12

|

POLÍTICA

| Sábado 1º de noviembre de 2014

Cristina acusó a Obama de promover a una lobbista de los fondos buitre CARTA. Dijo que sería grave si hubiese nombrado en un cargo a la copresidenta de ATFA, Nancy

Soderberg; la embajada de EE.UU. aclaró que no es funcionaria del poder ejecutivo de ese país

Martín Kanenguiser LA NACION

En el día de Halloween, la presidenta Cristina Kirchner le envió ayer una carta con tono irónico a su par de Estados Unidos, Barack Obama, al que acusó de haber designado en un cargo clave a una lobbista de los fondos buitre, Nancy Soderberg. La misiva de cinco páginas, que fue difundida ayer por la cuenta de Twitter de la jefa del Estado, comienza diciendo que sería “grave en las relaciones entre nuestros países” si se confirmase que Soderberg es la persona a cargo del Public Interest Declassification Board (PIDB). Soderberg es también copresidenta del grupo American Task Force Argentina (ATFA), grupo defensor de los fondos especulativos, junto con Robert Shapiro. Sin embargo, fuentes de la embajada de EE.UU. en Buenos Aires indicaron a la nacion que “Soderberg es una representante del sector privado en un comité asesor del Gobierno. No es una funcionaria del poder ejecutivo”. La Presidenta, en una carta comunicada de modo inusual entre dos jefes de Estado –a través de una red social–, indicó que “las funciones del PIDB abarcan aspectos sensibles de seguridad nacional e incluyen las de asesorar al presidente y a otros funcionarios del poder ejecutivo de los Estados Unidos”. Sin embargo, si uno ingresa en la página web del PIDB, puede chequear que se trata de un organismo asesor del congreso de los EE.UU. destinado a “promover el mayor acceso posible del público a decisiones y actividades de la seguridad nacional de los Estados Unidos”. Para la Presidenta, “resultaría inadmisible que un cargo clave del gobierno de los Estados Unidos sea la misma persona que copreside una entidad dedicada a agredir y difamar en los peores términos a una nación soberana que pretende tener relaciones productivas con su país”. De inmediato, reiteró la ironía: “Esperamos que todo sea una confusión y se trate simple y felizmente de un caso de homónimos”. Pero en la embajada explicaron: “Las responsabilidades de Soderberg en el PIDB, relacionadas estrictamente con la desclasificación de registros gubernamentales, están completamente desvincula-

Un relación difícil Entre las acusaciones de la Argentina y la indiferencia de la Casa Blanca cristina kirchner

barack obama

prEsidEntA

prEsidEntE dE EstAdos unidos

b La última escalada de tensión fue cuando la Presidenta en un discurso alertó: “Si me pasa algo, que nadie mire hacia el Oriente, miren hacia el Norte”

b Recientemente desde su gobierno admitieron que la relación con el país atraviesa un “período duro”, por los continuos roces y acusaciones

“Me dirijo por un hecho que si Ud. lo confirmase sería grave en las relaciones entre nuestros países” “Soderberg ha llevado a cabo una campaña para la desestabilización política y económica, a fin de presionar por políticas que beneficien a los fondos buitre”

das de cualquier participación que ella pudiera tener en el litigio de los acreedores de la Argentina”. En tanto, en Washington fuentes allegadas a la diplomática indicaron: “Claro que son la misma persona, ¿cuál es el problema?”. Por su parte, Shapiro aclaró a la nacion desde Washington que “Soderberg tiene un trabajo part time en los archivos, pero no habla por la administración Obama”. De inmediato, Shapiro recordó que el presidente demócrata “dijo que la Argentina tenía que cumplir con el fallo de la Corte de Estados Unidos

“Sería una gran contradicción que su lucha contra la evasión fiscal se vea manchada por alguien con actividades financiadas por guaridas fiscales” “Sería inadmisible una persona que copreside una entidad dedicada a agredir y difamar a una nación soberana”

que obliga a pagarles a los holdouts y por eso bloqueó préstamos en el BID, en el Banco Mundial y en el sistema general de preferencias”. Al respecto, Cristina Kirchner subrayó en su mensaje escrito que ATFA llevó adelante “campañas difamatorias”, “intentaron embargar un satélite que es parte de un programa conjunto con la NASA” y “ha esparcido calumnias contra mi gobierno sin ningún asidero” respecto del atentado contra la AMIA. Sería una contradicción, agregó, que la lucha del gobierno norteamericano contra la evasión

