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POLÍTICA

| Martes 11 de Marzo de 2014

Abal Medina defendió ante la Justicia el aviso contra Macri

Investigan si De Vido favoreció con fondos a las provincias “amigas”

publicidad oficial. Presentó un escrito en el juzgado de Bonadio; señaló que

no hubo malversación de fondos y sostuvo que en el spot “se contó la verdad” Hernán Cappiello LA NACIoN

El ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina defendió ayer ante la Justicia el aviso de publicidad oficial en el que el Gobierno descalificó a Mauricio Macri por su gestión de los subtes, al afirmar que “no sólo no se desviaron fondos de los destinados a la comunicación oficial, sino que además se dijo la verdad”. Abal Medina es investigado por el juez federal Claudio Bonadio por el delito de malversación de caudales públicos tras la denuncia de los diputados de Pro Cristian Ritondo y Daniel Presti, que señalaron que se utilizaron fondos públicos para fines políticos y no para la difusión de actos de gobierno mediante los avisos de publicidad oficial. Abal Medina, junto con su abogado Diego Pirota, llegó a los tribunales de Comodoro Py 2002, en Retiro, y subió al cuarto piso, donde Bonadio tiene su despacho. Allí pasó pocos minutos, pues dejó un escrito de una veintena de carillas en el que pidió su sobreseimiento. En ese escrito señaló, además, que el spot le fue solicitado por el Ministerio del Interior y Transporte, a cargo de Florencio Randazzo. En su descargo, no sólo negó que hubiera cometido algún delito, sino que entendió que se lo acusaba en tanto era el funcionario que estaba a cargo de la Jefatura de Gabinete, que controla la Secretaría de Comunicaciones, una de cuyas misiones es contratar la publicidad institucional. “Es una imputación de carácter funcional”, dedujo. Abal Medina dijo que el aviso se produjo según la ley y, además, defendió su contenido. Entendió que cumplía con los objetivos de la publicidad institucional porque “se comunicó a la sociedad un acto de gobierno”. La campaña, que el Gobierno denominó “Subte, la causa del problema”, señalaba que Macri no evitaba una huelga de subtes que se prolongó durante 10 días a pesar de que había recibido una transferencia de fondos del gobierno nacional de 240 millones de pesos y pese a que era el responsable del transporte público. Además mencionaba que en la Aduana estaban disponibles 45 vagones por los que el Estado nacional había pagado 90 millones de dólares. El spot descalificaba la gestión de Macri de ese transporte público. Abal Medina entendió que con ese contenido “se cumplió con el deber de informar a la ciudadanía y usuarios sobre el estado de un servicio de vital importancia”, que cuenta con recursos nacionales y de la ciudad. “Resulta evidente que no sólo no se desviaron fondos destinados a la comunicación oficial, sino que,

Abal Medina y su abogado Pirota, ayer, al entrar a Tribunales además, se contó la verdad sobre una situación que preocupaba a la población de la ciudad.” Deber de informar El ex funcionario dijo también que con el aviso “se informó sobre el acuerdo de transferencia del subte a la Ciudad”, porque “entre los objetivos de la Secretaría de Comunicación Pública se encuentra el de informar a los ciudadanos, de acuerdo con el principio republicano de gobierno, respecto de las actividades que desarrolla el Estado, así como de los conflictos existentes y la posición de aquél frente a los mismos”, para que los ciudadanos puedan “desarrollar sus propias opiniones” sobre lo que hicieron la Ciudad y el gobierno nacional. Entendió Abal Medina que el aviso se realizó con recursos propios de la Secretaría de Comunicaciones y que “fueron minúsculos” en comparación con otras campañas publicitarias. El spot se emitió el 11 de agosto de 2012, en el entretiempo del partido River-Estudiantes del Fútbol para Todos. Además se reiteró en tres

ocasiones en programas de la televisión privada que fueron pagados con fondos públicos. Estas erogaciones son las que cuestionan los denunciantes. En esta investigación, Bonadio ya indagó al vocero presidencial y secretario de Medios, Alfredo Scoccimarro; a Gustavo Fernández Russo, subsecretario de Difusión, y al camporista Rodrigo “Rodra” Rodríguez, número dos de la Secretaría de Medios, con incidencia en la pauta oficial y que reporta a Máximo Kirchner. Ahora que agotó al lista de indagados debe resolver si los procesa o no. El fiscal Federico Delgado entendió que no hubo delito en el aviso y aconsejó desestimar la denuncia por inexistencia de delito. opinó que se trató de un mensaje de contenido político. Pero los legisladores denunciantes lograron constituirse como querellantes y mantuvieron viva la acusación contra los funcionario y ex funcionarios. La defensa se juega a poder hacer caer el carácter de querellantes de los legisladores y evitar un procesamiento.ß

