Política

Página 8/LA NACION

2

3

Jueves 10 de mayo de 2007

Presuntas coimas: también investigan si se pagaron sobreprecios

Registran las sedes de cinco empresas El juez federal Montenegro se llevó documentación de Skanska, BTU, Contreras, Techint y Odebrecht Por Jorge Urien Berri FELIX SOBAÑSKI, falleció el 11-4-2007. - Su familia agradece profundamente todas las demostraciones de cariño recibidas e invitan a la misa que se celebrará el viernes 11, a las 19, en Mansilla 3850

FERNANDO LEIRO y MARTA SCUKA participan el casamiento de su hijo FERNANDO FEDERICO con la Srta. GABRIELA ESPOSTO COTTONE, a celebrarse el sábado 12 de mayo, a las 19.45, en la parroquia Santa María de los Ángeles, Rómulo Naón 3250, Capital

La Fundación Páremai Fractal y la Revista Texturas en Psicoanálisis invitan a escuchar al Dr. Ignacio Guirao y el Lic. Osvaldo Delfabro disertar sobre “Goces y Letra en la escritura de San Juan de la Cruz”, a las 19.30, en Viamonte 1494, Capital

De la Redacción de LA NACION El juez federal Guillermo Montenegro accedió ayer al pedido del fiscal Carlos Stornelli de extender la investigación de las presuntas coimas y sobreprecios pagados en la ampliación de los gasoductos Norte y Sur a las empresas BTU, Contreras Hermanos, Odebrecht y Techint, y envió personal del juzgado a esas firmas para retirar documentación de las obras realizadas en 2005. Una fuente del tribunal informó que, técnicamente, no se trató de allanamientos sino de “órdenes de presentación”, que también incluyeron a la constructora sueca Skanska, la firma que admitió haber pagado 13,4 millones de pesos por su intervención en las ampliaciones de los dos gasoductos. Pero hubo una sorpresa. La multinacional brasileña Norberto Odebrecht SA, que amplió el Gasoducto Sur subcontratando a Techint, Contreras Hermanos y Skanska, no fue hallada. Por la noche, un comunicado de la firma informó que su domicilio en la

Argentina “desde hace veinte años es Reconquista 1166”, y que se encuentra “absolutamente a disposición de la justicia argentina”. Montenegro también aceptó el pedido de Stornelli de agregar a la figura penal de cohecho las de defraudación en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La fuente agregó que tanto Techint como BTU y Skanska aportaron la documentación requerida, en tanto que Contreras Hermanos solicitó uno o dos días para remitirla al juzgado. “En todas las firmas -sostuvo- hubo una gran colaboración.”

Sobreprecios Los pedidos de documentos procuran esclarecer un tema decisivo y más fácil de investigar que el de las coimas: el de los presuntos sobreprecios que habrían presentado esas empresas para ampliar la capacidad de transporte de gas de los dos gasoductos, y el papel del Gobierno, a través del ente oficial Enargas y de la Secretaría de

Energía, al convalidarlos. Existen varias notas enviadas en 2005 al ente oficial Enargas por Transportadora de Gas del Norte SA (TGN), licenciataria del Gasoducto Norte, en las que se queja con fuerza porque Skanska y BTU -a las que luego se sumó Contreras Hermanos- presentaron sobreprecios del 152 por ciento, que más tarde bajaron al 118 por ciento, para construir las tres plantas compresoras del gasoducto. Finalmente, el Enargas, con la fir-

Techint ■ Por medio de un comunicado, Techint informó ayer que el juez federal Guillermo Montenegro envió a la empresa un escrito requiriendo documentación relacionada “con las obras del Gasoducto Norte (TGN) y del Gasoducto Sur (TGS)”, y que “la solicitud fue cumplimentada por Techint con la entrega en forma inmediata de la misma”. También ofreció su “colaboración al juzgado”.

ma de su titular, Fulvio Madaro, dispuso que TGN adjudicara las obras a las tres firmas. Madaro ha expresado a LA NACION que la adjudicación la realizó TGN. Algo similar habría ocurrido con las obras encargadas por Transportadora de Gas del Sur SA (TGS) para ampliar el gasoducto austral. La fiscalía encontró elementos que señalarían la existencia de sobreprecios. La diferencia consistió en que para ampliar el Gasoducto Sur no se construyeron plantas compresoras, sino que se tendieron caños (loops) y que se contrató a la constructora brasilera Odebrecht, que habría actuado como intermediaria.

