OPINIÓN | 21

| Viernes 11 de enero de 2013

fenómeno regional. Las gestiones de Chávez, Correa, Morales y los Kirchner reemplazaron la burocracia neutral

por un Estado politizado desde el que ofrecieron gobernabilidad tras un período de crisis. Hoy, dan muestras de agotamiento

La crisis del sistema presidencial Eugenio Kvaternik —PARA LA NACION—

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os recientes saqueos a casi 300 negocios en cuarenta ciudades del país invitan a dos lecturas diferentes en sus premisas, pero similares en las conclusiones. A quienes prefieran la mirada comparativa y cotejen esos desmanes con los de 2001 no les costará concluir que las diferencias no alcanzan para opacar las semejanzas. Quienes opten, en cambio, por una mirada metafísica, se dividirán entre aquellos que opinan que el pasado retorna y quienes opinan que nunca se fue del todo. Ironía trágica, luego de diez años de tasas de crecimiento chinas: han sido, precisamente, los supermercados chinos los principales destinatarios de los saqueos. Estosnuevosepisodiosrevelanlossíntomas de una crisis. Intentemos, pues, a partir de su reconocimiento, avanzar en un diagnóstico. En julio de 1932, en la agonía de la república de Weimar, seis meses antes de la toma del poder por Hitler, el jurista alemán Carl Schmitt escribió un opúsculo merecidamente famoso, Legalidad y legitimidad. Su análisis hacía hincapié en ciertas singularidades del régimen político alemán, que tenía un formato extraño para la época. Un ejecutivo dual, con un presidente elegido por sufragio universal, y un primer ministro elegido por el Parlamento, y donde ambos, presidente y primer ministro, se dividían las competencias ejecutivas. El análisis contemporáneo considera a estos regímenes semipresidenciales una forma mixta, que difiere tanto del presidencialismo como del parlamentarismo. Schmitt sostenía, sin embargo, que en Weimar había dos constituciones, una presidencial y la otra parlamentaria. De la primera se desprendía lo que denominaba el sistema presidencial, es decir, una fórmula política en torno al presidente Hindenburg, elegido por sufragio universal, que con el apoyo del ejército y la burocracia encarnaba la legitimidad, léase, la gobernabilidad. La segunda constitución era la parlamentaria, reflejo de una sociedad agobiada por la depresión de 1930, que había transformado al Parlamento, paralizado por las rencillas entre los grupos centristas y el ascenso de nazis y comunistas, en el depositario de una legalidad agotada, ingobernable. Para resolver la crisis, Schmitt proponía eliminar la segunda constitución a favor de la primera. Los sistemas presidenciales latinoamericanos de Chávez, Correa, Morales y de Néstor y Cristina Kirchner han repetido el milagro de las bodas de Caná, al escanciar en los

viejos odres de la dicotomía schmittiana el vino nuevo de la pasión por la igualdad. No acaban con el Parlamento como proponía Schmitt, pero lo anestesian. Se asemejan, y se diferencian a la vez, de su precedente alemán. Con excepción de la Argentina, se nutren en todos los casos de una legitimidad plebiscitaria, y en algunos, como en Venezuela, le adosan la imprescindible ortopedia castrense. A partir de allí incorporan una paleta novedosa, al reemplazar la burocracia neutral por un Estado politizado, un tinglado mediático propio y el aprovechamiento de fuentes de recursos a través de la sumisión del banco central al Ejecutivo y del control de rentas excepcionales. Pdvsa, en Venezuela; las retenciones, en la Argentina. Losgrandesy lospequeñossimplificadores han tomado el presunto fracaso del neoliberalismo como el chivo expiatorio de la crisis. Sin embargo, ésta presenta, en cada uno de los países mencionados, las diferentes caras de un complejo contrapunto de inestabilidad: crisis económica, desigualdad, violencia. El único rasgo común es la volatilidad del Poder Ejecutivo. Bolivia tuvo antes de la llegada de Morales tres presidentes, entre 2000 y 2005. La Argentina, cuatro, entre 2001 y 2003, antes del triunfo de Kirchner, y Ecuador, tres, entre 1997 y 2005, antes del triunfo de Correa. Después los senderos se bifurcan. Venezuela es el ejemplo clásico de lo que fue en su momento una democracia exitosa que sedegradaypierdelegitimidad.Asíocurrióen los 90, por el efecto simultáneo de una dirigencia corrompida y de un 50% de la población bajo la línea de pobreza. Ambos fenómenos explican el respaldo a la fórmula chavista, que se consolidó al reducir la pobreza a la mitad. En Bolivia, para decirlo con Tocqueville, más que la desigualdad fue la inevitable marcha hacia la igualdad el catalizador de la crisis. Si bien a la caída del presidente Sánchez de Lozada los niveles de pobreza oscilaban en el 52%, habían bajado sensiblemente desde 1992, cuando llegaron al 71%. Pero el mismo porcentaje de reducción de la pobreza que ayudó a Chávez a consolidar su poder no le sirvió a Lozada para hacer otro tanto. Su renuncia no fue la consecuencia de una política fracasada, sino el epílogo de una estrategia de movilización y violencia capitaneada por el MAS, de Evo Morales. En la Argentina, por su parte, más que los graves episodios de violencia, saqueos y represión de 2001, fue la desafección de la clase media la que forzó la renuncia de De la Rúa, sellando el fin de la convertibilidad y produciendo la transferencia de ingresos más regresiva de su historia reciente. El origen de lo que denominamos el sistema presidencial populista es, como lo señaló

