OPINIÓN | 21

| Lunes 11 de noviembre de 2013

sobrepoblación carcelaria. Con el supuesto objetivo de solucionar el hacinamiento,

la Procuración Penitenciaria propone indultos y conmutaciones de penas que propician, en los hechos, la legitimación de la impunidad

Un proyecto que busca el abolicionismo penal Diana Cohen Agrest —PArA LA NACIoN—

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i hay sobrepoblación de pacientes en los hospitales, ¿acaso debe ser cerrado el ingreso en los nosocomios por falta de camas y mandar a los enfermos a sus casas? Si hay sobrepoblación de alumnos a escolarizar, ¿acaso los niños deben ser enviados a sus hogares? Las respuestas resonarían al unísono. Dadas las mismas circunstancias –y con el agravante de que los convictos purgan una pena–, si hay sobrepoblación de presos y con el fin de evitar el hacinamiento, ¿acaso deben ser vaciadas las cárceles, estipulando una “reducción en hasta un 25 por ciento” del tiempo de confinamiento e impulsando “indultos, conmutaciones de penas y medidas alternativas a la pena de prisión”? ¿Acaso se deben habilitar “con urgencia la utilización de las casas para detenidos con régimen abierto”, e implementar “con mayor extensión la posibilidad de medios alternativos al encarcelamiento cautelar como el uso de brazalete, pulsera o medio similar de control y monitoreo electrónico”? Este indulto enmascarado es propiciado por el proyecto de ley para la acreditación funcional de establecimientos para la privación de la libertad y control de la superpoblación, elevado por la Procuración Penitenciaria de la Nación, cuyo director, Francisco Mugnolo, es un ex diputado radical que está al frente de dicha entidad desde el año 2000 y fue ratificado en 2003, tras aprobarse la ley que dio autonomía al cargo creado para “proteger los derechos humanos” de los presos. De convertirse en ley, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura coordinaría y controlaría la implementación de los procedimientos de la ley. Pero, vistos desde hoy, los derechos humanos que irrumpieron con la recuperación de la democracia cumplieron una función social e institucional en los primeros tiempos que aportaron una mirada significativa en relación con la dictadura. Sin embargo, con el tiempo, desarrollaron una hipertrofia tal que se vaciaron de sentido. Tras treinta años de democracia, esa hipertrofia produjo los efectos inversos de aquellos que constituyeron la justificación inicial de su existencia. Una vez más, cuando la ideología desplaza la investigación criminológica, cualquier excusa es un recurso legitimante, incluso apelar a las insuficiencias edilicias para liberar a delincuentes convictos. Pese a los 54.000 muertos por homicidio entre 1991 y 2009 (año en que se ordenó suspender la difusión de las estadísticas delictuales), parece

desconocerse que un análisis criminológico científico prueba que el número de plazas carcelarias no refleja el índice delictivo real: que el número de presos sea inferior al de los Estados Unidos, por poner un ejemplo tan depreciado, no indica tanto una tasa inferior de delitos como que los delincuentes no son encarcelados. La prueba es que el índice de presos cada 100.000 habitantes de la Argentina apenas es precedido por los países nórdicos y Japón. Pero lo cierto es que el delito crece a tasas chinas. En un país donde las encuestas y los discursos electoralistas giraron en torno de la “inseguridad” (eufemismo de robo a mano armada y homicidios a mansalva), el proyecto no sólo contradice el más elemental sentido común (¿quien en su sano juicio puede proponer liberar asesinos “porque no hay lugar”?). Su fundamentación es tan endeble que apenas logra dejar al desnudo el abolicionismo penal que anima la propuesta, el mismo que sirve de principio de explicación tanto de la venta de informes de buena conducta con los que se autorizan las salidas transitorias como de una presunta “falta de control” que facilita las fugas de los penales. A manera de verdades autoevidentes, el proyecto hace suyos los axiomas de los Defensores de la Provincia de Buenos Aires: 1) “La sobrepoblación no se supera solamente con la construcción de más cárceles.” No es una condición suficiente, pero es una condición necesaria. Porque cuantos más establecimientos penitenciarios o cuantas más plazas alberguen, habrá un mayor número de plazas que evitarán la sobrepoblación (es tan elemental que resulta tautológico). 2) “El dictado de leyes destinadas a hacer ingresar a cada vez más personas a la cárcel […] hace vano cualquier esfuerzo por superar… [la sobrepoblación].” Una cuestión fáctica, como lo es la sobrepoblación carcelaria, no debería incidir en una cuestión normativa: el castigo de delitos. 3) “Es urgente el dictado de una ley de cupos.” Si el cupo tiene como fin excarcelar a los delincuentes, no es sino una estratagema legalizada que deslegitima la pena y pone en riesgo a la sociedad que deberá convivir con convictos liberados por una deficiencia fáctica. Lo que “es urgente” es la construcción de nuevas cárceles en zonas despobladas.