Molina advirtió que hay medios que “banalizan” el narcotráfico

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Un spot por el subte que trajo problemas se emitió en Fútbol para todos y en canales privados b El aviso señalaba que Macri no impedía un paro en el subte, a pesar de haber recibido fondos del Estado nacional para gestionarlos, y lo descalificaba b Legisladores de Pro denunciaron al Gobierno por malversar caudales públicos, pues hicieron un aviso político que no informa sobre actos de gobierno b ya fueron indagados el vocero presidencial, Alfredo Scoccimarro; su entonces número dos, Rodrigo Rodríguez, y el subsecretario Gustavo Fernández Russo

Idas y venidas del sacerdote Admitió el flagelo de la droga, pero hizo acusaciones

droga. El jefe de la Sedronar acusó a las “corporaciones” de la Argentina suceda lo que ocurrió en Colombia. ¡A confesión de partes, relevo de pruebas!”, ironizó la diputada Bullrich. “Robin Hood” Pese a insistir en que los medios “banalizan” el problema del narcotráfico, el sacerdote llegó a decir que Pablo Escobar, ex jefe del cartel de Medellín y uno de los narcotraficantes más peligrosos de la región, era “un poco como Robin Hood”. “La gente lo lloró porque ocupó el rol del Estado, hizo escuelas, hospitales, calles, se ocupó de los pobres”, aseguró Molina, al referirse a la serie televisiva colombiana Escobar, el patrón del mal. De todas maneras, el sacerdote no lo justificó. “Escobar hizo todo sobre la base del mal, la droga y la delincuencia. Pero el pobre tenía para comer, tenía hospital... Ahí está la dicotomía. No estaría bueno que eso pasara en la Argentina”, dijo el titular del organismo dedicado a la prevención de la drogadicción. “Pablo Escobar ocupó el lugar del Estado [en Colombia], mientras que acá nosotros tenemos un Estado muy presente”, resaltó Molina. Por otra parte, el funcionario rechazó que la Argentina sea productora de droga, tal como en su momento había afirmado el ministro de Defensa, Agustín Rossi, lo que desató un intenso debate en el gabinete de Cristina Kirchner.

Molina explicó que la afirmación de que la Argentina produce droga proviene del último informe de los Estados Unidos, el cual relativizó. “Cuando sale el informe de que la Argentina es un país productor, sale porque solamente el 25% de los países contestaron la encuesta de los Estados Unidos: el resto no la contestó. Entonces, entre ese 25% quedamos nosotros metidos. Después se rectificó y nadie levantó la rectificación”, argumentó el funcionario. Más allá de que el padre Molina busque relativizar los informes norteamericanos, lo cierto es que expedientes de la DEA (la agencia antidrogas norteamericana) y de la policía colombiana, de los que dio cuenta ayer LA NACIoN, señalan que los narcotraficantes colombianos comenzaron a llegar a la Argentina en 2008, tras las extradiciones de jefes paramilitares. El idioma, los bajos costos y la laxitud de controles migratorios y de divisas fueron clave para las radicaciones. En otro orden, Molina expresó una preocupación especial por el “alcoholismo entre los adolescentes”, que definió como “la puerta de entrada” a otras adicciones. En este sentido, el sacerdote destacó las reuniones de la Sedronar con “jóvenes políticos” de diversos partidos políticos y añadió: “La Presidenta me dijo que meta a los jóvenes militantes en esto porque los jóvenes sacan a los jóvenes”.ß

