Información general

Lunes 29 de octubre de 2007

LA NACION/Página 27

El mal uso del espacio público y la falta de respuestas del gobierno

Crecen los asentamientos provisorios Duermen en la calle más de 2300 personas, entre “sin techo” y cartoneros, que pernoctan en la ciudad; quejas vecinales Por Pablo Tomino

Este año hubo más de 14.000 desalojados

De la Redacción de LA NACION Más de 2300 personas duermen cada noche en las calles de la Capital, en improvisadas casas de cartón o en circunstanciales guaridas en las plazas. A las poco más de 700 personas que están en permanente situación de calle, se suman otros miles de cartoneros, muchos de ellos niños, que habitan en el conurbano, pero que en los días hábiles prefieren acampar en la ciudad, después de sus arduas recorridas. Plazas, calles e incluso áreas protegidas de Buenos Aires mutan en albergues transitorios “a cielo abierto” o en poco seguros centros de acopio donde los cartoneros separan el material reciclable, que luego venden a intermediarios, algo que molesta a los vecinos y despierta sus quejas. LA NACION recorrió distintos barrios de la Capital y comprobó el aumento del número de lugares ocupados de manera indebida, algo que obliga al gobierno porteño a brindar una inmediata respuesta, sea para otorgar un sitio a los que no tienen techo o para crear los centros verdes y hacer cumplir la prohibición de realizar una actividad lucrativa en espacios públicos no autorizados, como lo es la compra y venta del cartón en la vía pública. Muchas esquinas porteñas resultan conflictivas por estos aspectos planteados. Eso ocurre en la intersección de Azopardo y Cochabamba, en San Telmo, donde hace más de un año que cartoneros acopian el material que juntan en un predio bajo la autopista 25 de Mayo. Incluso, viven allí, cuentan los vecinos. “En agosto pasado, el gobierno de la ciudad desalojó a las personas que utilizaban ese lugar para el reciclado de basura y enrejó parte del predio a efectos de que no pudiera utilizarse nuevamente para tal fin”, contó a LA NACION el vecino Martín Bonomi. Y agregó: “Pasadas apenas dos semanas de aquel operativo, cartoneros invadieron el espacio verde contiguo a la reja instalada y armaron nuevamente sus precarias viviendas y recomenzaron con el reciclado, lo que produce mucha suciedad en el barrio, además del riesgo que implica acopiar el papel, por posibles incendios”. El director general adjunto de Políticas de Reciclado Urbano, Angel Varchetta, les envió a los vecinos, el 19 de septiembre pasado, una cédula de notificación pidiéndoles que le informaran al gobierno si se reiteraba esta situación irregular. “Eso hicimos en las últimas semanas, pero no tuvimos respuestas”, contó Manuel, un vecino que desde su casa advierte fácilmente el caótico escenario. En el Ministerio de Medio Ambiente de la ciudad informaron a LA NACION que se hacen a diario operativos de control y que si bien los cartoneros que están allí tienen colchones, “no duermen en el lugar, los tienen para descansar”.

SAN TELMO: en Azopardo y Cochabamba, los vecinos se quejan por un centro de acopio de cartón clandestino FOTOS DE MARCELO GOMEZ Y EMILIANO LASALVIA

PALERMO: en Figueroa Alcorta y Dorrego, tres personas instalaron una carpa

RECOLETA: gente que vive en Libertador al 800

Crisis habitacional

En muchos barrios En Avenida del Libertador al 800, Recoleta, viven siete personas sobre el césped que da a las vías del ferrocarril Mitre; hasta instalaron una mesa y sillas. Ni siquiera las áreas protegidas están a resguardo: en la plaza Pakistán –avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, Palermo–, hay una carpa con tres habitantes. Según el gobierno, dos de ellos son pacientes psiquiátricos y no pueden erradicarlos. En pleno barrio de Almagro, en Hipólito Yrigoyen al 3800, un grupo de personas hizo una guarida con cajones y hace más de tres años que viven allí. Según vecinos y alumnos de los colegios cercanos, no molestan a los transeúntes y reciben comida de los que viven por allí. “Son trabajadores, gente grande que no molesta a nadie y que está muy sola. El gobierno los ha venido a asistir muchas veces,