Subcontratos En diciembre de 2004, Odebrecht se presentó a la licitación privada de precios organizada por TGS. Mediante una nota a TGS, Odebrecht aclaró que, en caso de que su oferta fuera la ganadora, asumía “el compromiso de contratar a Skanska, Contreras Hermanos y Techint”. Quiere decir que, en principio, Odebrecht habría funcionado como una suerte de intermediaria.

Hace diez días, una fuente del Gobierno explicó a LA NACION que la presencia de Odebrecht obedecía a la necesidad de que en las obras hubiera una firma brasileña para así obtener un préstamo del Banco Nacional de Desarrollo del Brasil. En aquella nota de Odebrecht a TGS, que llevaba la firma del apoderado de la firma brasileña, la dirección era Marcelo T. de Alvear 1719. En el juzgado de Montenegro sostienen que los documentos solicitados son importantes para determinar el cálculo que hizo cada firma antes de elevar a TGN y a TGS sus presupuestos. Paralelamente, se encargaría a especialistas un estudio para conocer el costo de las obras con los precios de mercado de 2005. Madaro y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, explicaron a LA NACION la semana pasada que los sobreprecios en las obras que encargó TGN no eran tales porque, según los funcionarios, TGN se equivocó al hacer los números y no incluir el IVA. A su vez, Madaro negó que hubieran existido sobreprecios en el Gasoducto Sur.

BTU, otra empresa involucrada que prefiere el silencio Sus directivos, reacios a dar explicaciones

EUSKAL ECHEA, ASOCIACION CULTURAL Y DE BENEFICENCIA, invita a la misa anual estatutaria a celebrarse por los socios, colaboradores y residentes del Hogar y la Residencia San Benito, fallecidos durante el último ejercicio 2006-2007. La misma tendrá lugar el domingo 13 de mayo, a las 10, en la capilla del colegio de Llavallol, Av. Antártida Argentina 1910

DOMINGO A. DI CIÓ, q.e.p.d., falleció el 10-5-2006. Su esposa, hijos, nietos y bisnietos lo recuerdan permanentemente con cariño y agradecen una oración en su memoria

Dra. Amelia Margarita Liprotti (Pochi), q.e.p.d. - A un mes de su fallecimiento, su esposo Juan Roberto Fucito y familiares agradecemos todas las condolencias recibidas de familiares, amigos, colegas, instituciones y empresas del país y del exterior. Nuestro agradecimiento especial al Fuero Civil y Comercial Federal

LUIS A. SUIFFET, q.e.p.d., 10-4-2007. - A un mes de su partida, su familia agradece una oración a su querida memoria

En uno de los 48 departamentos de un despintado edificio de 16 pisos, en Maipú 96, a metros del puente Pueyrredón, en Avellaneda. Allí está la oficina sede de BTU SA, una de las empresas constructoras que intervinieron, junto con Skanska y Contreras Hermanos, en la ampliación del Gasoducto Norte, que opera TGN. Los diputados Adrián Pérez (ARI) y Esteban Bullrich (Pro) le habían pedido al juez federal Guillermo Montenegro que investigara si BTU y Contreras presentaron sobreprecios en esa obra, igual que Skanska. En esa millonaria obra pública se habría pagado un sobreprecio del 118%, que podría haber incluido el pago de coimas, como admitió Skanska. Ayer, personal del juzgado de Montenegro fue a la firma BTU a retirar documentación. Las instalaciones de la firma parecen avergonzar a sus directivos, que procuraron impedir que LA NACION transitara por los descascarados pasillos del edificio. El presidente y accionista de la firma, Carlos Mundín, indagó, alarmado, cuando la semana pasada supo que en minutos un cronista preguntaría en su oficina por él: “¿Cómo que está viniendo para acá?” Y propuso: “No, mañana le doy una entrevista, pero en el diario”. Al día siguiente Mundín llamó para cancelar el encuentro. Explicó que la empresa informaría a través de una solicitada en los diarios y así procuraría esclarecer a la opinión pública la situación de la firma, que se había visto “altamente perjudicada” por el “editorial” firmado por Joaquín Morales Solá el miércoles 2 del actual. Mundín prometió que, si después de la publicación quedaba alguna duda, daría una entrevista; propuesta que luego se encargó también de abortar. En la solicitada publicada el viernes pasado, la constructora informó sobre su trayectoria en el mercado del gas y del petróleo: “Durante 25 años hemos ejecutado más de 160 obras en forma exitosa”, señala el texto que

