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POLÍTICA
| Viernes 5 de septiembre de 2014
la crisis económica | el debate en diputados
El oficialismo prevé un trámite exprés de las leyes económicas
El Senado dio media sanción a los cambios a la ley de abastecimiento
Planea aprobar la próxima semana el proyecto de deuda y una semana después el de abastecimiento; consolidó su mayoría propia y asume que no sumará opositores
El kirchnerismo lo aprobó con 38 votos a favor y 27 en contra, tras un extenso debate
Gabriel Sued
Gustavo Ibarra
LA NACioN
Con tratamiento exprés y el voto de oficialistas y aliados, la Cámara de Diputados convertirá en ley en las próximas dos semanas los proyectos de pago local de la deuda externa y de actualización de la ley de abastecimiento. El raid legislativo prevé dos sesiones especiales, una el 10 de este mes y otra el 17. El miércoles próximo se votará en el recinto el plan de pago soberano de la deuda, iniciativa que se tratará el martes que viene en un plenario de las comisiones de Presupuesto, de Finanzas y de Peticiones, Poderes y Reglamento. Una semana más tarde se aprobará el paquete de regulación estatal de la producción y el consumo, que incluye la nueva ley de abastecimiento (ver aparte). Esa reforma se discutirá el martes 16 en una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto, de Justicia, de Comercio y de Defensa del Consumidor. En las dos reuniones de comisión está prevista la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo, pero todavía no sabe si, como pasó en el Senado, serán el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, los encargados de defender los proyectos ante los diputados. Pese a los cambios que el kirchnerismo introdujo en los proyectos durante la discusión en el Senado, en la bancada que conduce Juliana Di Tullio se preparan para quedarse solos a la hora de la votación. Luego de que dos diputados por Río Negro que habían amenazado con abandonar el bloque anunciaron su continuidad, el oficialismo tiene claros los números con los que cuenta a la hora de definir el futuro de la ley: una mayoría robusta de 134 legisladores, cinco más que los 129 requeridos para el quórum, entre los que se incluyen 118 diputados propios y 16 aliados estables. Si bien intentarán sumar más voluntades, en el kirchnerismo lo ven difícil. Sobre todo a la luz de lo que pasó en el Senado, donde, más allá de los discursos, el arco antikirchnerista se dividió entre el rechazo y la abstención. “Ya entramos en una dinámica electoralista. Más allá de lo que argumentemos y de lo que digan los proyectos, la oposición va a querer marcar distancia con el Gobierno”, analizan en el tercer piso de la Cámara de Diputados. El único diputado opositor que anticipó su voto positivo al proyecto de pago local de la deuda fue el radical Eduardo Santín, cercano a Leopoldo Moreau. Elisa Carrió anunció que optará por la abstención, para, según
LA NACioN
En la madrugada de ayer, el Senado avanzó con los dos proyectos dijo, escapar a la dicotomía “patria o buitres” propuesta por el Gobierno. Lo mismo podría hacer Victoria Donda, de Libres del Sur. Tampoco acompañarán con su voto los diputados de Unidad Popular, el bloque de Claudio Lozano, que ya anticiparon que se abstendrán. La situación de los renovadores Un caso singular es el del Frente Renovador, de Sergio Massa. El jefe de bloque, Darío Giustozzi, anunció que su bancada no acompañaría el proyecto oficialista de deuda, pese a que los cambios introducidos por el Gobierno acercan bastante la propuesta a la iniciativa presentada por los renovadores. Tal como planteó el massismo, el Frente para la Victoria habilitó a Francia como jurisdicción alternativa y dispuso la creación de una comisión bicameral de investigación de los pagos de la deuda. Pero Giustozzi argumentó que ellos habían presentado una “propuesta integral” y que sólo podía votarse en forma completa, algo así como las votaciones a “libro cerrado” que supo imponer el kirchnerismo. Con la tranquilidad de tener la mayoría asegurada, en el oficialismo apuestan a dejar en evidencia las posibles contradicciones opositoras. Creen que cada sector deberá rendir cuentas en el futuro por las posturas que tome en las discusiones que se darán dentro del Congreso.ß
La Argentina, entre los países más corruptos En un ranking del Foro Económico Mundial, ocupa el puesto 104 en competitividad La Argentina está entre los países con más corrupción y menor índice de competitividad, según un informe del Foro Económico Mundial de Davos (WEF, por sus siglas en inglés), que ubica al país en el puesto 104 de un ranking que contempla a 144 países. Además, pone muy malas calificaciones en los indicadores que miden la calidad institucional y transparencia de los países. En el aspecto institucional, el WEF pone de relieve que “el desvío de fondos públicos, el despilfarro del gasto del gobierno, la confianza pública en los políticos, el favoritismo en las decisiones de gobierno y los pagos irregulares y las coimas” encabezan las principales preocupaciones a la hora de hacer negocios en la Argentina. Y señala que, “después de varios años de caída en el ranking, este año se mantiene estable, aunque en una posición muy baja”. “Una de las principales preocupaciones de la Argentina es construir su capacidad de recuperación económica en un contexto mundial de cambios caracterizado por la caída de los precios de las commodities,
