CONSULTA DE LA RED POR LA RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-‐2018. Abril del 2013.
Por mandato constitucional, el sistema de planeación democrática del país debe de recoger las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al Plan Nacional de Desarrollo (PND). Por ello, el pasado 10 de abril la Red por la Rendición de Cuentas convocó a las 67 organizaciones que la integran a una sesión de consulta independiente, para recuperar y precisar las propuestas y las líneas de acción que se han venido planteando desde el nacimiento de la Red, con la expectativa sincera de que sean atendidas por quienes tienen en sus manos las decisiones fundamentales sobre las políticas públicas del país.1 Las circunstancias actuales sugieren que el PND 2013-‐2018 podría incorporar, entre muchas otras aportaciones, los acuerdos suscritos por las principales fuerzas políticas del país en el llamado “Pacto por México”. Entre los integrantes de la Red preocupa que en esos acuerdos se haya otorgado una relevancia marginal al tema de la rendición de cuentas. Es una opinión compartida que las líneas estratégicas enunciadas en ese documento son del todo insuficientes para elaborar una política pública articulada, completa y coherente de rendición de cuentas para el país. A pesar de que varios de los cambios sustanciales para la rendición de cuentas planteados por la Red a todos los partidos políticos se encuentran hoy traducidos en proyectos de reforma, iniciativas de ley o bien se han incorporado al debate público, aún no han forjado los consensos necesarios para construir los procesos legislativos y administrativos indispensables para completar una política pública exitosa en esa materia.2 Por el contrario, vemos que la desarticulación de las propuestas en curso y la falta de atención a un diagnóstico de conjunto podrían incrementar la fragmentación y la ineficacia de los esfuerzos que se han realizado hasta ahora. En los trabajos emprendidos por la Red hemos documentado que en la administración pública del país hay un grave déficit en materia de archivos y acceso a la información, hay problemas en la gestión y asignación presupuestal, hay fuertes deficiencias en los procedimientos de integración presupuestaria del país y hay una desconexión entre los mecanismos de evaluación, el sistema de responsabilidades y los resultados de los programas. La diversidad de criterios utilizados y la fragmentación institucional no
1 La Red por la Rendición de Cuentas es una organización de “segundo piso” formada por organizaciones y no por individuos. Fue iniciada y es albergada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Las organizaciones civiles, académicas y públicas que la integran pueden ser consultadas en: www.rendiciondecuentas.org.mx 2 Esas propuestas, integradas en el texto titulado: “Hacia una política de rendición de cuentas”, pueden ser consultadas en el mismo site.
logra generar resultados comparables sobre la gestión pública, ni producir efectos eficientes en el combate a la corrupción, ni en el control eficaz de las políticas públicas. Además, hay graves problemas en el proceso de adquisiciones y contrataciones y amplios espacios de discrecionalidad en la asignación de recursos públicos. La fragmentación institucional entre los distintos órganos de gobierno y entre los poderes de la unión ha impedido la puesta en marcha de una política articulada que garantice a la sociedad –y al propio gobierno— el conocimiento exacto de la situación en la que se encuentra la gestión pública en cada uno de sus momentos y el uso de medios oportunos para evitar y corregir desviaciones, imprecisiones o actos de negligencia y corrupción, antes de que estos ocurran. Por ello, consideramos que: • Es importante que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-‐2018 se incluyan parámetros de diseño, ejecución, evaluación y exigibilidad que hasta ahora no han sido incorporados en el sistema de planeación para el desarrollo. El PND no es solamente un documento político de intenciones, sino que es un instrumento jurídico normativo, de cumplimiento obligatorio para la administración pública federal; el PND es el instrumento rector de la planeación nacional y por lo mismo, debe ser el punto de partida y la piedra de toque de la rendición de cuentas. En su diseño, el PND debe identificar de manera clara, causal y basada en evidencia, los retos prioritarios y los compromisos jurídicamente exigibles que asumirá el gobierno federal para conducir el desarrollo del país. En el PND se deben establecer no sólo las estrategias de política pública sino los principios de actuación que harán posible la concreción de los objetivos de desarrollo establecidos, así como los parámetros a través de los cuales podrán evaluarse los avances logrados en periodos bien definidos. Para darle viabilidad operativa, el PND no solamente debe desembocar en programas regionales, sectoriales