El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, será investigado en una nueva causa penal, acusado de haber repartido fondos para levantar viviendas favoreciendo a las provincias gobernadas por oficialistas y perjudicando a las que tienen mandatarios opositores. El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó ayer un requerimiento de instrucción (paso indispensable para dar inicio a la investigación) y, en ese documento, imputó formalmente a De Vido; es decir, lo identificó como acusado ante el juez Ariel Lijo. La denuncia penal que dio inicio a este expediente había sido presentada el 9 de enero pasado por 19 dirigentes opositores; entre ellos, Elisa Carrió, Fernando “Pino” Solanas, Fernanda Reyes, Manuel Garrido, Fernando Sánchez, Alcira Argumedo, Roy Cortina y Mario Cafiero. En su denuncia, afirmaron que el gobierno nacional –desde el área que conduce De Vido– dispuso otorgar a los institutos de la vivienda de las provincias fondos sin ningún parámetro objetivo, sólo bajo premisas políticas. Los denunciantes destacaron que los recursos que recibieron entre 2006 y 2013 Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Chubut, Catamarca, Chaco, Jujuy, Entre Ríos, San Luis y la Capital Federal disminuyeron o aumentaron de acuerdo con la alineación política de sus gobernantes. “La asignación de los programas asistenciales enmarcados dentro del Plan Federal de Viviendas no se ajustaría a criterios objetivos legalmente establecidos, sino que su adjudicación estatal respondería a decisiones discrecionales derivadas de afinidades políticas”, relató el fiscal que afirmaron los denunciantes. Además, indicó que ellos explicaron que los criterios que debieron

juan carlos molina titulAr de lA sedronAr

6 de marzo “Es una realidad que la droga está en la calle, que los pibes se falopean y en las previas chupan como esponja” 10 de marzo “La realidad es que nosotros tenemos problemas con la droga y el tema está instalado por las corporaciones, por los medios, que van usando distintos temas como para ir peleando espacios de poder”

haberse aplicado son “los valores de participación de cada provincia en el déficit habitacional y los índices de distribución fijados en la normativa que regula el Sistema Federal de la Vivienda”. Pollicita transcribió en su requerimiento de instrucción algunas comparaciones incluidas en la denuncia como demostrativas de los delitos de los que acusan a De Vido. Por ejemplo, que Córdoba fue recibiendo un porcentaje cada vez menor del total de fondos girados por planes federales de vivienda “en virtud de la postura asumida por el gobernador De la Sota en torno al conflicto con el campo”. Los denunciantes relataron que recibió 120 millones de pesos en 2006 (equivalentes a 2000 viviendas) y 35 millones en 2012 (216 hogares), pese a que no se modificaron sustancialmente los parámetros de referencia. En cuanto a Santa Fe, la denuncia advierte que recibió más fondos en 2006 que lo que obtuvo en conjunto en todos los años de gestión del Frente Progresista. Cuenta también que Chubut sufrió una disminución de lo otorgado “coincidente con el distanciamiento del gobernador Das Neves con el Estado nacional”. La ciudad de Buenos Aires recibió, entre 2006 y 2012, “una porción de fondos federales para vivienda muy inferior a su participación en el déficit habitacional del país”. Chaco consiguió más fondos cuando asumió como gobernador Jorge Capitanich (hoy jefe de Gabinete), y San Luis fue la menos favorecía, con sólo cuatro millones de pesos entre 2006 y 2010. En su presentación de ayer, Pollicita pidió además que se solicitara una serie de informes a organismos públicos como medidas de prueba para avanzar con la investigación.ß

Renunció Barbarosch, el juez que estaba suspendido El camarista penal Alfredo Barbarosch, que fue suspendido por el Consejo de la Magistratura por presunto “mal desempeño”, renunció ayer para evitar un juicio político que podría terminar con su destitución y la pérdida de su jubilación de juez. Barbarosch integra la Cámara del Crimen. Todos sus colegas respaldaron la denuncia en su contra. Está acusado de varios cargos, que incluyen “ausencias injustificadas” al tribunal, “agresiones y amenazas” a otros jueces y “hostigamiento” a los empleados de la Cámara. El Consejo de la Magistratura lo suspendió y abrió el procedimiento de remoción en su contra en noviembre pasado. Ese día, Barba-

rosch dijo a LA NACIoN: “No voy a renunciar. Me armaron este circo con pruebas falsas. Me voy a defender”. Ayer, en el escrito que presentó a través de su abogado, Fernando Soto, Barbarosch informó a la Presidenta que su renuncia era “indeclinable” y que obedecía a “razones de índole personal”, pero que la ofrecía sin renunciar a sus convicciones, según informó a LA NACIoN una fuente que tuvo acceso al documento. Como el propósito del juicio político consiste en separar de su cargo al juez (no aplicarle otro castigo), es probable que el Poder Ejecutivo le acepte la renuncia. Eso evitaría llevar adelante todo el proceso, que estaba previsto que comenzara la semana próxima.ß