que pueden afectar drásticamente la economía”, destaca el informe. En tanto, el Foro Económico remarcó que también “sufre” de una baja calidad institucional. El país aparece en el puesto 139 en la categoría “ética y corrupción”; ocupa el penúltimo lugar en “desvío de fondos públicos” –sólo delante de Venezuela–, y se posiciona 141° en el indicador de “confianza pública en los políticos”. Además, ocupa el puesto 127 de “independencia judicial” y en “pagos irregulares y sobornos”. En el capítulo educativo, los empresarios colocaron a la Argentina en el puesto 113 por la calidad del sistema educativo y la enseñanza de ciencias y matemáticas En cuanto al contexto económico, la inflación se constituye en la principal materia pendiente, mientras que la escasa oferta energética lidera las demandas empresarias en infraestructura. El país ocupa el último lugar por el efecto que tienen los impuestos sobre los incentivos de inversión y los dos últimos puestos debido a las dificultades en “los trámites aduaneros, las barreras comerciales y las trabas para la inversión extranjera directa”. El acceso al financiamiento, la transferencia de tecnología y las trabas a la inversión extranjera directa son otro obstáculo importante.ß
el escenario
Viene de tapa
Caudillos mucho más terrenales comparten los presentimientos de estas grandes pitonisas. José Manuel de la Sota, por ejemplo, está convocando a líderes de las más distintas fuerzas para, con toda discreción, elaborar un plan de contingencia. Él tiene motivos para creer en las visiones apocalípticas de la señora de Kirchner: el año pasado, Córdoba se vio envuelta en un incendio en el que cooperó con su ausentismo la Gendarmería Nacional. Y fue en diciembre. También Eduardo Duhalde reabrió su confesionario de San Vicente, donde van los que tienen perdida la fe. Entre ellos, algún ambicioso ministro del gabinete nacional. Entre los objetivos de esta conjura preventiva hay uno sobresaliente: atraer a Daniel Scioli. El gobernador de Buenos Aires estuvo ayer en contacto con sus aliados internos, José Luis Gioja, Eduardo Fellner y Gildo insfrán, para prever las consecuencias políticas de las zozobras económicas. Gioja suele hablar con De la Sota, quien a la vez habla con Sergio Massa. No debería asombrar, entonces, que en cualquier momento se reproduzca una comida como aquélla de marzo pasado, en Remonta y Veterinaria, pero sin Carlos Zannini. Los señores feudales del PJ gobernante experimentan una pesadilla. Su suerte está atada a las decisiones de un equipo que carece de responsabilidades territoriales y que no se expone a riesgo alguno en los próximos comicios. En el comando de ese equipo está la señora de Kirchner, que confió el destino del oficialismo a Axel Kicillof, un ministro cuyas de-
télam
Ni las amenazas de recurrir a la Justicia del grupo de 6 centrales empresarias y comerciales del país (G-6) ni las advertencias de todos los bloques de la oposición sobre la discrecionalidad de los “superpoderes” que delegará en la administración kirchnerista para intervenir en la economía detuvieron el avance del oficialismo, que aplicó ayer su mayoría en el Senado para aprobar el controvertido paquete legislativo que intenta regular las relaciones de consumo y producción. Tras más de cuatro horas de debate que terminaron en plena madrugada, el oficialismo aprobó por un margen holgado, en votaciones gemelas de 38 votos a favor y 27 en contra, la creación del observatorio de Precios y las modificaciones a la ley de abastecimiento. La creación de un nuevo fuero judicial para atender reclamos de usuarios y consumidores, en tanto, tuvo otra recepción: recibió el apoyo con objeciones de la UCR y fue aprobada con 53 votos a favor y 11 en contra. El debate se centró en las amplias facultades que los dos proyectos más controvertidos delegan en el Poder Ejecutivo, como intervenir en la cadena de formación de precios, establecer cantidades y límites de producción, fijar márgenes de ganancias y aplicar multas millonarias y sanciones de clausura a las empresas que no cumplan con sus disposiciones. “Estamos por votar una ley de abastecimiento con medidas de apriete y extorsión que terminan de la peor manera”, alertó el radical Luis Naidenoff (Formosa). Más duro aún fue el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta), que calificó de “confiscatorios” e “inconstitucionales” los cambios a la ley de abastecimiento y comparó al actual secretario de Comercio, Augusto Costa, con su antecesor en el cargo, el polémico Guillermo Moreno. “Éste es un Moreno ilustrado”, acusó el legislador en dirección al joven funcionario de La Cámpora. El oficialismo centró la defensa del paquete legislativo en la necesidad de hacer operativos los derechos que el artículo 42 de la Constitución reconoce a los usuarios y de poner “equilibrio” en la relación entre los consumidores y las grandes empresas con poder de fijar precios en determinados sectores del mercado. “Ésta es una ley que viene a prevenir y a evitar posiciones de abuso dominante en el mercado”, explicó Pablo González (Santa Cruz), miembro informante del oficialismo. En esa línea, el legislador kirchnerista reivindicó el papel intervencionista del Estado. “Nosotros no creemos en la mano invisible del mercado, que nunca ha solucionado nada”, dijo.