lan tanto al Gobierno como a la oposición. Para Cicerón, el impedio era el presupuesto de la república: impedir que la mayoría tuviese un poder proporcionado a su número: ne plurimum valeant plurimi. En Las tres hermanas, Chejov retrata a tres damas de provincia rusa que a lo largo de toda la obra claman por ir a Moscú, adonde nunca llegan, porque nunca se ponen en marcha. También la oposición clama por una república a la que tampoco llega, porque tampoco se pone en marcha. Luego de la derrota del oficialismo en 2009, la oposición le cedió al oficialismo la presidencia de la Cámara de Diputados y la de las comisiones más importantes del cuerpo; además, prestó su apoyo, salvo algunas excepciones, a una retahíla de leyes confiscatorias. Lejos de impedir, se esmeró en cooperar. En la Argentina, al igual que en Weimar, la presunta solución –el sistema presidencial– es, a todas luces, la raíz del problema. En Weimar profundizó la ingobernabilidad y le abrió la puerta a Hitler. Entre nosotros las manifestaciones pacificas de septiembre y noviembre, como las violentas de los últimos días, sugieren un doble déficit: de gobernabilidad y de buen gobierno. Las violentas sugieren que el sistema ya no garantiza el orden, y las pacíficas, que el Gobierno no responde a las expectativas de buen gobierno de una porción importante de los ciudadanos. Nos encontramos así a mitad de camino entre el fin de una mediocre gobernabilidad y quizá –seamos optimistas– el principio de un mejor gobierno. © LA NACION

Marcos Novaro, una crisis de gobernabilidad, en la cual aquél cumple un rol análogo a las intervenciones militares: pone orden donde las democracias pluralistas fueron incapaces de hacerlo. Apenas iniciado su mandato, el vacío de poder previo le brindó a Chávez, Morales y Correa la oportunidad de consolidar, mediante reformas constitucionales, un régimen plebiscitario. Cristina Kirchner, que tiene todos los recursos del sistema presidencial, carece del formato plebiscitario de sus colegas, e intenta imponerlo infructuosamente, reelección mediante, luego de diez años (contando el mandato de su marido) de gestión y desgaste. Si como propone Novaro hay una equivalencia entre la gobernabilidad militar y la populista, podemos extender esa equivalencia a las protestas. Las manifestaciones en contra de la reelección y por una Justicia independiente son análogas al reclamo por los derechos humanos y el retorno a la constitución de las postrimerías del gobierno militar. Benedetto Croce decía que el fascismo había sido un paréntesis en la tradición liberal italiana. La fotografía de Venezuela y la Argentina luego de sus respectivas crisis puede hacer creer que, en sentido contrario a lo que decía Croce, la democracia liberal es un paréntesis del populismo. La película con las protestas pacíficas del 13-S y del 8-N, y las más violentas de los últimos días, parecen darrazónaquienes,siguiendo al filósofo italiano, creemos queelpopulismoesunparéntesis de la democracia liberal. A diferencia de lo que ocurrió con los gobiernos militares, estos episodios interpe-

El autor es profesor de Teoría Política en las universidades de Buenos Aires y del Salvador