firman Carlos Mundín, presidente y accionista, con Angel Di Pietrantonio y Héctor Leis, ambos directores y accionistas. En la solicitada también consignan que, entre sus clientes, están YPF SA, Gas del Estado, Esso, Shell, TGN, TGS y Metrogas, y que realizaron obras en las plantas compresoras Miraflores, Tucumán, Deán Funes, Beazley, Cochico, Lumbreras y Tres Cerros. La empresa no mencionó su participación en la expansión de un gasoducto en Santa Cruz.

Sin respuestas Cuando LA NACION visitó la sede de BTU, en Avellaneda, el personal obvió todo tipo de declaraciones y pidió desalojar el lugar. De inmediato, LA NACION visitó el domicilio legal de la firma, en la calle Beauchef, del barrio porteño de Caballito. La construcción es de dos pisos y no está descascarada: es la casa de la familia Mundín, confirmaron los vecinos y, luego, el propio empresario. Había luz y gente adentro, pero nadie atendió. Tampoco respondieron a las reiteradas llamadas telefónicas de LA NACION. Indignado, al día siguiente, el presidente de BTU respondió el teléfono desde su oficina. Dijo que, en adelante, no atendería más llamadas de la prensa. Habló de las dificultades personales ocasionadas por lo que consideró una intromisión en su hogar y en su trabajo. “No le voy a informar nada más”, dijo. Al preguntársele dónde se ubican el departamento de ingeniería de la empresa, el depósito de materiales y dónde puede observarse el ingreso y la descarga de camiones, Mundín repitió que no iba a responder. “Ustedes tienen que informarse más sobre el tema. Tenemos obradores en distintos puntos del país”, dijo. “Por suerte, los bancos y las aseguradoras con las que trabajamos saben de nuestra seriedad”, fueron las últimas palabras que se oyeron antes de que el empresario colgara el teléfono.

El INSTITUTO MATER TER ADMIRABILIS invita a sus ex alumnas al té anual, que se realizará el 12 de mayo del corriente, a las 16.30, en 24 de Noviembre 827. Confirmar asistencia

PRENSA TELERMAN

“La campaña no puede ser una cuestión de vida o muerte”, dijo ayer Telerman

Telerman: que Kirchner frene la campaña sucia Lo solicitó luego de un allanamiento al gobierno porteño Por José Ignacio Lladós De la Redacción de LA NACION “Como máxima autoridad de la ciudad, invoco a la máxima autoridad nacional para que haga todo lo que esté a su alcance para frenar esta campaña sucia, esta creación de climas de violencia, de odio, de irracionalidad, de mentiras y de persecuciones.” Eran las 19.45 y en el Palacio de Gobierno de la ciudad seguía el allanamiento dispuesto por el juez de instrucción Luis Zelaya, que investiga un posible caso de corrupción en la ciudad denunciado por el diputado oficialista Miguel Bonasso. El procedimiento había comenzado a las 11 con golpes, contusos y un clima de escándalo, y para Jorge Telerman, autor de aquel reclamo/súplica, ya era momento de intervenir públicamente. “Hay premeditación. Nos tiran basura para tapar los sumideros, rompen farolas en los parques, inventan casos de corrupción... El otro día escuchaba al Presidente cuando hablaba de las agresiones que sufre en su provincia, y yo de esto no había querido hablar, pero yo también sufro hostigamientos desde hace dos meses. Hostigan a mi mujer, a mis hijos cuando vuelven de la escuela. ¿Quién los manda? ¿Por qué hacen esto? La campaña no puede ser una cuestión de vida o muerte”, cuestionó el jefe de gobierno. Para Telerman, las denuncias formuladas por Bonasso sobre una

