Información general

Página 30/LA NACION

El caso Ernesto Rodríguez

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Domingo 6 de mayo de 2007

Inseguridad

Robo comando en Uruguay al 1100

El “Negro Sombra” enfrenta otro juicio por un secuestro

“Hubo una coincidencia de hechos violentos”

El proceso oral comenzará a fin de mes

Arslanian, luego de los últimos delitos

Por Gabriel Di Nicola De la Redacción de LA NACION Hace diez días, Sergio Leiva, alias el “Negro Sombra” y Horacio López, “Lala”, fueron condenados a 23 años de prisión por el rapto y mutilación de Mirta Fernández, de 35 años. A fin de este mes, ambos delincuentes deberán estar cara a cara con los mismos magistrados que los sentenciaron en ese debate. El 29 de este mes comenzará el juicio por el secuestro de Ernesto Rodríguez, padre del empresario Jorge “Corcho” Rodríguez. El juicio, donde declararán casi 50 testigos, se realizará en dependencias de la Prefectura Naval en Tigre y estará a cargo del Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín, por integrado por Marta Milloc, Lucila Larrandart y Enrique Manson. Rodríguez fue secuestrado el 23 de diciembre de 2003 en el partido de General Rodríguez y fue liberado, después de un intenso tiroteo entre los presuntos captores y la policía, el 4 de febrero de 2004 en una finca de San Andrés de Giles, donde pasó 40 de los 43 días que duró el secuestro. En el momento en que capturaron a Rodríguez, los secuestradores también capturaron a Irma Calcagno, esposa del padre de “Corcho”, liberada horas después. Además de “Lala” López y “el negro Sombra”, hay otras dos personas que serán enjuiciadas. Se trata, según la elevación a juicio firmada por el fiscal federal Orlando Bosca a la que LA NACION tuvo acceso, de Walter Silva, y Daniel Fabra Señorans. Otro dos delincuentes que presuntamente habían participado en el secuestro del padre de “Corcho” Rodríguez fueron abatidos por la policía el día de la liberación de la víctima. Se trata de Jorge Luis Medina, alias “Jeta” y Juan José Villegas, apodado “Potro”. Según consta en la causa, hay un prófugo: Graciano Fabra Señorans, “Chelo”. Al momento de ser detenido en la finca de San Andrés de Giles, “Lala” López tenía un pedido de captura por el secuestro del estudiante universitario Pablo Belluscio, a quien le amputaron dos falanges del dedo índice de la mano derecha.

El “Negro Sombra” fue apresado el 21 de enero de 2004. En el momento de su detención tenía en su poder un DNI falso. Según se lee en el expediente, la Justicia acreditó que Leiva, si bien no participó en la captura de Rodríguez, que en ese momento tenía 73 años, tuvo intervención en las tareas de inteligencia realizadas por la banda previamente al hecho y fue uno de los productores de las llamadas extorsivas que hizo “Jeta” Medina al hijo de la víctima los días 17 y 21 de enero de 2004. El experimentado penalista José María Vega será el defensor del “Negro Sombra”. El abogado sostuvo a LA NACION: “En el debate vamos a poder interrogar a los remiseros Guillermo y Hugo Ugarte. Ellos fueron detenidos con Leiva. Luego de vencidos los plazos procesales declararon y señalaron que habían escuchado a Leiva en una conversación telefónica y también lo habían lo visto conversar con el “Jeta” Medina. Es la única prueba que liga a Leiva con el secuestro. El día que declararon el fiscal Jorge Sica dispuso la libertad de los hombres”. Vera agregó que la detención de Leiva fue una operación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Las pruebas contra “Lala” Según la elevación a juicio, “antes del rapto, López circulaba por la zona de General Rodríguez con los vehículos que posteriormente se utilizaron para interceptar a la víctima y trasladarla a San Andrés de Giles. Durante el cautiverio siguió utilizando los automóviles, incluso durante las negociaciones del rescate”. En una primera llamada extorsiva desde el celular de la víctima, los delicuentes exigieron “900.000”, aunque nunca especificaron si esa cantidad de dinero era en dólares, euros o pesos argentinos. Como prueba de vida, los secuestradores dejaron abandonado en el cementerio de Boulogne un cassette con un mensaje de la víctima que “Corcho” Rodríguez se encargó de ir a buscar con compañía policial. Nunca se llegó a pagar el rescate exigido por los secuestradores. La policía liberó a Ernesto Rodríguez a los tiros. Ahora los supuestos autores del hecho deberán sentarse en el banquillo de los acusados.

