esquema un proyecto en Corella (orientado al apoyo del servicio de atención a domicilio) y parte de las actividades de Pamplona. El Empleo Social Protegido es un recurso que tiene gran acepta­ ción entre los participantes. Sus ventajas son de diverso tipo: • Supone, en primer lugar, una percepción económica mayor que la Renta Básica. • El dinero recibido se obtiene como fruto del propio trabajo, con lo que se estimulan los procesos de autoestima y dignifica­ ción de la persona, claves en la prevención de procesos de ex­ clusión. • En muchos casos ha supuesto la primera contratación laboral de las personas participantes y su primer acceso a la protección del sistema de la Seguridad Social. • Obtienen derecho al subsidio por desempleo, con lo que se prolonga la protección económica de estas familias.• • Las actividades complementarias inician un proceso de de­ sarrollo personal y grupal que fomenta la autonomía perso­ nal, tratan de evitar la dependencia constante de los servicios sociales. • Se consigue una rentabilidad social, gracias al trabajo de estas personas, de unos fondos que serían totalmente improductivos de otra manera (ayuda económica clásica). lO índice

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Sin embargo, es de señalar que entre las ventajas a menudo cita­ das del Empleo Social Protegido no figura la que en principio sería la más esperable de un programa de incorporación sociolaboral: una mejora de las probabilidades de acceso al empleo. Esta percepción ex­ tendida es confirmada por los datos de la encuesta. En el gráfico si­ guiente se aprecian aquellos aspectos que a juicio de los participantes han mejorado por haber accedido a alguno de los dos dispositivos de contrapartida laboral (en su mayoría al empleo social protegido). DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN DISPOSITIVOS DE INSERCIÓN LABORAL DEL PROGRAMA DE RENTA BÁSICA (EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO E INSERCION EN EMPRESAS) SEGÚN SU VALORAGIÓN DE LOS ASPECTOS MEJORADOS POR SU PARnCIPACIÓN EN TAL DISPOSITIVO

El empleo ofrecido no es en la mayoría de los casos ni cualifican­ te ni acerca al mercado de trabajo real. Una medida de incorporación como un empleo remunerado de seis a doce meses es especialmente lO índice

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cara. Sólo debería utilizarse en los casos y en el momento en los que sea realmente útil para que la persona participante mejore su cualificación y sus probabilidades de alcanzar un empleo. Como medida para aumentar el dinero ingresado por la familia (por insuficiencia de la Renta Básica) es carísimo (bastaría aumentar la cuantía de la Renta Básica y ahorrarse los costes laborales indirectos). Como medida de control del comportamiento de la persona o del fraude resulta clara­ mente un despilfarro. Es importante señalar que los propios participantes en el progra­ ma de Renta Básica no consideran el empleo social protegido como la medida óptima, como podría pensarse desde el prejuicio de que existe una cultura del subsidio primero y del pseudoempleo a conti­ nuación. Los datos del siguiente gráfico muestran que la alternativa preferida por los perceptores sería un empleo en una empresa, segui­ do en segundo lugar a bastante distancia del empleo social protegido. OPCIONES DE PROTECCIÓN DEL PROGRAMA DE RENTA BÁSICA CONSIDERADAS C O M O MÁS ADECUADAS A SU SITUACIÓN POR LAS PERSONAS BENEFICIARLAS DEL PROGRAMA 1990-96 (Porcentajes)

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Evidentemente, el hecho de que la mayoría de los perceptores prefieran un empleo en una empresa no quiere decir que todos ten­ gan posibilidades reales de acceder al mismo a corto plazo. Una de las principales carencias es, por tanto, una vinculación de los proyectos de empleo social protegido con t\fomento del autoempleo y el apoyo de salidas individuales o colectivas, aunque esto se realiza en algunos casos excepcionales. Se constata que un porcentaje de las per­ sonas que participan en estas actividades son susceptibles de inserción laboral. Ello requiere que se contemplen actividades creativas y con fu' turo profesional en el mercado de trabajo, y no actividades residuales sin perspectivas. Esta modalidad supone la realización de estudios de mercado previos en los que se investigue por zonas si las tareas u ofi­ cios previstos pueden tener demanda y ser rentables económicamente. El objetivo de emplear a estas personas después de su paso por el programa hace necesario organizar de forma paralela a la actividad la­ boral una formación personal y profesional que mejore la cualificación de los participantes. Es preciso además complementar el proceso de inserción laboral (sobre todo en algunos colectivos: mujeres, parados de larga dura­ ción, minorías étnicas, etc.) con un acompañamiento de trabajo social pedagógico, terapéutico y dinamizador de las capacidades y recursos personales y sociales de la gente. En algunos casos, será necesario igualmente un trabajo social que aborde la situación global de la familia, que favorezca la integración y rehabilitación del/la trabajador/a en su campo, y sirva para apoyar también a otros miembros del hogar y prevenir situaciones de marginación, sobre todo infantiles y juveniles. Aun cuando es imprescindible establecer con los afectados un itine­ rario individual de inserción en base a un estudio y valoración de los fac­ tores y el correspondiente plan de trabajo realizado conjuntamente con ellos, es también indispensable introducir como campo de intervención so­ cial la comunidad y sus instituciones, creando para ello un marco adecua­ do que permita la cooperación y el apoyo de las fuerzas ciudadanas en el trabajo de inserción, aprovechando el potencial integrador de éstas. Para que puedan llevarse a cabo estas propuestas se necesita una reestructuración de la organización y funcionamiento de estas expelO índice

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riendas de modo que se garantice la participación de los afectados en el diseño de su proceso de inserción^ a fin de lograr su motivación e impli­ cación en algo que les afecta tan directamente. Haría falta dedicar la parte inicial del período, bien cuando ya es­ tán contratados los participantes, bien en una fase previa de cobro de la renta básica, a estudiar y diagnosticar su situación y planear el tra­ bajo a desarrollar en las diversas vertientes del proyecto. Es importan­ te que tanto el proyecto laboral como las actividades formativas y de trabajo social se adecúen de forma flexible a esa situación, que sólo se puede conocer con las personas ya contactadas. Debe establecerse un plan de seguimiento y evaluación. La mayor articulación existente en­ tre la Renta Básica y el Empleo Social Protegido ha permitido poner las bases para este tipo de actuación. Aproximadamente 2/3 de los participantes en el ESP estaban percibiendo antes la Renta Básica. Durante este período previo bien podría establecerse una fase prepa­ ratoria para la de contratación laboral. Deben establecerse contratos más largos, por un período determi­ nado, en función de la situación de las personas y revisable cada cier­ to tiempo. No existe una fórmula única de contrato, pudiendo com­ binarse separada o conjuntamente trabajo, formación y ayuda social. La complejidad, dificultad y variedad de los procedimientos requie­ ren flexibilidad para la adopción de fórmulas innovadoras y posibilida­ des de experimentación de alternativas diferentes a las puestas en práctica hasta ahora para poder evaluar la efectividad de las mismas. Por último, indicar que parece recomendable normalizar al máxi­ mo las condiciones de trabajo y los salarios en el empleo social protegido. Las actividades de inserción precisan de la intervención de dife­ rentes profesionales, pero necesitan también la conjunción de las ac­ tuaciones de estos servicios técnicos a fin de superar la multiplici­ dad de intervenciones y enfoques desde los diversos agentes sociales y asegurar un abordaje global e integral que supere las actuaciones sectoriales. Dadas las características de las funciones a desarrollar, la no existencia de modelos de intervención suficientemente verifica­ dos en la práctica, la diversidad de las personas que constituyen la población diana de estos programas y el esfuerzo e interpelación continua que suponen para los profesionales responsables directos, sería necesario contar con equipos técnicos de apoyo y supervisión, así

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como prever paralelamente a la atención directa de trabajo social la realización de estudios sobre necesidíides, métodos y técnicas de inter­ vención a fin de avanzar en la teoría y práctica de la inserción social. Esta función debería enlazarse con un trabajo permanente de pro­ gramación conjunta de las actividades laborales y formativas y de prospección del mercado local de trabajo, con el fin de orientar los contenidos del empleo social hacia actividades realmente existentes en el entorno o hacia yacimientos de empleo explotables a corto pla­ zo. Es especialmente interesante explorar al máximo la posibilidad de completar la formación/experiencia en empleo social con prácti­ cas en empresas. Si queremos buscar alternativas en la producción para las perso­ nas más desestructuradas y con mayores deficiencias, necesariamente tendrá que ser sobre la base de estructuras blandas, muy monitorizadas, a más largo plazo, y con un apoyo económico explícito que con­ trarreste su falta de productividad. Ea situación es por tanto ambivalente; pueden encontrarse expe­ riencias punteras en estos últimos años. Se han buscado actividades innovadoras y creativas, se han implicado los profesionales y se han planteado alternativas que supongan una inserción laboral real al final de la experiencia. Sin embargo, cada vez es más clara la tendencia del Empleo Social Protegido a la esclerosis, a la simplificación de los di­ seños, con actividades reiterativas de bajo contenido cualificante y una insuficiente dimensión complementaria de la formación y el tra­ bajo social. El programa se encontraría por tanto con una necesidad urgente de remodelación que le diera un nuevo empuje.

La inserción laboral en empresas La Inserción Laboral en Lmpresas permite subvencionar la contra­ tación, por entidades públicas o privadas, de personas procedentes de Renta Básica o «sujetas a reinserción». Se subvenciona, hasta un má­ ximo de tres años con una cantidad igual al SMI más los costes de Se­ guridad Social de la empresa. Es una medida orientada a incentivar la contratación de personas en dificultad por parte de empresas priva­ das, aunque ha sido utilizada con frecuencia por Administraciones lo­ cales como alternativa más flexible al empleo social protegido. lO índice

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Es una medida relativamente poco utilizada (65 contratos subven­ cionados en 18 empresas en 1996) y preferentemente por las entida­ des locales. En total han supuesto 53,7 millones de pesetas en ese año. El terreno donde el resultado ha sido más limitado es en el acceso a la empresa privada. A las dificultades de contratación de personas en dificultad se añaden otros derivados del diseño del dispositivo. Muy pocos empresarios, por muy sociales que sean, va a arriesgarse a contratar en estas condiciones: • La solicitud de la subvención se realiza después de hacer el contrato, y la subvención se cobra al final del mismo, si hay disponibilidad presupuestaria. Por ello podría darse el caso de que los empresarios sociales acaben no cobrando la subvención. El riesgo asumido es, pues, un tanto excesivo. • La Administración puede imponer, también posteriormente al contrato, las «condiciones y requisitos» que estime oportunos. • Las contrataciones deben ser a tiempo completo, un requisito quizá excesivo para muchas de las personas excluidas del em­ pleo. • Se subvenciona el SMI y las cargas de Seguridad Social corres­ pondientes al mismo, hasta un máximo de tres años, indepen­ dientemente del trabajo a desarrollar y del salario percibido efectivamente, lo que supone una prima comparativa mayor para la generación de los empleos peor pagados y menos cuali­ ficantes. El programa de inserción laboral en empresas carece además de un esfuerzo sistemático por contactar con empresarios para ofrecerles no sólo la posibilidad de recurrir a estas subvenciones, sino sobre todo para presentarles candidatos a los puestos, formados desde el programa de Renta Básica, y con la oferta de un apoyo y seguimiento sociales durante el período de incorporación a la empresa. Las empresas de inserción Las estructuras de inserción por lo económico son variadas y re­ ciben denominaciones diferentes. El desarrollo de este tipo de expelO índice

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riendas en diferentes países europeos añade nombres diferentes en va­ rios idiomas que con frecuencia se mezclan llevando a una mayor confusión. Por ello pensamos que es importante clarificar en primer lugar qué diferentes tipos de estructuras existen y qué denominacio­ nes empleamos para designarlas, coincidan o no con las de otros paí­ ses. Es de gran importancia que una vez logrado un cierto acuerdo sobre de qué cosas estamos hablando y qué término parece más idó­ neo para designarlas, se haga un esfuerzo por respetar la terminología. En los últimos años se han desarrollado en Navarra diversas ini­ ciativas que entran en este campo, utilizando diversos nombres. Estas iniciativas, impulsadas por Caritas, Traperos de Emaús, Gaztelan, Nuevo Futuro, etc., carecen de cobertura legal adecuada y de meca­ nismos de reconocimiento y apoyo adecuados. En primer lugar, la mayoría de las estructuras de inserción por lo económico se caracterizan por ofrecer un empleo asalariado (con contra­ to y Seguridad Social) corno marco en el que se desarrolla el proceso de inserción (formación, adaptación, adquisición de habilidades, etc.). En ello se diferencian de otras estructuras de inserción sociolaboral más tra­ dicionales, como los cursos de formación ocupacional, las agencias de colocación o los mecanismos de apoyo a la búsqueda activa de empleo. Dentro de este grupo mayoritario de estructuras de inserción labo­ ral por medio del empleo adaptado se pueden distinguir varios tipos: 1.

Empresas que destinan una parte importante de sus puestos de trabajo a personas en inserción, es decir, a personas que en el propio puesto de trabajo se van formando y adaptando al trabajo asalariado. • Estos puestos de trabajo en inserción son permanentes, pero las personas que los ocupan lo hacen por períodos limitados de tiempo (entre seis meses y dos años en general). Se trata de preparar a las personas para que puedan acceder en con­ diciones menos desfavorables al mercado de trabajo normal. Este carácter de estructuras de paso es tal vez la característica más decisiva de este tipo, que se asemeja a los talleres de aprendices en una empresa normalizada. Su rentabilidad so­ cial exige que pasen, a lo largo de períodos no excesivamen­ te largos, diferentes personas por cada puesto de trabajo. lO índice

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• Se trata de empresas en el sentido estricto de la expresión, es decir, de entidades mercantiles que venden bienes o ser­ vicios en el mercado y que deben ser rentables y compe­ titivas. Sin embargo, al emplear a personas en inserción que en principio tienen una menor productividad y al ne­ cesitar un encuadramiento más intenso, necesitan de una compensación por el sobrecoste laboral que ello represen­ ta. Así mismo pueden recibir subvenciones para costear actividades de acompañamiento social o de formación en el sentido estricto del término, que quedarían de hecho fuera del ámbito de la actividad mercantil de la empresa. • Este funcionamiento es radicalmente diferente del de los talleres ocupacionales o protegidos, o de los empleos socia­ les (públicos) protegidos, que en principio se financian con dinero concedido como subvención y lo gestionan con cri­ terios administrativo-presupuestarios y no de empresa. • Este es el tipo de centros que en Francia se denominan entreprises d'insertion. Dado que en los debates desarrollados en el Estado español se tiende a emplear el término em­ presa de inserción en un sentido más amplio, proponemos denominarlos empresas de transición. 2.

Empresas que tienen una parte importante de sus puestos de trabajo destinados a ser ocupados de forma permanente (o al menos muy prolongada) por personas con graves dificultades para acceder al empleo normalizado y con escasas perspecti­ vas de poder llegar a hacerlo (incluso tras una fase de forma­ ción y rehabilitación). • Se trata de empresas que funcionan de modo similar a las anteriores, aunque las necesidades de financiar el sobrecos­ te laboral suelen ser mayores.• • Lo característico es su orientación hacia las poblaciones más deterioradas y se asemejan bastante a los Centros Especiales de Empleo para minusválidos. Precisamente ese nivel de de­ terioro o de incapacidad permanente para empleos normali­ zados es el que justifica la presencia permanente de las perso­ nas y el apoyo externo también permanente. En el campo de

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la minusvalía social, encaja claramente en este modelo la expe­ riencia de Traperos de Eniaús de Pamplona, que suele emplear el término empresa social solidaria o marginal. Salvo otra pro­ puesta mejor, proponemos mantener ese término. 3.

Empresas que olrecen trabajos temporales por cuenta de ter­ ceros a personas en dificuitad social. Se trata de empresas de trabajo temporal de inserción, que es el término que propone­ mos para designarlas. • En Francia se distingiie entre las ETT d ’i nsertion y las associations interinediatres. í.a diferencia está en el número de horas anuales que pueden desarrollarse y en la orienta­ ción, en general, hacia mercados diferentes (contratos con empresas en las El TI, trabajos para particulares o aso­ ciaciones en las asociaciones intermediarias). • Propondríamos usar un sólo término para distinguir am­ bos subtipos, pero evitando el uso de asociación interme­ diaria para otras cosas, para ahórranos una mayor confu­ sión.

4.

Empresas que surgen como iniciativas de creación de empleo para personas en dificultad que tienden a evolucionar hacia empresas normales. Se trata de empresas que si bien en una fase inicial (más o menos prolongada) son de inserción y re­ quieren de los apoyos que antes hemos mencionado, con el tiempo dejan de serlo, asegurando así el empleo para las per­ sonas que trabajan en ella. La transición de la exclusión hacia la integración laboral plena la recorren la empresa y las per­ sonas de forma paralela. • Este tipo de iniciativas son similares a las de autoempieo o de generación de pequeñas iniciativas empresariales contra el paro en el marco de viveros de empresas o programas si­ milares, con la diferencia de dirigirse a personas en mayor dificultad y requerir, por tanto, de apoyo y tutela más in­ tensos y prolongados. • Proponemos el término empresas tuteladas para este tipo de iniciativas. lO índice

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5.

Actividades productivas fuera del mercado, financiadas me­ diante aportación directa de fondos públicos y desarrolladas de forma temporal por personas en dificultad, con finalida­ des rehabilitadoras y formativas. El término que mejor des­ cribe este tipo de iniciativas (por lo demás variadas) es el de empleo socialprotegido. Se trata de actividades no lucrativas ni mercantiles y que se gestionan con una lógica administrativa de gasto presupuestario.

6.

Actividades ocupacionales, es decir, que no constituyen un trabajo en sentido estricto, ni se organizan para la producción orientada al mercado. Las personas que las realizan no reciben un salario, sino una compensación no salarial (becas, incenti­ vos, etc.). En este modelo, análogo a los Talleres ocupacionales para minusválidos, encajan varias de las iniciativas desarrolla­ das por Cáritas en Navarra (Nazareth, Betania, etc.)

7.

Finalmente habría que señalar dos mecanismos adicionales, que se diferencian de los anteriores en que no constituyen una empresa específica y que se centran en el apoyo a la co­ locación en empresas normales: a)

las agencias de colocación especiales que pueden desarro­ llar actividades de intermediación en el mercado de tra­ bajo (selección, bolsa de trabajo, etc.) y de apoyo a la búsqueda de empleo (formación, búsqueda tutelada de empleo, etc.). Parte de la actividad de la Fundación Gaztelan encaja en este tipo;

b)

los programas de incentivos a la contratación en empresas normales. En nuestra comunidad, el ejemplo más claro lo constituye la Inserción Laboral en Empresas.

El término empresa de inserción ha sido importado de Francia, donde sirve para designar a lo que aquí llamamos empresas de transi­ ción. Parecería entonces aceptable emplear en nuestro contexto el tér­ mino empresa de inserción para referirnos de forma genérica a cual­ quiera de las empresas mencionadas (de transición, sociales solidarias, tuteladas...). Ello es aceptable siempre que quede claro: a)

No son empresas de inserción los proyectos formativos, so­ ciales, las agencias de colocación, etc., que no tienen como

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actividad principal la producción de bienes o servicios para su venta en el mercado. b)

No son empresas de inserción las empresas mercantiles que prestan servicios de asesoramiento, orientación, formación, rehabilitación social, etc., por cuenta de la Administración, aunque los beneficiarios de tales acciones estén en procesos o en otras empresas de inserción.

c)

No son empresas de inserción aquellas empresas normales que tienen un porcentaje muy bajo (a determinar) de puestos de inserción.

d)

Las empresas tuteladas sólo son empresas de inserción mientras subsiste la situación de dificultad social de sus trabajadores y se desarrolla con ellos una acción de inserción. Pasado un cierto período, las empresas tuteladas dejan de ser empresas de inser­ ción, o se reconvierten en alguna de las figuras propias de la empresa de inserción (de transición, social solidaria).

Para mayor claridad conceptual podría establecerse un esquema clasificatorio como el siguiente: Tipología

Dispositivos

1. Empleo de inserción.... 1.1. Empr. de inserción.

Ejemplos

Empresas de transición. Empresa social solidaria.

Traperos de Emaús.

ETT de inserción. Asociación intermediaria.

1.2. Empleo social protegido.

Empresa tutelada.

Empresas promovidas por Gaztelan, etc.

Empleo social protegido.

Proyectos ESP.

2. Centros ocupacionales.

Talleres ocupacionales.

Nazaret, Betania, etc.

3. Apoyo al empleo......... 3.1. Dispositivos de orientación y apoyo.

Agencias de colocación.

Gaztelan.

Programas de incorpora­ ción sociolaboral.

CPIS Ayuntamiento de Pamplona.

3.2. Incentivos a la contra­ tación y creación de empleo.

Inserción laboral en empresas, Proyectos de trabajo individual.

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Las estructuras de inserción por lo económico necesitan de for­ mas diversas de apoyo para desarrollar su actividad. El mecanismo tradicional de apoyo a iniciativas de inserción es la subvención. Mu­ chos proyectos de inserción funcionan con una lógica de gestión ad­ ministrativa, es decir, tienen un presupuesto para un cierto tiempo, que procede de una subvención pública (o de donaciones, etc.), y gastan ese dinero en pagar sueldos, materiales y otros gastos. Lo novedoso de la mayor parte de las estructuras que llamamos empresas de inserción es su naturaleza de empresas mercantiles, que de­ ben funcionar en el mercado y obtener sus recursos de la venta de sus productos. Esta lógica de gestión empresarial (la cuenta de resultados en lugar de la liquidación presupuestaria) requiere de apoyos diferen­ tes de la tradicional subvención. Criterios para desarrollar incorporación sociolaboral El Plan prevé impulsar la incorporación de los colectivos exclui­ dos, y en especial la de los perceptores de Renta Básica en condicio­ nes de trabajar, promoviendo una serie de iniciativas de la Adminis­ tración autonómica. Modificar la regulación normativa de la incorporación en elprograma de Renta Básica Es importante reformular la relación entre percepción de la Renta Básica y las actividades y medidas de incorporación social en los si­ guientes términos: 1.

Las medidas de incorporación deben ser entendidas como una prestación que se ofrece a las personas en dificultad que lo ne­ cesitan, no como una contraprestación. Su contenido puede ser diverso, en función de cada caso, y puede incluir aspectos y acciones de apoyo social, atención de la salud, educativas, formativas, de iniciación profesional y de acceso al empleo, entre otras. Su diseño y su valoración se deben hacer desde esta finalidad de incorporación y no desde la de «que hagan algo a cambio». lO índice

2.

Las medidas de incorporación deben ir dirigidas a todas aquellas personas que las necesiten, sean o no perceptoras de ¡a Renta Básica. Este criterio ya está abierto en la actual norma­ tiva, y conviene mantenerlo.

3.

Para las personas perceptoras de la Renta Básica debe existir una obligación de acordar con el servicio correspondiente una serie de medidas adecuadas, viables, que la persona pueda cumplir y que el servicio pueda hacer efectivas. El compro­ miso es obligatorio, pero sus términos son pactados y obli­ gan a ambas partes. Este compromiso debería formalizarse por escrito. La posibilidad de suspender la percepción de la Renta Básica debería limitarse a los casos de incumplimien­ tos muy graves, sopesando muy bien las consecuencias para la persona y su familia, e intentando reconstruir la relación de trabajo rota lo antes posible.

4.

En el contenido y la finalidad de las acciones de incorpora­ ción debería huirse de la obsesión p or el empleo. Es preciso contar con un amplio abanico de posibilidades en función de las características de la persona y del momento en el que se encuentra. Los objetivos pueden ir desde el mero mante­ nimiento (evitar el deterioro de la situación, ir abordando poco a poco algunas dificultades de tipo social) hasta la in­ serción laboral real, pasando por todo tipo de combinaciones de acciones formativas, educativas, laborales y de trabajo so­ cial. Es preciso evitar que la normativa establezca y la gestión oriente hacia una prisa inadecuada por lograr «éxitos» apa­ rentes en términos de incorporación laboral.

M ejorar el acceso de los excluidos a la form ación ocupacional En los hogares excluidos aparecen unas 7.700 personas en edad y condiciones de trabajar. Su nivel de formación es muy bajo: un 14% carece por completo de estudios y un 81 % no supera el graduado es­ colar. Se trata, pues, de una población necesitada de formarse. De estas personas unas 2.450 están en paro y unas 5.250 están tra­ bajando. Parece lógico actuar de forma prioritaria sobre las personas lO índice

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desempleadas, aunque quienes trabajan también tienen importantes necesidades de formación. Las acciones formativas podrían incluirse en el Objetivo 3 del programa de la Dirección General de Trabajo y de la línea INEM. Las acciones dirigidas a trabajadores podrían incluirse en las acciones del FORCEM y la Dirección General de Trabajo. La transferencia del INEM al Servicio Navarro de Empleo es una buena ocasión para plantear un ajuste de estos programas. Es necesa­ rio modificar la definición que el Programa Operativo de la Direc­ ción General de Trabajo hace de «colectivos desfavorecidos», cosa po­ sible respetando el Marco de Apoyo del Objetivo 3. En la actualidad sólo se incluye a personas con discapacidad, ex drogodependientes y ex reclusos. Debería ampliarse a grupos étnicos minoritarios, migran­ tes, jóvenes desescolarizados y otros colectivos en dificultad. En cuanto a las acciones pertenecientes a la línea del antiguo INEM, es preciso facilitar la homologación de las entidades de inicia­ tiva social como centros de formación. Sería interesante abrir una lí­ nea específica de trabajo con estas entidades. Otra cuestión fundamental es establecer becas para la partici­ pación en estos cursos. Las personas en dificultad económica extrema suelen tener escaso interés por la formación, pues supone una espe­ ranza lejana, que choca con la necesidad inmediata de buscarse la vida. Es preciso hacer que les «merezca la pena», sabiendo que a me­ dio plazo sus posibilidades de mantenerse por sí mismos se verán no­ tablemente aumentadas. Igualmente es necesario resolver los proble­ mas derivados de las cargas familiares (hijos, personas de edad, etc.). Debe partirse de cursos de carácter muy básico, adaptados a las características de las personas y vinculados siempre que sea posible a la práctica laboral. Resulta especialmente interesante vincular módu­ los formativos a proyectos de empleo social, y ambos dispositivos con la posibilidad de realizar prácticas en empresas. Promover el desarrollo de estructuras de incorporación por lo económico (empresas de inserción y centros ocupacionales) Es de la máxima importancia promover el desarrollo de estructu­ ras estables de incorporación por lo económico. Estos mecanismos se lO índice

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están desarrollando en la actualidad a pesar de las enormes dificulta­ des que conllevan y la falta de un marco normativo y de apoyo públi­ co claro. Se trata en la actualidad de centros alegales. Para ello deberían regularse legalmente las empresas y centros ocupacionales de incorporación laboral de personas con especiales di­ ficultades de acceso al empleo. El Parlamento de Navarra no podría regular legalmente las fórmulas específicas de contratación, pues es competencia del Estado. Si podría, sin embargo, establecer las figuras de empresa de inserción (en sus diversas modalidades) y de centro ocupacional de inserción, y establecer un sistema de apoyos (econó­ micos y de otro tipo) para estas entidades. Es especialmente impor­ tante que las entidades y emprendedores que deseen poner en marcha este tipo de iniciativas sepan desde el principio con qué apoyos pue­ den contar. Hay que distinguir entre mecanismos de apoyo a la actividad empresarial y los relativos a actividades no empresariales. Eas empre­ sas de inserción tienen una actividad productiva para la venta en el mercado, cuyos costes son superiores a los de las empresas normales. Eos mecanismos de apoyo pueden servir para reducir tales costes o para mejorar las posibilidades de venta de productos en el mercado. Este tipo de apoyos deben diferenciarse de un segundo tipo destina­ do a facilitar el desarrollo de actividades de acompañamiento social y formación, que no forman parte en sentido estricto de la actividad mercantil de la empresa. Este tipo de actividades no empresariales debería ser financiado (en todo o en parte) con criterios de subven­ ción del coste de la actividad, en línea con los mecanismos tradicio­ nales de apoyo desde las Administraciones a proyectos sociales o formativos. Un desarrollo pormenorizado de estas distintas posibilidades de apoyo a las empresas de inserción puede verse en el documento de «Bases para el desarrollo de estructuras de inserción por lo económico en la Comunidad de Madrid» (4).

(4) Este documento está pubücado en el número 12 de la revista E con om ía y S o cie­ d a d , en junio de 1995. También puede encontrarse en J. HERNÁNDEZ y M. O lza (comp., La ex clusión social. R eflexión y a cció n d esd e e l tra b a jo social, Pamplona, Eunate. 1998.

'

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Remodelar el empleo socialprotegido El empleo social protegido es un dispositivo interesante y que debe ser potenciado. Sin embargo, es necesario mejorar sustancial­ mente su diseño con el fin de aumentar su capacidad de promover la incorporación laboral. Las principales mejoras a introducir serían las siguientes: 1.

Se debe orientar el contenido del empleo social protegido hacia actividades laborales no sólo de interés colectivo, sino que además sean cualificadoras y tengan relación con las oportunidades reales que ofrece el mercado de trabajo existente y los yacimientos de empleo de explotación viable a corto y medio plazo. Es preciso poner en segundo térmi­ no la utilidad inmediata para el Ayuntamiento del trabajo a realizar (que puede hacerse con otros mecanismos de empleo temporal) para dar prioridad a aquellos trabajos que tengan utilidad real para la incorporación laboral fu­ tura.

2.

Las personas deben acceder al empleo social en el momento y en la fase de su itinerario que sea más adecuado. No hay que olvidar que el coste del empleo social es elevado. En 1996 el promedio de coste sólo para el INES (sin contar aportaciones municipales) era de unas 790.000 pesetas por beneficiario, en la mayor parte de los casos para seis meses de contrato. Por ello es importante llegar al empleo social tras una fase de formación y trabajo social previos en muchos ca­ sos, con el fin de obtener el máximo resultado de la expe­ riencia de trabajo.

3.

Es importante flexibilizar el empleo social. En los últimos años se ha avanzado bastante al permitirse proyectos incluso con un solo participante. Sería muy conveniente estructurar el empleo social de forma que no todas las incorporaciones tuvieran que producirse en el mismo momento. De ese modo, desde el dispositivo de pilotaje de la incorporación sociolaboral se podrían ir incorporando usuarios al empleo social en diferentes momentos y tareas, siempre dentro de las disponibilidades presupuestarias. lO índice

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4.

En esta misma línea de ílexibilización, se debería permitir duraciones más variadas, aunque en general más largas. Seis meses es un período demasiado corto como para avanzar sus­ tancialmente en la adquisición de hábitos y cualificación la­ borales en muchos casos, aunque en otros puede ser intere­ sante ofrecer una salida rápida hacia otros empleos.

Finalmente, se debe establecer el compromiso de ofrecer a toda persona perceptora de la Renta Básica durante dos años una experien­ cia de trabajo en el empleo social protegido. Se exceptuaría de esta oferta a aquellas personas cuyas circunstancias personales o familiares hagan desaconsejable el acceso al empleo.

M ejorar la efectividad de los ificentivos a la contratación para personas con especiales dificultades de acceso al empleo Es necesario rediseñar la regulación de la Inserción laboral en em­ presas de forma que permita: • Fórmulas más flexibles de contratación para las personas en di­ ficultad (tiempo parcial, contratos eventuales, etc.). • Una mayor garantía para la empresa que se decide a contratar a una persona en dificultad. • Una aportación económica más adecuada al esfuerzo realizado por la empresa y el tipo de empleo ofrecido. • Asegurar a la empresa un apoyo y seguimiento social de las personas contratadas durante un período razonable de adapta­ ción a su puesto de trabajo. El desarrollo adecuado de la inserción laboral en empresas requie­ re además de un esfuerzo del dispositivo de incorporación sociolaboral del programa de Renta Básica en el sentido de: • Ofrecer una formación ocupacional previa orientada hacia huecos potenciales de inserción laboral en empresas. • Buscar espacios de formación práctica en las empresas como puente entre la formación ocupacional y la inserción propia­ mente dicha. lO índice

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• Establecer un contacto permanente entre las empresas de cada zona y el dispositivo de incorporación, de forma que se haga interesante para las empresas y viable para el programa la con­ tratación de personas procedentes de programas de incorpora­ ción. Se debe procurar un aumento sustancial de las plazas realmente disponibles, al ser esta modalidad la más eficaz desde el punto de vis­ ta de la incorporación y la preferida de los usuarios. 3.

LA PUESTA EN MARCHA DE LAS PRIMERAS MEDIDAS

Algunas de las medidas previstas en el Plan se han puesto en mar­ cha con gran celeridad: • Ya antes incluso de la aprobación del Plan, en 1998, paralela­ mente a su proceso de elaboración, se había puesto en marcha un nuevo programa de Viviendas de Integración Social, que permite la subsidiación de la compra de vivienda usada dirigi­ da a sectores de bajos ingresos, tanto en régimen de compra­ venta como de alquiler, a través de las entidades sociales que trabajan con sectores de población más excluida (5). • En abril se aprueba una nueva normativa para la Renta Básica: una ley que la garantiza, por primera vez en Navarra, como un derecho subjetivo y un decreto que introduce una regulación con mayor capacidad de cobertura y de adecuación a las nece­ sidades de los más excluidos respecto del programa preexisten­ te (6). • Paralelamente, en abril y mayo respectivamente, aparecen dos nuevos Decretos Forales que regulan un conjunto de progra(5) La regulación inicial de las viviendas de integración social se publicó en el Decreto Foral 374/1997, de 15 de diciembre. Con posterioridad se han introducido algunas modi­ ficaciones en el Decreto Foral 149/1998, de 14 de diciembre, en el que se recogen el con­ junto de acciones de protección oficial de la vivienda en Navarra. Todas las normas pueden consultarse en las páginas web del Gobierno de Navarra (http://www.cfnavarra.es/) (6) Se trata dél a Ley Foral 9/1999, de 6 de abril, para una Carta de Derechos So­ ciales (BON del 9 de abril de 1999), del Decreto Foral 120/1999, de 19 de abril, por el que se regula la Renta Básica (BON del 3 de mayo de 1999).

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221 mas de empleo alternativos y complementarios a la vez de la Renta Básica. En unos casos se trata de reformar actuaciones preexistentes (Empleo Social Protegido, Inserción Laboral en Empresas, Proyectos de Frabajo Individual), en otros casos im­ plica la puesta en marcha de nuevas intervenciones (Centros de Inserción Sociolaboral y Centros Ocupacionales de Inser­ ción) (7). La rapidez con la que se empiezan a cumplir los compromisos previstos en estos campos no es ajena posiblemente al período pre­ electoral en el que se enmarcan, pero, en cualquier caso, demuestra dos cosas: primero, que el Plan no es papel mojado, como a veces su­ cede, sino que está concebido y aprobado para ejecutarse después, lo que no depende exclusivamente de la voluntad política, sino, de forma muy sustancial, del nivel de consenso político y social, de la correla­ ción de fuerzas, de la receptividad de la opinión pública o de la opor­ tunidad de las propuestas, por ejemplo; en segundo lugar, demuestra que el nivel de detalle con el que se han diseñado las medidas previs­ tas en el Plan permite una rápida traslación a programas y a norma­ tivas concretas, una calidad técnica del trabajo de planificación que ha sido reconocida públicamente por el conjunto de los grupos polí­ ticos, por las entidades sociales y por los técnicos del sector. La aprobación de estas primeras medidas permite un primer de­ bate en torno a la forma en la ciue se va plasmando el Plan. A este res­ pecto, cabe destacar cómo las reacciones han sido muy variadas, se­ gún los casos. El programa de Viviendas de Integración Social ha te­ nido una aceptación general muy positiva, tan sólo matizada por la crítica de algunos servicios municipales que consideraban que el pro­ grama no les ofrecía el protagonismo debido. La nueva regulación de la Renta Básica se ha recibido con tranquilidad: ha servido de mo­ mento para calmar las fuertes tensiones que suponía el funcionamien­ to con el Decreto anterior, pero está por ver hasta qué punto esto da lugar a una transformación del modelo de gestión y de la interven-

(7) Decreto Foral 130/1999, de 26 de abnl, por el que se regulan las ayudas econó­ micas para el desarrollo de los programas de incorporación sociolaboral destinados a per­ sonas en situación de exclusión social, y Decreto Foral 137/1999, de 3 de mayo, por el que se regulan y clasifican los Centros Ocupacionales para personas en situación de exclu­ sión social.

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don sodal en este campo. Curiosamente, las medidas de empleo, so­ bre todo los Centros de Inserción Sociolaboral son las que parecen haber despertado una cierta actitud crítica, todavía no plenamente formulada en un discurso articulado. Aun con otro nombre, los Centros de Inserción Sociolaboral son auténticas empresas de inserción, en el sentido en el que se utiliza el término en Francia, en el sentido en el que se utilizaba aquí en el bo­ rrador de la Ley que ya no verá la luz, y en el sentido que se recogía también en el Plan de Lucha contra la Exclusión Social en Navarra. Estos Centros aparecen prácticamente en el momento en el que fra­ casa la última tentativa de regular las empresas de inserción a nivel estatal. Este fracaso ha supuesto sin duda una frustración para las en­ tidades públicas y privadas implicadas en la gestión y promoción de alternativas laborales para los sectores más excluidos. Sobre todo, para los promotores de empresas de inserción de hecho, que seguirán so­ portando una situación de inseguridad jurídica y de precariedad eco­ nómica que no es coherente con la labor social que desarrollan y que la sociedad les reconoce, aunque no les paga. Desgraciadamente ha transcurrido otra legislatura sin que se haya avanzado nada a nivel estatal, ni en este tema de las empresas de inserción, ni tampoco en la garantía de unos ingresos mínimos para todos. La aparición de esta iniciativa en Navarra en este momento pone sobre la mesa un debate sobre la viabilidad y la oportunidad de una actuación autonómica en este campo, al margen de la intervención de la Administración central. Las críticas que se le pudieran hacer a esta iniciativa tienen especial relevancia, primero, por lo sorprendente que pueden resultar, en un contexto de frustración generalizada, frente a una actuación que se presenta como alternativa positiva, como una nueva posibilidad. En segundo lugar, un debate sobre estas actitudes críticas nos puede aportar un cierto diagnóstico sobre la viabilidad de esta estrategia. Al margen de algunas cuestiones de detalle en la normativa, que seguramente habrá que ir limando progresivamente a la luz de la ex­ periencia de los próximos años, aparecen cuatro líneas arguméntales críticas con este tipo de iniciativas: • La limitación que presentan los Centros de Inserción SocioLaboral (y las empresas de inserción por extensión) como una lO índice

223 alternativa para la transformación del sistema productivo en los ámbitos de las relaciones laborales, de su utilidad social e incluso de su impacto medioambiental. En suma, la inutilidad de las empresas de inserción como instrumento de transforma­ ción social, de búsqueda de un nuevo modelo de sociedad. • La imposibilidad de adoptar un tipo de contrato laboral adecua­ do, en condiciones de remuneración y de duración: adecuado a las personas empleadas en los puestos en inserción, y adecuado a la finalidad de su estancia en la empresa, laboral y social a la vez. La cuestión que se plantea es la posibilidad de desarrollar empresas de inserción sin cambiar la legislación laboral. • La incapacidad de los Centros de Inserción Sociolaboral de dar una alternativa de empleo estable, permanente, a personas fuertemente excluidas y cuyas posibilidades de acceder a otro empleo difícilmente van a mejorar a medio plazo. En relación con esto, se plantea la cuestión de la inadecuación normativa de Navarra a las entidades que ya están dando empleo a estas personas y que no tienen previsto poner límites a su estancia en la empresa. • Las rigideces que incorpora la normativa en cuanto al tamaño y diseño interno de la estructura del centro. Repasemos más detenidamente cada una de estas cuestiones. No pidamos a las empresas de inserción y a los excluidos más de lo que pueden dar

No es extraño asistir en ciertos debates del ámbito de lo social (quizá por la etapa de sensibilización paralela a la preparación y dis­ cusión de los borradores para una ley de empresas de inserción) a una presentación hiperbólica de «las empresas de inserción» como una es­ pecie de piedra filosofal, como el remedio de todos los males: a la vez solución al desempleo, alternativa de vida solidaria que con sus valo­ res transformará la lógica económica y las relaciones laborales del sis­ tema capitalista, o pócima mágica que con fórmula infalible nos re­ solverá la exclusión social de aquellos que en muchos casos se padece por generaciones. lO índice

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Los que con mucho esfuerzo han venido sacando adelante este tipo de iniciativas en los últimos años saben muy bien las dificultades que esto entraña y son plenamente conscientes de lo limitado de sus objetivos. Sin embargo, este conocimiento, basado en su propia expe­ riencia, no siempre se hace explícito en un discurso estructurado. Es necesario, pues, para evitar frustraciones futuras, asumir coherente­ mente qué son las empresas de inserción y qué es lo qué no están lla­ madas a ser: a) Las empresas de inserción no son una alternativa al desempleo^ ni a la tendencia (de ser cierta) a la destrucción de empleo debida al ritmo creciente de incremento de la productividad, como ley impla­ cable de la competencia capitalista. Las empresas de inserción serían igualmente necesarias y oportunas en una situación de pleno empleo, como el que ya están empezando a experimentar algunas economías europeas, precisamente para dar respuesta a ciertos sectores que aún en ese contexto favorable no pudiesen acceder a un empleo. Pero ade­ más, no parece razonable pensar que el conjunto de puestos de traba­ jo en inserción llegasen a suponer más del 1% de la población activa. De otra forma, el coste del mantenimiento de estos empleos protegi­ dos y la reducción de la productividad del conjunto, podría poner en cuestión la viabilidad del conjunto del sistema. En ese escenario más optimista, se podría absorber en España tan sólo a uno de cada veinte desempleados, muchos de ellos ni siquiera inscritos en el INEM. Tampoco se puede plantear que las empresas de inserción lleguen a ser una alternativa a los empleos normalizados: tanto para evitar una competencia desleal en el mercado de trabajo como para incenti­ var la incorporación al mismo de los trabajadores en inserción, las empresas de inserción han de ofrecer condiciones de trabajo y remu­ neración inferiores a las de puestos equivalentes en el mercado nor­ malizado. Por supuesto esto no quiere decir que haya que caer en lo punitivo, ni mucho menos en la obligatoriedad de aceptar estos em­ pleos de inserción: estaríamos volviendo en ese caso al sistema de las workhouses decimonónicas como mecanismo de aceptación coercitiva de las condiciones del mercado. Sólo si las empresas de inserción su­ ponen un volumen limitado de empleos en el conjunto del sistema productivo y manteniendo una cierta distancia respecto de las condi­ ciones del mercado de trabajo puede articularse a la vez el respeto de los derechos de los trabajadores, la viabilidad de las empresas de in­

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serción, la no interferencia con el resto del sistema económico y las oportunidades de empleo para los más excluidos. Lo que sí puede plantearse, sin embargo, y es algo que la sociedad española no ha discutido todavía, es utilizar las empresas de inserción y otros dispositivos similares de inserción por lo económico, como al­ ternativa a los empleos sumergidos, como una vía para la emersión de los mismos incluso. Al menos aquí, difícilmente podrá considerarse desleal la competencia de las empresas de inserción, y los supuestos empresarios agraviados raramente encontrarán legitimidad en su pro­ testa. b) Las empresas de inserción no son una alternativa a la disciplina fabril Las empresas de inserción no pretenden configurar un nuevo modelo de relaciones industriales, ni tampoco parecen especialmente bien colocadas para ser el germen de una nueva democracia económi­ ca en el seno de la empresa. La innovación en los sistemas de organi­ zación del trabajo orientada a una mayor promoción personal de los trabajadores, a potenciar su participación real en las decisiones de la empresa y a conseguir su desarrollo humano y su realización personal, debería venir, si viene, de tres tipos de empresas: de aquellas, liga­ das a la innovación, cuya competitividad depende directamente de la creatividad de los trabajadores (sólo con motivación e implicación real se produce el impulso creativo); de aquellas basadas en el trabajo asociado en pequeñas y medianas empresas (el interés de los sociostrabajadores por desarrollar un trabajo gratificante en sus contenidos se conjuga con su capacidad para promover los cambios necesarios en la empresa), y también en aquellas empresas con niveles altos de pre­ sencia y participación sindical (el nivel de participación de los traba­ jadores en las decisiones de la empresa se constituye en sí mismo como tema de negociación, mecanismo para la generación de consen­ sos y garantía de viabilidad). Las empresas de inserción no presentan, en principio, ninguna de estas tres características. Además, el nivel de los recursos disponibles, (humanos, técnicos y económicos) suponen un handicap para la in­ novación social. ¿Es razonable hacer descansar la responsabilidad de la innovación social, en un campo tan difícil como el de las relaciones industriales y de la organización de la empresa, en aquellos que no parten de las mejores condiciones ni tienen los mayores recursos para lO índice

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ello? La innovación, también la innovación social, supone costes, cos­ tes que se concretan en reducción de actividad, o en pérdidas o en claros fracasos. ¿No hay incluso algo de inmoral en hacer pagar los costes de la innovación social también a los excluidos? Aunque deba plantearse a muy largo plazo para algunos colecti­ vos, el objetivo de las empresas de inserción no es otro que posibilitar la experiencia de un empleo cualificante a las personas más excluidas, de tal forma que después estén en mejores condiciones de incorporar­ se al mercado laboral. Parece razonable incluso que los modelos de organización y las reglas de funcionamiento internas no se alejen ex­ cesivamente en las empresas de inserción de aquellas que sus trabaja­ dores van a encontrar en su salida/retorno al mercado de trabajo. Dicho esto, también es necesario reconocer cómo en muchos de los proyectos puestos en marcha, el objetivo de la promoción de los trabajadores en inserción, su propia estancia en la empresa, sería im­ posible si no hay un mínimo de adecuación a sus posibilidades: las normas tendrán que relajarse, los ritmos habrán de reducirse y la par­ ticipación habrá de promoverse explícitamente como mecanismo para profundizar en el conocimiento de estas personas, en sus actitu­ des y en sus potencialidades. Ahora bien, nótese la diferencia, la in­ novación en las relaciones laborales que esto supone no es un objetivo en sí mismo, ni tampoco se concibe como un proceso que habrá de generalizarse al conjunto del sistema productivo. Es un medio para un fin de contenido socio-pedagógico que se circunscribe a los pro­ pios trabajadores en inserción. c) Las empresas de inserción no son una alternativa al deterioro medioambiental. No existe ninguna razón para exigir a las empresas de inserción más obligaciones (ni menos) en el respeto del medio am­ biente y en el compromiso ecológico. Aunque en ocasiones el ideario personal de sus promotores dé lugar a una mayor implicación en este ámbito, de ello no se desprende que deban definirse regulaciones es­ peciales para las empresas de inserción o condicionantes para ser con­ sideradas como tales. El avance en la solución de los problemas am­ bientales vendrá de una mayor sensibilización del conjunto de la ciu­ dadanía, de un incremento de la presión ciudadana sobre las empresas y sobre las Administraciones públicas que permita desarro­ llar un proceso de regulación concertada. El papel de las empresas de inserción en este terreno es casi insignificante, tanto por lo limitado