posible corrupción en el manejo de la publicidad oficial “forman parte de algo”. “El allanamiento fue dispuesto en tiempo récord”, se quejó el mandatario, que no permitió preguntas, tal vez para que la parte más controvertida de la conferencia quedara en manos de funcionarios de menor rango. Así, fue luego el procurador de la ciudad, Agustín Zbar, quien apuntó: “Zelaya es un juez manifiestamente incompetente, que está siendo investigado en dos causas por el Consejo de la Magistratura, órgano que pasó a ser controlado por el oficialismo, espacio al que pertenece el diputado denunciante [por Bonasso]”. Telerman y Zbar no dieron detalles sobre la denuncia, presentada por malversación de caudales públicos y fraude al Estado. El jefe de gobierno se limitó a decir que todo eso era “un invento” y Zbar agregó que el monto puesto en duda era de 800.000 pesos. Luego de las declaraciones de ambos quedó claro que, para el gobierno porteño, las sospechas de Bonasso, socio político de Aníbal Ibarra, tienen un condimento exclusivamente político.

Contra el kirchnerismo El jefe de gobierno ligó el allanamiento con otras agresiones, tales como supuestos actos de vandalismo en plazas, hostigamientos a él y a su familia y operativos preparados para ensuciar la ciudad. Todo junto conforma lo que el gobierno porte-

ño llama una “campaña sucia”, de la que acusa al kirchnerismo porteño. De allí que Telerman haya pedido la intervención de Kirchner. De acuerdo con la lectura de los discursos de ayer, el telermanismo entiende que sectores del oficialismo nacional “malentienden el mensaje de sus jefes y creen que con agresiones ganan puntos”, según dijo Telerman. Fue una ironía para cuestionar al espacio que conduce el jefe de Gabinete nacional, Alberto Fernández, líder del kirchnerismo porteño y uno de los sostenes más importantes del candidato a jefe de gobierno del Frente para la Victoria, Daniel Filmus. Fernández, como Ibarra, está abiertamente enfrentado con Telerman. En ese contexto, Bonasso denunció y el juez Zelaya dispuso un allanamiento, que comenzó a los golpes, con una pelea entre los funcionarios judiciales que querían entrar en el palacio municipal –según el gobierno porteño, sin mostrar la orden del magistrado– y los empleados de la ciudad, que defendían el edificio. La batalla terminó con cuatro contusos y la intervención del SAME. LA NACION intentó confirmar los detalles con el juez, pero éste se negó a responder. Por todo esto es que el jefe de gobierno reclamó la intervención del Presidente. “Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para frenar esta locura. Le pido a la máxima autoridad nacional que él también lo haga”, concluyó.

Trámite veloz para una denuncia

FABIAN MARELLI

El frente del edificio de Avellaneda, donde BTU SA tiene una oficina

La denuncia del kirchnerismo contra el jefe de gobierno, Jorge Telerman, recibió ayer un primer respaldo judicial con gran celeridad: un día después de recibir la denuncia en su despacho, el juez de instrucción Luis Zelaya ordenó allanar las oficinas del gobierno porteño en busca de pruebas de la existencia de documentación que permitiría constatar supuestas operaciones irregulares en la adjudicación de publicidad oficial. La denuncia había sido presentada por el diputado nacional Miguel Bonasso contra Telerman; el secretario de Prensa y Difusión, Oscar Feito; el legislador por el macrismo

Diego Santilli y un particular, Sergio Mastropietro. Bonasso acusa al gobierno porteño de haber usado facturas falsas emitidas por la empresa Sol Group SA para abonar órdenes de publicidad que no se iban a cumplir. De este modo, según el diputado, se habrían cometido los delitos de “malversación de caudales públicos” y “fraude al Estado”. El juez Zelaya impuso el secreto de sumario en la causa y advirtió que todavía no resolvió si citará a los sospechosos a presentar su descargo en una declaración indagatoria. “De la manera que está planteada la denuncia hay consistencia porque

se trata de determinar si hubo o no sobreprecios en la contratación de publicidad, más allá de si Sol Group era o no una empresa fantasma”, relató a la agencia Télam una fuente judicial. En su acusación, Bonasso tomó como referencia la denuncia pública del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que había ligado a la administración de Telerman con el caso Skanska por su relación con Sol Group, empresa mencionada en la investigación de las supuestas coimas. Ayer, Bonasso anunció que tiene más pruebas y que se las llevará al juez mañana.