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POLÍTICA

| Jueves 20 de marzo de 2014

Apartan al juez que investigaba a Abal Medina y a Scoccimarro

El magistrado que impulsó la causa Bonadio se convirtió en uno de los jueces más duros con el Gobierno

Verano caliente Claudio Bonadio, el juez que en 2013 ordenó capturar a Ricardo Jaime, tomó decisiones muy duras contra el Gobierno en los últimos meses: allanó la Unidad de Información Financiera (UIF) por el caso Báez y citó a indagatoria a Juan Manuel Abal Medina y Alfredo Scoccimarro

revisión. La Cámara marginó a Bonadio y dejó

sin efecto las indagatorias de los funcionarios por un spot emitido en Fútbol para Todos Paz Rodríguez Niell LA NACION

El vocero presidencial, Alfredo Scoccimarro, y el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina estaban a un paso de ser procesados por malversación de fondos, por una propaganda oficialista emitida en Fútbol Para Todos, pero ayer la Cámara Federal firmó un fallo que anuló casi toda la causa en su contra. La Sala I del tribunal dejó sin efecto las indagatorias de ambos; apartó al juez que los investigaba, Claudio Bonadio, y retrotrajo el expediente a sus inicios. Los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler sostuvieron que Bonadio no había dado respuesta adecuada a un planteo del defensor de los acusados, Diego Pirota (abogado también de Amado Boudou). El había presentado una “excepción de falta de acción por inexistencia de delito” y había pedido el sobreseimiento inmediato de los acusados, Pero Bonadio rechazó la presentación sin darle trámite. La denuncia que dio origen a la causa es por un spot emitido el 11 de agosto de 2012, en el entretiempo de un partido de River. “Hoy que el subte está en boca de todos es un buen momento para repasar algunas cosas”, empieza. Dura más de dos minutos, lleva la firma de “Presidencia de la Nación” y critica, en un tono informal, por momentos burlón, la actuación del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, durante la pelea por el traspaso de los subtes.

Cuando la defensa de los acusados pidió que la causa se cerrara sin siquiera investigarse, Bonadio se opuso y anunció que resolvería si existía o no delito en el “momento oportuno” . Según él, lo que pedía la defensa era, en realidad, una definición sobre “el fondo” del asunto, algo que iba a hacer después de tomarles indagatoria a los acusados. Bonadio siguió avanzando y citó a indagatoria a Abal Medina, a Scoccimarro, y a otros dos imputados: el ex subsecretario de Comunicación Pública Rodrigo Rodríguez, dirigente de La Cámpora, y el subsecretario de Comunicación y Contenidos de Difusión, Gustavo Fernández Russo. En los próximos días, Bonadio tenía previsto decidir si los procesaba por el delito de malversación de caudales públicos. Ahora, la causa ya no está en su juzgado. La Cámara lo apartó y ordenó que se sorteara un nuevo juez. Quien lo reemplazará será Marcelo Martínez de Giorgi. Según los camaristas, Bonadio tuvo un “obrar inadecuado”, porque “soslayó las legítimas pretensiones de las partes” y, además, “omitió satisfacer las indicaciones que le dirigiera la Cámara [en un fallo previo]”. Lo que el tribunal le reprocha al juez es, por un lado, no haberle dado trámite a la “excepción de falta de acción” intentada por la defensa; pero además, no haber contestado debidamente una vieja presentación del fiscal del caso, Federico Delgado. Lo primero que hizo el juez cuando recibió la denuncia, en 2012, fue

Freno de la Cámara La Sala I de la Cámara Federal –la sala más afín al gobierno nacional– anuló ayer las indagatorias y corrió a Bonadio del caso contra Abal Medina y Scoccimarro Causa en el Consejo Esta semana, el kirchnerismo reactivó una vieja causa contra Bonadio en el Consejo de la Magistratura y pidió citar al juez por supuesto “mal desempeño”