Antes de que el 18 del actual la Legislatura prorrogara la emergencia habitacional en la Ciudad por tres años, más de 14.000 personas habían sido desalojadas de viviendas ocupadas de manera ilegal en la Capital durante 2007, mientras que en todo 2006 habían sido 12.438 las que debieron abandonar las casas que usurpaban, a instancias de fallos judiciales. Pero, según cálculos de la Defensoría porteña conocidos antes de que se sancionara aquella norma, unas 2300 familias que ocupan en forma ilegal terrenos o viviendas serán intimadas a irse de ellos antes de fin de año. Ya lo había advertido la defensora del Pueblo de la ciudad, Alicia Pierini, quien sostiene que el problema es que el gobierno no cuenta con presupuesto para asistir a aquellas familias ni para darles subsidios. Según surge de un informe realizado por la Defensoría, la Justicia dictó sentencia en numerosos juicios de desalojo que quedaron firmes, por lo que, en los próximos meses, esos fallos podrían ser ejecutados, lo que dejaría en la calle a miles de personas de escasos recursos. No correrán esa suerte las personas que ocupan inmuebles del gobierno porteño, según la ley de la Legislatura. “Están listas para ser desalojadas unas 2300 familias en la Capital. Por eso, entendemos que los jueces no pueden dictar los desalojos sin previo aviso, porque esta gente no tiene dónde ir. Habría que prever estas cuestiones para no dejar a más gente en la calle”, dijo a LA NACION Pierini. La situación de colapso habitacional en la Capital se agrava por el crecimiento poblacional en las villas, que empuja a las familias a buscar otros terrenos donde asentarse, en cualquier otro sitio de la Capital. Según autoridades del Ministerio de Desarrollos Humanos y Sociales porteño, en 2005 se les brindó asistencia a 3600 familias, que habían sido desalojadas, y en 2006, a más de 1500. Pero según consta en el informe de la Defensoría, el gobierno tiene un presupuesto para 2007 que asciende a 12 millones de pesos para el área, del que “hasta agosto pasado ya se había ejecutado el 92,38%, pero lo que queda no alcanza a cubrir la asistencia a las familias que ya fueron desalojadas”.

BALVANERA: en la plaza Lorea también se acopia cartón

pero no se quieren ir”, dijo Emilia Sosa, vecina del barrio. Hay dos sitios invadidos que llaman poderosamente la atención, sobre todo, por el frecuente paso de funcionarios porteños y nacionales: uno ocupado por los cartoneros, que viven en la plaza Lorea, en la confluencia de la Avenida de Mayo y Rivadavia, y el otro, en la puerta de Banco Ciudad, en Carlos Pellegrini al 200, a dos cuadras del Obelisco, donde paran cuatro familias. En este último, cuando LA NACION concurrió al lugar, un chico de 9 años, Ezequiel, barría la vereda mientras su mamá ponía a secar al sol tres pa-

res de zapatillas, de cara a la 9 de Julio, a metros de la Unidad Administrativa de Control de Faltas, donde se abonan las multas de tránsito. “Nosotros no tenemos dónde vivir ni adónde ir… Acá no molestamos a nadie. ¿Si nos vinieron ayudar del gobierno? No, queremos una casita, un techo, pero no viene nadie”, dijo una de las mujeres que habita allí. En el lugar, tendieron lonas que sirven de techo, y colchones, donde más de 14 personas pasan la noche. Días atrás fueron obligados a salir de allí y se instalaron enfrente, en la plazoleta que separa la Avenida 9 de Julio de Carlos Pellegrini.

ALMAGRO: una familia vive en Hipólito Yrigoyen al 3800

El diputado macrista Martín Borrelli, integrante de la comisión de Espacio Público de la Legislatura porteña, dijo a LA NACION que “hay que terminar con la idea de que en el espacio público porteño está todo permitido, ya que las calles no deben ser objeto de apropiación por parte de nadie. Un Estado presente tiene el deber de solucionar los problemas de las personas en situación de calle y controlar las actividades que los cartoneros realizan en la vía pública, pero también tiene que ser inflexible con aquellos que usurpan y aprovechan el espacio público en beneficio propio”.

