Publicado en la Revista Correo Semanal el 7 de junio de 2012

“HOY, EL PODER LO TIENEN LAS COMUNIDADES” Miguel Ferré – Director del Área de Dirección General. Todo comenzó como un caso de estudio. En junio de 2009, luego de la masacre de Bagua —que terminó

con la

personas

vida

entre

pobladores—,

la

de 34

policías

y

Escuela

de

Dirección de la Universidad de Piura (PAD) se propuso analizar la raíz del conflicto tal como se investigara

a

un

ratón

de

laboratorio. Para Miguel Ferré Trenzano, ex fundador y director del PAD y quién lideró esta propuesta, la única forma de tender puentes entre empresas y comunidades es que ambas se animen “a abrir la puerta de sus casas”. Así como se oye. Según él, si no se alcanza este nivel de apertura, habrá nuevos episodios de violencia social y pocas lecciones para evitarlos. A partir de su experiencia, ¿qué cree que está ocurriendo en Espinar? Allí la minera Xtrata destina 3% de sus utilidades a la comunidad. Parece razonable, pero existe gente que exige que dicho aporte se eleve a 30% están locos. No buscan una solución, quieren que la minera se vaya. Sin embargo, es solo un análisis superficial. En el fondo, lo que vemos es el resultado de la mala

relación entre comunidades y empresas, un vínculo que no existe y que no se construye en uno o dos años, menos apelando a una campaña publicitaria. Tras lo sucedido en Espinar, Miguel Ferré —experto en conflictos y director del Programa de Alta Dirección para Ejecutivos de la Universidad de Piura— analiza la raíz de estos estallidos de violencia y plantea una visión útil a las empresas. ¿Por qué algunas empresas, que como tales son generadoras de riqueza y desarrollo, son vistas como ‘enemigas? Existen dos tipos de empresas: las que llevan años en lugar, con una determinada trayectoria y reconocimientos, y la que actúa y hace fama como una simple acopiadora de recursos. En el primer caso, 15 años no se borran en un mes de protestas. En el segundo, el empresario es visto como un aventurero que llega hasta una comunidad, se lleva su cacao y paga después en tres meses, si es que logra vender el producto. El problemas es que en ningún caso los empresarios les han explicado a los pobladores qué es una empresa, a qué se dedica, cómo hacen su trabajo. Cuando llevamos a los miembros de una comunidad hasta Alicorp, ellos se preguntaron: “¿Esto es una empresa?”. Quedaron fascinados. Las comunidades abren sus puertas a las empresas para que desarrollen sus procesos de extracción, ¿las empresas les abren las puertas a las comunidades para que las conozcan? Lentamente. Pero no sé si lo hacen con convicción. En el tema de Espinar, sin ser un experto, noto varias aristas: por ejemplo, la mina Tintaya está hace una década en la zona, pero la gente no tiene agua. No sé quién será el responsable — si el Estado, el alcalde o la empresa—, pero de que iba a pasar algo, iba a pasar. Por más tonto que parezca, es así. Todos los días salen ‘expertos’ pontificando sin haber pisado la zona. Los medios le dan voz al que grita más, así diga disparates.

Sin embargo, las empresas contratan antropólogos y sociólogos para tender puentes con las poblaciones, ¿qué está ocurriendo? Los altos empresarios, los que deciden las cosas, no van a esas zonas. Ni las conocen. Los que viajan son los técnicos, quienes están en el tercer o cuarto nivel en una organización. Si vas a hablar a un congreso machiguenga en el bajo Urubamba donde están los representantes de una comunidad indígena mejor no vayas si solo vas a mandar a tu jefe de Relaciones Comunitarias. ¿Para qué? Para que digan “estoy de acuerdo, pero yo no decido nada”. Eso no tiene sentido. ¿Cómo toman las comunidades ese tipo de desplantes? Pésimo, ¿De qué otra manera podrían hacerlo? Allí hay gente muy sensible a algo que no siempre entendemos: respeto. El año pasado hicimos un foro en Lima, al que llegaron 80 líderes de la selva para intercambiar experiencias con empresarios. A algunos les tomó dos días en llegar solo hasta un punto para embarcarse a Lima. El interés no es equitativo. Hace poco llevamos hasta Bagua a un empresario dedicado a la exportación de cacao. La gente sabía que iba a llegar este señor y habría que ver cómo se entusiasmaron. Son gente

