Política

Página 12/LA NACION

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Un crimen con impacto político

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Práctica

Sábado 8 de diciembre de 2007

Por Nik

Involucran a un gremialista en el asesinato de Beroiz Continuación de la Pág. 1, Col. 2

el dirigente gremial. Con ello, Moyano aseguró que es necesario poner fin a este abuso que tergiversa los hechos, afecta la honra, entorpece la investigación y confunde a la opinión publica”, aunque le aclaró al magistrado interviniente que se compromete a “concurrir ante los estrados judiciales todas las veces que se estime necesario”. LA NACION intentó comunicarse con Moyano para pedirle su opinión sobre las últimas revelaciones del caso. Un asistente del jefe gremial respondió en el celular del dirigente; dijo que lo consultaría. Luego volvió a dejar dos mensajes en ese teléfono, pero la respuesta no llegó. El juez Barbero, en tanto, liberó a las personas que había detenido en el marco de esa investigación, en respuesta al pedido de la defensora oficial Estrella Galán. Los tres (una mujer y dos hombres) están imputados por encubrimiento, delito excarcelable. La investigación sigue dirigida a la detención del único sospechoso de haber disparado y apuñalado a Beroiz. Se sospecha que ese hombre, un ex convicto de la cárcel de Coronda, habría recibido 50.000 pesos por matar al gremialista, siempre según fuentes con acceso a la causa. Según los investigadores, el hilo conductor de la pesquisa apareció cuando la concubina de Flores, Natalia De Perzio, de 25 años, efectuó compras de electrodomésticos por 12.000 pesos. La mujer y dos jóvenes de 18 años, Hugo Bustos y Juan Car-

Contrabando de armas ARCHIVO

Moyano y los principales referentes del gremio de camioneros fueron al entierro de Beroiz, en Venado Tuerto

los González, parientes de ella, son los que estuvieron detenidos. Los informantes deslizaron que en la declaración que el magistrado les había tomado a los detenidos habrían surgido detalles de cómo fue asesinado al sindicalista santafecino. En las últimas horas, el juez Barbero desestimó de plano las versiones en las que se especulaba que el homicidio de Beroiz podría haber

resultado un “crimen pasional” y ratificó que se inclina por seguir la “pista sindical”. Es más: un investigador sostuvo ayer a LA NACION que a pesar de que en la sede gremial de los choferes el hermetismo es “total”, amigos de Beroiz calificaron de “descabellada” la vinculación del crimen con una “amante despechada” del gremialista. Los allegados al tesorero de Moya-

no insisten en sostener que el ataque los tomó por sorpresa y que no tienen idea de qué pudo haberlo motivado. “Era un hombre muy apegado a su familia, que no llevaba una doble vida”, resaltó un vocero de los camioneros de Venado Tuerto, de donde era la víctima. Con la colaboración de: Ricardo Luque, corresponsal en Rosario

Dos investigadores con experiencia política ROSARIO.– Antes de hacerse cargo de la causa por el crimen del gremialista Abel Beroiz, el juez de instrucción Omar Barbero tuvo a su cargo una causa que de gran repercusión en la opinión pública por su peso político: la investigación de las siete muertes registradas en esta ciudad por la represión policial de fines de diciembre de 2001. Barbero fue el encargado del esclarecimiento del asesinato del militante social Claudio “Pocho” Lepratti, que el 19 de diciembre de 2001, en medio del caos que derivó en la caída del

gobierno de Fernando de la Rúa, fue baleado al asomarse al techo de una escuela en cuyo comedor escolar colaboraba. El agente de policía Esteban Velázquez fue condenado a 14 años de prisión por ser el autor material del crimen. El magistrado investigó también el homicidio de Graciela Acosta, que perdió la vida al recibir un disparo el 19 de diciembre de 2001 frente al supermercado La Gallega, de Villa Gobernador Gálvez. Por ese caso, fue condenado ayer a 14 años de prisión el sargento Luis Armando Quiroz.