Desengañémonos. No vivimos ni en Australia ni en Canadá. Ni en San Marino: en un territorio con una superficie habitable que lo ubica en el octavo país en el mundo, proponer el vaciamiento de las cárceles porque no hay lugar es una burla a los reclamos de la ciudadanía. Es tan cierto que las cárceles localizadas en las inmediaciones de las urbes ponen en riesgo la vida de los ciudadanos como que todavía hay cuarteles abandonados donde se cuenta con espacio suficiente para la construcción de cárceles modelo para quienes hayan sido con-

Calentamiento global: la reunión eterna Alieto Aldo Guadagni —PArA LA NACIoN—

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a nueva edición de la cumbre sobre cambio climático empieza hoy en Varsovia. Las emisiones contaminantes que inciden sobre el clima vienen trepando desde hace más de dos siglos, pero las sucesivas reuniones convocadas por las Naciones Unidas no han podido definir un sendero efectivo de reducción. Las negociaciones son complejas por tres razones. Primero, los países industrializados que tienen compromisos de reducción de emisiones no representan siquiera la cuarta parte de las emisiones mundiales. Segundo, Estados Unidos, que fue hasta hace poco el principal contaminador, no asumió compromisos en la conferencia de Kyoto. Tercero, el mundo en desarrollo no está obligado a reducir sus emisiones, que ya representan el 50% del total (China es el primer contaminador, con la cuarta parte de las emisiones totales). Lo importante es que este mundo en desarrollo será responsable de más del 90% de las emisiones futuras. Los países desarrollados hoy emiten anualmente 13 toneladas de Co2 por habitante, mientras que los países pobres no llegan a una tonelada. Debemos aspirar a que en Varsovia la humanidad pueda acordar un sendero en dirección de la preservación del planeta y que vaya, por lo tanto, más allá de los compromisos del Protocolo de Kyoto. Es hora de que entendamos que los problemas ambientales globales requieren no sólo soluciones globales que comprometan el esfuerzo de todos, sino también instituciones mundiales que las controlen. No hay solución para un problema global sin una institucionalidad global. La diplomacia mundial ha sido incapaz de forjar acuerdos efectivos, mientras crecientes evidencias indican que existe un cambio climático, originado tanto por el aumento de la población (éramos 2300 millones en 1945 y hoy somos 7100 millones) como por el aumento en las emisiones motivado por la creciente producción de bienes. En el siglo XX, impulsada por la globali-

zación de la revolución Industrial, el PBI mundial se multiplicó 19 veces, por eso la producción en el siglo XX fue superior a toda la producción acumulada desde Adán y Eva hasta el año 1900. Las emisiones siguen trepando pese a que, en los últimos tiempos, se han difundido serias advertencias: 1) la organización Meteorológica Mundial informó que “entre 1990 y 2011 la acumulación de gases en la atmósfera aumentó un 30% y los océanos comenzaron a ser afectados”; 2) el Banco Mundial advirtió que “avanzamos hacia un incremento de 4 grados en la temperatura global […]; el nivel de los océanos se está elevando rápidamente debido al derretimiento de las capas de hielo en Groenlandia y la Antártida”; 3) el programa de las Naciones Unidas sobre medio ambiente expresó que “el derretimiento del permafrost [capa del suelo que se encuentra congelada permanentemente en los polos] puede originar grandes emisiones de Co2 y así causar más calentamiento global”; 4) la Agencia Europea Ambiental comunicó que “los glaciares alpinos ya se han reducido a la tercera parte y seguirá esta declinación”; 5) la Agencia Internacional de Energía indicó que “queda poco tiempo y margen para actuar […]; 4/5 partes de las emisiones tolerables hacia 2035 ya están comprometidas por fábricas, edificios, centrales eléctricas y vehículos ya existentes; 6) el profesor Vicente Barros, de la UBA, informó que en la Cordillera hay recesión en los glaciares, menos caudales hídricos y menos energía, mientras que en la cuenca del Plata, más agua y más inundaciones; 7) según el Servicio Meteorológico Nacional, 2012 ha sido el año más caluroso desde 1961; 8) el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático acaba de informar que el calentamiento global es inequívoco: si continúan las emisiones de gases invernadero seguirán aumentando la temperatura y los cambios en el clima. Una evolución preocupante son los subsidios a los combustibles fósiles, que han

