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POLITICA
I
Martes 5 de enero de 2010
REMEDIOS ADULTERADOS s CONEXIONES POLITICAS DEL CASO
CRECIMIENTO PATRIMONIAL
Detienen a otro funcionario por la mafia de los medicamentos El ex director nacional del Banco de Drogas Roberto Loiácono se entregó a la Justicia El caso de la mafia de los medicamentos va revelando cada día más sus conexiones políticas. Un ex funcionario nacional acusado de integrar la banda que se dedicaba a comercializar remedios oncológicos falsificados se entregó ayer a la Justicia, tras permanecer diez días prófugo. Se trata de Roberto Loiácono, ex director nacional del Banco de Drogas del Ministerio de Salud de la Nación. Junto con su hijo, Fernando, también acusado en la causa, se presentaron ayer ante el juez federal Norberto Oyarbide y quedaron detenidos, a la espera de la declaración indagatoria, prevista para mañana. De acuerdo con la hipótesis del juzgado, Loiácono y su hijo tuvieron intervención en las operaciones de venta de medicamentos adulterados a la Obra Social Bancaria Argentina (OSBA). En la causa se investiga la existencia de una banda, integrada por funcionarios, empresarios y sindicalistas, que comercializaba remedios apócrifos con esa entidad sindical y que falsificaba constancias de entrega de medicamentos. Por las presuntas maniobras ya está detenida una decena de personas, entre ellas, el ex presidente de la OSBA Juan José Zanola; su pareja y ex secretaria administrativa de la Policlínica Bancaria Paula Aballay; el dueño de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo, y el ex secretario de Control Sanitario bonaerense Alberto Costa. En declaraciones periodísticas, Oyarbide informó que los Loiácono tenían “una actuación interesante” en la trama de comercialización de medicamentos falsificados y detalló que mantenían un vínculo con otras personas que están detenidas en la causa y procesadas por asociación ilícita. El magistrado había ordenado el arresto de Loiácono y de su hijo en los últimos días del año pasado, luego de que la Cámara Federal revocara, el 23 de diciembre último, las exenciones de prisión que el propio Oyarbide les había concedido. El ex funcionario nacional y su hijo se entregaron ayer a la mañana, luego de varios allanamientos fallidos.
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Se presentaron en el juzgado de Oyarbide, en el edificio de tribunales de la avenida Comodoro Py, acompañados por sus abogados, Eduardo Barcesat y Gonzalo Díaz Cantón. Luego, quedaron detenidos en el penal de la calle Madariaga, en calidad de incomunicados.
Quejas del abogado En declaraciones a Crónica TV reproducidas por la agencia DyN, el abogado Barcesat se quejó de la actitud del magistrado. “Hay una conducta persecutoria de allanamientos y órdenes de detención cuando no se le ha hecho saber [a Loiácono] el cargo del hecho que se le imputa”, dijo. “Estamos asistiendo a una situación procesal y a un desempeño incómodo por parte del juez”, agregó. Oncólogo, Roberto Loiácono estuvo al frente del Banco de Drogas del
EL CASO DE LAS ADOPCIONES
Ministerio de Salud hasta marzo de 2008, cuando la entonces ministra Graciela Ocaña lo separó de esa área tras iniciarle un sumario por presuntas incompatibilidades en el cargo. Se lo acusaba de haberle comprado drogas a su hijo, Fernando. Además, le imputaban haber tenido acceso a las drogas que debían repartirse gratuitamente y que, sin embargo, terminaron siendo comercializadas. Otra acusación en contra del funcionario indica que habría recibido “retornos” de la Policlínica Bancaria, en el marco de una serie de auditorías médicas. Fernando Loiácono, hijo del funcionario, figura como gerente de la droguería Biodrugs SA, una de las firmas que habría adquirido remedios cuestionados, y es sospechoso de tener un lazo con Lorenzo, el gerenciador de la droguería San Javier. Por ahora, Oyarbide consideró
a Lorenzo y Zanola jefes de una asociación ilícita. Aballay quedó procesada como organizadora de la asociación, junto con el tesorero y la ex subdirectora administrativa de la Policlínica Bancaria, Claudio Ferrari y Susana Fionna, respectivamente. El mismo papel se les atribuyó a tres empleados de Lorenzo: su secretaria María Berizzo y los directivos de San Javier Sergio Gustavo Blanco y Carlos Torres. Costa, el ex subsecretario de Control Sanitario bonaerense, quedó procesado por negociaciones incompatibles con la función pública. Los pedidos de los distintos detenidos para recuperar su libertad llegaron ayer a la Cámara Nacional de Casación Penal. La Sala II del tribunal deberá decidir si libera a los acusados o si mantiene los arrestos dispuestos por Oyarbide.
