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POLITICA
I
Martes 6 de julio de 2010
NEGOCIOS CON VENEZUELA s SOSPECHAS DE GESTIONES PARALELAS
Los polémicos contactos en Caracas del equipo de De Vido Uno está vinculado al vuelo de Antonini; el otro, a un faltante millonario en el fideicomiso HUGO ALCONADA MON LA NACION Del lado argentino, el rostro más visible de la “diplomacia paralela” cambió de manera abrupta y escandalosa. Ocurrió con la irrupción de una valija repleta de dólares que nadie reconoce como propia desde el 4 de agosto de 2007. Aquel “maletinazo” marcó el adiós del entonces “embajador en las sombras” Claudio Uberti y el despuntar de José María Olazagasti, por entonces secretario privado del ministro de Planificación, Julio De Vido, y luego jefe de Ceremonial de esa cartera, según coinciden funcionarios, empresarios y diplomáticos argentinos y venezolanos consultados por LA NACION. Del lado venezolano, por el contrario, los interlocutores de los viajeros argentinos son funcionarios bolivarianos poco conocidos, pero que acumulan ya varias sospechas. Tanto vinculados a aquella valija, como a la presunta desaparición de US$ 13 millones del fideicomiso bilateral, según cuentan a LA NACION fuentes de ambos países al tanto de esas gestiones solapadas. Uno de esos nexos venezolanos con las “gestiones paralelas” argentinas es un estrecho colaborador del presidente de la petrolera estatal Pdvsa y ministro de Energía, Rafael Ramírez. Se trata de su antiguo custodio, Rafael Ernesto Reiter Muñoz, luego gerente de la región Metropolitana del área Prevención y Control de Pérdidas (PCP) de la petrolera. Convertida durante los últimos años en una suerte de “policía política”, según refieren sus críticos, la PCP debe encargarse de detectar posibles ilícitos cometidos dentro de la petrolera. En la práctica, sin embargo, Reiter (ahora de 31 años) cobró notoriedad entre 2007 y 2008 por su rol en el llamado caso Antonini Wilson. Reiter sería quien transportó “dos maletas” hasta el avión del escándalo, según escribió uno de los condenados en el juicio en Miami, Franklin Durán, en una agenda que luego requisó el FBI, sospechas que también sostienen un hermano suyo, Pedro Durán,
ARCHIVO/EL COMERCIO/GDA
José María Olazagasti, en Ecuador, en septiembre de 2009, como negociador del Estado argentino e incluso el propio Guido Alejandro Antonini Wilson. El otro funcionario venezolano al que las fuentes vinculan a la “diplomacia paralela” es Franklin Méndez, quien ocupó varios cargos bajo la órbita de Pdvsa, pero que quedó bajo la lupa como director del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), la entidad bancaria del Estado bolivariano que administró el polémico fondo fiduciario que compra productos argentinos. En enero de 2005, el entonces embajador argentino en Caracas Eduardo Sadous consignó un faltante cercano a los US$ 83,9 millones de ese fideicomiso, que los venezolanos minimizaron como una mera cuestión contable, según reafirmó un alto ejecutivo de Pdvsa ante la consulta de LA NACION.
Sadous decidió, sin embargo, dejar constancia de ese faltante. Lo hizo en el cable que, años después, reabrió las sospechas sobre la relación bilateral. Alertó sobre “la corrupción de los niveles medios y altos [uso de fondos del fideicomiso] y otros factores que están afectando seriamente los intereses argentinos”. Sadous conoció de cerca a De Vido y sus colaboradores cuando amanecían aquellos viajes singulares a Caracas. Al punto que en su primer paso por la capital venezolana, el ministro, su entonces vocero Alfredo Scoccimarro, Uberti y Olazagasti (ahora de 35 años) se hospedaron en la residencia del embajador. Tras aquel viaje inicial, sin embargo, el equipo de De Vido optó por alojarse en uno de los mejores hoteles de Caracas, el Gran Meliá, muy cerca
de la casa matriz de Pdvsa, al tiempo que sus vestuarios y hasta relojes de pulsera mostraban un evidente refinamiento. Según indicó a LA NACION una de las fuentes venezolanas consultadas, tanto Reiter como Méndez “llevaban la información [de Uberti, Olazagasti y otros funcionarios del entorno de De Vido] directamente a Rafael Ramírez”, además de viajar también ellos a la Argentina. Reiter registra una visita singular a Buenos Aires. Entre el 27 y el 29 de marzo de 2007, se alojó en el hotel Sofitel. Junto con él se hospedó un alto ejecutivo de Pdvsa y su hijo, que también cobraron notoriedad con el “caso de la valija”, Diego y Daniel Uzcátegui. Ambos arrastran, desde 2008, sendos pedidos de captura de la Justicia argentina.
