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Página 12/LA NACION

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Viernes 30 de marzo de 2007

El juicio por el homicidio de Pablo Piccioli: condenaron al acusado, Edgardo Petrocchi

Por el crimen del peaje, 15 años de cárcel Continuación de la Pág. 1, Col. 2

contener el llanto. Estaban todos muy conmovidos. Entre los agravantes que fundamentaron la condena contra Petrocchi, los jueces esgrimieron que el acusado trabaja en una empresa de seguridad privada, la utilización de proyectiles de uso prohibido (balas de punta hueca), futilidad del motivo, la edad de la víctima (Pablo Piccioli tenía 18 años), las amenazas sufridas por Andrés Piccioli, el hermano de la persona asesinada; la fuga protagonizada por el acusado y que el hecho tuvo una naturalidad alevosa. Según Mariani también debió ser considerado como agravante el fallecimiento de la abuela materna de Pablo, Angela Gatti, que murió el mismo día del crimen al enterarse del asesinato de su nieto. “Fue una condena excesiva. Vamos a apelar”, afirmó uno de los abogados del condenado, Javier Raidan. Petrocchi, cabe recordar, ya lleva un año y medio preso y, ahora, sólo estará en condiciones de pedir salidas transitorias, aproximadamente, dentro cinco años. Entre los atenuantes para la condena, el tribunal tuvo en cuenta la falta de antecedentes penales de Petrocchi y el buen concepto del acusado en su ámbito laboral. Al finalizar el juicio, muy conmovida y siempre acompañada de su hijo Andrés, de 23 años, Alejandra Dizeo, la madre de la víctima, sostuvo: “No estoy contenta porque no tengo a mi hijo, que es lo más importante. Espero que el homicidio de Pablo no sea en vano. Ojalá que esto sirva. Tenemos que confiar en la Justicia”. Durante la audiencia, Dizeo no paró de llorar. Se sentó cerca de la puerta. Andrés, su hijo mayor, le hacía caricias con su mano derecha. En el momento que se dio a conocer el veredicto, dirigió la vista hacia el acusado. Después, se abrazó con Andrés. “El resultado muerte no fue producto del azar. Petrocchi quiso tomar el arma y dirigirse a la víctima. No fue un accidente. Hubo un dolo directo en la conducta de Petrocchi”, sostuvo Toscano en su voto. Afuera de la sala de audiencias, mientras se abrazaba con los ami-

El análisis de la noticia

No hay nada para festejar, sólo dolor Por Fernando Rodríguez De la Redacción de LA NACION

LUIS PAZ

Minutos después del veredicto y con la mirada perdida, Edgardo Petrocchi fue esposado y llevado a la cárcel

gos de Pablo que, como todas las audiencias del debate, se acercaron para mostrar su solidaridad para con la familia de la víctima, Dizeo destacó el valor de los testigos que se presentaron espontáneamente y colaboraron con la causa. En su fallo, el Tribunal también giró las actuaciones a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno para que investigara si Petrocchi cometió el delito de portación ilegal de armas, ya que según declaró en el juicio una ex funcionaria del Registro Nacional de Armas, el día del homicidio, Petrocchi no tenía autorización para llevar la pistola Bersa calibre .380, que utilizó para ultimar de un disparo a Piccioli y que nunca pudo ser hallada. “Nosotros no estamos ni contentos ni aliviados, sólo esperamos que esto sirva de ejemplo para que la gente piense dos veces antes de tener armas”, dijo Sergio, el hermano mayor de la víctima, poco después de tener un discusión con Radian.

Además de parientes y amigos, acompañaron a la familia Piccioli Isabel Yaconis, Marta Canillas y Silvia Irigaray (integrantes de la agrupación Madres del Dolor) y Juan Carlos Blumberg.