“se vea manchada por una persona cuyas actividades son financiadas por empresas vinculadas a las guaridas fiscales”, en referencia al domicilio legal de los fondos buitre en las islas Caimán. Al final, termina sugiriendo que el encuentro presidencial del G-20 en Australia, el 15 de este mes, “será una buena oportunidad para trabajar juntos contra los fondos buitre, fortalecer la reestructuración de deudas soberanas y por la eliminación de las guaridas fiscales”. El ex embajador argentino en Washington en el gobierno de Nés-

tor Kirchner José Octavio Bordón dijo que “el accionar del Gobierno debería ser pedir la información a través de la embajada argentina en Estados Unidos; no hacerlo así contribuye al conflicto más que a una solución”. En tanto, el economista Claudio Loser, ex directivo del FMI, afirmó: “No hay una confabulación, el gobierno de Obama ayudó con sus escritos a la Argentina en la justicia hasta donde pudo, y Soderberg no está en un cargo clave”.ß Con la colaboración de Silvia Pisani, en Washington

Silencio sobre los Kirchner en una pesquisa Una empresa omitió referencias al vínculo de la familia de la Presidenta con Báez Silvia Pisani

CORRESPONSAL EN EE.UU.

WASHINGTON.– Una de las empresas clave en la investigación que aquí se sigue por supuesto dinero de corrupción de nuestro país respondió ayer de modo formal a los requerimientos que se le hicieron por vía judicial. Aunque lo hizo con algunos silencios. Entre ellos, omitió por completo toda referencia a supuestos vínculos económicos con la familia presidencial –esto es, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner; su fallecido esposo, Néstor Kirchner, y el hijo de ambos, Máximo Kirch-

ner, así como con el empresario Lázaro Báez. Con sus ausencias, la respuesta es la primera que se conoce al requerimiento que la justicia de Nevada hizo a la empresa Val de Loire. La firma está incluida en la pesquisa iniciada por los llamados fondos buitre para tratar de identificar supuestos fondos argentinos con los que cobrar la acreencia de 1600 millones de dólares que les reconoció el juez Thomas Griesa en fallo firme. Como parte de ese costoso operativo de búsqueda, el fondo NML, de Paul Singer, obtuvo un aval judicial para requerir a empresas con sede en este país la entrega de información y documentos que pudieran llevar a la localización de dinero de la Argentina. Una de esas empresas es Val de

Loire, a la que se asocia con el empresario kirchnerista Cristóbal López, y sobre la que el fondo NML asegura tener evidencia de “vínculos irregulares” con la familia presidencial, que le habrían permitido “alzarse” con millones de dólares. La empresa tiene sede en Nevada. A través de sus tribunales estatales, NML le requirió documentos e información sobre sus vínculos con un listado de 18 personas. Entre ellas figuran, además de los empresarios López y Báez y de la familia presidencial, dos de los hijos del constructor patagónico: Martín y Leandro Báez. En nombre de la empresa, su gerente, Edmund Ward, cumplió con la entrega de parte de la documentación requerida. Señaló, por ejemplo, que la firma realizó “transferencia de activos alguna” con López o con Lorenzo

Báez. Que eran dos de las informaciones que se le requerían. Igual respuesta dio para el Estado argentino y para otras tres empresas de cuatro que le fueron requeridas. Esas respuestas contrastaron con el silencio que hasta ahora se registra frente a los requerimientos que se hicieron acerca de eventuales vínculos con la familia presidencial y con los citados Lázaro y Martín Báez. Como informó la nacion, el caso de Val de Loire es el primero en el que, de forma expresa, los fondos buitre requirieron ese tipo de información. La posibilidad les fue abierta por decisión de la Corte Suprema de este país, que les habilitó el recurso llamado “discovery”, por el que pueden requerir judicialmente información orientada a identificar

