POLITICA

Viernes 30 de diciembre de 2011

FUERO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

I

DERECHOS HUMANOS s POR LA REPRESION EN EL HOSPITAL POSADAS

EMPRESARIO EN LA MIRA

Investigan por lavado a Schoklender en Uruguay

Cesantearon a dos secretarios de un “juzgado paralelo”

Una jueza le pidió datos a Oyarbide

La Corte verificó “gravísimas faltas” en varias causas que se habían iniciado contra la Anses HUGO ALCONADA MON LA NACION Un año y medio después de que estalló el escándalo, la Corte Suprema de Justicia ordenó la cesantía de los dos secretarios involucrados en el presunto armado de un “juzgado paralelo” en el fuero previsional para perjudicar en varios millones de pesos a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). La cesantía recayó sobre los secretarios del Juzgado N° 3 del fuero, Emmanuel Catardo y Fernando Mora, quienes habían sido suspendidos en sus cargos de manera preventiva y hasta que se completara el sumario, que concluyó este martes, según consta en la resolución 50/11 cuya copia obtuvo LA NACION. Firmada por cinco de los siete ministros –Carlos Fayt. Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay–, la resolución expone a lo largo de 60 carillas las “gravísimas faltas” cometidas por ambos secretarios, alertadas por la Anses y abogados del fuero, y que LA NACION reveló a mediados de 2010. El más complicado de los dos secretarios es Catardo, según surge del sumario. Hijo de un camarista laboral y de una jueza del propio fuero previsional, arrastra también una denuncia penal de la Anses por presunta estafa que recayó en manos del juez federal Sergio Torres. Los auditores de la Corte avanzaron también sobre esa senda, marcada por su presunta connivencia con tres abogados del fuero –Alejandro González Rossi, José Hugo Ibarra y Guillermo Martino– y un interventor que él mismo designó y que a su vez compartía el domicilio con uno de esos letrados, amigo de Catardo. La presunta estafa se replicó en más de una docena de expedientes, cada uno por más de un millón de pesos. Más aún, todos salieron en favor de esos abogados con una “llamativa celeridad”, con honorarios mucho más altos de lo habitual, con procedimientos que no se aplicaron en el resto de los expedientes “y siempre en desmedro de la Anses”, cuyos reclamos además desoyó. La Corte también validó los testimonios de varios ex empleados, entre ellos el de la entonces prosecretaria del Juzgado, Alejandra Fernández Battolla, la primera que cuestionó a Catardo y al juez, Martín Maiztegui, quien luego se jubiló. Fernández Battolla, según surge

del sumario, “cuestionó a Catardo y a Maiztegui” sólo para retirarse “asustada” de la reunión “porque le dijeron que se «fuera a pensar a la plaza» y le dieron un muñequito de un dinosaurio”. Antes de que llegara la validación de sus dichos por los auditores y la Corte, renunció a su cargo de prosecretaria. Otros empleados complementaron su testimonio. Entre ellos, uno que relató cómo Catardo se retiraba al mediodía “los días en que los abogados mencionados debían cobrar cheques”. O su “cambio de actitud desde el punto de vista económico” dado que empezó a comentar “que había comprado cosas”. La Corte concluyó, además, que Catardo no dio “la más mínima explicación” sobre su “favoritismo” para esos abogados, sobre sus otras conductas “inadmisibles” o sobre la “ostensible irregularidad” de los expedientes con “trato preferencial”.

