Política

Miércoles 19 de diciembre de 2007

LA NACION/Página 15

Derechos humanos: la causa de la contraofensiva de montoneros

Condenan al ex comandante Nicolaides a 25 años de prisión Similar pena recibieron otros militares; primer sentencia tras reiniciarse los juicios Por Gabriel Sued De la Redacción de LA NACION Los aplausos de familiares y amigos de las víctimas retumbaron en la colmada sala de audiencias del Palacio de Tribunales. En el mismo lugar donde en 1985 se hizo el histórico juicio a las Juntas, la Justicia dictó ayer la primera condena contra militares tras la anulación de las leyes de punto final y de obediencia debida, en 2003. El juez federal Ariel Lijo castigó con penas de entre 20 y 25 años de prisión al ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides, a seis coroneles del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército y al ex policía bonaerense Julio Simón. Los responsabilizó del secuestro y la tortura de seis militantes montoneros que reingresaron en el país en 1980 como parte de la denominada contraofensiva. “¡Asesinos, se van a morir en la cár-

cel! ¡Genocidas!”, gritaron dos jóvenes desde la primera fila, mientras cinco de los acusados abandonaban la sala en fila, rodeados de policías. Acababan de escuchar de boca del juez, en una audiencia tensa pero tranquila, que no saldrían en libertad hasta, por lo menos, 2022. Todos están detenidos desde julio de 2002, en su mayoría bajo prisión domiciliaria. Nicolaides, que no presenció la audiencia por problemas de salud y que está preso en su casa en Córdoba, recibió una condena de 25 años, al igual que Luis Arias Duval y Santiago Hoya, ausente por el mismo motivo que el ex jefe del Ejército. Simón, que en agosto del año pasado se convirtió en el primer represor condenado por crímenes de lesa humanidad tras la anulación de las leyes del perdón, fue condenado a 23 años, lo mismo que Waldo Roldán y Juan Carlos Gualco (también enfermo). Carlos Fontana recibió una pena de 21 años, y Pascual Guerrieri, de

20. El fiscal Jorge Alvarez Berlanda había pedido 25 años para todos, pero se mostró conforme con el fallo. Lijo consideró que todos los acusados integraron una asociación ilícita “cuya acción contribuyó a poner en peligro la vigencia de la Constitución nacional”. Los responsabilizó también de seis casos de privación ilegal de la libertad y de la reducción a la servidumbre de Silvia Tolchinsky.

Unica sobreviviente La mujer es la única que salió con vida. Permanece desaparecido el resto de las víctimas: Angel Carbajal, Julio César Genoud, Lía Guangiroli, Verónica Cabilla y Ricardo Marcos Zucker, hijo del fallecido actor Marcos Zucker. “Estoy satisfecha y más lo voy a estar si las condenas se cumplen en una cárcel común”, dijo Cristina Zucker, hermana de la víctima. Lo mismo reclamó el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, sentado en primera fila.

Las víctimas formaron parte de la segunda contraofensiva montonera, como se denominó al reingreso en el país, entre febrero y marzo de 1980, de militantes de esa organización que habían salido de la Argentina. El destino de otras nueve víctimas es investigado en otras causas. Antes de la lectura de la sentencia, Guerrieri reclamó al juez que hiciera justicia e intentó justificar la represión ilegal. “Rechazo el término represor. Fuimos soldados pagados por este pueblo que está aquí atrás”, dijo. Despertó algunos murmullos que no le impidieron seguir hablando. “Salimos a restablecer el orden. Tuvimos que combatir porque esto fue una guerra”, agregó. Simón no habló. Pero se movió inquieto en su silla durante la lectura del fallo. Varias veces dijo que no con la cabeza y, cuando el juez describía algunas de las torturas aplicadas en Campo de Mayo, dejó escapar una sonrisa.

El caso del subprefecto envenenado

“La muerte de Febres no es casualidad” Lo dijo Kirchner en un acto en Costa Salguero; hoy continúa la actividad judicial Para el ex presidente no es casual. Néstor Kirchner afirmó ayer que “no es casualidad que haya aparecido muerto” el prefecto Héctor Febres, que fue hallado envenenado con cianuro en su celda cuando era sometido a juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura militar. “No es casualidad que haya aparecido muerto Febres y no es casualidad que en la Argentina pasen ciertas cosas que están pasando”, advirtió ayer Kirchner durante un acto en el complejo Costa Salguero, organizado por la empresa estatal Aysa. Además, el Gobierno oficializó ayer, a través del Boletín Oficial, el pase a re-

tiro “obligatorio” del prefecto general Carlos Edgardo Fernández. En la resolución 11 se informó que “en virtud de los hechos de público conocimiento” se decidió “relevar de sus funciones” al prefecto. “Dispónese a partir del 16 de diciembre de 2007 el retiro obligatorio del prefecto general Carlos Fernández”, quien registraba “42 años, 10 meses y 15 días de servicios simples”, señaló la resolución. La decisión fue adoptada por las flexibles condiciones de detención del acusado, quien tenía teléfono celular, DVD, televisor y una computadora, entre otros privilegios. Tras la muerte de Febres, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ordenó la detención de la viuda, Stella Maris Guevara; de sus dos hijos,

Héctor Ariel y Sonia, y del ex jefe de la delegación Delta Rubén Amado Iglesias, y el agente que lo custodiaba. En el marco de la causa, la jueza dispuso que la esposa de Febres sea trasladada hoy, a las 11, a los tribunales de San Isidro para que amplíe la extensa declaración indagatoria que prestó el fin de semana último y, a la vez, realizar un “cuerpo de escritura” para una eventual prueba caligráfica. La medida había sido dispuesta para ayer, pero se postergó por cuestiones “desorganizativas del juzgado”, según informó DyN. Desde anteayer, la esposa y la hija del represor están alojadas en la cárcel de mujeres de Ezeiza, y el hijo, en la de Marcos Paz. Martín Orozco, uno de los abogados de los familiares de Febres, ayer con-

sideró “endebles” las pruebas por las que los familiares del subprefecto fueron acusados por “haber tomado parte en el homicidio de Febres por ingesta de cianuro, en concurso con dos o más personas, ocultamiento de pruebas y encubrimiento”. Las mismas imputaciones fueron realizadas a Iglesias y al otro prefecto detenido, quien en las últimas horas fue sometido a indagatoria y es el único que se habría negado a declarar. Asimismo, la Justicia tendría previsto convocar a declarar al ex responsable de la Prefectura por las facilidades de las que gozaba Febres, mientras que para los investigadores cobra cada vez mayor relevancia la hipótesis del “homicidio” por sobre la del “suicidio”.

REUTERS

Julio Simón hizo gestos durante casi toda la lectura de la sentencia

El último jefe de la dictadura Quizá se haya enterado por televisión de que acababa de ser sentenciado a 25 años de prisión. Es que el último jefe del Ejército de la dictadura, el general Cristino Nicolaides, permanece detenido en su domicilio de Córdoba, por razones de edad y de salud, hace más de cinco años. En el tribunal donde se leyó la sentencia se encontraba su abogado, Alejandro Zeverín, que ya anticipó que recurrirá el fallo.

Nicolaides fue juzgado por su responsabilidad en la lucha contra la guerrilla en los días en que estaba al frente del III Cuerpo de Ejército, en Córdoba, y tenía responsabilidades también sobre los Institutos Militares. Desde allí saltó a la jefatura del Ejército tras la debacle en la que cayeron las Fuerzas Armadas luego de la derrota militar en la Guerra de las Malvinas.