Política

Página 10/LA NACION

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Sucia

La causa por evasión impositiva

Jueves 7 de junio de 2007

Por Nik

Caso Skanska: un juez dictó tres nuevos procesamientos El fallo afecta a un gerente de la firma y a dos empleados de empresas fantasma Por Gabriel Sued De la Redacción de LA NACION La causa en la que se investiga si la constructora Skanska evadió impuestos en la ampliación de dos gasoductos tiene desde ayer dos nuevos procesados: Daniel Zinna, un gerente de la empresa, y Alejandro Porcelli, acusado de haber actuado como intermediario entre la compañía sueca y tres firmas fantasma. El fallo que dictó el juez penal tributario Javier López Biscayart afecta también a Adrián López, ex apoderado de la empresa fantasma Infiniti Group, que ya estaba procesado como jefe de una asociación ilícita tributaria dedicada a vender facturas truchas. El magistrado procesó a los tres por evasión simple y agravada y trabó embargos de 500.000 pesos sobre los bienes de cada uno de ellos. Con la resolución de ayer, López Biscayart terminó de resolver la situación procesal de los 17 imputados y dejó liberado el camino para avanzar en la investigación. Por decisión de la Cámara en lo Penal Económico, el juez investiga posibles hechos de evasión de Skanska, mientras que su par del fuero federal Guillermo Montenegro quedó a cargo de una causa en la que se averigua si las irregularidades apuntaron al pago de coimas a funcionarios nacionales. López Biscayart podría avanzar ahora sobre el resto de las empresas fantasma que usó Skanska para disimular el pago de sobornos a partir del pago de operaciones inexistentes. Esto lo admitió la propia Skanska en una auditoría interna que presentó ante la Justicia el año pasado. La resolución de López Biscayartt no contempla prisiones preventivas, por lo que el único que seguirá preso es Adrián López, víctima de una situación extraña: si bien la Cámara de Casación le concedió la excarcelación la semana pasada, el acusado aún permanece detenido porque no logró pagar la fianza de 300.000 pesos que le fijó la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico. En el mismo fallo, López Biscayart dictó la falta de mérito (consideró que no existían elementos para procesar ni para absolver) al ex CEO de Skanska Mario Piantoni, al actual gerente de la empresa Ignacio

Derechos humanos

AVANCES EN LA INVESTIGACION Más procesados ■ El juez Javier López Biscayart procesó por evasión al directivo de Skanska Daniel Zinna, al ex apoderado de Infiniti Group Adrián López y a Alejandro Porcelli, acusado de haber intermediado en la operación con tres firmas fantasma.

Nuevas líneas

López Biscayart

de Uribelarrea (que hoy trabaja en la filial que la constructora tiene en Venezuela) y al ex empleado del Banco Supervielle Darío Jaida. En total, la causa Skanska tiene trece procesados. Ellos son López, Zinna y Porcelli, los ex directivos Gustavo Vago, Javier Azcárate, Eduardo Varni, Roberto Zarega, Sergio Zerega, Alejandro Gerlero, Héctor Obregón y Juan Carlos Bos, el empleado Atilio Fuentes y el contador Alfredo Greco, acusado de haber actuado como intermediario entre Skanska e Infiniti. Para el juez, participaron en la evasión del impuesto al valor agregado en los períodos fiscales 2004, 2005 y 2006 y del impuesto a las ganancias por el concepto “salidas no documentadas”, en los mismos años. Fue durante la ampliación de los gasoductos del Norte y del Sur.

El papel en el delito De acuerdo con la resolución de ayer, López, Zinna y Porcelli conocían la maniobra y habían colaborado en ella. El primero de ellos reconoció ante la Justicia haber sido el apoderado de Infiniti Group y vendido facturas truchas a Skanska. Fue durante su primera declaración indagatoria, el año pasado, en la que sostuvo que el ministro de Planificación, Julio De Vido, estaba al tanto de la maniobra, aunque luego se desdijo. Zinna era el encargado del sector

■ Al resolver todas las situaciones procesales, el juez despejó el camino para avanzar contra el resto de las empresas fantasma con las que operó Skanska en la ampliación de dos gasoductos.