Controlar los contenidos, una tentación Tomás Linn —PARA LA NACION—

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MONTEVIDEO

ntentaron hacer creer que los motivaban razones técnicas para ordenar mejor la adjudicación de ondas y eliminar supuestos monopolios. Aseguraron (lo siguen haciendo aún hoy) que su solo interés es apuntar a lo tecnológico y una mejora administrativa del mecanismo. Sobre contenidos, nada. Sin embargo, la embestida apunta a otra cosa y en algunos países (como sucede con la Argentina), el lío ya está contaminando al Poder Judicial. La argumentación entonces convenció a mucha gente que hoy ya está de vuelta. Vieron la trampa y saben que el objetivo es otro. En la Argentina, en Venezuela, en Ecuador. No quieren ser cómplices de lo que en el fondo es un ataque a la libertad de prensa, el deseo explícito de intimidar, acallar, censurar. Y mientras tanto, acumular medios que estén de su lado: les molestan los presuntos monopolios que los cuestionan, no los que los avalan. Acallar la prensa es el primer paso que da todo gobierno que quiere ser autoritario.

Neutralizar al Poder Judicial como cuerpo independiente y garante de los derechos y las libertades individuales es el otro paso. Esto ya está pasando en más de un país. La embestida contra Clarín, en su actual fase, exige torcerles el brazo a los jueces y para eso no sólo alcanza con desprestigiarlos como personas, sino también como poder independiente. En Ecuador, el presidente Rafael Correa prácticamente le sopla a algún magistrado el texto de las sentencias para beneficiarlo. En la Argentina, los asesores del Gobierno cuestionan la legitimidad del Poder Judicial porque no siendo éste “democrático”, no puede interferir con leyes aprobadas por la mayoría elegida del Congreso. Tal razonamiento demuestra que sobra desprecio o sobra ignorancia respecto de la esencia de una democracia. En Venezuela, la Suprema Corte es lisa y llanamente funcional a los intereses del chavismo. Si la consigna del gobierno de Cristina Kirchner fuera decir “Clarín monopoliza”, tal vez algunos estarían dudando y sentirían

que el objetivo de la ley de medios es romper una estructura de apariencia férrea e intocable. Pero la consigna no es ésa. Lo que se dice es que “Clarín miente”. Y una supuesta mentira no es una cuestión administrativa ni referida a formas de repartir ondas y espacios. Es una cuestión de contenidos. Si se presume que alguien miente es porque está diciendo cosas que molestan y, por lo tanto, deben ser silenciadas. La propia consigna del Gobierno desnuda su intención final. Pretender castigar a quien miente es castigar al que emite mensajes con contenidos. Eso es censurar y ello viola derechos básicos. Sólo a Correa se le ocurre pensar que como los medios son poderosos, deben ser vigilados y controlados por el Estado. Eso de que son poderosos está por verse. ¿Y de dónde sacó Correa que es el Estado quien debe vigilar esa libertad? En toda democracia, la tesis es la contraria. Es el Estado quien debe ser vigilado y en especial aquellos que fueron elegidos para administrarlo. Para eso está la prensa libre. La buena, la

que nos gusta, la que es amable y correcta. Y la mala, la que agrede, la que cuestiona, incluso tal vez miente. Dicha libertad no puede hacer distingos entre aquellos que le caen bien y los que son más desprolijos. Y los ciudadanos no deben ceder a nadie (y menos al gobierno) la custodia de esa libertad, pues les es un derecho inherente. Su garante es la Justicia, siempre que actúe sin presión y con independencia. La enfermedad regulatoria se extiende y ya en Uruguay hay borradores de proyectos. También allí se dice que dados los cambios tecnológicos se hace necesario revisar concesiones y redistribuir ondas o hasta crear nuevas emisoras. Sin embargo, para analizar las propuestas se creó una suerte de “coalición civil” con organizaciones sociales que pelean por los derechos de la mujer, de los gays y de otras minorías, y combaten la discriminación. Son todas causas legítimas y es bueno que haya quien las defienda. Pero si conforman una coalición alrededor de estos temas, no es porque su aporte será técnico o administrativo (no

es ésa su especialidad), sino porque querrán que los contenidos favorezcan sus posturas y sus causas. Y por más simpatía que generen, nadie debe presionar desde una ley para que su causa, sea cual fuere, sea informada desde una luz favorable que sólo a ellos interesa. Eso es meterse en los contenidos y termina siendo una forma de censura. Otra vez, pues, surge el mismo tema, otra vez las supuestas necesidades tecnológicas impulsan formas de regulación que terminan limitando la libertad de prensa y de expresión, que son el pilar sobre el cual se sostiene una democracia. ¿Es tan difícil entender esto? No debería serlo, lo que hace sospechar que los argumentos que justifican estas embestidas que se extienden por el continente son intentos deliberados de controlar los mensajes y contenidos, para imponer sólo el relato oficial. © LA NACION El autor, uruguayo, es analista político de la revista Búsqueda y profesor universitario