HERNAN CAPPIELLO LA NACION

EFE

Bignone, ayer, al escuchar la sentencia dictada en su contra

Condenaron a 15 años al ex dictador Bignone Es la tercera pena que el militar recibe en menos de dos años

Maltrato a embarazadas El otro secretario, Mora, también mostró un “trato preferencial”, pero centrado en su propia esposa, la abogada litigante del fuero Mónica Bibbo, ante la cual incurrió en una “pérdida de imparcialidad”. Entre otros motivos, al darle un casillero especial y un “trámite urgente” a sus escritos, al punto de mostrar “una actitud activa [...] en desmedro de sus deberes de funcionario”. En simultáneo, la Corte también consideró probado su “maltrato”, los “gritos constantes, sus descalificaciones y humillaciones permanentes”. En particular contra empleadas y, más aún, las embarazadas, a las que sometía a tareas que exigían “levantar peso”. Las “gravísimas faltas” de Mora, según concluyó el tribunal, justifican “la desconfianza de sus superiores [...] y lesionan la imagen de la Justicia, razón por la cual cabe disponer su cesantía”. Catardo corrió la misma suerte, pero antes intentó que la Cámara de Apelaciones del fuero aceptara su renuncia. Quedó supeditada a cómo cerrara este sumario. Así, el martes quedó rechazada, para evitar su salida honrosa del Poder Judicial, mientras que la Anses puja para que avance la investigación penal. Pese al escándalo, sin embargo, Catardo y Mora figuran aún como postulantes en el concurso N° 253 del Consejo de la Magistratura para tres cargos para jueces en el fuero de la Seguridad Social del escándalo.

Facsímil de la orden judicial

Resolución 50/11 de la Corte Suprema de Justicia

13

El último comandante de la dictadura militar, Reynaldo Benito Bignone, fue condenado a 15 años de prisión en el juicio por la represión perpetrada dentro del hospital Posadas, de Haedo, que ocupó militarmente con tanques y helicópteros en 1976. Esta es la tercera condena que recibe el general de división (R), que ya acumula una sentencia perpetua y una pena de 25 años de cárcel. Bignone, quien entregó el poder a Raúl Alfonsín en 1983 al concluir el gobierno militar, fue sentenciado por el Tribunal Oral en lo Federal (TOF2), que encontró a Bignone, de 85 años, autor de 15 casos de secuestros y tormentos contra trabajadores del hospital Posadas. Además, el TOF2 condenó a ocho años de cárcel a Hipólito Mariani, brigadier

mayor (R), de 85 años, como autor de un caso de privación ilegal de la libertad y tormentos contra una trabajadora del hospital. El ex jefe de la base aérea de El Palomar fue arrestado inmediatamente y cumplirá detención domiciliaria. El tribunal impuso 13 años de cárcel a Luis Muiña, de 57 años, un civil que integró el grupo represivo autodenominado “SWAT”, que actuó dentro del hospital, como coautor de cinco privaciones ilegales de la libertad y tormentos. La definición de la situación procesal del cuarto enjuiciado, Argentino Ríos, de 66 años y ex portero del hospital, fue diferida hasta que se recupere de una cardiopatía. En la madrugada del 28 de marzo de 1976, Bignone, entonces delegado

de la junta militar en el Ministerio de Bienestar Social, ocupó el Posadas con tanques y helicópteros, con la excusa de que allí funcionarían postas sanitarias de la guerrilla. Primero secuestraron al director médico, Julio César Rodríguez Otero (ya fallecido), y luego a otros profesionales de la salud. En la casa que Rodríguez Otero ocupaba con su familia dentro del predio del hospital, los “SWAT” montaron un centro clandestino de detención. Bignone había sido condenado a 25 años de prisión en abril de 2010 por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo, donde fue comandante de Institutos Militares. Y este año recibió una prisión perpetua por secuestros y torturas en Escobar, junto al ex comisario Luis Patti.

UN CASO DE FRAUDE QUE LLEVABA 12 AÑOS

Absolvieron a Claudia Bello Doce años después y tras seis meses de juicio oral, la Justicia absolvió a la ex funcionaria menemista Claudia Bello, que era investigada por contrataciones directas para paliar el efecto Y2K que amenazó –sin secuelas– con hacer colapsar las computadoras en 2000. La medida fue dictada por el Tribunal Oral Federal N° 1, que también absolvió a otros cuatro ex funcionarios acusados de negociaciones incompatibles con su cargo. La acusación señalaba que Bello había contratado en forma directa a las empresas que se encargaron de la campaña contra el Y2K y la impresión y distribución de ejemplares con información para evitar que colapsen las computadoras. Se gastaron nueve millones de dólares. Por eso el fiscal Miguel Angel