de abastecimiento del Gasoducto del Norte. Desde esa posición, según el juez, tramitó órdenes de compra con algunas de las 23 empresas fantasma con las que operó Skanska. Porcelli, un analista de sistemas, intervino en la maniobra al firmar remitos y órdenes de pago que la constructora emitió en favor de las empresas fantasma Constructora Triple T SRL, Constructora La Nueva Argentina SA yAzuis SA. En su descargo ante el magistrado, Porcelli expresó que compartía la oficina con Greco y que él y su mujer, Kristina Protsenko, habían firmado esos documentos para hacerle un favor al contador, pero que ninguno de los dos era consciente de que se trataba de un delito. “Sus argumentos referentes a su ausencia de conocimiento de la entidad delictiva de los hechos no tienen posibilidad de prosperar”, dice el fallo de López Biscayart. En la causa que instruye Montenegro se acerca el comienzo de la ronda de declaraciones indagatorias. El primero en declarar será Gerlero, citado para el martes próximo. Por ahora, el magistrado no hará lugar a un pedido de la Oficina Anticorrupción para pedir documentación a la casa matriz de Skanska, en Suecia. Pero, a pedido del organismo que investiga a funcionarios del Poder Ejecutivo, ordenará un peritaje para conocer si hubo sobreprecios en las obras investigadas.

Piden que Suecia investigue la empresa El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), una ONG dedicada a perseguir los delitos de cuello blanco, reclamó al gobierno de Suecia que investigara las prácticas de la empresa Skanska, la constructora que tiene su casa matriz en ese país. Para ello, el Cipce presentó ante el fiscal anticorrupción sueco, Christer van der Kwast, un informe sobre casos de corrupción que involucran a la empresa en la Argentina y en otros países, titulado “Corrupción, daño ambiental y malas prácticas corporativas. El caso Skanska”. “El informe presentado tiene como misión que el gobierno sueco conozca cómo se comporta Skanska en el resto del mundo e incentivarlo a que investigue si los directivos de la compañía en Suecia tuvieron responsabilidad en el caso argentino”, dijo a LA NACION Pedro Biscay, director ejecutivo del Cipce. De acuerdo con ese documento, la empresa sueca estuvo involucrada directa o indirectamente en casos de corrupción en Perú, Colombia, Uganda, Malasia, Sri Lanka, Ghana y la isla de Malta. El caso peruano está referido a la ampliación del Gasoducto Camisea. Según la información del Cipce, la empresa Eldaco Sac, contratada por un consorcio del que formaba parte Skanska Perú, denunció la “enorme corrupción con la que se estaba llevando a cabo el proyecto” y la violación de las normas de protección ambiental. En Uganda, Skanska intervino en la construcción de la represa de Bujagali, considerada por Transparencia Internacional, en su informe de 2005, uno de los seis monumentos a la corrupción en todo el mundo.

En San Martín

Cambios en la justicia militar

Procesan a represores

Investigan a sindicalistas

El juez federal Daniel Rafecas procesó ayer con prisión preventiva a dos represores acusados de haber actuado en centros de detención ilegal del I Cuerpo de Ejército durante la última dictadura militar. El fallo recayó sobre el policía retirado Ricardo Taddei, que el mes pasado se convirtió en el primer represor extraditado desde España tras la anulación de las leyes del perdón, y sobre el militar retirado Enrique del Pino. El magistrado encontró a ambos responsables de haber actuado en los centros clandestinos de detención Club Atlético, Banco y Olimpo. Hoy, los dos están presos en la cárcel de Marcos Paz. A Taddei, que se hacía pasar por cura para hacer confesar a los secuestrados, se le atribuyen 158 casos de secuestros agravados y torturas. A Del Pino, 120. Con ellos, la causa ya tiene 17 procesados.

La Justicia comenzó a investigar una denuncia presentada por el intendente de San Martín, Ricardo Ivoskus, contra el ex líder del sindicato municipal Jorge Carranza por presunta administración fraudulenta en el sistema de coseguro médico asistencial en la comuna por un monto de más de 2.000.000 de pesos. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 inició el juicio oral a Carranza. Ivoskus presentó una denuncia a poco de asumir en el cargo y luego de verificar la falta de rendiciones y auditorías que debería haber presentado el sindicato municipal respecto de partidas en concepto de “coseguro médico asistencial” para el personal municipal. “El total de lo abonado en concepto de coseguro médico por el municipio [de San Martín] a la entidad gremial, sin perjuicio de nuevos peritajes, asciende a $ 3.908.047”, dijo la fiscalía.

