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INFORMACION GENERAL

I

CONMOCION POR LOS ABUSOS SEXUALES

Martes 5 de enero de 2010

EN PALERMO s HUBO DIEZ HERIDOS ENTRE LOS PASAJEROS

TRIPLE CRIMEN

La pareja de un testigo clave quiso suicidarse

Tandil: el Gobierno denunciará fallas de la Justicia

Su novio apareció muerto en las vías

El jefe de Gabinete nacional lo hará ante la Suprema Corte y la Procuración bonaerense RAMIRO SAGASTI ENVIADO ESPECIAL TANDIL.– El jefe de Gabinete nacional, Aníbal Fernández, tiene en su mesa dos denuncias con acusaciones de más de 15 familias sobre las irregularidades que habrían cometido funcionarios judiciales de esta ciudad en causas por abuso sexual. Irán dirigidas al presidente de la Suprema Corte bonaerense, Luis Genoud, y a la procuradora general provincial, María del Carmen Falbo. Como informó ayer LA NACION, Fernández les había pedido a colaboradores suyos que obtuvieran información sobre lo que ocurría en Tandil para analizar la situación. Luego de revisar expedientes y entrevistar a familiares, redactaron las denuncias que ahora, según calificadas fuentes de la Jefatura de Gabinete, están a punto de ser enviadas a Genoud y a Falbo. En tales documentos, a los que accedió LA NACION, se puede leer que el “retardo injustificado de las investigaciones penales, el palmario apartamiento del principio de objetividad y la desviación injustificada de la línea investigativa [...] dan cuenta cabalmente del probable sometimiento de los niños a terribles actos de abuso sexual infantil. Estas situaciones enunciadas conllevarían, en el actual contexto, a una total indefensión de los niños, lo que impone con urgencia el ejercicio de superintendencia”.

Denuncias Franco Bindi, abogado de una de las familias que cuestionan el trabajo judicial, dijo a LA NACION: “Presentamos varias denuncias, ante la justicia de Tandil y ante la Procuración. Como no obtuvimos

“Las situaciones enunciadas conllevan, en el actual contexto, a una total indefensión de los niños” respuesta y la integridad de los chicos está en peligro, acudimos al gobierno nacional”. Los funcionarios judiciales más cuestionados por los familiares son el fiscal Luis Humberto Piotti, el asesor de incapaces Ezequiel Belaunzarán y la jueza de Garantías Stella Maris Aracil. LA NACION llamó a las puertas de los tres despachos y ninguno quiso hacer declaraciones. En la fiscalía sí ofrecieron una sentencia civil y la confirmación de Cámara en la que se concluía que no había elementos para sostener la teoría del abuso sexual de una niña, y la resolución de Piotti en la que archivó la causa penal, que luego sería desarchivada. Pero las familias cuestionan los mecanismos usados para obtener y valorar las pruebas, que condujeron a los funcionarios judiciales a arribar a aquellas conclusiones. En esos documentos se desaprueba el trabajo de la psicóloga forense Daniela Lezcano, que atendió a la mayoría de los chicos víctimas de abusos. “Mi trabajo está a disposición de cualquiera que quiera evaluarlo”, dijo Lezcano. Martín Zubeldía, abogado de una madre acusada de abuso, también cuestionó el trabajo de la psicóloga. El letrado dijo al portal Minutouno. com que el informe presentado por la psicóloga “está contaminado.

GABRIEL DI NICOLA

La pericia fue cuestionada en el expediente por los propios pares de la psicóloga, que reconocía ser la psicóloga del padre desde hacía un año y de la hermana del padre”. El abogado agregó que, en el caso en el que interviene, la Justicia determinó que “no se observan indicadores de abuso sexual”. También cuestionó al padre de la víctima, que denunció el abuso: “El padre desaparece, obstruye la investigación, se lleva a la chica y la separa de todo el entorno materno”.

