Política

Sábado 24 de marzo de 2007

LA NACION/Página 14

Bajo la lupa: las supuestas coimas en la construcción de un gasoducto Comienzo  En diciembre de 2005, la AFIP-DGI denunció una maniobra de evasión tributaria de más de cien empresas que usaban facturas falsas que vendía la firma CalibánInfiniti.

Indagatoria En marzo de 2006, el juez penal tributario Javier López Biscayart  indagó a Adrián López, apoderado de Infiniti, quien dijo que la firma Skanska usó sus facturas para pagar coimas en el Gasoducto Norte.

Fuero federal

Allanamientos

En febrero de 2007, a raíz de una nueva denuncia en el fuero federal, el juez Guillermo Montenegro y el fiscal Carlos Stornelli comienzan a investigar las presuntas coimas.

La semana última, López Biscayart allanó las secretarías de Obras Públicas y Energía, el Enargas –tres áreas que dependen del ministro de Planificación Julio De Vido– y Nación Fideicomisos.

La Cámara Federal ordenó reabrir una causa contra De Vido Es por la compra de quince locomotoras

LA NACION

Por Paz Rodríguez Niell

Pidieron anular el principal testimonio del caso Skanska Es la indagatoria en la que Adrián López habló de pagos “a gente del Gobierno” Por Jorge Urien Berri De la Redacción de LA NACION A partir de dos fuentes de la causa y de una de las actas, LA NACION averiguó que la indagatoria del preso más importante del caso Skanska, Adrián Félix López, efectuada hace un año, no sólo fue dramática porque duró cuatro días y López habló de “pagos a gente del Gobierno” por la ampliación del Gasoducto Norte. Además, lo ocurrido con su defensa generó un planteo de nulidad que podría liquidar esta declaración en la que López también mencionó en tono potencial al ministro de Planificación Federal, Julio de Vido. López fue indagado por una enorme maniobra de evasión tributaria de más de cien empresas mediante facturas falsas de la firma CalibánInfiniti, de la que era apoderado. Una de esas empresas era la filial argentina de la constructora sueca Skanska, encargada de construir una planta impulsora del gasoducto. En los cuatro días del interrogatorio del juez en lo penal tributario Javier López Biscayart, aparecieron elementos que, una semana atrás, llevaron al magistrado a allanar el Enargas y las secretarías de Obras Públicas y Energía, que dependen de De Vido, y Nación Fideicomisos, cuyo gerente, Néstor Ulloa, fue mencionado por López. Antes de la indagatoria, el juez había allanado el domicilio de López, hoy procesado y preso en el penal de Marcos Paz, como jefe de una asociación ilícita fiscal, y le había secuestrado boletas de Infiniti destinadas a Skanska. Según las dos fuentes, al promediar la indagatoria y ante una pregunta so-

bre las facturas para Skanksa, López respondió que, según supo por personal de esa empresa, “esta operatoria [la de las boletas de Infiniti para Skanska, que sumarían varios millones de pesos] es para pagar a gente del Gobierno”. En el acta del último día de la indagatoria, se lee que López declaró: “Recibí unos cheques, los deposité en la cuenta y le devolví el dinero. Eran [se refiere a los cheques] de Scamca [por Skanska] para Infiniti. No sé cuál era el destino final de ese dinero; me puedo imaginar un montón de cosas. Tengo información de que el monto de la totalidad de las obras era aproximadamente de mil quinientos millones de pesos que se lo dio [sic] un funcionario público que sería De Vido, pero no lo puedo asegurar”.

En la última foja, se lee: “Respecto a De Vido, no tiene ninguna prueba; sólo fue algo que escuchó, un comentario”.

Sucesión de abogados Skanska compró las facturas de Infiniti en las que esta firma le facturó servicios que en realidad no brindó a Skanska. Así se habrían justificado pagos millonarios que Skanska no podía declarar. La casa central apartó a seis gerentes de la filial argentina, que pagó alrededor de doce millones de pesos por lo evadido y las multas. Un informe interno de la firma consigna que se habrían pagado comisiones. Las dos fuentes relatan que en el tercer día de su indagatoria, López se encontró con la sorpresa de que se quedaba sin defensor. En una conversacíon telefónica