Carta de los amigos Los amigos de Pablo difundieron ayer una carta: “Somos víctimas de la creciente desvalorización por la vida que afecta a los argentinos. Pero, creemos que, como dicen Alejandra y Dante [los padres de la víctima], la vida debe continuar y que nuestros valores no deben quebrarse jamás, ni siquiera ante el peor de los escenarios que la vida pueda presentarnos”, sostuvieron Esteban y Natalio Marzorati, Ignacio Carnero, Agustín Rojas, Patricia Fornerón, Matías Torres, Federico Borelli y Florencia Monteverde, los compañeros de vida de Pablo Piccioli (la carta completa se puede leer en www.lanacion.com.ar). Petrocchi, mientras sus allegados lloraban, fue trasladado a la cárcel.

MIGUEL ACEVEDO RIU

Alejandra Dizeo y Andrés Piccioli

Era una condena anunciada la que se le impuso a Edgardo Petrocchi. En verdad, y en cuanto a lo estrictamente judicial, sólo estaba en juego el alcance de la pena impuesta, que dependía de cuánto inclinarían la balanza, hacia un lado u otro, los agravantes y atenuantes aplicables al caso. Los jueces del Tribunal Oral Nº 6 de San Martín dejaron en claro ayer que el motivo por el cual Petrocchi asesinó de un disparo a Pablo Piccioli era de tal futilidad –un incidente de tránsito– que merecía un castigo ejemplar. Lo consideraron un homicidio simple y descartaron toda posibilidad de aplicar en este caso la pena mínima para el tipo penal de homicidio, de 8 años. Pero aun cuando reconocieron que en el hecho en análisis la cantidad de agravantes superaba en calidad y en cantidad la de eximientes, y defendieron su potestad de aplicar una pena mayor que la que había pedido la fiscalía, los jueces llevaron el castigo hasta un término medio, diez años por debajo del máximo, que era lo que había pedido el abogado de la familia de la víctima. Textualmente, los magistrados –al igual que la fiscal del juicio, a su turno– tuvieron en cuenta que en sus 50 y tantos años de vida, antes del infausto hecho que lo puso tras las rejas, Petrocchi no había tenido conflicto alguno con la ley, y que incluso era tenida en alta estima su hombría de bien en el barrio y en el trabajo. Ya la fiscal Laura Pascual, a la hora de acusar en su alegato, había trazado esa hipotética línea divisoria al considerar que Petrocchi no

debía ser considerado “un peligroso delincuente habitual, perverso o energúmeno”. En otras palabras: que no debía recibir la misma pena que un delincuente común. Entre líneas se lee un implícito reconocimiento de que, ante una larga condena, la inhumanidad del sistema carcelario (hoy lejos de poder cumplir con el mandato constitucional de ser una instancia de resocialización con miras a la reinserción social del condenado), habría significado un doble castigo.

Trasfondo La lectura podría ser ésta: Petrocchi merece una condena penal por su reprochable crimen, pero no debe ser “abandonado” en una cárcel por el resto de sus días. Lo que subyace bajo esa posible lectura es la presunción de que, sabiendo lo que hizo (matar a un chico por un motivo banal) y purgando una pena por ello (ya lleva casi dos años preso y seguirá estándolo al menos cinco años más), difícilmente Petrocchi pudiera repetir la reacción criminal que tuvo aquella tarde del domingo 9 de octubre de 2005, en un peaje de la ruta Panamericana. La familia Piccioli, a pesar de haber pedido una pena mucho más dura, consideró con mesura que con el fallo condenatorio se daba a la sociedad un mensaje ejemplarizador. Dio por cumplida la necesidad de mostrarle a la sociedad que las acciones criminales tienen castigo, y que las armas son peligrosas y matan aun cuando no están en manos de delincuentes consuetudinarios, e incluso cuando los motivos rayan en la banalidad. Festejar no festejaron: allí donde hay muerte y donde lo que queda solamente es dolor, nada hay para celebrar.

