Política

Viernes 4 de enero de 2008

LA NACION/Página 15

Derechos humanos

PEDIDO INTERNACIONAL

Resolvían anoche la situación de los acusados del caso Febres

Por discriminación ■ El ahorrista Alberto Bustos fue el primero en tener un fallo en favor de sacar su dinero del corralito, pero en condiciones menos favorables que las que obtuvieron otros damnificados en posteriores sentencias de la Corte Suprema. ■ La diferencia de sentencias se debió a que fueron producidas por distintas conformaciones del máximo tribunal de Justicia que actualmente presidente Ricardo Lorenzetti (en la foto).

Su custodio pidió declarar; también está imputada la familia del subprefecto Un pedido de declaración inesperada que hizo anoche uno de los acusados de la misteriosa muerte del subprefecto Héctor Febres retrasó la decisión de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que, al cierre de esta edición, se aprestaba a resolver si procesaba a los cinco detenidos de la causa. La solicitud para ser sometido a indagatoria que anoche tomó por sorpresa a los investigadores fue la de Angel Volpi, el custodio de Febres en la unidad de Prefectura y el principal imputado por su fallecimiento. El ex represor apareció muerto, el 10 de diciembre, en su celda de la Delegación Delta de la Prefectura, cuando faltaban sólo cuatro días para que se conociera la sentencia en el juicio que enfrentaba por crímenes cometidos durante la última dictadura en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA. En la autopsia se determinó que había sido envenenado con cianuro. Además de Volpi están acusados el jefe de la Delegación Delta de la Prefectura, Rubén Iglesias; la esposa de Febres, Stella Maris Guevara, y los dos hijos del matrimonio, Sonia y Héctor Ariel. Los familiares son investigados por posible instigación al suicidio. Iglesias era el máximo responsable de la unidad donde ocurrieron los hechos. Volpi era el prefecto que vigilaba a Febres y, según constancias del expediente, comió con él la noche antes de su muerte. Todos los acusados estaban detenidos desde hace veinte días. Fueron trasladados al juzgado durante la tarde, para que se notificaran de la resolución. La hija y la mujer de Febres estaban en la cárcel de Ezeiza. El resto, en el penal de Marcos Paz. Al cierre de esta edición, una fuente del juzgado informó que la magistrada estaba reunida y que firmaría la resolución “a última hora”. Volpi aún no había declarado y no se informó si iba a hacerlo antes de que se dictara el fallo. Arroyo Salgado tenía previsto emitir su resolución más temprano, pero el pedido de Volpi, que el mes pasado se había negado a declarar, cambió los planes. Obligada por los plazos procesales a resolver la

Sillón

Recurren a la CIDH por la pesificación Un ahorrista denunciará discriminación Por Adrián Ventura De la Redacción de LA NACION

ARCHIVO

La jueza Arroyo Salgado definía “a última hora” si procesaba a los cinco detenidos

situación de los detenidos, la jueza debió trabajar hasta tarde. La demora provocó el enojo del abogado de la familia de Febres, que había llegado al juzgado federal de San Isidro a las 16. “Hace horas que estoy acá esperando la resolución y hace 21 días que tienen detenida a mi gente sin fundamento, tal como seguramente va a decir la resolución”, dijo Claudio Cacio a LA NACION. El otro abogado de los Febres, Martín Orozco, anunció que denun-

ciaría a la jueza si seguía demorando la resolución de la situación de sus defendidos. Desde que se determinó que el represor había muerto envenenado, Arroyo Salgado comenzó a investigar si se trataba de un suicidio o de un asesinato. Enseguida, la jueza descubrió que Febres gozaba de un régimen de arresto que se parecía poco al de un preso común. En su celda, un departamento de dos ambientes, había una computadora y un DVD, y Febres recibía visitas

