Violento asalto en el country Tortugas

13 abr. 2010 - Asociación Vecinal Nordelta (AVN), fue más allá: “Una urbanización podrá contar con un buen nivel de seguridad, el más alto de acuerdo.
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INFORMACION GENERAL

Martes 13 de abril de 2010

I

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Inseguridad | Hubo 31 robos en barrios privados en lo que va del año

Violento asalto en el country Tortugas Encapuchados maniataron a un matrimonio y a un empleado y, tras golpear al dueño de casa, escaparon con joyas y 60.000 pesos SEBASTIAN LALAURETTE

Golpes en casas

CORRESPONSALIA LA PLATA LA PLATA.– Nuevamente un asalto violento alteró la tranquilidad en un country de la zona norte del Gran Buenos Aires. Tres delincuentes armados y encapuchados irrumpieron en una casa del Tortugas Country Club, maniataron y amenazaron a sus dueños (una pareja de abogados) y, tras casi una hora de tenerlos en vilo, se fueron con 60.000 pesos en efectivo y con joyas. Los investigadores apuntan a fallas en la custodia del lugar, mientras que los representantes de las empresas del sector señalan que, en lo que va del año, se ha triplicado con creces la incidencia de robos en countries. El hecho, que se conoció ayer, ocurrió anteanoche, poco después de las 20. Las víctimas fueron la defensora de menores Marta Bonomi; su marido, Luis Romero –también abogado–, y un empleado de ambos, que estaba presente en la vivienda. Los malvivientes los redujeron a los tres, golpearon a Romero y revolvieron la casa. Se llevaron dinero y alhajas, y huyeron, al parecer, a pie. “Los tres estaban encapuchados y armados”, dijo a la prensa Bonomi. La mujer contó que los delincuentes la amenazaron a ella y a su marido con sus armas –que les introdujeron en la boca–, golpearon repetidamente al hombre y recorrieron toda la vivienda en busca de dinero, hasta que dieron con su botín. Narró que, antes de huir, los maniataron y que ella sólo pudo llamar al número de emergencias 911 tras deshacerse de sus ataduras. En el country Tortugas, un barrio cerrado ubicado en Pilar, a la altura del kilómetro 38.500 de la ruta Panamericana, se desarrollaba en esos momentos un torneo de golf, y una fuente policial dijo que la hipótesis de los investigadores es que los malhechores se “colaron” en el country por la puerta principal, mezclados entre los asistentes. Una fuente de la policía de la zona, consultada por LA NACION, no sólo no pudo confirmar eso, sino que dijo que “se desconoce” cuánto duró el hecho o si las víctimas fueron maniatadas y amenazadas, tal como lo dijo la propia abogada. Tampoco pudo precisar si la zona del barrio privado donde ocurrió el hecho estaba o no vigilada por los custodios del country. “Todas las hipótesis son posibles”, explicó, y sólo corroboró que los autores del hecho “aparentemente” fueron tres hombres.

“Cada vez peor” Lo que ocurrió en el country Tortugas no es un hecho aislado, sino parte de una seguidilla de robos en countries bonaerenses, que en lo que va del año ya suma 31 hechos, más del triple de los nueve registrados en el período equivalente del año pasado, según el titular de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (Caesi), Aquiles Gorini. “Esto ya no es vida –dijo Marta Bonomi a la prensa tras la pesadilla vivida la noche anterior–. El tema de la inseguridad existe, y está, y es cada vez peor.”

➔ 9 de abril: delincuentes asaltaron al empresario Fernando Soler, dueño de Señor Tango, en su casa de Caballito y se llevaron 300.000 dólares.

➔ 8 de abril: un comerciante fue

retenido por ladrones en su vivienda de Palermo, mientras que los cómplices desvalijaron su joyería, con un botín estimado en 200.000 dólares.