El crimen en el country Carmel

En Misiones

Acusó un médico a familiares en la causa García Belsunce

Desaparece con más de 3.000.000 de pesos

DESTINATARIOS

Dijo que habían armado una trama de encubrimiento Por Gustavo Carabajal De la Redacción de LA NACION “Parecía que en esa casa a nadie le importaba el cadáver de María Marta García Belsunce, excepto a mí. Me pareció que había una trama orquestada y que estaba todo armado. Creo que si no hubiera estado esa tarde, tal vez todo esto habría terminado como un accidente doméstico y se habría tapado todo.” Así, el médico Santiago Biasi reveló ante los jueces de San Isidro que juzgan a Carlos Carrascosa por su presunta participación en el asesinato de su esposa, la supuesta trama que algunos familiares de María Marta García Belsunce habrían comenzado a urdir a partir del hallazgo del cuerpo en la bañera de su casa. “Pedazo de pelotudo ¿qué clase de informe hiciste? Esta señora (por María Marta) está enterrada en la Recoleta. Tu informe comprometió el convenio con el country Carmel. Te vamos a echar. Vos tenés que decir que fue un accidente doméstico”, dijo Biasi que le había advertido Héctor Festa, el director médico de la empresa de ambulancias para la que trabajaba. Indignado y molesto, con voz agitada y tratando de reafirmar con gestos cada uno de sus dichos, el médico de terapia intensiva explicó que le hicieron dicha advertencia el 4 de noviembre de 2002, una semana antes de su

primera declaración y 20 días antes de que se conociera el resultado de la autopsia que determinó que María Marta había sido asesinada de cinco balazos en la cabeza. Biasi afirmó que, tras revisar a la víctima, subieron a la habitación Carrascosa y su cuñado, Guillermo Bártoli, a quienes les explicó que lo ocurrido con María Marta era “una muerte violenta” y que había que “dar aviso a la Policía”. Según Biasi, Carrascosa le dijo muy tranquilo: “No se haga problema, ya arreglé con Gauvry Gordon”. El médico comentó que le informó la misma situación a Irene Hurtig y a Horacio García Belsunce (h.), hermanastra y hermano de María Marta. Biasi fue uno de los dos médicos que, el 27 de octubre de 2002, llegó a la casa del country Carmel de Pilar, para atender la llamada de emergencia realizada desde la guardia de dicho barrio cerrado a la empresa Emernort. Ayer, ante el tribunal afirmó que, cuando encontró el cuerpo, advirtió que la mujer no había muerto por un accidente doméstico como sostenían algunos familiares y su colega Juan Gauvry Gordon, sino que sufrió una muerte violenta. “Le pedí al chofer de la ambulancia, Antonio Cachi, que me pasara un guante. Entonces, comencé a revisar el cuerpo de María Marta. En la cabeza encontré una zona anatómica a la que le faltaba algo y que tenía orificios redondos. Entonces, metí mi dedo y entró tres centímetros en

el cráneo. Gauvry insistía con que María Marta murió al golpearse la cabeza contra la punta de manija del intercambiador de la ducha. Pero las canillas eras redondas”, dijo Biasi mientras mostraba a los jueces su índice derecho. Biasi, que declaró durante cuatro horas y media, recordó que el hecho de haber presentado el informe en el que describió que María Marta murió en forma violenta y que la muerte se produjo dos horas y media antes de que llegaran a la casa del country Carmel, provocó que lo despidieran.

“Informe terrorífico” El médico recordó que otro de los gerentes de la empresa le advirtió que el informe que presentó al día siguiente de la muerte de María Marta “había sido terrorífico. Me lo dijo dos días antes de declarar ante la fiscalía”. También explicó que tuvo que hacerlo debido a que Gauvry Gordon no había llamado a la policía a pesar de que el Código de Emergencias establece que, ante una muerte por causas dudosas o violenta, debe aplicarse un código azul, o sea, haber hecho la denuncia policial. “Yo creí que Gauvry Gordon se haría cargo y avisaría a la policía. Es un tema profesional. Como los médicos tenemos la obligación de denunciar una muerte en menos de 24 horas, al día siguiente de haber estado en el country presenté el informe en la empresa”, relató Biasi.