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de sus efectos objetivos (positivos o negativos) en el medio ambiente, como por la escasa incidencia comparativa en la conciencia ciudada­ na en relación con otras formas de acción política. Si esto es así, acep­ tar una autolimitación de las actividades por criterios ecológicos, más allá de lo que marcan las leyes, puede ser legítimo (responde a la li­ bertad de decisión de los promotores), pero es equivocado, o como mínimo cuestionable, en las empresas de inserción: sacrifica posibili­ dades de empleo de los sectores más desfavorecidos por causa de un compromiso ecológico que la propia sociedad no tiene. Otra cosa es que las actividades de contenido medioambiental puedan configurarse en ciertos casos como «nuevos yacimientos de empleo» para el desarrollo de empresas de inserción. El beneficio a la comunidad que estas actividades suponen legitima un apoyo añadido por parte de las Administraciones públicas, y siendo en general un sector en expansión parece oportuno aprovecharlo para ensanchar el por ahora estrecho espacio de la inserción por el empleo. d) Las empresas de insercióft no son una solución válida para todos los sectores excluidos. El énfasis que han recibido en los últimos años las políticas activas (en su lectura más conservadora, la exigencia de contrapartidas para acceder a la protección pública) no sólo ha su­ puesto una devaluación del avance que supone la protección social (y de los riesgos y costes que supone la desprotección) sino que también ha hecho subestimar, cuando no olvidar abiertamente, las limitacio­ nes y contradicciones que plantea en muchos casos la incorporación de los sectores excluidos a estas «nuevas» alternativas. Eas empresas de inserción no son el tratamiento para todos los sectores excluidos. Son ciertamente un pilar muy importante en una estrategia de intervención social compleja orientada a la integración social. Pero no son el único pilar, ni tampoco está claro que sea el pi­ lar fundamental. Ea exclusión social es un proceso mucho más complejo que la ca­ rencia de empleo. En la superación de muchas situaciones de exclu­ sión pueden ser básicas actuaciones en los ámbitos de la vivienda, la educación, la salud o la superación de determinados conflictos per­ sonales o familiares. Para el caso de Navarra hemos demostrado que tanto el primer aspecto (la vivienda) como el último (las dependen­ cias y conflictos familiares) tienen similar potencial explicativo de lO índice

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los procesos de exclusión que lo que pueden tener el empleo o los in­ gresos. La situación que presentan algunos sectores excluidos hace que sea inviable para ellos la incorporación incluso a un empleo protegi­ do. Los procesos de deterioro personal y social llegan en algunos ca­ sos hasta tales extremos (en los transeúntes, por ejemplo) que les in­ capacita de hecho incluso para este tipo de actividades. En estos ca­ sos, el contenido terapéutico que puede tener una ocupación con una cierta significación y utilidad social puede darse a través de otras fór­ mulas que no implican una relación laboral, como los Centros Ocupacionales de Inserción. En otros casos, las obligaciones familiares o de otro tipo pueden hacer más aconsejable una estrategia basada en la espera: unos ingre­ sos que garanticen una vida digna mientras se va resolviendo la situa­ ción. Incluso, una parte considerable de las personas excluidas pue­ den incorporarse directamente al mercado de trabajo con un cierto apoyo y una formación adecuada, sin necesidad de pasar por disposi­ tivos de empleo protegido. No olvidemos tampoco que muchas personas en situación de ex­ clusión social están de hecho trabajando o bien desarrollan activida­ des socialmente útiles y significativas en el ámbito privado, familiar o social. Hasta qué punto las empresas de inserción son aquí la respues­ ta más adecuada y cómo ha de plantearse una intervención útil para superar estas situaciones reales de exclusión social y pobreza es algo todavía pendiente de discutir. Por último, las empresas de inserción no son las únicas alternati­ vas de inserción por lo económico. Recordemos simplemente los dis­ tintos programas de empleo social protegido que diversas Administra­ ciones autonómicas han puesto en marcha bajo fórmulas, preferente­ mente, de gestión municipal, al margen de la lógica mercantil presente en las empresas de inserción. En todos los casos, al margen de ciertos problemas, se ha demostrado su viabilidad y su adecuación para ciertos colectivos. Todas estas situaciones sociales distintas y todas estas alternativas de intervención orientadas razonablemente a la inserción social (y otras muchas que sin duda podrían recogerse) nos obligan a resituar­

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nos, a limitar las expectativas respecto del rol que pueden cumplir las empresas de inserción en la lucha contra la exclusión. A partir de este replanteamiento, quizá seamos capaces de valorar más adecuadamen­ te sus potencialidades (que aún así son muchas). Las virtudes y defectos de los Centros de Inserción Sociolaboral, y de las empresas de inserción en concreto habrá que valorarlos a la luz de lo que pretenden ser: • Un intento de generar un hueco en el sistema productivo ac­ cesible para los sectores más desprotegidos (a diferencia de las políticas de empleo, que habitualmente no llegan a los más ex­ cluidos). • Una oportunidad y un proceso de aprendizaje, cualificación e inserción profesional a través de un empleo protegido, en el tajo, con una experiencia real de trabajo cualificante (a diferen­ cia de la formación ocupacional habitualmente diseñada sepa­ rada de la actividad productiva). • Una iniciativa económica que, aun con apoyo y protección pú­ blica, se somete a las reglas del mercado, que produce bienes y servicios demandados por la sociedad, que son competitivas una vez que se les compensan los costes de productividad en los que incurren con su compromiso social por la inserción (a dife­ rencia de otras fórmulas de empleo protegido, que se gestionan con una lógica administrativa, de adecuación a unos recursos previamente establecidos en base a una decisión política). Mejorar la accesibilidad del entorno (en este caso del sistema pro­ ductivo), aprovechar el carácter cualificante del empleo (complemen­ tándolo con los recursos necesarios de formación y acompañamiento social) y apostar decididamente por políticas realmente activas (que permiten a los sectores protegidos desarrollar actividades significativas y socialmente necesarias) son las tres lógicas que concurren en la apuesta por las empresas de inserción. Los Centros de Inserción Sociolaboral, así como otras iniciativas de inserción por lo económico recientemente aprobadas en Navarra, responden a esta filosofía. Otra cosa es cómo pueda valorarse su via­ bilidad en un entorno autonómico o la adecuación de los detalles de su regulación. lO índice

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La viabilidad de una estrategia autonómica Sólo a nivel estatal puede reformarse la legislación laboral, y sola­ mente a ese nivel puede diseñarse un tipo de contrato adecuado para que las empresas de inserción puedan cumplir su labor con plenas ga­ rantías jurídicas. Esto es cierto y es el principal argumento que justi­ fica la aprobación de una Ley de empresas de inserción a nivel estatal. Mientras esto no se solucione, el desarrollo de este tipo de iniciativas se enfrentará siempre a dificultades. Reconociendo esto, lo que aquí defendemos es que todo lo demás puede hacerse (sería conveniente incluso) a nivel de las CCAA.

Las dificultades jurídicas de esta lamentable ausencia no son insal­ vables como para impedirnos avanzar. Una regulación autonómica de las empresas de inserción, sin solucionar el tema de fondo, aporta un reconocimiento de su función social y legitima, por ello, la necesidad de una interpretación flexible de la normativa laboral, mientras ésta no se modifique. Ni la Inspección de Trabajo, ni la Administración de Justicia, ni las centrales sindicales podrán ser indiferentes a este re­ conocimiento público a nivel regional. Encontramos, por otra parte, ejemplos de concertación ad hoc, entre los sindicatos y la Administración regional que han permitido establecer unas reglas del juego en programas de empleo protegido adecuadas a su propio cometido y al margen de los respectivos con­ venios colectivos. Negociaciones informales a este nivel serán siempre positivas y pueden marcar la referencia para desarrollos legislativos posteriores. El Plan de Lucha contra la Exclusión Social de Navarra prevé esta negociación y habrá que ver cómo se aborda en el futuro. Aquí también la realidad irá (está yendo) por delante de la ley: cuan­ do las empresas de inserción alcancen un peso específico y una deter­ minada masa crítica (¿podríamos hablar de 30.000 ó 50.000 empleos de inserción en España?) entonces vendrá la ley que regule este tipo de contratos.

La regulación y el reconocimiento de las empresas de inserción puede hacerse perfectamente a nivel autonómico. La oficina expendedora de las «etiquetas» de empresa de inserción podría ser también de carácter municipal. Incluso, en ausencia de una iniciativa pública, puede lo­ grarse a través del autocontrol y el reconocimiento mutuo de las pro­ pias empresas, a través de asociaciones constituidas a tal efecto. Hay

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aquí dos elementos delicados: Por un lado el valor de marca que pue­ da tener este reconocimiento con vista a una mayor aceptación por parte de los consumidores/ciudadanos. En este sentido no depende tanto de quién lo haga sino de lo riguroso del control de calidad so­ bre el carácter y el compromiso social de las empresas, sobre sus acti­ vidades de acompañamiento social y formación, etc. Otra cosa es la responsabilidad pública (reconocida en todas las leyes autonómicas de servicios sociales) a la hora de garantizar la calidad de este tipo de intervenciones sociales, delicadas por su contenido y por las caracte­ rísticas de las personas a las que van dirigidas. En este segundo aspecto, el reconocimiento autonómico de las empresas de inserción garantiza una auténtica responsabilidad pú­ blica. Puede ser incluso más adecuado, por la cercanía, que el que se realice a nivel central en base a expedientes administrativos y requisi­ tos burocráticos. Permite incluso una mayor adecuación a las cam­ biantes condiciones y características que el mercado de trabajo pre­ senta en las distintas Comunidades Autónomas.

La labor de fom ento, la compensación de los costes de productividad que por su función asumen las empresas de inserción, pu ede hacerse p o r diversas vías. Una de ellas, efectivamente, implica la actuación estatal: la reducción de las cuotas de la Seguridad Social; y también las exenciones fiscales más jugosas, como el IVA, en la mayoría del te­ rritorio, aunque no en Navarra y en la Comunidad Autónoma Vasca. También el resto de Administraciones regionales y municipales tienen una cierta capacidad de maniobra con otros impuestos. Pero la reduc­ ción de impuestos y cotizaciones sociales es tan sólo un camino entre otros para lograr la viabilidad económica de las empresas de inser­ ción. El Plan de Lucha contra la Exclusión Social en Navarra prevé efectivamente reducciones fiscales, pero, incluso a pesar de las am­ plias competencias que Navarra cuenta en esta materia, esta posibili­ dad no se ha utilizado todavía en los nuevos programas y dispositivos de inserción por lo económico. Al margen de esto, pueden hacerse básicamente dos cosas: o bien otorgar subvenciones regladas en base a ciertos criterios objetivos, o bien reservar una porción de la actividad económica a este tipo de empresas, primándoles, por ejemplo, en el acceso a la contratación de obras y servicios por parte de las Administraciones públicas. En esta lO índice

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segunda opción, empieza a haber iniciativas interesantes, como en el caso de Cataluña. El Plan de Lucha contra la Exclusión Social en Na­ varra también la prevé, pero no la ha puesto en marcha todavía. En Navarra se ha optado claramente por la subvención, con unos niveles que podríamos calificar incluso de relativamente altos. En la normativa aprobada para los Centros de Inserción Sociolaboral se prevé subvencionar: La cuota de la Seguridad Social correspondiente al SMI. Entre el 60% y el 80% del SMI por puesto de trabajo en in­ serción. • Las actividades de formación. • Estudios de mercado y planes de viabilidad (el 50% del coste, hasta un millón de pesetas). • La contratación de tres técnicos (hasta nueve millones de pese­ tas por año). • Entre 500.000 y 800.000 pesetas por cada trabajador en inser­ ción que consigue un contrato estable al final del proceso. Con estos niveles de protección es perfectamente posible diseñar proyectos económicamente viables y socialmente útiles que permitan la experiencia de un empleo cualificante para los sectores excluidos. ¿Dónde están las pegas?

Algunas rigideces injustificadas La normativa aprobada hasta el momento ha optado por desa­ rrollar un tipo concreto de empresas de inserción, las que hemos de­ nominado empresas de tránsito, que permiten estancias de hasta tres años de los trabajadores en inserción. La opción de empleo perma­ nente o de larga duración en empresas de inserción estaba prevista en el Plan, pero todavía no se ha traducido en la normativa. Esta ausen­ cia plantea problemas a algunas de las empresas de inserción exis­ tentes en Navarra y deja abierto la incógnita de saber qué pasará con algunos usuarios después de su estancia en la empresa de inserción. lO índice

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La prioridad por las fórmulas de contratación temporal, por la empresa de tránsito, tiene una clara justificación en base a la necesi­ dad de llegar a un número importante de personas con unos recursos limitados. Sin embargo, esto no elimina la posibilidad de algún tipo de reconocimiento y de apoyo a las empresas pensadas para ofrecer puestos de trabajo estables a sectores que, de otra manera, nunca se­ rían contratados en el mercado laboral, lo que se ha denominado en ocasiones empresa social solidaria. Por otra parte, los Centros de Inserción Sociolaboral se conci­ ben con una estructura ciertamente rígida en el perfil de los técni­ cos y en el tamaño de la empresa: un mínimo de cinco trabajado­ res en inserción y un máximo de 20, respetando siempre una pro­ porción mínima del 60% respecto del total de la plantilla. Obliga a diseñar, por tanto, estructuras productivas de nueve a 34 traba­ jadores en total. Estas rigideces, que no estaban previstas en el Plan y no han sido justificadas posteriormente, sin duda hubieran sido tachadas en otros ámbitos de la actividad económica como un caso de intervencionismo público excesivo, como un atentado contra la libre empresa. Sin duda supondrá una dificultad sobre todo para las etapas iniciales de las nuevas empresas de inserción y habrá que ver hasta donde llega la capacidad de la Administración para interpretar estos requisitos de forma flexible y para abordar su reforma en el futuro. Una estrategia compleja e innovadora de inserción por lo económico que arranca lentamente

Los Centros de Inserción Sociolaboral no van solos en el Plan de Lucha contra la Exclusión. Podría decirse incluso que van bien acom­ pañados. Sus limitaciones, que las tienen, lo son menos, precisamente porque se articula dentro de una estrategia compleja de inserción por lo económico que ofrece otras alternativas diferentes utilizables para distintas situaciones: a)

El Plan prevé un importante desarrollo de las medidas formativas. Aunque los cursillos, como recurso para la inser­ ción, tengan mala fama entre los profesionales de la inter­ vención social, eso no quiere decir que no puedan adecuar­ lO índice

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se y adaptarse a los sectores excluidos. Lo que se pretende es aprovechar los recursos existentes adecuándolos a estos colectivos. • Un aumento notable de recursos para los programas de formación específicamente destinados a los sectores más necesitados. • Una adaptación que dé respuesta a sus necesidades más directas en sus contenidos, aportando becas para 3.000 personas, con horarios adaptados, apoyo familiar, etc. • Mecanismos de coordinación entre la agencia responsable de la formación, el Servicio Navarro de Empleo y la enti­ dad con mayor responsabilidad en los servicios sociales, el Instituto Navarro de Bienestar Social. • Una incorporación amplia de las entidades de iniciativa social que trabajan con sectores excluidos en la gestión de los recursos formativos, facilitando su reconocimiento como centros colaboradores. El Plan todavía no se ha desarrollado en este ámbito de la forma­ ción. b)

Se ha regulado ya el apoyo a proyectos de trabajo individual como autónomos para los sectores excluidos, con posibili­ dad, si tuviera derecho a ella, de capitalizar hasta 24 meses de prestación de la Renta Básica.

c)

Para el Empleo Social Protegido (un programa de empleo pre­ ferentemente municipal, que también permite la participación de las entidades sociales, y que conjuga la oferta de una con­ tratación temporal, entre seis meses y un año, con medidas de acompañamiento social, formación y otras actividades com­ plementarias) el Plan preveía una reforma profunda, que tam­ bién se ha abordado en uno de los decretos aprobados: • Aumentar el volumen de empleos y los recursos para fi­ nanciarlos. • Aumentar su potencial cualificador, tanto en el diseño de las tareas como de la formación complementaria. lO índice

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• Orientarlo más hacia las mujeres, que tenían una presen­ cia escasa en el mismo. • Flexibilizarlo en cuanto a tiempo de contratación y jornada. • Reforzar los recursos profesionales para el acompañamien­ to social. Queda pendiente en este capítulo una negociación con los sindi­ catos que permita una cierta regulación y homogeneización de míni­ mos de las condiciones en las que se desarrollan estos empleos. d)

La Inserción Laboral en Empresas, un programa también preexistente, pero que siempre había presentado grandes di­ ficultades para su desarrollo y había llegado a muy pocas personas, ha sufrido, sorprendentemente, un fuerte recorte no previsto en el Plan: la subvención que percibía la empresa se reduce a menos de una tercera parte: el 40% del SMI has­ ta dos años. Aunque se preveían algunas medidas orientadas a su flexibilización, no se soluciona el principal escollo: la in­ seguridad jurídica de la empresa, que debe contratar primero y solicitar la subvención después.

e)

Por último aparece un nuevo tipo de centro en servicios socia­ les: los Centros Ocupacionales de Inserción que, a diferencia de los Centros de Inserción Sociolaboral, no prevén la contra­ tación laboral de las personas en inserción. No es una novedad en sí misma, ya que este tipo de centros existía en la realidad. Era una fórmula utilizada por Cáritas para trabajar con colec­ tivos fuertemente marginados. Sin embargo, su reconocimien­ to y regulación permite garantizar la calidad de la atención re­ cibida por los usuarios y sus derechos como tales. Además se abre el acceso a fórmulas de financiación existentes, como los conciertos en materia de servicios sociales, que pueden acor­ darse hasta un máximo de 10 años y con el 100% de la finan­ ciación. Este tipo de centros, que incluye el desarrollo de una actividad, la formación y el acompañamiento social, con una pequeña compensación económica, complementaria de la Renta Básica si la hubiere, puede ser una opción interesante para los colectivos en situación más extrema de exclusión y un germen de nuevas empresas de inserción en el futuro. lO índice

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Con estas medidas, y en la medida en la que se vaya completan­ do su puesta en marcha, Navarra se sitúa en una posición más que aceptable para el desarrollo de un tejido diverso de iniciativas de in­ serción por lo económico. Sin duda habrá cosas que con la normati­ va actual no podrán hacerse, pero hay otras muchas que pueden salir adelante. La respuesta a estas posibilidades será el criterio para valo­ rar la capacidad y la implicación en este proceso de las entidades de iniciativa social, de las Administraciones públicas y del conjunto de la sociedad.

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Empresas de Inserción, un nuevo modelo de inserción sociolaboral* Medidas de apoyo desde la Administración local: Plan Municipal de Empresas de Inserción-Ayuntamiento de Granada Carmen Vílchez Jiménez Técnica en Formación e Inserción-IMFE

1. 1.1.

INTRODUCCIÓN ¿Qué es la exclusión social?

En una sociedad en la que el desempleo se convierte en una realidad estructural y el empleo se configura como el verdadero fiactor «nivelador» social las actuaciones en fiavor de prom over y fiacilitar condiciones que generen dinámicas que contribuyan a la creación de empleo, se convierte en uno de los ejes prioritarios de intervención por parte de cualquier Administración en el ámbito de la Unión Europea. La Cumbre de Luxemburgo, y todas las acciones recogidas en los planes estatales de fo­ mento del empleo, ponen de manifiesto que se inicia desde la Unión Europea una estrategia para abordar este reto de forma rigurosa. En este contexto, en nuestro país se estima que un porcentaje del 12% de la población se encuentra en situación de desempleo, de la cual en torno al 3% de la clara situación de exclusión social. Posición que sitúa a estas personas en condiciones de imposibilidad o muy di­ fícil acceso al mercado laboral, a través de los mecanismos existentes para la mayoría de la población desempleada. * Texto presentado en las jornadas P resen te y fu tu r o d e las Em presas d e Inserción , or­ ganizadas por FEEDEI, Madrid, 29 de noviembre de 1999.

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La pobreza, en las sociedades desarrolladas, es actualmente una realidad compleja y cambiante. En los últimos años, la exclusión so­ cial es provocada por causas que son cada vez más diversas y se mani­ fiesta bajo modelos mucho más complejos.

El empleo es sin duda en nuestra sociedad el factor fundamental de integración social En sociedades como la nuestra, y muy especialmen­ te en Andalucía, el nivel de desempleo y pobreza alcanza situaciones de extrema gravedad. Las estructuras sociales y económicas sobre las que se basa nuestra sociedad establecen una serie de relaciones entre el sujeto y su activi­ dad laboral, que de no existir o de ser carenciales comienzan a despo­ jar al sujeto de una serie de soportes que le hacen poco a poco quedar al margen e ir cayendo en un circuito de exclusión.

La carencia de empleo supone: la carencia de ingresos económicos adquiridos de forma digna por el sujeto, la falta de relaciones sociales normalizadas con el entorno, la carencia de poder adquisitivo para acceder a los cada vez mas privados servicios de bienestar social, la in­ capacidad para consumir y disfrutar de los placeres de la vida de los que todos deseamos disfrutar... Esta problemática queda muy bien reflejada en la teoría de C as TELL, según el cual para entender la marginación social en la actuali­

dad hemos de considerar que existen diferentes variables que la deter­ minan, y que el que una persona se encuentre en una situación de in­ tegración o marginalidad depende de la posición que tenga esa persona en cuanto a estas variables y de las relaciones de reciprocidad que se dan entre las mismas. Fundamentalmente, destaca un vector compuesto por la dimen­ sión económica y el empleo como elementos estructurales, un segun­ do vector las relaciones sociales, como elemento contextual, y un ter­ cero el significado vital, como elemento subjetivo. De forma que si una persona tiene empleo estable, tendrá unas relaciones sólidas y un fuerte sentimiento vital, que supondrá que por tanto se encontrará situada en la zona de integración. Sin embargo, si la situación laboral es precaria, las relaciones serán inestables y las convicciones frágiles, se encontrará en una zona de vulnerabilidad. Si la persona se encuentra excluida laboralmente, sufrirá de aislamiento

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239

social e insignificancia vital, se encontrará por tanto en la zona de ex­ clusión. Si tenemos en cuenta este análisis de la exclusión social, sería ne­ cesario, si pretendemos alcanzar la integración social real de una per­ sona o colectivo, abordar nuestras intervenciones desde una perspec­ tiva integral, en la que se combinen acciones de capacitación y cualificación personal, en las que se refuerce y posibilite la integración de la persona en su comunidad y su acceso a los recursos para procurar la cobertura de sus necesidades, pero siempre desde la perspectiva de la inserción laboral, puesto que es el trabajo lo que permite que la persona pueda acceder a un lugar digno en la comunidad y a realizar­ se como persona. De otro lado existe otra teoría que critica en sí el concepto de ex­ clusión. Si nos basamos en la moción sobre «Ordenes legítimas» (Eco­ nomía y Société) de Max W e b e r , en ella se plantea un cuestionamiento de exclusión, inclusión, integración. En la sociedad no existe un «dentro» y «un fuera», «un vacío social». Más bien la sociedad aparece como una pluralidad de órdenes sociales, es decir, de modelos de vida, de valores, de reglas, que funcionan de manera complementaria, o conflictiva, o yuxtapuesta, según las épocas. Por tanto, la sociedad se fabrica en la interdependencia, siempre con­ trovertida, de diferentes legitimidades sostenidas por órdenes sociales diferenciados, a sabiendas de que estas legitimidades cambian con el tiempo y pueden variar en intensidad, siendo más o menos fuertes. Se puede decir que las personas que proceden de un orden «no le­ gítimo» «desvalorizado», «no deseado», quieren salir de él o se les quiere sacar de él, y quieren integrarse en un orden considerado legí­ timo, valorado, deseado. Las prácticas de inserción desarrollan en su mayor parte aspectos instrumentales y funcionales de la participación social de las personas en la sociedad. Estos campos intermediarios funcionales (el trabajo social, la asis­ tencia social, los servicios sociosanitarios, la formación, el desarrollo local, el ocio, la vivienda, la sanidad, etc.) son a menudo ámbitos so­ metidos a controversias y conflictos debido a estas nuevas prácticas que podemos calificar como de inserción. Los actores de la inserción criti­ lO índice

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can e invalidan determinadas prácticas de los campos de acción que reproducirían la perpetuación de un orden que consideran ilegítimo: así, en Francia, determinadas prácticas del «trabajo social» serían con­ sideradas en el fondo una herramienta de reproducción de la delin­ cuencia, de la pobreza y de la asistencia, el instrumento de control de las poblaciones «peligrosas»; así como las prácticas de formación que «no estarían dirigidas al empleo» sólo podrían reproducir el fracaso es­ colar y los procesos de selección que perpetúan las desigualdades, etc. Por tanto, las nuevas prácticas de inserción conciernen al orden legítimo, valorizado y deseable, y combaten o invalidan las prácticas que consideran facilitan la reproducción de lo que se ha llamado or­ den ilegítimo, desvalorizado e indeseable. La inserción por el trabajo, es un intento de cambiar las prácticas de los campos de acción tradi­ cionales al instaurar esferas instrumentales de mediación que propo­ nen nuevas prácticas, instaura una esfera funcional de actividad eco­ nómica que rompe con las prácticas de asistencia social o formativas.

La empresa de Inserción Sociolahoral busca un modelo empresarial con finalidad social que se oponga a l de asistencia y a l control social. Las órdenes ilegítimas de participación social son los de la delincuen­ cia y la marginalidad, después los de la pobreza y la inadaptación so­ cial y, finalmente, los órdenes más globales de asistencia social. El objetivo (el orden legítimo que se quiere alcanzar) no es el tra­ bajo, ya sea éste un empleo o una actividad cualquiera. Ni la empleabilidad ni el empleo son los objetivos; se trata de ofrecer la posibilidad de elección o las condiciones de autonomía y de responsabilidad indi­ viduales. La sociedad no es un compendio de empleos sino una pluralidad

de potencialidades en la que las personas pueden elegir su camino. Está en juego no el empleo sino la búsqueda de una sociedad civil democrática y reactivada, creadora de solidaridades concretas y de responsabilidades frente al Leviatán burocrático que parece encarnar el Estado de Bienestar. Las prácticas de inserción proceden de la exploración de modelos alternativos pertinentes de sociedad. El registro funcional de los aprendizajes en vías de éxito de la acción de formación, los roles funcionales ejercidos por los individuos, se desa­ rrollan vinculados a colectivos más o menos informales de producción.

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241

frecuentemente inscritos en acciones solidarias de barrio o en prácticas cotidianas de barrio que pretenden transformar las relaciones sociales. 1.2.

La persona excluida

La exclusión social es una situación, no es una característica per­ sonal, o un componente innato en las personas. Al ser una situación por la que atraviesa una persona o familia, es coyuntural, no debería ser permanente, aunque en ocasiones lo sea. La exclusión ya no es un hecho característico de los grupos más des­ favorecidos, las situaciones de riesgo social afectan cada vez más a nuevos sectores de población, incluso aquellos que tradicionalmente han disfrutado de una plena integración. De hecho puede afectar a cualquier ciudadano por un simple accidente personal (familiar, de salud, de pérdida de trabajo, de vivienda...), circunstancias que pue­ den desencadenar un proceso que conduzca a la exclusión social. Sí es cierto que esta situación esta caracterizada por una sene de déficits o problemáticas en diferentes ámbitos: económico, educativo, recursos personales y relaciónales, cultural, psicológico... Es una situación que puede llegar a hacerse permanente e incluso agravarse porque la pobreza engendra pobreza. 2.

ANÁLISIS DE LOS ANTERIORES MODELOS DE INTERVENCIÓN

Teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta ahora, pretendemos realizar un análisis sobre las diferentes prácticas o modelos de inter­ vención que en el ámbito de la inserción laboral se han venido desa­ rrollando hasta el momento. Que hagamos un análisis crítico de las mismas, no quiere decir que sean inútiles, o que lo hayan sido en su momento, pero sí que es necesario evaluar nuestros procedimientos e intentar mejorarlos, para que éstos respondan en sí para lo que son creados y no a sí mismos. La debilidad de tejido industrial productivo, unida a factores de gran alcance, como la incidencia de las nuevas tecnologías y la globalO índice

242

lización de la economía, provoca una restricción en el empleo, que se viene haciendo manifiesta y sin solución de continuidad desde los años 70. Desde este momento y hasta ahora el desempleo no ha de­ jado de aumentar y ha ido creciendo el volumen de población que se encuentra en situación de exclusión social. A esta situación las Administraciones y agentes sociales han in­ tentado ir poniendo remedio a través del diseño y desarrollo de una serie de medidas y recursos que pretenden resolver esta pro­ blemática. Desde la instauración de la democracia se empiezan a poner en marcha en nuestro país una serie de políticas sociales tendentes a consolidar un sistema de protección social que asegure en nuestro país el Estado de Bienestar. Se desarrolla el Sistema Público de Servicios Sociales para cubrir las necesidades básicas de la pobla­ ción con más dificultades, sistema que en la actualidad se encuen­ tra consolidado. Poco más tarde, coincidiendo con la entrada de España en la Unión Europea, empieza a ponerse el acento en la necesidad de desarrollar acciones que fom enten el empleOy incidiendo especial­ mente en los colectivos con más dificultades para acceder al em­ pleo, como factor básico para conseguir su integración social. Es el momento de los Cursos de formación profesional ocupacional, Es­ cuelas-Taller, Casas de Oficios, Iniciativas comunitarias de forma­ ción y empleo, etc. Se desarrollan desde una perspectiva en la que se pretende formar y cualificar profesionalmente a las personas para acceder al mercado de trabajo, incidiendo sobre todo en este ámbito, pero sin que se pro­ duzca un cambio real en la posición de la persona con respecto al mercado, puesto que: • Sobre el mercado no trabaja. • No se dota a la persona de la autonomía y capacidad necesa­ rias para ser agentes activos en su propio proceso de inser­ ción. • No se tienen en cuenta las situaciones reales y las dificultades de las que parten los participantes en los procesos, que no son únicamente de falta de formación, sino que son de carencias educativas, sociales, relaciónales y personales.

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243

Los resultados obtenidos desde este planteamiento son los si­ guientes: • A nivel cuantitativo: F4 paro sigue siendo del 12%, a nivel ge­ neral, y en los casos en los que se consigue una inserción, el puesto que se ocupa hace que otra persona vaya a engrosar las listas del paro. • A nivel cualitativo: En la mayoría de las ocasiones se convierten en meros espacios ocupacionales, o de soporte económico para la persona, creando tendencias muy perniciosas, que fomentan el asistencialismo y la falta de motivación para emprender un cambio real de situación. Es un sistema perverso, que sigue re­ forzando la exclusión y los sistemas ilegítimos de participación social. Desgraciadamente, no estamos hablando de prácticas pasadas, y sin generalizar, todavía hoy se sigue funcionando así, y aún hoy esta­ mos sufriendo las consecuencias de este modelo.

3.

3.1.

UN NUEVO MODELO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL: LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN Introducción

El problema del desempleo y la exclusión es, desde nuestro punto de vista, resoluble, lo que ocurre es que es necesario articular fórmu­ las redistributivas de la riqueza y el crecimiento que repercutan sobre todo en los más desfavorecidos.

Es necesario dar un cambio radical a las políticas sociales, dar un salto desde las intervenciones asistencialistas hacia las capacitadoras. Por eso hoy hemos de poner más interés en las PERSONAS, he­ mos de iniciar unas actuaciones que vayan dirigidas prioritariamente a todas aquellas personas que se encuentren en situación de déficits personales y profesionales, que les impide seguir el ritmo de esta so­ ciedad competitiva y tampoco les permite sentirse realmente integra­ das en la misma. lO índice

244

Es necesario iniciar políticas dirigidas a la superación y prevención de los procesos de exclusión sociaU con nuevas estrategias de intervención, orientadas a frenar los procesos que conducen a la marginación.

Apostamos claramente por la creación y consolidación de empresas. Hablar de integración significa hablar de relación, no en términos cuan­ titativos sino cualitativos. Es la calidad de dos sujetos en contacto lo que permite que se produzca la integración. Del sujeto que ha de integrar (aceptar) al sujeto a integrar, que ha de ser capaz, en primer lugar, de pasar de la fase de sujeto negativo (no aceptado) a la de sujeto diferente (aceptado como tal) y posteriormente a la de sujeto positivo o activo (aceptado plenamente). Para que el proceso se produzca la persona necesita dos cuestiones: por una parte, modificar su estatus cultural, necesita formación, e iguaP mente necesita insertarse en una estructura productiva, en la empresa. La empresa se configura como una entidad que ayuda a establecer un nuevo código de relaciones entre dos sujetos (el que integra y el que es integrado); la sociedad y el sujeto. Es en la empresa donde la per­ sona marginada puede encontrar unos referentes que le permitan sen­ tirse en situación segura dentro de la propia comunidad donde vive.

Esto implica que la empresa no solamente se preocupe por producir y obtener beneficios sino, a la vez, por cambiar la cultura de sus compO' nentes. Este esfuerzo se dirigirá a conseguir que el factor humano sea el protagonista del proceso y que el capital sea el instrumento al ser­ vicio del ser humano. Por otra parte, son el «mercado» y la empresa los pilares básicos en los que se genera la riqueza y el reparto de esa riqueza en nuestra sociedad. Y es obvio que el problema de fondo de la exclusión de per­ sonas, colectivos y territorios tiene una variable básica y fundamental en la «falta de participación en esa riqueza».

3.2.

Antecedentes

En todos los países, a finales de los ochenta y principios de los noventa, se han desarrollado una serie de experiencias en este campo y ha crecido el interés por estas empresas sociales; este hecho se ha puesto de manifiesto con la creación de marcos legales nacionales.

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245

que crean unas condiciones jurídicas, fiscales y de exención de la Se^ guridad Social, de ayuda a la formación, motivación y acompaña­ miento, mucho más favorable a estas experiencias que crean ocupa­ ción a los colectivos afectados por la exclusión. En concreto, existe una legislación francesa específica (circular de 24 de abril de 1985, ley 91, de enero de 1991, y el Decreto de 7 de mayo de 1991), donde se precisa el carácter y las ayudas de la Adminis­ tración pública a las empresas de inserción y especialmente la cláusula del «mieux disant social», cláusula adicional a los mercados públicos, de acuerdo con la circular de mayo de 1993 y de diciembre de 1995. También en Italia a partir de 1991 se promulga una ley nacional sobre las cooperativas sociales. Se trata de la ley de 8 de noviembre de 1991 por la cual se reconocen este tipo de cooperativas y admitiendo la posibilidad de establecer convenios con la Administración pública, con la condición de que se creen oportunidades de trabajo para las personas en riesgo de exclusión. En el caso del Estado español, no existe legislación específica, sólo la ley de cooperativas. En el mes de septiembre de 1995 se pre­ sentó a las Cortes una proposición de ley sobre Regulación de las em­ presas de economía solidaria y alternativa, y en la exposición de mo­ tivos se dice que se pretende una homologación con las empresas de inserción francesas y las cooperativas italianas. Ea Unión Europea muestra una creciente preocupación por la ex­ clusión. La inserción de los colectivos desfavorecidos se ha convertido en una de sus prioridades. La última reforma de los Fondos Sociales Europeos, que se concreta en el Reglamento núm. 2.084, aprobado por el Consejo el 20 de julio de 1993, añade la frase «facilitar la in­ serción de las personas en procesos de exclusión del mercado de tra­ bajo», es una buena muestra de estas nuevas prioridades. Así se constata también en el Libro Blanco sobre el Crecimiento, la Competitividad y la Ocupación cuando establece que la prioridad es la lucha contra el paro. Aparece también la necesidad de establecer nuevos mecanismos de solidaridad que compensen las deficiencias del mercado, creando un pacto social entre los que tienen trabajo y los que no lo tienen, haciendo, en definitiva, una política activa de mer­ cado de trabajo. lO índice

24 6

A todo esto es necesario añadir que en los diferentes Consejos Europeos de Ministros y de Jefes de Estado se ha reafirmado la nece­ sidad de una estrategia europea de ocupación que asegure la creación de puestos de trabajo, aumente la solidaridad y promueva el acceso al mercado de trabajo de las personas más vulnerables. 3.3.

Concepto y aspectos clave

Concepto Las empresas de inserción son empresas que intervienen en el mer­ cado al igual que cualquier otra empresa (sin fórmulas de empleo prote­ gido ni subsidiado), pero con el objetivo fundamental de contribuir a la inserción sociolaboral de personas socialmente desfavorecidas. Básicamente las empresas de inserción son iniciativas surgidas de un nivel próximo al acto de la inserción. Proceden de promotores con iniciativa empresarial, que viendo el problema de la exclusión social, toman la decisión de pasar a la acción, mediante el desarrollo de una actividad económica que permita la inserción por lo laboral de perso­ nas de su entorno que sufren marginación social (inmigrantes, jóve­ nes en riesgo de exclusión, personas de etnia gitana, parados de larga duración en situación de pobreza severa, ex reclusos, ex toxicomanos, mujeres con cargas familiares no compartidas). Son estructuras productivas que intervienen en situación real de empresa, como una empresa más, y que se convierten en instrumen­ tos y espacios de inserción laboral en sí. Que permiten, o bien cubrir parte del itinerario de inserción de una persona que sufre la situación antes indicada, posibilitándole a través de un trabajo real, en condi­ ciones reales de empresa, adquirir las habilidades y la experiencia ne­ cesaria para desenvolverse con garantías en el mundo laboral, y/o bien constituirse en sí como estructura definitiva de inserción, pasan­ do en un tiempo y con una estrategia adecuada a ser una empresa más en el ámbito de la economía social. Otra característica que define este tipo de empresas es que ade­ más de intervenir en igualdad de condiciones en el mercado sus be­ neficios repercuten por entero a reinvertirse en los fines previstos de generación de empleo e inserción sociolaboral

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247

Conceptos clave que definen y difierencian a estas empresas • Tienen vocación de beneficio, puesto que necesitan utilizar el mismo para desarrollar los procesos de inserción y el manteni­ miento de la empresa, pero no ánimo de lucro. • Son empresas, no son asociaciones, fundaciones, escuelas-ta­ ller..., que bajo una fórmula empresarial determinada persi­ guen el objetivo para el que son creadas: la inserción sociolaboral de personas con dificultades, a través de la actividad empre­ sarial y compitiendo en el mercado con el resto de las empresas. • Aunque se integran dentro de la filosofía de las empresas de eco­ nomía social, se diferencian de éstas en su objeto, articular proce­ sos de inserción sociolaboral para personas excluidas socialmente. • El planteamiento es el de pedir mercado, no subvenciones, puesto que es la competencia en el mercado y los beneficios que reporta la actividad económica los que mantienen los puestos de trabajo. Esto no significa que estas empresas no necesiten de recursos y ayudas que apoyen los procesos de inserción (salario social, recur­ sos provenientes de los servicios sociales, apoyos educativos, etc.), sino que estos recursos se integran y articulan en torno al proceso y fin último de la empresa, la inserción sociolaboral. • Ofrecen el mismo o mejor nivel de calidad técnica en la pres­ tación del servicio o transformación del producto que el resto de empresas «normalizadas». • Son estructuras productivas claramente integradas y compro­ metidas con la promoción social y económica del territorio donde surgen, con planteamiento claro de desarrollo local y cambio social. Una vez consolidadas son estructuras genera­ doras de iniciativas similares en su zona de intervención. • Son estructuras económicas que apuestan y se desarrollan en sectores económicos en expansión , no en recesión. • Su planteamiento es que las estructuras estables de la empresa estén, a corto o medio plazo, protagonizadas e integradas por personas que hayan desarrollado su proceso de inserción en la empresa, articulando por tanto desde la misma los procesos de formación y capacitación que sean necesarios. lO índice

248

• En su configuración, integran la dimensión de lo social y de lo económico. • Se apuesta por la democracia interna, la participación, y la im­ plicación de los trabajadores y trabajadoras con los objetivos de la empresa. • Se configuran como estructuras económicas con clara vocación de colaboración, asociación y refuerzo mutuo entre ellas, en ámbitos locales, autonómicos, estatales y europeos. • Se configuran igualmente como estructuras socioeconómicas con clara vocación de progreso y transformación social, parti­ cipando de la riqueza de esta sociedad para transformarla, con el objetivo irrenunciable de superar la exclusión de personas, colectivos y/o territorios.

4.

SITUACIÓN DE DESARROLLO Y EXPERIENCIAS EN NUESTRO TERRITORIO

En España existen experiencias en este campo en Madrid y en Cataluña, teniendo en las de Madrid un peso más fuerte el movi­ miento asociativo y estando ubicadas en ámbitos sociales. En Catalu­ ña las empresas de inserción tienen un planteamiento más claramente empresarial, haciéndose importantes avances en el desarrollo de estas empresas en esta Comunidad, mediante el apoyo de la Administra­ ción autonómica a las fórmulas de cesión de mercado público, puesta a disposición de recursos, y favoreciendo la misma la contratación de los servicios de estas empresas. En Andalucía poco a poco se van desarrollando iniciativas de este tipo, que han surgido, hasta ahora, en la mayoría de las ocasio­ nes de proyectos de formación y empleo promovidos por distintas Administraciones públicas o por entidades privadas que se dedican a la inserción sociolaboral. Hasta ahora se han puesto en marcha iniciativas empresariales que responden a este modelo con sus pro­ pios recursos y con los existentes para la financiación de estos pro­ yectos, porque, como hemos comentado anteriormente, existe aún legislación estatal o autonómica que regule estas empresas. Por tanto

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249 es cada iniciativa empresarial la que tiene que luchar por el apoyo de la Administración y la consecución de recursos, no obstante existen empresas de inserción en casi toda Andalucía: Tierra y Paz, de Huelva; IDEA, S.L., y CRECER, S.L., en Sevilla; Zoveco, en Córdoba; OPRODE, S.L., y PIORNO, en Granada, además de otras iniciati­ vas en vías de desarrollo generadas desde el proyecto SURGE, en Al­ mería, Cádiz y Granada. Un factor muy positivo que está favore­ ciendo y apoyando su desarrollo es la Asociación Andaluza de Empresas de Inserción, foro de debate y representación de estas em­ presas a nivel andaluz. Desde el IMFE, en este marco, a raíz de las experiencias desa­ rrolladas en Proyectos pertenecientes a Iniciativas Comunitarias de­ sarrolladas por el Instituto Municipal de Formación y Empleo, se han gestado empresas de inserción: OPRODE, S.L.; PIORNO, S.L.L., y están actualmente constituyéndose otras en el sector textil INTEX, S.C.A., y Biogranada Gestión de Residuos, S.L., en el sec­ tor del reciclaje. Teniendo en cuenta que una cuestión fundamental para que estas iniciativas tengan éxito es que estén apoyadas por la Administración pública, en lo que se refiere a recursos humanos, económicos y materiales y reserva de mercado público, nace el Plan Municipal de Empresas de Inserción del Ayuntamiento de Granada. Iniciativa respaldada por todos los grupos políticos, que viene a ga­ rantizar, a través de la reserva de cuotas de mercado público del Ayuntamiento de Granada, y la puesta a disposición de la interven­ ción de recursos sociales, económicos, educativos, mediante la coo­ peración de las diferentes Áreas Municipales y otras entidades públi­ cas y privadas relacionadas con la intervención sociolaboral, el desa­ rrollo de estas empresas. Actualmente trabajamos para conseguir la materialización de los compromisos que la Administración local ha contraído.

5.

MODELO METODOLÓGICO DE INTERVENCIÓN: EL ITINERARIO DE INSERCIÓN

Como hemos descrito anteriormente, lo que caracteriza a estas empresas es que desarrollan procesos para la inserción sociolaboral de personas excluidas socialmente, para su integración a través del lO índice

250

empleo. No se trata de contratar personas socialmente desfavoreci­ das, se trata de emprender un proceso conjuntamente con la per­ sona, que la capacite para que pueda integrarse laboralmente. C la­ ro está que cada persona parte de una situación individual y dife­ rente en cada caso, y que habrá personas para las que la empresa de inserción sea un tránsito que la capacite para acceder al merca­ do normalizado, y otras que necesiten permanecer en estas estruc­ turas de inserción por más tiempo o para siempre, si es que su si­ tuación de problemática o deterioro les impiden dar el salto al mercado normal. Independientemente de esto, hemos de ser conscientes de que las personas con las que vamos a trabajar parten de una situación en la que se combinan diversas circunstancias y problemáticas que son las que dificultan su acceso al empleo, por tanto para que este tipo de in­ tervenciones tengan éxito no nos podemos centrar únicamente en for­ mar y capacitar a la persona, es necesario intervenir e influenciar en una serie de variables y ámbitos no sólo formativos y laborales, sino de cobertura de las necesidades básicas, educativo, familiar, social, etc., que son los que van a garantizar el éxito y la continuidad de la inter­ vención. Por tanto es necesario diseñar una intervención integral que dé cobertura a todos estos niveles, pero teniendo en cuenta que va a ser diferente para cada participante, en función de sus necesida­ des, características y situación de partida, por ello hay que consi­ derar cada intervención como única y diseñar un itinerario perso­ nalizado. Considerando estas apreciaciones nuestro modelo de interven­ ción se centra en un itinerario que integra varios niveles de inter­ vención:

5.1.

Intervención individual

En este nivel de intervención se realizarán todos aquellos procesos que incidan en el desarrollo personal de cada participante, fomentan­ do sus habilidades sociales, formación, cualificación profesional, ex­ periencia. Todo ello bajo la siguiente metodología:

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251

a)

Inventario curriculary análisis de variables

Se recogerá información sobre los datos personales que más pue­ den afectar al proceso de formación-inserción, a través de solicitudes, sesiones individuales, etc.:

b)

1.

Potencialidades personales.

2.

Potencialidades profesionales.

3.

Factores inherentes a la inserción.

4.

Problemática general.

Diagnóstico

Se realizará un informe cuyo objetivo será una evaluación previa del proceso de inserción, determinando las actuaciones en materia sociofamiliar, de formación y orientación que posteriormente se realiza­ rán para incrementar su nivel de ocupabilidad. c)

Itinerario personal

— Fases del proceso de intervención: • Fase inicial de diagnóstico y selección. • • • •

Fase Fase Fase Fase

de formación previa. de Formación Profesional. inicial de Formación-Producción. de consolidación de la inserción.

