Política

Jueves 20 de marzo de 2008

El crimen del tesorero de Moyano

Confirman que un sindicalista llamó al asesino de Beroiz

LA NACION/Página 9

Fallo de Cámara

Derechos humanos

Caso Febres: liberaron a los únicos detenidos

Ocurrió el día siguiente del homicidio Por Ricardo Luque Corresponsal en Rosario ROSARIO.– Una llamada al teléfono celular del asesino confeso de Abel Beroiz, el tesorero del gremio de los camioneros, podría convertirse en una pista clave de la investigación. Según revelaron fuentes con acceso a la causa se confirmó en las últimas horas que el imputado Raúl Flores recibió una llamada de un dirigente sindical un día después del crimen, ocurrido el 27 de noviembre en el centro de esta ciudad. Así, la investigación del crimen por encargo, según la confesión de Flores, comienza a cerrar el cerco sobre los autores intelectuales del homicidio. Pese a que la causa se encuentra bajo estricto secreto de sumario, pudo saberse que las pesquisas se orientan hacia la pelea interna del gremio en la provincia de Santa Fe. “Se detectó una llamada de un integrante del gremio al celular de Flores”, señaló ayer el abogado de la familia Beroiz, Néstor Pujato, que lleva adelante la acción civil en la causa Beroiz por el asesinato del gremialista, que fue atacado a balazos y puñaladas en la playa de estacionamiento del Automóvil Club Argentino. “Desde un primer momento no tuvimos dudas de que se trató de un crimen por encargo, con motivaciones político-gremiales a nivel del sindicato provincial”, señaló Pujato, que identificó como el autor de la llamada a Juan Carlos Dell’Aciprete. Se trata de un dirigente que integró como vocal suplente la conducción sindical santafecina. Dell’Aciprete fue separado de su cargo cuatro meses antes del asesinato de Beroiz, por “no cumplir con los objetivos gremiales” de la organización. Al perder la licencia gremial, el dirigente, que integraba la sector interno liderado por Raúl Alfredo Luna, volvió a trabajar como chofer de la empresa transportista Expreso El Impala.

Vuelven a analizar si fue un suicidio

Pujato insistió en que los instigadores del crimen actuaron impulsados por la interna gremial. “Abel Beroiz era muy respetado y posicionó al gremio a nivel nacional”, explicó el abogado y detalló: “En 2004 ganó las elecciones con más del 80 por ciento de los votos, si se presentaba ahora iba a ganar por más”. Beroiz manejaba las cuentas del gremio que conduce el jefe de la GCT, Hugo Moyano, que después del crimen había instalado la hipótesis del robo.

Sin confesión Pese al hermetismo judicial, trascendió que en la declaración que brindó ayer el muchacho de 15 años involucrado en la causa como coautor del asesinato (identificado como Juan S.) deslindó su responsabilidad en el hecho. Los abogados del joven, José Alcácer y Alberto Tortajada, adelantaron a LA NACION que tienen previsto pedir la excarcelación de su defendido. Asimismo, revelaron que el juez Omar Barbero, a cargo de la instrucción del crimen, pedirá que el muchacho sea sometido a un peritaje psicológico. Entretanto, quedará detenido para resguardar su integridad física. “Esta es una causa compleja, que no involucra a una sola persona ni a un menor”, señaló Alcácer, al ser consultado sobre el valor del testimonio de su defendido para el esclarecimiento de la causa. Y advirtió: “El muchacho es menor no punible, el Código Penal no se le puede aplicar por la edad que tenía cuando ocurrió el hecho”. También aclaró que la madre del joven fue detenida por encubrimiento, pero no por proteger a su hijo sino por haber aprovechado “el producto del ilícito”. Es decir, se sospecha que recibió y usó una parte del dinero pagado para que asesinaran al tesorero del gremio de camioneros. “Ella negó tener alguna vinculación con Flores, con quien sólo mantuvo un trato circunstancial”, comentó Alcácer.

