Política

Viernes 22 de agosto de 2008

Derechos humanos

LA NACION/Página 13

Breves

El escándalo de la valija

Investigan al Estado por la expulsión de Al Kassar La OEA aceptó tratar la denuncia El escandaloso paso por el país de Monzer al Kassar, el traficante de armas sirio que obtuvo la ciudadanía argentina en tiempo récord por sus contactos con el gobierno de Carlos Menem, acaba de tener una derivación inesperada: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó analizar una denuncia de Raghda Habbal, esposa de Al Kassar, en la que acusa al Estado por haberla expulsado sin un “juicio justo”. Habbal abandonó el país en 1992, luego de que estallara el escándalo por los vínculos entre su marido y Menem. Al Kassar y su esposa habían llegado a la Argentina en junio de 1990. Luego de que sus nexos políticos salieran a la luz, el 11 de mayo de 1992, la Dirección Nacional de Población y Migraciones declaró ilegal la presencia de Al Kassar en la Argentina y dispuso su expulsión y la de su familia. Esa medida sólo fue convalidada por la justicia civil en 1994, en un proceso en el que nunca se notificó a Al Kassar. El argumento de Habbal es que, dado que en 1992 ella gozaba de la ciudadanía argentina, su expulsión nunca pudo haberse decidido por un proceso administrativo, sino que hacía falta un proceso judicial. Sostuvo que, en consecuencia, la Argentina había violado varios preceptos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como los derechos de nacionalidad, de circulación y de igualdad ante la ley. El Estado respondió que la expulsión no debía seguir el procedimiento contemplado para quien gozaba de la ciudadanía, porque la decisión judicial que había permitido su otorgamiento “estaba viciada de nulidad”. Tras una evaluación preliminar, la CIDH decidió admitir el caso para su análisis. Sostuvo que “la petición plantea denuncias que, si se prueban, podrían tender a caracterizar posibles violaciones a los derechos garantizados por la Convención”. La CIDH es un órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), creada para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos.

ARCHIVO

Antonini Wilson es investigado también en Uruguay

Involucran a Antonini en un negocio millonario Según la denuncia, tenía apoyo de Uruguay y Venezuela Por Nelson Fernández Corresponsal en Uruguay MONTEVIDEO.– El escándalo de la valija llena de dólares que estalló en Buenos Aires hace más de un año rebotó ayer en Uruguay con un cruce de denuncias en torno de gestiones de Guido Alejandro Antonini Wilson y sus socios en negocios entre el gobierno de Venezuela y una empresa uruguaya. Hasta ahora no quedaba claro el motivo de los viajes de Antonini a Montevideo, pero uno de sus ex socios prendió la luz: denunció, ante la justicia de este país, que el venezolano estaba ligado a la exportación de casas prefabricadas, que se habría concretado bajo el paraguas de un trato entre los gobiernos de Tabaré Vázquez y de Hugo Chávez. Franklin Durán no pudo venir a Montevideo porque está detenido en Miami junto sus compatriotas Mosiés Maiónica y Carlos Kauffmann, y el uruguayo Rodolfo Wanseele, acusados de presionar a

Antonini para que asumiera la culpabilidad en el intento de ingreso ilegal de casi 800 mil dólares a Buenos Aires. Durán envió a un apoderado, que, asistido por el abogado local Bernardo Villamil, presentó una denuncia por desvío de fondos del gobierno venezolano, en un negocio en el cual él fue “fiador solidario”. La denuncia trascendió ayer en el semanario Búsqueda. La empresa uruguaya Unión Metalúrgica Industrial del Sur SA (Umissa) exportó a Venezuela unas 5000 casas de un total de 12.000 comprometidas, dijeron a LA NACION fuentes vinculadas al caso. Pero sólo se armaron unas 40 viviendas y el resto sigue en depósitos o en contenedores en el Puerto Cabello. El contrato por las 12.000 viviendas rondaría los 155 millones de dólares. Para un adelanto financiero fue necesario un contrato de seguro que, según la denuncia de Durán, se realizó con la compañía de seguros venezolana La Previsora, que a su vez hizo un reaseguro. En el entorno de Durán asegu-

ran que en la denuncia incluyeron documentos que demuestran que Venezuela hizo un giro a Umissa por 23.320.050 dólares, pero que el mismo día que se acreditó ese importe, el 10 de mayo de 2006, de ese monto se hizo una transferencia por 18.569.700 dólares a otra cuenta que estaba a nombre del dueño de Umissa, Alejandro Lagrenade, de Antonini Wilson, del representantes de Umissa en Caracas, Norberto Barcos, y de una mujer venezolana. En Miami, fuentes vinculadas al juicio en marcha aseguran que esa mujer es clave para entender el motivo de la denuncia de Durán. Dicen que ella mantenía una relación con el denunciante y que era una de las titulares de la cuenta bancaria, como garantía para el propio Durán. El director de Umissa, Alejandro Lagrenade, negó a LA NACION que tuviera cuentas bancarias con Antonini. Fuentes relacionadas con el expediente dijeron que solicitarían levantar el secreto bancario sobre las cuentas de Lagrenade.

ASESINATO DEL GREMIALISTA

DERECHOS HUMANOS

Caso Beroiz: Luna negó su presunta vinculación

Rechazan un beneficio carcelario a Von Wernich

■ ROSARIO.– El ex secretario adjunto del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, Raúl Luna, negó ayer ante la Justicia cualquier vinculación con el asesinato de Abel Beroiz, mano derecha del gremio que lidera Hugo Moyano. “Fui a declarar con toda tranquilidad porque no tengo nada que esconder. Todo esto me perjudicó en lo laboral y en lo social”, aseguró Luna, quien fuera relacionado al asesinato de Beroiz por el testimonio de los autores confesos del crimen. Beroiz fue atacado a tiros y a puñaladas el pasado 27 de noviembre en el subsuelo de la cochera que el Automóvil Club Argentino (ACA) y dos meses después fue detenido Raúl Flores, que admitió haber sido el autor de los disparos. Luna fue relacionado con el asesinato de Beroiz por Flores y ayer brindó una declaración informativa a la Justicia durante tres horas y media.

■ LA PLATA.– La Justicia Federal platense rechazó un pedido de detención domiciliaria presentado por el ex capellán Christian von Wernich, condenado a reclusión perpetua por homicidios, torturas y privaciones ilegales de la libertad durante la última dictadura militar. Deberá seguir detenido en la cárcel de Marcos Paz. ESTALLIDO EN RIO TERCERO

Menem apeló un procesamiento judicial ■ La defensa de Carlos Menem apeló ayer el procesamiento del ex presidente por las explosiones ocurridas en la Fábrica Militar de Río Tercero, Córdoba, en noviembre de 1995, en las que murieron siete personas. La defensa dijo que está “en total desacuerdo con el juez”.