Otra causa de alto impacto público que tuvo a su cargo Barbero fue la de Sebastián Pira, acusado de atropellar con su automóvil a dos mujeres en 1997. Ambas murieron a causa de las heridas que habían sufrido en el accidente. Antes de quedar detenido, el joven escapó a Europa y nunca fue hallado. La otra figura de la investigación del crimen de Beroiz es la fiscal Rita Schiappa Pietra, considerada una de las investigadoras más experimentadas y firmes de los tribunales rosarinos. Ella tuvo a su cargo la investiga-

ción de una estafa por 5 millones de dólares en perjuicio de Rosario Central. Por ese caso, recomendó la detención de dos directivos del club. También fue quien solicitó al juez en lo correccional Juan José Alarcón que pusiera fin al piquete que un grupo de militantes de la Corriente Clasista y Combativa mantiene frente a dependencias del gobierno santafecino en reclamo de ayuda social para las fiestas de fin de año. Schiappa Pietra llevó adelante la investigación por la presunta existencia de “cajas negras” en la policía local.

La Aduana pidió procesar a Cavallo Le exigió al juez Caputo expedirse En su calidad de querellante en la causa del contrabando de armas a Croacia y Ecuador, la Aduana exigió al juez en lo penal económico Rafael Caputo que resolviera la situación del ex ministro de Economía Domingo Cavallo y del ex viceministro de esa cartera Carlos Sánchez, y reiteró su pedido para procesarlos. Juan Solari y Carlos Lobos Oroño, abogados de la Aduana que actúan como querellantes, presentaron un pedido de pronto despacho que obliga al juez a expedirse en tres días hábiles. Ambos abogados consideran que Cavallo y Sánchez deben ser procesados. El 8 de noviembre de 2005 habían solicitado al juez los procesamientos de ambos y del ex presidente Carlos Menem. Caputo procesó a Menem el 7 de septiembre último, pero aún no resolvió la situación de Cavallo y de Sánchez. En el mismo escrito, Solari y Lobos

urgieron al juez a expedirse sobre varios militares involucrados en un envío clandestino de pólvora a Croacia en 1994 y le reiteraron medidas de prueba que el juez no había ordenado. También solicitaron que se investigara a Mohamed Yalal Nacracht, quien habría estado casado con una hermana de Emir Yoma, procesado en esta investigación. Un hijo de Nacracht presidió una sociedad vinculada con Yoma. “Estudiamos la posibilidad de que se investigue, dentro de la línea de Nacracht, al traficante sirio de armas y drogas Monzer al-Kassar”, respondieron Solari y Lobos, ante una pregunta de LA NACION. Está previsto que el juicio oral por el contrabando de armas comience en mayo del año próximo. Se ignora si Menem estará allí porque apeló su procesamiento y la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico aún no se expidió.

Tras el procesamiento del ex subcomisario

El estremecedor relato de una víctima del caso Patti Adriana y Angel Di Virgilio celebrarán hoy, los 15 años de su hija NATALIA GABRIELA, en el Roof Garden, del Alvear Palace Hotel

Centro de Estudio Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, Asociación Víctimas del Terrorismo Argentino y Betty Brandan piden una oración para JUAN EDUARDO BARRIOS, de 3 años, asesinado por montoneros. [email protected]

LILIANA INES LOPEZ NUÑEZ. En el día de tu cumpleaños, siempre estás con nosotras. Mamá y Belu. 8-12-2007 MARÍA DOMINGA MANFREDI de BARBIERI. En el centenario de tu nacimiento tus hijos Martha y Jorge te recordamos con inmenso amor

ST. MATTHEW’S COLLEGE realiza hoy su reunión de gala de sus promociones de bachilleres bilingües 2008, a las 21, con la participación de alumnos, padres e invitados especiales. www.stmatthewscollege.com.ar