— Niveles de intervención: 1.

Orientación para el empleo y la inserción sociolahoral: Fiabilidades personales. Habilidades sociales. Búsqueda activa de empleo. Asesoramiento profesional. lO índice

252

2.

Formación — Formación profesional ocupacional. — Formación reglada y apoyos educativos. — Formación en actitudes y valores.

3.

Inserción y empleo: — Por cuenta ajena: Estrategia de incorporación a la empresa: A)

Período de Formación-Producción en empresas normalizadas.

B)

Período de Formación-Producción en empresas de inserción.

C)

Unidades de producción en empresas de inserción.

— Creación de empresas: Estrategia de incorporación a la empresa:

4.

A)

Empresa con la figura del Formador-Gerente.

B)

Empresa asociada a una Empresa de Inserción.

C)

Empresa con un agente externo emprendedor.

Consolidación del puesto de trabajo y!o de la empresa: — Diseño participado del plan estratégico de consolidación. — Implicación de las entidades e instituciones. — Captación y consolidación de mercados. — Formación continua.

5.2. Intervención socioeducativa a)

Diseño del Plan de intervención socioeducativo

Será necesario realizar un diagnóstico socioeducativo de cada uno de los participantes, que nos permita detectar las problemáticas socia­ les, familiares, económica, vivienda, salud, comunitaria, existentes.

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253

En base a este diagnóstico se diseñará un plan de intervención inte­ gral de carácter individualizado, adaptado a cada uno de los partici­ pantes, para su posterior desarrollo a lo largo de todo el proceso de intervención.

b)

Intervención sociofamiliar En este proceso, se seguirán los siguientes pasos: • Análisis y priorización de las problemáticas detectadas. • Contactar con los técnicos de Servicios Sociales y estableci­ miento de vías de coordinación y derivación. • Establecimiento conjunto de planes de intervención individual-familiar. • Diseño, desarrollo e implicación de los participantes de activi­ dades comunitarias, en coordinación con los Servicios Sociales Comunitarios: — Actividades lúdicas y culturales. — Actividades de divulgación y sensibilización. — Actividades de implicación de familia en el proceso de in­ serción.

c)

Intervención socióeducativa

Ea educación de adultos o de apoyo educativo tiene como finali­ dad compensar los déficits educativos de los participantes, con objeto de mejorar el aprovechamiento de la formación profesional y permitir que obtengan una titulación académica reglada. Es necesario articular e incluir las intervenciones de apoyo educa­ tivo desde el principio de los procesos de inserción laboral. Será por tanto necesario establecer convenios de colaboración con la Adminis­ tración educativa, para que desarrollen esta intervención y favorezcan la obtención del graduado escolar, o título de graduado en enseñanza básica obligatoria, como ahora con la reforma educativa se va a deno­

lO índice

254

minar, adaptado los procesos normalizados a las especificidades de las personas que están participando en un proceso de formación para la inserción laboral. 5.3.

Intervención sobre el entorno inmediato • Informar e implicar a la familia en el proceso de intervención, fomentado tanto su apoyo a nivel individual, como su organi­ zación colectiva para favorecer las condiciones de los procesos. • Fomentar el movimiento asociativo y colectivo, en torno a las problemáticas de desempleo, para poder ejercer medidas de presión ante la sociedad y los poderes públicos. • Dinamizar la zona de desarrollo de los proyectos y promover el desarroUp económico, social y comunitario de las mismas.

5.4.

Intervención sobre el entorno mediato • Detección de nuevos yacimientos de mercado y análisis de via­ bilidad para proyectos de creación de nuevas empresas. • Establecer colaboraciones con agentes económicos públicos y privados que favorezcan la inserción de estos colectivos. • Establecimiento de convenios y compromisos de contratación con empresas ligados a acciones previas de formación profesio­ nal. • Articulación de compromisos por parte de las Administracio­ nes públicas locales para la contratación de obra y/o servicios.• • Establecimiento de relaciones comerciales y canales de distri­ bución que favorezcan la creación y consolidación de las em­ presas. • Favorecer el establecimiento de relaciones y redes de colabora­ ción y cogestión entre entidades, instituciones y empresas que trabajan desde la perspectiva de la inserción social.

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LAS EMPRESAS DE INSERCION Y EL TERCER SECTOR

Las Cooperativas y las Empresas de Inserción* Pepín de la Rosa Casado Representante de las cooperativas y las empresas participadas de España, en la Confederación Europea de Cooperativas de Producción y Trabajo Asociado (CECOP)

En primer lugar quisiera agradecer a la FEEDEI su invitación para compartir de nuevo un lugar de palabra que permita avanzar en la construcción del sector social en España. El diario El País, en la edición de 29 de noviembre de 1999, publica una columna que nos recuerda que en España existen un millón y me­ dio de personas que dan en denominar «excluidas socialmente o en ries­ go de exclusión», lo que supone un 3% de la población. Por otra parte, según un estudio de la Fundación BBV, en los próximos cuatro años en España se crearán un millón de puestos de trabajo en el sector servicios. Permitidme que a continuación intente clarificar la posición de las cooperativas en el sector, ya que parece que incluso por parte de estudiosos que considero que no están en una posición dogmática se mantiene cierta confusión. En España existen alrededor de 800 Cooperativas de Trabajo, que desde hace tiempo hemos pasado a denominarnos Cooperativas de Ini­ ciativa Social. Cooperativas que gestionan servicios de interés público y/o de responsabilidad pública y que pese al hecho de haber renuncia­ do al lucro, no han renunciado a pensar y trabajar para generar lo que otros llaman beneficios y que nosotros denominamos excedentes:* * Texto presentado en las jornadas «Presente y futuro de la Empresas de Inserción», organizadas por FEEDEI, Madrid, 29 de noviembre de 1999.

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Excedente sociaU pues se trata de empresas con raíces profundas en el territorio que trabajan por y para la promoción social. Excedente societarioy pues es un modelo de empresa participada y democrática, que estructura redes de cooperación y permite la pro­ moción de la persona a través del trabajo, y Excedente económicoy pues el beneficio existente se reinvierte en el desarrollo del objeto social de la cooperativa, hoy el concepto de Ini­ ciativa Social. Pese a que la nueva Ley estatal de Cooperativas recoge y regula la creación de cooperativas de Iniciativa Social como entidades sin áni­ mo de lucro, existen todavía hoy muchas dificultades para poner a todo el sector de acuerdo ya que la desregulación se mantiene. Somos las Cooperativas, las Sociedades Anónimas Laborales, las Asociaciones y las Fundaciones, las que de forma espontánea o a veces inducidas desde la propia Administración hemos asumido el reto de ges­ tionar una parte importante de los servicios de atención a las personas. Pero es cierto que la falta de regulación hace que la fórmula ele­ gida comporte algún tipo de problemática, permitidme que insista, al no haber un marco normativo: • Las Fundaciones gozan de régimen fiscal más beneficioso, pero no nacieron con la idea de gestionar servicios y es difícil su es­ tructuración empresarial. • Las Asociaciones reclaman una modificación de la ley para que sus equipos directivos puedan actuar como equipos gestores y solucionar su situación de «alegalidad». • Las Cooperativas, como fórmula empresarial participada y de­ mocrática, no están reconocidas como entidad sin ánimo de lucro y están discriminadas, por un lado, en la adjudicación de fondos de IRPF, y por el otro, por un régimen fiscal inadecua­ do, que no permite desgravar en caso de mecenazgo. Con el riesgo que cualquier simplificación comporta, me atrevo a decir que si esto es así no se entiende que cada uno siga haciendo la guerra por su parte.

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257 Es importante que el denominado «Grupo de los 16», hoy 17, ONGs que están negociando con el Gobierno propuestas para la me­ jora del denominado Tercer Sector de ámbito social en España, sepan que en sus propuestas hay lagunas importantes, al no estar represen­ tadas, por ejemplo, las entidades sin ánimo de lucro que representa­ mos a la economía social. Paralelamente, es fundamental que los agentes sociales y en parti­ cular los sindicatos avancen en su posición de defensa de los Servicios públicos, procurando que prime el interés en la calidad del servicio y en la calidad de la ocupación, al margen de que la gestión sea directa, por parte de la Administración o delegada a una entidad. Pero al mismo tiempo, es importante que la Administración, que está pidiendo una estructuración más empresarial del sector, no siga discriminando a las entidades que ya hemos nacido como empresas participadas y con voluntad de gestionar y responsabilizarnos de ser­ vicios públicos sin ánimo de lucro. Creo que lo que sí es verdaderamente importante es que se avan­ ce en la articulación de la Sociedad Civil, en la regulación del sector social y en la mejora de las prestaciones desde la defensa de los dere­ chos de los ciudadanos. Hemos vivido ya algún ejemplo de lo que no hay que hacer. No puede volver a pasar, si lo que queremos son servicios de cali­ dad para nuestros hijos y para nuestros mayores, que sea la especula­ ción y el lucro quien gane la partida a costa de mercantilizar el sector y de dar paso a la especulación y al lucro en la gestión de lo público. No puede ser a costa de bajos salarios que se precarizan más y más, ni de entidades que son engullidas por parte de grandes empre­ sas que «han visto» el sector y que lo utilizan para afianzarse en su ac­ tividad principal y ofrecerse como «gestores reconocidos», ni tampoco a costa de posiciones éticas y comprometidas que no reciben el apoyo adecuado. Avanzar en la construcción de la España Social, de la Europa So­ cial, requiere avanzar en la implantación de políticas activas, en la implantación de redes implicadas en el territorio, en la implantación de proyectos de dinamización comunitaria. lO índice

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El sector de la Iniciativa Social y las cooperativas en particular es­ tamos convencidos que es importante pasar de la queja a la propues­ ta, y esa es la dirección que hemos tomado. Nuestro compromiso si­ gue firme en ofertas y respuestas a las nuevas problemáticas sociales, estructurando redes de cooperación como alternativa a la gran empre­ sa y como fórmula para avanzar en la profundización democrática y en la redistribución de la riqueza.

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CONFESAL y las Empresas de Inserción* Julio Martínez Alcalde Responsable sectorial de las Empresas Sociales y de Inserción de CONFESAL (**)

Durante más de un ano, y dentro de este período legislativo, el conjunto de organizaciones sociales que representan al sector de las Empresas Sociales y de inserción hemos estado esperando, con verda­ deras ganas, la aprobación por parte del Congreso de los Diputados la tan esperada Ley de las Empresas de Inserción. Nos consta que este deseo ha sido compartido tanto por los partidos políticos como por los sindicatos, las federaciones patronales, incluidas, por supuesto, las de la Economía Social, así como por los órganos de representación paritaria como el CEPES e incluso el Consejo Económico y Social, ya que todos ellos han aportado al debate ideas y enmiendas; todos he­ mos estado negociando con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia­ les lo que venimos reclamando desde hace tanto tiempo. El resultado ha sido poco menos que frustrante. No ha habido voluntad política suficiente para consolidar lo que de una manera clara ya está instala­ do en la sociedad real como respuesta a un desequilibrio estructural producido por las expulsiones que el mercado produce en los sectores más débiles de nuestra Sociedad del Bienestar. Este inmenso esfuerzo que, hay que decirlo, había alcanzado un acuerdo general en la redacción de lo que vendría a llamarse como la Eey las Empresas de Inserción, ha venido a estrellarse contra los mu­ ros del Ministerio de Economía y Elacienda, que ha puesto en duda (*) Es el texto presentado en el panel «Las empresas de Inserción y el Tercer Sector», en las Jornadas sobre «Presente y futuro de las Empresas de Inserción», organizadas por FEEDEI, Madrid, 29 de noviembre de 1999. CONFESAL; Confederación Empresarial de Sociedades Laborales.

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la eficacia y la rentabilidad social y económica de una ley que, con años de retraso con respecto a la Unión Europea, viene a cubrir un déficit legislativo en el terreno de la corresponsabilidad social. El nivel de consenso comenzaba por reconocer que el fenómeno de la pobreza y la exclusión a que conduce la misma es consustancial a la existencia misma de la sociedad industrial. Frente al tradicional concepto de pobreza propio de una sociedad en desarrollo, aparecen nuevas formas de pobreza y exclusión con sectores marginales de di­ fícil acceso a las oportunidades que ofrece esta sociedad y por tanto a los sistemas normalizados de protección y cobertura social. En este contexto, se puso de manifiesto que estas nuevas for­ mas de pobreza tienen unas características que se identifican por el aumento de las familias monoparentales, la «feminización» de la po­ breza, la «ocupación» de la misma por jóvenes, la irradiación de la misma desde los núcleos duros relacionados con la delincuencia, las toxicomanías, la prostitución y otras formas de vida marginales. Así mismo se puso de manifiesto que se ha generalizado la econo­ mía sumergida, que el aumento de población inmigrante «presiona» fuertemente sobre los sectores con nula cualificación y que la apari­ ción de grupos de parados de larga duración así como enfermedades de largo proceso, son situaciones y formas de vida próximas e instala­ das en nuestra Sociedad del Bienestar. Lo que nos coloca ante la tesi­ tura de dar respuesta a estos problemas, que vienen a ser como el sín­ toma de que no todo está funcionando correctamente. Todos estos procesos son interdependientes y se manifiestan con más o menos síntomas en varias dimensiones, como la salud, la vi­ vienda, la cultura, el empleo, en donde cada uno de estos factores in­ ciden directamente sobre los otros, conduciendo a sus actores a una falta de recursos para aprovechar las oportunidades y creando una cultura específica de la exclusión, en la que se entra mucho más fácil­ mente que se sale. Es el acceso a las oportunidades de empleo lo que garantizaría en primer término la recuperación de estos actores pasivos para convertirse en actores activos en la comunidad, por lo que el conjunto de acciones a acometer desde las Administraciones y por el conjunto de sectores so­ ciales tienen que contener propuestas integradoras en el mercado labo­

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ral. La actividad laboral no debe de ser solamente una transacción de recursos económicos sino una fuente de relaciones identificatorias entre las personas y una red de relaciones sociales normalizadas y socializan­ tes que garanticen cualquier proceso de integración social. En este contexto está apareciendo un consenso general sobre los nuevos conceptos de la Economía Solidaria como marco de desarro­ llo en donde se puedan dar los diferentes procesos necesarios que, combinando recursos financieros, técnicos, sociales y humanos, den como resultado procesos de inserción social y económica. El consenso había llegado a definir con más o menos amplitud el instrumento de puesta en funcionamiento de todos estos recursos y que se había de­ finido como las Empresas de Inserción. También se llegaron a definir conceptos como el Mercado Tute­ lado y las Cláusulas Sociales, que representan un esfuerzo de imagina­ ción colectiva para proponer las condiciones idóneas que faciliten la creación de empresas sociales en un ámbito local, lugar donde se lo­ caliza al sujeto, y que puedan desarrollar actividades mercantiles y económicas con un resultado positivo en cuanto a la aportación de activos sociales, activos económicos y activos societarios, motor de la Economía Sostenible. Desde la celebración de las anteriores Jornadas de la FEEDEI, ha pasado un año y no han cambiado en absoluto las condiciones socia­ les y económicas en nuestro país en lo que se refiere al sector de la ex­ clusión como para que no sigamos reivindicando la necesidad de re­ gular lo que ya manifestábamos entonces: Existiendo desde hace tiempo en nuestro país numerosos ejemplos de lo que proclamamos como la Nueva Economía Social, sigue siendo urgente mediar y arbi­ trar jurídicamente esta diversidad de respuestas de la sociedad civil respecto de unas necesidades y unas injusticias detectadas desde hace mucho tiempo en nuestro Estado del Bienestar. Cuando las numero­ sas organizaciones de las diferentes Comunidades Autónomas necesi­ tan negociar las condiciones de coexistencia, se llega a un límite con las mismas en temas como las exenciones fiscales, las bonificaciones a la Seguridad Social, las subvenciones por creación de puesto de traba­ jo, etc. Lo que hace necesario que se legitimen las relaciones sociolaborales existentes en el sector del non profit de la inserción por lo eco­ nómico. lO índice

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Si se me permite, y dado que sigue siendo válida esta expresión, quiero reivindicar frente a la constitución fácil de estructuras de in­ serción de la confianza de las Administraciones que no crean proble­ mas, la libertad de escoger como espacio de desarrollo personal y pro­ fesional las Empresas Sociales y de Inserción, la libertad de realización de proyectos en un contexto de desarrollo local, el compromiso com­ partido de participar de los mismos valores y cultura de empresa con personas procedentes de situaciones de exclusión, la libertad de expe­ rimentar compartiendo los riesgos que suponen unas nuevas reglas de juego en los terrenos monetarios, financiero, jurídico, económico y social; la libertad de oponer frente a los modelos planos, repetitivos y lineales, modelos que hagan del aprendizaje activo, basado en la ex­ perimentación, la evaluación, la valorización y la difusión de situacio­ nes nuevas o inéditas en la creación de riquezas, un modelo genera­ dor de aires nuevos en la Economía del Desarrollo. Si de esta forma fuera posible la creación de un espacio nuevo, tendríamos ante nosotros la oportunidad de experimentar la posibili­ dad de recuperar los valores éticos de la empresa, que son los que per­ mitirían reconocer al otro como persona humana diferente y original con el mismo nivel de dignidad y libertad y que se proyecta a través de la creatividad y la sensación de sentirse participativo sin distincio­ nes, conservando para sí mismo el derecho a sentirse «otro» y dando lo mejor de sí mismo, incorporar valor añadido y riqueza a la comu­ nidad, que es, en definitiva, donde se nos reconoce como sujetos so­ ciales y participativos. Hace pocas fechas se ha celebrado el Congreso de CONFESAL, donde se ha planteado cuál puede ser la aportación que el conjunto de Federaciones que conforman CONFESAL pueden contribuir al impulso de lo que venimos a denominar «la inserción por lo econó­ mico». En CONFESAL, se creó una Sectorial de Empresas Sociales y de Inserción que venía a recoger las diferentes sensibilidades que alrede­ dor del fenómeno de la exclusión, sus orígenes, sus diferentes mani­ festaciones, así como las diferentes estrategias que se pueden elaborar para su erradicación, estaban apareciendo en las diferentes Comuni­ dades Autónomas. Esta Sectorial ha contribuido impulsando la idea de que en el terreno de lo económico la Economía Social tiene sufi­

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cientes conocimientos y experiencias como para aportarlas a la crea­ ción, asesoramiento y promoción de diferentes alternativas. La fórmula de sociedades laborales puede contribuir por su senci­ llez a dar respuesta jurídica a la necesidad de consolidar buenas prácti­ cas formativas en alternativas concretas de empleo, incorporando la ex­ periencia de gestión, financiación, comercialización y creación de siner­ gias corresponsables ante el reto que supone el de dar oportunidades a los colectivos de nuestras comunidades que se encuentran ya o están amenazados de exclusión social. No están lejanos los tiempos en que al­ gunas de nuestras empresas, y por consiguiente sus trabajadores y sus familias, pasaron por situaciones identificables a las señaladas. Desde la celebración de nuestro Congreso, se estimuló a las Fede­ raciones componentes de CONFES AL a que impulsaran propuestas en la dirección opuesta a la extendida y generalizada creencia neolibe­ ral de que el mercado lo soluciona todo y que apostasen por propues­ tas dirigidas, en los marcos de negociación de sus respectivas Comu­ nidades autonómicas, hacia las posiciones siguientes: — Impulsar y promover desde nuestras Federaciones un merca­ do de trabajo abierto a todos/as. — Facilitar desde nuestras organizaciones la creación de Empre­ sas Sociales que generen activos sociales, activos económicos y activos societarios. — Apostar decididamente por las políticas activas frente a las de subsidiariedad. — Apostar para alcanzar conceptos del orden de que el mercado es un instrumento de redistribución de corresponsabilidad. — Generar y desarrollar un nuevo perfil de Emprendedor Social. — Explorar las nuevas oportunidades de mercado para facilitar desde el sector servicios nuevos empleos, nuevas soluciones y una nueva Economía Social. — Aplicar estas estrategias en una dimensión local, para que la empresa adquiera un nuevo papel económico y cultural y de redistribución de los recursos, haciendo de ella un verdadero actor del desarrollo local. lO índice

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— Utilizar las estructuras económicas con la filosofía de la eco­ nomía social, como estrategia de participación, que permitan que las empresas sociales a crear vengan a ocupar el aspecto social de lo económico y que sean la dimensión económica de lo social. Estamos absolutamente convencidos de que si CONFESAL con­ tribuye como impulsora de estas propuestas al esfuerzo común, la apuesta que se hizo en su día para la creación de la Sectorial de Em­ presas Sociales y de Inserción no solamente habrá sido un acierto sino que se colocará en línea con las organizaciones españolas y europeas, veteranas ya en materia de la inserción social por lo económico.

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Economía solidaría, un instrumento de trabajo para la inserción Equipo de la Fundación Deixalles

INTRODUCCIÓN

Las estructuras de inserción por lo económico se han de enten­ der como unidades productivas dentro de la economía social y soli­ daria. La economía social y solidaria, también conocida como Tercer Sec­ tor, tiene una larga tradición en muchos Estados miembros de la Unión. Se trata de un sector diversificado, en el que las entidades per­ siguen un objetivo productivo y social en el marco de unos principios éti­ cos que las diferencian de otras etnpresas. Deixalles, junto con otros centros, ha hecho un intento por diseñar un marco global donde se recogen algunos principios a través de un documento, «Emprender por un mundo solida­ rio». Este documento, trabajado en REAS (Red Española de Econo­ mía Alternativa y Solidaria), tiene como ambición «asociar a em­ presas y asociaciones a nivel europeo para respetar criterios éticos de funcionamiento y contribuir al intercambio de sus prácticas so­ lidarias». ORIGENES E HISTORIA Deixalles nace en el año 1987 de un acuerdo entre Acción Social (Obispado de Mallorca) y la PIMEN, con un claro objetivo común: lO índice

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contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas propiciando su integración laboral. Para el desarrollo de su actividad terapéutica la Fundación Deixalles parte de una actividad de tipo ecológico. Considera que mu­ chas de las cosas que la sociedad rechaza pueden ser fuente de recu­ peración no sólo para el medio ambiente sino también para aque­ llos más desfavorecidos, principalmente ex toxicómanos, ex alcohó­ licos, inmigrantes, personas solas con cargas familiares no compar­ tidas, etc. La Fundación desarrolla su trabajo a través de cinco talleres bá­ sicos: de carpintería, electrodomésticos, de selección de ropa y pa­ pel, de selección de latas, de selección de botellas y de educación ambiental. Se potencia el trabajo individualizado y grupal, la disciplina ho­ raria, el compañerismo, la autoestima, la capacidad de iniciativa..., con el único fin de conseguir la inserción laboral de aquella persona que ha quedado excluida. La Fundación Deixalles es una entidad sin ánimo de lucro. Se nutre de sus propios ingresos, que obtiene a través de las ventas de los bienes que genera en sus talleres y rastrillos y de la recogida selectiva en los pueblos de Mallorca, tarea que desarrolla desde 1994 a través de un convenio con el Consell Insular de Mallorca y los Ayuntamien­ tos de diferentes municipios. Comenzó en un reducido espacio en la nave que actualmente ocupa en el Rafal Nou, en Palma, y se ha ido extendiendo de manera progresiva. Actualmente cuenta con delegaciones en Sóller y Felanitx, dos pueblos de Mallorca, y el próximo mes se añadirá un nuevo cen­ tro en Arta. Los grupos de acción social de Cáritas son un punto de conexión vital con los pueblos. En estos momentos se acercan a los cincuenta y son los encargados de la recogida de ropa usada, papel y vidrio en di­ ferentes locales. En el año 1998 se recogieron 552.540 kilogramos de residuos en Palma, 302.602 en Sóller y 129.498 en Felanitx. La ropa, el papel y

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la chatarra son las principales demandas de los ciudadanos, que lla­ man directamente a la Fundación para que se haga cargo de este tipo de materiales. Si bien son Emaya y Ecovidrio las empresas encargadas de realizar la recogida selectiva en Palma, en el resto de municipios de Mallorca esa tarea corre a cargo de Deixalles. Esta actividad se de­ sarrolla a través de un convenio entre la Fundación y el Consell Insular de Mallorca y de cada uno de los Ayuntamientos de los pueblos. OTROS PROGRAMAS

Dexalles ha participado en diferentes iniciativas europeas (Florizan-Integra) cofmanciadas por el Govern Balear, el Ayuntamiento de Palma y el Fondo Social Europeo. También ha participado de la Ini­ ciativa Adapt, apoyada por el Fondo Social Europeo y el Consell In­ sular. Esta iniciativa cumple con el objetivo de formar personal con cualificación de técnicos de grado medio en distintos temas relaciona­ dos con la recogida selectiva, la recuperación y el reciclaje de los RSUs. Deixalles, juntamente con el GOB, «Apotecaris Solidaris» y el Consell Insular de Mallorca han constituido un GABINETE DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. Las funciones de este Gabinete se concretan en la puesta en marcha de una amplia estructura de educa­ ción ambiental al servicio de la sociedad en actividades que se concre­ tan en la educación orientada a los colegios, institutos y a la ciudada­ nía en general. Para estos fines se adecúan distintos instrumentos que hacen factibles estas actividades: Jornadas de reciclaje, distintos talle­ res en las escuelas... Lo importante es conseguir una mayor sensibili­ zación hacia la recogida selectiva, el reciclaje y la disminución de los residuos. La creación del Gabinete de Orientación Laboral permite ofrecer una salida laboral a los usuarios que proceden de los cursos formativos y a los beneficiarios que realizan un programa en la Fundación Deixalles a través de la búsqueda activa de empleo orientados por un promotor laboral. lO índice

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Resumen de las colocaciones realizadas durante el año 1998 ENERO

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO-SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

8

6 10

13 15 15

23 11 124

Resumen de las colocaciones realizadas durante el año 1999 ENERO

FEBRERO MARZO +una persona colocada por cuenta propia ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO-SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL

8

“TI 14 “l 4

12 13 5 13

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PROGRAMA FORMATIVO: ITINERARIOS El programa formativo se asienta en dos criterios básicos comple­ mentarios: SOCIALES MEDIOAMBIENTALES iO índice

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El porqué del acompañamiento social: Los talleres de carpintería, selección de ropa, recuperación de ma­ teriales, clasificación y prensado de latas facilitan la incorporación de hábitos laborales, motivando a la persona desde lo productivo hacia una integración social y ocupacional. El acompañamiento desde la práctica productiva (monitores), el contrato de inserción (que incluye al centro derivante, el usuario/a y a la Trabajadora Social de Deixalles que representa a la organización), el seguimiento psico-social periódico con el centro derivante y el pro­ pio espacio formativo individual y grupal que se ofrecen desde Dei­ xalles, son los instrumentos facilitadores que permiten: — Estructurar un proceso personal desde una realidad viva, como es el intercambio con el contacto-realidad del trabajo, facilitando salir de la situación de carencia. — Experimentar nuevos recursos y posibilidades apoyándose en los indicadores educativos de acompañamiento que la organi­ zación ofrece. — Complementar los procesos individuales de inserción con ac­ tuaciones globales e integrales. Nosotros creemos que la inser­ ción laboral ha de ser complemento de una cultura más globalizadora en la que han de participar otros servicios si la ne­ cesidad de la inserción individual lo exige. — Es desde la acción-trabajo que se modifican habilidades y há­ bitos, pero siempre también con una perspectiva grupal (formativa) y comunitaria (intervención para la integración). — El espacio-trabajo permite que se analicen las dificultades de relación, instrumento básico además para una inserción pos­ terior en un contexto de trabajo (actitudes y aptitudes, mie­ dos, carencias, dudas y el reconocimiento de los límites del propio espacio personal). METODOLOGÍA

La idea básica que estructura nuestro proyecto se enmarca dentro de lo que denominamos PLAN DE CENTRO. La variable tiempo lO índice

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tiene un valor importante, ya que la inserción se entiende como un proceso desarrollado en un tiempo máximo de dos años; evaluable en cada etapa con unos instrumentos básicos: — Ficha evaluativa, a cumplimentar por los monitores de taller al finalizar el mes. — Explicación-información del proceso individual-terapéutico de los beneficiarios por parte de la Trabajadora Social en las reuniones de equipo e información de las reuniones de coor­ dinación. Explicación de los acuerdos del contrato de integra­ ción-inserción individual. — Reuniones de regulación (equipo). — Reuniones formativas (Trabajadora Social-Educadora-Usuarios). Es un espacio de formación con periocidad semanal donde intervienen puntualmente el personal del gabinete de Educación Ambiental para temas específicos, respondiendo así, dentro de la formación, a los dos criterios básicos que se­ ñalábamos al principio: • Sociales-terapéuticos/rehabilitadores. • De respeto al medio ambiente a través de la información y la recuperación del valor social del trabajo con RSUs.

Plan de centro: Formación. N.^ de fases: 3. Duración: 24 meses . Recursos humanos: 1 Trabajadora Social. 1 Educadora. 1 Educador/a en temas específicos del Gabi­ nete de Educación Ambiental. 1 Educador-promotor laboral. Monitores. Esta formación es cumplimentada diariamente a través de los se­ ñalamientos educativos dentro del espacio productivo.

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Fase I: Objetivos: — Ubicación en Deixalles: aproximación a los objetivos de Deixalles, perspectiva global y conocimiento de la institución. — Motivar hacia la autonomía y la mejora de la autoestima. — Responsabilidad, puntualidad, grado de iniciativa y capaci­ dad de aprendizaje. — Higiene personal y cuidado de las herramientas. — Productividad y práctica solidaria. Duración: De 2 a 4 meses. No obstante, cada proceso es personal y tiene su propio recorrido, por lo que los tiempos son orientativos. Otros aspectos a trabajar: — Cualidades o aptitudes más importantes que se han de anali­ zar a la hora de tener una actitud adecuada ante el trabajo. — Temas medioambientales: residuos sólidos urbanos, recicla­ je, etc., relacionándolo con la actividad de Deixalles. Impor­ tancia de cara a la sociedad del trabajo que realizamos. Digni­ ficación del mismo. Visitas a centros de interés, relacionados con el reciclaje. — Formación para la capacitación de la selección y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Medidas de seguridad, salud e higiene en el trabajo. Evaluación: Ficha individual de evaluación a cumplimentar por los monitores. NOMBRE Y APELLIDO: SITUACIÓN PSICO-SOCIAL: INFORMACIÓN PREVIA DEL PROFESIONAL DE REFERENCIA: INCIDENCIA Y/O VALORACIONES DE INTERÉS DEL PRE­ INGRESO: lO índice

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VALORACIONES RECOGIDAS AL FINALIZAR EL MES: Responsabilidad Puntualidad Iniciativa Capacidad de aprendizaje Higiene personal Cuidado herramientas Productividad Solidaridad Ubicación en Deixalles Motivación hacia el cambio

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

OBSERVACIONES:

Fase II: Objetivos: — Consolidación de actitudes laborales. — Elaboración conjunta de un proyecto personal de salida labo­ ral normalizada. — Capacitación para la toma de decisiones personales y prepara­ ción para la salida laboral. — Estímulo al sentido crítico, fomentando la autoevaluación del proceso. — Contribuir a la igualdad de oportunidades. Duración: De 3 a 8 meses. Otros aspectos a trabajar: — Diferenciar el plan personal del laboral. — Profundizar en los aspectos personales que inciden en la bús­ queda y mantenimiento del empleo. — Revisar objetivos conseguidos en la primera fase. — Consolidar los objetivos de la segunda fase. — Conocer los fundamentos de la economía social y solidaria.

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Consolidación actitudes laborales

Elaboración conjunta proyecto de salida laboral

Cualidades y apti­ tudes que hay que tener en el trabajo.

Diferenciar plan personal del plan laboral. Quién atiende qué. Expli ­ car relación. Habilidades para evitar conductas poco adaptadas al trabajo. ¿Cómo responde c/u Irente al mismo?

Toma de decisiones

Estímulo al sentido crítico

Lo que tengo. Lo que quiero. Lo que puedo tener.

¿Qué puede hacer X frente a la conducta de Y?

Exposiciones de diíerentes contratos. Elección.

¿Qué podemos hacer cuando no hayganas de trabajar?

Reflexión hacia el sí mismo y hacia los demás. Consecuencia que lo personal tiene sobre los otros, Ej.: Intolerancia. Dificultades que puedes tener para pasar a la III Fase.

Elaboración con­ junta de contrato. Nivel/Sueldo/ Horario/Ambito geográfico.

Individualmente responder a los si­ guientes ítems: Hábitos. Habilidades. Responder a activi­ dades u hobbies. R o ll'p ía y in g entre­ Lluvia de ideas para mejorar la actitud vista de trabajo en el trabajo. Aprender a focali­ Fomentar el zar la conducta. reconocimiento Ej.: Aburrimiento de los propios límites.

Dónde estás Plan laboral: — dónde te ves— dónde X ve a Y, Dificultades: Respecto al trabajo. Respecto a uno y el trabajo. Respecto a cuestiones personales. Actitudes frente a las indicaciones del monitor.

Respuestas frente a comportamientos de los demás. Elegir y comentar tres H.S que no se tienen y comentarlas. Rela­ ción con el trabajo.

¿Qué objetivos te has marcado en Deixalles?

Reconocer funcio­ nes del monitor. yVtención a la pro­ ducción-Atención a las personas.

Reflexionar sobre bajas, enfermedad, etc.

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Evaluación: Ficha aptitudes y habilidades. Valoración Individual de los Monitores-educadores para su derivación a E III Nombre del beneficiario:.............................................. Tiempo en II Fase:........................................................ Actitud gral. hacia el trabajo:

B

Actitud respecto a los monitores: Actitud respecto a las indicaciones y observaciones del monitor:

R

D

B R B

D R

D

Implicación en la tarea: SE IMPLICA Motivación general ante el programa de inserción de Deixalles (marcar con una x) Exclusivamente por motivos económicos [ Interesado

|

| |

Desearía quedarse siempre en Deixalles Comprende los beneficios del programa más allá de los econó­ micos A nivel general : ¿Crees que está preparado/a para un trabajo normalizado? SI NO En caso negativo, ¿porqué crees que no lo está y qué aspectos crees que se tiene que trabajar más con este beneficiario/a ?

Fase III: Objetivos: — Capacitación para la búsqueda normalizada de empleo. Duración: Los dos primeros meses serán de formación y se pasará luego a media jornada y búsqueda activa de empleo con los profesionales de referencia de Deixalles.

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En esta fase comenzará a intervenir el Gabinete de Inserción So­ cio-Laboral (instrumento de colocación de Deixalles). El trabajo del Gabinete se orientará fundamentalmente a realizar un plan personalizado de búsqueda activa de trabajo, en relación a cuenta ajena o autoempleo. Se realizarán tareas de acompañamiento y de refuerzo al usuario. Una vez ubicado en su trabajo, está previsto realizar un seguimiento de apoyo y de orientación para el manteniemiento del puesto de trabajo. Con las personas que consigan un tra­ bajo se realizará un seguimiento durante seis meses. Temas: — — — — —

Capacitación cara al empleo. Técnicas de búsqueda de empleo. Cómo hacer un currículum y elaboración del mismo. Prácticas de entrevista. Legislación laboral, tipos de contratación.

Evaluación: Se valorarán la consecución por parte de los usuarios de los obje­ tivos específicos en esta 3.^ fase, informándose al centro derivante de la evolución y evaluación de los mismos. Propuestas: — Un marco jurídico que favorezca la existencia de empresas de inserción y el apoyo a las ya existentes. — Propuestas de complementariedad entre programas específi­ cos de inserción y servicios de atención primaria, — Inclusión de herramientas evaluadoras tales como propuestas de auditoría social que permitan la evaluación de proyectos sociales que mejoren la calidad de los programas de inserción, con dos objetivos fundamentales: lO índice

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1.

Evaluación del proceso: — Atención a los usuarios. — Intervenciones realizadas y metodologia aplicada.

2.

Evaluación del resultado: — Resultados de inserción laboral. — Resultados de la formación. — Inclusión dentro de las contrataciones de las Administra­ ciones de cláusulas que favorezcan la participación de las Empresas de Inserción dentro de las actividades produc­ tivas que dichas Administraciones generan. — Apoyo de las entidades financieras, sobre todo de las Ca­ jas de Ahorro, a las empresas de inserción y solidarias. Entendemos que no podemos ser consideradas como empresas lucrativas o competitivas, nuestra función es re­ solver problemas, aunque sea a través de lo productivo. Esto es una cuestión que afecta al conjunto de la socie­ dad y también al mundo financiero, basta recordar que las Cajas de Ahorro se gastaron 100.000 millones de pe­ setas en su Obra Social en el año 1998. Si una parte de este dinero se gastase en Apoyo a las Empresas de Inser­ ción y Solidarias, sería una buena inversión social.

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El papel de las organizaciones sociales y el empleo de inserción Javier Pradini Olazábaí

Presidente de FEEDRl

La exclusión social se presenta como uno de los grandes retos es­ tructurales de la Unión Europea, tal y como queda recogido en las di­ rectrices aprobadas por la Comisión sobre los Fondos Estructurales y su coordinación con el Fondo de Cohesión, publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 22 de septiembre de 1999. En esa misma comunicación, la Comisión recoge la importancia de la Economía Social en su contribución a la creación de empleo en el ámbito europeo, situándolo en torno a un 5% aproximadamente del empleo total en la Unión Europea y reconociendo su claro poten­ cial de crecimiento. Por otra parte, también cabe recordar la aparición de nuevas fórmulas de economía que asimismo se consideran de carácter so­ cial, además de las ya clásicas de cooperativas o mutuas. Entre otras podemos citar las Asociaciones, las Eundaciones, las más re­ cientes Sociedades Laborales y las denominadas Empresas de In­ serción, las cuales utilizan cualquier fórmula jurídica, como vere­ mos más adelante. Todas ellas vienen a constituir lo que se viene llamando Tercer Sector o Tercer Sistema. En este sentido, el Grupo de Expertos del Programa Tercer Siste­ ma y Empleo (TSEP-Third System Employment Programme), crea­ do por la DGV de la Comisión Europea, y cuyos trabajos han finali­ zado en septiembre de 1999, ha tratado de delimitar los criterios que inicialmente están sirviendo de base para la definición del concepto Tercer Sistema (habitualmente utilizan este término frente al de Ter­ lO índice

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cer Sector) y lo ha hecho evitando un enfoque exclusivamente formal — organizaciones que cumplen o no con tal requisito— y se ha trata­ do de favorecer una aproximación más ligada a las dinámicas sociales y a los factores históricos que explican el nacimiento y desarrollo de las organizaciones del Tercer Sistema, como es la respuesta dada des­ de la sociedad civil frente a fenómenos locales de exclusión social y desempleo estructural. Entre dichos criterios destacan los siguientes: • Organizaciones que responden a necesidades no satisfechas ni por los sectores público ni privado. • Autoorganización y autogestión. • Orientadas hacia lo social y apoyadas en lo social. • Organizaciones no orientadas exclusivamente hacia el benefi­ cio, si bien pueden existir beneficios, como en el caso de las cooperativas o sociedades laborales. • Incorporan el trabajo voluntario. • Contribuyen a la creación e impulso del capital social. A su vez, las organizaciones del Tercer Sistema presentan una se­ rie de ventajas comparativas en las dinámicas de empleo y desarrollo local, lo que destaca su importancia y favorece su crecimiento: • Son multidimensionales en sus objetivos: Prestación de servi­ cios sociales, ambientales, culturales, etc., dirigidos a la inser­ ción social y generación de empleo. • Cuentan con una gran confianza y complicidad de las comu­ nidades sociales donde ejercen su actividad. • Presentan formas más democráticas y participativas que las tra­ dicionales del sector privado y del público. • Tienen un elevado nivel de flexibilidad, creatividad y capaci­ dad de respuesta. • Ofrecen una visión del desarrollo local más amplia e integradora que la proporcionada por los modelos de desarrollo tradi­ cionales. lO índice

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Según los resultados provisionales del estudio, el Tercer Sistema en su conjunto aporta en ocho países europeos más de 7,2 millones de empleos, lo que supone el 7,7% del empleo asalariado de dichos países. Entre todas ellas yo quiero destacar el papel de las Organizaciones Sociales que promueven y crean las denominadas Empresas de Inser­ ción y su importancia en el incremento de la empleabilidad de colec­ tivos socialmente desfavorecidos y su contribución al fomento de la cohesión social. Y para ello es preciso contextualizar el fenómeno de la exclusión. Uno de los papeles más relevantes que desempeñan las organiza­ ciones de carácter social es su contribución a paliar o resolver las dis­ funciones del sistema económico, político y social vigente, responsa­ bilidad ésta que, al menos en teoría, corresponde al Estado al haberse delegado en él el aseguramiento de una serie de derechos elementales de las personas que están recogidos en la mayoría de las Cartas Mag­ nas de los países. En este sentido, y por lo que al tema se refiere, en España la Constitución en su artículo 35 recoge el derecho al trabajo de todos los españoles. Es evidente la no aplicación de ese derecho, tanto más cuanto que en estos momentos se habla de la existencia de una sociedad dual: los que tienen empleo y los que no lo tienen. Paradójicamente, ni tan siquiera una coyuntura económicamente positiva como la que se vive estos últimos años ha tenido como con­ secuencia la creación de empleo en los mismos porcentajes que el cre­ cimiento económico conseguido o los beneficios obtenidos por las empresas. Si esta situación ya es de por sí cuando menos preocupante, dado que ni las empresas están contribuyendo a la creación de empleo de manera suficiente ni el Estado está en condiciones de garantizar la aplicación del mandato constitucional, desde las organizaciones so­ ciales venimos constatando la aparición de un fenómeno que va en aumento y que se externaliza más claramente en los momentos de bo­ nanza económica, como es la existencia de una sociedad doblemente lO índice

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dual. Más allá de la diferencia entre trabajadores y desempleados po­ demos añadir una nueva división, que siempre ha existido, pero no a los niveles actuales, y es la que se da entre el colectivo de desemplea­ dos, con la presencia de empleables e inempleables o difícilmente empleables. Históricamente el problema de la pobreza y la marginación ha es­ tado ligado al ámbito de actuación de las organizaciones sociales y han estado involucrados tanto en el análisis de las causas que las ge­ neran como en la aplicación de las medidas de intervención a fin de paliar o reducir sus consecuencias. Y a lo largo de los años estas orga­ nizaciones sociales han sabido adaptarse en su forma de actuar a una sociedad cambiante en cuanto a la aparición y desarrollo de nuevas formas de marginación o exclusión: pobres de solemnidad, vagabun­ dos, transeúntes; gitanos, minorías étnicas, inmigrantes; alcohólicos, toxicómanos, SIDA, enfermos mentales; familias desestructuradas, mujeres maltratadas, jóvenes inadaptados; parados, desempleados de larga duración, etc. Este cambio y esta adaptación es la que lleva a las organizaciones sociales a plantearse respuestas adecuadas a los problemas de exclu­ sión que genera un mercado laboral tan dinámico por su precariedad y movilidad, y tan excluyente por su cada vez mayor nivel de cualificación exigido. En una etapa en que el trabajo era un bien escaso, sólo los más preparados y cualificados, obtenían un empleo, aunque no siempre en los niveles deseados. Ello ha condicionado a ir empujando para abajo a sectores menos cualificados que veían que actividades que eran realizadas tradicionalmente por ellos estaban siendo ocupadas por personas con un alto nivel de preparación, que ante la carencia de puestos de trabajo optaban a empleos de menor consideración. Fruto de todo ello, se ha producido una desenfrenada carrera ha­ cia la formación, requisito exigido por las empresas para mejorar el nivel de competitividad de las mismas. En estos momentos de mejoría económica, como así lo indican, entre otros, los últimos informes del Banco de España, se está produ­ ciendo un incremento de los índices de empleo. Ahora bien, si anali­ zamos dónde se producen esos incrementos obtendremos el dato de

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que afectan mayoritariamente a puestos de trabajo relacionados con las nuevas tecnologías y al sector servicios. Paralelamente, y como respuesta a las necesidades de creación de empleo, ha surgido la idea de los denominados Nuevos Yacimientos de Empleo, que son actividades muy relacionadas con el entorno, so­ cial, medioambiental, cultural, y que se presentan como intensivas en mano de obra. Pero estos supuestos nuevos empleos llevaban años estando cu­ biertos, en muchos casos muy precariamente o de manera informal y en otros de manera voluntaria, por sectores próximos a la economía social y por las propias organizaciones sociales, que ven en estos mo­ mentos cómo toda esta serie de actividades que venían realizando, bien como adquisición de hábitos y habilidades de sectores no cuali­ ficados, bien como obtención de recursos económicos, bien como prestadores de servicios a la colectividad, están siendo copados por pequeñas y grandes organizaciones empresariales que, ellos sí, han descubierto no un yacimiento, sino un filón en su explotación. En este sentido, las organizaciones sociales reclaman y exigen el establecimiento de mecanismos legales que contemplen y protejan la participación social y económica de los sectores de población más desfavorecidos y que se encuentran en situación o riesgo de exclusión total, a través de iniciativas económicas que persigan mejorar el nivel de empleabilidad de aquéllos y así poder insertarlos en el mercado de trabajo. Y es aquí donde reside el núcleo fundamental de la intervención de las organizaciones sociales en sus programas de apoyo o puesta en mar­ cha de empleos de inserción. Hay una necesidad cada vez más acucian­ te en mejorar el nivel de empleabilidad de las personas con las que ha­ bitualmente actúan y que se encuentran entre los sectores de la pobla­ ción más desfavorecidos, y conseguir que de inempleables pasen a ser considerados empleadles; esto es, personas interesantes para el mercado de trabajo por su nivel de productividad. Ahora bien, ^qué es lo que condiciona el carácter de inempleabilidad al que nos referimos? En la mayoría de los casos, a su situación de desempleo o de exclusión del mercado de trabajo se unen una serie de problemáticas de carácter so­ cial, familiar, cultural, personal y de salud que agravan su nivel de po­ breza y marginación dificultando su integración social y laboral. lO índice

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Los empleos de inserción hoy por hoy constituyen un elemento fundamental en la culminación de cualquier proceso de intervención social y, por tanto, deben estar garantizados por ley para asegurar su desarrollo. Y así se recoge en la exposición de motivos del borrador del anteproyecto de la Ley de Inserción Sociolaboral elaborado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con fecha 22 de mayo de 1999: las Empresas de Inserción «son iniciativas que combinan la lógi'

ca empresarial con metodologías... que tienen como objetivo potenciar las capacidades de las personas a través de los conocimientos técnicoSy ha­ bituación sociolaboral y determinación de prioridades adecuadas a sus posibilidades y a las del mercado laboral. Por todo elloy se considera ne­ cesario establecer a nivel nacional un marco legal para la inserción sociolaboral». Por lo expuesto, las organizaciones sociales deben seguir jugando un papel fundamental en la creación y desarrollo de las Empresas de Inserción. Por un lado, culminan procesos de intervención de carác­ ter preventivo o paliativo de determinadas problemáticas. Por otra parte, aseguran la prestación de medidas de acompañamiento necesa­ rias en los procesos de inserción laboral. En todo caso, articulan me­ didas complementarias entre sí y garantizan el destino y la finalidad social de las mismas. Además, al estar muy vinculadas a lo local y tra­ bajar sobre el terreno, conectando a diferentes estratos ciudadanos, les convierten en actores principales de la cohesión social.

