Información general

Jueves 28 de febrero de 2008

LA NACION/Página 17

Escándalo en Pinamar

Reforma procesal penal bonaerense: comprende los delitos con hasta 15 años de prisión

Aprobaron leyes para agilizar causas Se establece el proceso de flagrancia, que prevé un máximo de 60 días para llegar a una sentencia Por Pablo Morosi Corresponsal en La Plata LA PLATA.– La Legislatura bonaerense aprobó ayer dos leyes que buscan revertir la lentitud de los procesos judiciales en la provincia y descomprimir el cúmulo de expedientes que se encuentran en el Tribunal de Casación Penal, donde se tramitan más de 6000 causas. Las iniciativas, dirigidas a atacar la inseguridad reinante, habían sido enviadas por el gobierno de Daniel Scioli y modifican el Código de Procedimiento Penal provincial, al restringir las atribuciones del Tribunal de Casación y establecer el denominado “proceso de flagrancia”, que acorta sensiblemente la duración de la causa penal para llegar a una sentencia. El mecanismo de flagrancia consiste en un proceso muy breve de acusación y sentencia que prevé un plazo máximo de 60 días para delitos cuya pena máxima prevista no supere los 15 años de prisión. Se trata de un procedimiento especial aplicable a los casos en los que se investiguen delitos cuyos autores hayan sido aprehendidos “in fraganti”. Se considera que hay flagrancia cuando el autor haya sido sorprendido en el momento de cometer el delito, inmediatamente después o mientras es perseguido, mientras

tiene objetos o presenta rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito. Quedan incluidos los hurtos simples y agravados y las tentativas; los robos simples, agravados y calificados por uso de armas no aptas (de juguete o similar), y las tentativas. Quedan exceptuados los casos de robos calificados consumados con armas aptas. Se establece que al detenido en flagrancia, es decir, en el momento del hecho, se lo lleva ante el fiscal, quien le hace conocer la acusación. En un plazo máximo de 5 días de la detención de la persona se realizará la primera audiencia, en la que el juez puede resolver la excarcelación, el sobreseimiento, decidir la prisión preventiva o las partes acordar suspensión del juicio a prueba y juicio abreviado. De no haber acuerdo entre las partes, o de no haber dictado so-

breseimiento, el juez resuelve si mantiene detenida a la persona y convoca a una segunda audiencia de finalización del proceso en flagrancia dentro de los 20 días siguientes. En esta segunda audiencia las partes tienen nuevamente la posibilidad de llegar a un acuerdo. En caso contrario, la causa se eleva a juicio, que deberá realizarse dentro de los 60 días. Este procedimiento ya se aplicaba, como prueba piloto, en los departamentos judiciales de Mar del Plata, Zárate-Campana, San Martín, La Matanza, Mercedes, Necochea, Pergamino, Junín y Trenque Lauquen.

Competencia de Casación En sesión simultánea, los proyectos oficiales fueron sancionados por ambas cámaras en un trámite acelerado. Según lo aprobado ayer, el Tribunal de Casación Penal sólo revisa-

rá sentencias de delitos cuyas penas superen los 10 años, mientras que los que no lleguen a ese monto de la pena serán revisados por las Cámaras de Garantías del departamento judicial en que hayan sido juzgados. Así, se modifica la competencia de la Casación para asignarle sólo las causas comprendidas en la materia criminal y a las Cámaras de Apelaciones y Garantías en lo Penal, la materia correccional. Y se fija como plazo de resolución definitiva del proceso (en las vías recursivas) seis meses, con la posibilidad de prorrogar el mismo por igual plazo mediante resolución fundada. Asimismo, los senadores bonaerenses, con la mayoría del oficialismo en alianza con Pro, introdujeron una modificación consignando que “los recursos por delitos con penas de hasta 10 años no serán «apelables» ante la Corte” y modifi-

Cambios procesales ■ Se considera que

mientras tiene objetos o presenta rastros que hagan presumir que acaba de participar de un delito.

hay flagrancia cuando el autor de un delito es sorprendido en el momento de cometer el hecho, inmediatamente después o mientras es perseguido, y

■ Incluye hurtos,

hurtos agravados y tentativas; robos simples,

■ El concurso de delitos derivado de una toma de rehenes (aunque para las autoridades hay que estudiar cada caso).

agravados y tentativas; robos calificados con armas no aptas y tentativas. ■ Tentativas de robos calificados con armas aptas.