enviársela a Delgado para que decidiera si impulsaba la investigación. Delgado no lo hizo. Pidió que el caso se cerrara. Entendió que el hecho no era delito porque, a su juicio, lo que había hecho la Presidencia en el spot era fijar su posición respecto de una política pública, la transferencia de los subtes. Entonces, Bonadio cerró el expediente, pero en aquel momento la Cámara lo reabrió. El tribunal sostuvo que, más allá de la opinión del fiscal, había otros acusadores, los querellantes, que son dos legisladores porteños del macrismo (Cristian Ritondo y Daniel Presti). El criterio general de la Sala I es que alcanza con el impulso de las querellas. No obstante, ahora el tribunal le reprocha a Bonadio no haberle respondido al fiscal. La Cámara afirmó que Bonadio podría haber “aprove-

chado” el planteo de las defensas para contestar el “olvidado pedido del fiscal”. Obliga así al próximo juez a volver a empezar casi de cero. Abal Medina se refirió ayer al fallo vía Twitter. Contestó un mensaje que le decía que debería estar preso. “Disculpame pero si no cometes ningún delito en una República no podes ir preso, lo siento x vos pero es así”, sostuvo el ex jefe de Gabinete. Y agregó: “Y el que dijo que no habia delito fue el fiscal!!!” Mientras tanto, el kirchnerismo intentará avanzar hoy contra Bonadio en el Consejo de la Magistratura. El representante del Poder Ejecutivo en el organismo, Julián Álvarez, reactivó una vieja denuncia contra el juez y pidió que lo citaran como acusado de “mal desempeño”, paso previo a abrirle un juicio político.ß

La Justicia amplió la causa contra Oyarbide por la financiera e investigará a Liuzzi Un policía ratificó que el empresario Greppi dijo que había hablado con Zannini Hernán Cappiello LA NACION

La Justicia amplió ayer la causa en la que se investiga al juez federal Norberto Oyarbide por detener el allanamiento a una financiera de la City tras recibir una llamada del Gobierno. Ahora se tratará de determinar si la conducta del juez es delictiva y si puede considerarse una violación de sus deberes de funcionario, un tráfico de influencias o encubrimiento. Mientras esta investigación se desarrolla en Tribunales, hoy el caso Oyarbide será tratado por el Consejo de la Magistratura. Allí podrían notificar al juez de las denuncias en su contra y darle tiempo para que, si quiere, las responda. No obstante, el senador y consejero radical Mario Cimadevilla, adelantó a la nacion que pedirá que se abrevien los plazos y se cite al magistrado directamente como acusado de mal desempeño. “Hay elementos suficientes para citarlo a decla-

rar por su mal desempeño, que está confeso”, afirmó Cimadevilla. Por lo pronto, en la causa penal, el fiscal Ramiro González pidió que juez Luis Rodríguez investigue tanto al grupo de policías acusados de pedir coimas durante el operativo como al juez Oyarbide, que frenó el procedimiento. El magistrado argumentó que tomó la decisión porque el subsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Liuzzi, le informó que una comisión policial estaba extorsionando al dueño de la financiera Guillermo Greppi, pidiéndole US$ 300.000 para dar por concluido el allanamiento. Liuzzi también está alcanzado en esta ampliación de la causa iniciada por la denuncia de los diputados nacionales Manuel Garrido, José Cano y Mario Negri (UCR). Allí se analizará si cuando el funcionario habló con Oyarbide actuó denunciando un delito que llegó a su conocimiento –porque Greppi le avisó– o si buscó frenar el procedimiento para no perjudicar a su amigo. Mientras tanto, en la causa en la que se investiga el pago de sobornos, otro de los policías investigados ratificó en una declaración espontánea –por escrito y sin juramento de decir la verdad– lo que habían dicho sus

jefes: que Greppi mencionó que estaba hablando con Carlos Zannini, el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia. La declaración fue brindada por Juan Ignacio Saizar, quien intervino en el allanamiento de Propyme. El policía narró que cuando llegó Greppi a las oficinas se puso a gritar “desaforadamente” e, insul-

Di Lello: “Boudou debe explicar” bbbbb El fiscal federal Jorge Di Lello consideró que el vicepresidente Amado Boudou debe declarar “ya” como acusado en la causa que investiga el rescate de la ex Ciccone, al sostener que “si cometió un delito, no puede estar al frente de una nación”. Para el fiscal, Boudou debe explicar “si intervino, y si intervino tiene que aclarar su posición”, y, en declaraciones a Radio América, afirmó que “si el vicepresidente cometió un delito, no puede estar al frente de una nación; si no lo cometió, tiene que tener plenitud para hacer útil su gestión”.