Presiones Los escritos en poder de Fernández rezan: “Llaman poderosamente la atención las denuncias que han llegado de profesionales [de Tandil]. Muchas han sido por amenazas y constantes presiones recibidas; abogados, escribanos y hasta la propia terapeuta de algunos menores han denunciado ser víctimas de las situaciones descriptas. Todas estas situaciones van promoviendo un clima enrarecido y de descreimiento del Poder Judicial”. Sobre estas presiones, Zubeldía consideró, en referencia al caso en que interviene: “Lo que denuncian es lo que ellos mismos hacen. Y no hay irregularidades en la causa, es que no tienen razón”. La mañana en que LA NACION intentó hablar con los funcionarios judiciales más cuestionados, una niña, paciente de Lezcano, fue sometida a una cámara Gesell. La justicia civil ya había concluido que había elementos para sospechar un abuso sexual. No bien terminó el examen, un funcionario llamó a LA NACION para decir que el resultado de la cámara había sido negativo, que la nena había dicho que la psicóloga la había ayudado a hacer unos dibujos que constan en el expediente y que fortalecerían la hipótesis del abuso. “Se da cuenta de cómo trabaja Lezcano. Por eso ve abuso en todos los casos. Pero no hay abuso, el resultado de la cámara fue negativo”, dijo el funcionario. Lezcano se defendió así: “La nena es mi paciente, pero en esa causa no aporté ningún diagnóstico escrito, ningún trabajo”. Patricia, madre de mellizos que habrían sido sometidos a abuso por el padre, también denunció presiones: “Ningún abogado de la ciudad quiere defendernos –contó–. Tienen miedo de que en la Justicia tomen represalias. Un amigo abogado me dijo: «Si te defiendo en esto, no voy a ganar ningún caso más». Cuando no dejaron entrar a Enrique Stola, nuestro perito de parte, en una cámara Gesell que se les hizo a los mellizos, mi papá tuvo que recorrer 23 escribanías para que dejaran constancia de que no lo habían dejado entrar”. Los médicos de Tandil, al parecer, también les temen a los funcionarios judiciales. La madre de Patricia, Chela, contó que cuando dijo en una clínica que Belaunzarán la había empujado, no le quisieron firmar el certificado por la fisura de una costilla. Debió ir a otro sanatorio y no mencionar al asesor de incapaces. Y Nora, madre de una niña de la que abusó su padre, dijo que le costó más de un año conseguir un médico que se atreviera a firmar el certificado en el que consta la “ausencia de la indemnidad del himen” de su hija, de 9 años.

Más información. La madre de una niña violada denuncia y tiene miedo. www.lanacion.com.ar

LA NACION

ANIBAL GRECCO

La fuerza del choque quedó evidenciada por el camión incrustado en un local de Thames y Cabrera

Un colectivero perdió una mano en un accidente Chocó con un camión, que terminó incrustrado en una esquina Un violento accidente ocurrió ayer por la mañana en la esquina de Thames y Cabrera, donde chocaron un colectivo de la línea 55 y un camión de reparto. Por el impacto, el colectivero sufrió lesiones de importante gravedad en la mano izquierda, la que debió serle amputada en el hospital Fernández. Mientras que diez pasajeros resultaron con heridas. La violencia del choque provocó que el camión terminara incrustado en un local fuera de uso. Las fuentes policiales informaron a la agencia Télam que varios pasajeros del interno 93 de la línea 55 resultaron con heridas de consideración. Tres de los heridos fueron trasladados al hospital Rivadavia, mientras que otros ocho, entre ellos los choferes de ambos vehículos,

fueron derivados al hospital Fernández. El director del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti, informó que el conductor del colectivo sufrió la amputación de una de las manos como consecuencia del choque. El daño en la extremidad del chofer se habría producido por el impacto y por los cortes que sufrió como consecuencia de la rotura del parabrisas. “El chofer del colectivo, lamentablemente, sufrió la amputación de la mano izquierda en el momento de la colisión; el conductor del camión que se incrustó en el local presenta politraumatismos e inhalación de humo por un principio de incendio”, detalló Crescenti. Otro de los más afectados por el accidente fue un pasajero del

