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POLÍTICA

| Jueves 9 de octubre de 2014

Los fondos buitre denuncian una ruta oculta del dinero de Báez en el mundo deuda. La American Task Force mostró un mapa con las cuentas que tendría el empresario kirchnerista

y que llevó a la justicia de Nevada; allí se dio por sentado la existencia de 123 empresas fantasma Silvia Pisani

CORRESPONSAL EN EE.UU.

WASHINGTON.– Un mapa para detallar el complejo viaje que, con escalas por medio globo terráqueo, incluidas las paradisíacas islas Seychelles, siguieron los fondos que, supuestamente, el empresario kirchnerista Lázaro Báez sacó de nuestro país. Junto con eso, tres nombres nuevos: el de bancos europeos que, como supuesta parte del esquema, hoy podrían tener pistas para aportar sobre ese azaroso viaje. Ésos son los aportes que abogados de los llamados fondos buitre hicieron ayer públicos, como parte de la denuncia que iniciaron en los tribunales de Nevada. El expediente, avalado por el juez Cam Ferenbach, apunta a identificar y, en última instancia, intentar embargar fondos públicos argentinos con los que cobrarse la deuda que les reconoció la justicia. El tribunal de Nevada les autorizó ya la investigación del entramado de 123 empresas fantasma que asociaron a Báez y por la que, aseguran, pasaron ya, por lo menos, 65 millones de dólares. Ayer hicieron públicas nuevas pistas. Una de ellas, la de los tres bancos. “Creemos que estas tres entidades se usaron como parte del esquema”, dijo Robert Shapiro, de la American Task Force Argentina (ATFA), el principal grupo de presión en favor de los fondos que demandaron al país y que lo llevaron al default selectivo en que ahora se encuentra. Se trata de los bancos LCT, de Liechtenstein; AIG, de Zurich, y Pictet, de Ginebra. “Ninguno de ellos está haciendo nada malo. El problema es de los que depositan el dinero” como parte de esta trama, aclaró Shapiro. Su presentación fue secundada por el abogado Denis Hranizky, del fondo NML, de Paul Singer, que, en-

El recorrido de los fondos según los holdouts En EE.UU. El dinero se convierte en dólares e ingresa al sistema financiero internacional

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EE.UU.

Compañías privadas en EE.UU. Las controla Lázaro Báez para acumular activos sudamericanos

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En Bahamas Se transfieren los fondos a bancos pequeños en las islas

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BELICE PANAMÁ

Hacia la Florida Se invierte el dinero en bienes raíces

El dinero viaja de la Argentina a Uruguay, Panamá, Belice y las islas Vírgenes

1 Los millones de US$ Desde cuentas bancarias suizas, vuelven a la Argentina

URUGUAY

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Islas Seychelles El control de los activos principales probablemente esté registrado acá. Cristina Kirchner hizo una parada aquí en enero de 2013

LA NACION sobre la base del mapa provisto por los fondos buitre

tre otros “méritos” –eso dijo Shapiro– carga con el de haber colaborado activamente para el bloqueo temporal que sufrió hace dos años la Fragata Libertad cuando quedó varada por más de tres meses en el puerto de Ghana. En rueda de prensa, ambos se negaron a identificar eventuales titulares de cuentas. “No estamos en condiciones de avanzar en eso ahora”, dijo Hranizky. Hay quienes sostienen, en cambio, que al señalarse tres bancos se abren nuevas pistas concretas de investigación. “Nosotros estamos listos para compartir toda la información que tenemos con quien la solicite”, dijo Shapiro. Meses atrás, con la identi-