tando de manera impersonal, exclamó: “Siempre que me necesitan, yo los ayudo. Me mandaste a allanar por Oyarbide. Sacame a la policía de acá”, afirmó el policía. Saizar, a quien patrocina la abogada Valeria Corbacho, dijo que Greppi les advirtió que los iba a hacer echar y poner de “patitas en la calle”. Cuando el procedimiento ya había quedado paralizado por orden de Oyarbide, el empresario los despidió en la puerta de la financiera y, mientras los saludaba, les dijo como sobrándolos: “¿Vieron?... Yo les dije que esto lo paraba”, declaró el agente. Recordó que cuando bajaban desde el piso 20, el sargento primero César Ceballos le preguntó quién era Zannini, a lo que le respondió que era el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia. “Nuestro culo no va a valer nada”, dijo Saizar que le comentó Ceballos. En el juzgado de Rodríguez, el caso avanza con la toma de declaraciones a los empleados de la financiera. El empresario presentó un pedido para que lo consideren querellante en la causa, lo que le permitiría pedir medidas de prueba contra los policías. Para reforzar su frente legal Greppi incorporó al abogado Carlos Broitman para que lo patrocine.ß

El privilegio de los que tienen amigos poderosos Los policías, que habrían exigido indebidamente sobornos, y un superior jerárquico policial, que según el financista, ante su llamada de teléfono, se lavó las manos sin interceder para ayudar a su “amigo”, pero que tampoco cumplió con su deber de transmitir la denuncia de la irregularidad por las vías legales. b Los funcionarios del Poder Ejecutivo, que reaccionaron a la llamada de teléfono del “amigo” en problemas influyendo sobre el juez, también por vía telefónica, dando por cierto lo que les transmitía ese “amigo”, por provenir de quien provenía y sin adoptar ninguna acción oficial para verificarlo ni tampoco denunciar por la vía legal los hechos de que se hicieron eco. b Y el juez, que frustró indebidamente procedimientos en curso que él mismo había ordenado para obtener pruebas de un delito que investigaba sólo para honrar su “amistad” con un subsecretab

opinión Manuel Garrido PARA LA NACION

L

as revelaciones recientes del juez Oyarbide y la discusión posterior –en la que aun periodistas críticos titubearon sobre el comportamiento manifiestamente ilegal de varios de los involucrados en los sucesos– descubren una amplia gama de comportamientos cuyo análisis permite apreciar en qué medida en nuestro país se ven como normales situaciones manifiestamente irregulares. Lo sintomático del caso reside en que ninguno de sus protagonistas actuó conforme a la ley: b El responsable de la financiera allanada, tratando de mover sus influencias y “amistades” a través del teléfono para conseguir una intervención salvadora contra el abuso policial y contra la continuidad del allanamiento, que fue lo que finalmente logró.

rio del Poder Ejecutivo, al que reconoció a partir de un mero golpe de teléfono y al que por ser “amigo” creyó u obedeció, hasta el extremo de ir en contra de sus propias decisiones adoptadas en un expediente oficial. Parece innecesario tener que explicar que el uso de las conexiones, el tráfico de influencias, el acomodo y la “gauchada” no son el modo legal y formal por el que deben hacerse valer los derechos y reclamos en una sociedad democrática. Sin embargo, llamativamente esto no fue objeto de discusiones y dudas en las mesas de café y en los debates de la semana porque la llamada al “amigo” es una conducta vista como natural. La normalización de estos acomodos e intervenciones salvadoras también abre interrogantes acerca de la existencia y eficiencia de vías regulares eficaces para hacer valer derechos, especialmente frente a los abusos de la autoridad. La entronización de estos pro-