como tú o como yo. Todos tienen celular, lo que les falta es “señal” para que sus aparatos funcionen. ¿Usted diría que los conflictos se reducen a la falta de infraestructura, a un mejor acceso al mercado? El estado debe ser un articulador entre el sector privado y las comunidades. Preocuparse porque las empresas dialoguen con las comunidades como iguales. No en desventaja. Sin embargo, no se puede negociar cuando una de las partes no tienen carreteras, agua, teléfono o Internet. Este gobierno está más interesado que otros, pero me parece que todavía no sabe por dónde empezar. Las autoridades tampoco manejan estos conflictos en forma responsable. Observe al alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca, azuzando la protesta en vez de liderar una solución pacífica. ¡Sálvense quien pueda! En la selva, donde hemos trabajado, existen cinco autoridades serias entre un montón. Hay líderes que se preocupan más de su bolsillo que de su gente, de su futuro político que de su comunidad. La empresa se queja: “Yo firmé con un líder, pero llega otro y desconoce los acuerdos”. Claro, si hizo un trato con un comunero que pensó más en los favores que recibiría de la empresa y no en el bienestar de sus vecinos, es obvio que el siguiente no va a respetar nada. ¿Qué solución se podría aplicar con éxito cada vez que surgen conflictos entre empresas y comunidades? Las soluciones son a largo plazo, pero se debe pensar en el corto para llegar hasta allí. Primero, así como existe un plan Perú a 2021, se debería elaborar uno para cada región, distrito o comunidad. Las empresas necesitan tratar con líderes responsables, pero ¿dónde están ahora los líderes del año 2021? En el colegio, en las universidades. Entonces deberían ejecutar un plan agresivo

para educar mejor a la gente. Que comprendan que el desarrollo sí da resultados. Las empresas becas a uno o dos alumnos destacados, pero debería becar a 50. ¿Y qué debería ocurrir con los que utilizan a las comunidades con fines políticos y desinformando, como es el caso de Espinar? Primero, no haciéndoles tanto caso. La semana pasada hubo una marcha a favor de la minería en Cajamarca, donde se reunieron 30 mil personas pacíficamente. Dos días después hubo otra marcha de extremistas, donde solo llegaron unos cuantos, pero se les da el mismo peso. No se le debe pasar el micro a cualquiera, sino a los más representativos. Después de eso está la ley. Es una ironía: las comunidades exigen infraestructura, pero esta solo llegará si se incrementa la renta minera. Y las autoridades locales intentan desprestigiar al Estado pintándolo como escudero del gran capital. Si las comunidades rompen el Estado de derecho, el estado se debe poner al lado de la Empresa que cumple lo que exige la ley. Si la empresa arrasa con una comunidad, afectando el medioambiente, el Estado debe estar al lado de la comunidad. Para las comunidades el Gobierno es el alcalde distrital, el presidente de la región. El señor Ollanta Humala—que solo llegó hasta Espinar en campaña electoral— es un personaje distante, tal como Barack Obama para nosotros. Sabemos que está en Estados Unidos, pero no llega para acá. ¿Los conflictos son de origen ambiental o pesa más la falta de oportunidades e infraestructura? En muchas zonas existen razones de tipo político, pero la falta de infraestructura es evidente. Si piden una carretera no es que sea un despropósito, hace falta. También existe una cosmovisión, pero bastante matizada. He estado en el Alto Marañón, donde están empezando a aparecer dragas (de los mineros ilegales) como las de Madre de Dios. He hablado con

los dirigentes y les he preguntado si van a destruir esas dragas, porque si no su discurso ambiental carece de coherencia. Todavía estoy esperando que lo hagan. ¿Quién tiene el poder, las comunidades o las empresas? Hoy, el poder lo tienen las comunidades. Si tienes una concesión como empresa, vas hasta la comunidad con tu visto bueno, llegas y dices: “El Estado me ha dado permiso, este es mi lote, este es mi estudio de impacto ambiental”. ¿Qué te van a responder? “¿Perdón?”, no lo conozco, váyase”. Y se acabó. Tan simple como eso. Así es ahora. No sé si eso está bien o mal, pero es el final de una larga historia donde el equilibrio del poder estuvo en otro lado. ¿Qué se puede hacer para que esta no sea una lucha de poder, sino un diálogo para llegar a un entendimiento? Primero, debe modificarse el enfoque con el que llegan las empresas a la zona. No debe ser “vengo a extraer petróleo, metales o gas, y de paso, te ayudo con mis programas de responsabilidad social”. Si vas así estás fregado. Yo propongo otro discurso: “Vengo a desarrollar esta comunidad que posee madera, peces o cacao. Sin embargo, para alcanzar un nivel óptimo de desarrollo habría que explotar el oro, pero con tu permiso, bajo tus términos. Ven, te explico, así vamos a hacer las cosas”. Parece simple, pero díselo a los empresarios a ver si lo comprenden y ejecutan. ¿Qué falta para que lo entiendan? Amistad, verdad, respeto y afecto.