DYN

La ministra de Defensa, Nilda Garré, expuso ayer la reforma para el Código de Justicia Militar ante los diputados de la Comisión de Defensa; el juez de la Corte Eugenio Zaffaroni participó porque colaboró en el proyecto.

Reclamo del GAFI

El Senado aprobó la norma que tipifica el delito de terrorismo El proyecto de ley pasó a Diputados Por Gustavo Ybarra De la Redacción de LA NACION El Senado aprobó ayer y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que tipifica el delito de terrorismo –al que define como una asociación ilícita– e incorpora al Código Penal la figura del financiamiento de ese tipo de actividades ilícitas, con penas de prisión que van desde los cinco años hasta la reclusión perpetua. La iniciativa fue enviada a la Cámara alta por el Poder Ejecutivo en noviembre último con objeto de cumplir con las presiones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que reclama la adecuación de la legislación nacional a normas globales sobre represión del lavado de dinero. En el Gobierno ayer se mostraron conformes con la iniciativa y afirmaron que hoy se trataría en comisión en Diputados. Es que el proyecto deberá estar sancionado en el transcurso del corriente mes, ya que, de lo contrario, el organismo aplicaría sanciones al país. Desde el oficialismo se intentó minimizar esas presiones al asegurar que la adecuación del Código Penal respondía a una “política de Estado” y a “compromisos internacionales ante las Naciones Unidas” asumidos por el presidente Néstor Kirchner. “Lo que estamos haciendo es armonizar el derecho penal interno con el internacional”, afirmó la senadora Vilma Ibarra (Partido de la VictoriaCapital Federal).

Justificaciones Por su parte, la salteña Sonia Escudero (PJ), justificó las modificaciones introducidas en el Código Penal en el hecho de que “la tipificación incluida en la ley 25.241, conocida como la ley del arrepentido, no alcanzaba para penalizar el terrorismo”. El proyecto fue cuestionado por la oposición, en particular por la laxitud de la definición de actividades terroristas que establece, aunque sólo el socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe), se manifestó abiertamente en contra. La UCR planteó disidencias, pero finalmente apoyó la iniciativa que, así, resultó aprobada por una abrumadora

mayoría de 51 votos favorables y uno sólo en contra. En su parte esencial, el texto aprobado ayer por el Senado define la actividad de terrorismo como la participación en “una asociación ilícita cuyo propósito sea aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”. Para cuadrar en esta delimitación, la asociación ilícita deberá tener un plan de acción destinado a propagar el odio étnico, político o religioso; estar organizada en redes operativas internacionales y disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o integridad de un número indeterminado de personas. En este caso, las penas van de 5 a 20 años de prisión o reclusión, elevándose la escala de 10 años a reclusión perpetua para quienes hayan participado en la fundación de esa asociación ilícita. La otra novedad es la incorporación de un artículo que reprime con prisión de 5 a 15 años al que “recolectare o proveyere bienes o dinero para financiar a una asociación ilícita terrorista”. Según explicó Ibarra, la penalización “es autónoma” de la concreción o no del atentado. Desde el radicalismo, el formoseño Luis Naidenoff cuestionó el encuadramiento del terrorismo como una asociación ilícita –la calificó de “figura jurídica muy controvertida” que habilita “el abuso del uso de la prisión preventiva”–, pero al final la UCR votó con el oficialismo. El único rechazo a la iniciativa fue del socialista Giustiniani, que criticó la “ambigüedad” de los términos aplicados para definir terrorismo y dijo que responden “a un concepto desarrollado desde la concepción republicana que dio lugar a la guerra preventiva de Estados Unidos contra Irak”. Más aún, el senador socialista recordó que el actual juez de la Corte Raúl Zaffaroni se opuso en anteriores ocasiones a la “creación artificiosa de bienes jurídicos públicos” porque “no hacen más que penar la rebelión contra la autoridad”.