Amenazaron a la jueza La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, que investiga la muerte del ex represor Héctor Febres, recibió una carta intimidatoria en la que la amenazaban con iniciarle un juicio político para destituirla y que contenía epítetos agraviantes contra su persona. La nota, escrita a máquina, había sido enviada desde La Plata y está firmada con el nombre de un empresario bodeguero mendocino, que, según se comprobó, es ajeno a la intimida-

Por Nik

ción. A raíz del incidente, se abrió una causa en el juzgado a cargo de Conrado Bergesio, según dijeron a LA NACION fuentes judiciales. En la carta se mencionaba su pasado como defensora oficial, se descalificaba su actuación judicial y se la amenazaba con hacer lo posible para destituirla. Esta es la segunda intimidación a la magistrada, que el año pasado recibió en su despacho una caja con un pájaro muerto en su interior.

Breves EN SANTA FE

Binner dispuso subir jubilaciones ■ SANTA FE.– El gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, incrementó los haberes mínimos para jubilados y pensionados de 470 pesos a 800 y 600 respectivamente. La decisión favorece a 2400 personas y significa una erogación de $190 mil más por mes. “Avanzamos en el incremento de los mínimos jubilatorios que están por debajo del valor de subsistencia y aplicamos la ley del 75 % para los jubilados y pensionados de la provincia”, explicó Binner. “SINCERAMIENTO”

Beder Herrera quiere elecciones en el PJ

En la causa ESMA

Astiz recusó a un juez por falta de imparcialidad El abogado Juan María Aberg Cobo, defensor del ex capitán de fragata Alfredo Astiz, recusó al juez federal Sergio Torres y a los integrantes del Tribunal Oral Federal N° 5, que intervienen en la investigación de delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) porque “existen razones legítimas para dudar” de la imparcialidad de los magistrados. “Debe recusarse todo juicio del que se pueda legítimamente temer una falta de imparcialidad. Esto deriva de la confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben inspirar en los justiciables, comenzando, en el orden penal, por los acusados”, sostuvo el letrado, que utilizó una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como argumento de su presentación, efectuada el 28 de diciembre último. En el epílogo de la presentación,

el defensor de Astiz señala que “los ánimos de Torres y de los integrantes del Tribunal [Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado] podrían estar perturbados a raíz de una posible presentación que podrían efectuar algunos organismos de derechos humanos” ante el Consejo de la Magistratura. Aberg Cobo concluye que la denuncia presentada ante el Consejo de la Magistratura en contra de Torres y de los magistrados del Tribunal por la muerte del subprefecto Héctor Febres puede “impedirles a los señores jueces analizar este caso con la tranquilidad de espíritu necesaria, lo que provoca una justificada pérdida de confianza sobre la posible imparcialidad de quienes deben juzgar”. Además de Astiz, Aberg Cobo también asiste a los ex marinos Antonio Pernías y José Martínez Pizarro y al ex presidente Reynaldo Bignone.

■ LA RIOJA (DyN).– El gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, reclamó elecciones internas en el Partido Justicialista provincial, que presidente su antecesor en el Poder Ejecutivo Angel Maza y el cierre de las fuerzas políticas “satélites”. En conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, pidió que las autoridades partidarias renuncien para lograr una “verdadera reforma” política. NO A CHAVEZ

Crítica de la UCR a la política exterior ■ SAN SALVADOR DE JUJUY.– El presidente del radicalismo, Gerardo Morales, dijo que con el fracaso de la operación rescate en Colombia y la profundización de la pelea entre los presidentes Chávez y Uribe, el país quedó “enganchado nuevamente en un conflicto ajeno y, además, tirado de las narices por el mandatario venezolano”. PARA LOMAS DE ZAMORA

Designan nuevo juez federal subrogante ■ Los integrantes de la Cámara Federal de La Plata, por unanimindad, designaron al doctor Gabriel Di Matteo como juez federal subrogante de primera instancia para Lomas de Zamora.

