POLITICA

Martes 8 de noviembre de 2011

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Por NIK

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SENTENCIA POLEMICA s SE CONOCIERON LOS ARGUMENTOS PARA SOBRESEER A MENEM

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Armas: no hubo contrabando, pero sí otros delitos, dice el fallo Los demás ilícitos están prescriptos; el tercer juez votó por condenar a Menem JORGE URIEN BERRI

ció únicamente a un designio político enmarcado en el diseño y ejecución de la política exterior del país, articulada en una fina sintonía con la geopolítica de los Estados Unidos, en función de la que se vendió armas a países en conflicto y que provocó que se despojara al Ejército Argentino de parte de su patrimonio y que se percibiera y distribuyera entre los imputados sumas de dinero «como retribución» al aporte de conductas ilícitas. Obviamente, esa decisión política sólo podía emanar del jefe del Estado”.

LA NACION La venta clandestina de armas del Ejército Argentino a Croacia y a Ecuador entre 1991 y 1995 fue una operación autorizada por el ex presidente Carlos Menem y en la que se malversaron bienes estatales y se pagaron coimas, pero no configuró el delito de contrabando. Tal la síntesis del voto de dos de los tres jueces del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 en la sentencia cuyos fundamentos se conocieron ayer, casi dos meses después del veredicto que sobreseyó a Menem, al ex ministro de Defensa Oscar Camilión y a los otros 16 acusados, porque, sostienen los jueces Luis Imas y Horacio Artabe, los otros delitos prescribieron, mientras que el de contrabando, el único con el cual fue elevada a juicio la causa, no se cometió, pues “la mercadería exportada no se escondió, no se ocultó al organismo de control [la Aduana] y no hubo un encubrimiento de la verdad”. En cambio, el tercer juez, Luis Gustavo Losada, chocó frontalmente con sus colegas en el fallo que suma 3130 páginas. Losada afirmó que hubo contrabando, y Menem y casi todos los imputados son culpables. En el caso de Menem, porque como presidente violó “el mandato constitucional del mantenimiento de la paz” al autorizar ventas a zonas en conflicto y, por ese motivo, el armamento estaba “sujeto al control aduanero”. La audiencia de ayer fue la más breve y menos concurrida de los tres años que duró este peculiar juicio oral. Imas, presidente del tribunal, informó que dado el volumen de la sentencia (casi ocho cuerpos) y en virtud de antecedentes como el del juicio por la voladura de la AMIA, no se leería el fallo y se entregaría a las partes y a la prensa un DVD con el texto. “Salvo que alguna de las partes pida la lectura”, agregó Imas con aplomo. Un temeroso silencio reinó en la sala. Las partes cruzaron miradas

Papel del Ejército

TELAM

Menem sale de los tribunales tras su sobreseimiento hace dos meses de soslayo. Sólo el fiscal Marcelo Agüero Vera (el otro, Mariano Borinsky, integra ahora la Cámara de Casación) mostró coraje al pedir copia en papel. Al salir, y ante una consulta de LA NACION, el fiscal respondió que apelará la sentencia ante Casación. Lo mismo hará la querella de la Aduana, pese a la reciente renuncia

de Carlos Lobos Oroño, ex jefe de la División de Asuntos Penales, quien dejó el organismo porque, dijo, sus cuestionamientos al veredicto le valieron una fuerte crítica de sus jefes de la Aduana. En la sentencia hay tramos del voto de Imas y Artabe que provocarán alguna polémica. Por ejemplo: “El envío de armas y municiones obede-

Hubo plena coincidencia de los tres jueces al destacar el activo papel del Ejército que comandaba el teniente general Martín Balza, sobreseído hace años y actual embajador en Colombia, a quien ordenaron investigar por falso testimonio por su declaración en este juicio. También coincidieron al considerar que no se probó que Yoma cobrara coimas, pese a los dichos de su ex secretaria Lourdes Di Natale, del ex titular de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga y del cambista Pedro Stier. Los tres jueces siguieron el criterio del defensor de Yoma, Mariano Cúneo Libarona, quien sostuvo que Di Natale, ex pareja suya, no pudo declarar (murió al ser arrojada por una ventana, según un peritaje de la Policía Federal), mientras que Sarlenga ratificó su denuncia, pero se negó a responder preguntas, y Stier no aportó documentación. En definitiva, la de las armas demostró ser una causa de corrupción plagada de delitos que, para la justicia argentina, siempre están en el lugar o el tiempo equivocados. Cuando se tramitaba en el fuero federal y se acusaba al ex presidente y a los demás ex funcionarios de asociación ilícita y falsedad ideológica de los tres decretos que firmó el ex presidente para permitir las ventas, la Corte con mayoría menemista eliminó la falsedad ideológica y la asociación ilícita. Quedó el contrabando, que ahora, para Imas y Artabe no existió.

FALLO DE LA CAMARA FEDERAL

Moneta fue procesado por intento de extorsión La Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Raúl Moneta, ex banquero y empresario de medios, por haber intentado extorsionar a los antiguos accionistas de Cablevisión. La causa comenzó en 2005, cuando los abogados de Cablevisión, Alfredo Iribarren y Francisco Castex, denunciaron que Moneta coaccionaba a los socios de esa firma –los grupos HMTF y VLGLiberty– para que le pagaran 40 millones de dólares y le cedieran parte de las acciones, con la amenaza de denunciarlos ante la Justicia. En junio último, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó a Moneta y le impuso un embargo de 25 millones de pesos. El jueves último, la Sala II de la Cámara, integrada por Horacio

Cattani, Martín Irurzun y Edgardo Farah, confirmó el procesamiento, pero revocó el embargo. La Justicia probó que Moneta habría ejercido una influencia decisiva sobre los jueces Juan José Mahdjoubian, que fue destituido, e Ismael Muratorio, que renunció. Aquella causa que había iniciado Moneta para presionar a Cablevisión fue desbaratada por la Sala IV de la Cámara del Crimen, que en un fallo habló de forum shopping, una práctica por la cual Moneta terminaba digitando a los jueces. Uno de los camaristas de ese tribunal, Alfredo Barbarosch, tuvo una actuación decisiva, lo que le valió que 70 diputados lo denunciaran. Barbarosch los demandó y varios de los diputados reconocieron en la Justicia que habían firmado el escrito bajo engaño.