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Martes 17 de abril de 2007

LA NACION/Página 11

El déficit habitacional de la ciudad: no saben cómo erradicar un asentamiento en Puerto Madero

Se duplicó la población de una villa Hace dos años, en la Rodrigo Bueno vivían 401 familias; hoy son más de 800; el gobierno porteño promete que las trasladará Por Jesús A. Cornejo

Por la ciudad

De la Redacción de LA NACION Está ahí nomás. Oculta. Parece imperceptible, pero crece silenciosamente sobre terrenos usurpados a la Reserva Ecológica de la Costanera Sur. Se trata de la villa Rodrigo Bueno, el asentamiento de emergencia que el jefe de gobierno porteño, Jorge Telerman, había prometido erradicar hace más de dos años y que desde entonces ha experimentado una expansión tal que se duplicó el número de habitantes y ya hay, incluso, casillas de dos y tres pisos muy cerca de Puerto Madero, donde el metro cuadrado construido cuesta 2200 dólares. Las cifras son elocuentes: hoy, en apenas cuatro manzanas que ocupa este asentamiento viven 800 familias, 399 más que las que el censo del gobierno porteño había registrado en junio de 2005, cuando se confirmó que allí residían 401 grupos familiares. Si bien el dato fue aportado por los vecinos del propio asentamiento, la cifra fue confirmada por el gobierno, que volvió a prometer –una vez más– que erradicará la villa. “Estamos trabajando con un grupo interdisciplinario para llegar a un consenso con los moradores del lugar. Les estamos ofreciendo subsidios para dejar sus viviendas y pensamos que durante el receso invernal de julio comenzaremos a trasladar a las primeras familias. La fecha está pensada para que los chicos que viven allí no pierdan días de clases”, dijo a LA NACION el subsecretario de Programación y Coordinación del Espacio Público de la ciudad, Esteban Bellomo. Pero la visión de los ocupantes del terreno es mucho más dura e intransigente. “No queremos irnos. Con los subsidios de 15.000 pesos que nos ofrecen no compramos nada. Por ahí surgió la idea de darnos una casita en la provincia, pero nosotros no queremos dejar la Capital. Nuestras casas aquí valen mucho más que en el conurbano”, dijo a LA NACION Kelly Cuba, habitante de la villa. Esta mujer se radicó allí, con su marido y sus dos hijos, hace más de cinco años. Aseguró que el lugar donde vive es ideal porque está cerca de todo. “Mis chicos van a la escuela de la zona. Hace un tiempo se nos ofreció un plan de subsidios para que dejemos el asentamiento. La mitad de las familias aceptaron y se fueron, pero al poco tiempo los terrenos fueron ocupados por otras personas”, comentó Cuba. El acuerdo del que habla Cuba es precisamente el que rubricó en septiembre de 2005 Telerman, cuando ocupaba la vicejefatura de gobierno de la ciudad y, a la vez, era secretario de Desarrollo Social. Esa vez 180 familias aceptaron los subsidios y abandonaron los terrenos para radicarse en otras zonas de la ciudad o regresar a sus provincias (en su mayoría, Misiones, Corrientes y Santiago del Estero) o a sus países: Paraguay, Perú y Bolivia. Pero cuando comenzaron a ser desmontadas las casillas, la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Elena Liberatori hizo lugar a una acción de amparo presentada por habitantes del lugar y suspendió la erradicación de la villa. Entonces, el gobierno acusó a la jueza de querer urbanizar la villa. “La medida, dictada el 28 de septiembre de 2005, obligaba a suspender la demolición de las casillas, exigía que el gobierno abriera una línea de cré-

Una crisis que se extiende

FOTOS DE HERNAN ZENTENO

En pleno Puerto Madero, donde el valor mínimo del m2 construido es de 2200 dólares, crece la villa Rodrigo Bueno

Ubicación Río de la Plata

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LA NACION

Los habitantes del asentamiento no quieren los subsidios y prefieren quedarse en la villa

ditos para los habitantes de la villa y que se hicieran trabajos de limpieza. También se pedía que se tasaran los terrenos y se hiciera un relevamiento del estado de las casas”, explicó a LA NACION el procurador de la ciudad, Agustín Zbar. Aquella decisión de Liberatori fue revocada por la Cámara del fuero el 23 de junio de 2006. Y el tema pasó a la órbita del Ministerio de Espacio Público, que conducía Lía María. El gobierno volvió anunciar la erradicación de la villa con un plan que iba a comenzar en noviembre último, pero que por ahora no se concretó. La excusa, esta vez, fue que el gobierno quiere dar “soluciones humanas y razonables”. “No se trata de erradicar por la fuerza o mediante metodologías prepotentes. Por ahora se hace muy difícil convencer a las familias de que dejen el predio, pero se está trabajando para idear propuestas con los propios habitantes”, concluyó Bellomo.

