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Viernes 4 de enero de 2008

LA NACION/Página 21

Un conflicto que se agudiza: el rechazo sindical al cese de contratos y a la libre elección de la obra social El análisis

Ante un combate de largo aliento Por Fernando Laborda De la Redacción de LA NACION

El gremialista Datarmini, presidente de la Obsba

Mauricio Macri, al anunciar la intervención a la obra social

El líder de la CGT, Hugo Moyano, apoya el paro FOTOS DE TELAM

Los vecinos, otra vez rehenes del gremio que protesta contra Macri El paro municipal volvió a paralizar la atención al público en la Capital; hoy, la cuarta huelga Por tercer día hábil consecutivo, el plan de lucha pautado por el Sindicato Unico de Trabajadores del Estado de la Ciudad (Sutecba) en protesta por el cese de unos 2400 empleados contrados en el gobierno porteño complicó ayer la vida de los vecinos de la Capital, ya que resintió la atención en numerosos servicios públicos, volviéndolos a dejar como rehenes de la disputa. Los perjuicios serán hoy mucho mayores: al paro total con movilización frente al Palacio Municipal convocado por el Sutecba para este mediodía adhirió ayer ATE, mientras que la CGT de Hugo Moyano se solidarizó con la medida. Anoche ya se preveía que, por la huelga, habría restricciones en varias prestaciones: ● Los centros de gestión y participación comunales funcionarán con un servicio de emergencia. ● Los cementerios estarán abiertos pero no se realizarán inhumaciones. El servicio ya estuvo afectado ayer. ● No se podrán concretar trámites en la Dirección General de Licencias. ● Permanecerán cerradas las oficinas en las que se evalúan las multas por infracciones y Rentas. ● Los centros culturales estarán cerrados, incluidos el San Martín y el Recoleta.

Pese a los trastornos, el gobierno porteño ratificó ayer tanto el cese de los contratados, que considera que llegaron a esos puestos por “designaciones políticas”, como la intervención a la obra social de los empleados municipales (Obsba) para permitir la libre opción de los afiliados, otra de las medidas que provocó un intenso malestar en el sindicalismo porteño. Ayer, algunos miembros del consejo directivo de la CGT, encabezados por Moyano, secretario general de la central obrera, anunciaron que participarán de la movilización organizada por el Sutecba. El dirigente camionero, aliado del gobierno nacional y, en especial, del ex presidente Néstor Kirchner, es crítico de Macri: luego de expresar su solidaridad en contra las cesantías, visitó al titular de Sutecba, Amadeo Genta, para confirmarle también su respaldo a la decisión de rechazar la intervención en la Obsba. Lo hizo acompañado del titular de las 62 Organizaciones, Gerónimo Venegas, y de los secretarios generales del gremio de peones de taxis, Jorge Omar Viviani, y de la Federación de Trabajadores de Panaderías, Abel Frutos. Luego, mediante un comunicado firmado por Moyano y por el secretario de Derechos Humanos, Julio

Piumato (judiciales), la CGT rechazó “enérgicamente las medidas tomadas por Macri que atentan contra el derecho fundamental a la salud”. El secretario general adjunto de Genta en Sutecba, Patricio Datarmini, preside la Obsba. Sin embargo, el decreto de necesidad y urgencia que establece la intervención por seis meses de Obsba –manejada por un directorio mixto con representantes del gobierno porteño y sindicales, que será desintegrado– comenzó a recorrer los pasos administrativos previos a su envío a la Legislatura. Allí deberá ser rati-

Qué opina la gente ¿Considera acertada la decisión de Macri de revisar los contratos de 20.000 empleados de la ciudad? 92,58%

Sí

No

7,42%

No sabe

0,00% 0

Votos:

6688

20

40

60

80 100

Sondeo efectuado por:

ficado dentro de los 10 días corridos desde su recepción. Fuentes inobjetables del gobierno porteño dijeron a LA NACION: “No hay marcha atrás. El decreto ya está firmado y tiene efecto antes de su ratificación legislativa”. En rigor, el designado interventor en la obra social, Jorge Rey, ya visitó ayer la sede de la Obsba. Del otro lado del mostrador, los gremios apuntaron los dardos contra Macri. Argumentan que el confilcto obedece principalmente al recorte de personal de manera indiscriminada, ya que -dicen- “no se trata de ñoquis sino de trabajadores que cumplen funciones”. Pero la decisión más sensible adoptada por el gobierno es la intervención a una obra social sindical que maneja un promedio de 35 millones de pesos por mes y, como muchas otras, ha servido históricamente de caja política a los gremialistas. La medida fue respaldada por los sindicatos que agrupan a docentes y médicos que trabajan para el Estado porteño. Precisamente, desde hace hace años reclaman el cumplimiento de la ley 472, que creó la Obsba y, además, ordenó que la entidad adhiriera antes del 1° de enero de 2003 al sistema nacional de obras sociales que permite la libre elección. Nunca ocurrió.

Realizar trámites resultó una odisea Obtener la licencia de conducir demoró horas; hubo largas filas y malhumor El sistema para renovar o conseguir la licencia de conducir que, como mostró LA NACION en mayo último había logrado un ritmo eficaz y ágil, ayer colapsó tras la segunda jornada de protesta convocada por el Sindicato Unico de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba). Cientos de personas se vieron afectadas por el retraso en los trámites y debieron soportar, durante horas, la humedad y el agobiante calor que se respiraba dentro del edificio de la Dirección General de Licencias (DGL) del gobierno porteño, en Villa Lugano. “¡Esto es espantoso! Estoy desde las 8. Es la una de la tarde y todavía sigo acá”, dijo a LA NACION Gloria Fredes, comerciante de 59 años. “Perdí toda la mañana en mi negocio”, agregó. La misma escena pudo observarse ayer también en otras dependencias del gobierno porteño donde se realizan trámites cotidianos. Hubo largas filas y quejas por la falta de

Cientos de personas afectadas por la huelga RICARDO PRISTUPLUK

atención en los Centros de Gestión y Participación Comunal. Y para hoy se espera un cese total de actividades de los empleados de paro. La medida de protesta, cuyo horario variaba según dependencia pública consultada, fue en la Dirección

General de Licencias de 7.30 a 11.30, hora en la que se comenzó a atenderse al público. “Estoy esperando desde la mañana. Nadie informa nada”, se quejó Ester Pérez, de 54 años. Con los pasillos de la dependencia colmados de gente, un empleado gritaba los

nombres de las personas que debían comenzar su trámite. La jornada no estuvo privada de accidentes. Mientras esperaba su turno junto con su mujer, Jorge Rígoli, de 86 años, tropezó con una baldosa floja en un pasillo abierto al público, y, tras caer, golpeó su cara contra el piso, según pudo reconstruir LA NACION. “Por suerte, primero cayó encima mío, si no se mataba”, contó Gloria Fredes, mientras un empleado limpiaba un manchón de sangre. Rígoli, con una camisa blanca ensangrentada y una venda en la nariz, fue asistido por el SAME y luego llevado al Hospital Santojanni. Según el testimonio de varios vecinos, el sistema de solicitud de turnos a través de Internet tampoco fue una solución para ahorrar tiempo de espera. “Saqué mi turno por Internet. Vine ayer [por anteayer] y me dijeron que, como había paro, me iban a atender hoy [por ayer], pero otra vez están en huelga”, se quejó Cristian Lévalo, conductor de ómnibus.