■ No incluye robos

calificados con armas aptas.

caciones con respecto a la facultad de la Corte Suprema de Justicia para recurrir al “certiorari” (revisar), y lo giraron a la Cámara baja para su aprobación final. La sesión de Diputados, la última del período extraordinario, fue seguida desde el palco por los principales impulsores de los cambios: el jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, y el ministro de Justicia provincial, Ricardo Casal. En el paquete de medidas previstas por el gobierno para mejorar la administración de la justicia penal queda aún pendiente una serie de cambios al Código de Procedimientos. “Todos estos cambios ayudarán a generar un sistema de seguridad más confiable. Me indigna que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra, y a la gente también. Me piden que no pase más. Y con esto no va a pasar”, había dicho a LA NACION el gobernador Daniel Scioli unas semanas atrás, al exponer sobre sus proyectos para las áreas de Justicia y Seguridad. Anoche, Casal sostuvo que “el Estado ha avanzado en el auxilio del Poder Judicial para responder a sus problemas”, al tiempo que adelantó que “la semana que viene se avanzará en una ronda de consultas con los sectores involucrados para avanzar con la reforma integral del Código de Procedimiento Penal”.

A 10 años del juicio por la muerte de María Soledad Morales

Apelarán ante la Corte la condena a Guillermo Luque Luis Tula cumplió su pena y está libre Por Patricia Carrizo Para LA NACION SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA.– A una década del fallo por el asesinato de la joven María Soledad Morales, la defensa de Guillermo Luque llevará el caso a la Corte provincial para lograr su libertad. Así lo confirmó a LA NACION el abogado Víctor Pinto, quien dijo: “El tiempo transcurrido me confirmó lo que sostuve desde un primer momento: que la sentencia carecía de fundamentación probatoria, se juzgó y se condenó sin haber llegado al grado de certeza requerido para condenar. Lo que sirvió de sustento fáctico a la condena de mi defendido ya no existe”. Pocos recuerdan que ya se cumplieron 10 años de la sentencia que condenó a Luque a 21 años de prisión y a Luis Tula a 9 años, por el crimen de la joven catamarqueña de 16 años, ocurrido el 8 de septiembre de 1990. Este caso, que conmovió al país, se convirtió en una bisagra en la vida institucional, política y social. También surgió una nueva metodología de reclamo social que luego se repitió: las marchas del silencio. Miles de catamarqueños marcharon 78 veces para pedir que el asesinato no quedara impune y la fuerza de la protesta fue de tal magnitud que llevó al entonces presidente Carlos Menem a decretar la intervención federal, con lo que cayó el gobierno de Ramón Saadi y con él la dinastía de su familia, arraigada en la provincia desde hacía más de 40 años. “Hay fallos posteriores de causas paralelas que son argumentos sufi-

cientes como para pedir la absolución de Luque. También voy a plantear el 2 x 1.Considerando el tiempo que Luque permaneció detenido sin condena, ya estaría a punto de cumplir los dos tercios de la pena con lo cual está en condiciones de la libertad condicional. Hay que poner de una vez por todas las cosas en su lugar y declarar que Guillermo Luque no tiene nada que ver con la muerte de María Soledad”, argumentó el abogado.

La vida de los condenados Guillermo Luque, de 42 años, cumple su condena y desde hace unos cinco años tiene permiso para salir a trabajar. Está alojado en “La Granja” del Servicio Penitenciario, un establecimiento donde se deriva a los presos con buena conducta. De allí sale temprano y regresa por la noche. Hace trámites de gestoría en un estudio jurídico, propiedad de su cuñado, Oscar Romero. Está divorciado de Florencia Alustiza, con quien se había casado en la efervescencia del caso Morales, y con quien tiene un hijo de 10 años. Alejado de los medios, se niega a conceder entrevistas. “Nunca gané nada con la prensa”, afirma. Su padre, el ex diputado nacional Angel Arturo Luque, un ex poderoso de la política catamarqueña, regentea un par de quioscos y una distribuidora de soda. Con su salud un tanto deteriorada y con un bastón en mano para poder caminar, dejó atrás su elocuencia ante los medios y sus célebres frases que le costaron la banca en el Congreso de la Nación. Luis Tula, de 47 años, ya cumplió su pena de 9 años de prisión y ahora pide vivir tranquilo, intentando reinser-