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La contratación de obra pública como instrumento de la política social* Javier Pérez Llorca Abogado. Diputado Provincial CiU

En este final de siglo, el objetivo de plena ocupación constituye el objetivo ideal de todas las fuerzas sociales y políticas del mundo occi­ dental. Nadie duda de que el bienestar y la cohesión social dependen principalmente de la tasa de ocupación que se dé en cada sociedad. Los procesos de marginación y desarraigo están íntimamente liga­ dos con la existencia de altas tasas de desempleo. La relación entre paro laboral e incremento de actividad antisocial es un factor recono­ cido: el profesor Jeremy RiFKiN, en su obra El fin del trabajo, cita el estudio de M erva y FOWLES, según el cual en Estados Unidos, un crecimiento de un 1% en el desempleo, se traduce en un crecimiento del 6,7% en los homicidios, en un 3,4% en los crímenes violentos y en un 2,4% en los delitos contra la propiedad. Sean estos efectos del paro u otros, lo cierto es que la ocupación y la lucha contra la exclu­ sión social son un bien en sí mismo. Nuestra Constitución define en su artículo 1 al Estado como un Estado Social y Democrático de Derecho. Más allá de las definicio­ nes, creo que podemos afirmar que los constituyentes pretendieron subrayar con esta descripción la actitud activa del Estado ante los problemas sociales. Infundieron en la Administración un imperativo legal en orden a la beligerancia frente a los problemas sociales. No podía ser de otra forma sin desmarcarse del contexto internacional y temporal en que se redactó la Constitución de 1978. * Ponencia presentada en las Jornadas «Las Empresas de Inserción como medio de integración sociolaboral», Granada 29 y 30 de abril de 1999. Con la autorización del Ins­ tituto Municipal de Formación de Empleo.

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En toda Europa las fuerzas políticas sustancialmente coinciden en otorgar a la Administración pública un rol dinámico en la lucha con­ tra la exclusión social. La definición de políticas activas en favor de la ocupación es un objetivo político de primer orden. En Catalunya he­ mos asistido a la firma entre Generalitat y fuerzas sociales del Pacte per a LOcupació de Catalunya, una vez que con fecha 1-1-98 la Ge­ neralitat recibió la transferencia de las políticas activas, cedidas por el Ministerio de Trabajo del Gobierno central. En el seno de la Unión Europea el debate sobre las políticas acti­ vas es una inquietud constante: El 27 de julio de 1994, la Comisión Europea aprobó el Libro Blanco de la Política Social Europea. Un paso adelante para la Unión (Com 94-333). En él se señala que «esta es una buena ocasión de exa­ minar la posibilidad de una mayor acción de la Unión para la inte­ gración de los excluidos del mercado laboral que cubre tanto las di­ mensiones económicas y sociales de esta integración, proporcionando un marco jurídico para apoyar y estimular los esfuerzos de los Estados miembros». El Programa de Acción Social a Medio Plazo (1995-1997) definía las actuaciones que la Comisión se comprometía a llevar a cabo en ese período. De ellas hay que señalar la racionalización de los obser­ vatorios, el desarrollo de los acuerdos de ESSEN en materia de em­ pleo, el permitir que las empresas puedan formular propuestas en la anterior materia y en la lucha contra el paro, etc. En el informe del Comité de Sabios de marzo del 96, Por una Eu­ ropa de los derechos Cívicos y Sociales podemos leer:

«Si Europa rechaza simultáneamente el agravamiento de las desigualdades y de la marginación social y la generalización de las políticas de asistencia pasiva destinadas a las personas en si­ tuación de exclusión, deberá hacer un esfuerzo considerable de innovación, de organización y de movilización para construir un sistema de desarrollo donde todo e/ mundo tenga su lugar, será necesario desarrollar una concepción activa de la ciudadanía donde cada cual acepte tener obligaciones hacia los demás. Hará falta renovar profundamente asimismo nuestras políticas públi­ cas, que deben prevenir tanto como curar, e incitar al esfuerzo más que asistir.»

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Efectivamente, en la definición de políticas activas se requiere bá­ sicamente una voluntad de innovación una adaptación de la Admi­ nistración a los nuevos objetivos políticos que se afrontan. Hoy más que nunca la aplicación de programas de bienestar social depende no tanto de la adscripción partidaria del administrador, sino de su capa­ cidad creativa. Los conflictos sociales en este final de siglo, en Europa sólo pueden ser abordados seriamente desde posiciones innovadoras que, lejos de toda cantinela ideológica, tengan por único norte la eficiencia en la consecución del beneficio social. Por ejemplo, la propuesta formulada en 1997 por el Gobierno Jospin, a iniciativa de su ministra de Empleo y Solidaridad, Martine Aubry, tuvo la innegable virtud de ser imaginativa, de querer explorar nuevas iniciativas; destinando recursos a financiar nuevos empleos «atípicos», destinados a atender necesidades emergentes, empleos que Jeremy Riflkin califica como «Cuarto Sector». Es de apreciar también la valentía política del con sel 1er de Treball de la Generalitat de Cata­ lunya, Sr. Ignasi Farreres cuando verbaliza ideas para reorganizar el sistema de prestaciones a los parados. Bienvenidas sean también las opiniones del profesor Costa Esping-Andersen, que tuvimos ocasión de escuchar recientemente en Castelldefels, en el marco del Primer Encuentro sobre el futuro del Estado del Bienestar, organizado por La Factoría y EAgrupació; opiniones que formuladas desde una perspec­ tiva de progreso social tienen la frescura intelectual de poner en tela de juicio la eficacia de medidas como la reducción de la jornada de trabajo.... En definitiva, nuestros problemas sociales son lo suficiente­ mente importantes como para no poder permitirnos el lujo de afron­ tarlos con el recetario social de nuestros abuelos. Para aplicar las políticas sociales, las Administraciones necesitan dotarse de nuevos instrumentos. Toda Administración cuenta con instrumentos de intervención económica potentes. Instrumentos que no siempre se ponen al servi­ cio de las políticas sociales. Por ejemplo, el volumen de contratación de obra pública en Catalunya es del orden de 200.000 millones de pesetas anuales. Este volumen de recursos es gestionado por las dife­ rentes Administraciones (Generalitat, Ayuntamientos...) cumpliendo las determinaciones de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, L. 13/1995. Una ley concebida para garantizar un proceso lO índice

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de licitación justo, en el que se respete el principio constitucional de igualdad entre los licitadores. El derecho de todo licitador a un pro­ ceso de concurrencia justo ha de ser tutelado por el Estado de Dere­ cho. Cierto. Es un imperativo moral aceptado como tal y regulado por la Ley en el mundo occidental desde el siglo XIX. Ahora bien, ¿con plena salvaguarda de un proceso de licitación justo, sin merma alguna en la calidad de las obras ejecutadas, la Ad­ ministración podría utilizar el volumen de recursos anualmente desti­ nado a obra pública para coadyuvar a sus políticas sociales? La pregunta adquiere máxima importancia si la ponemos en rela­ ción con el volumen de recursos que las Administraciones gestionan a través de procesos de contratación pública. En la Unión Europea las Administraciones dedican unos 720.000 millones de ecus anuales a adquirir bienes y servicios, lo que supone el 11% del producto inte­ rior bruto de la Unión. En esta línea de reflexión, el 27 de noviembre de 1996, la Comi­ sión Europea, daba a conocer el Libro Verde. La contratación pública en la Unión Europea. Reflexiones para elfuturo. El Libro Verde, es una invitación a la reflexión y a la búsqueda de mecanismos que profun­ dicen las políticas comunitarias en un mercado tan importante como el de la contratación pública. La conveniencia de contemplar la contratación pública, no tan sólo como un proceso de garantías sino como un instrumento de po­ líticas sociales, queda patente en los presupuestos del Libro Verde cuando proclama que: «Una política eficaz en materia de contratos públicos es vital para e/ éxito de/ mercado interior en todos sus aspectos. Con la implantación de/ marco jurídico comunitario de contratación pú­ blica, es importante iniciar un proceso de reflexión sobre la mejor forma de aprovechar todas sus posibilidades, para seguidamente someter la materia a debate entre los Estados miembros, el Parla­ mento Europeo, las entidades y poderes adjudicadores (cuya con­ tribución es esencial) y las propias empresas.» La conveniencia de abordar la contratación pública desde una po­ sición de mayor alcance que la meramente garantista es una obliga­ ción acorde con lo exigióle a todo Estado social y democrático de De-

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recho. El Estado no tan sólo ha de arbitrar los derechos subjetivos de los ciudadanos, sino que se ha de colocar en posiciones activas frente a los déficits sociales. Las políticas sociales en este final de siglo ya no son entendidas por nadie como derechos de «segundo orden» frente a otros principales. Por ello, es razonable pretender que las políticas so­ ciales diseñadas por toda Administración se entrelacen, se integren con el resto de instrumentos políticos a disposición de los Estados. Así, en el Libro Verde, en su capítulo 5.5, la Comisión incorpora a sus reflexiones sobre la contratación pública en la Unión Europea la interrelación con «otras políticas comunitarias». Concretamente, bajo el epígrafe 5.5. desarrolla los criterios de «contratación pública y as­ pectos sociales». Definir políticas activas desde las Administraciones la mayor parte de las veces requiere del gestor un gran esfuerzo para «alejarse de la ru­ tina». Para no claudicar apriorísticamente, aceptando que «los proce­ sos son los que son», confundiendo muchas veces control de legalidad con seguidismo. Seguidismo de lo que «siempre se ha hecho» (cuando menos, siempre, en la memoria del administrador). Por ejemplo: nuestra vigente Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Ley 13/1995, de 18 de mayo) derogó la anterior Ley de Contratos del Estado, dictada por Decreto 923/1965, de 8 de abril, que a su vez derogó el Capítulo V de la Ley de Administración y Contabilidad de 1 de julio de 1911 (que había sido reformada ya por Ley de 20 de di­ ciembre de 1952). Hasta la fecha toda la normativa sobre contratación pública en España siempre ha obedecido a un único objetivo político: garantizar la igualdad de concurrencia de los licitadores posibles. Como señalaba anteriormente, es una directriz política que encuentra su origen en las preocupaciones normativas del político decimonóni­ co, preocupado por garantizar que el Estado fuese capaz de gestionar con objetividad sus cometidos. Ciertamente, en 1998, esta directriz política sigue siendo una necesidad. Pero nada obsta para que nuestro marco normativo, al regular la contratación pública, junto a esta di­ rectriz tradicional promueva el cumplimiento de otros objetivos polí­ ticos del Estado moderno, de este al que llamamos social y democrá­ tico de Derecho. En el caso que nos ocupa, nada debiera impedir que se promueva a través de los procesos de licitación el cumplimiento de las políticas sociales promovidas por los Gobiernos. lO índice

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Cuando menos esa es la orientación de la Comisión de las Co­ munidades Europeas, cuando en noviembre de 1996, en el Libro Ver­

de. La Contratación pública en la Unión Europea. Reflexiones para el futuro constata: «Que estando en plena transformación, aún queda camino por recorrer hasta llegar al aprovechamiento pleno de nuestra po­ lítica de contratación pública; ser eficaz en esa política es vital para el éxito del mercado interior y esencial para que el mercado único genere un crecimiento sostenido a largo plazo y cree em­ pleo. Es importante la incorporación de las directivas en la legisla­ ción nacional, ya que los Estados miembros tienen la importante función de cooperar con la creación de unas condiciones que ga­ ranticen tanto el buen funcionamiento de la competencia en la contratación pública como la prosperidad de nuestras empresas, que entronca con el actual debate sobre un Pacto de confianza para el empleo».

A propósito de esto, permítasenos reproducir lo contenido en el apartado 5.42 del Libro Verde: «...Una segunda posibilidad consiste en imponer como condi­ ción de ejecución de los contratos públicos adjudicados el respeto de obligaciones de carácter social, encaminadas, por ejemplo, a fo­ mentar el empleo de las mujeres o a favorecer la protección de de­ terminadas categorías desfavorecidas. A este respecto, la verificación de una condición de este tipo debería tener lugar fuera del procedi­ miento de adjudicación del contrato (véase la sentencia Beentjes ci­ tada así como la comunicación de la Comisión sobre los aspectos sociales y regionales de los contratos públicos, de 22-9-89, COM 89, 400 final DOCE C 311, de 12-12-89). Naturalmente sólo se autorizan condiciones que no tengan efectos discriminatorios, di­ rectos o indirectos, con respecto a licitadores procedentes de otros estados miembros. Además, debe asegurarse una transparencia ade­ cuada mediante la mención de estas condiciones en los anuncios de licitación o en los pliegos de condiciones».

Valorando el contenido del Libro Verde, el Comité Económico y Social, el 29 de mayo de 1997, aprobó un dictamen que señala, entre otras cuestiones, la necesidad de una reflexión global y a largo plazo sobre los verdaderos objetivos que debe alcanzar una política europea de contratación pública, como elemento favorable para una mejor competitividad, un crecimiento con riqueza de empleo y una real in­

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tegración de los mercados. Teniendo en cuenta las prioridades comu­ nitarias, especialmente en materia social, las autoridades públicas ad­ judicadoras pueden integrar estas preocupaciones en los contratos pú­ blicos que realizan. Una política europea en materia de contratos públicos de obras de­ bería reforzar el concepto de «mejor oferta» u «oferta económicamente más ventajosa», ya que el criterio del precio no es el único determinante. También se hace hincapié en considerar la mejora de las condiciones ge­ nerales de acceso a la contratación, en especial para las pequeñas y me­ dianas empresas. Así mismo, destaca el papel importante de los entes lo­ cales, que son los que realizan la mayor parte de los contratos públicos. No resulta extraño estas conclusiones si tenemos en cuenta que es el propio artículo 2 del Tratado de la Unión Europea el que subraya la prioridad de las políticas sociales, como uno de los objetivos de la Unión. Coherentemente, el Libro Verde señala que: «Poderes y entidades adjudicadoras pueden verse obligados a aplicar los diferentes aspectos de la política social en el momento de la adjudicación de sus contratos, ya que las adquisiciones pú­ blicas pueden constituir un importante medio de orientar la ac­ tuación de los operadores económicos. Entre los ejemplos que ilustran esta situación, pueden citarse las denominadas acciones positivas, es decir, la utilización de un contrato público como me­ dio de conseguir el objetivo deseado. Por todo ello, desde el momento de la entrada en vigor de las directivas de contratos públicos, se ha planteado constantemente la viabilidad y conveniencia de perseguir estos objetivos sociales. Determinadas disposiciones, contenidas en todas las directi­ vas, ofrecen la posibilidad de exclusión de empresas condenadas por delitos relativos a su moralidad profesional o comisión de una falta grave, también derivados de la violación de una legislación encaminada a fomentar objetivos sociales. Así se permite indirec­ tamente a los poderes adjudicadores perseguir objetivos sociales, excluyendo de los procedimientos de adjudicación de contratos a los candidatos que no hayan respetado este tipo de legislación. Otra posibilidad consiste en imponer como condición de eje­ cución de los contratos públicos adjudicados el respeto de obliga­ ciones de carácter social. Esta condición deberá ser verificada fue­ ra del procedimiento de adjudicación; no ha de tener efectos dis­ criminatorios, directos o indirectos, con respecto a licitadores lO índice

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procedentes de otros Estados miembros, y ha de asegurarse la mención de esta condición en los anuncios de licitación o en los pliegos de condiciones».

De todo ello, se sugiere la aplicación de la figura de la discrimi­ nación positiva, en el ámbito de la contratación pública. Discrimina­ ción positiva puesta al servicio del cumplimiento de uno de los obje­ tivos de las políticas sociales: la promoción de sectores sociales espe­ cialmente desfavorecidos (mujeres, jóvenes, colectivos de difícil inserción laboral). La figura jurídica de la discriminación positiva como instrumen­ to para resolver conflictos entre derechos es conocida, aceptada y aplicada en nuestro Derecho. Si bien es cierto que lo ha sido, princi­ palmente, en materia de derechos laborales. O cuando menos, es en este ámbito donde su aplicación ha obtenido una aplicación más ge­ neralizada. Nada impide, desde el punto de vista conceptual, que esta misma técnica sea aplicada en el entramado jurídico que regula la contratación pública. Ese es el horizonte al que apuntan los esfuerzos de la Comisión Europea. Hasta la fecha, las legislaciones nacionales (como veremos con pocas excepciones) se limitan a regular un proceso de concurren­ cia en términos tradicionales. Las experiencias conocidas pivotan sobre las iniciativas de las lla­ madas empresas de inserción, cuyo objetivo en facilitar la incorpora­ ción al mercado de trabajo a personas pertenecientes a colectivos con dificultades para acceder al mismo. En Francia la Empresa de Inserción (El) opera en el mercado or­ dinario. Como cualquier empresa, produce bienes y servicios destina­ dos al mercado y sus recursos provienen fundamentalmente de sus ventas. La El debe presentar garantías de viabilidad económica. No existen mercados reservados a las El. Cuenta, eso sí, con un soporte estatal: una cláusula de «mieux disant social» en la concurrencia en los mercados públicos: Circular TEFP 14/93, de 29 de diciembre 1993, y Circular n.° 95-94, de 14 de diciembre 1995. La circular interministerial (1993) conocida como de «mejora so­ cial» autoriza a tener en cuenta en las licitaciones de mercados públi­ cos criterios relativos al empleo y a la lucha contra la exclusión.

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En España el marco normativo viene dado por la Ley 13/1995, que se quedó a las puertas de incorporar esta sensibilidad manifestada por la Comisión Europea. Que sea así es razonable, si consideramos que a fm de cuentas el Libro Verde de la Contratación Pública en la Unión Europea, data del 27-11-1996, es decir, que corresponde a un debate posterior a la promulgación de nuestra Ley de Contratos. Ley que, por otro lado, en su preámbulo justifica su aparición precisa­ mente por la voluntad de adaptar nuestro proceso de licitación a las directivas comunitarias. Por tanto, el marco normativo de la obra pública en Catalunya viene determinado por la ley 13/1995 de 18 de mayo, Ley de Con­ tratos de las Administraciones Públicas. En Catalunya, la Generalitat ha desarrollado dos líneas de actua­ ción como medidas activas, dirigidas a corregir las situaciones de ex­ clusión sociolaboral y de pobreza: La primera disposición se establece en la Orden de 20 de febrero de 1996, del Departament de Treball, regulando el programa de ayu­ das para la inserción laboral de personas acogidas al PIRMI mediante empresas y entidades. Basándose en el art. 15 del Decreto 228/1995, regulador del Programa Interdepartamental de la Renta Mínima de Inserción (PIRMI), y en el art. 12 de la Ley 13/1989, de Organiza­ ción, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalitat de Catalunya, dicha Orden, además de establecer los cri­ terios y objetivos para regular la participación en programas de inser­ ción, abre el censo de empresas y entidades colaboradoras de inser­ ción del Departament de Treball, definiendo este tipo de empresas y estableciendo los requisitos para su inscripción. Es importante reseñar que en el art. 26 de dicha Orden se indica que la evaluación de este programa ha de servir para determinar los medios que podrían mejorar las acciones que la Generalitat de Cata­ lunya desarrolla en relación con la inserción laboral. La segunda iniciativa proviene del Departament de Bienestar So­ cial, con el programa Posar a Punt cuyo objetivo es contribuir a la in­ serción sociolaboral de los colectivos más desfavorecidos, que viven en barrios prioritariamente administrados y gestionados por ADIGSA (empresa pública), en colaboración con los Departamentos de Trabajo y Bienestar Social. lO índice

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ADIGSA (empresa de la Generalitat de Catalunya, no sujeta al trámite estricto de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi­ cas (13/1995), elaboró en junio del 97 un «plec de bases complemen­ tar!» para la incorporación de proyectos de inserción sociolaboral para colectivos desfavorecidos, en la contratación de unas obras determina­ das. Dichos proyectos de inserción sociolaboral se han incorporado a licitaciones en que para su adjudicación se ha utilizado los mecanis­ mos del concurso, en cuanto son susceptibles de introducirse mejoras y por lo que hace en la admisibilidad de variantes (Ley 13/1995, «me­ jora de la oferta», «admisibilidad de variantes», «precio alzado», etc.). Estas experiencias de contratación pública con inclusión de cláu­ sulas sociales, siendo las primeras experiencias desarrolladas en el país, han tenido un resultado positivo y se han situado en la perspectiva trazada por la Comisión Europea a través del Libro Verde, Dejando a un lado estas novedosas experiencias, podemos decir que nuestro marco normativo regula el proceso de adjudicación de contratos públicos en base al interés público. Interés que se concreta en asegurar la igualdad de los licitadores. Exclusivamente. No obstan­ te, nada impide que una modificación de la vigente Ley de Contratos incluyera en el concepto de interés público, junto a la igualdad de los licitadores, la aplicación de políticas sociales. Es más, creo que aun sin esperar a la deseable modificación de la Ley 13/95, el marco jurí­ dico vigente (conformado no tan sólo por la regulación expresa de la ley 13/95 sino, además, por la normativa europea y la jurisprudencia) permite la incorporación al proceso de licitación de cláusulas sociales. Veamos la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Cana­ rias de 1 de octubre de 1993, cuando en su Fundamento de Derecho Tercero nos dice lo siguiente: «Aunque el sistema de concurso, frente a los otros sistemas de selección del contratista, ofrece a la Administración un mayor margen de libertad en la elección, sin embargo ésta no puede ser tan absoluta que permita una arbitrariedad, que viene prohibida por el art. 9 CE. Ese margen de libertad está limitado, de un lado, por los mecanismos de control que el ordenamiento jurídico ofre­ ce para revisar la actividad discrecional y, de otro, por el propio pliego de condiciones, que es ley del concurso, y que obliga tanto a los concursantes como a la Administración contratante. En este

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último aspecto es suficientemente claro el art. 15 RCCL, de 9 enero 1953, al señalar que “en el concurso la licitación versará so­ bre las circunstancias y elementos relativos al sujeto y al objeto del contrato, y la adjudicación se otorgará a la proposición que, cum­ pliendo las condiciones del pliego, resulte más ventajosa, sin aten­ der únicamente la oferta económica y según el juicio de la Corpo­ ración, que será discrecional, si la Ley o la convocatoria no deter­ minasen motivos de preferencia.» Parece claro, pues, que aquí lo importante es que la actividad dis­ crecional de la Administración licitante del Contrato no incurra en arbitrariedad, y según la Sentencia que acabamos de citar parece ser que aparte del lógico control jurisdiccional del que puede ser objeto dicha discrecionalidad, el propio Pliego de Condiciones Particulares actúa como garantía de que no se incurra en arbitrariedad. Ahora bien, esto sucede a la hora de llevar a cabo la adjudicación del Con­ trato, pero podría ser que fuera a la hora de redactar las Condiciones Particulares del Contrato cuando la Administración contratante incu­ rriera en esta supuesta arbitrariedad. Al respecto nos resulta de gran importancia por su novedad lo ex­ puesto en el Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia de la Sección 5.^ de la Sala 3.^ del Tribunal Supremo de 15 de julio de 1996, a cuyo tenor: «Como ya hemos dicho, el principio genera/ que rige la ma­ teria es el de que la clasificación del contratista le habilita para concurrir a los contratos que pretenda realizar la Administración. Ello no implica, sin embargo, que la Administración no pueda in­ troducir requisitos específicos, por vía de Condiciones Particula­ res. Esta posibilidad está contemplada en los artículos 110 y 312 del Reglamento de Contratación. Pero tanto por la naturaleza de /os Pliegos de Condiciones Particulares, como por el contenido de/os artículos 110 y 312, citados, tales criterios objetivos han de ser precisos, justificados y habrán de tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: experiencia en modernas tecnologías, progra­ mación de la obra y criterios análogos.» La clave de la cuestión para la no incursión en arbitrariedad, ra­ dica en que la justificación del requisito que se introduzca como con­ dición en la contratación sea objetiva, lógica y razonable. Esto viene reforzado por la Sentencia de la Sección 5.^ de la Sala 3.^ del Tribunal lO índice

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Supremo de 30 de junio de 1997, que va en esta línea en su Funda­ mento de Derecho Tercero: «...no se vulnera el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución porque se convoque un concurso para la adquisición de productos de importación o, en general, de material que re­ quiera una concreta especificación técnica, puesto que ello puede venir impuesto por necesidades de moderna y alta tecnología; no hay vulneración de igualdad porque se formulen en los pliegos de contratación especificaciones a determinadas marcas o modelos siempre que se ajusten a lo establecido en el artículo 244 del Re­ glamento de Contratación, en el sentido de no limitar sino de ad­ mitir otros productos equivalentes.»

También por la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 5 de marzo de 1996, en su Fundamento de Derecho Tercero: «...Resultando fácil deducir de todo ello, como norma que el ordenamiento jurídico impone a la Administración en supuestos como el enjuiciado, aquélla según la cual la no contratación de un medio, que en sus características técnicas se presenta como homo­ géneo a otros sí contratados, exigirá, como requisito preciso para que el derecho a la igualdad en la aplicación de la norma no resul­ te vulnerado, que la exclusión obedezca a una justificación que se muestre como objetiva y razonable, de acuerdo con criterios y jui­ cios de valor generalmente aceptados...»

En lo que hace referencia al otro aspecto que hemos hecho men­ ción anteriormente, el de la protección de un supuesto interés de ca­ rácter social o público, destaca la Sentencia, una vez más, de la Sec­ ción 5 A de la Sala 3.^ del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 1997, en su Fundamento de Derecho Tercero: «La desviación de poder en que se insiste carece también de toda consistencia, a la vista del expediente administrativo y de la prueba practicada en primera instancia. En el procedimiento de concurso — que se ha seguido correctamente en el caso— la Admi­ nistración no está obligada a aceptar el mejor precio, sino la oferta más favorable al interés público. Los documentos existentes en el expediente justifican claramente la decisión del órgano de contra­ tación al valorar las dos ofertas más favorables (la del apelante y la de la empresa que resultó adjudicataria) e inclinarse por la segun­

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da, ya que en la experiencia de la propia Administración municipal respecto de contratos anteriores con ambas empresas se consideró, por las ponderadas y no desvirtuadas razones que expresan los in­ formes municipales, que la oferta de la segunda empresa no había incurrido en deficiencias en la prestación de servicios y era la más conveniente a los intereses de la Administración contratante.» ¿Quien define el interés público? Parece razonable sostener queel Parlamento y los Gobiernos; como concreción de la voluntad po­ pular tienen la función de definir, en cada época, las políticas que tiendan a beneficiar el interés público. El interés público no es un concepto inmutable a lo largo de los tiempos. Por ello, si universal­ mente está admitido que convienen al interés público las políticas so­ ciales que luchan contra la exclusión, ¿que impide que en la defini­ ción de interés público en orden a los procesos de licitación las Ad­ ministraciones incorporen como elementos objetivos criterios de políticas sociales? Personalmente, creo que nada. Ciertamente se puede argumentar en contrario que estaríamos ante una colisión de derechos, los derivados del principio de igualdad de los licitadores, protegido por el artículo 14 de la Constitución y los derivados de las políticas sociales desarrolladas en aplicación de lo dispuesto por el Capítulo III del mismo texto constitucional. La so­ lución al conflicto la hemos de buscar en la aplicación de la técnica de la discriminación positiva. Un ejemplo de técnica de discriminación positiva es la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de no­ viembre de 1997, dicho tribunal se declara partidario de este tipo de actuación cuando se le plantea la siguiente cuestión prejudicial: En el Asunto 31/87, Gebroeders BeentjesBV contra Estado de los Países Bajos se planteó ante el Tribunal la licitud de la inclusión de una condición para la adjudicación de un contrato de obra pública, con arreglo a la cual se exigía al contratista que contratara a un deter­ minado número de trabajadores en paro prolongado e inscritos en una Oficina Regional de Empleo. En el asunto Beentjes el TJCE acogió expresamente el hecho de que los Estados miembros incorporen a sus procesos de licitación como criterios objetivo, elementos de su políticas sociales. Con este pronun­ ciamiento el Tribunal ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de es­ lO índice

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timar como válidas cláusulas incluidas en anuncios de licitación de con­ tratos públicos que persigan como objetivos combatir el desempleo ju­ venil, la formación profesional, la sanidad, la Seguridad Social o la su­ presión de la discriminación por motivos de raza, religión o sexo. Ello siempre y cuando estas clásulas respeten el Tratado de la Comunidad Europea y las disposiciones de las directivas sobre contratos públicos, lo que exigiría, en cualquier caso, un análisis individualizado. Como señalan FERNÁNDEZ MARTÍN y S tehmann , en la sentencia Beentjes el Tribunal parece admitir la utilización por los poderes públi­ cos adjudicadores de consideraciones sociales en la contratación pública. En definitiva, la contratación pública, aunque de forma limitada, se puede utilizar como instrumento de política social y regional. Es más, estos fines han sido claramente potenciados con la aprobación del Tra­ tado de la Unión Europea. En este sentido, el artículo 2 del Tratado contempla la misión de promover la cohesión económica y social y la solidaridad entre los Estados miembros, que constituyen objetivos esen­ ciales para lograr el progresos y el éxito de la Comunidad; en la letra j) del artículo 3 se especifica que el fortalecimiento de dicha cohesión es una de las tareas que debe llevar a cabo la Comunidad para alcanzar los fines enunciados en el artículo 2; en fin, el artículo 130 A del Tratado de la Comunidad Europea destaca la importancia de avanzar en el ca­ mino de la cohesión económica y social; la Comunidad, establece el pá­ rrafo segundo del citado precepto, se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas, incluidas las zonas rurales. Como señalan V an G ersen y GiLLlAMS, el Tribunal ha insistido en la necesidad de que las directivas sobre públicos se interpreten de manera conforme con los principios del Tratado. Artículo 2 de Trata­ do: procurar la cohesión social y económica. En definitiva, la inclusión de cláusulas sociales en los procesos de licitación de obra pública será una práctica común en los países de la Unión a corto plazo. Sería deseable que desde nuestro país adopte­ mos las iniciativas necesarias para permitir que la contratación de obra pública, lo antes posible, sirva también al cumplimiento de las políticas sociales.

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Los procesos de Formación y Cualífícación en el empleo de Inserción Equipo PROMOCIONS (Emeteri Frago, Daniel Jover, Víctor M. López, Francesc Márquez y Guillermo Mora)

«Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo porque no importa llegar pronto ni solo sino con todos y a tiempo.» (León Felipe)

INTRODUCCIÓN

Nos piden los amigos de Cáritas que colaboremos en el núme­ ro monográfico de la Revista DOCUMENTACIÓN SOCIAL dedicada a LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN con una reflexión sobre la for­ mación y cualificación desde la perspectiva de los empleos de inser­ ción. Es una buena ocasión para repensar y compartir algunas de las ideas e inquietudes que vamos descubriendo en nuestro quehacer co­ tidiano. Las normas y las leyes nunca pueden sustituir la creatividad ni la capacidad de iniciativa para abordar aquellos proyectos que se consi­ deren socialmente necesarios. Nosotros, como colectivo Promocions, ya hace años que impulsa­ mos la creación de una Empresa de Inserción: la asociación CIVICInserción y empleo, como expresión de nuestra dimensión cívica y solidaria. Queríamos demostrar que sí es posible, desde la indepen­ dencia, reconciliar lo social con lo económico y sí es posible construir organizaciones especialmente pensadas para producir, trabajar, formar y reincorporarse a la vida y al mercado laboral. lO índice

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LA EMPRESA DE INSERCIÓN COMO ESPACIO DE FORMACIÓN PRODUCTIVA Una Empresa de Inserción debe ser «sin ánimo de lucro», pero con «mucho ánimo solidario». Esa puede ser una nueva variable a te­ ner en cuenta. Con una normativa específica que contemple sus peculiaridades y diferencias con la empresa «normal» y de cualquier otra iniciativa de formación-empleo, su razón de ser es ofrecer oportunidades directas de contratación laboral y aprendizaje a partir de situaciones reales — no simuladas— de trabajo productivo. Nosotros entendemos por Empresa de Inserción aquella empresa o entidad que realiza una actividad productiva o de servicio, pero cuyo objetivo es social: facilitar la inserción social y laboral de perso­ nas en situación de clara desventaja o exclusión, a través de un con­ trato laboral, y cuya estructura empresarial se basa en dos principios: • La reinversión de los beneficios en la consecución del objetivo social. • La composición del personal en términos porcentuales del per­ sonal estructural y personal «usuario» de 50-50 ó 60-40. Los procesos de formación, cualificación, de inserción laboral en definitiva, los lleva adelante a través de la producción de bienes o ser­ vicios mediante una estructura empresarial. Los objetivos de la Empresa de Inserción son: 1.

Facilitar la inserción laboral de personas excluidas provenien­ tes de programas de inserción social y laboral.

2.

Realizar planes individuales y personalizados para las perso­ nas acogidas.

3.

Producir bienes o servicios en el mercado concurrencia! o público con el fin de autofmanciarse y de contratar a las per­ sonas a las que se quiere ayudar a que se incorporen al mer­ cado de trabajo.

La idea central de la Empresa de Inserción es la de producir bienes o servicios para poder disponer de autonomía que le permita realizar

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su fin social, que es el de facilitar la incorporación al mercado laboral de personas excluidas de él. Y el instrumento de trabajo es el propio contrato de trabajo. Su filosofía es ensanchar las posibilidades de una economía más social y solidaria donde se configura como TERCER SECTOR reco­ nocido como una expresión más del viejo deseo a DEMOCRATI­ ZAR EL DERECHO A LA INICIATIVA ECONÓMICA. A continuación presentamos algunas ideas y reflexiones con el ánimo de enriquecer el actual debate. ¿QUÉ PROCESOS DE FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN DESARROLLAMOS EN LA EMPRESA DE INSERCIÓN?

Vivimos no sólo una época de cambio sino un CAMBIO DE EPOCA. Cualquier iniciativa para favorecer la integración social y profesional de los colectivos más vulnerables debe favorecer valores éticos y una nueva cultura de la solidaridad para asegurar la «sostenibilidad» de los proyectos. El cambio tecnológico sólo abrirá oportunidades de humaniza­ ción y cohesión social si va acompañado de un cambio cultural y educativo. Desde ese punto de vista el debate sobre las Empresas de Inser­ ción no se puede dicotomizar del análisis general sobre las políticas sociales y las políticas activas de empleo que se fundamentan en con­ cebir la INSERCIÓN Y LA FORMACIÓN como un DERECHO DE CIUDADANÍA para todos y todas a lo largo de la vida. Todo el sistema de la formación profesional, sea inicial, ocupadonal o continua que se impulsa para combatir la exclusión social y fa­ vorecer el desarrollo de la empleabilidad desde las Empresas de Inser­ ción debería estar en el marco de la fecunda tradición de la EDUCA­ CIÓN DE PERSONAS ADULTAS. Pero sabemos que en este ámbito existen diferentes corrientes. Aparecen modelos adaptativos y modelos transformadores. Unos pre­ tenden reproducir y legitimar las desigualdades, otros fomentan el cambio y la evolución. lO índice

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Nuestra apuesta se basa en desarrollar procesos de formación in­ tegrales que se fundamenten en el aprendizaje dialógico y en el desa­ rrollo del espíritu crítico, tal como expresa la definición de la V CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EDUCACIÓN DE ADULTOS, UNESCO, 1997, en su declaración final:

«Por educación de personas adultas se entiende el conjunto de proce­ sos de aprendizajey formal o no, gracias al cual las personas cuyo entorno social considera adultas desarrollan sus competencias técnicas y profesio­ nales o las reorientan a fin de atender sus propias necesidades y las de la sociedad. La educación de adultos comprende la educación formal y la permanente, la educación no formal y toda la gama de oportunidades de educación informal y ocasional existentes en una sociedad educativa multicultural, en la que se reconocen los enfoques teóricos y los basados en la práctica.» Las personas desempleadas en situación de riesgo y con especiales dificultades de inserción sociolaboral no requieren únicamente accio­ nes de formación técnica. Necesitan una atención global y personali­ zada. Esta sólo se puede impulsar desde un enfoque dialéctico, que tiene en cuenta varios principios emblemáticos: FORMACIÓN E INSERCIÓN C O M O DERECHO PARA CREAR CIUDADANÍA ACTIVA. CARACTERÍSTICAS 1.

Desarrollo de la motivación y de la voluntad

No es solamente un problema de motivación en el sentido de potenciar técnicas que estimulen razones y móviles para actuar. La Voluntad es más poderosa que la Motivación. Responde a plan­ teamientos profundos. Posibilita explorar las raíces y porqués existenciales. Nadie se forma ni se inserta si no quiere. La estrategia de formación debe ayudar a que emerga la capacidad de querer ac­ tuar por ALG O QUE VALGA LA PENA. De este modo podrá de­ cidir. La misión central es RESTITUIR LA DIGNIDAD DE LA PERSONA. Por eso debe ser tratada siempre con respeto y debe ser reconocida como sujeto de derechos, responsable de sus decisiones, experta y PROTAGONISTA DE SU PROPIA VIDA.

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2.

Historicidad

Las personas en procesos de formación-inserción deben asumir su propia biografía personal y profesional como fuente de aprendizaje y reflexión. La «Historia personal» puede ser la gran maestra de su vida si es reelaborada y aprehendida. Pero las personas no somos solitarias, somos seres sociales y necesitamos establecer relaciones solidarias. En este nivel es fundamental fomentar el diálogo igualitario y la comuni­ cación entre los participantes y formadores, valorando los argumen­ tos y razones en sí mismas y superando las posiciones de poder. La in­ formación no genera conocimiento. Sólo si hay una aprehensión y asimilación de las realidades y de las informaciones se produce cono­ cimiento. La educación, pues, no es un mero proceso de «transmi­ sión» de datos o informaciones, requiere una apropiación en el senti­ do de «hacérselo propio». 3.

Comunitariedad. Aprender del entorno transformándolo

Hay que utilizar todo el potencial de los recursos socioeconó­ micos y comunitarios del territorio, de los cambios en el mercado la­ boral y la estructura ocupacional. Confrontar directamente las capa­ cidades con los requerimientos del mundo laboral. No favorecer la adaptación sino la innovación y modificación del entorno personal, social, familiar de modo que sea interactivo. 4.

Recrear la pedagogía de la alternancia formación productiva/ trabaj o

Lo que más educa es la propia práctica y la acción adaptada a las características de cada colectivo y cada territorio. Siempre habrá un plan personalizado para orientar el desarrollo del aprendizaje. La combinación de situación de aprendizajes con elaboración del trabajo es una metodología que hay que reinventar permanente­ mente. Los riesgos de burocratizar cualquier metodología supuestamente innovadora (itinerarios, alternancia, entrevistas de acogida, etc.) están presentes. No todo es alternativo en la pedagogía de la alternancia. lO índice

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5.

Se aprende mejor cuando dialogamos y nos organizamos en grupo con acompañamiento personalizado

El trabajo y la dinámica de grupo es un recurso permanente en cualquier proceso de formación y cualificación. Hay que aplicar téc­ nicas de animación de grupos junto a la tutorización y acompaña­ miento individualizado para adecuar el ritmo de aprendizajes a las características de cada quien. Cada participante debe trazar conjun­ tamente con el tutor/a su propio itinerario formativo laboral a se­ guir. Aunque trabaja y produce en la empresa de inserción el parti­ cipante sabe que está en un proceso formativo y de orientación per­ manente.

6.

Garantizar no sólo la igualdad de oportunidades sino la igualdad de resultados

Sabemos que las personas en situación de riesgo parten de una gran desigualdad educativa y social. La Empresa de Inserción es un dispositivo que puede compensar esas diferencias de origen para evi­ tar que reproduzcan más desigualdad. Dependerá de la estrategia de formación y apoyo que impulse. Es necesario potenciar la «inteligen­ cia emocional» y las múltiples formas de inteligencia cultural. Hay personas en desempleo y sin cualificación técnica que ha desarrollado grandes habilidades en otras esferas y participa de valores culturales y creencias que son verdaderas plataformas para su reincorporación so­ cial y laboral.

7.

Desarrollar las cualificaciones sociales

La creación de vínculos sociales y relaciones que refuerzan el sen­ tido de pertenencia e identidad personal resultan más decisivos para la colocación y el empleo que la mera formación profesionalizadora. No hay cualificación técnica sin cualificación tecnológica. La empresa de inserción es un marco idóneo para fomentar esta estrategia dada la relativa «protección» y malla de seguridad que ofrece la relación labo­ ral y el contrato con la combinación «educadora» de derechos, res­ ponsabilidades y prestaciones derivadas de ello.

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8.

Dinamizar la creatividad y el sentido del humor

Es necesario contrarrestar las tendencias fatalistas y de resignación a la adversidad que manifiestan las personas en situación de fracaso la­ boral. Los procesos de formación deben despertar la curiosidad y la creatividad como fuentes de aprendizaje para hacerlo todo más fácil. El humor siempre estimula e inspira para formarse y orientarse mejor. Un buen clima y un buen estilo de acogida hace reconocer en las per­ sonas que pueden cambiar y aprender muchas cosas. Porque se sienten útiles, aportan sus argumentos, explicaciones y relatos personales. Se comunican e interactúan. Perciben que nadie decide en vez de ellas. Nadie sustituye a nadie. Cada cual asume sus responsabilidades. 9.

Encontrar sentido y construir significados

Una estrategia de formación crítica fundada en el diálogo iguali­ tario es el mejor modo para que el «usuario /a» pase a ser protagonista y responsable de sus decisiones. La clave es abrir energías para que afloren los mejores sentimientos y propósitos de cada quien. Restituir el derecho a soñar que todos y todas tenemos para dar sentido a nues­ tra existencia. Las empresas de inserción deben evitar caer en el estéril productivismo utilitarista. Su praxis debe fundamentarse en el ejer­ cicio cotidiano de los derechos sociales. FORMAR PARA TRABAJAR, PERO TAMBIÉN APRENDER A VIVIR

Se habla del «fin del trabajo» y del desmoronamiento de la socie­ dad salarial. Pero debemos ser prudentes y reflexivos para no etique­ tar con respuestas simples problemas muy complejos. Corremos el riesgo de generalizar una «impresión» convirtiendo ese supuesto «fin del trabajo» en un «mito desmovilizador» que impregne de fatalismo las prácticas a favor de la inserción sociolaboral. No nos interesa una disquisición teórica, sino abordar operativa­ mente la problemática que acompaña la inserción social y profesional de los colectivos de desempleados más frágiles y amenazados por la exclusión social. lO índice

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Teorizamos la práctica y conceptualizamos a partir de los proce­ sos vivos para crear empleo y actividad. Por generar nuevas oportuni­ dades de inserción. Por eso hemos tenido que ir innovando sistemas y metodologías adecuadas para dar soluciones integrales. Y este es­ fuerzo técnico para dar respuestas a la exclusión sociolaboral requiere imaginación y solidaridad. ¿Los programas de formación e inserción sociolaboral contribu­ yen a mejorar la calidad del empleo? ¿Sirven para que los colectivos en riesgo de exclusión se integren a la sociedad con plenitud de dere­ chos y deberes? ¿Cuáles son los procesos de formación y cualificación más ade­ cuados para los empleos de inserción? Aquellos que asumen la globalidad del conflicto y no sólo una parte.

FORMACIÓN PARA ACTUAR SOBRE LA GLOBALIDAD DEL CONFLICTO INSERCIÓN Un compromiso moral y un principio cívico impulsan a las socie­ dades democráticas avanzadas a buscar soluciones al desempleo y lu­ char contra la pobreza más allá de los paliativos o medidas coyunturales. Sobre todo hay que evitar que las Empresas de Inserción, como otros programas de atención contra la exclusión, se conviertan en amortiguadores sociales de políticas antisociales. El paro no es un frío dato estadístico. Afecta a la economía y a la salud. Representa sobre todo el vacío y la pérdida de sentido para quienes se han instalado en él. No podemos ignorar la espiral de fenómenos aparejada a la ausencia del empleo: ruptura de los vínculos sociales, sentido de per­ tenencia y utilidad, construcción de diversas formas de solidaridad, participación en la memoria histórica y conciencia de clase, etc. Hoy vivimos una interrelación entre todos los conflictos. No es una simple carencia de trabajo: es la ausencia de oportunidades para vivir dignamente.