Piden más explicaciones por el fueloil Ocho ex funcionarios dicen que se pagó a Venezuela 40% de sobreprecio y que la compra fue innecesaria Ocho ex secretarios de Energía protagonistas de una controversia hace un año –cuando la Universidad de Buenos Aires (UBA) frenó la difusión de un informe sobre abastecimiento– volvieron ayer a cuestionar muy duramente las ventas de fueloil de Venezuela a la Argentina. Dijeron que fue como “venderle naranjas al Paraguay”, porque se trata de la entrega de un producto superavitario en la Argentina. Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Roberto Echarte, Raúl Olocco, Julio César Aráoz, Daniel Montamat, Emilio Apud y Enrique Devoto fueron, una vez más, quienes encabezaron las críticas, que forman parte de un intercambio que mantienen, desde hace algunas semanas, con el actual secretario de Energía, Daniel Cameron, a propósito de la relación comercial con la petrolera venezolana Pdvsa. El texto es, por lo tanto, la respuesta a una contestación que Cameron les había hecho tras un primer planteo y que no fue revelada. Los ex funcionarios se quejan de que el secretario no haya contestado cabalmente a sus preguntas sobre por qué la Argentina compra fueloil para las centrales eléctricas, a pesar de ex-
portarlo al mismo tiempo y a precios significativamente menores. “En su nota –dicen–, usted se explaya sobre cuestiones muy interesantes, pero de escasa o nula relevancia para el tema bien específico y concreto que hoy preocupa y que motivó el envío de nuestra carta. Dicho de modo claro, para evitar falsas interpretaciones: todo parece indicar –y Ud. no despeja las dudas– que nuestro país ha realizado compras innecesarias en el exterior de fueloil, que es un producto excedentario en nuestro país.”
“Innecesario” Según el texto, la Argentina importó “innecesariamente” casi 2,8 millones de toneladas de combustible, es decir, “el 60% de lo importado” entre 2004 y 2009. Cuestiona, además, la calidad del producto adquirido de Pdvsa y pide “suspender inmediatamente las compras de fueloil en el exterior que se vienen desarrollando a través de Cammesa sin licitación ni concurso público de precios y calidades”. El Ministerio de Planificación ha justificado varias veces estas operaciones con el argumento de que Pdvsa otorga financiamiento
Qué se cuestiona según la carta que ➽ Importación: ocho ex secretarios de Energía le enviaron a Daniel Cameron, la Argentina le compró a Venezuela 4.807.297 toneladas de fueloil entre 2004 y 2009. de la cantidad adqui➽ Enrida,vano: agrega el texto, 2.770.070 toneladas, es decir un 60% de la operación, fueron “innecesarias”, porque se habrían podido comprar en refinerías argentinas. los secretarios ➽ Sobreprecios: consignan que entre el precio que le pagó la Argentina a Pdvsa y el que cobraron los exportadores locales hay un 40% de diferencia. al secretario: los ocho ex ➽ Pedido funcionarios le piden entonces a Cameron “suspender inmediatamente las compras de fueloil que se vienen desarrollando a través de Cammesa sin licitación ni concurso público de precios y calidades”.
y disponibilidad inmediata, algo imposible, dice el Gobierno, con proveedores privados. La carta hace una descripción de las operaciones durante los cinco años analizados, lapso en que se compraron casi 4,9 millones de toneladas. De ese monto, afirma, sólo habrían sido necesarias algo más de dos toneladas. Otro de los aspectos que plantea es el precio que se pagó por el combustible venezolano, que juzga un 40% mayor que el exportado. “Se importó más del doble de lo necesario, con un gran perjuicio para la economía nacional –agrega–, ya que se exportó a valor FOB fueloil de buena calidad ambiental destinado a mercados ambientalmente muy exigentes y se importó a valor CIF con un sobrecosto superior a los 40 dólares por tonelada, con contenidos de azufre muy superiores, y con una logística de transporte, descarga en puertos, y almacenaje que significaron otra fuente de costos innecesarios en una operación redundante de importación y exportación del mismo fueloil (o sea, de similar calidad y precio) que supera los 100 dólares por tonelada”.
SORPRESA EN LA CAMARA DE DIPUTADOS
Renunció Rossi a la Comisión de Justicia Alejandro Rossi (FPV-Santa Fe), la principal voz del oficialismo en el debate por la reforma del Consejo de la Magistratura, renunció a tres de las nueve comisiones que integraba, entre ellas, la de Justicia, por donde había pasado el proyecto para modificar el organismo encargado de seleccionar y enjuiciar a los jueces. Voceros de Alejandro Rossi, hermano del jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, descartaron cualquier lectura política de la renuncia. Explicaron, por el contrario, que el alejamiento respondía a que el diputado integraba muchas comisiones cuyas reuniones solían superponerse. La renuncia de Alejandro Rossi, que ayer estaba fuera del país, se produjo el jueves pasado, un día después de que la Cámara de Di-
putados aprobara la reforma que le resta poder al oficialismo en el Consejo. Además de la Comisión de Justicia, abandonó las de Defensa y Legislación Penal.
Propuesta polémica El hermano del jefe de bloque había presentado un proyecto alternativo de reforma del Consejo de la Magistratura, que había quedado en el centro de la polémica. Allí se proponía realizar exámenes periódicos a los jueces, que, en caso de ser reprobados, podían desembocar en un juicio político contra el magistrado. Durante el debate del tema en comisión, Rossi había propuesto indagar en la vida privada de los jueces. “Habría que ver qué tipo de sector representan, qué tipo de ideología, cuántos están casados entre sí, cuántos son parientes, a qué
ARCHIVO
El diputado Alejandro Rossi
clubes van, a qué colegios asisten sus hijos”, dijo. La iniciativa había recibido el apoyo del ministro de Justicia, Julio Alak, pero no reunió consenso en el bloque del Frente para la Victoria: otros dos diputados de la bancada oficialista, Diana Conti y Jorge Yoma, hicieron sus propios dictámenes de minoría y no incluyeron las evaluaciones propuestas por Rossi. Ambos consideraron que el proyecto de Rossi era “inconstitucional”. Durante el debate en el recinto, el dictamen de Rossi también había recibido críticas de la oposición y del diputado Hugo Prieto, uno de los aliados del oficialismo. En la Comisión de Legislación Penal, Rossi también había intervenido en la discusión, aún en ciernes, sobre el endurecimiento de las penas para los delitos de corrupción.