Política

Jueves 3 de enero de 2008

La ex ministra, ante la Justicia

LA NACION/Página 13

Derechos humanos: la misteriosa muerte de un represor

Avanza la causa contra Miceli por usar autos oficiales

Objetan una designación en la Corte de Jujuy

El fiscal del caso pidió nuevas pruebas

El elegido tuvo un cargo en el Proceso

En pleno enero, la causa que investiga a la ex ministra de Economía Felisa Miceli por el uso indebido de custodios y de autos oficiales avanza, inmune a la parálisis general de los tribunales. El fiscal del caso, Angel Osorio, hizo ayer una presentación formal para que el juez Sergio Torres siguiera adelante con el expediente y le pidió que ordenara nuevas medidas de prueba. Entre ellas, que requiriera a la Policía Federal un informe sobre quién había dado la orden para que Miceli siguiera siendo custodiada cuatro meses después de su escandalosa salida del Ministerio de Economía, qué cantidad de agentes la vigilaban y cuánto le había costado eso al Estado. Hasta hace un mes, Miceli se trasladaba en dos camionetas del Palacio de Hacienda y tenía custodia permanente de la Policía Federal. Ningún funcionario logró explicar por qué. Ella había renunciado a su cargo el 16 de julio, luego de que apareció una bolsa con dinero en el baño de su despacho. El uso irregular que se estaba haciendo de custodios y autos se hizo público por una denuncia periodística del programa Informe Klipphan, que se emite por el canal de cable C5N. Como consecuencia, se abrió la causa judicial. En el programa de TV se mostró que Miceli se trasladaba en dos camionetas 4x4 Ford Ranger, a su disposición las 24 horas, y que tenía tres efectivos de la policía que le servían de custodios o de choferes. De inmediato, el Ministerio del Interior difundió un comunicado en el que se informó que el entonces presidente Néstor Kirchner había dado órdenes para suspender el servicio de custodia y el uso de los autos oficiales.

“El presidente de la Nación está muy disgustado con el tema y dio precisiones para que cesara inmediatamente el servicio de custodia para la ex funcionaria”, sostuvo el ministerio. Después, el jefe de la policía ordenó un sumario interno. En el expediente judicial ya hay varias medidas de prueba en marcha. Antes de que comenzara la feria, Torres pidió que le mandaran el video del programa y le solicitó al Gobierno toda las normas que rigen el régimen de custodias, informó una fuente del caso. Ahora, espera las respuestas.

Investigación paralela Por otro carril, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, a cargo de Manuel Garrido, avanzó en su propia investigación y ayer le pidió al Ministerio de Economía que instruyera las “actuaciones administrativas correspondientes” para determinar qué responsabilidad les caben a los funcionarios de esa cartera por los servicios brindados a Miceli. De acuerdo con la información reunida por Garrido, Miceli “disfrutó gratuitamente del uso de dos vehículos oficiales y del servicio de custodia de la Policía Federal luego de haber cesado en sus funciones, por un plazo superior a cuatro meses, sin que obrara ninguna aparente razón que lo justificara”. El Ministerio de Economía informó a Garrido que “las erogaciones en combustibles y mantenimiento” de las dos camionetas habían sido solventadas por esa cartera. Según advirtió el fiscal, las normas que alegaron los funcionarios a los que les había pedido explicaciones, “no permiten hallar razones que avalen la continuidad de los servicios y bienes públicos puestos al servicio de Miceli luego de que renunció a su cargo”.

El caso de la bolsa ■ Este es un verano agitado para la ex ministra Felisa Miceli, que tiene pendiente la definición de su situación procesal en el caso de la bolsa con dinero encontrada en su baño del Ministerio. Por ese escándalo, que forzó su renuncia, Miceli declaró como acusada ante la jueza María Servini de Cubría, que ahora debe decidir si la procesa. La situación de Miceli es complicada. En los tribunales contradijo su versión anterior de los hechos (por ejemplo, ya no era su hermano Horacio, sino otro, llamado José, el que le habría prestado el dinero) y el fiscal del caso, Guillermo Marijuán, está convencido de que ella miente.