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Determinados colectivos especialmente vulnerables, sin suficiente cualificación social, cultural ni profesional, viven el riesgo de deslizar­ se del paro a la exclusión. La consecuencia más directa es la disolu­ ción de las relaciones colectivas de solidaridad. El aislamiento y la lu­ cha individual por obtener un puesto. La quiebra de la condición de la ciudadanía. Si las regulaciones del trabajo son la principal garantía de cohe­ sión social, ¿qué amenazas y consecuencias prácticas comporta que la economía excluya a sectores significativos del mundo del trabajo? En la sociedad industrial se producía el fenómeno de la «explota­ ción». A partir de esa experiencia se tomaba conciencia y los/las tra­ bajadoras se autoorganizaban para defender sus intereses. En la sociedad de la información determinados sectores no parti­ cipan ni en el proceso de producción ni en el de consumo. Son ex­ cluidos y tienen mayores dificultades para tomar conciencia de su si­ tuación. Quedan inhabilitados para organizarse en busca de sus dere­ chos. Con ello se intensifica la paradoja de que siendo el trabajo el principal modo de incorporación a la vida social, el propio sistema lo está aboliendo y precarizando masivamente. ¿Qué función deben cumplir las empresas de inserción para abor­ dar este tema? FORMACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL: UN MODO DE EVITAR LA ESCISIÓN ENTRE ECONOMÍA Y SOCIEDAD Los programas de formación e inserción deben facilitar puentes entre el trabajo y la vida. El mundo vital de la mayor parte de los co­ lectivos desempleados en riesgo de exclusión está muy alterado y afec­ ta a su salud, vivienda, rendimiento educativo y atención a la familia. Las condiciones de vida y dignidad no se ciñen al mundo laboral. La cuestión de la ética y los valores es insoslayable. Sin embargo, hay tendencia a reducir lo político y lo social a lo «económico» y lo económico a lo meramente monetario. lO índice

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CONCLUSIONES La mayor parte de políticas y programas de formación-empleo y desarrollo local van tan presionados para gestionar la urgencia que no caen en la cuenta de lo verdaderamente importante. La distancia entre lo planificado y lo ejecutado suele ser mucha. Muchos proyectos adolecen de lo principal: ¿cuál es su sentido? ¿Para qué sirven? ¿Quién cree verdaderamente en ellos? Para que un pro­ yecto de inserción sociolaboral cumpla sus objetivos es necesario que los responsables y participantes se identifiquen y crean en él. Impelidos por un supuesto pragmatismo en pos de una supuesta eficacia se plantean «programas y medidas» de formación e inserción que soslayan los aspectos fundamentales: las personas y las oportuni­ dades reales en el mercado de trabajo. Los procedimientos burocráticos-administrativos y los procesos de toma de decisiones tecno-políticos a menudo obstaculizan el cumpli­ miento de los objetivos y volatilizan la propia filosofía de los proyectos. Las mejores energías e ilusiones se estrellan. Los proyectos fre­ cuentemente pierden el «alma» que les daba sentido y razón de ser. Son «vampirizados» por otros intereses o contingencias y sin rumbo claro naufragan a merced de las circunstancias. Es cuestión de restablecer las prioridades: el ser humano y sus cir­ cunstancias son más importantes que la producción. Los aconteci­ mientos clave de la existencia, nacer, amar, vivir, morir, infancia, in­ tercambio generacional, etc., son elementos importantes. Trabajamos para vivir, no hay que vivir sólo para trabajar. Los bienes son inferio­ res a las relaciones. Muchos de estos acontecimientos vitales están mediatizados por el hecho de tener/no tener empleo. No podemos dejar que el factor trabajo sea un elemento secunda­ rio mercantilizado y expuesto a la precariedad. La irrelevancia social de amplias capas de población insignificante en términos de producción o consumo desplaza la gravedad del proble­ ma hacia la esfera de la vida con la pérdida de sentido y alteración de valores culturales. Este tipo de exclusión social no se reduce a la pobre­ za material. Marginaliza a una parte de la sociedad que sin empleo

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también se ven privados de dignidad, confianza en sí mismo, quebrán­ dose los vínculos que fundan el contrato social. Los individuos sin em­ pleo que no pertenecen a ninguna red relacional son individuos cada vez más solos e inútiles. Recluidos en sí mismos, se sustraen a los otros Y se refuerza el proceso de degradación y marginación sin retorno. Este aspecto no se puede eludir en la programación de ningún programa de intervención y cualificación socio-profesional. Esto constituye el «pan nuestro de cada día» para todos los profesionales, técnicos o voluntarios que colaboran en los servicios sociales, centros de salud, educadores sociales, servicios de empleo-formación, etc. Los aspectos relaciónales, la voluntad, la comunicación y la capaci­ dad de pensar y organización se deben desvelar tan importantes para la cualificación social y personal como la mera cualificación profesional. Esos factores son los decisivos para la creación u obtención de empleo. Se deben potenciar a partir de la acción cualificadora. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Robert C a st e L: Les Métamorfhoses de la question sociale. Une chronique du salariat. Fayard, 1995. E q u ipo PROMOCIONS: «El Empleo de los Inempleables». Ed. Popular, 1996. «Trabajarpara Vivir». Ed. Miraguano.1999. Jacques ROBIN: Quand le travail quitte la societépost-industrielle. René Passe T: L’économique et le vivant. París. Económica 1996. Patrick ViVERET: «Ne pas perdre sa vie á la gagner». Transversals Sciences!cuU tures núm. 50. Guy A z n a r , Alain C aill É, Jean Louis L aville , Jacques ROBIN, Roger SUE: Vers une Economie Plurielle. Un travail, une activité, recome pour tous. Ed. Syros, 1997. Versión española en Ed. Miraguano 1999, Madrid. G a r c ía -N ieto Pa r ís , J. N ., y otros: La Sociedad del Desempleo CCJ, 1989. Daniel joVER. Equipo Promocions: La Eormación Ocupacional. Ed. Popular 1999, Madrid. Fran^ois P la ssa r d : Experiencias de donación y reciprocidad, Mode Diplomatique, núm. 35. André GORZ: MisUes du présent, richesse du possible, Ed. Galilée, 1997.

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Empleabilidad y Empresas de Inserción Cristina García Comas investigadora. Fundación CIRFM

Empleabilidad y empresas de inserción son términos relativamente nuevos utilizados en el marco de las políticas activas de empleo y ligados fundamentalmente a la inserción laboral, aunque no exclusivamente. El concepto de empleabilidad está incluido entre las estrategias de la Comisión Europea para fomentar el empleo, como primer pilar de actuación. Este pilar incide sobre la necesidad de mejorar la emplea­ bilidad para facilitar la contratación de las personas y, por tanto, su inserción y mantenimiento en el mercado de trabajo. Esto supone la necesidad de contar con una cualificación adecua­ da, así como de desarrollar medidas activas que fomenten el empleo y animen a las personas a adquirir nuevas cualificaciones y/o a actua­ lizar las que ya poseen. Acciones de reciclaje, reinserción, formación, experiencia profe­ sional, incentivos y otras oportunidades gravitan en torno a este con­ cepto, ya que se constituyen en medidas que ofrecen oportunidades laborales. Pero, ¿quiénes necesitan de estas oportunidades? Evidentemente la población desempleada y, especialmente, colectivos desfavorecidos o con dificultades de acceso al empleo y/o al aprendizaje profesional. De hecho, la Comisión Europea incide especialmente en la lucha contra el desempleo juvenil y el desempleo de larga duración. El Plan de Empleo del Gobierno español también incluye la em­ pleabilidad como uno de los ejes de actuación. Así, el primer pilar de actuación tiene como objeto «mejorar la capacidad de inserción pro­ lO índice

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fesional». La empleabilidad, por tanto, se refiere a todas las medidas dirigidas a favorecer dicha inserción, que el Plan desarrolla en nueve directrices, todas ellas en torno a la propia población desempleada así como al marco en el que ha de desarrollar su inserción: 1. Combatir el desempleo juvenil. 2. Prevenir el paro de larga duración. 3. Mejorar la empleabilidad a través de medidas activas. 4. Reestructurar el sistema de prestaciones y fiscalidad. 5. Instar a los interlocutores sociales a llegar a acuerdos que favo­ rezcan la empleabilidad. 6. Desarrollar posibilidades de formación permanente. 7. Mejorar la eficacia de los sistemas escolares. 8. Dotar a los jóvenes de mayor capacidad de adaptación creando o desarrollando sistemas de aprendizaje. 9. Promover un mercado de trabajo abierto a todos. No vamos a entrar en cada una de las directrices, ya que no es ob­ jeto del presente artículo. Sólo comentar que éstas abordan distintos ámbitos necesarios para el desarrollo de la empleabilidad que, en su conjunto, contemplan, de una parte, la actuación directa con la po­ blación desempleada — acciones formativas, de reciclaje, de orienta­ ción profesional, etc.— ; de otra, la creación de oportunidades en el mercado de trabajo que favorezcan mejores condiciones de acceso al empleo — revisión de los sistemas de fiscalidad y formación, incentivación de la contratación, etc. Sin embargo, sí vamos a incidir en la novena directriz, ya que en ella se configura el marco en el que se desarrollan las empresas de in­ serción. En esta directriz el Plan de Empleo tiene entre sus actuacio­ nes para 1999 el impulso de la Ley de Inserción Sociolaboral dirigida a «propiciar y fomentar la inserción laboral de las personas en situa­ ción o grave riesgo de exclusión social, como ex reclusos, drogodependientes en rehabilitación, inmigrantes con graves problemas y otros colectivos que en la actualidad tienen muy pocas posibilidades de obtener empleo en el mercado ordinario».

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En el marco de esta Ley se contemplan las empresas de inserción como instrumento de empleo especializado para colectivos con des­ ventajas sociales, cuyo eje de actuación es la mejora de las condicio­ nes de empleabilidad de dichos colectivos mediante el desarrollo de una actividad productiva que facilite la experiencia y aprendizaje ne­ cesarios para acceder al mercado de trabajo. Las empresas de inserción son «estructuras productivas para la in­ serción de personas en situaciones de exclusión social a través de pro­ cesos personalizados de formación y trabajo». Esto significa que se constituyen como estructuras de aprendizaje y pasarelas hacia el mercado de trabajo. A nuestro juicio, la idea de aprendizaje es fundamental en este tipo de estructuras de inserción, entendido el aprendizaje en su sentido más amplio, que vincula el desarrollo personal y profesional, lo que permite un mayor y mejor desenvolvimiento en el medio. Las personas en situación de exclusión tienen especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo porque presentan carencias sociales, educativas y de cualificación laboral que las aleja de sus requerimientos. Los medios de vida, el hábitat y entorno social, la educación, la formación y la propia salud inciden fuertemente en su propia situa­ ción, que en muchos casos se manifiesta con la pérdida de habilida­ des sociales básicas que es necesario recuperar previamente para em­ prender un proceso de inserción laboral. En consecuencia, requieren de un proceso de aprendizaje que va más allá de la adquisición de conocimientos profesionales. El apren­ dizaje supone comprender el mundo que les rodea, al menos en la medida que les sea necesario para vivir con dignidad, para desarrollar sus capacidades y para comunicarse —aprender a conocer— ; descu­ brirse a sí mismos y a partir de aquí comprender y aceptar a las demás personas —aprender a vivir juntos— ; aplicar los conocimientos y de­ sarrollar la capacidad de transformar y de progresar —aprender a ha­ cer— , y posibilitar dar respuestas a las diferentes circunstancias que se vayan encontrando —aprender a ser. Por tanto, las empresas de inserción, en tanto estructuras de aprendizaje, favorecen distintos procesos de aprendizaje, cuya finali­ dad última es la mejora del desenvolvimiento social y laboral. lO índice

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No obstante, este aprendizaje ha de vincularse a situaciones reales de trabajo y convivencia para obtener resultados positivos. Si el modelo óp­ timo de aprendizaje de las personas adultas consiste en vincular los nue­ vos conocimientos con su propia cotidianeidad, resulta claro que para estos colectivos — adultos y en condiciones desfavorecidas que, en la mayoría de los casos, están completamente desvinculados a una cotidia­ neidad de tipo laboral e incluso social normalizada— es necesario crear las condiciones adecuadas para favorecer esta vinculación. Si nuestro objetivo es favorecer su aprendizaje hay que crear las condiciones reales. Si este aprendizaje ha de contribuir a mejorar las condiciones de empleabilidad el entorno adecuado es el laboral. Por este motivo, las empresas de inserción son un instrumento esencial de aprendizaje ya que reproduce lo más fielmente posible las condiciones laborales propias del mundo del trabajo. De esta forma, a partir de una actividad productiva se ofrece un mo­ delo formativo y de aprendizaje — insistimos en su sentido más amplio— , mediante la adquisición y acumulación progresiva de experiencia laboral. Pero ¿cómo abordar este proceso de aprendizaje? Está claro el ob­ jetivo, facilitar el acceso al mercado laboral. También el camino, me­ jorando las condiciones de empleabilidad. Igualmente el instrumen­ to, los planes de desarrollo de la empleabilidad. Las empresas de inserción son uno de los instrumentos con los que podemos contar para mejorar las condiciones de empleabilidad de colectivos desfavorecidos. Son estructuras productivas que posibi­ litan el aprendizaje de hábitos y experiencia laboral, mediante el trán­ sito por un itinerario de empleo, y que, por tanto, se convierten en pasarela hacia el mercado de trabajo. Así mismo, como instrumento que son — de inserción laboral— , requieren de metodologías de inserción que, en este caso, integran la formación y el aprendizaje con el desarrollo de una actividad produc­ tiva en el marco de un proyecto personal de inserción. No obstante, el concepto de aprendizaje, comentado anteriormen­ te, ligado al concepto de empleabilidad requiere en su metodología de trabajo la contemplación de aspectos más amplios que aborden en su plenitud la mejora de las condiciones de empleabilidad de las personas.

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3 13

Si, como hemos visto, la empleabilidad es la capacidad de una persona para ser contratada y, por tanto, desarrollarla significa esta­ blecer medidas que faciliten la adquisición de una cualificación ade­ cuada, así como proporcionar oportunidades de acceso al empleo —fiscales, incentivos a la contratación...— por parte de las entidades/organismos competentes, una persona empleable es aquélla que reúne una serie de condiciones de empleabilidad. Pero, ¿en qué consisten esas condiciones?, ¿cómo se adquieren y/o se mejoran? Sin duda alguna, es necesario trabajar con una metodología que aporte respuestas a estas preguntas, y para ello debemos partir de la empleabilidad entendida como instrumento para la inserción laboral. Así como las empresas de inserción se conciben como instrumen­ tos para la inserción laboral, la empleabilidad se convierte en otro instrumento de inserción cuyo concepto y desarrollo metodológico nos sirve para desarrollar actuaciones que en el marco de un proceso de inserción, ya sea en empresas de inserción o en cualquier otra es­ tructura, contribuyan a mejorar las condiciones de empleabilidad de una persona, a través de su adquisición y/o aprendizaje. Esto comporta una definición de empleabilidad centrada en el pro­ pio individuo que lo convierta en protagonista activo del aprendizaje que supone ser empleable, aunque no único, como hemos visto, ya que la empleabilidad supone también generar oportunidades de empleo. Si nos centramos solamente en el individuo, podemos definir la empleabilidad como «la capacidad de una persona de posicionarse fa­ vorablemente ante el mercado de trabajo». Mejorar la empleabilidad supondrá adquirir y aprender esa capacidad. La adquisición y aprendizaje de esa capacidad requiere el desarro­ llo de una metodología concreta, que proponemos a continuación:

LA EMPLEABILIDAD, UNA METODOLOGÍA PARA LA INSERCIÓN LABORAL

La construcción de una metodología de la empleabilidad se asien­ ta en la interrelación existente entre las dos dimensiones del empleo: el individuo y el mercado de trabajo. lO índice

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Si nos detenemos en el individuo, encontramos que éste se sitúa ante el mercado de trabajo con una serie condicionantes de tipo actitudinal, competencial y sociolaboral que muestran una forma de ser, de hacer y de sentir más o menos cercana o, si queremos, lejana, a las demandas del mercado de trabajo. Por otro lado, el mercado de trabajo ofrece empleos pero, para acceder a ellos, demanda una serie de requisitos de tipo actitudinal y competencial. Del mismo modo, se deja influir por determinados elementos de tipo so­ cial y laboral que son parte de las señas de identidad de una persona. Además, en la fase de acceso al empleo, en la relación entre el in­ dividuo y el empleo, podemos identificar cuatro elementos clave intervinientes: • Una oferta de empleo. • Una oportunidad de acceso. • Un proceso de concurrencia. • Una oferta de competencias personales y profesionales. La oferta de empleo se identifica como el conjunto de los em­ pleos que deben cubrirse y se ofrecen al mercado. Esta oferta de em­ pleo nace con unas características más o menos específicas, que no llegarán a concretarse hasta que el empresariado se decida por la con­ tratación concreta de un individuo. Ello significa que en toda oferta de trabajo hay un cierto grado de indefinición en su contenido, que de hecho es complementada por la aportación de las capacidades del individuo al cerrar su contratación. La oportunidad de acceso se refiere a la posibilidad de estar en el lu­ gar y en el momento adecuado cuando se produce una oferta de em­ pleo. Ello supone que el individuo está activo en la búsqueda de empleo. La concurrencia se caracteriza por el número de personas que ac­ ceden a una misma oferta de empleo. Cuanto mayor sea la oferta y menor la demanda más posibilidades de encontrar empleo, y viceversa. La competencia profesional es la capacidad de cada persona para desempeñar un puesto de trabajo/ocupación/profesión. Cuanto más cumpla los requisitos y más diferencia exista con respecto a otras per­ sonas que buscan el mismo empleo, más posibilidades de acceder a él.

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Las posibilidades de encontrar un empleo dependen de la con­ junción de estos factores. Si somos capaces de buscar la oportunidad, destacar sobre la concurrencia y desarrollar las competencias profesio­ nales estaremos en condiciones de situarnos favorablemente ante el mercado de trabajo. Si además somos conscientes de nuestros condicionantes y, en consecuencia, de lo que ofrecemos y de lo que requiere el mercado de trabajo, sabremos la distancia que media entre ambas dimensiones y podremos reducirla. Para hallar esta distancia, consideramos cinco elementos básicos definitorios de la empleahilidad: las actitudes, las competencias persona­ les, las competencias profesionales y los aspectos laborales y sociales. De su análisis obtendremos el grado de empleabilidad de esa persona, esto es, la distancia existente entre ambas dimensiones, y detectare­ mos los puntos fuertes y débiles, o lo que es lo mismo, sus potencia­ lidades y carencias, así como los aspectos positivos y negativos de ca­ rácter sociolaboral que inciden igualmente en su empleabilidad. La información resultante nos dará las pautas para intervenir. El análisis de estos elementos podemos realizarlo a partir de una serie de indicadores que, sin ser exhaustivos, nos pueden proporcio­ nar la suficiente información para medirlos de forma ágil y operativa. Sobre estos indicadores hacemos confluir los factores intervinientes en el acceso al empleo con el fin de detectar puntos fuertes y débiles de cada persona en relación con su capacidad de gestionarlos. Se relacionan a continuación dichos indicadores, así como los ítems de medición propuestos para facilitar el análisis. ELEMENTOS

INDICADORES

ACTITUDES

Interés por trabajar, por buscar empleo (Predisposición, disponibilidad para trabajar, actividad para buscar empleo). Valor que se concede al trabajo (Autonomía personal, eco­ nómico, desarrollo) personal / profesional. Comportamiento según mínimas normas sociales (Aspecto físico, disciplina, tolerancia). Opinión sobre sí mismo/a (Autoestima). Interés por aprender (Predisposición a aprender, activida­ des de aprendizaje / formación) lO índice

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(Continuación) ELEMENTOS

INDICADORES

COMPETENCIAS PERSONALES

Transversales (Iniciativa, responsabilidad, organización). Básicas (Fluidez verbal, numérica, habilidad manual, capacidad creativa). Relaciónales (Facilidad de relación, capacidad de per­ suasión, trabajo en equipo). Formación -académica, ocupacional, otras formacio­ nes. Experiencia laboral. Situación actual en relación al mercado de trabajo. Conocimiento y búsqueda de oportunidades. Posibilidades de destacar sobre la concurrencia. Tipo de unidad familiar. Ingresos de la unidad familiar. Enfermedades, dependencias, discapacidades.

COMPETENCIAS PROFESIONALES ELEMENTOS LABORALES ELEMENTOS SOCIALES

Una vez conocido el grado de empleabilidad, y por tanto, los pun­ tos fuertes y débiles, el paso siguiente es diseñar una estrategia de actua­ ción destinada a adquirir y/o desarrollarlo, que permita situar a una per­ sona en mejores condiciones para acceder y mantenerse en el empleo. A esta estrategia la llamamos Plan de Desarrollo de la Empleabilidad. El Plan se diseña con los siguientes objetivos: • Cambiar las actitudes que impiden o dificultan la integración en el mercado de trabajo, en el marco de un proceso de refle­ xión sobre las competencias personales y profesionales requeri­ das por el mercado de trabajo. • Facilitar la definición de un itinerario o proyecto personal de empleo.• • Favorecer el proceso de inserción (el recorrido a realizar para acceder al empleo). • Desarrollar la capacidad de gestionar el acceso al empleo. • Adquirir las competencias básicas necesarias para encontrar un empleo.

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El Plan de Desarrollo de la Empleabilidad es importante realizar­ lo en el marco de las estructuras de inserción, ya que se puede confi­ gurar como instrumento complementario a la actividad de aprendiza­ je que la persona destinataria está desarrollando en ellas. Su diseño y desarrollo requiere involucrar activamente al indivi­ duo en el proceso, ajustarlo a sus potencialidades y carencias detecta­ das, desarrollarlo atendiendo a sus necesidades y evaluarlo. Esta labor entendemos que es fundamental desarrollarla en las es­ tructuras de inserción y, en consecuencia, en las empresas de inser­ ción. Si, como hemos visto, el plan de desarrollo de la empleabilidad se constituye en un instrumento para facilitar la inserción laboral y éste se desarrolla en un entorno también destinado para la inserción, estamos dando un valor añadido a esa intervención, que va a aumen­ tar nuestras posibilidades de éxito. Ahora bien, también somos conscientes de que estamos trabajan­ do con colectivos desfavorecidos, cuyas posibilidades de inserción la­ boral son más lejanas que las de otros colectivos desempleados, que en muchos casos se trata de personas desestructuradas cuyas condi­ ciones de empleabilidad son escasas o nulas. En estos casos cobra vital importancia el concepto de aprendizaje que conlleva el concepto y metodología de la empleabilidad que proponemos y que hemos seña­ lado con anterioridad. Su participación en un proceso de inserción sociolaboral en el marco de una empresa de inserción desarrollando una actividad pro­ ductiva que le proporciona un aprendizaje y experiencia laboral, pero a la vez le sumerge en un proceso de aprendizaje más amplio, centra­ do en la mejora de su empleabilidad, posibilita además la adquisi­ ción y desarrollo de una serie de capacidades que le van a facilitar su desenvolvimiento en el medio. Como dijimos, vamos a introducirle en un proceso para «aprender a conocer», «aprender a vivir juntos», «aprender a hacer» y «aprender a ser». Este proceso, sin olvidar su vinculación al proceso de inserción laboral, va a facilitar la emergencia de actitudes motivadoras y activadoras en las personas involucradas en él que dan ese valor añadido a las metodologías de inserción y que se va a manifestar en una cons­ ciente necesidad de aprender y desarrollar la capacidad que les permi­ lO índice

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ta desenvolverse en mejores condiciones en el medio laboral, ya sea durante el proceso de inserción, como después y, por tanto, en un protagonismo activo durante todo el proceso. El resultado final será la adquisición de la capacidad de adapta­ ción a la oferta de empleo; el mantenimiento activo de las competen­ cias, la adquisición de otras nuevas y su movilización, y la gestión efi­ caz y activa del acceso al empleo — lo que supone detectar los puntos fuertes y débiles, actuar para cubrirlos en un caso y desarrollarlos en otro, conocer la oferta de empleo, tratar de generar oportunidades y destacar sobre la concurrencia.

CONCLUSIONES Como se habrá observado, tres ideas gravitan en esta breve in­ troducción a la empleabilidad: conocimiento, aprendizaje y actua­ ción. El conocimiento — del individuo y de nuestro entorno laboral— permite identificar el punto de partida, en definitiva, conocer el gra­ do de empleabilidad de esa persona. Identificar significa detectar puntos fuertes y débiles lo que nos da, a su vez, pistas para poder in­ tervenir. Estas pistas van a marcar las pautas de actuación para mejo­ rar esa empleabilidad. Y la actuación en sí misma va a constituir todo un proceso de aprendizaje de lo que supone ser empleable y adquirir las condiciones de empleabilidad necesarias para acceder y manternerse en un empleo. El resultado final será la capacidad de esa persona de gestionar el acceso al empleo. Es decir, en conocer la oferta, buscar la oportuni­ dad, destacar sobre la concurrencia y desarrollar las competencias. Así mismo, será capaz de situarse favorablemente ante el mercado de tra­ bajo porque sabrá que ha de adaptarse a sus necesidades, demandas y requerimientos. Ahora bien, entendemos la empleabilidad como un concepto relacional y de flujo. Es decir, la empleabilidad no se tiene o alcanza en un momento determinado, sino que es siempre una relación entre sus elementos que están en proceso continuo de evolución. La empleabi­ lidad siembre hay que desarrollarla.

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Y esto es así porque los requerimientos de la oferta son cambian­ tes en función de las necesidades de las empresas y, en consecuencia, está condicionada por la propia dinámica del mercado; porque la s oportunidades y la concurrencia existentes, pueden variar en el tiem­ po y con la oferta; y porque las capacidades profesionales, tienen un ciclo de aprendizaje, dominio y caducidad, que requiere su constante actualización, además de estar íntimamente relacionadas con la diná­ mica de evolución de la persona. El papel de las empresas de inserción en todo este proceso es, por tanto, fundamental, porque, como instrumento de inserción laboral, se constituyen en un medio apropiado para facilitar el proceso de ad­ quisición y desarrollo de la empleabilidad. En definitiva, se convier­ ten en cauces para la mejora de las condiciones de empleabilidad de sus trabajadores y trabajadoras sujetos/as a empleo de inserción a tra­ vés del desarrollo de una actividad productiva, así como de la aplica­ ción de metodologías innovadoras centradas en el aprendizaje de la empleabilidad que posibilita un protagonismo activo y consciente de la necesidad de mejora de la empleabilidad.

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Los Centros Especiales de Empleo y las Empresas de Inserción Pilar Gómez-Acebo

El cambio de tendencia en la línea de gestión donde las personas han pasado a ser un factor prioritario por encima de los resultados, ha propiciado el protagonismo estelar de las empresas de inserción social y los centros especiales de empleo. El cambio del factor personal sólo se realiza si en la línea de trabajo de la gestión se produce un cambio fundamental que per­ mita: E*^ Llegar a un nivel de autoconocimiento de las personas. Que se identifiquen los puntos fuertes y débiles, y que se trabaje en primera instancia sobre los puntos fuertes, que tienen todas las personas, sean disminuidas o no, pertenez­ can a sectores marginados o no, al objeto de estimularlos, y en segundo lugar, sobre los puntos débiles, y no como tra­ dicionalmente se venía haciendo, provocando una barrera en la inserción de esta gente en el mercado de empleo. 3.°

El factor clave del auge es la sensibilidad en la dirección. Hasta este momento la sensibilidad como tal era considera­ da un signo de debilidad en la dirección, y en estos momen­ tos se considera a la sensibilidad como símbolo de inteligen­ cia a la hora de dirigir y gestionar y supone un alto nivel de exigencia.

Este factor también ha permitirdo sacar a escena la realidad de un tipo de empresas que pueden generar riquezas y empleo. lO índice

322 Es p o r la c o n ju n c ió n d e e sto s fa c to re s , p o r lo q u e las e m p re s a s d e in s e r c ió n y lo s c e n tr o s e sp e c ia le s d e e m p le o h a n p a s a d o d e te n e r u n a u g e y p r o ta g o n is m o c la v e e n el e n t o r n o e m p re s a r ia l. P a sa m o s a s itu a r e n la r e a lid a d y e n la d in á m ic a d e fu n c io n a ­ m ie n to d e las e m p re s a s d e in s e r c ió n y a lo s c e n tr o s e sp e c ia le s d e e m ­ p le o , c o n s id e r a n d o lo s b lo q u e s d e a n á lis is g lo b a le s : el e n t o r n o y el fa c to r h u m a n o .

LA PERSPECTIVA L o s C e n tr o s E sp e c ia le s d e E m p le o y las E m p re sa s d e I n s e rc ió n s o n u n a in ic ia t iv a p a r a el d e s a r r o llo d e lo s re c u rs o s h u m a n o s y d e l m e r c a ­ d o d e tr a b a jo a fin d e im p u ls a r el c r e c im ie n to d e l e m p le o y f o m e n t a r la s o lid a r id a d s o c ia l y la ig u a ld a d d e o p o r t u n id a d e s p a r a lo s s e c to re s d e s fa v o re c id o s . T res s o n lo s fa c to re s d e te r m in a n te s d e l n a c im ie n to d e e ste tip o d e in ic ia tiv a s : •

la realidad del contexto sociolaboral

P o r u n la d o , e n d e lo s ú l­ tim o s a ñ o s , d o n d e se p r o d u c e u n a e v o lu c i ó n c o n s t a n t e d e la s te o r ía s s o c io p s ic o ló g ic a s . E l c a m b io se e fe c t ú a e n e l n ú ­ c le o d e la p r o p i a r e la c ió n la b o r a l, d o n d e la t e o r í a d e la fig u r a d e l t r a b a ja d o r se e rig e c e n t r o d e la r e la c ió n la b o r a l, ta l y c o m o se v i v i ó e n r e s p u e s ta d e l g ir o s o c i o p o lí t i c o d e lo s f i n a ­ le s d e lo s a ñ o s 7 0 y p r in c ip io s d e lo s 8 0 ; p a s a m o s a la é p o c a d e b a ja d a d e b ra z o s d e l e n t r a m a d o e m p r e s a r ia l d e lo s 8 0 , d o n d e e l e m p r e s a r io , a n te la c r e e n c ia d e f a lt a d e e q u i lib r io e n t r e la s n e c e s id a d e s e m p r e s a r ia le s y s o c ia le s y la s c a r a c te r ís ­ tic a s d e la p o b la c i ó n d e m a n d a n t e d e e m p le o e n la r e la c ió n la b o r a l, f o m e n t a la c o n t r a t a c i ó n e n p e q u e ñ a s d o s is d e e s p e ­ c ia lis ta s , m u y p o liv a le n t e s y m u y

i m p lic a d o c o n lo s i n t e r e ­

ses e m p r e s a r ia le s c o n u n a c o n t r a t a c i ó n s e le c tiv a , y e n la a c ­ t u a lid a d es la i m p o r t a n c i a d e la c u lt u r a e m p r e s a r ia l e l e je o e l p r i n c i p i o a b s o lu t o d e c u a lq u ie r o r g a n iz a c ió n q u e se p r e ­ c ie , lo q u e s u p o n e u n c a m b io , t a n t o e n la m e n t a li d a d d e l e m p r e s a r io c o m o d e l p r o p i o t r a b a ja d o r d e s d e su e x p e r ie n c ia e n la s r e la c io n e s la b o r a le s .

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• Por otro lado, se produce tm cambio en las exigencias formativas, donde pasamos de la adecuación de la formación a las tareas a desarrollar en el puesto de trabajo, a la exigencia continuada de titulaciones y especialidades postgrado que ni siquiera tangen­ cialmente se utilizarán durante la trayectoria profesional. • Por último, la toma de conciencia de la comunidad, donde los individuos viven la realidad social con un sentido objetivo y amplio, y que quieren dar respuesta inmediata a los problemas sociales, donde los problemas de marginación o de discrimina­ ción ya no quedan en el ámbito de unos pocos (religiosos prin­ cipalmente. ..) y necesita dar solución a aquellas denuncias que las personas comprometidas hacen llegar a todos los que quie­ ran ver la problemática de los sectores marginados. La solida­ ridad se convierte en un factor de moda al que la gran mayoría responde de múltiples formas (eliminando las barreras arqui­ tectónicas, colaboración con campañas de ayudas sociales, co­ laboraciones con ONGs...). Los Centros Especiales de Empleo y las Empresas de Inserción na­ cen por tanto como respuesta al contexto socioeconómico que se vive en los últimos tiempos, es una respuesta a una necesidad de la comu­ nidad. Podríamos establecer tres objetivos fundamentales en los centros especiales de empleo y las empresas de inserción:

Desarrollo personal. Supone el descubrimiento de las po­ tencialidades personales y profesionales, es el autoconocimiento, la autoevaluación y la autoestima personal y profe­ sional. B) Educativos. Adquisición de recursos que faciliten la resolu­ ción del problema de la falta de preparación técnica y prepa­ re el camino para la incorporación a un campo de actividad. C) Inserción profesional. Supone el diseño de alternativas ocupacionales que tienen en cuenta los intereses personales y las posibilidades que ofrece un mercado de trabajo. Es una res­ puesta a la inserción laboral de trabajadores que tienen dis­ minuida su capacidad funcional o que su propio entorno les limita.

A)

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324 E n re s u m e n , se tr a ta d e p o t e n c ia r lo s re c u rs o s p e rs o n a le s p a r a la e le c c ió n y p r o p o r c io n a r lo s in s tr u m e n to s p a r a la b ú s q u e d a d e e m p le o e fic a z y s is te m á tic a . P o d ría m o s e s ta b le c e r tre s c o r r ie n te s d e a c tu a c ió n e n este tip o d e c e n tro s : • •

D e s a r r o llo d e lo s s is te m a s d e f o r m a c i ó n y e m p le o . C r e a c i ó n d e p u e s to s d e t r a b a jo y a p o y o a la c r e a c ió n d e e m ­ p re s a s .

•

D i v u lg a c i ó n d e i n f o r m a c ió n y a c c io n e s d e s e n s ib iliz a c ió n .

EL PERFIL DE LOS GESTORES DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN E l p e r fil d e l g e s to r es u n a ta re a d ifíc il d e e sta b le c e r, y e n la q u e d e b e m o s te n e r e n c u e n ta d o s v a r ia b le s m u y d ife re n te s : P o r u n la d o , su a c titu d fr e n te a la g e s tió n e m p re s a r ia l, y p o r o tr o , sus c a ra c te rís tic a s p e rs o n a le s , q u e p o d r ía m o s e s ta b le c e rla s te n ie n d o e n c u e n ta las s ig u ie n te s v a ria b le s :

• Capacidad organizativa.

S ie n d o d e e sp e c ia l im p o r ta n c ia a la

h o r a d e g e s tio n a r lo s re c u rs o s .

• Capacidad para asumir riesgos y afrontarlos.

E l g e s to r d e b e r á

p r o c e d e r a u n a n á lis is d e l p r o y e c to y su e n t o r n o , te n ie n d o u n a a p r o x im a c ió n d e l r e s u lta d o q u e d e b e r ía o b te n e r ; p a r a e llo d e ­ b e rá te n e r c a lc u la d o lo s rie sg o s q u e c o n lle v a la e je c u c ió n d e u n p r o y e c to d e e sta ín d o le .

• Capacidad creativa e innovadora.

T a n to p a r a o b t e n e r é x ito e n el

m e r c a d o c o m o p a r a lle v a r a c a b o u n p r o y e c to d e d ir e c c ió n d e e q u ip o s c o n u n a s c a ra c te rís tic a s e sp e c ia le s (m a rg in a c ió n , li m i ­ ta c ió n d e c a p a c id a d e s f u n c i o n a le s ...) a lo s q u e h a y q u e ir m o ­ tiv a d o , p o r e l p r o y e c to e n sí q u e e je c u te n , c o m o p o r c u a lq u ie r p o s ib ilid a d d e in c e n tiv a r p o r e l fa c to r n o v e d a d .

• Experiencia en el trabajo.

E n e ste a p a r ta d o n o s re fe r im o s a l c o ­

n o c im ie n to d e s e c to r d e a c tiv id a d , así c o m o d e las m a te ria s .

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maquinarias... y, muy importante también, el conocimiento de las experiencias ajenas similares. • Habilidades sociales y capacidad de compromiso social Estas se

constituyen en unas características de especial importancia, ya que en este tipo de proyectos los gestores se constituyen en TUTORES DE LOS PROYECTOS PERSONALES YPROEESIONALES, gestionan una «escuela de educación laboral», realizan un seguimiento muy estrecho de cada empleado y todo ello sin apartarse de su objetivo último, el lanzamiento del colectivo a un mercado laboral competitivo y lejos de su tutela. Su misión fundamental se resume en tres acciones: atención, acompañamiento y formación. EL COLECTIVO DESTINATARIO Se trata de un colectivo adulto en el que su situación frente al empleo suele definirse por carecer de formación y de información, so­ bre la vida económica y administrativa, sobre las profesiones, los sala­ rios y la formación y sobre las demandas de trabajo. Tienen una visión de la sociedad donde el puesto de trabajo está muy idealizado, donde la búsqueda de empleo no se realiza por las vías adecuadas, ya que la percepción personal de los mismos se efec­ túa desde una visión donde los tintes de la falta de autoestima y el desconocimiento de sus habilidades y destrezas les lleva a una autoevaluación muy negativa del entorno y de ellos mismos como sujetos activos del entorno. Son colectivos con una falta de hábitos para su inserción (higiene, horarios, habilidades sociales), con condicionantes en muchos casos de ausencias reiteradas al trabajo (por asistencia médica, problemas familiares, recaídas...) y que por lo general son muy lentos trabajan­ do y no han aprendido a trabajar en equipo. A todo ello hay que te­ ner en cuenta un factor de especial importancia, que es el conoci­ miento de respuesta económica y asistenciales de la Administración para la concesión de ayudas no contributivas, lo que genera en ellos una falta de motivación frente al trabajo al estar cubiertas las necesi­ dades primarias. También hay que tener en cuenta que en los temas de inserción de personas disminuidas el exceso de protección en el lO índice

326 s e n o fa m ilia r c o n lle v a ig u a lm e n te a u n a fa lta d e m o t iv a c ió n y d e i n ­ s e g u r id a d fr e n t e al. E n m u c h o s c asos la m a r g in a c ió n re s p o n d e a su p r o p ia a c titu d , así c o m o a la a s u n c ió n d e u n a tr a n s lú c id a r e a lid a d d e la c o n c ie n c ia d e c a rg a so c ia l. T o d o e llo c o n lle v a a u n d e se m p le o p ro lo n g a d o y a s u m id o y, e n el m e jo r d e lo s casos, a la b ú s q u e d a d e o c u p a c ió n e n re la c io n e s la b o ra le s, q u e en la m a y o r ía d e lo s s u p u e sto s n o está n re g u la d a s le g a lm e n te y q u e se s itú a n d e n tro d e los esca lo n es m á s b a jo s d e a c tiv id a d m a l p ag a d as y p e o r c u a lific a d a s, c o n d ific u lta d e s d e p r o m o c ió n y c o n fa lta d e re c u rso s, in fo rm a c ió n , tie m p o y m o tiv a c ió n p a ra b u sc a r u n e m p le o m e jo r. E n c u a lq u ie ra d e lo s casos el s u je to d e esta h is to r ia p a sa p o r u n a si­ tu a c ió n d e a n g u s tia , d e d e p re s ió n y d e te n s ió n q u e le lle v a a to m a r u n a d ire c c ió n e n la b ifu rc a c ió n d e l c a m in o , b ie n el s e n tid o d e la c o n s e rv a ­ c ió n , es d e cir, m a n te n e r su id e n tid a d c o m o clase p a s iv a y/o m a rg in a d a , o p o r el c o n tr a r io , el s e n tid o d e l c a m b io p o s itiv o , la in te g ra c ió n e n u n m o d e lo a c titu d in a l y a p titu d in a l q u e le es a je n o y d e d ifíc il acceso. P a ra lo g r a r e sta in te g r a c ió n d e b e m o s p o n e r e n m a r c h a c a m p a ñ a s o p ro g ra m a s q u e h a n d e c o n te m p la r s itu a c io n e s q u e in c id a n e n c a m ­ b io s d e a c titu d , q u e m o t iv e e in te re s e n , ta n t o a l d e s tin a ta r io p r ó x im o , el s u je to m a r g in a d o , c o m o a l d e s tin a ta r io ú ltim o ,

dady

la propia comuni-

p a r a q u e a y u d e n a s u p e r a r lo s o b s tá c u lo s q u e im p id e n el c re c i­

m ie n to p e rs o n a l, s o c ia l y p r o fe s io n a l, q u e fo m e n te n las h a b ilid a d e s y q u e in c id a n e n u n a e d u c a c ió n p a r a la to m a d e d e c is io n e s y e n el a p o ­ y o d e su p r o p io p r o y e c to p e rs o n a l. Es e n re s p u e s ta a estas c a m p a ñ a s p o r lo q u e d e sd e m u lt i t u d d e fó r m u la s a s o c ia c io n a le s sin á n im o d e lu c r o y c o n u n o b je t iv o d e b e ­ n e fic io s o c ia l e n p r im e r a in s ta n c ia y c o n o b je t iv o e c o n ó m ic o e n se­ g u n d o lu g a r, se f o m e n ta n la c re a c ió n d e e m p re s a s d e in s e r c ió n y c e n ­ tro s e sp e c ia le s d e e m p le o , p a r a d a r s a lid a a lo s d e s tin a ta r io s q u e tie ­ n e n u n p e r fil a ju s ta d o a l d e s c r ito a n te r io r m e n t e .

E S T A D ÍS T IC A S D E IN S E R C IÓ N L le g a d o s a este p u n t o re a liz a re m o s u n a n á lis is lo m á s a ju s ta d o p o s ib le a la re a lid a d te n ie n d o e n c u e n ta las v a r ia b le s g e n e ra le s d e

lO índice

327

edad y sexo, así como las edades por bloques, donde el índice de la inserción puede clasificarse de forma coherente, con la finalidad últi­ ma de evaluar la incidencia de inserción, en términos globales. El análisis se realizará por variables representadas por gráficos, el primero en función del sexo y el segundo en atención a los bloques de edad, para posteriormente realizar un análisis de los datos conjun­ tos en el tercer gráfico. 1.

Según la variable del sexo

Los porcentajes arrojan el siguiente resultado: se produce un lige­ ro incremento de inserción femenina en un 55% frente a la masculi­ na de un 45%. G ráfico 1

2.

En atención a la edad

Para el análisis de esta variable dividiremos a la población en dos segmentos de edades, que son los comprendidos entre la edad míni­ ma laboral 1 6 a 35 años y ác 35 a 60 años. El resultado nos muestra un incremento sustancialmente mayor en el primer bloque de edad, 86y5%, frente al 13,5% del segundo bloque. lO índice

328

G ráfico 2

3.

En atención a la edad/sexo S i te n e m o s e n c u e n ta las v a r ia b le s c o n ju n ta s n o s e n c o n tr a m o s

1 6 a los 35 años mujeres fr e n t e a l 38,3% d e hombres, y e n el tr a m o s c o m p r e n d id o e n tr e lo s 35 a los 62 años, el 6,7% s o n hombres fr e n t e a u n 6,8% d e mujeres. E l re s u lta d o p o r c e n tu a l q u e d a re fle ja d o q u e el p o r c e n ta je d d e e d a d e s c o m p r e n d id a s e n tr e lo s r e p re s e n ta n el

48y23%

de

e n el s ig u ie n te g rá fic o :

G ráfico 3

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Los microcréditos y las Empresas de Inserción Isabel Valdés Librero Federaci(5n Española de Entidades de Empresas de Inserción (FEEDEÍ)

—¿Quépone ahí, Pablo? —No lo sé. —¿No lo sabes? ¿Seguro? —Sí, pero no quiero decirlo. Pablo tenía casi seis años cuando le conocí. Sus padres estaban tremendamente preocupados porque todavía no sabía leer y sus com­ pañeros de clase sí. Me dijeron que hablara con él como psicóloga para ver si podía ayudarle. En las conversaciones posteriores que mantuvimos descubrí que Pablo era un niño extremadamente obe­ diente y que deseaba ante todo agradar a sus padres. Además averigüé que Pablo sabía leer tan bien como cualquier compañero suyo, o in­ cluso mejor. ¿Cómo es posible? Como hemos dicho, Pablo era muy obediente y quería, sobre todo, agradar a sus padres. A las preguntas que yo le hacía acerca de porqué no quería que sus padres supieran que era capaz de leer él me razonaba argumentos similares a estos: — Mis papas me cuentan muy bien los cuentos. — Si mis papas discuten, lloro y les digo que me lean un cuento y así dejan de regañar. — Cuando digo que no sé leer y confundo las palabras se ponen muy cariñosos, me abrazan y me dicen: «Pobrecito, es normal que todavía no sepas leer porque eres muy pequeñito. No te preocupes que yo te lo leo». — A veces, cuando cojo un libro porque quiero leer y que sepan que ya sé leer, me dicen: «Deja que te lo lea yo. Cielo, no su­ fras. Yo estoy aquí para ayudarte y que no te sientas mal». lO índice

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— La señorita sienta más cerca suya a los niños que no saben leer. — Si me porto mal, me pongo a llorar y digo que lo hice porque no sé leer. Entonces me abrazan y me dicen cosas bonitas. — Los cuentos que me compran mis papás tienen muchos dibujos y muy pocas letras...

En definitiva, los padres de Pablo, con su afán de proteccionismo le estaban educando para que no supiera leer. Pablo, en su afán de agradarles, les ocultaba sus progresos en la lectura. El siguiente artículo tiene como objetivo mostrar el sistema de microcréditos como un instrumento necesario contra la exclusión. No basta con las subvenciones y los sistemas formativos tradicionales para lograr la inserción de las personas excluidas. Estos sistemas, ade­ cuados en una primera fase, requieren del complemento de una he­ rramienta que ayude a las personas excluidas a tomar sus propias de­ cisiones, a tener la necesidad de superarse, a sentir que son capaces, a comprender que deben asumir responsabilidades y responder de sus actos, a generar sus propias alternativas de trabajo, a desear integrarse, a no dejarse excluir, a ser totalmente independientes..., a que puedan leer los cuentos que ellos eligen y, aún más, si quieren, a que ellos mismos los escriban. Resulta paradójico que mientras que unos suben, otros bajan, y que, en el caso de que los primeros también bajen, los segundos bajan todavía más. La situación socio-laboral europea presenta la siguiente contradicción: cada vez que entramos en una etapa de recesión el paro crece, pero si entramos en una etapa de crecimiento no se genera empleo en la misma proporción. Esta situación permite que las diferencias socio-económicas sean cada vez mayores y más evidentes. Nos encontramos con un mayor número de personas excluidas con billete de segunda, de tercera o, in­ cluso, sin billete. Son personas que no están integradas en la forma de vida actual. ¿Quiere esto decir que nunca lo estuvieron o que no lo podrán estar jamás? No. Definitiva y esperanzadoramente, no. Cualquiera de no­ sotros corre el riesgo social de ser excluido, ya no es sólo patri­ monio de los grupos más desfavorecidos. Un simple percance per­ lO índice

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sonal (pérdida de empleo, desavenencias familiares, enferme­ dad, etc.) puede desatar un proceso completo de exclusión social. Y viceversa, cualquiera que se encuentre en una situación de exclu­ sión, si recibe el apoyo necesario puede volver a integrarse en la sociedad. El empleo es el factor fundamental, aunque no el único, de inte­ gración social en nuestra sociedad. Hemos sido educados desde pe­ queños para tener un trabajo, para ser empleados. Si no logramos un empleo o lo perdemos estaremos fracasando. El esquema básico de un proceso de exclusión podría ser el siguiente:

Las personas excluidas comparten en mayor o menor medida una serie de características comunes (1): — Percepción de la realidad sesgada o filtrada. — Dificultades de atención. (1) Jorge L ópez , 1999: Las Em presas d e In serción co m o m ed io d e in tegra ción sociola b oral. Instituto Municipal de Formación y tmipleo. Ayuntamiento de Granada.