Carrió denunció penalmente a Giorgi por el pago de reintegros

ficación de otro banco, la justicia europea localizó cerca de 20 millones de dólares en una cuenta en la que aparecía el nombre de Martín Báez, hijo del empresario patagónico. El otro dato de la conferencia fue el mapa con el diseño de lo que, entienden, es la ruta que supuestamente se usó para sacar dinero público del país. “Nadie monta semejante entramado si no es porque su objetivo es solamente el de no ser descubierto. Ninguna persona o empresa honesta hace una cosa así”, acotó Hranizky. El recorrido arranca en Buenos Aires, cruza a Uruguay –donde, al parecer, se produce la conversión

Entramado del polémico caso b El expediente que presentaron los fondos buitre a la justicia de Nevada busca identificar las empresas de Báez para intentar embargar fondos públicos argentinos y cobrar la deuda. b El tribunal de Nevada autorizó ya la investigación del entramado de 123 empresas fantasma que asociaron a Báez donde ya pasaron US$ 65 millones.

Una relación complicada El pago de subsidios a empresas desencadenó una denuncia penal

sospechas. La acusa de “negociaciones

incompatibles con la función pública”, tras la investigación de la nacion; Industria negó todo La diputada nacional Elisa Carrió decidió ayer denunciar penalmente a la ministra de Industria, Débora Giorgi, por el presunto delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”. Se basó en una investigación de la nacion publicada ayer, que reveló el reparto de subsidios a empresas en las que figuran como directivos funcionarios o allegados a esa cartera. En la denuncia se advierte que tanto la ministra como otros funcionarios alcanzados por la investigación “habrían cometido actos en oportunidad del ejercicio de sus funciones, los que podrían configurar negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265 del Código Penal) y/u otros posibles actos ilícitos”. La acusación de “negociaciones incompatibles con la función pública” –que recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello– se desencadenó luego de que la nacion revelara que esos funcionarios integran sociedades que reciben al mismo tiempo reintegros por la fabricación de bienes de capital del propio ministerio, es decir, están a ambos lados del mostrador. “Las autoridades que estarían involucradas directamente en las conductas que podrían configurar ilícitos penales serían las responsables dentro del referido ministerio. De este modo, las conductas a investigar corresponden a funcionarios públicos, por lo que corresponde la intervención de la justicia federal”, advierte la denuncia de la legisladora de la Coalición Cívica en UNEN. La investigación provocó también la reacción del diputado de la UCR Mario Barletta, que envió a la Cámara baja un proyecto de resolución en el que le pide a Giorgi que informe sobre el funcionamiento del régimen de reintegros. Ayer, después de una reunión de funcionarios por la mañana en las instalaciones del ministerio para

Fondos en Liechtenstein y Suiza Se depositan los fondos en distintas cuentas, muchas de las cuales probablemente pertenecen a entidades en las islas Seychelles

acordar qué estrategia tomar, la cartera que conduce Giorgi emitió un comunicado en el que volvió a negar, como lo había hecho anteayer, la existencia de funcionarios que cobraran subsidios. El martes, consultados por la nacion, en el ministerio habían dicho que sólo dos de esos agentes eran funcionarios. Ayer, el comunicado corrigió la cantidad a uno. Según el texto, “es falsa y sin ningún tipo de sustento la afirmación de que funcionarios de esta cartera de Estado sean titulares o formen parte de empresas productoras de bienes de capital. El artículo menciona a personas que no tienen relación laboral con este ministerio. Oportunamente, al realizarse la consulta se indicó que sólo uno de los mencionados es contratado por la Subsecretaría de Coordinación, en un área de mantenimiento, desempeñando tareas de carácter administrativo sin ningún tipo de injerencia o responsabilidad en la asignación de los mencionados bonos”. Sin embargo, un memo del 6 de noviembre del año pasado pide para Ireneo Gonzalo Sconfietti, que es pariente de Normando Alberto Sconfietti (quien presidió hasta 2012 Intertet, empresa que cobró reintegros), una cuenta de mail relacionada con los bienes de capital. “Por medio de la presente se solicita el cambio de titular de la siguiente cuenta de mail: [email protected]”, y pide para el agente el usuario “isconfi_mi”. Otro memo del 20 de marzo de este año pide para Dante Fabián Ricardo, hermano de Sergio Gastón Ricardo, dueño de una de las empresas que cobraron reintegros, “la ampliación del mail institucional del Sr. Dante Ricardo, asesor del subsecretario de Coordinación del Ministerio de Industria, Cdor. Marcos Coy”. Según el comunicado de Industria, “la nota refleja un desconocimiento total de la operatoria referida al otor-