colectivo, que cayó del transporte por la fuerza del choque y padeció traumatismos y cortes en el rostro, aunque su estado no presentaba riesgos para su vida. Tres dotaciones de bomberos, personal del SAME y efectivos policiales de la seccional 25a. de la Policía Federal trabajaron en el lugar del accidente. Según los voceros policiales, la causa del choque, que se produjo poco después de las 5.30, se debió a que el asfalto se encontraba resbaladizo y los vehículos circulaban a mayor velocidad que la permitida. Sin embargo, varios testigos indicaron que el colectivo pasó un semáforo en rojo y golpeó fuertemente contra el camión, que transportaba diarios y que se encontraba realizando el reparto a los quioscos cercanos.

A ONCE DIAS DE LA INUNDACION

Alarma ante otro desborde del río Areco por las intensas lluvias Las intensas lluvias que cayeron desde la madrugada hasta cerca del mediodía de ayer en San Antonio de Areco hicieron crecer unos 80 centímetros el río, que experimentó desbordes leves en las zonas bajas, y causó la preocupación de los vecinos, e incluso algunos decidieron dejar sus casas por precaución. “En nuestra ciudad, la situación es delicada y estamos en alerta, ya que llovió en forma torrencial desde las 4 de la madrugada. El río se ha vuelto a encajonar y se está recargando de agua que viene de otras regiones de la provincia”, dijo María Estela Lennon, intendenta de San Antonio de Areco. Además, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral habilitó la feria judicial en los tribunales porteños para dar curso a la denuncia presentada por el gobierno nacional, por la supuesta construcción de canales clandestinos, que habrían contribuido a las últimas inundaciones en Buenos Aires. Fuentes tribunalicias indicaron que el magistrado fijó para pasado

MARIA ESTELA LENNON INTENDENTA DE SAN ANTONIO DE ARECO

mañana una audiencia para que los funcionarios de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, ratificaran la denuncia presentada el 29 de diciembre último. Además, el gobierno bonaerense comenzará hoy a enviar intimidaciones a productores rurales para que anulen los canales que pudieran haber construido. Once días después de registrarse la inundación, las casi 3000 personas afectadas por el desborde continuaban ayer con las tareas de limpieza en sus domicilios para intentar recuperar

su vida normal, aunque las fuertes precipitaciones dificultaron estas acciones. Incluso, tramos de la ruta 8 volvieron a cubrirse de agua. “Fue un susto, porque llovió fuerte durante cuatro o cinco horas. Cayeron 64 milímetros en poco tiempo. El río incrementó su caudal y el agua desbordada llegó a las puertas de las casas ribereñas. No fue dramática la situación, pero estamos preparados para otra evacuación. Creemos que no se repetirá la grave situación de hace once días”, dijo a LA NACION el coordinador provincial de Emergencias, Fernando De Ferraris. Por otra parte, la crecida del río Paraná obligó a las autoridades de Reconquista, de Santa Fe, de Rosario y de Villa Constitución a comenzar a aplicar medidas directas de prevención, al superar ese cauce la etapa de alerta del plan de inundaciones.