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— Necesidad de resultados y refuerzos inmediatos (horizonte temporal limitado). — Nivel de expectativas bajo. Aspiraciones escasas. — Baja autoestima. — Ansiedad y tendencia a la depresión. — Habilidades sociales deterioradas o escasas. — Desórdenes afectivos. — Reacciones emocionales desproporcionadas. Dada la amplia variedad de perfiles de este colectivo, estas caracte­ rísticas no se dan en todas las personas excluidas ni en igual intensidad. Ahora bien, si partimos de la base de que la independencia econó' mica es un factor determinante para la integración, deberíamos plan­ tearnos la posibilidad de aprovechar las potencialidades de estas per­ sonas a la hora de establecer sus Itinerarios para la Inserción. Entre otras, podemos contar con las siguientes potencialidades: — Gran capacidad para desarrollar esquemas diferentes de pen­ samiento. La creatividad e imaginación pueden aportar solu­ ciones diferentes a las actuales a la hora de enfrentarse a los problemas. — Capacidad de aceptación de la mayoría de las ofertas de tra­ bajo que hay en el mercado. — Interés por la formación ocupacional. — Afán de las personas por buscar soluciones a su situación de exclusión. — Gran motivación por el trabajo, sobre todo en el caso de in­ migrantes. Un Itinerario personalizado es aquel que se adapta a cada indivi­ duo y diagnostica su situación de forma concreta, estableciendo un camino planificado para pasar de ser un sujeto pasivo (no aceptado) a ser un sujeto diferente (aceptado) y terminar convirtiéndose en un sujeto activo y plenamente aceptado.

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333

El Itinerario de Inserción cuenta con una serie de premisas o ca­ racterísticas básicas (2): — El Itinerario será eficaz sólo si la persona tiene el deseo y la vo­ luntad de desarrollarlo. — El Itinerario debe ser un proyecto personalizado, adaptado perfectamente a cada individuo. Para ello será necesario contar con el apoyo y la aprobación de éste a la hora de di­ señarlo. Los objetivos y las etapas, aun sabiendo que más adelante pueden variar, deben ser consensuados con la per­ sona. — Para llegar al objetivo final, la integración, debe existir una serie de etapas perfectamente definidas junto con una valora­ ción de los logros de cada una de ellas. De esta manera el su­ jeto puede observar su evolución a corto plazo. Asimismo, debe establecerse un sistema de información y apoyo para co­ nocer en todo momento en qué situación de desarrollo se en­ cuentra la persona. — Debe elaborarse un Proyecto Personal de Empleo donde se especifiquen las acciones que la persona llevará a cabo para acceder al mercado de trabajo y mejorar su empleabilidad. — El Itinerario es sólo una herramienta, no el fin en sí mismo. Tanto la persona como la Organización que la tutela deben asumir que el Itinerario es sólo un trampolín para llegar a una situación de independencia de las instituciones y de integración en la sociedad. El Itinerario nunca debe convertirse en una he­ rramienta de control o de asistencialismo. En general, en todas las Organizaciones Sociales que trabajan en procesos de Inserción Socio Laboral se cuenta con una serie de es­ tructuras que, a través de diferentes fases, vienen a dar respuesta a los distintos momentos en el recorrido de un Itinerario de Inser­ ción: (2) L ópez A rangure-N, Gonzalo; La Inserción p o r lo E conóm ico: ex periencias d e inser' ctón la b ora l en la econ om ía social, 1997. Cáritas Española. Departamento de Acción Social.

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33 4

Servicios de acogida y asesoramiento para el empleo

Se — — —

realiza una entrevista para: Diagnosticar la situación. Elaborar el plan de trabajo. Establecer unos acuerdos con los com prom i­ sos de cada una de las partes

Pretalleres laborales

Su objetivo es resituar a la persona en las mejores condiciones posibles para acceder a un puesto de trabajo digno. Se trata de recuperar los aprendizajes necesarios que ya se tenían y definir los programas o cursos a desarrollar.

Talleres de especialización laboral

En esta fase se aprenden o perfeccionan los co­ nocimientos, las nabilidades y las actitudes nece­ sarias para acceder a un empleo específico.

Empresas de Inserción

En esta fase se persigue la acomodación de las ca­ racterísticas laborales de la persona a las exigen­ cias del mercado de trabajo, a través de la conso­ lidación de las habilidades y actitudes aprendidas o recuperadas durante todo el proceso.

Queremos resaltar el papel de las Empresas de Inserción, cuyo objetivo es culminar el desarrollo integral para la empleabilidad de la persona. Las Empresas de Inserción se conciben como verdaderos vi­ veros de empleo de inserción que tienen capacidad para lograr la in­ tegración plena de la persona, además de convertirse en una herra­ mienta fundamental para el desarrollo social de la comunidad. Estas empresas tienen unas características compartidas: — Persiguen un fin social (la inserción), pero deben ser autosuficientes económicamente. — Compiten en igualdad de condiciones con el resto de empre­ sas del mercado. — Los protagonistas son los propios individuos, no las institu­ ciones de ayuda o tutela.

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— La propia empresa es un foro de ayuda y autodesarrollo para sus integrantes. — Los sistemas democráticos de gestión y toma de decisiones fo­ mentan el grado de participación e implicación de los traba­ jadores. — Trabajan en sectores en expansión, no en recesión. — La base de su financiación es la inversión, no la subvención. En este sentido, y conocedores de la difícil realidad económica de las Empresas de Inserción, desde la Federación Española de Entidades de Empresas de Inserción, FEEDEI, venimos desarrollando una experiencia con la gestión de una línea de microcréditos para Empresas de Inserción, en consonancia con otras llevadas a la práctica también en Europa. Estas empresas cuentan con una tutela y un seguimiento muy cercano, ya que normalmente su dirección y puesta en marcha se re­ aliza desde organizaciones y entidades sin ánimo de lucro. Sin embar­ go, puede darse en el tiempo la evolución de éstas a sistemas más in­ dependientes, aunque es del todo conveniente que ese vínculo se mantenga en el tiempo, pues hoy en día, y mientras no exista un marco normativo para éstas, es del todo conveniente mantener el res­ paldo de la Organización promotora. Ea línea de microcréditos debe concebirse no sólo como un apo­ yo financiero, sino también como apoyo a la mejora de los sistemas de gestión de las Empresas de Inserción. Su idea responde más a la idea de herramienta de promoción y estímulo que al concepto de puro gasto social. Por tanto, tiene una idea de continuidad y pretende una gestión rigurosa de su uso para que las inversiones se recuperen y puedan volver a ser utilizadas. Los microcréditos hacen referencia exclusivamente al concepto de inversión frente al de subvención. Con esto no rechazamos otras formas complementarias de enfrentarnos al problema de la exclusión, pero comprendemos que esta manera de entender el apoyo desemboca en: — La autonomía de la Empresa de Inserción y de los promoto­ res aumentan. El dinero se presta para que otros desarrollen su propia idea, no la de la entidad prestataria. lO índice

336

— La valía del proyecto se valora no por su diseño sino por sus resultados. Es decir, los microcréditos se conceden a proyec­ tos realistas que generan un verdadero beneficio social y son autónomos económicamente, no a utopías que quedan en buenas intenciones. — Se estimula la creatividad, la motivación y el compromi­ so con el proyecto. El apoyo es económico y se asesora en la gestión, pero las ideas las deben aportar los promotores de la empresa de inserción. Si el proyecto es rentable se apoya, pero no se pretende decir cómo tiene que ser el proyecto. — La responsabilidad en la toma de decisiones se consolida al tener que hacer frente a la devolución. Cada decisión tomada influye en la cuenta de resultados (social o económicamente), luego la responsabilidad aumenta. — La profesionalización se hace más patente al orientarse a re­ sultados. Los resultados dependen de un equipo y esto sólo se consigue si los equipos se plantean continuamente mejorar su rendimiento. — Se aprende a aprender para lograr ser independiente, frente a otras formas en las que se aprende lo que otros quieren que se aprenda. — La Empresa pasa de ser sujeto receptor (de formación, ayu­ das, etc.) a ser sujeto generador (de puestos de trabajo, apoyo a la comunidad, generación de beneficios sociales, etc.). — La responsabilidad de gestionar una empresa obliga al equipo a crecer personal y profesionalmente de forma continua. La competencia mejora constantemente para satisfacer la ley de la oferta y la demanda, por eso la empresa de inserción social no puede «dormirse en los laureles». — La opción de campos de trabajo aumenta con el aporte de nuevos enfoques no tradicionales. Estas empresas se centran en sectores en expansión, no en recesión. Estos sectores vie­ nen siendo: reciclaje, jardinería, carpintería, ropa de segunda mano, agricultura biológica, etc. — La inversión obliga a pensar en un tiempo futuro, a ir «un paso por delante». El dinero recibido hoy se tendrá que devol-

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ver en un futuro. Esto nos obliga a pensar no sólo en cómo solucionar el presente sino también en dónde queremos estar en el futuro. Por lo tanto, el horizonte temporal se amplía. — La gestión y la administración de la empresa se realiza sobre parámetros reales: los beneficios serán reales y las pérdidas también. Si además existen subvenciones éstas serán bienve­ nidas para ampliar el margen de beneficios, pero nunca para mantener artificialmente los puestos de trabajo. El esquema seguido para la concesión de un microcrédito a una Empresa de Inserción es el siguiente:

Como regla general, la cuantía no debe exceder los cinco millo­ nes de pesetas y el período de devolución será de tres años (ampliadle a cinco excepcional mente). Queremos terminar haciendo referencia a la experiencia de Muhammad Yunus (Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, lO índice

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1998) en la India. Doctorado en Economía, regresó a Bangla Desh en 1971 y un hecho tiró por tierra todas las teorías que había apren­ dido en la Universidad: conoció a una viuda con dos hijos que fabri­ caba hermosos taburetes de bambú. Descubrió, ante su sorpresa, que sólo ganaba dos centavos al día. ¿Por qué?, se preguntó. Porque era incapaz de conseguir el capital necesario para comprar el bambú en el mercado. Por consiguiente, tenía que pedirlo al prestamista local. Esta mujer vivía encerrada en un círculo vicioso económico que le impedía prosperar y establecerse por su cuenta. Yunus, después de esta y otras experiencias, llegó a las siguientes conclusiones: — Los pobres no ejercen control sobre el capital, sino que traba­ jan en beneficio de los que lo controlan. Ni heredan ningún capital, ni nadie les concede crédito. — El crédito permite acceso a las fuentes de riqueza y su devo­ lución no depende exclusivamente de los avales o de los re­ cursos que se tengan. — Los créditos, aun siendo pequeños, tienen un poder tremen­ do (por falta de 27 dólares en el pueblo de Jobra, 47 personas se veían envueltas en el círculo vicioso de la pobreza). Yunus prestó 27 dólares a los habitantes del pueblo de Jobra, y en 1983 recibió la autorización para crear el Grameen Bank. Actualmen­ te opera en 37.000 de los 68.000 pueblos de Bangla Desh. Presta di­ nero a más de 2.300.000 personas, de las cuales el 94% son mujeres. Su tasa de devolución es del 97% . En junio de 1997 superó los dos mil millones de dólares en préstamos acumulados. Su éxito confirma que los préstamos no necesitan ser garantizados para ser devueltos. Para tener éxito como banco y como programa para la mitigación de la pobreza el Grameen Bank se ciñe a dos principios: alcanzar a los más pobres y asegurarse una disciplina de devolución de créditos. Como Yunus nos ha demostrado, las grandes soluciones no están sólo en las grandes teorías. Del macro tenemos que pasar al micro. De la vista de pájaro, a la del gusano, para ver dónde están realmente los problemas y las soluciones particulares de las personas que día a día viven su problemática como lo que realmente es: una vivencia única puesto que, aunque iguales, todos somos diferentes. lO índice

Bases para organizar el movimiento asociativo y representativo de las Empresas de Inserción José M.^ Montolío Doctor en Derecho. Abogado.

Con carácter preliminar ha de indicarse que el presente tiene como antecedente próximo un estudio, naturalmente de mayor amplitud, realizado a instancia de la Federación Española de Enti­ dades de Empresas de Inserción. Del mismo modo es de advertir que, por razones profesionales, la orientación del mismo trasluce necesariamente la perspectiva jurídica por mucho que ésta no sea la única —y quizá tampoco la más importante— en el ámbito de las organizaciones.

1. ACCIÓN SOCIAL E INSERCIÓN: SITUACIÓN PRESENTE 1.1.

Consideración inicial

Hasta mediados de los años ochenta puede afirmarse que, con ca­ rácter general, esta materia —situaciones de exclusión, de marginación social, de pobreza dentro de una comunidad predominantemente aco­ modada— no recibía un tratamiento propio, dicho sea desde la pers­ pectiva de los poderes públicos, fuera del ámbito de cobertura de lo que podríamos denominar «complejo Seguridad Social» [genérico ini­ cialmente, específico —INSERSO— después, etc.]. Junto a las cober­ turas del sistema de Seguridad Social prácticamente sólo se daban las previsiones de la legislación de régimen local. Téngase en cuenta que en España, junto a una constante penuria económico-presupuestaria de las Corporaciones Locales, la legislación llegó a atribuir a las mismas in­ cluso la «satisfacción de las aspiraciones ideales» de la población. lO índice

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Fuera ya del sector público, no cabe pasar por alto los desvelos y realizaciones debidos a entidades e instituciones que podríamos in­ cluir dentro del concepto, que luego veremos multiplicado en la le­ gislación específica, de «iniciativa social». A partir de aquellas fechas se asiste nítidamente a la superación de los conceptos tradicionales de cobertura de infortunio o benefi­ cencia — todos ellos con una vocación de tutela genérica— , por el de una exigencia ética derivada inexcusablemente del «Estado social» proclamado en la Constitución de 1978 y dirigida ya a situaciones sociales específicas. En cualquier caso, media un hecho innegable en todo este planteamiento: este es el momento en que el Estado no dis­ pone de una norma básica al respecto, perfilándose a lo sumo una su­ cesión de proyectos.

1.2.

Perspectiva jurídica general

La primera referencia a una norma relacionada con la materia ha de hacerse a la Orden Ministerial de 21 de febrero de 1986, debida al entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hoy de Trabajo y Asuntos Sociales. En la misma se articularon cinco programas bajo la rúbrica general de «apoyo a la creación de empleo». El primero de ellos establecía instrumentos en favor de las cooperativas y sociedades laborales; el segundo se centraba en la promoción de las iniciativas lo­ cales de empleo [ILEs]; el tercero articulaba medidas en favor del em­ pleo autónomo; el cuarto concedía ayuda salarial a la contratación de mujeres en profesiones y oficios donde estuvieren subrepresentadas, y, el quinto, se centraba en la integración laboral de minusválidos. Sin perjuicio de que en buena medida esta disposición venga hoy privada de contenido, lo cierto es que a pesar de su escaso rango ha constituido un pilar durante muchos años. A su ámbito se deben me­ canismos luego conocidos bajo distintas denominaciones tales como «rentas de subsistencia», «salarios de integración», «rentas mínimas de integración», etc. A tenor de circunstancias sociales de urgencia creciente se pusie­ ron en funcionamiento programas motivados por situaciones de ex­ clusión, en ocasiones límite, cuales los derivados de drogodependen-

lO índice

341

das. Paralelamente, la atención por parte de todos los distintos secto­ res de la sociedad fue en aumento y desde luego también las iniciati­ vas públicas. La evolución legislativa llevaría al Real Decreto 1.033/1986, de 25 de abril, por el se creó el Registro de entidades que desarrollen ac­ tividades de acción social, y que se complementó por Resolución de la Dirección General de Acción Social de 27 de agosto de 1986. Esta regulación fue posteriormente derogada por Real Decreto 195/1989, de 17 de febrero, norma ésta que a su vez ha sufrido posteriores mo­ dificaciones, hasta la más reciente, debida al Real Decreto 223/1991, de 22 de febrero. A finales ya de aquella década y por medio del Real Decreto 825/1988, de 15 de julio, se abrió una nueva línea de actuación, ins­ taurando una serie de programas sociales de nuevo cuño nutridos desde las contribuciones del IRPF no atribuidas con carácter confe­ sional. Llegados a este punto, es obligado dejar constancia de las Senten­ cias del Tribunal Constitucional núms. 76/1986, de 9 de junio, y 146/1986, de 25 de noviembre. En las mismas, de un lado, se sepa­ ran conceptualmente «acción social» y «seguridad social», correspon­ diendo a aquélla el carácter de «mecanismo protector de situaciones de necesidad específicas» a las que no alcanza ésta última; de otro, dentro de la distribución constitucional de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, se va a potenciar el papel normativo y de gestión de las Comunidades Autónomas: el art. 148.1.20^ de la Constitución [«Asistencia social»] permite que la materia sea asumida por las mismas como efectivamente así ha sido en sus distintos Esta­ tutos de Autonomía y como sin lugar a dudas lo demuestra la legisla­ ción que ha surgido en la práctica totalidad de todas ellas.

1.3.

El papel de las Comunidades Autónomas

En aquella evolución, la realidad normativa de nuestro país en los momentos actuales no quedaría siquiera esbozada sin tener en cuenta de forma muy especial la legislación autonómica en la materia que, frecuentemente, se produce bajo la rúbrica «servicios sociales». lO índice

342

A este respecto resulta pionera la Ley Foral 14/1983, de 30 de marzo, de regulación de los Servicios Sociales de Navarra, cuyo ar­ tículo 3 articula toda una serie de «areas de actuación» [Infancia y juventud. Tercera Edad, Minusválidos, ...] y entre ellos la de Rein­ serción social y actuaciones especiales. Para su desarrollo, además de la competencia de las distintas Administraciones públicas, se conci­ ta la iniciativa privada [art. 7] bajo la amplia denominación de «Fundaciones, Asociaciones y Entidades privadas». Todas ellas tie­ nen abierta la participación en las referidas áreas, si bien admitien­ do una intervención administrativa que principia por la obligada inscripción en un Registro ad hoc. A esta primera fase de regulación cabe incorporar las Comunida­ des Autónomas de Madrid, Murcia, Aragón, Extremadura, Andalu­ cía, Castilla y León y Galicia con la Ley de 1987, derogada luego por la de 1993. El resto de C CAA se incorporarían sucesivamente a esta tenden­ cia generalizada, bien aportando a esta evolución nuevos textos nor­ mativos, bien actualizando los dictados con anterioridad. En la déca­ da de los noventa — buena prueba de ello puede ser la Ley 6/1991, de 5 de abril, de ingreso mínimo de inserción en el Principado de As­ turias— impera la sistemática de enraizar la normativa con antece­ dentes cuales la Carta Social Europea aprobada por el Consejo Euro­ peo de 8 de diciembre de 1989 y la Resolución 2.171/ 1988, de 16 de septiembre, del Parlamento Europeo para situar la acción social en cinco notas: - Gestión a través de organismos públicos. - Financiación fiscal de las prestaciones. - Ausencia de limitaciones en función del campo de aplica­ ción. - Necesidad de prueba de necesidad e insuficiencia de medios. - Condición de subvención de las prestaciones sujeta por tanto a control. Bajo estas premisas y con la finalidad explícita de «propiciar la in­ tegración social» se articulan las medidas al efecto, todas las cuales gi­ ran en torno al referido ingreso mínimo de inserción y a las activida-

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343

des que acompañan su percepción (cursos de formación, trabajo so­ cial, programas de cualificación y mejora, etc.). En la realización de estas actividades y en las tareas de participación y programación se abren las puertas a las entidades privadas [«... instituciones, organismos y asodaciones... canalizándose las acciones a través de un planea­ miento anual e interviniendo la Administración a través de controles y seguimiento por registros específicos. 2.

LA ASOCIACIÓN C O M O DERECHO Y TÉCNICA DE CARÁCTER GENERAL

El derecho a asociarse ni ha sido siempre pacífico ni tampoco la libertad de su ejercicio ha sido reconocida en todos los tiempos. Ha de tenerse presenete que incluso en períodos revolucionarios de la Historia (vg.: Revolución francesa) el ejercicio de un derecho que pu­ diera entrañar trabas, o cuando menos mediatizar, la directa relación entre el ciudadano y las instancia públicas no fue aceptado. No es de extrañar, por tanto, que los sectores sociales más necesitados de agru­ par sus esfuerzos, y en concreto las clases obreras, hubieran de acudir a subterfugios o sociedades secretas. En nuestro Ordenamiento, la Constitución de 1869, tras la «gloriosa» revolución del año anterior proclamó la libertad asociati­ va y la primera regulación de ley ordinaria se debió a la Ley de 1887, influenciada ya por la Constitución de la Restauración mo­ nárquica de 1876. La vigente Constitución de 1978 [art. 22] reco­ noce sin paliativos el derecho «fundamental» de asociación, sujetan­ do a éstas a fines legítimos y a su inscripción registral y poniéndolas bajo tutela de los jueces. Unicamente prohíbe las de carácter secreto o paramilitar. Con estos antecedentes y a lo largo de la evolución normativa se ha configurado lo que podría denominarse un derecho de aso­ ciación [género] y una técnica asociativa de carácter general del que luego se irán desgajando sucesivas particularidades [especies], en razón a la múltiple legislación de carácter sectorial. Aquella di­ mensión genérica se ve todavía regulada por la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, y sus disposiciones de desarrollo mientras que las distintas particularidades [Sindicatos, partidos políticos, empresalO índice

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ríos o profesionales, Padres de Alumnos, Federaciones y Confede­ raciones de Cooperativas, etc.] encuentran concreta regulación en legislación específica. El bloque legislativo genérico en materia de asociaciones puede considerarse el más abierto en relación con las múltiples iniciativas de asociación posible, mientras que las dispo­ siciones sectoriales y concretas conforman naturalmente estatutos de perfiles más cerrados por razón de su objetivo. Desde el punto de vista de las empresas de inserción ya se ha visto cómo la legislación en la materia se sirve por lo común de fór­ mulas abiertas [«instituciones», «entidades», «asociaciones», «orga­ nismos»...] a la hora de concitar el mayor número de iniciativas para la realización de programas. Reflejo de estas fórmulas abiertas ha de ser a nuestro entender el esquema organizativo en que con­ fluya la representación de los distintos agentes sociales que directa­ mente se involucran en la realización de los concretos programas de inserción.

3.

PLANTEAMIENTO PARA LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN

Las premisas indicadas ponen de manifiesto dos elementos a te­ ner presente a la hora de organizar la confluencia representativa de las empresas de inserción: en primer lugar la composición compleja de España en lo político-administrativo [Tit. VIII de la Constitución: Comunidades Autónomas], ajena ya a planteamientos unitarios in­ sostenibles; en segundo, la formulación abierta de las distintas mani­ festaciones que el Ordenamiento acepta en cuanto a las empresas de inserción. A uno y otro elemento habría de dar respuesta en unión de un tercero que podría enunciarse como eficacia de la organización y que conduce a amoldar el eventual estatuto asociativo a las posibili­ dades que mejor convengan a la pujanza de la plataforma de con­ fluencia. Desde esta perspectiva, si se acude a un esquema organizativo co­ mún de entidades de ámbito territorial inferior que confluyan en una de ámbito nacional, el esquema podría ser el siguiente:

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345

ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN REPRESENTATIVA DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN _____________________ESQUEMA ORDINARIO_____________________

T Empresas

t Empresas

T Empresas

(u organizaciones de ámbito inferior a Comunidad Autónoma)

En una organización de este porte, lo usual es que las asociacio­ nes de base adopten precisamente la denominación de «asociación», reservándose la de «federación» y en casos la de «confederación» para los supuestos de integración de superior ámbito. Ahora bien dentro de aquel marco abierto a que se ha hecho re­ ferencia no habría obstáculo para que el esquema organizativo se des­ ligara de una estructuración enteramente homogénea, respondiendo, por ejemplo al siguiente, en el que, como cabe advertir, se integran en una plataforma unitaria entidades de ámbito distinto: ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN REPRESENTATIVA DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN _________________________ ESQUEMA ESTATUARIO__________________ ________

T

T

T

Empresas

Empresas

Empresas

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346

En cualquier caso, las bases de integración representativa serían indefectiblemente las mismas: adecuada respuesta a la realidad com­ pleja de nuestro Estado, teniendo en cuenta, además, las competen­ cias en la materia de las Comunidades Autónomas; adopción de un marco organizativo abierto, en correspondencia al que de forma comparable se ha adoptado para las empresas de inserción y, final­ mente, optar por la forma que mejor convenga a la eficacia de la or­ ganización.

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Federación Española de Entidades de Empresas de Inserción FEEDEÍ

1.

ORIGEN

La integración social de aquellas personas que, por muy diversos motivos, se encuentran en situación de exclusión constituye el obje­ tivo primordial de las entidades de carácter social que trabajan en di­ ferentes ámbitos. Y todas ellas coinciden en señalar la importancia que tiene el empleo en los procesos de inserción que se establecen por su carácter normalizador e integrador, así como por constituir una herramienta de aprendizaje tanto de hábitos como de conoci­ mientos. La Federación Española de Entidades de Empresas de Inserción — FEEDEI— es una organización sin ánimo de lucro, que nace para representar y defender a nivel nacional e internacional, en los órdenes político, social y económico los intereses de personas y co­ lectivos en situación de exclusión en el marco de la pobreza y de la marginación (1). Está promovida por siete Instituciones Sociales (2) que represen­ tan a más de trescientas entidades asociadas a sus redes, todas ellas (1) La Asamblea Constituyente se celebró en Barcelona en julio de 1998. Está ins­ crita en el Registro Nacional de y\sociaciones bajo el Protocolo N.° 50.376, de 11 de mayo de 1999. (2) Miembros fundadores de FEEDEI: AERESS, Asociación Española de Recupera-dores de Economía Alternativa y Solidaria, d Temple, 13-15, 08038 Barcelona, lelf. 93 223 27 29. Fax: 93 223 49 89. [email protected]; ACERESS, Asociación Catalana de Recuperadores de Ficonomía Alternativa y Solidaria, c/ La Plana, 10, 1°. D, 08032 Barcelona. Telf. 93 429 76 29. Fax: 93 357 02 66; AMEI, Asociación Madrileña

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348

comprometidas en la lucha por la igualdad, la solidaridad y la justicia social. Para ello se ha dotado de una estructura basada en la partici­ pación, bien a través de Coordinadoras o Federaciones territoriales, bien por medio de entidades de ámbito estatal. Como primera y fundamental actuación, debido a la inexistencia de un marco normativo que regule y fomente la creación y desarrollo de las llamadas Empresas de Inserción, FEEDEI está impulsando la aprobación de un texto legislativo que contemple una realidad social ya existente. Ahora bien, ¿qué entendemos por Empresas de Inserción? Existe un consenso entre las diferentes organizaciones en de­ finir las Empresas de Inserción como «estructuras productivas de bienes o servicios con personalidad jurídica, cuyo fin es la in­ corporación al mercado laboral normalizado de colectivos en si­ tuación de desventaja social o exclusión, que lleven a cabo un pro­ yecto personal de inserción mediante un proceso de aprendiza­ je adecuado que contemple la consecución de habilidades sociales, laborales, formación básica, cualificación laboral y conocimientos del mercado, que les permitan mejorar sus condiciones de empleabilidad».

2.

OBJETIVOS Y FINES DE FEEDEI

Los fines y objetivos que esta Federación persigue están contem­ plados en los artículos 2 y 3 de sus Estatutos. Los fines son los si­ guientes:

de Empresas de Inserción, d Montera, 10-3°, 5°, 2 8 013 Madrid. Telf. 91 532 43 22. Fax: 91 522 25 66; CÁRITAS ESPAÑOLA, d San Bernardo, 99 bis, 7°, 28015 Madrid. Telf. 91 444 10 00. Fax: 91 593 48 82. [email protected]. EMAÚS, d de Uba, 37, 2 0 014 San Sebastián. Telf 943 47 33 64. Fax: 943 47 32 39. fundació[email protected]; REAS, Red de Economía Alternativa y Solidaria, Camí Salard, 63, 07008 Palma de Ma­ llorca. Telf 971 47 25 65. Fax: 971 47 72 39. [email protected]; RED ANACOS, Red Canaria de Proyectos de Promoción de Inserción Sociolaboral Anagos. Avda. El Puente 29, edif Cabezola 2, O f 27, 38700 Sta. Cruz de La Palma. Telf 922 41 40 59. Fax: 922 4 l 73 21. [email protected]; FEEDEI, Federación Española de Entidades de Empresas de Inserción, d San Bernardo, 99 bis, 7.^ 28 015 Madrid. Telf 91 444 13 13/91 444 13 14. Fax: 91 445 22 66. [email protected].

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• Representar y defender los intereses de las personas y colectivos en situación de exclusión social, en los órdenes político, social y económico, ante todo género de personas, entidades y organis­ mos públicos o privados de carácter nacional o internacional. • Promocionar las Empresas de Inserción ligadas a nuevos yaci­ mientos de empleo y a la creación de empleo. • Coordinar y armonizar los intereses de las Empresas de Inser­ ción a nivel nacional o internacional. • Reclamar de los Poderes públicos y de los agentes sociales y políticos en particular, y del mundo empresarial y de la socie­ dad en general, una atención y colaboración preferente en el ámbito de la inserción sociolaboral. • Establecer, mantener y fomentar contactos y colaboraciones con asociaciones y entidades nacionales e internacionales afi­ nes a los intereses de esta Federación. • Informar y asesorar a los asociados en cuantos asuntos puedan ser de interés, promoviendo el intercambio de información y experiencias entre los mismos para el mejor desarrollo de sus actividades. (Art. 2.)

Tiene como objetivos concretos y de inmediata atención: • La realización de estudios y ofrecer foros de debate en la bús­ queda de las fórmulas adecuadas para la solución de los proble­ mas descritos. • La obtención de un marco legal para las Empresas de Inserción. • La consecución de políticas activas de empleos de inserción para personas y colectivos en situación de exclusión y difícil­ mente empleables. • La constitución de un Gabinete de formación e información en temas relacionados con políticas activas de empleo, políticas sociales, políticas de formación y políticas empresariales. • La búsqueda de mecanismos para informar, difundir y sensibi­ lizar a la sociedad civil sobre los problemas de las personas y colectivos en situación de exclusión. (Art. 3.) lO índice

350

3.

ACTIVIDADES

FEEDEI, como una organización de representación y coordina­ ción, programa sus actividades teniendo en cuenta las necesidades de sus organizaciones miembro. En el ámbito de la formación organiza Seminarios, Jornadas y elabora materiales o módulos didácticos sobre gestión empresarial, gestión de proyectos, etc. Como muestra indicar que desde 1998 se viene organizando:

Jomadas sobre: • La Empresa de Inserción en el marco de la Economía Social y de las políticas activas de empleo. (Madrid, 25 de noviembre de 1998.) • Presente y futuro de las Empresas de Inserción, hacia la bús­ queda de un marco normativo. (Madrid, 29 de noviembre de 1999.) • Seminario de emprendedores y gestores de Empresas de Inser­ ción. (Madrid, 21 y 22 de octubre de 1999.) En el ámbito de la financiación, FEEDEI, basándose en la firme creencia de que la mejor opción en contra de la exclusión es la inser­ ción por lo económico, decide abrir una línea de financiación de proyectos, contando con la colaboración de la Fundación Telefónica. Este tipo de créditos va dirigido a la creación de empleo de inser­ ción, para fortalecer y hacer factibles sus estructuras, así como a la creación y puesta en marcha de nuevas iniciativas.

Características de los microcréditos: • La concesión de microcréditos será de hasta cinco millones de pesetas. Dicho tope se podrá superar cuando la naturaleza del proyecto exija mayores volúmenes de préstamos. • Se establece una temporalidad de devolución de entre tres y cinco años. Los intereses del préstamo serán del 0% + IPC. • El proyecto objeto de préstamo será valorado según los si­ guientes criterios:

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Presentación del proyecto por parte de una o varias Orga­ nizaciones sociales. Viabilidad social. Viabilidad económica. Aceptación por parte de la Organización social y de la Em­ presa de Inserción de un contrato ético. Poseer una estructura jurídica.

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Experiencia y realidad de AERESS Antoni Puig Ollé Presidente de AERESS

1.

ORIGEN

El grupo AERESS (Asociación Española de Recuperadores de Economía Social Solidaria) celebra su asamblea constituyente en ene­ ro de 1994. Surge de una plataforma anterior, «Amantes de la Basura», crea­ da a mediados de la década de los años 80, que era y continúa siendo un lugar de encuentro entre los grupos recuperadores y grupos eco­ logistas.

2.

FUNDAMENTOS

AERESS tiene como principios fundamentales: — La AUTOGESTIÓN, como forma de organizar la produc­ ción y el trabajo, con la participación directa de todos sus miembros. — La SOLIDARIDAD, como fuerza vital para la consecución de una sociedad más ética, justa y equitativa, una sociedad por y para las personas. — La INDEPENDENCIA, de cualquier organismo o entidad pública o privada.

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354

— La FORMACIÓN, para facilitar la promoción personal del trabajador, tanto en su puesto de trabajo como en su colecti­ vo o entorno social.

3.

FINALIDAD

La mayoría son Empresas de Inserción (fundaciones y asociacio­ nes) que a través de la recogida, recuperación, reciclaje y reutilización de los Residuos Sólidos Urbanos (muebles, ropa, papel, etc.) tienen como objetivo la inserción socio-laboral de personas y colectivos con

problemas de pobreza económica y personal de exclusión y marginación social. Nos organizamos para conseguir un modelo de desarrollo econó­ mico sostenido y respetuoso con el medio ambiente que incentive el aprovechamiento y posterior uso equilibrado de los recursos natura­ les, basado en la utilización de tecnologías limpias que no atenten contra la salud humana y/o al medio ambiente. En el campo laboral, apostamos por la rentabilidad social por encima de la productividad y el beneficio económico.

4.

OBJETIVOS

Para la consecución de nuestros fines ideológicos nos marcamos los siguientes objetivos: • Impulsar el reconocimiento jurídico de la empresa de la econo­ mía social y solidaria en la legislación laboral. • Impulsar el reconocimiento jurídico de la función ecológica que desempeñan los grupos recuperadores. • Reivindicar el espacio productivo de la recogida y recuperación de los residuos urbanos hacia colectivos de economía social. • Incidir en el reconocimiento administrativo del servicio social que desempeñamos. • Desarrollar la formación profesional en los diferentes métodos de la recuperación.

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5.

QUIÉNES SO M O S Y EN DÓNDE ESTAMOS COMUNIDAD AUTÓNOMA

ENTIDAD

DIRECCIÓN

RECICLADOS LIBERACIÓN

C/ José Bermejo, 3 41009 SEVILLA

TRAPEROS DE Ei\4AÚS

Casería de las Elenas, s/n HLIETAR-VEGA (Granada)

ASTURIAS

RIQUI RAQUE

C/ Electra, 19 bjs. 33213 GIJÓN (Asturias)

BALEARES

FUNDACIÓ MESTRAL

Plaza Bastió, 10 07703 MAÓ (Baleares)

FUNDACIÓ DEIXALLES

C am í Salard, 63 07008 CIUTAT DE MALLORCA (Baleares)

CANARIAS

PROYECTO ATARETACO

C/ M aría Luisa, 28 38108 TACO-LA LAGUNA TENERIFE

CASTILLALA M AN CH A

«R QUE R» (Recuperación y Reciclaje)

C/ Belén, 6, 1,° izqda. 02004 ALBACETE

EUSKALHERRIA

TRAPEROS DE EMAÚS

Polígono Industrial 31892 SARASA (Nafarroa)

TRAPEROS DE EMAÚS

C/ Sabino Arana, 42 bjs. 48013 BILBO (Bizcaia)

REZIKLETA

Polígono Erletxe, Plataforma D, Nava 5 48960 GALDAKAO (Bizcaia)

TRAPEROS DE EMAÚS

Camino de Uba, 43 20014 DONOSTI (Guipúzcoa)

EMAÚS MARGEN IZQUIERDA, S.L.

Bizcaia, 11, 2.® D 48901 BARAKALDO (Bizcaia)

LA R C A DEL MARESME, S.L.

Cuba, 33 08032 MATARÓ (Barcelona)

ANDALUCIÍA

CATALUNYA

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356 (Continuación) COMUNIDAD AUTÓNOMA

ENTIDAD

DIRECCIÓN

RECOLLIM

C/ Francia, 41 bjs. 08907 l'HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona)

VOLEM PEINA

Av. Sant Jordi, 23 25280 SOLSONA (Lleida)

FUNDACIÓ ENGRUNES

C/ Temple, 13-15 08038 BARCELONA

ANDROMINES

C/ Carril, 15 08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona)

MURCIA

TRAPERAS DE EMAÚS

C/ Mayor, 271 30006 PUENTE TOCINOS (Murcia)

PAÍS v a l e n c i a

RASTRELE

C/ Vuelta del Ruiseñor, 21 bjs. 46010 PICANYA (Valencia)

TOTS UNITS

Senda de Pescadors, 62 12540 VILA-REAL (Castellón)

EL CUC Centre de Recuperació

Av. Sta. M.^ del Puig, 10 46210 PICANYA (Valencia)

ASOC. CHAVICAR

Vélez de Guevara, 25-27 26005 LOGROÑO (La Rioja)

EL TRASTERO

Villegas, 12 26004 LOGROÑO (La Rioja)

LARIOJA

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357

6.

BALANCE SOCIAL

En 1997y 20 empresas de AERESS movilizaron a 606 personas: 397 gozaron de un contrato de trabajo. 108 eran personas voluntarias, y 101 eran personas que recibían una beca o ayuda. En 1998, movilizaron a 738 personas, un aumento del 22 por 100: 540 disfrutaron de un contrato de trabajo, aumentando el 36 por 100. Las personas voluntarias fueron 141, un 30 por 100 superior al ejercicio anterior. Las personas beneficiarias de una beca fueron 38, número que representa el 37,6 por 100 de los becados registrados en 1997. 7.

BALANCE ECONÓM ICO

En 1998, 20 empresas del grupo AERESS gestionaron 1.500 mi­ llones de pesetas. Procedencia de los ingresos durante el año 1998:

A) El mercado: Las ventas de bienes y servicios representaron el 70 por 100 de sus ingresos. El mercado privado: Representó en 1998, el 42 por 100 de los ingresos. El mercado público: a) Las contratas, que representan el 20 por 100 de los ingresos to­ tales del grupo, unos 295 millones. lO índice

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b) los proyectos europeos, que representan el 8 por 100 de los ingresos (unos 120 millones de pesetas).

B)

Subvenciones:

En 1998 las subvenciones representaron el 14 por 100 del total de los ingresos.

C)

Donaciones de particulares:

En 1998 las donaciones en dinero representaron un 5 por 100 de los ingresos.

Gastos: A) Se pagaron en concepto de costes de salarios 778 millones de pesetas, lo que supuso el 56 por 100 del gasto total. El 37 por 100 de esta cifra son 288 millones de pesetas; cifra que se destinó para cumplir las obligaciones con la Seguridad Social. Si los ingresos por subvenciones significaron este año unos 2 1 0 millones de pesetas, el diferencial resultante es de 78 mi­ llones de pesetas a favor del gasto público. B) Becas: En 1998 las becas representaron el 7 por 100 de los gastos del colectivo. C) Gastos generales: En 1998 los gastos generales representaron el 18 por 100 del total de gastos del grupo. D) Alquileres: En 1998 los gastos en concepto de alquileres representaron el 6 por 100 de los gastos totales.

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3 59

E) Inversiones: Las inversiones supusieron el 7 por 100 de los gastos totales. En 1998 las empresas del grupo invirtieron por valor de 98 millones de pesetas. 8.

EN QUÉ ESTAMOS TRABAJANDO

Tenemos constituidas las siguientes comisiones: • Comisión de los juguetes.

Son los juguetes antiguos y viejos «rescatados de las basuras». Constituye el patrimonio de la Asociación en forma de exposi­ ción itinerante, debidamente catalogado e historiado. • Comisión de M edio Ambiente.

Tenemos elaborados diversos manuales y programas sobre for­ mación, educación y sensibilización medioambiental. • Comisión de la Ropa.

El objetivo es poder exportar directamente los excedentes de ropa usada sin intermediarios y controlando a quién llega y qué uso se hace de este residuo. 9.

EN QUÉ PARTICIPAMOS

A través del programa «Nodus», participamos del 0,5 del I.R.P.E del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la atención de personas sin hogar. Hemos participado en el grupo de trabajo de la Dirección Gene­ ral del Fomento de la Economía Social, elaborando el borrador para la Ley de Empresas de Inserción. Somos miembros fundadores de la Federación Española de Em­ presas de Inserción (FEEDEI)

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Assocíació Catalana de Recuperadors de FEconomía Social Solidaria Antoni Puig

A.CE.R.E.S.S.

A.C.E.R.E.S.S. (Assodació Catalana de Recuperadors de l’Eco-nomia Social Solidaria) es una asociación sin ánimo de lucro, creada en 1995 por varias empresas de inserción catalanas especializadas en el ámbito de la recogida, recuperación y reciclaje de residuos. Las entidades de A.C.E.R.E.S.S., ubicadas en nueve comarcas ca­ talanas, en los últimos años han ido diversificando sus actividades en el ámbito del medio ambiente, incorporando actividades como la ges­ tión de «Puntos verdes», el desguace y descontaminación de automó­ viles y la recogida de aceite doméstico. Actualmente A.C.E.R.E.S.S. cuenta con las siguientes entidades asociadas: A.D.A.D. ANDRÓMINES. ARCA DEL MARESME. CARITAS MANRESA - PROJECTE EE TRAU II.. CAN REVIFA. CEJAC. DIMAS. lO índice

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FUNDACIÓ ENGRUNES. GRUP HORITZÓ DEL BERGUEDÁ. GRUP VOLEM PEINA. MAIN. RECOLLIM.

SOLIDANgA. Las entidades de A.C.E.R.E.S.S. trabajan para lograr la inserción sociolaboral de colectivos en situación de exclusión social: jóvenes con fracaso escolar, perceptores de la Renta Mínima de Inserción, mujeres con familias monoparentales, inmigrantes, minorías étnicas, «sin techo», personas en situación de tercer grado penitenciario, ex toxicómanos, etc. Las entidades de A.C.E.R.E.S.S. están convencidas que el princi­ pal instrumento para lograr la inserción sociolaboral de estos colecti­ vos es el trabajo. Nos ha parecido interesante aportar un resumen de la actividad de algunas de estas entidades, con lo que esperamos obtener una vi­ sión descriptiva del conjunto de acciones. A.D .A.D . A.D.A.D. (Asociación de Ayuda a Drogodependientes) es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1996 con el objetivo de con­ tinuar con más efectividad la tarea de reinserción laboral, prevención y disminución de daños que dirige el CAS Garrotxa (Centro de Aten­ ción y Seguimiento de drogodependencias). La asociación ha pasado por varias etapas y actualmente gestiona el centro de reciclaje «L’ENCANT» (tienda de objetos de segunda mano). Durante los dos años de vida en este centro han participado una treintena de usuarios/as y se han movido unas 200 toneladas de material. Aparte de los recursos económicos que la actividad genera para la existencia del centro, supone también una referencia impor­ tante para la población en cuanto a educación medioambiental y tra­ tamientos de residuos.

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363

Se han desarrollado también otras iniciativas de prevención e in­ formación sobre drogas con una importante presencia pública: • «Barraca» sin alcohol en las Fiestas del Tura de Olot. • Exposición y promoción de la feria de Sant Lluc de Olot. • Punto de venta en el mercado semanal. • Participación en seminarios, conferencias... • Colaboración con el resto de entidades y empresas sociales de la comarca: solidaridad, tercera edad, infancia y adolescencia... • Colaboración en las campañas de prevención, disminución de daños con drogas con el CAS y el Consorcio de Servicios So­ ciales de la Garrotxa. ANDRÓMINES «Andrómines» es un grupo de personas que, bajo la forma ju ­ rídica de Asociación Social y la colaboración del departamento de «Servéis Socials de l'Ajuntament de Monteada i Reixac», se dedica a la acogida y reeducación de personas con problemas de integra­ ción social y laboral. El trabajo que desarrolla juntamente con ellos consiste en recoger muebles, ropa, electrodomésticos, juguetes, et­ cétera, para su posterior reparación y venta al publico, desguace y reciclaje. Este trabajo se desarrolla dentro de un marco de máximo respeto a la persona y sus posibilidades reales de trabajo. Así se va creando un ambiente de confianza en el que cada uno trabaja a su ritmo, sin de­ jar de lado la supervisión de aspectos como el cumplimiento de los horarios, la asistencia al trabajo, el respeto y la educación con los compañeros de trabajo y a las personas a las que se va a recoger los di­ ferentes materiales a sus domicilios. Gestiona desde el año 1998, un Centro de Recuperación de Re­ siduos. La «Associació Social Andrómines» está declarada como Enti­ dad de iniciativa social sin ánimo de lucro por el «Departament de Juntícia de la Generalitat de Catalunya», y registrada en el Registro de Asociaciones con el número 14.12Á La «Associació Social AndrólO índice

364 m in e s » e sta in s c r ita e n e l R e g is tro d e E n tid a d e s , S e r v ic io s y E s ta b le ­ c im ie n to s S o c ia le s , e n la s e c c ió n E n tid a d P riv a d a d e I n ic ia tiv a S o c ia l, c o n el n ú m e r o E - 0 1 7 7 2 .

L’A R C A D E L M A R E S M E L’A r c a d e l M a r e s m e es u n a e m p r e s a d e I n s e r c ió n S o c i o la b o r a l, c o n la f o r m a ju r í d i c a d e S o c ie d a d L i m it a d a L a b o r a l, c u y o o b j e t iv o es la in s e r c ió n la b o r a l d e c o le c t iv o s e n s it u a c ió n d e e x c lu s ió n s o c ia l a tr a v é s d e p r o c e s o s d e a t e n c ió n , o r i e n t a c ió n y f o r m a c i ó n . S u o b je t iv o la b o r a l es c o n s o lid a r u n a e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a p e r ­ m a n e n t e c a p a z d e c r e a r p u e s to s d e tr a b a jo y o f r e c e r u n b u e n s e r v i­ c io , s in o lv i d a r lo s c r it e r io s d e r e n t a b ilid a d s o c ia l y d e s o lid a r id a d hum ana. S u o b je t iv o e c o ló g ic o es m e jo r a r lo s a c tu a le s s is te m a s d e r e c o g i­ d a y re c ic la je d e r e s id u o s a d e c u a n d o lo s p ro c e s o s d e r e c u p e r a c ió n d e m a te ria le s . C o n la fin a lid a d d e c u m p lir e sto s o b je tiv o s L A r c a d e l M a r e s m e , S .L .L . d e s a r r o lla d ife re n te s áreas d e p r o d u c c ió n : • •

R e c o g id a , t r a n s p o r t e y r e c u p e r a c ió n d e r e s id u o s s ó lid o s u r ­ banos.

•

R e c o g id a d e r o p a u s a d a , t r a ta m ie n to y s e le c c ió n .