eventuales bienes de nuestro país con los que cobrar su deuda. Los fondos buitre lo usan con un doble objetivo. Por un lado, el de intentar una maniobra de embargo. Pero para eso, primero tienen que identificar el activo. El otro propósito, mucho más inmediato, es el de presionar al Gobierno para que negocie el pago de la deuda. Los abogados de Val de Loire habían presentado un extenso documento en el que negaban a NML el derecho a pedir información. Sostenían en el escrito que todo lo que ha hecho el fondo de Paul Singer es poco menos que una fabulación sobre supuestas pistas de la llamada “ruta del dinero K”. “Un solo bache en las conexiones que dice tener sería suficiente para tirar toda su confabulación por la borda”, advirtió en su momento la defensa de la empresa.ß

Fitch puso en default los bonos Par en dólares La calificadora de riesgo dijo, además, que en 2015 se profundizará la recesión en la Argentina Rafael Mathus Ruiz PARA LA NACION

NUEVA YORK.– La recesión de la economía argentina se profundizará el año próximo si el Gobierno no logra un acuerdo por la deuda y la reactivación se postergará al menos hasta 2016 si el “default selectivo” en el que cayó el país sobrevive más allá de las elecciones presidenciales de octubre de 2015. El lúgubre pronóstico de viernes fue obra de Fitch Ratings, una de las tres calificadoras de riesgo más grandes de Wall Street, que ayer bajó la nota de los bonos Par en dólares al expirar el período de gracia para

transferir los fondos del vencimiento del 30 de septiembre último que el Gobierno depositó en una cuenta de Nación Fideicomisos, a la cual los inversores no han accedido. Fitch, cuyas opiniones y estimaciones han sido descalificadas por el oficialismo, al igual que las de Standard & Poor’s y Moody’s, las otras dos “grandes” del mercado, estimó que la economía se contraerá un 1,9 por ciento este año y un 2,6 por ciento en 2015 si se prolonga el default, un escenario en el que habría más presión sobre la inflación, el tipo de cambio y las reservas. “Las condiciones económicas se han deteriorado significativamente”, dijo el director del Grupo Soberano para América latina, Santiago Mosquera. El pronóstico, que Fitch difundió junto con el anuncio formal de la baja de la nota en el bono Par, de “C” a

“D”, pone además paños fríos a las expectativas acerca de un acuerdo con los holdouts a principios de 2015, al afirmar que “la comunidad empresaria y la oposición están mirando más allá de las elecciones presidenciales”. La evaluadora de riesgo puntualizó que “el incumplimiento constituye un evento de default. El único [bono] bajo ley extranjera que queda vigente es el Global 17, cuyo vencimiento para el pago de los servicios es el 2 de diciembre”. La amenaza de aceleración No se sabe aún cuándo ocurrirán, pero las futuras negociaciones podrían complicarse más si se concretan las gestiones de un fondo de inversión, Owl Creek, para “acelerar” el cobro de bonos Par que vencen en 2038. El Gobierno, que ha dicho que quiere un acuerdo con todos los holdouts, se enfrentaría a tres tipos

de reclamos: el de los fondos buitre, con un fallo a favor del juez Griesa; el de los “me too”, como el magnate Kenneth Dart, dueño del fondo EM, que aspira a un trato similar, y el de los bonistas “acelerados” con títulos en “default selectivo” de los canjes de 2005 y 2010. Ayer, el Bank of New York Mellon, que aún opera como agente fiduciario de la deuda pública de la Argentina, envío una carta de dos páginas a los bonistas para informarles que no había recibido los fondos para el pago del vencimiento del 30 de septiembre. La puerta para reclamar la “aceleración” de los bonos Par quedó abierta. Si Owl Creek, u otro fondo inversor, opta por seguir ese camino, NML quedaría en una posición menos conveniente para negociar. “Yo asumo que el propósito de la aceleración no es realmente presentar

una demanda, sino conseguir una silla en la mesa de negociaciones entre la Argentina y NML”, dijo a la nacion Mark Weidemaier, abogado y profesor de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. No sería la única pérdida para NML. Si otros bonistas aceleran, la deuda de la Argentina con NML, Aurelius Capital, Blue Angel y los trece ahorristas beneficiados por el mandato judicial de Griesa podría desplomarse, según Anna Gelpern. El fallo a favor de los fondos buitre establece que, para determinar el monto que deben cobrar, debe multiplicarse su deuda por un “porcentaje de pago” que se calcula dividiendo lo que la Argentina tiene intenciones de pagar por lo que debe pagar. Si hay bonistas que aceleran, lo que el Gobierno “debe” pagar es mayor, y, por ende, el pago a NML es menor, explicó Gelpern.ß