casi sin control, según descubrió la Justicia después de su muerte. Su familia disponía de un auto y un chofer para ir a visitarlo. Durante la feria judicial, la causa seguirá avanzando. La jueza espera dos informes periciales. Uno sobre semen encontrado en el cuerpo de Febres con el último análisis forense. Arroyo Salgado ordenó un estudio de ADN para determinar si el fluido era del propio Febres o de otra persona. Aunque por el momento los investigadores piensan que puede haberse tratado de un reflejo involuntario de muerte, no pueden descartar aún que sea el rastro de una relación homosexual. Este no es el único estudio que está pendiente. Faltar conocer además el resultado del peritaje que se está haciendo sobre la computadora que Febres tenía en su celda. Los expertos en informática buscan datos que ayuden a revelar la causa de la muerte, pero también deben informar a la jueza si la computadora fue alterada luego de la muerte del subprefecto y si se destruyeron documentos, tal como denunció la hija de Febres

Alberto Bustos denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la Corte lo discriminó y no lo trató igual que a otros ahorristas: mientras el alto tribunal, a partir de 2006, les reconoció a los depositantes el derecho de obtener, en pesos, la devolución de la totalidad de sus ahorros, él sólo pudo obtener 1,4 pesos más CER por cada dólar que le quedó atrapado en el banco. En realidad, la denuncia fue presentada en 2005, con el patrocinio del constitucionalista Iván Cullen y del abogado Marcelo Baridón, pero luego promovió una ampliación y, ahora, solicita que se le de una audiencia. Hoy, con turistas atestando los lugares de veraneo y con un país en crecimiento, aquel verano de 2002, cuando se dispuso la pesificación, parece lejano. Y, desde entonces, la Corte, a un ritmo por cierto muy lento, fue solucionando diversos problemas derivados de aquella decisión económica. El problema que tiene Bustos es que el fallo de la Corte que recayó en su caso fue anterior a la serie de sentencias que comenzó a dictar el tribunal en 2006 para poner fin a los conflictos y dejar a salvo el patrimonio de los ahorristas. Y, por supuesto, esa sentencia no fue favorable a Bustos. Se podría decir que este médico sufrió lo que en la guerra se llama un daño colateral. En 2006, la Corte encaró la devolución de los depósitos en dólares y le reconoció a cada ahorrista el derecho a que el banco le reintegrara, en pesos, una cantidad equivalente al depósito en dólares (caso Massa). Más tarde, fue el turno de los acreedores hipotecarios de montos inferiores a 100.000 dólares para compra o refacción de vivienda. La Corte apli-

có la doctrina del esfuerzo compartido, que es un criterio de equidad, y dispuso que el deudor debía devolver por cada dólar recibido un peso más el 30% de la diferencia entre esa moneda y el precio de cotización de la divisa (caso Rinaldi). A mediados de 2007, en la causa Bezzi, extendió la solución para beneficiar a deudores que habían tomado hipotecas sobre sus viviendas pero con fines distintos de la compra o la refacción. Y a fines de 2007, la Corte también aplicó la doctrina del esfuerzo compartido para las deudas superiores a 250.000 dólares, aunque estableciendo que el deudor devolverá, por cada dólar, un peso más el 50% de la diferencia entre esa moneda argentina y el valor de la divisa norteamericana.

El caso Bustos Bustos, en cambio, no tuvo tanta suerte y recibió menos que otros ciudadanos. En efecto, en 2004, todavía estaba en pie la discusión acerca de si la pesificación era constitucional o no. La Corte Suprema, antes de estar integrada por los actuales ministros, había dictado algunos fallos en favor de la redolarización y las cámaras de apelaciones de todo el país se pronunciaban por la inconstitucionalidad de aquella medida económica. En ese contexto de controversia, la Corte quiso dar una señal: el tribunal respaldó la pesificación y dispuso que Bustos cobraría 1,4 pesos más CER. Es decir, el médico recibió mucho menos que el monto original de su depósito y, además, mucho menos que lo que la Corte les reconoció a los demás ahorristas en el caso Massa. Desde entonces, Bustos presentó una denuncia y una ampliación ante la Comisión Interamericana y espera que el organismo le dé una audiencia.