Débora Giorgi En el Ministerio de Industria se tramitan los reintegros en bonos a la ventas de bienes de capital. Se les devuelve a las empresas locales un 14% de su facturación

Pedido de mail Un memo interno de la cartera de Giorgi pide para uno de los agentes allegados a las empresas una cuenta de correo electrónico del Ministerio, relacionada con los bienes de capital

a dólares y no antes–, y de allí va y viene entre América, Europa y las islas Seychelles, frente a la costa africana. Ambos consideraron al mapa en cuestión como “un aporte importante para entender” el proceso. La breve conferencia se limitó a esos nuevos datos. El resto de las preguntas –identidad de las cuentas, dónde está el dinero ahora o si hay nuevos lazos que lleven a Báez– tropezaron con la misma respuesta cuando la nacion consultó al respecto: “No podemos hacer más comentarios por ahora”. Shapiro aseguró que habría nuevas revelaciones “pronto”. El caso que el fondo NML pro-

gamiento de los reintegros a los fabricantes de bienes de capital (“bonos de capital”). El procedimiento no prevé la intervención de la mencionada Subsecretaría de Coordinación ni de su titular, el Cdor. Marcos Coy, y tampoco del área de compras a que se hace mención. El régimen depende de la Dirección de Aplicación de Políticas Industriales dependiente de la Secretaría de Industria”, dice. Sin embargo, el vínculo con la Subsecretaría de Coordinación es sencillo: se da a través del lugar para el que trabajan los agentes allegados a las empresas. El caso más emblemático es el de Alejandro Luis Favaratto, que comparte directorios en sociedades con Sergio Ricardo y la mujer de éste y que figura además en los registros internos como empleado de la Subsecretaría de Coordinación. Un memo interno del 12 de noviembre de 2013 pide para él acceso a Internet del ministerio junto con Dante Fabián Ricardo y aclara que ambos trabajan para esa dependencia. “Se solicita para los agentes que a continuación se detalla acceso a Internet para páginas gubernamentales nacionales e internacionales, medios de comunicación, diarios, radios, buscadores, representaciones del exterior, embajadas, consulados en el exterior, páginas varias, hoteles, empresas privadas, cámaras empresariales, redes sociales y videos”, dice, y aclara: “Cabe destacar que los mismos desempeñan funciones como asesores en la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Industria y dicho requerimiento tiene como fin lograr el mejor funcionamiento del área ya mencionada”. Al final, propone para ambos las claves de usuarios “afavarato_mi” y “dricardo_mi”. El comunicado agrega que “el universo de empresas alcanzadas por el régimen de bienes de capital alcanza a unas 1000 empresas que reciben beneficios. Se hace mención a una de ellas, fabricante de maquinaria agrícola, a la cual se le atribuye falsamente la titularidad a un funcionario de este ministerio, situación que como se ha señalado es totalmente falsa”. La empresa citada es Intertec SA, razón social de Indecar, que pertenece a Sergio Gastón Ricardo, hermano del único funcionario al que el ministerio reconoce como propio: Dante Fabián Ricardo. Consultado por la nacion, Sergio Ricardo contestó que había trabajado en las auditorías de los subsidios hasta fines del año pasado, lapso que coincide con algunos cobros de su empresa. El texto del Ministerio de Industria finaliza: “Lo publicado es falso, carece de sustento y tiene una clara intención difamatoria”. ß