MIGUEL ACEVEDO RIU

Rodolfo Almirón llegó de España y fue examinado por el Cuerpo Médico Forense

El ex jefe de la Triple A llegó de Madrid, pero no declaró Rodolfo Almirón fue alojado en la cárcel de Marcos Paz Rodolfo Almirón, el ex jefe de la Triple A extraditado por España acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad, llegó ayer al país, pero todavía no está en condiciones de declarar ante la Justicia. Así lo determinaron los médicos del Cuerpo Médico Forense, que lo examinaron tan pronto como su avión aterrizó en Ezeiza, luego de haber permanecido varado en Recife, Brasil, durante más de 20 horas. Norberto Oyarbide, el juez federal que investiga los crímenes que se atribuyen a la Triple A y que había pedido su extradición, tenía previsto tomarle declaración la semana próxima, pero deberá postergarla por ahora. Cuando se enteró de la noticia, Oyarbide dispuso el traslado del ex policía, de 72 años, al hospital de la cárcel bonaerense de Marcos Paz y ordenó que el próximo jueves 27 se le practique un nuevo examen para determinar su estado de salud.

“¿De qué me tengo que arrepentir? Yo no cometí ningún crimen”, llegó a responder Almirón a los cronistas que lo asediaban cuando salía enfundado en un chaleco antibalas y esposado de la alcaidía de los Tribunales, según consignó ayer la agencia DyN. Según los médicos que lo examinaron en Tribunales, el ex comisario no se encontraba en condiciones de prestar declaración indagatoria debido a su “estado psíquico”. En cambio, los médicos clínicos establecieron que se encuentra “compensado” en materia cardíaca y circulatoria. Hasta último momento, su esposa había intentado impedir la extradición del ex policía y el juzgado había recibido informes médicos desde España, donde se aseguró que Almirón tendría una “minusvalía” avanzada, “trastornos embólicos, cardiopatía izquémica”, entre otras enfermedades. El ex jefe operativo de la Triple

A había huido a España en junio de 1975 junto con José López Rega y vivió oculto durante tres décadas hasta que, en diciembre de 2006, fue descubierto por periodistas del diario El Mundo en Torrent, un pueblo cerca de Valencia, donde fue arrestado. Está acusado de “asociación ilícita en concurso real con homicidio doblemente agravado por hechos reiterados”. Se lo señala como directamente vinculado a los asesinatos políticos del diputado peronista Rodolfo Ortega Peña y del profesor universitario Silvio Frondizi, hermano del ex presidente Arturo Frondizi. También le imputan los crímenes de el ex subjefe de la policía bonaerense Julio Troxler y del sacerdote tercermundista Carlos Mugica. Días antes de su retorno al país, un fallo de la Cámara Federal convalidó la reapertura de la causa al considerar que los crímenes de la Triple A son delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.

En memoria de los desaparecidos

Monumento en Campo de Mayo LA PLATA.– Tres pilares de hormigón armado de siete metros de altura con las palabras Memoria, Verdad y Justicia señalan, desde ayer, uno de los accesos a la guarnición militar de Campo de Mayo como uno de los sitios donde funcionaron centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar. La instalación, impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, incluye una viga que une los tres pilares con la leyenda “Aquí funcionó el centro clandestino de detención durante la dictadura militar que asaltó los poderes del Estado entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Nunca más golpe ni terrorismo de Estado”.