Otras obras bajo sospecha Además de la causa del juez Javier López Biscayart en el fuero penal tributario, hay otra en el federal donde se investigan las presuntas coimas del caso Skanska. Está a cargo del juez Guillermo Montenegro y del fiscal Carlos Stornelli, y entre ellos y López Biscayart se ha planteado un conflicto de competencia que se perfila largo y trabajoso. El propio fiscal de López Biscayart, Germán Bincaz, le ha negado la competencia para investigar las posibles coimas que surgieron en el marco de la causa por evasión de impuestos. López Biscayart apeló esa negativa ante la Sala B de la Cámara en lo

Penal Económico. A su vez, Montenegro y Stornelli apelarán ante su superior, la Cámara Federal. Mientras tanto, en la fiscalía de Stornelli lamentan la falta de colaboración de López Biscayart y han decidido investigar el caso desde cero. Para eso, Stornelli le pidió a Montenegro que solicitara a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) la nómina de todas las obras públicas encaradas por el Gobierno para investigarlas una por una. En esta causa federal, el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, ha respondido a Montenegro que el Gasoducto Norte fue una obra privada financiada con fondos privados de un fideicomiso.

grabada por orden judicial, López había comentado que, como Skanska quería conocer su oficina, pensó en pedirle prestado el estudio al abogado Rafael Gonzalo Fuentes y Arballo, aunque luego no lo hizo. Pero Fuentes y Arballo era su defensor y estaba presente en la indagatoria. Esto habría obligado al juez a advertirle que lo imputaría. Fuentes y Arballo tuvo que renunciar a la defensa después de llamar a un colega para que lo reemplazara inmediatamente. Este colega también renunció a la defensa de López, apenas terminó la extensa indagatoria. Tras indagar a Fuentes y Arballo, primer abogado de López, el juez lo sobreseyó. En esta carrera de postas, finalmente un defensor oficial se hizo cargo de López y, ante lo ocurrido, pidió anular la indagatoria. La Sala B de la Cámara en lo Penal Económico rechazó el pedido, pero el defensor acudió a la Cámara de Casación, que tendrá la última palabra. “No tengo conocimiento de otro caso en el que un defensor pase a convertirse en acusado prácticamente en la indagatoria de su defendido – se asombra una de las fuentes–, pero entiendo que el juez estaba obligado pues debía garantizar la defensa del imputado.” ¿Qué ocurrirá si se anulara la indagatoria? “Se vuelve a indagar a López y, si él quiere, dirá lo mismo que hace un año”, responde una de las fuentes. ¿Querrá López? Por medio de sus familiares y su defensor oficial, López respondió que por el momento no aceptaba una entrevista con LA NACION. Casación también debe resolver su pedido de excarcelación.

Suma

De la Redacción de LA NACION El ministro de Planificación, Julio de Vido, volverá a ser investigado por un supuesto hecho de corrupción. La Cámara Federal porteña ordenó reabrir un expediente contra el funcionario por el presunto pago de sobreprecios en la compra de locomotoras usadas a una empresa japonesa. Antes de renunciar a su cargo, el ex juez Jorge Urso había dado por concluida esta causa y había sobreseído a los imputados (entre quienes se encuentra también el secretario de Transporte, Ricardo Jaime), pero el fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, apeló esa decisión por “prematura” y la Cámara Federal compartió ese criterio. En un fallo del martes pasado, los cama- Julio De ristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi devolvieron la causa al juzgado y le ordenaron al nuevo instructor, el subrogante Marcelo Martínez de Giorgi (que reemplaza a Urso), que cumpliera con una larga lista de medidas de prueba pendientes. La causa se inició en 2004 por una denuncia del abogado Juan Carlos Iglesias, que sostuvo que el Gobierno había comprado “sin razón alguna” y “con sobreprecios” locomotoras, que en “el 20 por ciento de los casos estaban desguazadas”. Los vehículos habían sido adquiridos en los años 90 por Transportes Metropolitanos, pero tras la crisis de