y especiales de mediano plazo, sino que también debe ofrecer lineamientos que contemplen en su diseño los mecanismos suficientes de seguimiento, evaluación, transparencia y rendición de cuentas. • Además de generar obligaciones a la autoridad en cuanto a los compromisos establecidos, el PND es, de acuerdo con el mandato constitucional en vigor, una fuente inexcusable de derechos exigibles por la ciudadanía. El PND debe de contar con herramientas y responsables que permitan hacer viable su cumplimiento. Para ello, se sugiere que dentro del plan haya un capítulo dedicado a la existencia de un sistema nacional de rendición de cuentas y que éste se desarrolle en un programa especial en la materia. El capítulo debe incorporar al menos un sistema de información y de acceso a los datos que permitan monitorear y evaluar la administración pública en tiempo real, la existencia de “paquetes evaluativos presupuestarios” para vincular el uso de
los recursos con la gestión cotidiana y sus resultados, un sistema de responsabilidades para premiar o sancionar a los servidores públicos en función de procesos y resultados, y un sistema de vigilancia social cotidiana eficiente. • En lo referente al sistema de información y de datos, el Plan no solamente debe incluir un compromiso de cumplimiento con la agenda pendiente en materia de transparencia y acceso a la información sino que además debe articular el sistema de información con el de archivos. Es imperativo reforzar el sistema de archivos en todo el país, asumiendo que es en este punto donde se origina la información que le da sentido al resto de los procesos. Es necesario que los objetivos, las metas y los indicadores de los programas que se deriven del PND provean de información pública accesible y verificable tanto para la ciudadanía como para el gobierno. Se recomienda que la gestión de la información gubernamental cuente con sistemas archivísticos automatizados que permitan controlar los procesos documentales y, a través de ellos, la gestión pública en su conjunto. Es preciso asumir los compromisos presupuestarios indispensables para actualizar el sistema nacional de administración de archivos diseñado por el Archivo General de la Nación para fortalecer el desarrollo de los sistemas de información en todas las dependencias del país y, a través de la coordinación ordenada en la propia Constitución, contribuir a la actualización de ese sistema en los gobiernos de los estados y de los municipios. • Para que el PND logre cumplir con las metas y objetivos trazados, es necesario que en cada uno de los programas sectoriales se incluya un paquete evaluativo presupuestario. Los paquetes evaluativos han de plasmar el diseño de las políticas públicas y convertirse en la base de un sistema de evaluación de procesos y resultados que permita alinear incentivos e incorporar previsiones de seguimiento y evaluación que hagan posible informar, explicar y justificar a la ciudadanía las decisiones tomadas por el gobierno en cualquier etapa del ciclo de la política pública y en cualquiera de los tres niveles de la actividad gubernamental (macro, meso y micro), en tiempo real. Los programas que se deriven del PND deben de estar orientados a procesos y resultados medibles y deben de permitir la articulación de los seis ejes mínimos que forman parte de la gestión pública. A saber: transparencia, archivos, contabilidad gubernamental, control interno, evaluación y fiscalización. • La multiplicidad de indicadores que existe actualmente y la falta de estandarización de metodologías de medición han terminado por dispersar y anular el sentido de las evaluaciones. El nuevo Plan debería comprometerse a combatir el defecto de la abundancia, la imprecisión y la dispersión de los indicadores actuales, vinculándolos con el presupuesto ejercido para producir un resultado verificable; y por otro lado, es imperativo establecer procesos de
estandarización con las mejores prácticas de cada uno de los procesos ya mencionados, para lograr la comparabilidad de la gestión pública de cada organismo en función de sus méritos. • Para la presupuestación de los programas anuales que se desprendan del PND deben tomarse en cuenta los resultados de las evaluaciones y recomendaciones derivadas del ciclo inmediato anterior de fiscalización, con carácter vinculante y no sólo como recomendaciones aisladas. Para ello, es necesario que la evaluación esté enfocada tanto a los resultados comprometidos con paquetes evaluativos precisos, como a la estandarización comparable de los procesos. El cumplimiento de metas y estándares puntuales han de ser vinculantes para la gestión, el control interno y la asignación de responsabilidades, mientras que los resultados de los programas han de ser la base para las asignaciones presupuestales subsiguientes. En este proceso, además, la Red ha propuesto realizar una evaluación general de mediano plazo, posterior a las elecciones