MIGUEL ACEVEDO RIU

Fueron seis las oficinas del edificio en la calle Uruguay 1134 que robaron los delincuentes

Disfrazados de policías robaron seis oficinas Cinco delincuentes ingresaron en un edificio de Recoleta Por Santiago Dapelo De la Redacción de LA NACION Vestidos como policías y de traje, cinco delincuentes robaron ayer seis oficinas de un edificio en el barrio porteño de Recoleta, de donde se llevaron dinero, computadoras y otros elementos de valor. Cerca de la medianoche, dos ladrones que se hacían pasar por oficiales, acompañados por otro vestido de traje, engañaron al sereno e ingresaron en el edificio ubicado en la calle Uruguay 1134, a metros de la avenida Santa Fe. Una vez dentro, golpearon ferozmente al guardia, que debió ser internado. Mientras tanto, otros dos se quedaron fuera del inmueble como “campanas”. El grupo, que se comunicaba con handies, fijó su acción en la oficina de CLC, empresa que se dedica a la venta de productos e insumos de computación, de donde se llevaron seis computadoras portátiles, monitores de plasma y dinero.

Previamente revolvieron y tiraron todo aquello que no les servía. Con la situación dominada, los ladrones aprovecharon para forzar las puertas de otras cinco empresas. En el edificio no había gente, ya que en sus doce pisos sólo hay oficinas. Según los investigadores, los ladrones “trabajaron con tiempo y conocimiento”. Fuentes de la investigación no descartaron la participación de un posible entregador. Una de las razones que abona la teoría es que no hay ni un solo testigo de lo ocurrido, más teniendo en cuenta que estuvieron en el lugar cuatro horas y se llevaron varios equipos de computación. “Está todo destrozado, rompieron todo lo que tenían adelante. No se salvó nada; es un desastre. Sé que estuvieron trabajando como cuatro horas en todas las oficinas que no tenían cámaras de seguridad o alarmas. Nadie vio ni escuchó nada”, dijo a LA NACION el encargado del edificio del turno

mañana, que prefirió mantener en reserva su nombre. Y prosiguió: “Este es un barrio muy tranquilo y seguro, es muy extraño lo que ocurrió”. Hasta el momento sólo la firma CLC realizó la denuncia correspondiente. Se espera que el próximo lunes el resto de los damnificados se acerque a la comisaría 17a. para formularla. Sólo entonces se sabrá la real magnitud del botín que se llevaron los delincuentes. El encargado también relató que su compañero, Jesús –se encuentra en observación por los golpes que recibió–, en el transcurso de las cuatro horas que duró el asalto escuchó a los ladrones hablar por los handies con los cómplices que se encontraban afuera. La frase más repetida fue: “Muchachos, trabajen tranquilos, la calle está despejada”. Pese a las sospechas sobre un posible entregador, la policía trabaja sobre varias hipótesis y hasta el momento no hay detenidos.