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La mujer y los hijos de Héctor Febres declararon como acusados de una posible instigación al suicidio

Definen la situación de la familia de Febres La mujer y los hijos del subprefecto llevan 20 días presos Después de 20 días de arresto, hoy se definirá el futuro de la mujer y los dos hijos de Héctor Febres, acusados de la misteriosa muerte con cianuro del subprefecto que actuó en la ESMA durante la dictadura. Sonia Febres y su madre, Stella Maris Guevara, están detenidas en la cárcel de Ezeiza; Héctor Ariel Febres, en el penal de Marcos Paz. La jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó sus capturas (cree que pueden haberle dado el veneno que, según el examen forense, mató a Febres) y lleva días analizando las pruebas reunidas contra ellos. Durante la mañana de hoy decidirá si los procesa, informó una fuente judicial. También se sabrá hoy qué grado de responsabilidad tienen, para la jueza, los otros dos presos de la causa: el responsable de la Delegación Delta de la Prefectura, Rubén Iglesias, y el custodio Angel Volpi. Febres fue encontrado muerto en su celda de la delegación que estaba a cargo de Iglesias el lunes 10 de diciembre, cuando faltaban cuatro días para que se conociera la sentencia en el juicio que enfrentaba por presun-

Por Nik

ARMANDO BLASCO y ELENA MARIA FUNES de BLASCO invitan a su familia y amigos a acompañarlos a la misa de acción de gracias por sus bodas de oro, en la parroquia Nuestra Señora del Pilar, hoy, a las 19.30

MARIANO VIEL TEMPERLEY. - A un año de su partida, su familia invita a la misa que se celebrará el viernes 4 de enero, a las 19.30, en la iglesia Nuestra Señora del Pilar

tos crímenes cometidos durante la última dictadura. La investigación judicial demostró que sus condiciones de detención distaban mucho de ser normales: Febres vivía en un departamento de dos ambientes, con computadora y DVD. En las últimas semanas, el juzgado de Arroyo Salgado trabajó contra reloj. Además de estudiar el grado de compromiso de los detenidos, ordenó nuevas medidas de prueba que podrían comprometer a más gente.

Sorprendente resultado La semana pasada, la jueza recibió una información alarmante: un nuevo análisis forense descubrió semen en el recto de Febres. Podía ser el rastro de una relación homosexual. Incluso, de una violación. Por eso, Arroyo Salgado consultó a varios médicos y ordenó un informe de ADN que determinara si el semen era del propio fallecido. “Los médicos informaron que no se trató necesariamente de una relación homosexual. Dijeron que es normal que una persona libere semen en un caso de muerte violenta”,

relató a LA NACION un funcionario que interviene en la causa. Aunque el informe de los médicos parece haber tranquilizado a los investigadores, la jueza espera el examen de ADN para dar por cerrado el tema. Este no es el único estudio que está pendiente. En los próximos días se conocerá también el resultado del informe pericial que se está haciendo sobre la computadora que Febres tenía en su celda. Los expertos en informática buscan información que ayude a revelar la causa de la muerte, pero también deben informar a la jueza si la computadora fue alterada luego de la muerte del subprefecto y si se destruyeron documentos. La semana pasada, el abogado defensor de la familia Febres, Martín Orozco, había denunciado a LA NACION que esa computadora había sido manipulada. Horas después de la muerte del subprefecto, su hija pidió que le mostraran la máquina y la revisó. De acuerdo con el relato de la defensa, encontró que habían borrado varios documentos y todo el correo electrónico.

SAN SALVADOR DE JUJUY (DyN).– Organismos de derechos humanos de Jujuy rechazaron ayer la aprobación legislativa del pliego del abogado Sergio Jenefes como integrante del Superior Tribunal de Justicia, porque señalan que fue funcionario de la última dictadura militar. La denuncia fue realizada públicamente por las Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy y la Red por el Derecho a la Identidad. El pliego del nuevo juez, hermano del senador nacional por el Frente para la Victoria Guillermo Jenefes, fue aprobado por la Legislatura jujeña el 28 de diciembre. Los organismos aseguraron que Sergio Jenefes formó parte del gabinete del general Fernando Urdapilleta, interventor de la provincia durante la dictadura. En ese sentido, se quejaron porque “la clase política de la provincia no responde a los reclamos de desmantelar los resabios del autoritarismo y sus derivaciones con un saldo de 124 detenidos desaparecidos del terrorismo de Estado instaurado en Jujuy” durante el Proceso militar que se inició en 1976. “A más de 31 años del último golpe de Estado que sufrió nuestro país hoy vemos con profunda preocupación cómo algunos funcionarios del antiguo Proceso intentan reciclarse en democracia, con la osadía de aspirar a ocupar cargos públicos en este proceso de renovación democrática y que pretenden hoy ser representantes del pueblo ante la justicia provincial”, afirmaron los organismos en un comunicado. Las entidades repudiaron a los diputados provinciales, a excepción del legislador radical Pablo Baca, que se negó al ingreso del pliego porque no iba a ser analizado, ni se iban a escuchar las impugnaciones de las organizaciones de derechos humanos, por lo que se retiró del recinto. Jenefes fue propuesto por el gobernador Walter Barrionuevo, aliado de Cristina Kirchner.