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Villa Rodrigo Bueno

Un muro para dos asentamientos Para evitar que los habitantes de las villas 31 y 31 bis construyan viviendas en la banquina de la autopista Illia, el gobierno de la ciudad tiene pensado levantar un muro perimetral a lo largo de la autovía que comunica la avenida Lugones con la 9 de Julio. El plan fue revelado a LA NACION por el ministro de Planeamiento y Obras Públicas de la ciudad, Juan Pablo Schiavi, ante el crecimiento desmedido de los dos asentamientos de emergencia que se erigen en Retiro. “Tenemos pensado hacer un muro que recorra toda la autopista. Hay que darles seguridad a los automovilistas y frenar la usurpación de nuevos terrenos”, dijo Schiavi. Como ya había informado LA NACION, en las villas 31 y 31 bis de Retiro hay cada vez más casas. Son construcciones

precarias, de chapa, madera y ladrillos, que se apilan hasta llegar a los cinco pisos. Pero como falta espacio y eso no alcanza, ahora unos vecinos de los dos asentamientos han ganado parte de la banquina en la autopista Illia. Allí, hace dos semanas han comenzado a construir, poco a poco, casillas de madera que se extienden a lo largo de la autovía. En muchos casos se trata de obreros y familias que edifican esas viviendas para subalquilarlas. La concesionaria de la autovía ya había levantado un muro perimetral de dos metros de alto por unos 300 metros de largo, que en algunos tramos fue utilizado por los propios moradores de la villa 31 bis como medianera para levantar sus viviendas. “Es un muro premoldeado que se hizo para evitar que la gente cruzara

la autovía y se levantaran nuevas casillas al costado de la calzada. Es un refuerzo que se hizo en ese lugar, ya que de allí frecuentemente se robaban el cerco de alambre”, dijo un vocero de la empresa AUSA al ser consultado por LA NACION. Tal como sucede en la autopista Buenos Aires-La Plata, es frecuente que los habitantes de las villas arrojen piedras a los automovilistas que circulan por la autovía Illia. Precisamente, en octubre del año pasado la Justicia condenó a la empresa Covimet SA, que hace diez años tuvo a su cargo la concesión de la autopista, a pagar 71.000 pesos de indemnización a un joven pasajero de un automóvil que había quedado ciego de un ojo al ser alcanzado por una piedra arrojada por habitantes de la villa 31.

Toma de viviendas en el Bajo Flores: el gobierno denunció robos y saqueos

“No son usurpadores, son delincuentes” Lo dijo el ministro de Planeamiento y Obras Públicas, Juan Pablo Schiavi; piquete en el microcentro va a ser detenido”, afirmó Fernández en declaraciones a Radio 10. Y agregó: “Tiene que haber una mano atrás que saca ventaja de estas cosas, porque le han robado elementos al propio edificio. A aquellos que están propiciando este tipo de acciones les estamos cerrando el camino para que esto no suceda nunca más”.

Por Pablo Tomino De la Redacción de LA NACION “No son usurpadores los que tomaron las viviendas de la zona del Bajo Flores, son verdaderos delincuentes, y si son políticos los que hicieron esto, son delincuentes de la política.” Así, el ministro de Planeamiento y Obras Públicas de la ciudad, Juan Pablo Schiavi, definió a LA NACION la situación tras el desalojo de las 384 personas que había ocupado ilegalmente las dos torres de viviendas sociales, ocurrido anteayer. No sólo esas declaraciones mantuvieron vivo el conflicto. Ayer, unas 200 personas cortaron la avenida 9 de Julio en el cruce con Avenida de Mayo para exigir la liberación de los 52 usurpadores detenidos por haberse resistido a abandonar los edificios de Esteban Bonorino y Oceanía. Además de la sugerencia de que detrás del hecho pudo haber alguna motivación política hecha por Schiavi (aseguró que “no sabe” si hubo maniobras políticas detrás del episodio), el gobierno de Telerman estimó que las pérdidas por los saqueos de los departamentos fueron “muy importantes”. En el primer balance de lo sucedido, Schiavi consideró que “fueron devastadas más de cien viviendas; se robaron cien bañaderas, 2000 metros lineales de cerámica, 300 puertas, cocinas, maquinarias, herramientas de

Piquete y caos vehicular

DYN

Ayer, 200 manifestantes cortaron la 9 de Julio a la altura de Avenida de Mayo y manifestaron contra el desalojo

trabajo, grifería, caños, y si hubieran podido arrancarlo casi se llevan un tractor”, explicó Schiavi. El ministro prefirió no acusar directamente a la oposición de este hecho (“no queremos meter el tema en la campaña electoral”, dijo); sí dijo que no había sido algo premeditado. “Se detectó que hubo uno o dos colectivos con gente que venía de la pro-

vincia de Buenos Aires. Se presume que algunos estaban armados y que no fue algo casual. Esa zona es un lugar con bastante inseguridad, y a nadie se le escapa que hay muchas denuncias sobre tráfico de drogas. Todos los días tengo alertas de que van a tomar lugares en la ciudad, y si hay cuestiones políticas de fondo, sería caer en lo más bajo”, sostuvo Schiavi.

