POLÍTICA | 9

| Miércoles 19 de Marzo de 2014

El segundo de Zannini, en la mira de la Justicia enriquecimiento. Un fiscal pidió investigar el patrimonio de Liuzzi; la causa había sido archivada por el juez Oyarbide El fiscal federal Patricio Evers pidió la reapertura de una causa contra Carlos Liuzzi, el segundo de Carlos Zannini, por presunto enriquecimiento ilícito, que había sido cerrada hace más de un año por el juez federal Norberto Oyarbide. La semana pasada, Oyarbide admitió haber frenado una serie de allanamientos a financieras después de una llamada de Liuzzi. Evers solicitó además, como consecuencia de “las particularidades” del caso “que han tomado estado público” ahora (es decir, este contacto entre el juez y el funcionario), que Oyarbide se aparte de la causa “por una cuestión de decoro”. En su escrito, Evers solicitó el “desarchivo” del expediente contra Liuzzi para que “se reanude la investigación con relación al presunto incremento patrimonial injustificado”. La denuncia que dio inicio a la causa, presentada por el abogado Ri-

El Gobierno impulsa un caso contra Bonadio consejo. El oficialismo

pidió que el juez sea citado como acusado

El kirchnerismo acusó de mal desempeño al juez federal Claudio Bonadio y pidió que el Consejo de la Magistratura lo cite a declarar en un proceso que podría terminar con su juicio político. Fue una presentación inesperada. La acusación es por una vieja denuncia por demoras en dos expedientes, presentada contra el juez por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en mayo de 2011, que estaba siendo investigada por el consejero y juez Mario Fera. Pero ayer, cuando se convocó a la próxima reunión de la Comisión de Disciplina y Acusación, apareció en el orden del día, en el punto 27, un proyecto pidiendo la citación de Bonadio. La presentación es de “Álvarez y otros”. Julián Álvarez, dirigente de La Cámpora, es el secretario de Justicia y el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo. En su proyecto responsabiliza a Bonadio de “mal desempeño” en el trámite de dos denuncias de fraude al Estado: la causa “Boffil y otros” (vinculada con la licitación de Tandanor) y el caso por supuestas irregularidades en créditos a la Curtiembre Yoma. El juez incurrió, según Álvarez, en “excesivas e injustificadas demoras”, que en el caso Boffil “motivaron la prescripción de la causa”, y generó “con su conducta morosa y negligente un grave perjuicio al Estado”. No es la primera vez que Bonadio tiene casos abiertos en el Consejo (en 2009 ya lo habían citado por el caso Yoma), pero hasta ahora no había sido el kirchnerismo el promotor. En los últimos tiempos, Bonadio avanzó fuerte en varias causas contra el Gobierno. Sólo en lo que va del año, allanó la Unidad de Información Financiera (UIF) por el caso Báez, y citó a indagatoria al vocero presidencial, Alfredo Scoccimarro, y al ex jefe de Gabinete Juan Abal Medina, por la publicidad de Fútbol Para Todos. Ahora debe decidir si lo procesa. La presentación de Álvarez se tratará mañana, en la misma reunión que las denuncias contra el juez Norberto Oyarbide.ß Paz Rodríguez Niell

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cardo Monner Sans, sostenía que el patrimonio de Liuzzi se había “incrementado en 38 veces” desde su ingreso a la función pública, relata el fiscal. Pero la investigación no avanzó para determinar si existió este supuesto enriquecimiento ilícito: Oyarbide sobreseyó al funcionario por otro delito denunciado en el mismo expediente (presuntas negociaciones incompatibles con la función pública) y lo relativo al incremento patrimonial quedó archivado. “Resultaría oportuno desarchivar el expediente y reactualizar el análisis de los sucesos allí investigados a la luz de estos nuevos elementos”, afirmó Evers en su escrito. Los “nuevos elementos” son “diversas notas periodísticas” de las que, a juicio del fiscal, “se desprende que el funcionario habría incrementado injustificadamente su patrimonio desde el año 2003 hasta la actualidad”. Evers advirtió que “eventualmente podría

derivarse de ellos la intimación al Dr. Carlos Emilio Liuzzi a justificar sus bienes”. Y añadió: “Téngase en cuenta que usía [por Oyarbide] consideró inconducente la justificación patrimonial (...). Es hora de revisar tal criterio”. La llamada El lunes de la semana pasada, Oyarbide informó a la Cámara Federal que el 19 de diciembre último había levantado una veintena de allanamientos como consecuencia de una llamada de Liuzzi, cuyo cargo es de subsecretario de Legal y Técnica. Esto le valió tres denuncias ante el Consejo de la Magistratura y una en la Justicia. Según la declaración de Oyarbide, Liuzzi le dijo que en uno de los procedimientos que se estaban llevando a cabo ese día (el de la mutual Propyme) “el personal policial interviniente habría cometido abuso de armas con el fin de amedrentar a quienes estaban

en la oficina allanada, amén de solicitar una suma determinada de dinero para abandonar el procedimiento”. “Tan confiable fuente”, según Oyarbide, le dio “tamaña información” que él entendió que no había más alternativa. No sólo frenó ese allanamiento, también una veintena más que estaba desarrollándose ese día. La orden la materializó con una nota manuscrita en el expediente que no hacía mención de la llamada. Sólo decía que suspendía todo ante “la denuncia de la comisión de hechos graves de corrupción”. El presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, que estaba al frente del sumario para determinar qué había pasado en ese allanamiento, le pidió más precisiones y fue entonces cuando Oyarbide nombró a Liuzzi. El juez dijo que el funcionario no le contó cómo se había enterado del supuesto intento de soborno. El dueño de la mutual Propyme,

que es quien habría llamado a Liuzzi, se presentó un día después del allanamiento frustrado en el juzgado de Oyarbide. Entonces, el propio juez denunció las supuestas coimas. De acuerdo con el relato del dueño de Propyme, los policías pedían dinero en nombre del juzgado. Según declararon ayer dos policías, la denuncia fue para frustrar el allanamiento. Para sostener su versión, presentaron fotos de las cámaras de seguridad que muestran a un empleado de la mutual llevándose carpetas de la empresa, luego recuperadas por los policías. Oyarbide tiene ahora dos frentes abiertos. Uno en la Justicia, donde se investiga qué pasó en esos allanamientos, y otro en el Consejo de la Magistratura, que se reunirá mañana y resolverá si notifica formalmente las denuncias y empieza a correr su plazo de 20 días hábiles para presentar una defensa.ß

Testimonios en el caso Hooft ^b^b^ LA PLATA.– El envío de un hábeas corpus por el secuestro de un abogado a las autoridades militares y la presunta retención durante dos años de la notificación oficial de la muerte de otro fueron el centro del debate de ayer en la segunda audiencia del jury al suspendido juez marplatense Pedro Hooft, por su actuación en causas de lesa humanidad tramitadas durante la última dictadura. ^b^b^ La defensa de Hooft, encabezada por el abogado Héctor Granillo Fernández, intentó demostrar la ausencia de pruebas de las imputaciones y cuestionó uno de los testimonios porque no fue incluido en el recurso ni en trámites posteriores.ß