Carrascosa

Irene Hurtig

Guillermo Bártoli

■ Biasi dijo que

■ Según Biasi, le

le avisó que debía llamar a la policía porque su esposa no había sufrido un accidente doméstico.

entregó el informe en el que sostuvo que había sido una muerte violenta, pero se negó a firmarlo.

■ Fue otro de los familiares de María Marta a los que, según Biasi, alertó sobre la necesidad de llamar a la policía.

La declaración del médico fue refutada por el chofer de la ambulancia, Cachi. Por tal motivo, Ariel Apolo, uno de los fiscales que acompaña a Diego Molina Pico, que impulsó la instrucción de la causa, solicitó al tribunal un careo entre Biasi y Cachi. Los principales puntos del primer careo que se hizo en el juicio fueron las contradicciones sobre el llamado para solicitar al aplicación del código azul, sobre el tiempo que los hicieron esperar en la puerta de acceso al country antes que los dejaran ingresar y sobre quién había descubierto los orificios en el cráneo de María Marta. Por la mañana, Biasi había declarado que él descubrió los orificios en el cráneo de la víctima, mientras que, por la tarde, Cachi sostuvo que quien introdujo el dedo en la cabeza de la víctima fue Gauvry Gordon.

Además, Biasi expresó que, al salir del country desde su ambulancia, enviaron un “código azul”. Por la tarde, Cachi negó esta situación al decir que “no se pasó el código azul, porque el médico no notó nada raro”. Pero la presidenta del tribunal, María Angélica Etcheverry, hizo notar al testigo que previamente había asegurado que mientras recogía los instrumentos para retirarse de la casa escuchó cuando su compañero Biasi y Gauvry Gordon llamaron a Carrascosa para decirle que “tenía que llamar a la policía”. El careo fue pobre. Duró poco menos de una hora, ambos testigos se mantuvieron en sus dichos y no dialogaron entre ellos. Gauvry Gordon no podrá apoyar o refutar alguna de las dos versiones porque, debido a que está acusado por presunto encubrimiento, no puede declarar como testigo.

Es un empleado de seguridad POSADAS.– Desde el lunes último, un empleado de una empresa de seguridad desapareció con una suma equivalente a más de 3.000.000 de pesos, en billetes de euros y dólares. La denuncia fue radicada por la transportadora de caudales Prosegur ante el Juzgado de Instrucción N° 3, a cargo de Eduardo D’Orsaneo, quien hasta anoche no había recibido noticias del paradero de dicho empleado. En esferas judiciales, confiaron a LA NACION que el empleado habría sido identificado como Francisco Fernández, que cumplía tareas administrativas y desde el lunes último dejó de asistir a su trabajo. También se ausentó sin aviso de su domicilio, que estaría situado en el barrio Santa Rita, de Posadas. Justamente ayer, la policía allanó su vivienda y la de sus padres, en pleno centro de la capital misionera, pero según fuentes policiales, Fernández, de 28 años, desapareció misteriosamente y sin dejar rastro. En cuanto al dinero faltante –del que debió rendir cuenta el lunes último y no lo hizo– se compone de 850.000 dólares y 150.000 euros, equivalentes a más de 3.000.000 de pesos. Los depósitos de Prosegur se hallan en una finca de la esquina de las avenidas Andresito y San Martín, de Posadas. Desde allí, el empleado presuntamente infiel salió del edificio con semejante suma, sin que lo haya advertido la fuerte custodia que controla el lugar día y noche. Fuentes policiales no descartaron que el joven hubiera planificado su fuga con antelación y buscado refugio en Paraguay o en Brasil, países hacia donde se ingresa con extrema facilidad por estas fronteras. En la investigación del caso interviene el fiscal Ricardo Valor. La Justicia enviaría a los medios fotografías del desaparecido.