cedimientos informales degrada la democracia en la medida en que sólo tiene derechos y puede ejercerlos quien tiene amigos poderosos, consagrándose una discriminación derivada del mayor o menor alcance e influencia de los contactos. Hace ya tiempo Carlos Nino describía los efectos nocivos de esta anomia “boba”, en la que la inobservancia generalizada de las normas conduce a la ineficiencia y también a una frustración del valor justicia, como este lamentable caso ilustra. Resta saber ahora si el Consejo de la Magistratura ajustará esta vez su acción a lo que indica la ley o cerrará el círculo del incumplimiento de las reglas de convivencia, que la sociedad ha fijado y que son necesarias para su integridad y subsistencia.ß El autor es diputado nacional (UCR) y fue jefe de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas

el escenario

Las “cuevas”, gran caja del poder en el país Carlos Pagni —LA NACIoN—

Viene de tapa

Y en la urdimbre que vincula a Amado Boudou, José María Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele con la imprenta Ciccone hay una caja oscura llamada The Old Fund. En la protohistoria del kirchnerismo, cuando se ventilaron los sobreprecios en la construcción de gasoductos –el “caso Skanska”– aparecieron fábricas de facturas apócrifas para enmascarar el pago de comisiones. Estas sociedades forman parte de un inframundo por el que circula la plata negra de la corrupción pública y a través del cual se comprende, de manera cada vez más clara, el funcionamiento del país. Las “cuevas” ofrecen sus servicios a los funcionarios que quieren percibir los sobornos que han pactado. Es muy habitual que los contratistas del Estado, sobre todo los de obra pública, sufran demoras exasperantes para cobrar sus certificados. Cuando lo logran, reciben cheques posdatados con la indicación de la financiera donde pueden cambiarlos por efectivo, con una tasa de descuento. Esa tasa no corresponde al riesgo de incobrabilidad del cheque. El “cuevero” sabe que se lo van a pagar. Lo que cobra con la tasa es la coima del funcionario que le envió el cliente. Los proveedores del sector público integran sólo uno de los grupos que recurren a las “cuevas”. Cualquier pyme con dificultades para que un banco la financie termina descontando los cheques en esas casas marginales con un costo que puede ir del 70 al 100% anual. Para evitar obvios problemas de reputación, muchas entidades conocidas han constituido sociedades paralelas que operan en ese mercado sombrío. Es el mismo régimen oficial el que arroja a la informalidad a muchas empresas medianas y pequeñas. Para advertirlo basta comparar los requisitos que existen en la Argentina para abrir una cuenta corriente con los de cualquier otro país. Sin mencionar la extraordinaria presión impositiva que lleva a muchísimas sociedades a evadir una parte de su actividad para evitar la bancarrota. Ese margen “negro”, tan extendido, se opera a través de las cuevas. De modo que las asfixiantes regulaciones del sector formal amplían más y más el informal. Estas delicias del “proyecto nacional y popular” se vuelven dramáticas entre los más débiles. Al margen de las financieras reguladas por el Banco Central, existe una enorme cantidad de mutuales que otorgan créditos a empleados y jubilados. A esos desahuciados se les descuentan los préstamos con un código del recibo de sueldo. Pagan tasas a menudo usurarias. En algunos casos pueden superar el 100% anual. Propyme nació como una mutual de ese tipo. En la misma dirección de La Rosadita funcionaba La Única, que movía más fondos que la propia “cueva” de Elaskar. Este sector debería ser controlado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), que preside Patricio Griffin, un amigo personal de Alicia Kirchner. Antes lo condujo Norberto Bener, de La Cámpora. Paladines de la inclusión social. Parte del dinero con que se fondea esta gran telaraña de prestamistas proviene de la corrupción de los funcionarios. Para detectar ese sótano de plata negra no hace falta visitar la casa, digna de la tapa de Architectural Digest, que un miembro del gabinete se hizo construir en la urbanización The Roads, de Miami. Ni recorrer los interminables campos que un gobernador ambicioso viene comprando en la provincia de Buenos Aires. Tampoco disfrutar de las propiedades que un ministro municipal está adquiriendo, con documento europeo, en Italia. Alcanza con saber que para controlar como corresponde una elección en la Argentina hacen falta alrededor de $ 25 millones por turno. Es la propina que reciben los fiscales y que, por supuesto, no se declara ante la AFIP. De modo que en el puntapié inicial del juego democrático aparece ya la corruptela. The Economist dedicó su tapa de esta semana a “La nueva era del capitalismo de amigos”. Se refiere a un fenómeno dominante en los mercados emergentes, por el cual empresarios vinculados con la política, “en vez de agrandar la torta, sacan una tajada cada vez más grande de ella”. La Argentina figura en el undécimo lugar del índice de los países en los que progresan más los hombres de negocios mejor contactados. En el año 2007 estaba cinco lugares más abajo. México no se movió de la séptima posición. Y Brasil pasó de la 13a a la 14a. Los sectores más favorables a esta connivencia son, según ese tra-