2002, la firma dejó de pagar y los japoneses iniciaron un juicio. La Secretaría de Transporte alegó ante el magistrado que la compra evitó la paralización del servicio y que se logró un excelente acuerdo con los vendedores. Según relata el fallo de Cámara, los hechos investigados son tres: ● La decisión de abonar con fondos estatales 21 millones de pesos más IVA para la compra de 15 locomotoras “cuyo costo no excedía los siete millones de pesos” –según los dichos del denunciante– y “cuyo pago estaba a cargo del concesionario”. Según los camaristas, todavía no se sabe si el monto pagado por las locomotoras “fue el adecuado”. Por eso, le pidieron al juez que ordenara un peritaje para precisar en qué grado de conservación se encontraban las máquinas y saber así si se había pagado Vido un sobreprecio. ● La supuesta omisión de los funcionarios públicos de cumplir con su deber de controlar a las empresas concesionarias permitió “de esa manera el deterioro del servicio e incluso la muerte y lesiones de algunos de sus usuarios”. ● Las vinculaciones que mantendría un supuesto grupo económico, el grupo Taselli, con funcionarios del Gobierno. Según la denuncia, Sergio Taselli y compañía tendrían a su cargo la explotación de las ex líneas San Martín, Roca y Belgrano Sur, y habrían obtenido beneficios improcedentes gracias a sus contactos con miembros del Gobierno.

Un solo juez para Greco ■ Las dos causas que investigaban en forma paralela las irregularidades en el abortado pago al grupo Greco se unificarán la semana próxima, cuando toda la indagación quede a cargo del juez federal Sergio Torres. Ese magistrado instruye desde enero la causa que inició la ministra de Economía, Felisa Miceli, contra abogados de su cartera, a quienes acusó de promover el pago. Torres pidió informes a varios organismos para reunir todos los antecedentes. La otra causa se abrió por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans contra Miceli. Como es posterior, el juez Ariel Lijo ordenó anexarla a la de Torres.

Por Nik

Breves GREMIALES

Reclamo de Utedyc por mejoras salariales ■ Afiliados a la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc), se movilizó en los últimos días hacia la sede del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para acompañar los reclamos de los empleados de esta institución. Las razones de la manifestación de Utedyc son la creación de un Convenio Colectivo de Trabajo, las negociaciones salariales, la promoción anual de categorías por mérito, la instrumentación de programas de entrenamiento profesional a cargo del Colegio Público de Abogados y el llamado a concurso interno para cubrir vacantes o puestos nuevos. INTERNA POLITICA

Convocan a la convención del MID

Camino al juicio oral

Impulso al caso de los sobornos en el Senado La causa que investiga si funcionarios del gobierno de la Alianza sobornaron a senadores justicialistas para que aprobaran la ley de reforma laboral avanza en su camino hacia el juicio oral. La Cámara Federal porteña respaldó esta semana la decisión del juez federal Daniel Rafecas de dividir la investigación: enviar al tribunal la primera parte de la causa para que sea juzgada “sin dilaciones” y seguir trabajando sobre la segunda, que investiga la responsabilidad del ex presidente Fernando de la Rúa en el pago de las presuntas coimas. El fallo de la Cámara fue en respuesta a un pedido del ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes, que sostuvo que “juzgar separadamente a los distintos partícipes por el mismo hecho supone una clara afectación de las garantías del debido proceso”.

Cuando se enteró de que la causa se dividiría, Santibañes presentó un recurso para evitar que esto se concretara y sostuvo, además, que quedaban pendientes de producción pruebas que él había pedido. El juez rechazó su recurso. Por eso, Santibañes fue en queja a la Cámara, que esta semana avaló lo resuelto por Rafecas en un fallo que lleva las firmas de los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi. El tribunal de apelaciones entendió que es válido juzgar a una primera tanda de acusados “a fin de no demorar el paso de un proceso a la siguiente etapa” y para no “dilatar” el juzgamiento de los hechos. Santibañes es uno de los nueve procesados por “cohecho” que deberán enfrentar un tribunal oral acusado por los presuntos sobornos.

■ La Convención Nacional del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), se autoconvocó para sesionar el 31 del actual, a partir de las 10, en el teatro Empire, de Hipólito Irigoyen al 1900. Apoyados por los funcionarios nacionales afiliados al MID, como José Granero, titular de la Sedronar, y Héctor Valle, presidente del Fondo Nacional de las Artes, los delegados intentarán oponerse al acercamiento electoral a Roberto Lavagna, establecido por la conducción del partido. DONACION

Mussi dio un predio al sindicato de prensa ■ El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, otorgó al Sindicato de Trabajadores de Prensa (Sitrapen) un predio, en comodato, en la localidad de El Pato y de más de 13.000 metros cuadrados que el gremio destinará a construir un recreo de esparcimiento. El Sitrapen, que conduce el secretario general Luis Giménez, venía realizando distintas gestiones por este lugar que pudiesen utilizar no sólo sus afiliados y jubilados sino los habitantes de Berazategui.