Video. Solidaridad por las inundaciones en Areco. www.lanacion.com.ar

Iba mal vestida, y caminaba por las vías como si estuviera ida. A 400 metros, una formación en movimiento. Eran las 4, y una llamada anónima al 911 le salvó la vida. Natalia, pareja del testigo clave del triple crimen en General Rodríguez, muerto hace unos meses en dudosas circunstancias, fue rescatada cerca de la estación de Villa del Parque (ferrocarril San Martín) por policías federales cuando intentaba suicidarse en el mismo lugar donde un tren arrolló a su novio, Emiliano Marcos, el 15 de noviembre pasado. Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales. La joven de 30 años, testigo en la causa por los asesinatos de Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón, salió de su casa, en Villa del Parque, y fue directo al sector donde fue hallado sin vida su novio. “Los vecinos suelen llamar cuando ven gente que camina por las vías. En la madrugada de ayer, avisaron de una mujer que deambulaba a la altura de la calle Ricardo Gutiérrez. Acudieron varios móviles. Mientras un policía le hablaba y le pedía que se acercara al alambrado, otro pasó por un agujero y la rescató”, explicó a LA NACION un jefe policial. La mujer fue trasladada al hospital Zubizarreta, de Villa Devoto. “Estaba con un cuadro profundo de depresión. Se le hicieron estudios médicos y se recomendó su internación con atención psiquiátrica”, sostuvo una fuente policial. Por eso, Miguel Angel Pierri, abogado de los familiares de las víctimas del triple crimen, habló de la necesidad de una nueva ley para proteger a testigos de causas claves. “Es necesario que en el Colegio Público de Abogados se discuta un proyecto de ley para presentarlo en el Congreso. En esta causa, hay numerosos testigos que tienen miedo de declarar.” El 22 de diciembre, tras las primeras detenciones por el triple crimen (Martín y Cristian Lanatta y Víctor y Marcelo Schillaci), Natalia dijo a LA NACION: “Si algo me llega a pasar, ya saben de quién fue la culpa. Emiliano no se suicidó. Estaba muy feliz porque iba a ser papá. La noche que murió estuvimos festejando con su madre en nuestro departamento. Una persona tan contenta no se suicida”. Natalia tenía custodia de la Gendarmería, pero no permanentemente. “Cuando debía trasladarse, se le asignaba personal y vehículo. No fue que burlara la custodia y se escapara hacia la estación”, explicaron voceros de la fuerza. Fuentes de la causa confiaron a LA NACION que Natalia tenía miedo: “Sabía mucho. Ella presenció peleas muy grandes entre Forza y el empresario Ibar Pérez Corradi”, a quien Forza había denunciado por amenazas de muerte. Pérez Corradi está detenido con fines de extradición a los Estados Unidos, por tráfico de sustancias. Las peleas entre Forza y Pérez Corradi que habría presenciado Natalia ocurrieron en la farmacia en la que trabajaba Marcos. “El dueño de esa farmacia les dio a Ferrón y a otro empresario farmacéutico 250.000 pesos para que le consiguieran efedrina. Pero la efedrina nunca apareció y les mandó dos barrabravas de Boca para amedrentarlos”, explicó aquella fuente.

Breves CONTRA LA GOBERNADORA

PIRATAS DEL ASFALTO

Denunciaron a Ríos Secuestran autopartes por el casamiento gay ilegales en Warnes Un abogado de Tierra del Fuego denunció penalmente ayer a la gobernadora de esa provincia, Fabiana Ríos, por autorizar el casamiento gay que se celebró la semana pasada en la ciudad de Ushuaia. La denuncia fue presentada por el abogado Alejandro de la Riva, informó el propio letrado a DyN, y es la segunda acción que se inició contra Ríos por avalar el casamiento entre Alejandro Freyre y José María Di Bello, quienes concretaron su boda en esa provincia ante la suspensión del enlace en Buenos Aires. De la Riva denunció a Ríos por los presuntos delitos de violación a los deberes de funcionario publico, que prevé una pena de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por doble tiempo, y falsedad ideológica de instrumento público, que se castiga con uno a seis años de prisión.

Más de 150 autopartes ilegales fueron secuestradas ayer cuando eran trasladadas en un camión que se dirigía a un comercio clandestino del barrio porteño de La Paternal. El procedimiento fue realizado en la avenida Warnes al 1400, de esta Capital, por efectivos de la División Sustracción de Automotores de la Policía Federal, que demoraron a tres sospechosos. Fuentes policiales informaron a Télam que los efectivos realizaban tareas de prevención en la zona cuando advirtieron el paso sospechoso de un camión que estacionó frente a un comercio de autopartes. Al inspeccionar el vehículo, proveniente del interior del país, los policías descubrieron que transportaba más de 150 autopartes de procedencia ilícita. Los tres hombres quedaron demorados a disposición del juez de Instrucción porteño Eduardo Daffis Niklison.