¿Concertada? No, gracias La ENSEÑANZA PÚBLICA está sufriendo un ataque sin precedentes. Tanto el gobierno estatal como el autonómico están aplicando una política de recortes amparándose en la mal llamada “crisis económica”, que está siendo aprovechada por los grandes grupos de poder económico para rediseñar el Estado del Bienestar y poder obtener grandes beneficios de lo que hasta ahora eran derechos sociales. La enseñanza no es un negocio, ni debe por tanto ajustarse a análisis de ganancias o pérdidas. La escuela pública no debe ser una factoría de mano de obra barata. Asistimos a una degradación intencionada de la ENSEÑANZA PÚBLICA causada por una política educativa cuyos resultados últimos son el beneficio de la enseñanza concertada (mayoritariamente de titularidad religiosa) y la mercantilización de la educación: asfixia económica, ratios elevadas, desprestigio del profesorado, incapacidad de gestión democrática de
los centros, pérdida de puestos de trabajo, inestabilidad de las plantillas, aumento de las horas lectivas, deficiente sistema de sustituciones, etc. Este abandono de la ENSEÑANZA PÚBLICA está convirtiendo en guetos a determinados centros educativos y provocando una selección perversa del alumnado con un claro tinte clasista, lo cual menoscaba el carácter de la educación como factor de cohesión social.
En USTEA defendemos inequívocamente la ENSEÑANZA PÚBLICA y la necesidad de:
• Considerar
la ENSEÑANZA PÚBLICA como eje vertebrador del sistema educativo y como agente de integración social, intercultural e interterritorial.
• Priorizar
la ENSEÑANZA PÚBLICA como garantía de la educación universal, gratuita, inclusiva y no segregadora, procuradora de un espacio privilegiado para el pensamiento crítico y la práctica democrática.
• Combatir de forma urgente el abandono temprano y el fracaso escolar.
• Reafirmar
el carácter subsidiario de la enseñanza concertada respecto de la PÚBLICA, con el horizonte de su eliminación progresiva hasta conseguir la supresión de esta anomalía de nuestro sistema educativo.
• Promover los cambios legisla-
tivos necesarios para garantizar que los fondos públicos se inviertan en la enseñanza pública: reforma constitucional,
derogación del Real Decreto-ley 20/2012 y de la LOMCE.
• Elaborar
una ley educativa que atienda las necesidades y los intereses de la inmensa mayoría de la población y que tenga garantía de continuidad, para evitar los cambios legislativos a la llegada de los nuevos gobiernos.
• Cancelar
todos aquellos acuerdos firmados por el Estado Español con confesiones religiosas que supongan privilegios de cualquier tipo en el seno del sistema educativo.
• Eliminar
de los planes educativos la asignatura de religión y dejar fuera de las aulas los símbolos y prácticas religiosas.
• Conciliar
el derecho de los padres y las madres a elegir la educación de sus hijas e hijos con el respeto escrupuloso a sus derechos fundamentales, sin provocar situaciones discriminatorias, como las que produce la enseñanza de la religión confesional y que atentarían contra los derechos constitucionales y el respeto a la libertad de conciencia de los menores.
• Aumentar
el presupuesto destinado al sistema público de
enseñanza, que no puede ser menor del 7% del PIB y debe atender de manera prioritaria a la mejora de las instalaciones, aumento de recursos materiales y retribución del personal docente y laboral.
• Extender
los servicios educativos complementarios (transporte escolar, comedores escolares, aulas matinales…) y garantizar la gratuidad de los mismos.
• Dignificar la labor docente me-
noscabada por unos gobiernos que han contribuido a la degradación profesional de las trabajadoras y los trabajadores de la ENSEÑANZA PÚBLICA.
• Denunciar
públicamente el aumento en los Presupuestos de la Junta de Andalucía para el año próximo, de las partidas destinadas a la financiación de la escuela privada concertada.
• Reivindicar
el prestigio la excelencia docente de ENSEÑANZA PÚBLICA.
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