Una tesis jurídica inquietante para el poder Ceferino Reato —PARA LA NACION—

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a justicia brasileña utilizó una novedosa tesis jurídica, la “teoría del dominio del hecho”, para condenar por corrupción a José Dirceu, la ex mano derecha de Luiz Inacio Lula da Silva en su gobierno y figura emblemática de la izquierda brasileña. En la Argentina ya se aplica esta tesis, pero sólo en los juicios por violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura. Este paso de los derechos humanos a la política, de los crímenes de lesa humanidad a la corrupción, podría poner en aprietos tanto a la presidenta Cristina Kirchner como a sus principales colaboradores si se repitiera también en este campo la natural influencia que Brasil ejerce en la región. Es decir, si el juicio por corrupción contra la cúpula del Partido de los Trabajadores (PT), en el gobierno

desde 2002, fuera imitado en la Argentina. La “teoría del dominio del hecho” fue creada por el jurista alemán Claus Roxin, muy citado en los diversos juicios al ex dictador Jorge Rafael Videla y a otros jefes militares, pero también en la causa en Jujuy contra el empresario Carlos Pedro Blaquier, presidente de Ledesma. Roxin introduce el concepto de la “autoría mediata” y la figura del “hombre de atrás del escritorio”, que no estuvo presente en la escena del crimen, pero que desde su posición de poder impartió las órdenes que permitieron que se cometiera el delito; sin su decisiva intervención, ese delito no habría podido realizarse. Es decir que ya no es necesario, según Roxin, encontrar pruebas directas, concretas, irrefutables, fuera de toda duda razona-

ble, sobre los acusados, quienes, de acuerdo con su tesis, resultan en última instancia los principales responsables de los delitos cometidos. Y son condenados a una pena similar a la de quienes cometieron efectivamente esos crímenes, los autores materiales. No es necesario que, por ejemplo, Videla haya secuestrado, torturado o matado a una persona; la tesis de Roxin permite condenarlo por su “rol decisivo en una organización delictiva”. Es similar al popular “no podía no saber” queenItaliaguiólosprocesosjudicialespordiversos casos de corrupción, conocidos como Mani pulite (Manos limpias), que veinte años atrás descabezaron al poder político del país. La tesis de Roxin tiene sus detractores, no sólo entre los defensores de los jefes militares juzgados en nuestro país, que señalan que, de esta manera, el derecho penal entra en un

terreno muy resbaladizo, muy sensible a los deseos e intereses del poder político de turno. En la región, la tesis también se aplicó para la extradición y condena del ex presidente peruano Alberto Fujimori por diversos delitos. En el caso brasileño, “Zé” Dirceu fue condenado a diez años y diez meses de prisión, además de a una multa equivalente a 340.000 dólares. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia brasileña llegaron a la conclusión de que, por su rol de jefe de Gabinete y su influencia decisiva en el Partido de los Trabajadores, Dirceu era “el hombre de atrás del escritorio” que fue el creador de una red de corrupción para asegurar al gobierno de Lula una amplia mayoría legislativa. En concreto, el PT pagaba mensualidades de unos 13.000 dólares más un bono anual a diputados de distintos parti-

dos; ese dinero era desviado del Estado a través de distintos mecanismos que involucraban a consultores, publicistas y banqueros. En el caso argentino, tomando como hipótesis el caso Ciccone, ya no sería necesario encontrar pruebas de la supuesta amistad entre el vicepresidente Amado Boudou y el empresario Alejandro Vandenbroele; el atajo jurídico creado por Roxin podría incluso estirar el caso hasta la propia Presidenta. Esto explica por qué algunos medios de comunicación oficialistas pusieron el grito en el cielo al tratar la noticia sobre la condena a Dirceu y sus compañeros del PT, que ahora aceptan las penas con la resignación de militantes veteranos, tal vez convencidos de que han sido sacrificados para salvar a la estrella del partido, el ex presidente Lula, que, como tal, estaba por encima de todos los condenados. © LA NACION