movió en los tribunales de Nevada y que valieron ya un respaldo para su investigación por parte de la justicia se basa, en buena medida, en las investigaciones que en nuestro país lleva adelante el fiscal José Luis Campagnoli, al que –en vano– se intentó apartar de su función. De acuerdo con el esquema distribuido ayer, los fondos arrancan en Buenos Aires. De allí viajan a Uruguay o a pequeños bancos de las Bahamas. Entran en los Estados Unidos, donde pasan por las “compañías fantasma” que el empresario Báez “controla” en el estado de Nevada. De allí, cruzan el charco y pasan a bancos europeos –tres de ellos acaban de ser identificados– y desde ahí siguen distintos recorridos que, en algunos casos, incluyen a las islas Seychelles. Negocios inmobiliarios Uno de los negocios en los que ese dinero se “invierte” apunta a desarrollos inmobiliarios en el estado de Florida, uno de los que, en este momento, figuran entre los de mayor impulso para el rubro dentro de los Estados Unidos. En agosto pasado, la justicia de Nevada dio por sentado que el entramado de 123 empresas fantasma denunciado por NML sobre la base de las investigaciones del fiscal Campagnoli son propiedad del empresario kirchnerista, al que se acusó de “malversar” fondos. En la misma ocasión, el juez Cam Ferenbach autorizó a los demandantes a efectuar “discovery”. Esto es: realizar acciones destinadas a ubicar bienes y, eventualmente, pedir su embargo si es que se prueba que pertenecen a la República Argentina. “Un malversador o ladrón no adquiere propiedad sobre aquello que roba”, sostuvo el magistrado, al señalar que, si bien los bienes pueden atribuirse al empresario, no necesariamente son de su propiedad, habida cuenta de la “malversación” que se imputa. Voceros de Báez negaron en su momento que esas empresas pertenezcan al empresario vinculado estrechamente con Néstor y Cristina Kirchner. Lo mismo reiteraron en un escrito presentado ante el juez, pero que no impidió que se diera orden de seguir adelante con la investigación, convencido de que la documentación presentada por NML representaba suficiente prueba para seguir adelante.ß

El Banco Mundial cerró el caso SUBE sin culpa. Absolvió al

funcionario que debía supervisar el contrato

El escándalo por la supervisión de la tarjeta SUBE es historia para el Banco Mundial. El organismo absolvió a Andrés Pizarro, el funcionario encargado de garantizar la transparencia del contrato por $ 65 millones, cancelado por el Gobierno ante sospechas de irregularidades. La oficina Integrity Vice Presidency del Banco Mundial, responsable de la investigación administrativa, consideró que el ex gerente Pizarro no violó ninguna normativa interna en el proceso que culminó con la polémica adjudicación del contrato a la UTE liderada por Stephen Chandler. “La investigación exhaustiva no encontró evidencia de mala conducta de su parte, es decir, no hay ninguna razón para creer que Pizarro participó de corrupción o que tenía algún interés en el resultado de la licitación”, se indicó en la resolución interna, a la que accedió la nacion, emitida el 18 de febrero de 2014 desde Washington. Pizarro es un ingeniero chileno especializado en transporte que fue gerente del Banco Mundial hasta 2011. Paso a paso, el consultor avaló desde el inicio la supervisión de la SUBE. Primero, acordó los números del contrato con los funcionarios de la Secretaría de Transporte. Después, auditó los distintos pasos de la licitación. Emitió cinco cláusulas de “no objeción” entre julio de 2009 y octubre de 2010, ante los momentos clave de la licitación que finalmente se adjudicó una oferta $ 10 millones más cara. Una vez firmado el contrato, Pizarro renunció a su puesto para quedar vinculado al organismo como consultor. El ingeniero había forjado una estrecha relación con los funcionarios del área de Transporte a los que debía controlar. Los correos electrónicos de Pizarro funcionaban como un aval para que las autoridades siguieran adelante con la licitación, que culminó con la contratación de una oferta $ 10 millones más cara.ß Iván Ruiz