La señalización fue inaugurada en el ingreso a la Puerta 4 de Campo de Mayo, ubicada sobre la ruta provincial 8. Del acto participaron la ministra de Defensa, Nilda Garré; el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y su par provincial, Sara Derotier de Cobacho, además de representantes de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo y otras entidades defensoras de los derechos humanos. El monumento fue diseñado por el equipo Voluntariado Proyecto de Recuperación de la memoria ESMA y Campo de Mayo, integrado por docentes y estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad

de Buenos Aires, que dirige Marcelo Castillo. La ministra de Defensa, Nilda Garré, expresó que la realización de esa ceremonia fue “un acto de justicia, memoria y verdad, que recuperará para las generaciones presentes y futuras la verdad sobre lo acontecido en la última dictadura”. Garré afirmó que la última dictadura militar “fue instaurada en beneficio de los sectores más concentrados de la economía”, aunque subrayó que “las Fuerzas Armadas de hoy no son las de ayer”. En el predio funcionaban los centros clandestinos de detención conocidos como El Campito, Las Casitas, el Hospital Militar y la Prisión Militar de Encausados.

Volveré y seré avenida

LA RIOJA.– Una de las principales avenidas de esta ciudad fue rebautizada como Carlos Menem, nueve años después de que lo dispusiera el Concejo Deliberante. La ordenanza es de 1999, pero el cartel fue puesto ahora.

Ya no quedan presos por la muerte del subprefecto Héctor Febres: la Cámara Federal de San Martín revocó los procesamientos por homicidio de los dos agentes de la Prefectura que estaban detenidos y ambos dejaron ayer la cárcel de Marcos Paz. Los camaristas Alberto Criscuolo y Horacio Prack consideraron que no hay pruebas suficientes de que Febres haya sido asesinado. “También puede haberse tratado de un suicidio. La situación es dudosa. Elegir una de las dos hipótesis era muy difícil en función de la prueba producida”, explicó ayer una fuente de la Cámara a LA NACION. Por eso revocaron el fallo más importante del expediente, una resolución que había dado por probado que a Febres lo habían matado para callarlo (para “evitar que traicionara su pacto de silencio con los responsables de los delitos cometidos en la ESMA”, según los términos de la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado). Hoy, son pocas las precisiones en esta causa. Una de ellas es que Febres murió envenenado con cianuro. ¿Cómo? Nadie lo sabe. Los camaristas advirtieron que no hay rastros de violencia que permitieran suponer que lo envenenaron ni ningún mensaje de despedida que probara el suicidio. La jueza Arroyo Salgado había admitido que no sabía quién le había dado el veneno a Febres. Si procesó a Rubén Iglesias y a Angel Volpi por homicidio fue porque consideró que nadie podría haber cometido el asesinato sin la complicidad de ellos dos. El primero era el jefe de la delegación donde Febres apareció muerto; el segundo, el custodio del subprefecto.

Privilegios Con el fallo de la Cámara, ambos siguen procesados, pero por otro delito: abuso de autoridad. Es por haber permitido los privilegios que tuvo Febres durante su arresto. Según constancias de la causa, tenía una computadora con acceso a Internet, DVD, teléfono celular y hasta podía pedir delivery desde su celda. La jueza sostuvo que esos beneficios terminaron perjudicándolo, porque lo volvieron muy vulnerable. Iglesias y Volpi dejaron la cárcel de Marcos Paz ayer, a las 4.30 de la madrugada. Además, los camaristas revocaron los procesamientos de la mujer y de los hijos de Febres, acusados de encubrimiento. Ellos estuvieron presos casi un mes, pero fueron liberados a principios de enero. Para avanzar con la investigación, los camaristas le pidieron a Arroyo Salgado que produjera nuevas pruebas, tales como un peritaje de expertos en caligrafía para determinar el estado emocional de Febres y un nuevo análisis de los movimientos para determinar en qué horario estuvo cerca de la escena del crimen, el día de la muerte, cada uno de los imputados. El fallo de la Cámara fue cuestionado por los querellantes. “Es una barbaridad. Es peor que dejarlos en libertad: ponen en duda el homicidio”, dijo el abogado Luis Bonomi. Febres fue encontrado muerto cuatro días antes de que se conociera la sentencia en el juicio que lo investigaba por crímenes de la dictadura.