crecido en todo el planeta y representan nada menos que el 2,5% del PBI mundial. Estos subsidios tienen consecuencias negativas: agravan los desequilibrios fiscales, incentivan el consumo excesivo de energía, reducen la competitividad de las nuevas energías renovables y limpias; agudizan la desigualdad distributiva (pues favorecen a los segmentos superiores en la escala de ingresos) y son una traba a los esfuerzos para reducir las emisiones contaminantes. Según el FMI, eliminar esos subsidios permitiría reducir en un 13% las emisiones mundiales de Co2. En América latina, las naciones con más subsidios son Venezuela y Ecuador, ambas exportadoras de hidrocarburos. Uruguay y la Argentina, importadoras, registran mínimos subsidios energéticos: 0,01 de su PBI en el caso de Uruguay y apenas por encima del 4% la Argentina. Las negociaciones en Varsovia serán complejas, pero es urgente avanzar, respetando la equidad entre las naciones con distinto grado de desarrollo. Parece que cada nación juega a que la solución la den los otros, minimizando el esfuerzo propio. ojalá que la humanidad haga realidad lo que el papa Benedicto expresó: “Las autoridades han de hacer los esfuerzos necesarios para que los costos económicos que se derivan del uso de los recursos ambientales comunes se reconozcan de manera transparente y sean sufragados por aquellos que se benefician y no por las futuras generaciones”. Es cierto que los líderes políticos de las naciones industrializadas están hoy abrumados por una difícil agenda de carácter financiero y económico, pero esta gravedad coyuntural no es excusa para comprometer el futuro de las generaciones que habitarán en esta Tierra, que es de todos, no sólo de nosotros, sino también de quienes la poblarán en el futuro. En nuestro país es hora de que el Gobierno también encare sin demoras una política de Estado que contribuya a preservar el único hogar que tenemos en el universo. © LA NACION

denados por delitos de sangre. ocupando esos espacios hoy inutilizados, las cárceles próximas a los centros urbanos podrían ser destinadas a procesados y a quienes penan otros delitos. Si el presupuesto nacional de 2014 destina a Fútbol para Todos casi 4 millones de pesos diarios, sin duda, entonces el erario puede afrontar la construcción de establecimientos penitenciarios, los que de allí en más podrían ser autofinanciados con el trabajo de los internos, cuyo salario se destinaría a su manutención y a la de su fami-

lia. ¿No es ése acaso el destino de los millones de ciudadanos que trabajan para sobrevivir? ¿Qué excepcionalidad se le reconoce al delincuente para que ganarse la vida (la misma que quitó a otro) sea opcional? ¿Por qué, amparado en los derechos humanos que les arrebató a sus víctimas, puede elegir no trabajar cuando los ciudadanos que viven en el marco de la ley deben (o deberían) salir a trabajar cada día? ¿Acaso no es eso desconocer su dignidad al otorgarle presuntos privilegios que lo reducen a la animalidad, incluso a menos, en cuanto el animal debe salir a procurar su alimento y el de su cría? Ese aislamiento permitiría poner en ejercicio la educación y reinserción de los jóvenes que recién se inician en la vía de una sola mano que es el delito. Por cierto, todas las voces políticamente correctas reclaman que la inseguridad debe combatirse ampliando el acceso a la educación. Pero ella por sí sola demandará, en el mejor de los casos, dos o tres generaciones de futuras víctimas... ¿Y mientras tanto? ¿Anulamos la sanción del pasado y la prevención de lo inmediato? Cuando los autores del proyecto sostienen que “nuestra cárcel es un dispositivo de respuesta al crimen tan estruendosamente inútil”, desconocen con malicia una verdad de Perogrullo: delincuente encerrado no puede reincidir extramuros. Y cuando reclaman que “la libertad ambulatoria no es lo único que limitamos al castigar a otro. recortamos todos sus derechos, imponemos dolor, humillación y sufrimiento”, sus autores parecen emplear equívoca y perversamente un juego de lenguaje que debería aplicarse a los miles de enlutados por una canallada disfrazada de teoría penal que persiste en marcar un rumbo que vuelve a teñir de sangre nuestra tierra. Esta vez, en democracia. El proyecto presentado el 4 de octubre de 2013 por la Procuración Penitenciaria de la Nación ante el Congreso, según se lee en la página web de dicha entidad, “ya atravesó el escrutinio y la mirada de distintos legisladores”. De ser esta ley probablemente votada en modalidad exprés y a libro cerrado, los ciudadanos queremos conocer los nombres y apellidos de los legisladores que legitimaron la impunidad. De aquellos que firmaron la sentencia a muerte de la ciudadanía. © LA NACION