La Iglesia analizará el avance de las drogas El obispo Bressanelli se pronunció en favor de hacer una rinoscopia a los funcionarios públicos

utilizar el tema para “ir peleando espacios de poder”

El titular de la Sedronar, Juan Carlos Molina, admitió ayer que si bien nuestro país tiene “problemas con la droga”, hay medios de comunicación y corporaciones que buscan banalizar la problemática. El sacerdote y actual funcionario público fue el mismo que, días atrás, había reconocido el avance del flagelo del narcotráfico en la Argentina. “Es una realidad que la droga está en la calle, los pibes se falopean y toman como esponja”, había advertido en declaraciones radiales. Ayer, en tanto, insistió en que la problemática existe, pero acusó a las “corporaciones, a los medios, de usar distintos temas (en este caso el narcotráfico) para ir peleando espacios de poder”. El funcionario, que encabeza desde la Sedronar la labor de prevención y asistencia en caso de adicciones, agregó en declaraciones a Radio Del Plata: “Me parece genial que se esté instalando el tema. A mí me molesta cuando se está banalizando”. La diputada Patricia Bullrich (Unión Pro) cuestionó “las contradicciones” de Molina. “Por un lado afirma que en el problema del narcotráfico el Estado está muy presente, que en realidad el tema se intenta instalar en los medios por las corporaciones para tapar otras cosas. Pero, al mismo tiempo, subraya que existe la necesidad de «actuar rápidamente» contra el narcotráfico, porque no quiere que en

viviendas. Quedó imputado en una causa por el presunto reparto político del dinero público

Mariano de Vedia LA NACIoN

Tres meses después de haber suscripto con los partidos políticos un compromiso para que el Estado instrumente medidas y combata el narcotráfico, la preocupación por el avance del negocio de la droga volverá a ocupar la atención de la Iglesia. El tema, que la semana pasada motivó un alarmante diagnóstico del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, estará presente en el intercambio pastoral que hoy, a partir de las 9, realizarán la veintena de obispos que componen la comisión permanente del Episcopado. “El país vive una realidad tremenda y conflictiva”, advirtió, al respecto, el obispo de Neuquén y vicepresidente primero del Episcopado, monseñor Virginio Bressanelli, al mostrarse preocupado por el aumento de la drogadependencia entre los jóvenes. “Debemos pensar en políticas nuevas que ayuden a que la juventud y los niños sean defendidos de este flagelo. A veces hay leyes, pero quedan en el aire porque no son bajadas a la realidad concreta”, reclamó el obispo. Bressanelli dijo que el problema de las drogas “no se resuelve con la criminalización” y expresó, además, su apoyo a la propuesta del intendente de Neuquén, el radical Horacio Quiroga, para que se realicen rinoscopias

a los funcionarios públicos. “No estaría mal. Lamentablemente, la droga ha entrado en todos los estamentos de la sociedad”, subrayó el obispo. Entre otros temas, se espera que la conducción del Episcopado, que preside monseñor José María Arancedo (arzobispo de Santa Fe), reciba un informe de la Comisión de Pastoral Social, que el mes próximo realizará en Villa Allende un encuentro nacional para evaluar la marcha de la pastoral sobre drogadependencia. En tanto, el titular de Pastoral Social, el obispo Jorge Lozano, recibió ayer al senador nacional Fernando “Pino” Solanas, con quien dialogó sobre los problemas que aquejan al país, como la inseguridad y el narcotráfico. El legislador de UNEN reiteró su pedido de interpelación a la ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez, y al subsecretario del área, Sergio Berni, para que “expliquen la política de seguridad y contra el narcotráfico que lleva adelante el Gobierno”. Como publicó LA NACIoN el domingo, una encuesta de Poliarquía constató que el avance del narcotráfico ya encabeza las preocupaciones de la sociedad. La mayoría percibe que el problema ha empeorado en los últimos años y apunta al Gobierno como el principal responsable para combatirlo. El propio papa Francisco pidió la semana pasada en Roma “no acostumbrarnos a las situaciones de degradación y de miseria”, y evitar “el riesgo de aceptar pasivamente ciertos comportamientos y no asombrarnos ante las tristes realidades que nos rodean”.ß