TRAS LA POLEMICA RENUNCIA
Los hijos de Noble objetaron al juez Bergesio había ordenado dos allanamientos domiciliarios para extraer material genético ADRIAN VENTURA LA NACION Felipe y Marcela Noble Herrera, los hijos adoptivos de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, plantearon ayer ante el juez federal Conrado Bergesio la nulidad de los procedimientos en los cuales, por orden de ese magistrado, se secuestró material genético de los jóvenes. La extensa presentación abrirá un largo debate judicial, propio en todo trámite de nulidades, en el que deberán ser oídas todas las partes. El miércoles pasado y en un contexto de ataques del Gobierno contra el Grupo Clarín, apenas un día después de que Marcela y Felipe, de 33 años, se sometieran voluntariamente a un examen genético en el Cuerpo Médico Forense, el juez Bergesio realizó dos procedimientos en sus domicilios y recogió material genético para hacer otro estudio en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Ayer, Jorge Anzorreguy y Alejandro Carrió, abogados de la familia, pidieron la nulidad de la orden del juez para realizar esos procedimientos, porque es autocontradictoria y carece de fundamentos. Además, señalan los letrados, el BNDG depende del Poder Ejecutivo, lo que no garantiza su imparcialidad. Por eso, los hijos de Noble, en cumplimiento de un fallo, se sometieron al estudio genético en el Cuerpo Médico Forense.
No hubo delito Según los letrados, el estudio genético debe hacerse no sólo conforme a los lineamientos fijados por un fallo de la Cámara de Casación, sino que tampoco es aplicable la nueva ley 26.548 ni el caso Gualtieri, resuelto por la Corte en 2009. En el caso Gualtieri, el tribunal convalidó un allanamiento para secuestrar material genético y probar que los supuestos padres de un joven habían sido, en rigor, sus apropiadores. Y la ley adoptó ese criterio. Según los abogados, la ley citada –cuya inconstitucionalidad plantearon– y el fallo Gualtieri parten del presupuesto de que el imputado
puede haber incurrido en el delito de apropiación de menores, supresión de identidad o algún otro crimen, de modo que la Justicia averigüe la verdad histórica y restablezca la identidad de los hijos apropiados. En cambio, Ernestina Herrera de Noble nunca fue imputada por la Justicia de haber incurrido en esos delitos y siempre admitió que es madre adoptante de Marcela y de Felipe. Herrera de Noble adoptó a sus hijos en sede judicial. Ninguno de los muchos testigos que declararon –desde Jorge Rafael Videla hasta el actual embajador argentino en los Estados Unidos, Héctor Timmerman, y los ex empleados judiciales que intervinieron en aquellos trámites de adopción– aportaron pruebas de que ambos jóvenes fueran hijos de desaparecidos. Además, a diferencia de lo que presuponen aquella ley y el fallo de la Corte, Marcela y Felipe nunca se negaron a someterse a un estudio de sangre. El propio juez Bergesio, en la resolución en la que ordenó los procedimientos, reconoció que las pruebas reunidas en el expediente “no permiten corroborar” que los jóvenes sean hijos de desaparecidos. Sin embargo, ordena los procedimientos asumiendo que existen esas sospechas. Por eso, la resolución –dice el escrito– es autocontradictoria. Pero, además, Marcela y Felipe también pidieron que el juez Bergesio se abstuviera de disponer de esas muestras genéticas hasta que finalice esta ardua discusión judicial, que seguramente recorrerá varias instancias. En toda esta historia, hay un dato que llama mucho la atención: es la negativa de las familias que iniciaron la querella contra Ernestina Herrera de Noble a aportar su propio mapa genético a la causa. En efecto, las familias García-Gualdero y MirandaLanouscu pretenden tener relación de parentesco con los jóvenes Marcela y Felipe. Por eso son querellantes, con el apoyo de Abuelas de Plaza de Mayo. Sin embargo, según el BNDG, se negaron a entregar sus datos genéticos al juez Bergesio, según dicen fuentes de la causa.