En tanto, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, dijo ayer que descreía de que la toma de los departamentos en el Bajo Flores tuviera una vinculación política y advirtió que de ahora en más los usurpadores saben que “serán detenidos” si actúan fuera de la ley. “Aquel que intente usurpar un lugar de estas características debe saber que

Ayer, el microcentro porteño fue un caos: cerca de 200 personas, adherentes del Movimiento de Jubilados Independientes y Desocupados (MIJD) y pobladores de asentamientos cortaron parcialmente la 9 de Julio y Avenida de Mayo, en protesta por el desalojo y por la detención de los 52 usurpadores durante el operativo policial. Los manifestantes también reclamaron que, por 180 días, se suspendieran las órdenes de desalojo de inmuebles impartidas por distintos jueces y que el gobierno porteño informe a quiénes les entregarán las 5000 viviendas que, afirman, construye la Fundación Madres de Plaza de Mayo en Los Piletones, en Villa Soldati. La protesta causó un importante congestionamiento de tránsito en la zona, que fue custodiada por efectivos de la Policía Federal sin que se produjeran incidentes. Los manifestantes prometieron realizar otra movilización similar, pero de seis horas de duración, la semana próxima.

Algunos prometieron erradicarlas; otros, urbanizarlas. Algunos echaron mano de las topadoras y otros, de los subsidios. Lo cierto es que, hasta el momento, en la ciudad resultaron infructuosas las políticas habitacionales para termiPor Angeles nar con las villas miseria y Castro brindar a sus habitantes condiciones de vida más dignas. Peor aún: lejos de mejorar, la situación ha empeorado con la instalación de nuevos asentamientos, y ya suman más de 150.000 los habitantes de los barrios de emergencia. Las administraciones de Aníbal Ibarra, primero, y de Jorge Telerman, ahora, intentaron dar una solución al problema mediante la construcción de viviendas donde trasladar a los vecinos de los núcleos habitacionales precarios. Si bien avanzaron las reubicaciones, la burocracia en el proceso de adjudicación de los inmuebles derivó en los últimos meses en reiteradas tomas de los edificios que ya habían sido erigidos, pero aún no habían sido entregados a sus futuros dueños. Es cierto que detrás de alguna ocupación puede haber punteros políticos. Pero el gobierno debería intentar una explicación válida en lugar de emplear acusaciones inconducentes. Porque si la oposición “mete la cola” en la crisis habitacional, lo hace aprovechando una puerta que deja abierta la inoperancia del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), intervenido por Telerman después de la primera toma de los edificios sociales. En ese sentido, magros fueron los resultados obtenidos por Telerman tras aquella intervención, con la que intentaba evitar “los manejos clientelísticos denunciados en las villas y avanzar en su urbanización”. * * * Hay que admitir que, en muchos casos, son arduas las negociaciones con los habitantes de los barrios de emergencia para que acepten abandonar la tierra que ocuparon ilegalmente. Defienden lo suyo como si hubieran pagado por los terrenos. Por ejemplo, un vecino de la villa Rodrigo Bueno difícilmente apruebe mudarse a un inmueble en la provincia de Buenos Aires, por más que se lo regalen, porque el valor del metro cuadrado es mucho menor que el del metro cuadrado en Puerto Madero, y por el “estatus” de vivir en la Capital. De cualquier manera, creer que la solución para la crisis habitacional reside en construir viviendas es un error. Paralelamente, son imprescindibles acciones que impidan la consolidación de los nuevos asentamientos. Dar un destino a las tierras fiscales en desuso antes de que sean usurpadas es una. Custodiarlas es otra. Y verdaderamente importante es una política sostenida en el tiempo de incorporación de más personas al mercado laboral, para que puedan aspirar a una vida distinta de la que hoy tienen los 150.000 habitantes de barrios de emergencia. En todos los casos, al esfuerzo del gobierno porteño deben sumarse el del gobierno nacional, por cuestiones de atribuciones y jurisdicción, y el de la provincia de Buenos Aires, de donde proviene buena parte de los vecinos de villas y asentamientos; además, allí el problema de los núcleos habitacionales precarios golpea como en ningún otro lugar del país. De lo contrario, seguiremos siendo testigos de políticas infructuosas para terminar con las villas miseria en la ciudad de Buenos Aires.

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