lÍnea DirecTa

Sobresaltos ortográficos vs. optimismo moderado Graciela Melgarejo —LA NACIoN—

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l VI Congreso de la Lengua Española (CILE) ya pasó, pero todavía llegan algunos comentarios sobre él a esta columna. Por ejemplo, el del escritor-académico Abel Posse, que fue invitado especialmente a participar del CILE. El aporte del autor de Los perros del Paraíso –libro por el que recibió el premio rómulo Gallegos en 1987– tiene entonces el valor de lo presencial, y el de dar a conocer sus puntos de vista en el Congreso. Escribió Posse a esta columna: “Como escritor-académico, me pareció importante expresar algunos temas sobre los bienes y amenazas de la situación del idioma: en Estados Unidos, ya son 50 millones los que hablan español. Hay una naciente literatura. En Brasil, el español es ya manejado por 80 millones de personas. Cumplen nuestros vecinos con una sabia opción estratégica”. En cuanto al tema central del “libro digital” y la computación, considera que “se debe entender positivamente: los niños nacidos con la computadora conllevan ya adosada la alfabetización, la palabra y la expresión escrita, como factor de su naturaleza. Nunca el lenguaje escrito (aunque tal vez mal escrito) tuvo semejante difusión histórica. Veremos cómo este don se culturaliza en el futuro”. Por fin, sobre el sector que más conoce por su condición de escritor, expresa: “Para los escritores y la literatura en su sentido alto, la mayor amenaza proviene del avance de la industria editorial por encima de la cultural. Se rompió el equilibrio entre mercantilismo y respeto por el sector creativo no tan rentable”. Una “villana” de la lengua Nadie diría que la humilde hache, tan humilde que hasta es muda, podría ser una “villana de película”. Pero, de acuerdo con el correo electrónico de la profe-

sora Elsa Scopazzo, la hache es culpable de aparecer en lugares indebidos. Y la ce, también. Escribe Scopazzo: “Fui con una amiga a ver Querido Ibsen, soy Nora, de Griselda Gambaro. Una maravilla, el texto y las actuaciones, pero cuando fuimos al baño encontramos este cartelito: «Por favor, No ArroJAr en los hinodoros toallitas, algodón ni tampones. HUCE LoS CESToS. GrACIAS» (había varias copias en los distintos apartados)”. Para dar testimonio definitivo de lo que “denunciaba”, la lectora adjuntó a su mail la fotografía del cartelito tomada con el celular, en la que se podía advertir que la leyenda había sido escrita en computadora y, por lo visto, sin recurrir al corrector ortográfico: “Le saqué una foto porque nadie nos iba a creer lo que estábamos viendo. Pienso que el tema de la ortografía ya está llegando a niveles que superan lo gracioso, lo anecdótico o el simple error de un alumno. Se debería proponer una campaña para luchar a brazo partido contra ese enemigo de la palabra escrita. Considero que la mala ortografía llega a degradar al autor y destruye todo intento de buena presencia que se exige, por ejemplo, en una entrevista de trabajo”. Habrá que dejar pasar un poco más de tiempo para ver si triunfa el moderado optimismo de Abel Posse o el marcado escepticismo de Scopazzo (que a diario lidia además con la ortografía de sus alumnos). Por lo pronto, volvemos a recordar que en su sitio (www.rae.es) la rAE ofrece responder todas las consultas hechas a su Departamento de “Español al día”. Para los que prefieran tuitear, la dirección indicada es @rAEinforma. © LA NACION

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