•

R e c o g id a , tr a n s p o r te s y re c ic la je d e a c e ite u s a d o .

•

T r a n s p o r te y s e rv ic io s .

•

R e s ta u r a c ió n d e m u e b le s .

•

R e p a r a c ió n d e e le c tr o d o m é s tic o s a d o m ic ilio .

•

L im p ie z a d e lo c a le s y p iso s.

•

V e n ta al d e ta lle d e p r o d u c to s d e s e g u n d a m a n o .

•

C o la b o r a c ió n c o n e m p re s a o r d in a r ia d e l s e c to r d e la c o n s tr u c ­ c ió n e n p r o g r a m a d e m a n t e n im ie n t o y re h a b ilita c ió n d e v i ­ v ie n d a d e titu la r id a d p ú b lic a .

lO índice

365 D IM A S

DIMAS es una Asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo principal: La acogida afectiva y familiar, el acompañamiento personalizado y la integración sociolaboral de personas desestructura­ das en situación de riesgo o socialmente excluidas, tanto a nivel indi­ vidual como familiar. El colectivo DIMAS empezó su camino en diciembre de 1995, a partir de un grupo de personas con una trayectoria de compromiso en la lucha contra la exclusión social: voluntarios de prisiones. Cari­ tas, trabajo social y mundo obrero. Todos sus miembros y a lo largo de los años han llegado a la con­ vicción de que la persona excluida, para poder progresar, ha de crear vínculos o bien rehacer aquellos que en algún momento existieron: una persona sin ocupación, sin núcleo familiar o sin un espacio en donde vivir, tiene grandes dificultades para mantener su equilibrio personal y frenar la desintegración social. DIMAS tiene la satisfacción de ser una empresa de tránsito hacia una vida normalizada de aquellas personas con una firme voluntad de salir de los círculos de pobreza o delictivos que los acaba marginando, cuyo objetivo principal es el bienestar de sus trabajadores. Dos trabajos laborales han sido claves para su buen funciona­ miento: • La recogida de material reciclable: ropa usada, colchones de lana, muebles, hierros, metales, papel y cartón. • La realización de pequeñas obras y servicios: pintura, albañilería, montaje de estructuras (tramoyas), traslados, servicios varios.

F U N D A C IO E N G R U N E S

Engrunes es una fundación privada sin ánimo de lucro creada en 1982 que como empresa de inserción sociolaboral tiene como objeti­ vo principal: La inserción sociolaboral de colectivos en situación de exclusión social, a través de procesos personalizados de formación y lO índice

366 tr a b a jo . P o r e llo , a c tú a c o m o e s t r u c tu r a p r o d u c t iv a d e b ie n e s y s e r v i­ c io s. L as a c tiv id a d e s p r o d u c tiv a s q u e h a lle v a d o a c a b o la F u n d a c ió n E n g ru n e s se h a n c e n tr a d o e n e l á re a m e d io a m b ie n ta l, p r in c ip a lm e n te e n la re c o g id a , re c ic la je y r e c u p e r a c ió n d e re s id u o s , fu n d a m e n t a lm e n ­ te re s id u o s te x tile s y v o lu m in o s o s . E n c o n c r e to h a d e s a r r o lla d o las a c ­ tiv id a d e s s ig u ie n te s : •

R e c o g id a y tr a n s p o r te d e re s id u o s s ó lid o s u rb a n o s . R e c ic la je y r e c u p e r a c ió n .

• •

G e s t ió n d e « P u n to s V e rd e s» . C o n s t r u c c ió n . R e h a b ilita c ió n y m a n t e n im ie n t o d e v iv ie n d a s , lo c a le s y e d ific io s .

•

V e n ta al d e ta lle d e p r o d u c to s d e s e g u n d a m a n o .

•

R e c ic la je d e a u to m ó v ile s . R e tir a d a , d e sg u a c e , d e s c o n ta m in a ­ c ió n , v e n t a d e p iez a s.

•

T a lle re s d e re s ta u r a c ió n d e m u e b le s , c a r p in te r ía y e le c tr o d o ­ m é s tic o s .

•

L im p ie z a d e lo c a le s y p iso s. M u d a n z a s y tr a n s p o r te s .

G R U P O « V O L E M P E IN A » E l o b je t iv o g e n e r a l d e e ste g r u p o es la in s e r c ió n s o c io la b o r a l d e a q u e llo s c o le c tiv o s d e n u e s tr a s o c ie d a d q u e se e n c u e n tr a n e n s itu a ­ c ió n d e e x c lu s ió n . P a ra e llo c u e n ta c o n u n a a c tiv id a d e c o n ó m ic a c o n ­ s is te n te e n la re c o g id a s e le c tiv a d e v o lu m in o s o s y m a te ria le s r e c u p e r a ­ b le s (p a p e l, v id r io ...) q u e le p e r m ite t r a b a ja r ta n t o a s p e c to s d e h á b ito s d e tr a b a jo

( ta lle r o c u p a c io n a l) c o m o a q u e llo s d e tip o p r o d u c t iv o

(E m p re s a d e in s e r c ió n ) . E ste tr a b a jo se re a liz a e n c o la b o r a c ió n c o n las A d m in is tr a c io n e s lo c a le s

( C o n v e n io s p a r a la re c o g id a s e le c tiv a d e

R .S .U . y G e s t ió n d e l P u n to V e rd e d e S o ls o n a ) y e n ta lle re s p r o p io s d e s e le c c ió n d e ro p a y d e re s ta u r a c ió n d e m u e b le s . E n f u n c ió n d e l tie m p o d e p e r m a n e n c ia e n el s e r v ic io te n d r ía m o s las s ig u ie n te s tip o lo g ía s d e u s u a rio s :

lO índice

367

Transeúntes: En principio son personas de paso por la población, que pueden trabajar un día con nosotros. - Eventuales. Son personas derivadas de los servicios sociales o del Centro de Asistencia Primaria (para cubrir emergencias médicas que no entran por la S.S.), que trabajan con noso­ tros un tiempo no superior a dos meses. Contratados: Son personas derivadas de: Servicios Sociales de Caritas, Ayuntamientos, CAPS (psiquiátricos). Centro de Atención a Toxicómanos, o bien otros servicios de Cáritas Diocesana, pertene­ cientes a colectivos diversos (mujeres con cargas familiares, inmi­ grantes, ex toxicómanos, personas con trastornos mentales le­ ves, etc.), a las que se contrata por un tiempo que oscila entre seis o 24 meses. El objetivo, más ambicioso con estas personas, es acompañarlas en el proceso tendiente a su inserción sociolaboral. Este proceso consta de las siguientes fases: 1. Observación/adaptación: 2. Proceso de inserción: 3. Finalización de la estancia en el servicio: Dependiendo de los resultados conseguidos esta será: - Reinserción sociolaboral directa - Reinserción sociolaboral con la colaboración de la entidad. - Derivación a otro servicio. - Abandono. Es importante destacar que en su ámbito es el único servicio de estas características. La experiencia de trabajo que realiza desde el año 1984 habla de personas en general con una voluntad de supera­ ción que ha permitido un porcentaje de inserción en torno al 70%.

C Á R IT A S IN T E R P A R R O Q U IA L D E M A N R E S A

El Proyecto «TRAU». Nació de la reconversión del antiguo ropero. lO índice

368 E n s e p tie m b r e d e 1 9 9 5 se a b re u n a tie n d a d e r o p a u s a d a , p a ra p e rs o n a s d e p o c o s re c u rs o s e c o n ó m ic o s . E n s e p tie m b r e d e 1 9 9 6 se a b re el ta lle r, d e d ic a d o a l re c ic la d o d e p r o d u c to s te x tile s p a r a su re u tiliz a c ió n . E l ta lle r p r e te n d e q u e p e r s o ­ n as c o n d ific u lta d e n el m u n d o la b o r a l te n g a n u n s e g u im ie n to q u e p e r m ita r e s o lv e r o m e jo r a r s itu a c io n e s p r o b le m á tic a s , a tra v é s d e u n a ta re a o c u p a c io n a l y p e d a g ó g ic a , c o n el o b je t iv o d e p o s ib ilita r la c a p a ­ c ita c ió n p a r a el tr a b a jo d e p e rs o n a s e x c lu id a s d e l m e r c a d o la b o r a l, p o r ra z o n e s so c ia le s. L o s o b je t iv o s g e n e ra le s s o n : -

D e s a r r o lla r las p ro p ia s c a p a c id a d e s p a r a c o n s e g u ir u n a fo r m a ­ c ió n c u ltu r a l, h u m a n a y p r á c tic a c o n el fin d e fa c ilita r la in s e r ­ c ió n e n e l m u n d o la b o r a l.

-

E s ta b le c e r

p a u ta s

de

re la c ió n

adecuadas

y

e n riq u e c e d o r a s ,

a p r e n d ie n d o a tr a b a ja r e n e q u ip o y a to m a r re s p o n s a b ilid a d e s d e n t r o d e l g ru p o . -

C o n o c e r lo s re c u rs o s la b o r a le s y te n e r lo s h á b ito s b á sic o s d e l tr a b a jo .

L as p e r s o n a a te n d id a s h a n s id o d e riv a d a s d e s d e la « A te n c ió n P r i­ m a ria d e C á r ita s I n te r p a r r o q u ia l d e M a n r e s a » . A c t u a lm e n t e tr a b a ­ ja n sie te p e rs o n a s c o n u n c o n tr a to a tie m p o p a r c ia l d e 2 0 h o r a s s e m a ­ n a les.

lO índice

Asociación Madrileña de Empresas de Inserción ________ (AMEI)___________ Francisco Carazo

1.

O R IG E N : M O T IV A C IÓ N , F U N D A M E N T O S , F IN A L ID A D

B r e v e m e n te , ¿ q u ié n e s s o m o s ?

A.M.E.I. es una Asociación Profesional legalmente constituida. La Asociación no tiene carácter lucrativo, y nuestro ámbito de ac­ tuación es el de la Comunidad de Madrid, pudiendo realizar en el resto del Estado español, así como en el extranjero, cuantas gestiones sean necesarias para alcanzar nuestros fines. A.M.E.I. tiene por objeto promover y apoyar la creación y conso­ lidación de empresas creadas para la inserción en el mundo laboral de colectivos con grandes dificultades de acceso al empleo. Nacemos con el objetivo de colaborar con las diferentes Adminis­ traciones de nuestra Comunidad, tanto a nivel local, como Autonó­ mico, y con el conjunto de los agentes económicos y sociales. ¿ D e d ó n d e p a r tim o s ?

Con la puesta en marcha del Programa del Ingreso Madrileño de Inserción (Programa I.M.I. de la C.M.) en 1991, y que continúa realizándose en el marco de la Consejería de Sanidad y Servicios So­ ciales, se animó y apoyó la puesta en marcha de proyectos de inser­ ción sociolaboral; desde algunos de estos proyectos se fue dando for­ ma a la creación de diversas EMPRESAS DE INSERCIÓN (EE.IL). lO índice

370 F r u to d e e ste p ro c e s o , n a c e e n 1 9 9 6 A .M .E .I . c o m o e sp a c io d e c o la b o r a c ió n y e n c u e n tr o d e estas E E .II. c o n s titu id a s y d e las e n tid a ­ d es s o c ia le s p r o m o to r a s . A .M .E .I . está a b ie rta a la in c o rp o ra c ió n d e n u e v a s e n tid a d e s y esta­ m o s tra b a ja n d o e n la c re a c ió n d e u n á m b ito in te ra s o c ia tiv o e n la C .M . q u e te n g a u n a p a rtic ip a c ió n c o m ú n e n la F E D E R A C I Ó N E S P A Ñ O L A D E E N T I D A D E S D E E M P R E S A S D E I N S E R C I Ó N (E E .E .D .E .L ).

Actuación realizada D e s d e su n a c im ie n to , A .M .E .I . h a re a liz a d o u n g ra n e s fu e rz o , a p e s a r d e la e sca sez d e re c u rs o s , p o r c o n t r i b u i r a l d e s a r r o llo d e e m p le o d e in s e r c ió n p o r lo e c o n ó m ic o a tra v é s d e e m p re s a s . Q u e r e m o s a p u n ta r a lg u n a s d e las a c tu a c io n e s m á s re le v a n te s : •

C o la b o r a c ió n c o n la C o m u n id a d d e M a d r id (P ro g ra m a I .M .I .) e n la e v a lu c a c ió n d e las e x p e rie n c ia s , e s tu d io y e la b o r a c ió n d e m a r c o te ó r ic o s o b r e las E E .II. e n la C .M .

• •

E la b o r a c ió n d e u n a p r o p u e s ta d e L e y s o b re las E E .II. E s tu d io s o b re la R E A L I D A D D E L A S E M P R E S A S D E I N ­ S E R C I Ó N E N L A C .M . ( 1 )

•

P a r tic ip a c ió n e n d iv e rs a s J o r n a d a s , E n c u e n tro s , S e m in a r io s ... o rg a n iz a d o s ta n t o p o r e n tid a d e s s o c ia le s y d iv e rs a s A d m in is t r a ­ c io n e s p ú b lic a s , p a r a r e fle x io n a r y d e b a tir s o b r e e l p a p e l d e las E E .II. e n la lu c h a c o n tr a la e x c lu s ió n s o c ia l, c rite rio s y p r o ­ p u e s ta s p a r a la e la b o r a c ió n d e l m a rc o le g a l.

•

D ifu s ió n y p r e s e n ta c ió n d e n u e s tra s p ro p u e s ta s a lo s d iv e rs o s g ru p o s p a r la m e n t a r io s y a g e n te s so c ia le s.

•

D ifu s ió n e n d iv e r s o s m e d io s d e c o m u n ic a c ió n d e a c tu a c io n e s lle v a d a s a c a b o p o r las e n tid a d e s s o c ia le s c o n t r a la e x c lu s ió n s o ­ c ia l y el p a p e l d e las e m p re s a s d e I.

•

(1) drid.

P a r tic ip a c ió n e n la c re a c ió n d e E E .E .D .E .L

Am bos trabajos fueron subvencionados y entregados a la C om unidad de M a­

lO índice

371 2.

P R IN C IP A L E S C A R A C T E R ÍS T IC A S

A c e r c a m ie n t o a la r e a lid a d d e la s e m p re s a s d e in s e r c ió n e n la C o m u n i d a d d e M a d r id

Queremos compartir con vosotros/as algunos elementos de análi­ sis sobre la realidad de las EE.II. en nuestra Comunidad (estudio rea­ lizado en el año 1998):

A)

Sobre los itinerarios de inserción y carácter de los empleos

La clave de la inserción no está tan sólo en el empleo, sino en toda una serie de elementos de atención, acompañamiento y forma­ ción que concretan un proceso personalizado cuyo último escalón es el de la inserción laboral. Las empresas tienen como vocación ser «de tránsito» hacia el em­ pleo por cuenta propia o ajena. Sin embargo, la falta de una ley de apoyo para las EE.II. las está convirtiendo temporalmente a muchas de ellas en empresas en «permanencia» (se ven obligadas a mantener a los mismos traba]adores/as o a gran parte de ellos/as, sin poder dar paso a otras personas). Actualmente nos encontramos con los siguientes modelos: 1.

Rotativo

Eos/as traba] adores/as permanecen en la empresa un tiempo hasta estar en condiciones de buscar otro empleo, conformando así un es­ quema en el que los puestos rotan permanentemente. El tiempo de permanencia responde a las necesidades de cada uno/a. Los/as traba­ ] adores/as son conscientes de que su permanencia en la empresa es temporal. Las prácticas laborales, la formación desde el trabajo, la for­ mación complementaria en habilidades sociales, el acompaña­ miento en el proceso de inserción, la búsqueda de empleo... son instrumentos y técnicas que están integradas al proceso de inser­ ción. lO índice

372 2.

Autoempleo S e re fie re a a q u e lla s e x p e rie n c ia s q u e tie n e n d e n t r o d e su s o b je t i­

v o s q u e las e m p re s a s a d q u ie r a n a u t o n o m ía d e s d e la g e s tió n d e lo s p r o p io s tra b a ja d o re s/ a s. E s to p r o v o c a q u e la e m p re s a d e je d e se r d e in s e r c ió n p a r a e m p e z a r a f u n c io n a r d e m a n e r a a u t o n ó n o m a (s e p a ra d a d e la e n tid a d p r o m o t o r a ) ; e sta es la r a z ó n p o r la q u e c o n s id e r a m o s e sta p o s ib ilid a d d e n t r o d e u n e s q u e m a d e e m p re s a d e tr á n s ito .

3.

En Permanencia A l d e c ir p e r m a n e n te s n o s r e fe r im o s a a q u e lla s q u e c ir c u n s ta n c ia l­

m e n te , p u e s , c o m o d e c ía m o s a n te s , su v o c a c ió n es o tr a , m a n tie n e n u n a p la n t illa d e tra b a ja d o re s/ a s q u e e n su m a y o r p a r te es fija . A s í, ta m b ié n p o d r ia m o s lla m a rla s «E n e sp e ra » , y a q u e u n c a m b io ju r íd ic o fa v o r a b le las h a r ía a c tu a r c o m o e s tru c tu ra s d e in s e r c ió n in te rm e d ia s , b ie n d e tr á n s ito , b ie n m ix ta s , c o m o v e r e m o s d e sp u é s . T o d a s e lla s c o n te m p la n la fo r m a c ió n d e los/as tra b a ja d o re s/ a s c o m o p ie z a fu n d a m e n t a l e n el p a s o a la e m p re s a : b ie n h a c ie n d o la fo r m a c ió n d e s d e d e n t r o d e la e m p re s a , b ie n d e s d e u n p ro c e s o a n te ­ r io r a la in c o r p o r a c ió n a la m is m a s (ta lle re s d e fo r m a c ió n o c u p a c io n a l) a tra v é s d e las a s o c ia c io n e s p r o m o to r a s . E n c u a n to a l a c o m p a ñ a m ie n to y s e g u im ie n to h a y tre s e sq u e m a s : •

S e re a liz a casi t o ta lm e n te d e s d e la e m p re s a y se in f o r m a a la a s o c ia c ió n s o b re su s e v o lu c io n e s .

•

F ó r m u la c o n ju n t a e n tr e e m p re s a y e n tid a d p r o m o t o r a , c o n re u n io n e s p e rió d ic a s .

•

4.

L a re a liz a b á s ic a m e n te la e n tid a d p r o m o t o r a .

Mixtos

S e re fie re a a q u e lla s e m p re s a s q u e m a n tie n e n p u e s to s d e tr a b a jo p e r m a n e n te s y o tr o s d e tr á n s ito . F a c ilita n las p rá c tic a s d e los/as p a r tic ip a n te s e n lo s c u rs o s d e f o r ­ m a c ió n o c u p a c io n a l (c u rs o s I M I , C a sa s d e O f i c i o . . . ) d e las e n tid a d e s

lO índice

373

promotoras, para posteriormente incorporar, en la medida de lo posi­ ble, a algunos/as como contratados/as. La búsqueda de empleo se apoya bien desde la propia E.L, o se utilizan las estructuras existentes de Bolsas de Empleo y Grupos de Búsqueda Activa de Empleo. El refuerzo en habilidades y acompañamiento se realiza desde la propia empresa, aunque exista el apoyo de las asociaciones si es nece­ sario.

B) Actividades productivas de las empresas Pasamos a señalar brevemente los sectores en los que actúan las EE.IL Construcción y servicio de obras La elección de la actividad responde a su marcado carácter manual y por su atractivo para los jóvenes. Por otro lado, la diversificación den­ tro del ramo permite una mayor apertura a diferentes tipos de trabajo. Clientes: Particulares. Ayuda a Domicilio del Ayto. de Madrid. Carpinteríay Montaje y fabricación de muebles Es una actividad que se caracteriza por el trabajo en taller, donde se pueden desarrollar las capacidades manuales y creativas. Implica proce­ sos largos y continuados de formación y perfeccionamiento profesional. Clientes: Mercado privado. Falta implicar al sector público. Es un mercado muy competitivo en calidad, precios y servicios (cumplir plazos, etc.), inestabilidad que te puede llevar a pique en cualquier momento. Encuadernación Campo que permite un trabajo manual interensante, sin em­ bargo tiene difícil salida. Su carácter artesanal hace que los precios lO índice

374

no puedan ser tan baratos como en la elaboración mecánica e in­ dustrial. Clientes: Mercado privado. Apertura a las Instituciones. Colabo­ ración con otras entidades sociales(puntos de venta).

Comercio de proximidad Papelería y una fotocopistería son las experiencias en este campo. La relación directa con el público supone una dificultad, la baja capacidad de expresión presenta barreras para las trabajadoras. Aunque estos servicios poco especializados facilitan el rápido aprendizaje. Clientes: Captación a través del buzoneo constante, la propagan­ da y la buena ubicación del negocio da resultados.

Mensajería y Servicios urbanos La mensajería se puede considerar como un servicio a la comuni­ dad o un servicio a empresas, teniendo la característica en cualquiera de los casos de su temporalidad, es decir, trabajos que duran poco tiempo en sí mismos. Esto obliga a captar clientes que de forma con­ tinuada utilicen estos servicios. Clientes: Mercado público. Clientes «solidarios» . Organizaciones sociales de cierta envergadura.

Ayuda a domicilio Se caracteriza por necesitar un tipo de formación relacionada con la atención y asistencia sanitaria. Este tipo de servicios tienen una relación directa con el entorno más próximo (servicios de cercanía: en el espacio y en la relación hu­ mana). Nos encontramos ante actividades que exigen un conocimien­ to profundo de la comunidad a la que se atiende, labor en la que las entidades sociales de barrio tenemos mucho que decir, máxime cuan­ do la profesionalización está siendo cada vez mayor.

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375

Es importante luchar desde las entidades sociales para conseguir gestionar este tipo de servicios, que implican mantenimiento y cuida­ do del entorno y apoyo social sobre la comunidad. Para ello, implicar a los propios vecinos/as en estas actividades es tarea fundamental y sin duda se dará más calidad. Es necesario una mínima implicación de la Administración a la hora de conceder estos contratos. Limpieza y mantenimiento Este sector se caracteriza por un alto índice de ilegalidad lo que hace que «jugar limpio» sea un serio handicap para las EE.IL, ya que imposibilita competir en precios. Por esta razón, se reivindica que la Administración dé prioridad a estas empresas aunque sus precios no sean tan baratos, sin embargo su calidad será buena y existirá un be­ neficio social en tal tarea. Clientes: Mercado privado. Sector público (presentación a con­ cursos). Servicios de jardinería y medio ambiente Son servicios, como ya señalamos, que tienen que ver con la cer­ canía y el cuidado del entorno. Las entidades sociales son las estruc­ turas adecuadas para llevarlos a cabo, pero la Administración no ter­ mina de tenerlo claro. Si a las entidades sociales se nos abriera más participación supon­ dría implicar a colegios, a los/as vecinos/as y llenarían ese vacío que existe de cariño, de identidad... Si queremos potenciar un desarrollo desde lo local hay que ir por aquí. Otros sectores en los que se desarrollan iniciativas diversas de em­ presas de inserción son: • Reciclaje y transformación de materiales. • Conducción de vehículos. • M arroquinería y corte. • Hostelería. lO índice

37 6

3.

CREACIÓN DE EMPLEO DE INSERCIÓN DATOS TOTALES DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL A LO LARGO DE 1998

2.000

1.500

1. 000 -

ALO LARGO DE 1998

DATOS DE INSERCIÓN DE LAS ENTIDADES SOCIALES A LO LARGO DE 1998

■1.929

ALO LARGO DE 1998

lO índice

377 DATOS DE INSERCIÓN LABORAL EN EMPRESAS DE INSERCIÓN DURANTE EL AÑO 1998

De los datos resultantes sí podemos aportaros dos grandes in­ tervalos de edad: de 16 a 35 años y de 35 a 60 años. Esto es de­ bido a que salvo algún caso excepcional de E.I. que abarcan todas las edades, la mayoría de las experiencias se mueven en estos tra­ mos.

lO índice

378

PORCENTAJE DE TRABAJADORES/AS EN INSERCIÓN SEGÚN EDAD Y SEXO Hombres 16-35 años 35-60 años

38,3% 6,7%

Mujeres 48,2% 6 , 8%

N ota ; El 100% de los empleos de Inserción entre todas las empresas suman 339.

4.

DIFICULTADES Y ACIERTOS

Señalamos sin más, por los límites del espacio que tenemos en este artículo, los aspectos apuntados en nuestro estudio: Dificultades • La falta de un marco legal para las EE.II. • Falta apoyos y recursos para desarrollar una formación especí­ fica y adaptada. • Rendimiento más bajo. • Los cursos de formación no son suficientes. • Falta de coherencia entre los planes formativos de las Adminis­ traciones y el proyecto. • Formación y rentabilidad no son objetivos inmediatos. • De recursos financieros: Financiación inversión inicial. De ac­ ceso al capital. Morosidad... Aciertos • Reforzar los conocimientos. • Prácticas en un marco de empresa. • Formación adaptada a las necesidades de los/as participantes. • Formación práctica y teórica.

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379

• Formación básica y Capacitación profesional. • Continúan recibiendo formación. • Formación/Trabajo/Apoyo continuo. • Formación inicial, previa a la contratación. • Formación diversa: comercialización, márkenting, nivelación cultural, habilidades sociales y laborales. • Formación Profesional integrada a los objetivos de inserción social. • Reforzar las capacidades y habilidades sociales. • Incorporar conocimientos en ios campos de la gestión y admi­ nistración. • Necesidad de una organización empresarial y un estudio de mercado previo. Seguir avanzando profesionalmente. 5.

PALABRAS FINALES

Las EE.II. y las entidades sociales promotoras somos conscientes de la necesidad del trabajo empresarial y de la lucha en el mercado, también lo somos de los beneficios sociales que estamos aportando y de los altos costes y sacrificios que éstos suponen: acompañamiento en todo el itinerario personal de inserción, desde la acogida, hasta la propia inserción, pasando por la formación ocupacional y en habili­ dades, la motivación, la orientación, etc. Y para terminar, quiero expresar en nombre de A.M.E.I. nuestra voluntad de seguir trabajando en varias direcciones complementarias: • Contribuir al desarrollo de F.E.E.D.E.I. tanto en la Comuni­ dad de Madrid como en el conjunto de las CC.AA. • Contribuir a que se haga real, lo antes posible, el desarrollo del Marco Legal para las E!,F7II. y su posterior desarrollo y con­ creción de medidas de apoyo en CC.AA. y Corporaciones Lo­ cales. lO índice

380

• Contribuir a la colaboración entre los diferentes actores socia­ les para que las EE.II. sean un cauce real y eficaz en la lucha contra la exclusión social. • Contribuir a la lucha contra le desempleo, creando las bases para un nuevo modelo de desarrollo económico, social, cultu­ ral, ecológico.... Es «un milagro» que en una situación como en la que estamos, las entidades sociales estemos demostrando, a pesar de las dificultades de diferente tipo, que las EE.II. son estructuras socialmente válidas para conseguir la formación e inserción laboral de muchas personas a las que el mercado, el modelo social y económico imperante, expulsa y margina. Son estructuras, ni las únicas ni las mejores, transforma­ doras en la lucha contra la exclusión social (2).

(2)

Entidades sociales que participan en AMEI:

Asociación Cultural La Kalle, Fundación Tomillo. CASM, Asociación Candelita. Aso­ ciación de Vecinos Cornisa, Asociación Proyecto San Fermín, Asociación Mujeres Opañel, Crisol, CEPA, DEIS, Asociación Norte Joven, Fundación San Martín de Porres, Aso­ ciación La Koma Joven, Fundación Labora, Arco Iris, Asociación para la promoción de la mujer Caleidoscopio, IROKO, S.L.; GRINVIL, S.L.; ORCASAN, Sociedad Cooperativa, Servicios Urbanos, Ayuda a Domicilio; ALTEA Limpiezas, S.L.; ARCO IRIS, S.L.; ASMUN, S.L.; CEPA, S.L.; ASNOVEN, S.L.; SANMAR, S.L.; LAKO, S.L.; ECOLASER, S.L.; TALLER 99, S.L.; ASISCAR, S.L.; ECOTECNIA, S.L.

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Experiencia y realidad de las Empresas de Inserción desde Cáritas Sonia Conde Ullán Licenciada en Economía

1.

ORIGEN: MOTIVACIÓN Y FINALIDAD

Cáritas es la Confederación oficial de las entidades de acción ca­ ritativa y social de la Iglesia católica en España, instituida por la Con­ ferencia Episcopal. Creada en 1947 con el objetivo de impulsar la so­ lidaridad y promocionar el desarrollo integral de las personas, ha lle­ vado a cabo esta labor a través de las diferentes Cáritas Diocesanas, Parroquiales, Interparroquiales y Regionales que la componen, exten­ didas por todo el territorio nacional. Además, Cáritas Española está integrada, junto con otras 145 Cáritas Nacionales, en la Cáritas In­ ternacional, con sede en Roma, por lo que tiene también una dimen­ sión supranacional. En la búsqueda por conseguir que todas las personas, especial­ mente los pobres y los excluidos, puedan ejercer su derecho al tra­ bajo y obtener con él una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades (reconocido como uno de los derechos fundamen­ tales en la Constitución), accediendo así a los recursos, tanto so­ ciales como económicos, necesarios para alcanzar su plena realiza­ ción, Cáritas lleva a cabo varios programas orientados a la promo­ ción e integración social, entre los que se encuentra la formación y creación de empleo, que se enmarcaría dentro de la inserción la­ boral. Los objetivos de Cáritas en este campo van más allá de favorecer la creación de estructuras de inserción que permitan a los más desfa­ vorecidos conseguir un empleo; pretende también que, tanto la lO índice

382

sociedad como la Administración, se involucren en el intento de fa­ vorecer la inserción laboral de estas personas. Para ello, se llevan a cabo diversas acciones, entre las cuales se destacan: • Actividades de sensibilización en torno al empleo, • Seminarios de formación y cualificación, buscando formas de mejorar la empleabilidad. • Elaboración de documentos y publicaciones. • Presentación de propuestas sobre Políticas Sociales. C on­ cretamente, junto con FEEDEI, se ha colaborado en la elaboración del marco normativo sobre Empresas de Inser­ ción. • Puesta en marcha de Servicios de Acogida y Orientación; de Pretalleres de Habilidades Sociales; Talleres de Formación Ocupacional; Centros de Especialización, etc. • Apoyo a proyectos de inserción sociolaboral, empresas de in­ serción, cooperativas, etc.• • Negociaciones con otras organizaciones o entidades públicas en la búsqueda de medidas alternativas para la inserción la­ boral. • Etcétera. El acceso a un empleo para toda la sociedad es una de las prin­ cipales asignaturas pendientes de la sociedad actual, problema que se agrava cuando nos referimos a colectivos que sufren la exclu­ sión. Un puesto de trabajo no significa sólo lograr una indepen­ dencia económica y, por tanto, la posibilidad de acceder a todos los bienes y servicios necesarios para alcanzar un nivel de vida mí­ nimamente aceptable, sino también satisfacer otro tipo de necesi­ dades personales y sociales, como la autoestima o el reconocimien­ to como persona útil (por parte de los demás y de nosotros mis­ mos), y son precisamente éstas, carencias importantes en las perso­ nas excluidas.

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383

2.

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

Para intentar facilitar la inserción laboral de los colectivos que, por su condición social, tienen un menor acceso (o ninguno en mu­ chos casos) a los diferentes recursos que se ofrecen desde el lado de la oferta de empleo, en Cáritas se han desarrollado los denominados «itinerarios de inserción», que pretenden dotar, a través de la forma­ ción Y capacitación, de las herramientas mínimas que permitan o fa­ ciliten el acceso a un puesto de trabajo y su posterior mantenimien­ to. Estas necesidades básicas se pueden agrupar en un concepto cla­ ve, «la empleabilidad», entendiéndola como una correlación entre la propia persona y el entorno social y económico que la rodea, ya que no se refiere tanto a la formación meramente profesional, como a unas cualidades y actitudes indispensables, pero muy necesarias, que permiten a la persona acceder a la siguiente etapa, la laboral. Estas cualidades pueden ser, por ejemplo, algo tan sencillo para nosotros como la puntualidad, el trabajo en equipo, el respeto hacia los com­ pañeros, etc. La persona que entra en una Empresa de Inserción posee una ca­ pacitación mínima para el empleo (personal y laboral), ya que su eta­ pa en la Empresa busca potenciar la empleabilidad de la persona y formarla para un trabajo normalizado. Para conocer la realidad económica y social de estas instituciones, Cáritas Española ha realizado a principios de este año un estudio so­ bre las Empresas de Inserción promovidas por Cáritas, a fin de anali­ zar sus características más importantes y recogerlas en una base de da­ tos que posibilite la actualización de la información de cara a futuros estudios. Eos datos se recogieron mediante un cuestionario enviado a las diferentes Cáritas Diocesanas, de forma que aquellas que promue­ ven o han promovido una Empresa de Inserción lo completaran, para su posterior informatización, con datos de 1998. Se obtuvie­ ron un total de 35 Empresas de Inserción, localizadas en once de las diecisiete Comunidades Autónomas, con la siguiente distribu­ ción:

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384

Este intento ha sido una piedra más en un camino dirigido a co­ nocer e integrar las Empresas de Inserción como otra posibilidad para la inserción social y económica de los más desfavorecidos.

3.

LA ORGANIZACIÓN SOCIO-EMPRESARIAL

Las Empresas de Inserción son entidades que funcionan como es­ tructuras de aprendizaje para colectivos que, por sufrir exclusión, tie­ nen mayores dificultades a la hora de conseguir un puesto de trabajo (baja formación, falta de aptitud o actitudes frente al empleo, etc.). La permanencia en la Empresa de Inserción es sólo temporal, puesto que no pretende crear puestos de trabajo indefinidos, sino formar y capacitar a las personas para poder encontrar un puesto de trabajo por sí mismos fuera de ella. Para ello siguen la máxima del «aprender haciendo». De este modo, la persona se convierte en el protagonista absoluto de su propio proceso de aprendizaje, y consigue desarrollar día a día to­

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385

das las habilidades necesarias que exige la práctica de cualquier trabajo. Son varias las características que definen a una Empresa de Inser­ ción, pero las más importantes son que: • Trabajan con colectivos desfavorecidos. • Una Empresa de Inserción permite al trabajador acceder a las mismas condiciones, derechos y obligaciones que se dan en las empresas comunes, pero teniendo en cuenta las características especiales del colectivo al que se dirige. • Llevan a cabo una actividad económica hacia el exterior. Lo verdaderamente innovador de las Empresas de Inser­ ción es que, aunque su principal objetivo es la cualificación laboral, se busca también la supervivencia de la empresa a través de su propia actividad económica. Esto es importante porque consigue unir lo que podrían parecer dos fines in­ compatibles, el social y el económico, puesto que por un lado las personas se sienten parte fundamental de una organiza­ ción que depende de su trabajo y se automotivan en su pro­ ceso de aprendizaje y, por otro, se empiezan a utilizar térmi­ nos como eficiencia y eficacia, hasta ahora feudo exclusivo del sector privado. A través de los datos recogidos en el estudio mencionado, pode­ mos obtener varias reflexiones:

3.1.

Características socioeconómicas

Dentro de la Empresas de Inserción vinculadas a Cáritas, existen dos tipos base de organización: • Empresas de Inserción Tuteladas, cuando aún dependen de otra organización.• • Organizaciones Sociales, cuando mantienen un elevado grado de autonomía. lO índice

38 6

Prácticamente la mitad de estas empresas funcionan ya como Organizaciones Sociales. Esto muestra que las Empresas de Inser­ ción son proyectos viables, capaces de funcionar mediante sus pro­ pios recursos (económicos y humanos), puesto que su rama econó­ mica logra, con el paso del tiempo, retroalimentar la labor que lle­ van a cabo. Respecto a la personalidad jurídica, destacan las Asociaciones y Fundaciones (el 7 1% de las empresas están registradas bajo una de es­ tas dos opciones), frente a las Cooperativas de Trabajo Asociado o las Sociedades Limitadas. Este alto porcentaje puede deberse a los bene­ ficios fiscales de los que gozan estas dos fórmulas jurídicas, menor riesgo económico y a la mayor valoración que reciben por parte de la sociedad. Como su propio nombre indica, su principal objetivo es la inser­ ción laboral, reforzado por otros como la formación, la creación de empleo o la acogida y atención. Por este motivo, las Empresas de In­ serción ofrecen a sus trabajadores servicios complementarios, por ejemplo, acompañamiento social o apoyo legal. La gama de actividades que desarrollan las Empresas de Inserción es muy variada, y va desde la construcción, mejora de viviendas, jar­ dinería, etc., hasta el corte y confección, limpieza y mantenimiento o servicios personales varios. Son siempre actividades de fácil comercialización (siempre dentro de los límites de la dificultad que supone para cualquier empresa te­ ner que competir en un mercado cada vez más saturado de productos y servicios) y de aprendizaje sencillo. Dentro de estas actividades destacan: • Limpieza y mantenimiento; es la actividad principal para un 17% de las empresas estudiadas.• • El reciclaje; la actividad más importante con diferencia dentro de las Empresas de Inserción. Este es un concepto muy gené­ rico, puesto que existen diferentes tipos de reciclaje, como son los de ropa, papel, muebles, etc. Cerca del 60% de las empre­ sas se dedican a esta actividad.

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387

ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN Otras (28,6)

Comercio (34,3)

Servicios personales (5,7) Construcción (5,7) Corte y confección (5,7) Jardinería y viveros (2,9) Limpieza y mantenimiento (17,1) Reciclaje (57,1) Mecánica y reparación (5,7) Mejoras de vivienda (8,6)

Como ya se ha dicho, las empresas comercializan sus bienes y ser­ vicios en el mercado, pero prueba de su competitividad es que son ca­ paces de diversificar la salida de sus productos, puesto que sus clientes son, además de los consumidores, la Administración. Son frecuentes las Empresas de Inserción que realizan trabajos para Ayuntamientos y Administraciones Regionales sobre todo. En cuanto a su financiación, como media, la mitad de los recur­ sos económicos de estas entidades son propios y tan sólo el 33% de la financiación procede de la Administración (Autonómica en su ma­ yor parte y destinada a subvencionar cursos de formación para los trabajadores principalmente). El resto procede de otras fuentes, como inversión de otras entidades o aportaciones privadas. 3.2.

Características de los trabajadores

La Empresa de Inserción se organiza de un modo similar al de las empresas habituales, con la salvedad de que una pequeña parte de sus trabajadores son fijos en la empresa y la otra gran mayoría están en proceso de inserción. Además, en muchos casos, la plantilla se com­ plementa con voluntarios. Según el estudio realizado por Cáritas, el 16% del personal de las Empresas de Inserción era contratado, el 12% voluntario y un 72% estaba en proceso de inserción (un total de 1.662 trabajadores, de los que el 70% eran mujeres). lO índice

388

La mayor parte de las Empresas de Inserción son mixtas, y los trabajadores en proceso de inserción se caracterizan por el alto por­ centaje que supera los 25 años y porque más de la mitad tienen estu­ dios primarios. Distribución por Trabajadores Voluntarios 72;

12, 0%

Distribución por Edad Mayores de 25 84,0%

6 , 0%

Hombres en Inserción 30,0%

Habituales 16,0%

En Inserción

Entre 16-19

Distribución por Sexo

Entre 20-25 10, 0%

Mujeres en Inserción 53,0%

Distribución por Estudios Est. Secundarios 18,0%

Est. Primarios 53,0%

Otros Estudios 13,0%

in Estudios 16,0%

Los tipos de remuneración económica en las Empresas de Inser­ ción son: • Salario. • Beca-salario. La contraprestación habitual son los salarios, de diferente cuantía según el convenio estipulado entre la empresa y el trabajador. Las be­ cas-salario son siempre inferiores a los anteriores y, en algunos casos, se contabilizan por día o semana. Además, no tienen ni las obligacio­ nes (cotizaciones a la Seguridad Social o retenciones por el IRPF) ni los derechos (paro o baja) que caracterizan a los salarios.

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389

3.3.

Características de la formación/acción

La estancia media en la Empresa de Inserción es, salvo excepcio­ nes, inferior a los tres años. Es importante recordar que el objetivo más importante de las Empresas de Inserción no es crear puestos de trabajo como tales, sino formar laboralmente, por lo que debe consi­ derarse como una estancia temporal tras la cual acceder al mercado laboral normalizado. Dado este carácter temporal, y puesto que el apoyo a la inserción laboral es un proceso largo que exige continuación tras la formación, en las Empresas de Inserción se realiza un seguimiento personalizado, orientando y acompañando al trabajador en todo el proceso. Además, muchas de las Empresas de Inserción disponen de programas de bús­ queda de empleo, que ofrecen a sus trabajadores herramientas que fa­ ciliten su acceso al mercado laboral una vez terminado su período de formación. Estos programas no proporcionan únicamente informa­ ción, sino que también orientan el aprendizaje de cómo y dónde bus­ car empleo, y dan apoyo jurídico, empresarial y personal. En algunos casos, las propias Empresas de Inserción contactan con otras empresas de la zona a fin de dar a conocer el proyecto que llevan a cabo y de concienciar a los empresarios, incentivando de este modo el incremento de ofertas de trabajo. 4. 4.1.

DIFICULTADES Y L O G R O ? Dificultades

Las mayores dificultades vienen dadas por la falta de un marco le­ gislativo que regule las características especiales de estas empresas y la escasez de recursos económicos a los que se tienen que enfrentar mu­ chas de ellas, que además agrava otro problema, la falta de personal cualificado, puesto que imposibilita su contratación. También tienen que buscar nuevos mercados diversificando sus productos o servicios, dentro de una misma empresa y del sector de las Empresas de Inserción en general, puesto que el abanico de activi­ dades donde se mueven es reducido y aún permite buscar nuevos ya­ cimientos para explotar. lO índice

390

Es importante, pero complicado, buscar el equilibrio entre la ac­ tividad económica que desarrollan y el fin social que las promueve. Una Empresa de Inserción tiene que ser productiva y no debe estar adscrita a subvenciones, pero no puede dejar que la necesidad de ob­ tener recursos interfiera en la labor de inserción y formación que pre­ tende llevar a cabo. Otras dificultades que deben superar son la consolidación y la fal­ ta de trabajo integral con servicios referentes para la inserción social plena de los trabajadores.

4.2.

Logros

Las Empresas de Inserción suponen otra forma de integración so­ cial al definirse como una alternativa laboral a través de la formación mediante el trabajo, consiguiendo que sea la misma persona la que se autoayude. Al mismo tiempo, proporcionan un espacio de convivencia entre personas excluidas y personas que, por diferentes circunstancias (pa­ rados de larga duración, sin posibilidad de reciclaje profesional, etc.), encuentran grandes dificultades a la hora de reincorporarse al merca­ do laboral. Esto permite que, además de los beneficios que suponen para ambos colectivos compartir trabajo y experiencias, parte de la plantilla que trabaja en la empresa es, desde el principio, práctica­ mente productiva desde el punto de vista económico.

5.

CONSIDERACIONES FINALES

El nacimiento de las Empresas de Inserción ha supuesto dar la posibilidad de ofrecer a muchas personas que sufrían exclusión una nueva vía de inserción social a través del empleo. Pero esto no es su­ ficiente, existen otro tipo de carencias básicas, como la educación, la vivienda, etc., necesarias para que la persona se sienta plenamente realizada e integrada en la sociedad. Por eso las Empresas de Inserción deben ser sólo un paso más, completado con otros servicios que permitan desarrollar con plena autonomía un proyecto personal para una vida digna.

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391

Para ello es importante que organismos como los sindicatos, la patronal o la propia Administración se involucren en este proceso, fa­ voreciendo el desarrollo de estas empresas y la colaboración con otras instituciones sociales que suplan sus posibles carencias, o trabajen áreas como el entorno familiar de los trabajadores.

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El Movimiento Emaús Javier Pradini Olazábal

1.

EL MOVIMIENTO EMAUS

Nació en París en 1949. Después de la II Guerra Mundial, miles de familias sufrían pobreza y estaban sin vivienda. El abate Fierre, sacerdote francés y diputado, abrió su casa a algunas personas margina­ das, pidiéndoles que le ayudaran a ayudar a otros. Juntos, empezaron a construir, a veces ilegalmente, casas modestas para los necesitados. Con el fin de financiar sus actividades, empezaron a recolectar, clasificar, reparar y vender toda clase de objetos en desuso. Por medio de este trabajo, volvían a dar un nuevo valor a objetos que habían sido desechados, constituyendo con ello una de las primeras iniciati­ vas organizadas de reciclaje. Pero, lo que era aún más importante, es que las personas de este primer grupo Emaús volvían a recuperar su dignidad y sus valores humanos. Al vivir y trabajar juntos, compar­ tiendo el fruto de su trabajo con otros, y sentirse útiles, encontraban una nueva razón para vivir. Inspiradas por la experiencia positiva de París, nacieron otros gru­ pos Emaús en Francia. Por otra parte, grupos que trabajaban por los mismos objetivos en Asia y América del Sur se unieron al Movimien­ to, y otros grupos Emaús se iniciaron en Europa y en el mundo en­ tero. El trabajo de Emaús tomaba diferentes formas según el medio social y cultural de cada región o país. Hoy en día, el Movimiento Emaús muestra un amplio abanico de acciones solidarias contra la exclusión, trabajando a todos los nive­ les posibles en favor de los «sin techo» y de todo tipo de marginación. lO índice

394 d a n d o a la g e n te la p o s ib ilid a d d e p a r tic ip a r a c tiv a m e n te e n su p r o p io d e s a r r o llo y fa c ilita n d o su in s e r c ió n t a n t o s o c ia l c o m o la b o r a lm e n te a tra v é s d e las in ic ia tiv a s d e e c o n o m ía a lte r n a tiv a y s o lid a r ia q u e d e s a ­ r r o lla . L a r e c u p e r a c ió n y el re c ic la je s ig u e n s ie n d o a ú n la p r in c ip a l fu e n ­ te d e in g re s o s p a r a la m a y o r ía d e lo s g ru p o s E m a ú s a tra v é s d e l m u n ­ d o . Es u n a a c c ió n c o n c r e ta c o n tr a la s o c ie d a d d e c o n s u m o y d e d e s ­ p ilfa r r o y q u e p e rs ig u e u n a fo r m a d is tin ta d e v iv ir : V i v i r e n S o lid a r i­ d a d s a lv a g u a r d a n d o el M e d io A m b ie n t e . E l la z o c o m ú n e n tr e to d o s lo s g ru p o s E m a ú s es el M a n ifie s to U n iv e r s a l a d o p ta d o e n 1 9 6 9 , d e sp u é s d e 2 0 a ñ o s d e tr a b a jo p rá c tic o . L a A s o c ia c ió n E m a ú s I n te r n a c io n a l, O rg a n iz a c ió n N o G u b e r n a ­ m e n ta l y sin fin e s d e lu c r o , fu e c re a d a e n 1 9 7 1 , te n ie n d o c o m o o b je ­ t iv o s e r v ir d e ó r g a n o d e e n la c e y a y u d a m u t u a e n tr e lo s m ie m b r o s , r e s p e ta n d o su p e r s o n a lid a d re s p e c tiv a y su p r o p ia a u to n o m ía . E n 1 9 9 9 , el M o v im ie n t o E m a ú s a g r u p a a a lr e d e d o r d e 4 0 0 g r u ­ p o s m ie m b r o s o a s o c ia d o s , e n 3 8 p a íse s d e E u r o p a , A s ia , A f r i c a y A m é r ic a . E m a ú s I n te r n a c io n a l e stá a b ie r ta a la c o o p e r a c ió n c o n o tra s o r g a ­ n iz a c io n e s c o n o b je t iv o s s im ila re s , p a r tic ip a n d o , e n tr e o tra s , e n : •

la R e d E u r o p e a d e las A s o c ia c io n e s d e L u c h a c o n t r a la P o b re z a y la E x c lu s ió n S o c ia l (E A P N );

•

el C e n t r o d e I n v e s tig a c ió n y d e I n f o r m a c ió n s o b re el D e s a r r o ­ llo ( C R I D ) ;

•

el C o m i t é d e E n la c e d e las O N G s p a r a el D e s a r r o llo a n te la U n ió n E u ro p e a ;

•

el C o m ité d e las O N G s C u a r to M u n d o d e las N a c io n e s U n id a s .