La tragedia de Vicente López

Sigue preso tras haber atropellado Un juez bonaerense debe decidir sobre la suerte del acusado

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El médico Alfredo Cahe y Ernesto Rodríguez, después de la liberación

LA PLATA.– El asesinato de un hombre a la salida de un banco en Avellaneda; el asalto comando a una fábrica de Malvinas Argentinas y a un camión de caudales en Tres de Febrero, y el robo en un country de Pilar, ocurridos en menos de 48 horas, fueron “una coincidencia desdichada de hechos violentos”, según el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian. “Veníamos razonablemente bien, sin grandes episodios. Esto lamentablemente es así; los últimos fueron violentos”, dijo ayer el funcionario en declaraciones radiales. Sin embargo, Arslanian expresó optimismo al manifestar que “hay investigaciones sobre hechos delictivos en curso que ya tuvieron personas detenidas y esperemos que arrojen más resultados”. Al referirse a los robos ocurridos en countries de la provincia –por lo menos

El joven de 18 años acusado de atropellar y matar a Francisco Vrech, de 16 años, en Vicente López, seguirá detenido hasta que su situación sea resuelta por un juez de garantías de San Isidro. Luego de que la Cámara del Crimen porteña anuló el procesamiento y la prisión preventiva contra el imputado que, en principio, había dictado el juez de instrucción Javier Ríos, el acusado, identificado como Guillermo Goñi, fue trasladado a la fiscalía de Vicente López para ser indagado. Dicha resolución se fundó en que si bien Goñi fue detenido a media cuadra del cruce de Cabildo y la avenida General Paz, Capital, el hecho más grave, en el que murió Vrech se pro-

dujo en la esquina de la Avenida del Libertador e Hipólito Yrigoyen, en Vicente López. Según informó el abogado del imputado, Gustavo Romano Duffau, luego de la indagatoria la fiscal Verónica Di Tomasso dispuso que Goñi quedara detenido en la seccional Balneario, de Avenida del Libertador 1065. Ahora, luego de analizar el expediente en el que se incluyeron las declaraciones de los testigos, la indagatoria del acusado y las grabaciones del momento en que el imputado atropelló a Vrech, el juez de garantías de San Isidro, Esteban Rossignoli, deberá decidir si Goñi sigue detenido o no. El abogado informó que su defendido expuso la misma versión que sos-

tuvo ante el juez Ríos, aunque aclaró algunos puntos para responsabilizar a las víctimas y aclarar que no trató de escapar del lugar como lo aseguraron algunos testigos. La versión del imputado había sido refutada por los testigos aportados por la familia de la víctima, quienes declararon que Goñi no se había entregado sino que había sido detenido por agentes de la Policía Federal debido a que, después de que Francisco fue atropellado, se había difundido la orden de retener al conductor de un automóvil Honda Prelude. En su indagatoria, Goñi dijo al juez Ríos que no había tomado alcohol, que no corría una picada y que no se había detenido porque sufrió un shock nervioso.

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Arslanian, crítico con los medios

40 en lo que va del año–, el ministro de Seguridad consideró que “el tema no genera un fenómeno que deba preocupar demasiado”. No obstante, durante una conferencia que ofreció el jueves pasado, Arslanian informó que su cartera impulsa un proyecto de ley para crear una superintendencia dedicada exclusivamente a la seguridad de countries y barrios privados. Como en esa ocasión, que se quejó porque “los medios de comunicación realizan una contribución formidable al incremento de la sensación de inseguridad”, ayer, el ministro consideró reprochable que haya “medios de comunicación que los cuentan día a día, van 29, van 30, y los ponen como si los countries debieran ser algo aparte donde no debería pasar nada”. Según Arslanian, “la seguridad es privada porque son ámbitos de exclusión. No se puede hacer prevención porque yo no puedo recorrer los interiores de los countries de la misma manera en que no puedo entrar en su casa; es propiedad privada”. Anteayer, al ser consultado por LA NACION luego de que el funcionario manifestara que los barrios privados “cercan el ingreso de la policía”, Juan Carlos Pratesi, prosecretario de la Federación Argentina de Clubes de Campo, explicó: “El régimen de cerramiento no obsta a que personal oficial tenga libre acceso. El cerramiento tiene que ver con la privacidad; que exista mayor seguridad es algo colateral”. Arslanian dijo, además, que “lo que se llama robos a los countries generalmente no son tales. Muchas veces son hurtos perpetrados por gente conocida de la casa”.