ARCHIVO
La ex senadora será subsecretaria para la Reforma Institucional
Perceval reemplaza a Marta Oyhanarte Poco más de un mes después de que Marta Oyhanarte abandonara el cargo pegando un portazo y denunciando al Gobierno de ponerle “obstáculos” para cumplir su tarea, la presidenta Cristina Kirchner designó ayer a la ex senadora María Perceval al frente de la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia. Detrás de tan ostentoso título se encuentra la oficina encargada de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública a los actos de gobierno por parte de la ciudadanía, un área en la que el kirchnerismo es severamente cuestionado por la oposición. Senadora por Mendoza durante ocho años, Perceval se quedó sin trabajo el pasado 10 de diciembre, con el recambio de un tercio de los miembros de la Cámara alta. El cargo lo ocupó Oyhanarte hasta el 1° de diciembre último, cuando se fue enojada con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Había sido designada en 2003 por Alberto Fernández. Antes de su nombramiento, conocido ayer por el Boletín Oficial, la legisladora había sido la elegida por los senadores oficialistas para ocupar la Defensoría del Pueblo de
la Nación, cargo que se encuentra vacante desde que Eduardo Mondino renunció para postularse a senador en los comicios de junio pasado. Esa jugada fracasó ante la negativa del radicalismo a apoyar su candidatura. El centenario partido rechazó esas pretensiones no porque tuviera objeciones personales hacia Perceval, sino porque no se animó a apoyar a una legisladora que en los seis años y medio de gobierno kirchnerista nunca se atrevió a objetar una sola de las iniciativas impulsadas por la Casa Rosada. Oriunda de Mendoza, Perceval es militante peronista desde que ingresó en la Universidad Nacional de Cuyo, en la que se recibió de profesora de enseñanza media y superior de filosofía. Tras integrar los equipos técnicos de José Octavio Bordón, acompañó al frustrado candidato presidencial en su paso como director general de escuelas bonaerense, durante la gestión de Felipe Solá. La banca como senadora la ganó en 2001, cuando se renovó la Cámara alta en su totalidad, en una reñida elección. Dos años después, el peronismo perdió la gobernación pero volvió quedarse con las dos bancas por la mayoría.