E n 1 9 9 5 , E m a ú s I n te r n a c io n a l o b t u v o su r e c o n o c im ie n to c o m o E n tid a d C o n s u lt iv a C a te g o r ía 2 p o r el C o n s e jo E c o n ó m ic o d e las N a c io n e s U n id a s ( E C O S O C ) .

Emaús

A c tu a lm e n te , la p re s e n c ia d e lo s g ru p o s e n el E s ta d o e s p a ­ ñ o l, m ie m b r o s d e E m a ú s I n te r n a c io n a l, se c o n c r e ta e n lo s s ig u ie n te s p u n to s :

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395

• Vizcaya (Diciembre de 1976): — Bilbao. — Gámiz-Fika. — Barakaldo. • Navarra (Enero de 1979): — Pamplona. • Barcelona (Octubre de 1980): — Sabadell. • Guipúzcoa (Noviembre de 1980): — San Sebastián. — Irún. • Álava (Septiembre de 1986): — Vitoria. • Murcia (Diciembre 1995): — Puente Tocinos. 2.

E M A Ú S F U N D A C IÓ N S O C IA L

Emaús Fundación Social inicia su actividad como tal en 1994 y retoma la actuación de los grupos que operaban en Vizcaya (1976) y Guipúzcoa (1980) hasta esa fecha, pasando a trabajar coordinada y unitariamente. Emaús Fundación Social tiene como finalidad la promoción hu­ mana, la formación y la integración social y laboral de todas aquellas personas en situación o grave riesgo de exclusión. 3.

C A R A C T E R ÍS T IC A S

Las personas atendidas generalmente presentan una o varias de las siguientes características:

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396

•

P e n u ria e c o n ó m ic a c ró n ic a . N o p u e d e n r e s o lv e r las n e c e s id a ­ d es b á sic a s: a lim e n t a c ió n , v iv ie n d a , e d u c a c ió n , s a lu d , e tc .

•

B a jo n iv e l c u ltu r a l. E l d é fic it d e a lfa b e tiz a c ió n y la c a r e n c ia d e p re p a r a c ió n p r o fe s io n a l d a lu g a r a q u e n o te n g a n re c u rs o s p a r a s a lir d e la p o b re z a .

•

D e s e s tr u c tu r a c ió n fa m ilia r. C u a n d o las re la c io n e s fa m ilia re s s o n p re c a ria s , la a p a r ic ió n d e d ific u lta d e s e c o n ó m ic a s d a n lu ­ g a r a m a lo s tr a to s , a lc o h o lis m o , d ro g o d e p e n d e n c ia s , tr á fic o d e d ro g a s , a b a n d o n o s d e h o g a r, c á rc e l, e tc .

• •

F u e r te d e te r io r o fís ic o y d e s a lu d (m e d ic a c ió n p e r m a n e n te ) . I n s e g u rid a d e in e s ta b ilid a d to ta l y b a ja a u to e s tim a . L a g ra v e ­ d a d d e las p r o b le m á tic a s q u e p re s e n ta n las p e rs o n a s e n s itu a ­ c ió n d e e x c lu s ió n es m a y o r a la d e o tro s c o le c tiv o s y n o tie n e n c a p a c id a d p o r sí m is m o s d e e je rc e r la m á s m ín im a p r e s ió n s o ­ c ia l, lo q u e les lle v a a u n a t o ta l in d e fe n s ió n .

•

P ro b le m a s p s íq u ic o s c o n a lte r a c io n e s d e c o n d u c ta .

•

D e s a rr a ig o s o c ia l.

•

S in h á b ito la b o r a l. • N o h a n tr a b a ja d o n u n c a . • L le v a n m u c h o tie m p o e n p a r o . • R e a liz a n p e q u e ñ o s tr a b a jo s e s p o rá d ic o s .

•

A u s e n c ia d e o p o r t u n id a d e s s u fic ie n te s .

•

D e p e n d e n c ia in s tit u c io n a l.

D esd e

Emaús F u n d a c ió n

S o c ia l d e fe n d e m o s la id e a d e q u e c u a l­

q u ie r p ro c e s o d e in s e r c ió n , si q u ie r e se r e fe c tiv o y d e fin it iv o , tie n e q u e ser c o n te m p la d o e n su g lo b a lid a d . D e p o c o o n a d a s irv e o fr e c e r u n a s a lid a p a r c ia l a lo s p ro b le m a s q u e p re s e n ta la m a r g in a lid a d si n o se c u b r e n lo s o tr o s a s p e c to s q u e in c id e n n e g a tiv a m e n te e n su s itu a ­ c ió n . E n n u e s tra s e x p e rie n c ia s , tr a ta m o s d e q u e las p e rs o n a s sig a n u n itin e r a r io d e in s e r c ió n a tra v é s d e u n p ro c e s o g lo b a l, e n el q u e m a y o r ­

lO índice

397

mente se siguen cuatro ejes importantes: ACOGIDA de las personas que llegan, ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA, con todo lo que conlleva dicho concepto; FORMACIÓN y HABITUACIÓN LA­ BORAL de estas personas de cara a una inserción plena, y por últi­ mo, ACCESO AL EMPLEO mediante la realización de experiencias laborales reales desarrollando trabajos útiles y con capacidad de auto­ suficiencia, lo que les va a permitir salir de su exclusión social y eco­ nómica. Vivienda, formación integral y una salida laboral que garantice unos ingresos son los tres pilares sobre los que se debe de asentar todo intento de asentamiento personal y superación de la exclusión social y económica a la que se ven sometidos quienes a nosotros acuden. En estos momentos en que el trabajo, tan preciado y tan escaso, constituye a la vez medio de sustento, cimiento de la identidad per­ sonal y vehículo de solidaridad y participación político-social, hemos tratado de desarrollar iniciativas encaminadas a que nuestro tradicio­ nal sistema de trabajo basado en la recuperación, revalorización y reutilización de todo aquello que para algunos resulta inservible, sir­ va a su vez para que ayude a las personas en situación o grave riesgo de exclusión a lograr su propia identidad personal y participación so­ cial.

4.

A C T IV ID A D E S

Para todo ello, establecemos dos niveles de actuación: a)

Medidas previas de eliminación de obstáculos a la inserción social y laboral.

b)

Medidas de creación de empleo.

Ello ha supuesto todo un cambio en nuestras propias estructuras tanto a nivel organizativo como de objetivos. Es fundamental separar los dos frentes de actuación: lo social y lo económico. Ambos deben de perseguir objetivos diferenciados. En el primer caso serán de carác­ ter individual y estarán en la esfera del desarrollo personal. En el se­ gundo se considerará fundamentalmente el resultado económico y la viabilidad del proyecto. lO índice

398 E n a lg u n o s c asos se h a o p t a d o p o r to m a r fo rm a s ju r íd ic a s m á s a p r o p ia d a s a u n a in ic ia t iv a la b o r a l y e m p re s a r ia l (c o o p e ra tiv a s , e tc .). E n o tro s c asos se h a n m o d ific a d o las e s tru c tu ra s in te r n a s d e o rg a n iz a ­ c ió n . E n to d o s , h a s u p u e s to la n e c e s id a d d e u n a m a y o r p re p a r a c ió n d e lo s re s p o n s a b le s d e lo s p ro y e c to s . A c tu a lm e n te , s o n v a ria s las a c c io n e s q u e

Emaús F u n d a c ió n

S o c ia l

e stá lle v a n d o a c a b o :

• Programa ISLA

d e A c o g id a , O r ie n t a c ió n , N o r m a liz a c ió n e I n ­

s e r c ió n S o c ia l y L a b o ra l d e c o le c tiv o s e x c lu id o s .

• Etorkiriy

p r o g r a m a e s p e c ífic o d e a c o g id a , a s e s o r a m ie n to y a t e n ­

c ió n a in m ig ra n te s .

• Ereiriy

c o m o d e s a r r o llo d e in ic ia tiv a s d e C o m e r c io J u s to y S o ­

lid a r io c o n el T e rc e r M u n d o . •

Ikasteriy

c u rs o s d e f o r m a c ió n o c u p a c io n a l.

• Empresas de Insercióriy p a r tic ip a n d o

e n la c o n s titu c ió n y g e s tió n

d e in ic ia tiv a s e c o n ó m ic a s q u e to m a n la r e c u p e r a c ió n y el re c i­ c la je c o m o a c tiv id a d p r o d u c t iv a y la b o r a l, c o m o in s t r u m e n t o d e in s e r c ió n la b o r a l d e c o le c tiv o s d e s fa v o re c id o s .

• Elkar Lan S.L. U,

S o c ie d a d p a r a la p r o m o c ió n y g e s tió n d e in i­

c ia tiv a s d e e c o n o m ía s o c ia l.

a)

Medidas previas de eliminación de obstáculos a la inserción social y laboral. L o s s e rv ic io s a c u b r ir p o r E m a ú s e n las d ife re n te s áreas d e a c tu a ­

c ió n s o n lo s s ig u ie n te s : •

A lo ja m ie n t o .

•

M a n u te n c ió n .

•

V e s tu a r io .

•

F a rm a c ia .

•

D e n t is ta , o c u lis ta , a u d ic ió n y o r to p e d ia .

•

H ig ie n e p e rs o n a l.

lO índice

3 99

• Cultura. • Ocio. • Apoyo psico-afectivo. • Asistencia social y jurídica. • Derivación y seguimiento de tratamientos socio-sanitarios es­ pecializados. • Formación compensatoria. • Derivación y seguimiento de Cursos de Formación Ocupacional. • Talleres ocupacionales. • Orientación laboral. El Programa ISLA de Inserción Social y Laboral que desarro­ lla Emaús consta de cuatro fases, que denominamos ACOGIDA, ORIENTACIÓN, NORMALIZACIÓN e INSERCIÓN. Las fases tienen una duración mínima de cuatro meses, prorrogables también por períodos de otros cuatro meses, y comienzan una vez terminada la fase anterior. La intervención finaliza, bien por abandono, expulsión o supera­ ción de los siguientes objetivos: • Asumir y controlar la problemática personal. • Obtener un medio de vida propio. • Lograr una vivienda. • Participar en la sociedad de manera autónoma. En algunos casos, habiendo logrado un trabajo, ofrecemos la po­ sibilidad de continuar en el programa en régimen de RESIDENCIA LABORAL de manera temporal. Ello tiene como fin cubrir las nece­ sidades de vivienda que inicialmente surgen hasta un definitivo o más estable asentamiento personal y laboral. En aquellos casos que, una vez superadas las fases de acogida y normalización, se considera que tienen serias dificultades para lograr lO índice

40 0 u n tr a b a jo y u n a v iv ie n d a d e b id o a c irc u n s ta n c ia s m u y c o n c re ta s d e e d a d , a p o y o s o c io -fa m ilia r, e tc ., b ie n se d e r iv a n h a c ia s e rv ic io s m á s e s p e c ífic o s , b ie n q u e d a n e n el c e n tr o e n r é g im e n d e R E S I D E N C I A A S I S T I D A d e la rg a e s ta n c ia o e n p is o s tu te la d o s p o r E m a ú s . P a ra to d o s lo s p ro g ra m a s d e a c o g id a se d is p o n e d e 9 3 p la z a s, d is ­ tr ib u id a s e n :

b)

•

6 7 h a b ita c io n e s in d iv id u a le s .

•

4 h a b ita c io n e s d o b le s .

•

3 v iv ie n d a s fa m ilia re s .

Medidas de creación de empleo

E l M o v im ie n t o E m a ú s s ie m p re se h a e n c o n tr a d o re la c io n a d o c o n la r e c u p e r a c ió n y el m e d io a m b ie n te . L a re c o g id a d e d is tin to s o b je to s y su p o s te r io r v e n ta h a s id o y es el p r in c ip a l m e d io d e o b t e n c ió n d e in g re s o s p a r a la p u e s ta e n m a r c h a y m a n t e n im ie n t o d e n u e s tr o s o b je ­ tiv o s so c ia le s. E m a ú s F u n d a c ió n S o c ia l h a im p u ls a d o y p a r tic ip a c o m o s o c io e n la c o n s titu c ió n y d e s a r r o llo d e e m p re s a s d e s tin a d a s a la in s e r c ió n la ­ b o r a l d e c o le c tiv o s d e s fa v o re c id o s a tra v é s d e la r e c u p e r a c ió n y r e u t i­ liz a c ió n d e re s id u o s v o lu m in o s o s y te x tile s : —

E m a ú s S . C o o p . (S a n S e b a s tiá n ).

—

E m a ú s B id a s o a S L U (I rú n ).

—

B ilk e ta E m a ú s D o n o s tia ld e a S .L .U . (S a n S e b a s tiá n ).

—

E m a ú s B ilb a o S . C o o p . (B ilb a o ).

—

E m a ú s M a r g e n I z q u ie r d a S .L .L . (B a ra k a ld o ).

H e m o s in ic ia d o u n a e x p e r ie n c ia p io n e r a e n r e u tiliz a c ió n d e te x ti­ les a tra v é s d e la té c n ic a d e l —

patchwork y

d ir ig id o a m u je re s :

C o r t e V e rd e P a tc h w o r k B id a s o a S .L .U . (I rú n )

E n o tr o s c asos se h a n d e s a r r o lla d o in ic ia tiv a s re la c io n a d a s c o n el C o m e r c io J u s t o y q u e s o n g e s tio n a d a s p o r in m ig ra n te s :

lO índice

401

— Erein, Iniciativas de Comercio Justo (San Sebastián, Irán, Bilbao, Algorta-Getxo). En el año 1999 todas las empresas de Emaús citadas suponen los siguientes puestos de trabajo: • Empresas de Inserción, 63. • Comercio Justo, 4. • Gestión:, 7. • Fundación, 10. Las empresas de Emaús se autofinancian en un 100%, salvo en la fase de inicio de la actividad, que se apoya en ayudas y subvenciones a la creación de empleo. Los beneficios que se generen reinvierten en la propia actividad o se destinan a programas sociales de Emaús Fun­ dación Social. Por otra parte, la Fundación depende de convenios y subvenciones públicas para sus programas.

lO índice

iO índice

Red Anagos Domingo Pérez Pérez

Presidente de la Red Anagos Ana María Correa García

Coordinadora de la Red Anagos

1.

O R IG E N : M O T IV A C IÓ N , F U N D A D O R E S , F IN A L ID A D

D e A ta r e c o s a A n a g o s

La referencia «origen» de la «Red Anagos de Proyectos de Inserción Socio-laboral» de Canarias se remonta a los «Atarecos», a los enseres domésticos desechados y otros materiales de los trasteros y residuos sólidos, que se convirtieron en materia de reciclaje material y perso­ nal para la Formación e Inserción de los colectivos en situación de pobreza y exclusión. En concreto, en los proyectos Ataretaco en Te­ nerife y El Polvorín en Eas Palmas de Gran Canaria, para la lucha contra la pobreza en los barrios de la periferia de las dos capitales ca­ narias en la década de los 80. La selección y participación como «acciones piloto» en el segun­ do y tercer Programa Europeo de Lucha contra la Pobreza recicló la solidaridad y economía social del voluntariado y profesionales en Equipos Operativos que abordaron «estados de necesidad» de manera integral, en el territorio y con la participación de los afectados. Sus medidas y actuaciones identificaron la pobreza y su definición como «situación multidimensional».(Ministerio de Asuntos Sociales, Eva­ luación 1997/91.) En la Iniciativa Europea «EIorizón-Desfavorecidos» y «Now las Acciones de Formación y Empleo» (periodos 1991/93, 93/96 ) se re­ definieron e incrementaron los proyectos en las islas. Pasaron de cua­ tro a 21 proyectos y otras tantas entidades de iniciativa social, Admi­ lO índice

40 4

nistraciones locales (Ayuntamientos) y Administraciones del Gobier­ no Autónomo: Dirección General de Servicios Sociales e Instituto Canario de la Mujer. Las «Acciones Experimentales» estuvieron precedidas por talle­ res prelaborales y acciones de formación profesional y complemen­ tarias que lograron insertar a un 50 y 60% de jóvenes y mujeres. El resto quedó fuera de las posibilidades de inserción. Como respuesta a esta situación se prolongó el período de formación con acciones de acompañamiento, pero ya en los talleres convertidos en «Unidades de Producción», con jornada laboral y contraprestación económica ya sea como salario social o por contratación de seis meses. Se crea­ ron empleos en régimen cooperativo y autoempleo con estas estruc­ turas más flexibles, pero exigente a la vez. Experiencias que culmi­ naron con la creación de la Cooperativa de Atarecos y la S. L. Ace­ rina para prestar servicios a la comunidad, como la ayuda a domicilio y otros trabajos domésticos y equipamiento de las vivien­ das sociales de las familias con hijos a cargo, ancianos y personas en­ fermas.

Motivación Estas prácticas tuvieron efectos multiplicadores en las entidades promotoras de los Proyectos de Inserción posteriores y en las polí­ ticas sociales (Salario Social, Ayudas Económicas Básicas «AEBAS») que se aprueban en convenio con los sindicatos entre los años 1 9 7 9 -1 9 9 1 . También tuvo su repercusión en las políticas sociales que inicia la planificación integral de empleo y de los Servicios So­ ciales. La evaluación de A guilar , Laparra y G arivia del Salario Social (AEBAS, en Canarias) para el Informe FOESSA 19 8 9 -19 9 4 destaca en Canarias la especificidad de la exclusión social con un alto porcen­ taje de familias sin recursos, la concentración en barrios urbanos y el origen de emigración rural aún hoy y no absorbido por un desarrollo económico insuficiente. Estaba por ver el impacto del Plan Integral de Empleo y el incremento de presupuestos (G arivia , Laparra y A guilar , La Caña y el Pez, FOESSA). Entre 199 4 -19 9 8 la aplicación del Plan Integral de Empleo y los proyectos de inserción han rebajado lO índice

4 05

a seis puntos la pobreza y exclusión en Canarias (Evaluación de la Consejería de Empleo y Asuntos sociales del Gobierno de Canarias, junio de 1999).

Fundadores

Eos Intercambios Transnacionales e Interregionales de los Progra­ mas de Pobreza, primero, y los Proyectos de la Iniciativa HORlZÓN, después, llevaron a la creación de la Red de Promoción e In­ serción, REPRIS, a nivel estatal para compartir experiencias y meto­ dologías con grupos de trabajo en torno a la formación profesional, el empleo y el autoempleo, con especial énfasis en alternativas de eco­ nomía social ligadas al medio ambiente, en el ámbito local y regional y con la finalidad de innovar en las «buenas prácticas» de inserción y elaborar un «documento-guía» de conclusiones y propuestas para las futuras iniciativas y su adecuación a los perfiles de los colectivos excluidos. En el territorio fragmentado de las Islas Canarias, la necesidad de coordinación y difusión del «saber hacer» y sus efectos fue y es básico: por el contexto de pobreza y exclusión; el desarrollo econó­ mico y social como región objetivo I; la carencia de programas y proyectos de inserción a nivel local, y la necesidad de potenciar «si­ nergias» entre las islas con medidas y acciones conectadas a un mer­ cado laboral coyuntural, dependiente del sector servicios y en proce­ so de cambio, más allá de los sectores económicos tradicionales en crisis.

Finalidad

Por estos motivos las entidades y proyectos de inserción, con más experiencia conformaron en el Proyecto Atlántico en una primera fase y con los otros proyectos, con posterioridad, la Red Anagos. Pro­ ceso que se culminó por el hecho de correr el riesgo de estar excluido del ES.E. y sus iniciativas junto a otras islas periféricas de Portugal y Francia, también Baleares, que podrían pasar a los fondos del PE­ DER o no participar con las regiones objetivo 1 por el crecimiento lO índice

406

regional del P.I.B. en el período 19 8 0 -19 9 1. Los estudios de pobreza, exclusión y paro y sus efectos en las categorías de población más vul­ nerable desmentían el crecimiento económico y sus consecuencias: capital foráneo, reparto desigual de la riqueza, tasas de paro (27,25% en 1991, según fuentes del INEM) y la exclusión económica y social según el estudio de la Dirección General del Gobierno de Canarias (abril de 1991) y posteriormente la investigación de FOESSA, Pobre­ za y exclusión en Canarias, 1995», que significaba un 14,1% de hoga­ res en situación de pobreza. La experiencia citada, el contexto y la magnitud de la pobreza y exclusión en el Archipiélago «Afortunado» llevaron a la urgente nece­ sidad de «pilotar» las acciones descritas en Canarias y constituir la Red Anagos en 1994 para reforzar el papel y las funciones del Tercer Sector y participar a nivel global en España y en la Unión Europea.

2.

P R IN C IP A L E S C A R A C T E R ÍS T IC A S D E L O S M IE M B R O S Y A C T IV ID A D E S Q U E D E SA R R O L L A

La Red Anagos se identifica con entidades sin ánimo de lucro en cuanto que hace aflorar una conciencia colectiva de nuevas necesida­ des sociales que necesitan afrontarse desde la innovación, la integralidad y la participación en el territorio, bien sea por medio de iniciati­ vas concretas de instituciones con larga experiencia en el campo de la pobreza y marginación social, bien sea por organizaciones especializa­ das en los problemas sociales de sectores de la población que no tení­ an acceso a los servicios sociales y al bienestar social que ha ido desa­ rrollando las dos décadas democráticas. La Red Anagos se caracteriza por ser portadora de ideas y de demandas de los colectivos desfavorecidos y de proyectos alterna­ tivos que promueven, pues, las innovaciones en sus acciones deli­ mitando nuevos campos de la exclusión, operando en el terreno y administrando unos servicios sociales colectivos en el sector de la iniciativa social. También ejerce su rol y funciones a la cabeza y en el corazón del desarrollo de las políticas sociales integrando las ac­ ciones de animación comunitaria y de promoción de empleo, de modo que aborda la tarea educativa formativa y la inserción sociolaboral.

lO índice

407

Es significativo en el perfil común de las entidades de la Red Anagos su función de intermediación entre lo social y económico y entre lo económico y lo social, más exactamente, la mediación entre las personas, entre los grupos, entre los grupos y los poderes públicos. Esto, entre los mundos de la educación y de la formación de una par­ te y los mundos de la producción, de lo económico y de lo social por otra, así como la cooperación entre lo privado como iniciativa social y lo público. Hasta ahora lo que hemos hecho es: • Aglutinar colectivos que estaban trabajando con una línea común en las diferentes islas en relación con la inserción sociolaboral. • Formar a los miembros que conforman las distintas entidades. • Apoyar la creación de proyectos donde no habían. • Sensibilizar a la población sobre los colectivos con los que tra­ bajamos. • Ser canal de trasvase de información y experiencias. • Elaborar un modelo de Itinerario de Inserción Socio- Laboral. • Difusión de una Economía Alternativa y Solidaria, como mo­ delo que posibilita «otra sociedad». Somos plataforma de negociación con las distintas Entida­ des públicas relacionadas con el empleo y el ámbito social, además de conformarnos como una entidad representativa fuera de Cana­ rias. Algo fundamental que quisiéramos destacar es que hemos servido como agente negociador en un momento histórico en el que Canarias quedaba excluida como beneficiaria de las iniciativas europeas. Esta batalla, que se ganó para España, no tuvo similares resultados en otros países comunitarios. En definitiva, Anagos se ha convertido en un referente en el cam­ po de la inserción por lo económico no sólo en Canarias sino a nivel nacional y europeo.

lO índice

3.

O R G A N IZ A C IÓ N E M P R E S A R IA L

O

00

ENTIDAD

8' ^

FIGURA JURÍDICA

OTRAS

Comercialización de pastelería. Arte floral ecológico.

SEL

* Geito

M ixta

Talleres de carpintería metálica, soldura y escayola.

En estudio

Tutelada

* Abora

Mixta

T. Carpintería, serigrafía, tapicería y agricultura ecológica

En estudio

Tutelada

* Enredadera

Transitoria Mixta

Encuadernación, serigrafía e informática.

En estudio

Tutelada

* Teneguía

Mixta

Gestión de residuos, agricultura y avicultura ecológica.

Fundación

* Isla Bonita

Mixta

Gestión de casas de Turismo Rural.

Fundación

* Isonorte

Mixta

Tratamiento de plantas aromáticas. Producción de licores.

SL

M ixta

Reciclaje de residuos, horticultura, agricul­ tura ecológica, forja y carpintería.

Fundación

M ixta

M antenim iento de Edificios. Patronaje tex­ til de tallas especiales

SL En estudio

* Cemain \

ACTIVIDAD

Mixta

Ataretaco

9-

ESTRUCTURA

* Argodey

SL

C ooperativa y SL en estudio

409

A modo de ejemplo: El mayor número de Empresas de Inserción son mixtas. Compar­ ten la formación con actividades productivas para tutelar las estructu­ ras por falta de la autonomía económica necesaria, como se observa en el cuadro, y por la dificultad que entraña la carencia de un marco jurídico adecuado. 4.

PRINCIPALES DIFICULTADES, LOGROS ALCANZADOS, PERSONALIDAD JURIDICA, MERCADOS... TOTAL. ATENDIDOS

Las dificultades fundamentales son subjetivas, en cuanto a las CA­ RACTERÍSTICAS del perfil de los beneficiarios y la necesidad de per­ sonalizar el Itinerario de Inserción: por actitudes y habilidades que han necesitado tiempo, dedicación y calidad de intervención diferenciada tanto para jóvenes como para mujeres y parados de larga duración; di­ ficultad que se ha superado con las acciones transversales, tutoría y acompañamiento junto a la prolongación del período del proceso.

lO índice

41 0

Otras dificultades evaluadas han tenido como causa objetiva la si­ tuación del mercado de trabajo, su escasa oferta de empleo para estos colectivos con desigual competencia y cualificación, que se han supe­ rado en un porcentaje medio/alto con las prácticas en empresas y el seguimiento para la contratación. Una limitación significativa ha sido la autofinanciación del em­ pleo autónomo o empleo alternativo por carecer de medios suficien­ tes para la 1.^ fase de la puesta en marcha del proyecto de viabilidad de las actividades o empresas transitorias de Economía Social. Finalmente, el marco jurídico para la creación de empresas ha significado un condicionamiento sustancial por falta de flexibilidad y adecuación a los procesos prelaborales, laborales, hasta el transito a la autonomía suficiente de los beneficiarios. De ahí que se haya logrado incorporar los Itinerarios de Inserción en el Plan Integral de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social de Canarias; no así de la estruc­ tura formal de las Empresas de Inserción, que son objeto de nego­ ciación a nivel estatal. 5.

ITINERARIO DE INSERCIÓN QUE SE PROPONE

Las diversas entidades de la Red Anagos tienen una experiencia acumulada de muchos años, tanto en lo que se refiere a metodología, como en capital humano comprometido con colectivos de población desfavorecida y su realidad. Es desde este recorrido desde donde nace la propuesta de nuestro «Itinerario de Inserción»', • Contemplan una secuencia de desarrollo: personal, de capaci­ tación profesional y de incorporación laboral. • Suponen una ampliación de la conciencia personal y social a través de la Experiencia. • Parten de la situación singular de cada individuo, aunque se enmarquen en programas o proyectos más generales dirigidos a colectivos específicos. • Requieren un compromiso individual y grupal para completarse. • Cuentan con un acompañamiento tutorial individual, testigo imprescindible del recorrido.

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411 • Respetan los diferentes ritmos personales y grupales para provo­ car respuestas auténticas, no estereotipadas, en cada individuo o grupo. • Se componen de acciones formativas que se pueden desarrollar siguiendo una secuencia lineal o selectivamente, según diagnós­ ticos particulares. • Concluyen con la permanencia en el desempeño de un puesto de trabajo. • Se hace un acompañamiento al menos hasta un año después de insertarse o salir del proceso formativo, realizando una evalua­ ción de los resultados obtenidos. • Resumiendo, podríamos formular algunos de los principios implícitos en todo lo anterior: — La diferencia la marca el «cómo». Hay que dar oportunidad a las distintas formas de ser, de hacer y de crecer. — La información no puede suplir a la experiencia.

Las propuestas form ativas contemplan en sus contenidos: desarro­ llo personal, entendiendo éste como autonomía, comprensión, expre­ sión y diálogo', capacitación profesional con aprendizaje técnico y un itinerario formativo para el desempeño de un puesto de trabajo; in­ serción socio-laboral mediante la incorporación al empleo y la expe­ riencia laboral; creación de empleo directo fomentando la Economía Social a través de Cooperativas y Sociedades Laborales.

lO índice

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* Agradecemos la colaboración prestada por la Biblioteca del Consejo Económico Ge­ neral de Estudios e Informes Socioeconómicos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia­ les; por el Grupo Promocions; por el G.entro de Iniciativas de la Economía Social, CIEiS, y por la Biblioteca del Dpto. de Trabajo del Gobierno Vasco.

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J o r n a d a s I n t e r n a c io n a l e s

J ornadas

un f u t u r o para la in ser ció n so c ia l y l a b o r a l en

A ragón

(1995, Zaragoza): Jornadas un Juturo para la inserción social y laboral en [organizado por el] Consejo Económico y Social de Aragón. Za­ ragoza: CESA, D. L. 1995. Luis: «Las empresas de inserción». La Cristalera, n.° 7, diciembre 1997, págs. 55-58.

L ópez A r a n g u r e n ,

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L ópez A r a n g u r e n ,

Jorge: Las Empresas de Inserción como medio de integración sociolaboral. Granada: Instituto Municipal de Formación y Empleo. Ayunta­

Ló pez,

miento de Granada, 1999.

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418

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lO índice

LAS PERSONAS MAYORES (Núm. 11 2 , julio-septiembre 1998) 7 • 13 • 21 • 33 •

1 2 3

El problema de la dependencia en las personas mayores.

65

•

4

Los Servicios sociales públicos para mayores. Balance y prospectiva.

85

•

5

Evolución de la salud y coordinación sociosanitaria en el anciano.

97 109 111 123 133

• • • • •

6 7 7.1 7.2 7.3

147

•

8

Las personas mayores ante la exclusión social: nuevas realidades y desafíos.

167

•

9

La protección social de las personas mayores: presente y futuro.

175

•

10

Balance de las políticas sociales con los mayores en España. Los planes gerontológicos. Análisis y perspectivas. José Antonio Miguel

193

•

11

La condición residencial de las personas mayores.

213

•

12

Oportunidades de empleo en el ámbito de los servicios a personas mayores dependientes. José Javier Miguel

223 235

• •

13 14

Los mayores como yacimiento de empleo.

245

•

15

Protagonismo y participación de los mayores. Realidad y perspectivas.

255 269

• •

16 17

Mayores y voluntariado.

285

•

18

Unidades de convivencia: una alternativa residencial para las personas de­ pendientes.

297 307

• •

19 20

La esperanza de vivir y cómo afrontar la muerte.

325

•

21

La acción de Cáritas con las personas mayores.

337

•

22

Bibliografía.

Presentación. Los mayores: un futuro por delante. Bernardo López Majano y Max Ebstein

Alan Warker

La Europa de los mayores.

Pilar Rodríguez Rodríguez Manuel Aznar López Rafael Peñalver Castellano Benjamín García Sanz Vejez y migración. Nicole Fuch y Miguel Angel Aíillán Españoles de la Tercera Edad en Alemania. Isaac Bermejo Bragado Vidas deshechas. Ornar Samaoli Los mayores y el mundo rural.

Personas mayores e inmigración en la Diócesis de Milán.

Fabrizio Giunco Rosalía Mota López y Óscar López Maderuelo Adolfo Jiménez Fernández

Luis Cortés Alcalá y M.'^ Teresa Laínez Romano

Lorenzo Cachón Rodríguez

Cuidadores de personas mayores. Perspectivas del apoyo informal en España.

Colectivo lOE Oilda Montoya Zárate Luis A. Aranguren Gonzalo

Aprender de mayores: la Universidad de la Experiencia.

Sindo Froufe Quintas

José Javier Yanguas Lezaun y Francisco Javier Leturia Arrazola Manuel Gómez Orriz

Las Naciones Unidas ante las personas mayores. Año Internacional de las Personas Mayores. Francisco Salinas Ramos

Miguel Ángel Millán y Francisco Salinas Ramos

lO índice

EL DESPERTAR DE AMÉRICA LATINA (Núm. 113, octubre-diciembre 1998) 5 13

1

31

•

2

61

•

3

81

•

4

93

•

5

113

6

135

7

153

8

171

9

187

10

197

11

211

12

223

13

229

• 14

235

• 15

275

• 16

Presentación. Pensando la textura antropológico-cultural de los pueblos latinoamericanos. Ricardo Salas Astrain La deuda externa de América Latina: origen, evolución y al­ ternativas de solución. Alberto Acosta Conversión de la deuda externa por desarrollo social. Roberto Borja Los países bolivarianos y las Cáritas nacionales de la región en el marco de la Campaña sobre la deuda externa. Mario Ríos La educación y la escuela como reconstructutora de equi­ dad. Marco Raúl Mejía J Algunos elementos para repensar el desarrollo. Alberto Acosta Reflexiones sobre la cooperación al desarrollo en América Latina. Agustín Gutiérrez Seller Nuevas búsquedas para una misma búsqueda. Patricio Donoso Chiapas. Una imagen sobre un espejo convexo. José Manuel López Rodrigo Las mujeres latinoamericanas en el fin de siglo. Teresa Valdés Los niños de la calle en Latinoamérica. Manuel Jiménez Tejerizo Nuevo panorama, nuevos movimientos religiosos en Améri­ ca Latina. Cristian Parker G. Cáritas hoy y mañana en América Latina. Equipo de Investigación del Secretariado Nacional de Pastoral Social (Colombia) Educación desde la cooperación en la Confederación de Cá­ ritas. David López Arroyo «Yo, como tú, creo en la poesía de todos» ¿Será posible un mundo no excluyeme? Antonio Elizalde Hevia

Bibliografía

lO índice

DERECHOS SOCIALES Y CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (Núm. 114, enero-marzo 1999)

5 •

Presentación. En el XX aniversario de la Constitución Española: Transi­ ción política y estabilidad democrática.

•

1

31 •

2

Derechos humanos, derechos sociales y normas constitucio­ nales.

53 •

3

Los derechos sociales en España tras veinte años de Consti­ tución.

11

José Sánchez Jiménez Carlos Giner de Grado Jesús Camarero Santamaría 77 •

4

Los derechos sociales en la reconstrucción posible del Esta­ do del bienestar.

97 •

5

Derechos sociales, pobreza y exclusión social.

125 •

6

El «déficit social» de la participación política no electoral. Iniciativas ciudadanas y movimientos sociales.

Luis Enrique Alonso Benito Francisco Salinas Ramos Jaime Pastor 143 •

7

La calidad de vida como marco relacional para el desarrollo de los derechos humanos y constitucionales.

167 •

8

Derecho al trabajo, precariedad laboral y exclusión social.

183 •

9

La descentralización territorial de la lucha contra la pobreza.

•

10

La práctica de los Derechos Sociales: Desarrollo postconsti­ tucional.

229 •

11

Algunos determinantes para el papel de los sindicatos en la defensa y promoción de los sectores laborales y en el mundo del desempleo.

247 •

12

Por una Europa de los Derechos cívicos y sociales.

273 •

13

El empleo y la política social en la construcción europea.

293

14

Bibliografía.

Julio Alguacil Gómez Eduardo Rojo Torrecilla Luis Ayala Gañón 201

Miguel Angel Cabra de Luna

Juan Blanco Comité de Sabios Laura González •

lO índice

ESPAÑA Y EL DESARROLLO SOCIAL (N ú m . 1 1 5 , a b ril-ju n io 1 9 9 9 )

PRÓLOGO. Francisco Salinas Ramos............................................

H

PRESENTACIÓN....................................................................

13

PARTE I. LOS COMPROMISOS DE COPENHAGUE Y EL CON­ CEPTO DE DESARROLLO SOCIAL......................................

15

1. El Informe y su contexto........................................... 1.1. Objetivos del Informe...................................................... 1.2. El problema de medir los déficit del desarrollo social ............... 1.3. Contenido del Informe ...................................................

17 19 19 21

2. El concepto de desarrollo social................................... Introducción.................................................................. La declaración de Copenhague: conceptos, principios y objetivos... Los Compromisos de la Cumbre......................................... Líneas de Intervención previstas en la Cumbre de Copenhague....

25 25 27 33 40

PARTE II. ESPAÑA Y EL DESARROLLO SOCIAL: PERSPECTIVA NACIONAL.......................................................................

45

3. La situación de la pobreza en España........................... La distribución de los ingresos familiares............................... Evolución de la pobreza en España...................................... Patrones y perfiles del fenómeno de la pobreza en España.......... A modo de breve síntesis..................................................

51 52 57 61 71

4. La problemática del empleo, una cuestión clave.............. La tasa de actividad es muy reducida......................... .......... Se mantiene un elevado nivel de desempleo............................ El paro de larga duración.................................................. Aumentan las situaciones de inestabilidad laboral....................... A modo de breve síntesis..................................................

75 75 78 83 84 85

5. El desarrollo del sistema de bienestar en España ............. Universalización y exclusión educativa ................................. Salud y extensión del desarrollo social................................... El desarrollo del sistema de garantía de rentas........................ La exclusión residencial bloquea el desarrollo social ................. A modo de síntesis..........................................................

89 92 103 116 149 161

C apítulo

C apítulo

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

C apítulo

3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

C apítulo

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.

C apítulo

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.

lO índice

PARTE III. ESPAÑA Y EL DESARROLLO SOCIAL: PERSPECTIVA INTERN ACIO N AL....................................................................................................

165

C apítulo 6. La situación m undial de la pobreza y el orden económico in ­ ternacional ......................................... ............................................................................ 6.1. M agnitud de la pobreza................................................................................... 6.2. El rostro de la pobreza del mundo ............................................................. 6.3. La geografía de la pobreza................................................................................ 6.4. Algunos factores que definen el sistema económico m undial .......... 6.5. Participación de España en los organismos multilaterales de desarrollo . 6.6. Un sistema cargado de incoherencias...................................... ..................

1 1 171 173 175 176 186 191

C apítulo 7. El panoram a de la A yuda O ficial para el D esarro llo ............... 7.1. La Ayuda Oficial para el D esarrollo............................................................. 7.2. La realidad de la ayuda española. Breve panorama ....................

193 193 199

C a p ít u l o s . La deuda externa ................... ................................................................ 8.1. Origen y causas de la deuda externa............................................................ 8.2. Efectos de la insostenibilidad de la deuda ................................................ 8.3. Iniciativas para solucionar el problema de la deuda externa ............. 8.4. Tratamiento de la deuda por el Estado E spañol.....................................

219 221 222 223 229

C apítulo 9. España y el desarrollo de África S u b sah arian a........................... 9.1. La política española de cooperación con África Subsahariana .......... 9.2. Comercio e inversiones p rivad as................................................................... 9.3. El papel de la Ayuda Oficial para el Desarrollo.......................................

233 233 235 235

PARTE IV. BALANCE Y PR O PU E ST A S...............................................................

241

C apítulo 10. Los déficit del desarrollo social en la sociedad española: ba­ lance de los acuerdos de C openhague................................................................... 10.1. Introducción....................................................................................................... 10.2. La erradicación de la pobreza ...................................................................... 10.3. La generación de empleo ............ 10.4. La construcción de sistemas de bienestar................................................. 10.5. El papel ante los fenómenos de pobreza en el m undo.......................

2u3 743 248 256 264 278

C apítulo 11. Propuestas para un program a en pro del desarrollo social . 11.1. Principios y objetivos de la intervención................................................. 11.2. Ejes y prioridades en la lucha contra la pobreza....................................... 11.3. Cincuenta propuestas para extender el desarrollo so cial...................

297 298 304 313

BIBLIO G RAFÍA..................................... ..................................................................................... 335 ÍNDICE DE CU A D RO S..................... 343 ÍNDICE DE T A B L A S...................................................................................................... 347

lO índice

EL TRABAJO, UN BIEN ESCASO (N ú m . 1 1 6 , ju lio -s e p tie m b re 1 9 9 9 ) 5

•

11

•

35

•

69

•

85

•

115

•

5

143

•

6

159

•

7

175

•

8

185

•

9

203

•

10

2 29

•

11

2 49

•

12

261

•

13

285

•

14

Presentación. Trabajo y realidades históricas: el contexto de los conflictos sociales. José Sánchez Jiménez Trabajo y crisis del Estado del Bienestar: el empleo y la nueva sociedad civil. Luis Enrique Alonso Notas sobre los cambios en el mundo del trabajo y la globalízación económica. Eduardo Rojo Torrecilla Empleo para todos - todos por el empleo: transformar las di­ rectrices en acción. Comisión de las Comunidades Europeas Trabajo, paro y actividad. Equipo Promocions Una nueva comprensión del trabajo. Christian Felber Trabajar menos, trabajar todos, vivir más. Comisión Permanente - HOAC Flexibilidad laboral y reparto del trabajo. Juventud Obrera Católica Del empleo como norma social a las vivencias del desempleo. Jaime Rodrigues es de CC.OO. Conciliación de la vida laboral y familiar. Departamento Confederal de la Mujer Secretaría de Acción Social Confederal Unión General de Trabajadores Tecnología, solidaridad y trabajo. Javier Esteban Doctrina Social de la Iglesia y empleo. Luis González-Carvajal Santabárbara La ética del trabajo y el pleno empleo. David Sheppard y Rafael Díaz Salazar

Bibliografía.

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ULTIMOS TITULOS PUBLICADOS PRECIO N ,“ 98

La familia.......................................................................................... (Enero-marzo 1995)

N .” 99-100

1.300 ptas.

España de los 90 ................................................................... (Abril-septiembre 1995)

1.600 ptas.

N.° 101

V Informe Sociológico. Síntesis.............................................. (Octubre-diciembre 1995)

2.500 ptas.

N .“ 102

Humanidad y Naturaleza.......................................................... (Enero-marzo 1996)

1.400 ptas.

N.° 103

Tercer Sector................................................................................. (Abril-junio 1996)

1.400 ptas.

N.° 104

Voluntariado................................................................................. (Julio-septiembre 1996)

1.400 ptas.

N.° 105

M ujer............................................................................................... (Octubre-diciembre 1996)

1.400 ptas.

N.° 106

Políticas contra la exclusión social........................................... (Enero-marzo 1997)

1.500 ptas.

N.° 107

Arte y sociedad.............................................................................. (Abril-junio 1997)

1.500 ptas.

N .“ 108

Informática, información y com unicación........................... (Julio-septiembre 1997)

1.500 ptas.

N .° 109

Trabajando por la justicia.......................................................... (Octubre-diciembre 1997)

1.500 ptas.

N.° l i o ■

Educación y transformación social......................................... (Enero-marzo 1998)

1.590 ptas.

N .^ lll

La España que viene.................................................................... (Abril-junio 1998)

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N .° 112

Las personas mayores.................................................................. (Julio-septiembre 1998)

1.590 ptas.

N.° 113

El despertar de América Latina................................................ (Octubre-diciembre 1998)

1.590 ptas.

N .“ 114

Derechos Sociales y Constitución Española......................... (Enero-marzo 1999)

1.650 ptas.

N .“ 115

España y el Desarrollo So cial................................................... (Abril-junio 1999)

1.650 ptas.

El trabajo, bien escaso................................................................ (Julio-septiembre 1999) N .“ 117-118 Las Empresas de Inserción a debate.............................. (Octubre-diciembre 1999-Enero-marzo 2000)

1.650 ptas.

N .°1 1 6

2.500 ptas.

PRÓXIMOS TÍTULOS Ciudad y calidad de vida. Adolescentes y jóvenes en dificultad social. Las migraciones en el umbral del siglo XXI.

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D(XUM€NTACIÓN SOCIAL PUEDE LEER EN ESTE NÚMERO LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS Presentación. La inserción sociolaboral a debate. Nuevos probiemas, nuevas preguntas, nuevas respuestas. Exclusión social e Inserción Sociolaboral. El Tercer Sistema de la Unión Europea: conclusión del Grupo de Experto^, Apuntes sobre el marco normativo de las Empresas de Inserción. Posicionamiento de FEEDEI de cara a la Ley de Empresas de Inserción. Actuaciones y propuestas de los Agentes Económicos y Sociales ante las Empresas de Inserción. Las Empresas de Inserción desde las perspectivas de los partidos políticos. Las Administraciones Públicas frente a las Empresas de Inserción. Las Empresas de Inserción y el Tercer Sector. El papel de las organizaciones sociales y el empleo de inserción. La contratación de obra pública como instrumento de política social. Los procesos de Formación y Cualificación en el empleo de Inserción. Empleabilidad y Empresas de Inserción. Los Centros Especiales de Empleo y las Empresas de Inserción. Los microcréditos y las Empresas de Inserción. Bases para organizar el movimiento asociativo y representativo de las Empresas de Inserción. Federación Española de Entidades de Empresas de Inserción. Experiencia y realidad de AERESS. Associació Catalana de Recuperadora de l’Economia Social Solidaria. Asociación Madrileña de Empresas de Inserción (AMEI). Experiencia y realidad de las Empresas de Inserción desde Cáritas. El Movimiento Emaús. Red Anegos. Bibliografía.