Entre cataclismos y conjeturas preventivas Carlos Pagni —LA NACIoN—
cisiones comprenden cada vez menos quienes dependen de ellas para ganar las elecciones. Cuando crece la presión sobre el dólar, Kicillof baja la tasa de interés, en vez de subirla; con una inflación del 40%, refuerza los controles de precios; la emisión monetaria se desborda, pero él se propone reactivar la economía elevando el gasto público; mientras tanto, su estrategia para aumentar la oferta de divisas es, más allá de un brumoso swap con China, reducir las importaciones. Los viejos leones del PJ, que sacralizan la palabra “conducción”, están en pánico. No entienden las maniobras del que está frente al volante. Scioli es el más afectado de ese grupo. Su capacidad administrativa se limita a una caja de guerra. Todos los días consulta a sus tesoreros Rafael Perelmitter, Luciano Di Gresia y Gabriel Estelles, para saber si puede pagar algo más que los salarios. La respuesta casi siempre es negativa. Por culpa del conflicto con los holdouts, Scioli no contará con los 500 millones de dólares que pensaba conseguir emitiendo un bono. Deberá revisar, entonces, algunas iniciativas de campaña, como la de llenar las calles de policías para mayo próximo. La “onda naranja”, que hace dos meses prometía ser un tsuna-
mi, será mucho más modesta. El drama fiscal condiciona la ubicación de Scioli en el tablero. Luis Barrionuevo, en nombre del sindicalismo disidente, le propone encabezar la reunificación del peronismo. Ese movimiento aislaría a Cristina Kirchner. Tal vez Barrionuevo no esté al margen de las preocupaciones de De la Sota, con quien está alineado en la interna del PJ. Para Scioli es una tentación riesgosa. Con menos recursos, depende más de la Presidenta. La astucia de James Carville no alcanza para resolver ese dilema: cuanto menos agradable es el Gobierno, más debe defenderlo. Los dirigentes del empresariado se irritan cuando ven al gobernador defender en público iniciativas como la ley de abastecimiento, que critica frente a ellos en privado. La tolerancia de esos hombres de negocios frente a Scioli contrasta con la severidad con la que tratan a la señora de Kirchner. Esa asimetría podría modificarse desde ayer al mediodía. En un almuerzo de los máximos empresarios del país se analizaron nuevas resistencias frente a la ley de abastecimiento. Entre ellas, reclamar solidaridad a los políticos. Es posible que Scioli reciba un mensaje de Héctor Méndez, el titular de la UiA, en las próximas horas. Aunque su trance es menos an-
gustiante, Mauricio Macri también ve venir el vendaval como una contrariedad proselitista. Sergio Grindetti, su secretario de Hacienda, le anuncio una caída de recaudación de 1000 millones de pesos para lo que resta del año. El aviso debe de haber sido posterior al alquiler de los dos helicópteros con que cuenta ahora el jefe de gobierno. Macri acaba de suspender varios contratos. La carrera electoral es incompatible con la restricción del gasto público. Los candidatos que están en el poder hacen campaña con los recursos del Estado. Ni la “nueva política” cambia esa costumbre. A este factor de desequilibrio fiscal hay que agregar el debilitamiento del kirchnerismo: obtener obediencia le saldrá cada vez más caro. La CGT-Balcarce, por ejemplo, cobró 1200 millones de pesos para las obras sociales para no sumarse al paro de Hugo Moyano y Barrionuevo. En los últimos días, apareció otra razón de desbalance: la caída de la recaudación en términos reales. En agosto, los ingresos públicos aumentaron un 31,3% interanual, cuando la inflación prevista para 2014 es de 40%. Es habitual que cuando disminuye la actividad las pequeñas y medianas empresas paguen menos impuestos. Como la Presidenta se resiste a en-
deudarse, el desfase de las cuentas estatales se cubrirá con más emisión monetaria. Es el dato que miran los políticos, sobre todo los del oficialismo: las finanzas provinciales dependerán más del capricho del Gobierno. Cristina Kirchner tiene sólo cuatro grandes rubros para hacer un recorte: las jubilaciones, los salarios de los empleados públicos, los subsidios energéticos y las transferencias a las provincias. Sería razonable que Kicillof aconseje, una vez más, un aumento en las tarifas eléctricas metropolitanas. La subvención a la electricidad se ha duplicado respecto del año pasado porque el Tesoro absorbió todo el impacto de la devaluación sobre la importación de combustibles. Es uno de los problemas que dificultan una nueva depreciación de la moneda. Sin embargo, los gobernadores no creen que pueda haber un tarifazo. Se ven a sí mismos como las víctimas de cualquier austeridad. De modo que la Argentina se reencuentra con la vieja puja tributaria entre la Nación y las provincias. La estrechez de la caja, combinada con demandas sociales en aumento, hace que Carrió aconseje a quienes gobiernan no exponerse con campañas onerosas. En este caso, Carrió coincide con Massa. El diputado fes-