intermedias, que permita revisar y en su caso, corregir el rumbo planteado en el PND de manera oportuna. • Según el marco normativo vigente, el cumplimiento del PND no es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo, ya que el Congreso es el órgano encargado de revisar y aprobar el presupuesto con base en las metas establecidas en el plan. La corresponsabilidad de ambos poderes se debe de traducir en la identificación de autoridades que en cada caso han de dar cuenta de los avances o de los rezagos en el cumplimiento de los objetivos señalados en el PND. En esta lógica, las comparecencias de los Secretarios de Estado no sólo deben hacer alusión general a los avances del PND sino que deben basarse en el seguimiento exacto de los procesos y de los indicadores de resultado obtenidos. En su labor de vigilancia en el cumplimiento del gasto público, la Cámara de Diputados –a través de la Auditoría Superior de la Federación— debe asumir un papel mucho más activo en el monitoreo de las obligaciones derivadas del sistema de planeación democrática. • Por otra parte, es necesario rediseñar e implementar un nuevo sistema de responsabilidades para garantizar el buen desempeño de los funcionarios que tengan a su cargo la ejecución del PND. Se deben de definir claramente las atribuciones y responsabilidades de cada funcionario público con niveles de mando en el cumplimiento de objetivos y metas. En cada programa sectorial, regional y especial se deben de considerar los protocolos de actuación mínimos, códigos de ética y emprender la revisión y el fortalecimiento del sistema profesional de carrera que hoy se encuentra prácticamente abandonado. En los diagnósticos de la Red se ha mencionado la importancia de distinguir entre la responsabilidad pública de los gobiernos y de las dependencias y la responsabilidad individual de los servidores públicos, lo que
permitiría modificar la lógica punitiva que hoy prevalece en la administración pública, por la de las consecuencias e incentivos. • En cuanto al sistema de vigilancia social se propone que la participación ciudadana esté incluida en tres dimensiones fundamentales para la rendición de cuentas: en el acceso a la información, en la justificación de la toma de decisiones y en las consecuencias. Por ello, desde su diseño, el PND debe contemplar una nueva forma de vinculación entre el gobierno y la sociedad, que vaya más allá de las exposiciones retóricas. • Para el seguimiento del PND se requiere simplificar la oferta participativa y no crear mecanismos artificiales que en la práctica resultan inoperantes. El PND puede definir el ámbito, el alcance y las responsabilidades asociadas a la participación ciudadana. Las modalidades de participación que se propongan deben procurar una articulación entre los niveles nacional, estatal, metropolitano y municipal/comunitario que evite la dispersión de esfuerzos sociales. Para ello se deben de poner a disposición de la ciudadanía, tanto a nivel individual como colectivo, los mecanismos y los procedimientos que conviertan su colaboración en una contribución a la eficiencia y el cumplimiento eficaz de los resultados. En este sentido, el uso permanente e intensivo de las tecnologías de información y comunicación se vuelve imprescindible para lograr el objetivo de comunicar la ejecución y resultados del PND y obtener una retroalimentación ciudadana exitosa. El PND es un dispositivo directivo clave para un gobierno con capacidad de conducción social, económica y política de la sociedad a la que sirve. Por ello, los atributos de diseño y ejecución aquí propuestos, constituyen los fundamentos básicos del instrumento rector de la planeación nacional que mandata la Constitución. Los parámetros de diseño, ejecución, evaluación y exigencia a los que podemos someter esta nueva versión del PND pueden orientar la acción pública potenciando sus alcances y mejorando sus resultados. Es una convicción compartida en la Red por la Rendición de Cuentas que, mientras el gobierno de la república no asuma la importancia nodal de este tema en sus actuaciones, las políticas públicas que diseñe no podrán obtener los resultados previstos, no se alcanzará la mayor eficacia posible en el ejercicio del gasto público, ni se consolidará el ejercicio democrático de la autoridad. La rendición de cuentas no es un ejercicio retórico, ni una justificación postrera de las decisiones tomadas, ni un medio para sancionar conductas ilegales o perseguir actos de corrupción cuando éstos ya han sucedido, sino una parte sustantiva de una gestión pública transparente, comprometida con la calidad de sus procesos y resultados y con la consolidación de las prácticas democráticas del país. La rendición de cuentas es, al ejercicio cotidiano de la autoridad democrática, lo que el voto a la distribución democrática del poder.
Pero sin la primera, no podrá conseguirse la consolidación del régimen democrático en México.