Una medida que ya se discute en cada distrito

Sube el ABL en localidades bonaerenses

El PJ tiene un proyecto similar Mientras dirigentes kirchneristas y sindicalistas volvieron ayer a criticar la desregulación de la obra social de los municipales porteños decretada por Mauricio Macri, una decena de diputados nacionales peronistas –incluidos las autoridades de la Cámara baja y jefes de bloque– firmaron hace un mes un proyecto de ley para reformar el sistema de atención médica del personal del Congreso, con el mismo objetivo de la intervención dispuesta por el gobierno porteño: incorporarlo al sistema nacional de obras sociales y permitir así la libre elección de la obra social por parte de los empleados, hoy cautivos. Los peronistas Alberto Balestrini (hoy vicegobernador bonaerense), Patricia Vaca Narvaja, Agustín Rossi, Juan Sylvestre Beg- Ibarra nis, Juan Carlos Godoy, Silvia Augsburger, Carlos Kunkel, José Díaz Bancalari, Antonio Lovaglio Saravia, Guillermo de la Barrera y María del Carmen Rico, figuran entre los autores de la iniciativa, regis- G. Gaviola trada con el número 5633-D-2007. También, Federico Pinedo (Pro) y el ex jefe del bloque de la UCR, Fernando Chironi. “Si la Nación eligió un sistema de obras sociales, debe darse a los trabajadores del Congreso idénticos derechos que a los de todo el país; entre otros, el de elegir la obra social”, se fundamenta en el proyecto. También ayer hubo quien desde el PJ sostuvo que la intervención dispuesta por Macri es la primera efectuada desde el Proceso. Sin embargo, Aníbal Ibarra declaró en 2001 el estado de emergencia de la Obsba y conformó una comisión normalizadora con representantes de la obra social y del Poder Ejecutivo; la entidad tenía un déficit de $ 300 millones. Y, en el orden nacional, Néstor Kirchner nombró interventor en el PAMI por 180 días a Juan González Gaviola en julio de 2003.

El paro general de actividades convocado para hoy por el sindicato de trabajadores estatales de la ciudad de Buenos Aires, con el apoyo testimonial del líder de la CGT, Hugo Moyano, será el primer desafío que afrontará un Mauricio Macri consciente de que, para realizar cualquier reforma importante, deberá capitalizar las primeras semanas de gestión, que normalmente coinciden con la luna de miel de todo flamante funcionario con el electorado. Dónde se librará la lucha entre el gobierno porteño y el sindicato puede ser un factor clave. Si el escenario elegido es la vía pública, como parece darlo a entender el gremio conducido por el histórico Amadeo Genta, las dificultades para el gobierno macrista serán obvias. Ni Macri controla la policía ni el gobierno nacional estará dispuesto a facilitarle el control de la calle. Pero las autoridades porteñas apuestan al apoyo de la opinión pública, incluidos los propios trabajadores de la ciudad, y al desgaste que sufrirá cualquier protesta sindical. “Nos pueden hacer todos los paros que quieran, pero dentro de tres meses se quedarán sin un peso en el bolsillo”, advirtió una fuente del gobierno porteño. * * * La apuesta al respaldo de la ciudadanía no es descabellada. Todo el mundo sabe que, desde hace muchos años, sobran empleados públicos entre los aproximadamente 120.000 de planta permanente que tiene la ciudad, y que el número de contratados –20.500 según las estimaciones oficiales– es desmesurado. Si la reducción del personal se instrumenta en forma prolija y evaluando cada caso, para desprenderse de los llamados “ñoquis” y de quienes realizan tareas irrelevantes, la propuesta del gobierno debería ser apoyada hasta por los propios empleados que cumplen responsablemente con su trabajo. Y si el fruto del ahorro en personal es volcado a la educación o la salud, el beneficio para la sociedad será indudable. Tampoco es ingenua la apuesta al apoyo de los trabajadores de la ciudad en relación con la libre opción de obra social. Los 121.000 afiliados a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Obsba), sin contar sus familiares y jubilados, son cautivos. A diferencia del común de los trabajadores, inexplicablemente no están habilitados a derivar su aporte obligatorio del 6 por ciento de su sueldo bruto –alrededor del doble del aporte normal– a la obra social de su elección. Están condenados a recibir un servicio que no han elegido y que, según no pocos afiliados, dista de tener la calidad esperada. A tal punto que muchos de ellos, fundamentalmente entre los docentes porteños, han interpuesto recursos de amparo para que la Justicia les permita cambiarse de obra social. A los caciques sindicales nunca les gustó la competencia. Durante años, el manejo discrecional de los millonarios fondos de las obras sociales les permitió a no pocos popes gremiales acumular un gran poder económico, que ayudó a financiar desde campañas políticas hasta un suntuoso nivel de vida que difícilmente podrían justificar con sus ingresos normales. Macri optó por tocar su víscera más sensible, el bolsillo, y deberá prepararse para un combate de largo aliento.