bajo, la infraestructura, la energía y minería, los aeropuertos y la banca. Figuran también, antes que nada, los casinos, cuya expansión local, asociada a Cristóbal López, fue paralela a la consolidación del kirchnerismo. Los flujos de dinero negro han generado una institucionalidad poco visible y muy atractiva para las denominadas redes del crimen transnacional. Sólo una gran distracción podría desconectar los dispositivos de blanqueo que aparecen en los casos Oyarbide/Liuzzi/Greppi, Bonafini/Schoklender, Boudou/Ciccone o Báez/Elaskar con la estridente denuncia del episcopado católico sobre la radicación del narcotráfico. Un botón de muestra: a mediados de enero fue detenido por tráfico de drogas y lavado de dinero Ignacio Suris, amigo de Leonardo Fariña, el administrador de las sacas de Báez que llegaban a lo de Elaskar. Los narcos descubrieron antes que Axel Kicillof que la economía local es bimonetaria. Por la inusual facilidad para acceder al dólar, la Argentina ofrece para las organizaciones de delincuentes internacionales un encanto similar al que ofrecía Ecuador para los jefes de finanzas de las FARC: no por casualidad los dos más importantes, Jhon Faber Capera Tique y Juvenal Ovidio Palmera, cayeron en ese país. Además, los controles sobre adquisición de activos, tan severos para quienes pagan sus impuestos, se vuelven laxos para los criminales. Por ejemplo: cada vez que cae una familia narco se sabe que contaba con una flota de autos de alta gama para cuya adquisición, hay que suponer, habrá tenido que completar las planillas de la UIF. El círculo se cierra cuando el Gobierno promueve un blanqueo indiscriminado, que se va prorrogan-

Estas sociedades forman parte de un inframundo por el que va la plata negra de la corrupción Las “cuevas” ofrecen su servicio a funcionarios que quieren percibir sobornos pactados En vez de agrandar la torta, algunos empresarios sacan “una tajada cada vez más grande” do sin cesar: todavía está vigente el mecanismo para cambiar dólares no declarados por Cedines. Para el experto Edgardo Buscaglia, las redes financieras son canales en el blanqueo del narcotráfico. Pero “las actividades más relevantes que facilitan ese negocio son la compraventa de jugadores de fútbol, el sector agropecuario y el farmacéutico”. A propósito de esto último: todavía hay una causa judicial abierta sobre los fondos que derivaron a la campaña de Cristina Kirchner del año 2007 varias droguerías involucradas en el tráfico de efedrina. Uno de esos empresarios fue asesinado en el triple crimen de General Rodríguez. Elisa Carrió y Graciela Ocaña denunciaron a Aníbal Fernández como protector de esa banda. Para Fernández son calumnias. La estructura de reciclado de activos sospechosos, intrínseca a la corrupción, es la interfase entre la delincuencia organizada a escala internacional y las instituciones formales de la política. Una caracterización exhaustiva del fenómeno se puede encontrar en el paper Understanding the Structure of Transnational Criminal Networks operating in the US/Mexico Border and the Southeastern Border of the European Union, que acaba de publicar la Vortex Foundation, bajo la dirección de Luis Jorge Garay Salamanca. El problema de la baja calidad de la política y su vinculación con las redes de delincuencia va modelando la imagen internacional del país y tiende a instalarse en la agenda electoral. Es un desafío para todos los candidatos. Y una exigencia especial para peronistas como Daniel Scioli o Sergio Massa, que deberán tomar posición sobre lo que ha sucedido en la dimensión moral de la vida pública durante la “década ganada”.ß