El secretario de Muniz Barreto contó en detalle su cautiverio Por Gabriel Sued De la Redacción de LA NACION Dado vuelta y sumergido en el arroyo, su Fiat 128 comenzó a llenarse de agua. Tomó una bocanada del poco aire que quedaba y, como pudo, buscó una salida. Algo dormido por el somnífero que le habían dado y mientras el agua lo tapaba, ubicó un agujero en el parabrisas y logró salir. Sin asomarse a la superficie para que no lo vieran, se alejó nadando y se escondió. Cuando sus captores se habían ido, volvió al auto a buscar a su amigo. Lo encontró muerto, en el asiento trasero. Era el fin del cautiverio que sufrieron, entre el 16 de febrero y el 6 de marzo de 1977, el ex diputado peronista Diego Muniz Barreto y su secretario, Juan José Fernández, dos de las víctimas de la causa por la que el mes pasado se ordenó la detención del ex subcomisario Luis Patti. El juez federal de San Martín Alberto Suares Araujo piensa que el ex policía participó de la captura de las víctimas, en Escobar. Muniz Barreto murió en el auto que sus asesinos habían arrojado a un arroyo de Villaguay, Entre Ríos, para simular un accidente. Fernández logró escapar y se refugió en la casa de un amigo escribano. Allí escribió un relato pormenorizado de su cautiverio. A las pocas semanas, se exilió en España, donde murió en 1985. Su testimonio es una de las pruebas citadas para el juez en el procesamiento de Patti, dictado el miércoles. De acuerdo con el escrito de 31 páginas, al que accedió LA NACION, todo comenzó el 16 de febrero de 1977, en una carnicería de Escobar. El ex diputado, un dirigente de 43 años y su secretario, un rugbier de 26, había llegado hasta allí en un Fiat 128, de Fernández. De pronto, un hombre los encañonó con un revólver, los detuvo y los llevó a la comisaría, ubicada a cuatro cuadras. En su relato, Fernández dijo que el captor no se había identificado. Pero, desde la seccional, Muniz Barreto logró sacar tres mensajes en los que precisó, según

declararon testigos, que los había arrestado un policía que se había identificado como Patti. A las 48 horas, fueron trasladados a la Unidad Regional Tigre. Después, los llevaron al centro clandestino de detención de Campo de Mayo. Los encerraron en un cuarto, en el que sólo había un colchón tirado en el piso y una lata con pis. Luego de dos semanas en las que sufrieron con los gritos de otros detenidos, les llegó la hora a ellos. “El 3 de marzo, uno dice: «Muniz, vení». Diego sale y ya no lo veré hasta el domingo 6. A la media hora, empiezo a sentir sus gritos.” En la medianoche del 5 de marzo, uno de los represores despertó a Fernández y le ordenó que se bañara y se afeitara. “Te vas en libertad”, le dijo otro. Lo subieron, esposado y encapuchado, al asiento trasero de un jeep, junto con Muniz Barreto. Luego de un trayecto corto, les vendaron las muñecas y los tobillos. Después los subieron a cada uno en el baúl de un auto. Tras ocho horas de viaje, llegaron a Entre Ríos. Fernández no aguantaba más. “Con el calor del mediodía, el calor del caño de escape y la falta de aire, el lugar era insoportable, todo agravado por la capucha que tenía puesta. La posición encogida y las manos atadas a la espalda con las cadenas me tenían totalmente acalambrado y estaba a punto de perder el conocimiento. […] Estaba seguro de que me iba a morir en el baúl.”

Apellido ■ Patti, un apellido que en 1977 no significaba nada, figura como el autor de la detención de Muniz Barreto y Fernández en el hábeas corpus que la familia de este último hizo en la Justicia el 21 de febrero de 1977; en una presentación ante la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, del 22 de febrero; en la tapa del diario Buenos Aires Herald, del 25 de febrero, y otro artículo periodístico, de abril del mismo año.