Por tener que contar con más vigiladores

➔ 6 de abril: en un confuso hecho, un empresario denunció el robo de 500.000 pesos de su casa de Villa Devoto.

➔ 5 de abril: los ladrones ingresaron en la vivienda de Inés Bengolea, nieta de Amalia Lacroze de Fortabat, y robaron dinero en efectivo y joyas por 250.000 dólares.

➔ 15 de marzo: entre la ola de

asaltos a casas ubicadas en countries sobresale el robo de 10.000 pesos de una vivienda en Los Lagartos Country Club.

➔ 9 de marzo: el ex futbolista y

director técnico Juan Amador Sánchez denunció que delincuentes se llevaron de su casa 50.000 pesos.

En la madrugada del viernes pasado, dos ladrones robaron en el country La Alameda, ubicado en el complejo Nordelta, en Tigre. El aumento de los robos en barrios privados preocupó al propio gobernador bonaerense, Daniel Scioli. Hace un mes, el gobierno provincial y Caesi comenzaron a delinear un convenio que una semana después se cristalizaría en una serie de disposiciones para la vigilancia privada en countries, como la obligatoriedad de contar con un sistema de alarma conectado con la policía bonaerense, que debe estar implementado para el viernes 23 del actual. También se estudiaba establecer un mínimo de custodios para cada barrio privado sobre la base de su tamaño o cantidad de viviendas, lo que genera controversia (ver aparte). Además, el ministro de Seguridad del gobierno sciolista, Carlos Stornelli, canceló las habilitaciones de 33 agencias de seguridad privada por “no cumplir con los requisitos mínimos” establecidos por la ley para funcionar, según informó ayer el Ministerio que conduce. Fuentes policiales señalaron deficiencias en el sistema de seguridad del Tortugas: dijeron que no había alarmas ni cámaras de vigilancia en el perímetro del predio (lo que fue confirmado por Gorini) y que la empresa encargada de la seguridad, Securitas Argentina, “terceriza” algunas tareas en otras compañías. Sin embargo, el titular de Caesi aclaró que no es la empresa la que los terceriza, sino que otra compañía previamente contratada por el country presta el servicio de orientación y guardia de entrada de vehículos.

Selecto y tradicional Sinónimo de exclusividad y tradición, el Tortugas Country Club, el primer barrio cerrado de América del Sur, concentra en sus 200 hectáreas en Tortuguitas, a una porción nada desdeñable de polistas y entusiastas de ese deporte, encumbrados empresarios y vecinos con muy alto poder adquisitivo. Las casas allí tienen un piso de 500.000 dólares. Fuertemente custodiado y monitoreado, el ingreso al country nunca fue tarea sencilla y la privacidad de los vecinos fue siempre el leitmotiv del barrio, sede de competencias deportivas de relevancia, como el

Preocupa el aumento de costos a las inmobiliarias

abierto de polo o de golf. Entre los propietarios históricos están el ex jefe de la SIDE Hugo Ansorreguy, el abogado Carlos Fontán Ballestra, la actriz Graciela Borges; el presidente de Edenor, Alejandro Macfarlaine, y Marina Dodero, en cuya residencia falleció Cristina Onassis. El secretario de Medios de la Nación, José Pepe Albistur, desembarcó allí en 2007 tras comprarle la casa a Susana Giménez. Y también se mudaron allí los empresarios Federico Alvarez Castillo, con su mujer Paula Cahen d’Anvers, y Federico Rivero y Andrea Burstein.