Osorio había pedido la pena de dos años de cárcel, pero ayer Bello fue absuelta en un fallo dividido. Bello ayer celebró el fallo. Vestida de negro, con cabello rubio y corto, se emocionó, lloró y abrazó a sus amigos que la acompañaron

Sobreseyeron a Carlos Grosso Tras 21 años, el ex intendente Carlos Grosso fue sobreseído en la causa de la Escuela Shopping, que consistió en la explotación de locales comerciales en la planta baja de una escuela de Once. La Cámara Federal declaró el caso prescripto. Los comercios fueron desalojados en abril pasado.

en la sala de la planta baja de los tribunales federales de Comodoro Py 2002, que ayer a las 16, cuando se leyó el fallo, estaba desierto. La ex funcionaria hasta se permitió una broma cuando les reprochó que no le hubieran cantado la marcha peronista, como habían prometido. Junto con Bello llegaron a juicio, tras 12 años de tramitación de la causa, el ex subsecretario de la Función Pública Alejandro Val y los ex directores del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) Víctor Hugo Cantero, Angela Rigón y Héctor Guroto, quienes también fueron absueltos. El veredicto fue dictado, por mayoría, por los jueces Oscar Amirante y Jorge Gettas, quienes el próximo seis de febrero a las 18 darán a conocer los fundamentos del fallo. En disidencia votó el juez Adrián Grunberg.

La justicia de Uruguay investiga al ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender, a su hermano Pablo y a sus financistas en la Argentina por lavado de dinero. Así surge de un pedido de colaboración que envió la magistrada Graciela Gatti de Montevideo a su colega Norberto Oyarbide. En el exhorto que mandó la jueza especializada en crimen organizado, le pide a Oyarbide datos sobre los Schoklender, sobre la empresa Meldorek, de propiedad del hermano mayor, pero también sobre el financista Fernando Caparrós Gómez y su socio Daniel Laurenti. Además la justicia uruguaya quiere información sobre la firma Monetización y sobre la empresa Tivenwest. Ambas firmas aparecen vinculadas a Caparrós Gómez y a Laurenti. Monetización además cambió cheques de Madres de Plaza de Mayo. Ambos empresarios le vendieron a Schoklender la empresa Meldorek con dos aviones y escindieron una parte de la compañía para formar Gorlac, otra sociedad donde quedaron parte de los bienes de Caparrós Gómez, como una Ferrari, un yate y departamentos. La justicia uruguaya también quiere informes de Gustavo Serventich, piloto de Schoklender y su socio en Meldorek. La justicia uruguaya ya había abierto una causa por blanqueo de fondos contra Tivenwest (CaparrósLaurenti). La unidad uruguaya antilavado había comprobado que Tivenwest compró en 2003 el 99 por ciento del paquete de Meldorek en 3000 pesos. Además estableció que el 19 de febrero de 2010 el apoderado de Tivenwest, Laurenti, concretó el traspaso de acciones de Meldorek a Schoklender a cambio de 1.170.000 dólares. El dinero cobrado fue a parar a Monetización, también investigada por la justicia argentina, empresa donde Schoklender cambió cheques que las Madres habían recibido del Estado nacional para construir viviendas sociales y los convirtió en dinero en efectivo, según relata el exhorto diplomático en poder de LA NACION. Paralelamente, Oyarbide, que ya estaba al tanto de esta investigación por información del fiscal antilavado Raúl Pleé, le pidió a la jueza uruguaya Gatti copia de toda la causa contra Tivenwest por lavado de dinero. Los investigadores argentinos sospechan que detrás de la uruguaya Tivenwest, constituida con acciones al portador, se esconde el más poderoso –económicamente hablando– de los investigados en el caso Schoklender: el financista Caparrós Gómez, presidente del Club Ferrari en la Argentina.