De pronto, los autos se detuvieron. Los captores les sacaron las cadenas y las capuchas. Entonces, Muniz Barreto pidió agua. “Dentro de un rato vas a tener toda el agua que quieras”, le contestaron. “Los cinco individuos que nos llevaban se apartaron de donde estábamos Diego y yo. El me contó que lo habían torturado con la picana eléctrica durante tres días y que durante el viaje en el baúl pensó que se volvía loco.” Después, uno de sus captores les dijo que les pondrían una inyección para que se tranquilizaran. Era un líquido blancuzco. “Uno me preguntaba si me había hecho efecto y yo le decía que un poco. En ese momento estuve a punto de pedirle que me aplicara otra inyección, porque, de acuerdo con las conversaciones que había escuchado, tenía miedo de que nos ahogaran y pensé que era mejor que me ahogaran dormido, pero Dios me tuvo de la mano porque no sé por qué no dije nada. Y comencé a tratar de aparentar que me hacía más efecto del que me estaba haciendo.” A la rastra, los represores ubicaron a Fernández en el asiento del acompañante de su Fiat. Muniz Barreto estaba acostado atrás, completamente dormido. Era de noche. Estacionaron el auto junto a un arroyo. Uno de los captores rompió el parabrisas de una pedrada y, con el impulso, el auto se desbarrancó. Tras escapar nadando, Fernández subió a la ruta. Un rastrojero lo llevó hasta Paraná, donde buscó un hotel para alojarse. Le fue imposible. Su estado era deplorable: le faltaba un zapato, estaba todo mojado y tenía manchas de sangre en la camisa. Sin que Fernández lo advirtiera, el conserje llamó a la policía, que llegó y lo detuvo. Imaginó lo peor. Por miedo a alguna represalia, aseguró que había tenido un accidente. Lo encerraron en una comisaría de Paraná y, al día siguiente, en una de Villaguay, donde pasó diez días. El temor de que volviera a buscarlo lo atacaba a cada instante y lo ponía al borde de la locura. El 18 de marzo de 1977, a un mes de su detención en Escobar, recuperó la libertad.

GENTILEZA FAMILIA MUNIZ BARRETO

Muniz Barreto y Fernández, de vacaciones en Brasil en 1976

El ex intendente prevé apelar el fallo judicial Sus abogados preparan un escrito El abogado Silvio Duarte, defensor del ex subcomisario Luis Patti, prepara la apelación al procesamiento que dictó el miércoles último el juez federal de San Martín Alberto Suares Araujo. El magistrado procesó a Patti en tres expedientes vinculados entre sí en los que se investigan “las privaciones ilegales de la libertad agravadas y la eventual imposición de tormentos” de siete personas, entre 1976 y 1977, cuando era oficial subinspector de la Policía Federal y trabajaba en la comisaría de Escobar. Las víctimas son el ex diputado peronista Diego Muniz Barreto y su secretario, Juan José Fernández, y los jóvenes Carlos Souto, Guillermo D’Amico, Luis D’Amico, Osvaldo Arriosti y Gastón Gonçalves. Sólo Fernández y Arriosti lograron sobrevivir. En el fallo, Suares Araujo describió

la actuación del ex intendente de Escobar durante los primeros años de la dictadura. “Patti no sólo se limitaba a recorrer las calles que correspondían a su dependencia, sino a obtener diversa información que les podría ser útil a las actividades de aquel entonces. Además, participaba activamente en diferentes procedimientos, en los que actuaba fuera del margen de la ley”, dice el fallo. Desde el 22 del mes pasado, Patti está alojado en un pabellón de la cárcel de Marcos Paz, junto con otros acusados de crímenes de lesa humanidad. También están el ex capellán de la policía bonaerense Christian von Wernich y el ex comisario Miguel Etchecolatz, condenados a reclusión perpetua. Tras unos días de depresión, Patti está concentrado en los detalles de la causa.