ANIBAL GRECO

La entrada del tradicional country Tortugas, de Pilar, donde anteanoche fue asaltada una familia

Se sienten más vulnerables, pero no tanto como afuera Vecinos de countries asumen que deben tomar más medidas preventivas VALERIA MUSSE CORRESPONSALIA LA PLATA LA PLATA.– Mientras se dilata la adopción de medidas acordadas entre el Ministerio de Seguridad provincial y las empresas de vigilancia privada para intentar poner freno a los reiterados robos en los countries, los habitantes de esos barrios se sienten cada vez más vulnerables ante los hechos de inseguridad. Para Nicolás Angelini, de 22 años, que desde hace siete años vive en un club de campo en Canning, la tranquilidad que tenía cuando arribó al lugar ya no es la misma. “Mientras no pasa nada malo, te sentís muy protegido; en cambio, cuando ocurre un hecho delictivo, te da la sensación de que estás más expuesto porque la mayoría de las viviendas no tienen medidas de seguridad propias”, contó, preocupado, a LA NACION. En la misma dirección se expresó Eduardo, que prefirió no dar a conocer su apellido. Habita una casa en un country de Garín, partido de Escobar, y dijo: “Sin dudas, el sentido de vulnerabilidad ha crecido. Ya no basta el cerco perimetral del predio; hay que colocar rejas y alarmas”. La impresión de que los delincuentes tienen cada vez más fácil acceso a este tipo de urbanizaciones fue general entre todos los consultados por LA NACION, pero, al mismo tiempo, siguen eligiendo esta forma de vida porque entienden que les ofrece un poco más de seguridad respecto de lo que sucede perímetro afuera. Es así que Jorge, pese a que por cuestiones personales ya no reside en el country del Banco Provincia, en el partido de Moreno, está conforme con que sus hijos aún vivan allí. Explicó a LA NACION: “Hace diez años entraron a robar en mi casa. Claro… es verdad que bajás la guardia. Pero desde entonces coloqué alarmas de movimiento y no me arrepiento de que los chicos crezcan allí”. Ana Inés Soneyra también tomó sus precauciones. Hace cinco años que vive en un barrio cerrado de la

ARCHIVO

El ministro Carlos Stornelli zona de La Lonja, en Pilar. Desde que construyó la casa, pidió que le colocaran una alarma en la planta baja para detectar si alguien entraba en su hogar durante la noche, cuando la deja conectada. Ella advirtió que muchos de los robos se producen porque alguien, sobre todo personas ajenas al vecindario, filtra información. “Entonces tengo cuidado con qué es lo que cuento y a quién”, explicó a LA NACION.

Medidas conjuntas En diciembre de 2009, el Ministerio de Seguridad provincial –a través del jefe de la Dirección General de Fiscalización de Agencias y Seguridad Privada (Dgfasp), Carlos Sottini– firmó un convenio marco con la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (Caesi) para ahondar en medidas de seguridad que resguarden a los habitantes de los 540 countries y barrios cerrados bonaerenses. Entre lo acordado figura la instalación de sistemas de alarma an-

tipánico que estarán conectados con la comisaría de la zona. Para Soneyra sería “algo espectacular” que hubiera una mayor relación con la policía provincial ante un hecho delictivo. A Eduardo le pareció “otro aporte valedero por la seguridad”. Pero hasta ahora, y en tanto no sea publicada en el Boletín Oficial la reglamentación del artículo 43 de la ley de seguridad provincial (Nº 12.297), la fuerza pública no puede ingresar en este tipo de barrios, por tratarse de propiedad privada. Aquella normativa regula las actividades de todas las empresas proveedoras de servicios de seguridad privada, entre las que se encuentran las que prestan el servicio a countries y barrios cerrados. La Dgfasp es la encargada de habilitar y fiscalizar que tanto las compañías como los vigiladores cumplan con lo estipulado por la ley para cumplir su trabajo. Con la firma del acuerdo también se trabajó para que haya un control más exhaustivo del Ministerio sobre la actividad operativa de las empresas de seguridad que vigilan las urbanizaciones cerradas. Actualmente, existen alrededor de 200 causas judiciales contra distintas compañías que estuvieron en infracción al prestar sus servicios en countries. Algunas de ellas, según la cartera de Seguridad, deberían estar inhabilitadas para trabajar. Sin embargo, Sottini indicó que la decisión final depende de los jueces penales a cargo; mientras, siguen ejerciendo la actividad. Una de las faltas más comunes, que puede llevar a la suspensión temporaria de la empresa más el pago de una multa, es la falta de regularidad laboral en la contratación de un vigilador. Esta anormalidad genera sospechas entre los habitantes de los barrios cerrados, sobre todo si hay mucha rotación del personal. “Los agentes están al tanto de los movimientos de todas las familias y si se los cambia constantemente, eso crea cierta incertidumbre”, dijo Angelini.