ARCHIVO

Durante el juicio, Guillermo Luque y Luis Tula, los acusados, se evitaban, casi ni se miraban

tarse en la misma sociedad en la que despertó sentimientos encontrados. “Yo hago mi vida, quiero vivir tranquilo, alejado de todo esto, bajé una cortina y no digo con eso que aquí no ha pasado nada, pero sí que sigo mi vida tranquilo, que no quiero tener problemas con nadie”, dijo a LA NACION. Mientras estudia derecho, trabaja en una empresa de seguridad privada, cumple tareas de sereno, “porque hay que vivir”, asegura. “No tengo que estudiar un proceso judicial, lo viví desde adentro”, recuerda. Hoy, los adolescentes de entre 15 y 16 años, son muy pocos los que saben quién fue María Soledad o por qué se hicieron tantas marchas del silencio alrededor de la plaza principal que ellos utilizan como punto de encuentro con amigos y amigovios. Las consecuencias políticas de aquel crimen fueron el derrocamiento de los Saadi y la conformación del Frente Cívico y Social, una alianza de partidos cuya columna vertebral es el radicalismo, en el gobierno desde hace 16 años. El ex gobernador Ramón Saadi es senador nacional desde 2003. Hasta la residencia oficial de Las Pirquitas quedó desmantelada, casi en ruinas y olvidada. Como el caso María Soledad Morales.

Ada Morales: “Que se siga investigando” SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA.– Para Ada Rizzardo de Morales, la mamá de María Soledad, los años pasaron en su rostro, pero no en su memoria. Recuerda a su hija “dando vueltas por la casa” y la pesadilla que le tocó protagonizar desde el 8 de septiembre de 1990, cuando encontraron el cuerpo de “Sole” desfigurado y mutilado. “Pueden pasar muchos años, pero para mí es como si todo hubiera sido ayer. A nosotros la Justicia no nos cumplió como lo tendría que haber hecho. La Justicia está en deuda, fue lenta, a medias, porque fueron sólo dos personas las culpables de lo que pasó con Sole, fueron muchos más”, reclama una y otra vez. “El encubrimiento fue tremendo y tan terrible como el mismo hecho, pero de todo eso no se habla más, nadie dice nada. Con la condena a Tula y Luque es como que nos hubieran dicho: «Dejen de molestar, suficiente

con eso». Queremos que se siga investigando y que se sepa qué pasó.” –¿La condena fue justa? –Yo esperaba otra cosa, que a Tula, porque él es el culpable, él es el ideólogo, él fue quien entregó a nuestra hija, la dejó en manos de ellos, le hubieran dado más de 20 años. Ojalá algún día se arrepienta, sea padre de familia y sepa el dolor que causó. Ada dice que a partir del crimen muchas cosas cambiaron en Catamarca, la gente ahora se anima y denuncia, no tiene miedo. Llorando, con dolor tallado en su rostro, reflexiona: “Los que le hicieron esto a nuestra hija nunca van a poder vivir en paz. Hoy Sole hubiera tenido 35 años, quizás hubiera sido mamá, yo hubiera tenido mis nietos de parte de ella. Mi consuelo es que yo sí puedo poner la cabeza tranquila en la almohada y decirle a mi hija: «Hemos hecho todo, lo posible y lo imposible para que se haga Justicia»”.