Por último, González rechazó los malos augurios de la oposición con el argumento de que, al excluir de sus alcances a las pymes, el universo de aplicación de la norma será mínimo. “El 99% son micro, pequeñas y medianas empresas y están excluidas de esta ley; por lo tanto, estamos hablando del 1% de las empresas del país”, afirmó. Sin embargo, el discurso oficialista no logró despejar las dudas y prevenciones opositoras. “Hay que preguntarse si hay voluntad de trabajar para los usuarios y consumidores o si la intención es tener una herramienta para juntar poder para legitimar conductas patoteras”, alertó Gabriela Michetti luego de recordar los métodos de intervención económica aplicados en la época que Moreno conducía la Secretaría de Comercio. Al igual que lo hicieron las centrales comerciales y empresarias del G-6, varios legisladores destacaron que varias de las facultades reclamadas por la administración de Cristina Kirchner violan derechos garantizados por la Constitución. “Este proyecto deja tipos penales abiertos. El señor secretario podrá dictar una norma penal sin que haya un tipo penal; esto no es menor, es profundamente grave”, advirtió oscar Castillo (UCR-Catamarca). Su correligionario Naidenoff cuestionó los alcances de las sanciones contempladas en la modificación de la ley de abastecimiento. “Nadie puede por su sola voluntad clausurar preventivamente un comercio, esto viola el derecho a la defensa”, destacó. Por su parte, Gerardo Morales (UCR-Jujuy) rechazó enfáticamente el hecho de que la iniciativa obligue a las empresas sancionadas a pagar las multas antes de poder recurrirlas en la Justicia. “Eso es, lisa y llanamente, denegación de justicia”, dijo.ß
Aranguren se sumó a las críticas ^b^b^ El presidente de Shell Argentina, Juan José Aranguren, opinó ayer que el proyecto de reforma a la ley de abastecimiento no respeta el espíritu de la Constitución, y consideró que la iniciativa merece “un debate amplio” y no sólo ser aprobada “con una mayoría simple en el Congreso”. ^b^b^ “Lo importante es ver si esta ley es constitucional, tenemos que ver si respeta el espíritu de la Constitución”, dijo Aranguren, quien estimó que viola el artículo 14 de la Carta Magna, que establece “un principio de libertad de comercio”, y el artículo 19 de “protección de la propiedad privada”.
teja haber abandonado la intendencia de Tigre porque, en medio de la turbulencia, administrar sería un pasivo. Massa merece conocer el célebre aforismo de Giulio Andreotti: “El poder desgasta. Sobre todo al que no lo tiene”. La regla de Carrió y Massa suena razonable. Pero los intendentes del Frente Renovador están sometidos a ella. Scioli ha dejado de coparticipar los fondos que no son de distribución automática. Una razón más para que el diputado tinellista Martín insaurralde migre hacia el peronismo disidente. insaurralde planea regresar a la intendencia de Lomas de Zamora y encabezar un éxodo con otros colegas. Mientras tanto, saca los últimos recursos a Scioli. El traslado de insaurralde aumentaría el control de Massa sobre la provincia. Pero subrayaría el mayor problema del candidato “renovador”: la sensación de que representa más una continuidad que un cambio del poder vigente. Un rasgo de Massa que ni siquiera la victoria sobre la señora de Kirchner, el año pasado, consiguió borrar. Ella, por otra parte, lo resalta. El primer artículo de la ley para cambiar el lugar de pago de los bonos reestructurados es una convalidación de los canjes de 2005 y 2010. Se entiende que los diputados del Frente Renovador aprueben la iniciativa. La primera operación la llevó adelante Roberto Lavagna, principal asesor de Massa. La segunda, el propio Massa. Lo está demostrando su política económica: como jefa de campaña de la oposición al peronismo la Presidenta es infalible.ß
