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TRIBUNA Por José Luis Centella*

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i preguntásemos estos días, cuatro semanas después, para que nos hicieran un resumen de los resultados de las pasadas elecciones generales del 26-J, muchas respuestas dirían que quien las ganó fue el Partido Popular, mientras que quien las perdió fue, prácticamente en exclusiva, Unidos Podemos. Dejando a un lado buena parte de los elementos externos -ninguno de ellos inocente- que contribuyen a que se pueda llegar a esta conclusión, nos encontramos con que el análisis pausado de los resultados tendría muchos matices que nos llevarían a sacar conclusiones algo diferentes a los de las primeras afirmaciones. Es verdad que el Partido Popular de Mariano Rajoy ha mejorado los resultados de los anteriores comicios del 20-D de 2015, llegando al 33% del electorado, y que Unidos Podemos no ha alcanzado los resultados que las encuestas adelantaban, por lo que se puede hablar de una derrota más psicológica y de expectativas que otra cosa. Pero también es verdad que más del 50% del electorado ha votado a candidaturas que rechazaban en sus programas las políticas que el PP ha impuesto en los últimos cuatro años de mayoría absoluta; como lo es también que Unidos Podemos y sus aliados de las confluencias han obtenido cinco millones de votos, que se traducen en 71 escaños en la Cámara Baja, por lo que, a partir de unos resultados así, la cuestión ahora no es tanto dictaminar quién ha ganado o ha perdido las elecciones, sino determinar quién y cómo va a gobernar los próximos años, en el caso de que los dure la legislatura que se inaugura esta semana, pues

la crisis de gobernabilidad no se cierra con una investidura, sino con establidad parlamentaria y social. A pesar de la aparente euforia, el proyecto del Partido Popular no ha logrado cosechar por sí mismo la mayoría parlamentaria suficiente para desarrollar su programa. Está por ver aún qué pasa, porque tras la pretendida abstención del PSOE en la investidura habría que plantearse qué votarán los socialistas cuando se presenten iniciativas para derogar la reforma laboral, la involucionista Lomce o la retrógrada ‘ley Mordaza’, pero también cuando se proponga una comisión parlamentaria de investigación sobre la financiación de los partidos políticos o se tramite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) trabajada por los sindicatos y que es claramente contraria a la política económica aplicada por el Partido Popular. La cuestión central estos días, por lo tanto, no es sólo saber quién encabezará el Gobierno, sino qué programa podrá desarrollar ese Gobierno en función de la composición del Parlamento, y la abstención del PSOE no resuelve el problema central, salvo que este partido se olvide de su programa. Por otra parte, más pronto que tarde la Unión Europea tratará de obligar al Gobierno resultante de este laberinto a plantear propuestas muy concretas de recortes que afectarán a las capas populares. Éstas se sumarán a algunas que ya estaban anunciadas antes de las elecciones o a las más tímidas y, en principio, más inocuas para la gente de a pie como la conocida la semana pasada relativa al aumento del pago a cuenta del Impuesto de Sociedades. Esta última medida ya la puso en

F. MORENO

A vueltas con los resultados del 26-J

Una de las pretensiones de Rajoy puede ser alcanzar el Gobierno con la abstención del PSOE y de Rivera, y luego gobernar con acuerdos puntuales con el nacionalismo catalán y el vasco

práctica el PSOE en agosto de 2011, pero habrá que ver si respalda o no las demás que están por venir. Una vez hecho este análisis, es hora de esbozar algunas conclusiones: el Partido Popular no está en estos momentos en condiciones de desarrollar las mismas políticas impuestas en sus cuatro años a golpe de rodillo parlamentario y decreto ley, por mucho que haya defendido su continuidad en la campaña electoral. Una segunda idea es que las fuerzas que planteamos una alternativa al bipartidismo para construir un proyecto de Nuevo País no alcanzaron sus objetivos en esas elecciones, pero tampoco han sido derrotadas sin remisión. Junto a todo ello, cabe pensar que es ahora al conjunto de partidos con representación parlamentaria a quienes les corresponde mantener la coherencia con sus programas electorales. Esto nos lleva a una cuestión que no se ha puesto suficientemente sobre la mesa, como es la cercanía de posiciones en materia económica que mantiene el PP con partidos a los que hasta ahora se ha situado fuera del ámbito de relaciones políticas, tanto del PSOE, como del PP y Ciudadanos. Me refiero concretamente a Convergència Democrática de Catalunya o como se llamen a partir de ahora en el Congreso. Ésta puede ser una de las pretensiones de Mariano Rajoy, es decir, alcanzar el Gobierno con la abstención del PSOE y de Ciudadanos, y luego gobernar con acuerdos puntuales con el nacionalismo catalán y vasco. Tiene todo el derecho a ello pero, al menos, debería decirlo y, no menos importante, recuperar a aquel profesor que enseñó a José María Aznar a ‘hablar catalán en la intimidad’. l *Coordinador de la Asamblea Político y Social de IU nº 1164. 18–24 de julio de 2016

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