MAURO V. RIZZI

El intendente Porretti

Porretti dijo que la causa por coimas fue armada Afirmó que atacó el negocio de la droga Por Darío Palavecino Enviada especial PINAMAR.– “Me armaron esto porque me estaba metiendo con el narcotráfico”. Con ese contraataque, durante la primera entrevista periodística que concede desde que estalló el escándalo por supuestas coimas, se defendió anoche el intendente de Pinamar, Roberto Porretti. “A esta gente [por los dueños del boliche KU, que lo denunciaron por coimas] no les gustó el control”, dijo Porretti, que afirmó que su administración estaba “metiéndose con el negocio de la droga”. A Porretti se lo acusa junto a quien era su secretario de Gobierno y Hacienda, Aldo Leonian, de exigir una coima de 175.000 pesos a los dueños del complejo bailable Ku de esta localidad. “El video está armado”, dijo el cuestionado funcionario, que acusó a empresarios de la noche de haber operado en su contra, en declaraciones al programa televisivo “A dos voces”. Cuando le mostraron el vídeo en el que se gestan las presuntas coimas no dudó: “Son frases descontextualizadas. Nunca coimeé o extorsioné a nadie”. Tranquilo pese a las presiones políticas y judiciales en su contra, Porretti negó una posible renuncia, dijo confiar en la Justicia y solicitó apoyo popular. “Pido el apoyo de las familias pinamarenses”, rogó el intendente. En tanto, hoy declarará ante la Justicia el responsable del parador El Límite, que demanda al funcionario por un hecho similar, mientras la Cámara de Apelaciones de Dolores resuelve si otorga o no la eximición de prisión a Porretti. Los camaristas sólo resolverían la semana próxima si el jefe comunal sigue el proceso en libertad o debe ser detenido. José Ochoa, que comparte la defensa con Roberto Babington, planteó anteayer ante los camaristas que el caso que involucra a su cliente no es extorsión sino cohecho, un delito que permite la excarcelación. Pero, al margen de ello, pidió la nulidad de la orden de detención ya que cuestiona la validez de la prueba presentada, en particular un video grabado por los denunciantes, que por estas horas está sometido a un peritaje que realizan expertos de Gendarmería Nacional. Pero no es el único caso que complica al intendente ante la Justicia. El viernes último fue presentada en los tribunales de Dolores una nueva acusación por extorsión contra Leonian y Porretti. Los denunciantes son propietarios del parador de playa El Límite, a los que Leonian le habría efectuado reiteradas presiones y amenazas de no permitirles abrir el balneario.

LOTERIAS Y QUINIELAS / SORTEOS DEL 27-2-2008 Quiniela nacional Sorteo matutino

Quiniela nacional Letras: D-F-N-N

Sorteo vespertino

Quiniela nacional Letras: U-Q-W-X

Club Keno

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Quiniela de Montevideo

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Sorteo del 27-2-2008

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Quiniela de la Pcia. de Bs. As. Sorteo matutino

Quiniela de la Pcia. de Bs. As. Sorteo vespertino

Quiniela de la Pcia. de Bs. As. Sorteo de anoche

Quiniela Plus (Pcia. de Bs. As.)

Quiniela Poceada 8 aciertos: 1 ganador; cobra $ 2.968.692,41 7 aciertos: 2 ganadores; c/u, $ 25.493,07 6 aciertos: 74 ganadores; c/u, $ 455,23. Letras: L-R-S-V

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Sorteo Sale o sale. Cuatro aciertos: 150 ganadores. Monto: $ 797,47 c/u.

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Números: 38, 37, 15, 35, 20 y 39.

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01 6 º 13 7 º 29 8 º 31 9 º 38 10 º

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62 63 66 70 76

16 º 17 º 18 º 19 º 20 º

8 aciertos: $ 442.267,84 (vacante) 7 aciertos: 4 ganadores; c/u cobra $ 6341,72 6 aciertos: 68 ganadores; c/u, $ 248,69 5 aciertos: 804 ganadores; c/u, $ 1

78 80 86 92 93

1º 2º 3º 4º 5º

00 6 º 05 7 º 07 8 º 19 9 º 30 10 º

34 36 37 38 46

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49 59 68 71 73

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81 87 92 94 96

Loto

Quini 6

Sorteo tradicional: vacante Monto: $ 3.882.146.Números: 36, 22, 40, 29, 24 y 30

Sorteo tradicional: vacante. Monto: $ 3.190.882. Números: 0, 6, 13, 17, 23 y 45 Sorteo segunda vuelta: vacante. Monto: $ 4.908.288. Números: 10, 26, 27, 29, 33 y 42 Sorteo revancha: vacante. Monto: $ 2.096.827. Números: 0, 7, 20, 28, 34 y 36 Pozo extra. 959 ganadores. Monto: $ 312,83 c/u Quini que siempre sale. Cinco aciertos: 3 ganadores. Monto: $ 71.096,40 c/u. Números: 20, 21, 25, 33, 41 y 44

Sorteo desquite: vacante. Monto: $ 1.391.059,87. Números: 23, 32, 0, 41, 5 y 4 Yapa: 14 ganadores; c/u: 7142,85.