A la intemperie ■ Unos 8000 cartoneros recorren las calles de la Capital cada día y recogen unas 400.000 toneladas de papel y plástico por año. Están inscriptos ante el gobierno porteño 3600 de ellos. Poco más de 1500 cartoneros que viven en el conurbano pernoctan en la ciudad para evitar el costo del viaje de regreso a sus casas. Se suman a las 793 personas que están en situación de calle, según un informe oficial.

La crisis habitacional es un problema aún sin solución para las autoridades porteñas. El último relevamiento lo realizó la Defensoría del Pueblo de la ciudad, a mediados del año pasado. En ese estudio se precisó que en la Capital unas 150.000 personas vivían en villas de emergencia; otras 200.000 lo hacían en inmuebles “tomados”, 70.000 residían en inquilinatos y otras 70.000, en hospedajes o alojamientos. Se les sumaban unas 120.000 personas que se alojan en viviendas de familiares, en habitaciones rentadas o en viviendas propias, pero en estado de hacinamiento. Así, el universo de personas sin casa propia representa el 20% de los habitantes de la Capital. El diputado macrista Jorge Enríquez, consultado sobre la postura de Pro al respecto, dijo: “No vamos a dejar a la gente en la calle. Se trabajará para solucionar este tema. Queremos urbanizar las villas y dar créditos blandos”.

Controversia por las torres de telefonía

La Defensoría reclamó al gobierno porteño que desactive una antena La Defensoría del Pueblo de la ciudad solicitó al jefe del gobierno porteño que disponga el “inmediato” desmantelamiento de una antena de telefonía celular ubicada en el barrio de Barracas, con el argumento de que está próxima a dos escuelas y que no cuenta con autorización, aunque está instalada desde hace nueve años. La denuncia inicial sobre esa antena en particular, localizada en la Santa Magdalena 363, surgió de un grupo de vecinos que desde hace tiempo insisten en la remoción, pues consideran que las radiaciones electromagnéticas que emite el equipo afectaron su salud. Aunque el dictamen firmado por la defensora del Pueblo, Alicia Pierini, no obliga al gobierno a tomar cartas en el asunto, en los próximos días, según

los vecinos, la jueza en lo contencioso administrativo y tributario Lidia Ester Lago haría lugar a un recurso de amparo, con lo cual la antena debería ser reubicada, tal como ocurrió el año pasado con un equipo instalado en el patio de una escuela de Villa Crespo y con otro localizado en el techo del hospital Rivadavia. En sus fundamentos, la Defensoría interpreta que “no puede asegurarse que la contaminación de las antenas de telefonía móvil resulte inocua para la salud” y que, “teniendo en cuenta el principio precautorio que rige en materia medioambiental”, sería necesario remover el equipo de Barracas, que pertenece a Nextel. Las empresas, en cambio, argumentan que las antenas son totalmente segu-

ras. Sostienen que emiten radiaciones “no ionizantes” y que el calor de los equipos no resulta superior al que genera una lamparita doméstica de 100 watts. Además, algunos especialistas consultados sobre esta problemática consideran que cuantas más antenas existan en la ciudad para intercomunicar los celulares, menor será el riesgo para la salud, porque requerirían menor potencia. No hay estudios médicos o técnicos en el mundo que prueben que esas torres son perjudiciales para la salud. “Las antenas producen muchas enfermedades porque estamos viviendo y trabajando bajo un «paraguas gigante» de radiación electromagnética”, se quejó Hugo Romero Vera, uno de los vecinos de Barracas que comenzaron a reclamar que sea desactivada la an-

tena ubicada muy cerca de la escuela N° 13 y de la ENET N° 14 Libertad. El crecimiento de la telefonía celular en la Argentina coincidió con la aparición de un “bosque” de antenas en las terrazas de edificios y en terrenos baldíos. En sólo cinco años la cantidad de teléfonos celulares en el país pasó de 19,3 a más de 30 millones. La necesidad de intercomunicar tantos celulares obligó a las compañías a instalar más de 600 antenas en la ciudad. En el país se instalan 10 torres por día, según datos empresariales. Ante la controversia suscitada por el tema, el gobierno elaboró un mapa donde supuestamente aparecen todos los equipos autorizados, que se puede consultar por Internet. La antena de Barracas no aparece.

ARCHIVO

Hay más de 600 antenas de telefonía celular en la ciudad