LA PLATA.– El convenio entre el Ministerio de Seguridad bonaerense, la cámara que agrupa a las agencias de seguridad privada y la Federación Argentina de Clubes de Campo (FACC) prevé un reempadronamiento de los countries y barrios cerrados de la provincia de Buenos Aires. Luego, y con otros datos relevados, se creará un registro por el cual se estandarizará la cantidad de vigiladores necesarios para emprendimientos con una determinada cantidad de vecinos distribuidos en un extensión de área específica. Esta propuesta, en la que todavía no se han registrado muchos avances, ha tenido un impacto negativo entre los dueños de las inmobiliarias que trabajan con este tipo de urbanizaciones. Para Haydée Burgueño, presidenta de la inmobiliaria que lleva su nombre y que participa en emprendimientos de la zona norte, “cada barrio debe poner los agentes que considere necesarios”. En diálogo con LA NACION, la empresaria inmobiliaria enfatizó: “La gente vive en estos lugares porque aquí tiene la seguridad que afuera le falta, que el Estado no le da. Si se generaliza esta medida, que obviamente encarecerá mucho las expensas, las personas de clase media que hoy habitan en barrios cerrados y más pequeños no van a poder acceder nunca más” a vivir en urbanizaciones privadas de este tipo. No fue la única entrevistada que opinó que la solución ante la creciente ola de inseguridad debe provenir directamente del gobierno. “Lo que está fallando es la seguridad pública”, dijo a LA NACION Roberto Mateo, de Mateo Propiedades. Consideró: “Va a ser muy difícil establecer una regla común a todos los countries. Hay muchas variables a tener en cuenta, entre ellas la zona lindera de cada barrio y sus características”. Pedro Segura, gerente general de la Asociación Vecinal Nordelta (AVN), fue más allá: “Una urbanización podrá contar con un buen nivel de seguridad, el más alto de acuerdo con ese estándar propuesto, pero para entrar y salir del predio los vecinos igualmente tendrán que transitar por el Gran Buenos Aires –dijo a LA NACION–. Las condiciones de seguridad tienen que serlo en todo sentido”. Paula Peñal, de Grupo GIU Construcciones, dijo que está de acuerdo con que se tomen medidas, pero consideró que no deben ser de cumplimiento obligatorio, sino optativas. “Puedo poner menos vigiladores pero compensar con la última tecnología. A los compradores les interesa la seguridad, y preguntan cuánto personal hay. Pero la contratación de más personal encarecerá las expensas y el valor del metro cuadrado”, opinó.

Protocolo para el acceso policial Cuando lleguen a un country para atender una alerta del botón antipánico que será instalado en las garitas de vigilancia, los policías deberán ser identificados en la guardia por el personal responsable de la seguridad privada del lugar, que deberá guiarlos y acompañarlos dentro del predio.

LOTERIAS Y QUINIELAS / SORTEOS DEL 12-4-2010 Quiniela nacional Sorteo matutino

Quiniela nacional Letras: A-A-Q-W

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8 aciertos: $ 748.438,20 (vacante). 7 aciertos: 9 ganadores; c/u cobra $ 4681,55. 6 aciertos: 143 ganadores; c/u, $ 196,42. 5 aciertos: 1467 ganadores; c/u, $ 2. 11 º 50 16 º 70 1º 02 6º 20



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La Solidaria

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Complementario: 27

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