Escrituras frenadas

Los aumentos llegarían hasta el 40 por ciento, aunque se aplicarán gradualmente Por Jesús A. Cornejo De la Corresponsalía La Plata LA PLATA.– Con la idea de evitar posibles reclamos vecinales, en la mayoría de los distritos del conurbano se prepara en secreto un aumento, que en promedio oscila entre el 30 y el 40 por ciento, en la tasa municipal, que incluye el servicio de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y el mantenimiento del espacio público urbano. Si bien la medida es discutida en los concejos deliberantes de cada municipio, los intendentes evitan hablar públicamente sobre el tema, quizá por temor a que estallen los reclamos como sucedió en la Capital, donde los vecinos recibieron un aumento en la cuota del ABL que en algunos casos alcanzó el 270%, y generó críticas contra el nuevo gobierno de la ciudad que conduce Mauricio Macri. En algunos distritos bonaerenses los

aumentos en las tasas municipales ya se decidieron. En Ituzaingó, por ejemplo, hace 12 años que no se aumentaban los impuestos y este año, por primera vez, los vecinos tendrán que padecer un incremento de un 30%. “Aquí la idea es aplicar un aumento del 10% en la primera cuota del año y cada dos meses hacer un ajuste del 5% hasta llegar al 30% anual. Esperamos que este aumento esté completado para septiembre próximo”, dijo a LA NACION el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo. En San Vicente, Florencio Varela y La Matanza se estudia incrementar la tasa municipal entre el 35% y 40%. “Estamos obligados a aumentar los impuestos porque con esos fondos resolveremos parte de los problemas que tiene el distrito. El año pasado hubo subsidios del gobierno nacional que ahora no los tenemos y que nos obligan a elevar el valor de nuestras cuotas para paliar la situación”, afirmó

a LA NACION el intendente de San Miguel, Daniel Di Zabatino. En La Plata, Berisso y Ensenada el tema se está estudiando en estricto silencio. Y en Lanús, el intendente Darío Díaz Pérez decidió agregar una cuota extraordinaria al servicio municipal, lo que representa un aumento del 18%.

En Lanús “En la gestión de Díaz Pérez se verificará el valor de cada propiedad y luego se readecuarán los valores. No es posible que el propietario de un departamento situado en el centro de Lanús y que cuesta 180.000 dólares esté pagando lo mismo que una persona que tiene una casita en las afueras de la ciudad”, dijo un vocero del jefe comunal. En Escobar, el intendente Sandro Guzmán decretó el estado de emergencia económica, financiera y administrativa. Allí habrá un ajuste en

la tasa municipal que oscilará entre el 20% y 30%. El aumento en la tasa municipal también se llevó adelante en algunos distritos de la costa atlántica bonaerense. En Villa Gesell, por ejemplo, el incremento llega al 120%. Así fue denunciado por concejales del Frente para la Victoria, que aseguraron que, además del incremento en el ABL, en ese distrito habría un ajuste de un 600% en las habilitaciones comerciales y derechos de publicidad y propaganda. Desde el oficialismo se aseguró que la suba es del 45% para la primera de ellas y del 100% para el segundo caso. En Pinamar, un vocero del gobierno municipal afirmó que la suba no será mayor al 20% al valor que cada contribuyente pagó durante el año último. En Mar del Plata, el actual intendente Gustavo Pulti anunció que por ahora no habrá un ajuste en la tasa municipal.

WILLY GOMEZ

Mientras los empleados del Registro Provincial de la Propiedad bonaerense continuaron con restricciones en la atención al público, el gobierno postergó la reunión para destrabar el conflicto hasta la semana próxima.