ARCHIVO
El juez Oyarbide dijo que tiene “el cuero curtido”
Oyarbide desafió a la oposición “Que pidan los juicios políticos que quieran”, afirmó el juez que sobreseyó a los Kirchner En una enfática defensa del fallo por el que sobreseyó al matrimonio presidencial en la causa por enriquecimiento ilícito, el juez federal Norberto Oyarbide redobló la apuesta y desafió a los dirigentes de la oposición al sostener: “Que me pidan todos los juicios políticos que quieran”. “Tengo el cuero muy curtido, de mí han dicho de todo, que me pidan todos los juicios políticos que quieran”, afirmó Oyarbide, por la mañana de ayer, en un raid por varias radios porteñas. Después de fallar en favor del matrimonio Kirchner, el magistrado fue criticado por casi todo el arco opositor que anunció que impulsaría su destitución ante el Consejo de la Magistratura. En las declaraciones formuladas ayer, Oyarbide volvió a reivindicar su fallo, al afirmar que esa era la única medida que podía tomar después de haber recibido el informe del cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia, que había encontrado justificado el aumento del 158 por ciento declarado en su patrimonio por Néstor y Cristina Kirchner durante 2008. La polémica se agudizó más el lunes de la semana pasada, cuando el fiscal Eduardo Taiano no apeló el fallo. Esto, más el hecho de que Oyarbide le negó al denunciante su condición de querellante en la causa, dejaron la sentencia en firme y la causa virtualmente clausurada. “Me ajusté al dictado del trabajo del cuerpo de peritos más prestigioso de todo el país, que es el de la Corte Suprema”, dijo ayer el cuestionado juez en defensa de su decisión. Sin embargo, Oyarbide omitió mencionar que la Corte había realizado una auditoría sobre el cuerpo de peritos contables que encabeza Alfredo Peralta, que fue quien firmó el informe sobre el patrimonio de los Kirchner. “Si los peritos estampan su firma, yo debo acatar porque solicité ese estudio”, agregó el magistrado,
quien criticó a los dirigentes de la oposición que cuestionaron su accionar. “Hay decisiones que no calzan justo a las apetencias políticas. Yo lo siento muchísimo, pero no ocupo mi función para ganarme el cariño de la población ni mucho menos”, sentenció Oyarbide. En el caso de formalizarse y de que la acusación ante el Consejo de la Magistratura prospere, no sería éste el primer juicio político que debiera afrontar Oyarbide. El 11 de septiembre de 2001, el mismo día que un atentado terrorista derribó las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York, Oyarbide fue exonerado por el Senado. La acusación había sido impulsada en la Cámara de Diputados luego de que el juez quedara envuelto en un escándalo que involucraba amenazas de muerte del juez al mozo de un restaurante y videos que lo mostraban como supuesto usuario de un prostíbulo. La causa fue resuelta por el Congreso porque fue acusado antes de que, en 1999, se pusiera en marcha el Consejo de la Magistratura, por lo que el proceso siguió el método contemplado antes de la reforma constitucional de 1994.
Más críticas Más allá de sus desafiantes palabras, Oyarbide siguió sumando cuestionamientos. El ex fiscal Julio César Strassera, de relevante papel en el juicio a las juntas militares durante el gobierno de Raúl Alfonsín, reiteró ayer las críticas al fallo que había formulado el domingo en una carta de lectores publicada en LA NACION. “No puede invocarse la cosa juzgada obtenida mediante el fraude”, sostuvo en declaraciones a Radio Continental. “Hay dos o tres elementos que justifican que se lleve adelante la investigación”. Citó como ejemplo los “exagerados” intereses que recibieron los Kirchner por plazos fijos. “Que me digan qué banco es, porque voy yo”, dijo.
Bullrich apoya la investigación de El Chapel La diputada Patricia Bullrich (Unión Por Todos-Coalición Cívica) expresó ayer que está dispuesta a colaborar en la causa sobre la consultora El Chapel SA que la presidenta Cristina Kirchner comparte junto con su esposo Néstor Kirchner y su hijo Máximo. La diputada anunció que entregará al juez del caso, Marcelo Martínez de Giorgi, un pedido que había hecho por este caso ante la Oficina Anticorrupción en agosto pasado en el que intimaba al organismo a exigir la renuncia de la jefa de Estado a esa sociedad. La Presidenta admitió en un informe ante ese organismo ser propietaria del 45 por ciento de las acciones de El Chapel.
HOMENAJE EN EL SENADO
DYN
Despedida al radical Adolfo Gass Los restos del ex senador radical Adolfo Gass fueron velados ayer por la mañana en el Salón de Lectura del Senado. Gass, uno de los fundadores del Movimiento Renovación y Cambio de la UCR, falleció anteayer a los 95 años. El cuerpo fue despedido por familiares, amigos y dirigentes radicales.