Grupo Clarín: suspenden la adecuación de oficio pReCAuTelAR. El juez

Alfonso frenó el embate de Sabbatella

El juez federal civil y comercial Horacio Alfonso dictó ayer una medida precautelar en favor del Grupo Clarín y suspendió en forma interina el proceso de adecuación de oficio a la ley de medios que había dispuesto, el mes pasado, Martín Sabbatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales (Afsca). La ley de medios fue dictada en 2009 y, en octubre del año último, la Corte Suprema rechazó los planteos de inconstitucionalidad que había hecho el Grupo Clarín, a la vez que fijó numerosos recaudos para que su propio fallo se aplique respetando la seguridad jurídica. Pocos días después, a comienzos de noviembre, el multimedios presentó el plan de adecuación voluntaria y el Gobierno lo aceptó. Pero el 7 de octubre último, en forma sorpresiva, la Afsca decidió iniciar el proceso de adecuación de oficio. El argumento que usó la Afsca fue que habría detectado la supuesta existencia de conexiones entre dos de las seis unidades de negocios en las que el Grupo comenzó a dividirse. Por cierto, Sabbatella no sólo no probó esas conexiones societarias, sino que, además, no permitió que los directores independientes de la Afsca participaran en la elaboración de la decisión, hasta tal punto que no les permitió ver el expediente a esos funcionarios. Ayer el juez Alfonso, el mismo que hace varios años se pronunció en favor de la ley de medios, decidió esta vez suspender la resolución de Sabbatella que dispuso iniciar el proceso de adecuación. Además dictó una precautelar que durará hasta que él mismo se pronuncie sobre el dictado de la cautelar que pidió el multimedios. “En cuanto a la medida interina que se solicita, en virtud de la ley 26.854 y dada la importancia del tema a tratar, se justifica el dictado de una medida precautelar requerida en el escrito –por el Grupo Clarín–.” “En consecuencia, corresponde ordenar a los demandados –la Afsca– que se abstengan de ejecutar, por sí o por terceros, acto alguno con relación a la transferencia de oficio dispuesta, hasta que se dicte una resolución que trate la cautelar solicitada.” El juez Alfonso no dictó una cautelar de seis meses, sino una de plazo menor, pero que durará hasta que la Afsca conteste sus argumentos y el juez pueda pronunciarse. De este modo, empieza a desarrollarse una nueva pulseada judicial entre el Gobierno y el Grupo Clarín, aunque ahora focalizado exclusivamente en la propuesta de adecuación que presentó el multimedios.ß

Polémica por un proyecto sobre Internet Un proyecto de ley suscitó una fuerte polémica entre dos sectores del kirchnerismo vinculados a la defensa de los derechos humanos: por un lado, los diputados kirchneristas Remo Carlotto y Diana Conti; por el otro, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La discusión se produjo por una iniciativa de Carlotto y Conti, que propone que los titulares de los sitios con espacios destinados a comentarios de lectores “adopten las medidas necesarias para evitar la difusión de contenidos discriminatorios”. La propuesta fue duramente cuestionada por el CELS, que, por medio de una carta, sostuvo que el proyecto podía lesionar la libertad de expresión y reclamó a los diputados su retiro inmediato. El pedido fue rechazado por los autores de la iniciativa, quienes respondieron con otra carta en la que acusan al organismo presidido por Horacio Verbitsky de tener una actitud “autoritaria”. En una carta firmada por Verbitsky, el CELS afirmó que el proyecto “pasa por alto estándares vinculados a la libertad de expresión reconocidos tanto por el sistema interamericano de derechos humanos, como de los informes del Relator Especial de Libertad de Expresión y Opinión de las Naciones Unidas, Frank La Rue”. En respuesta, los diputados acusaron al organismo de no haber leído el proyecto, respondieron los cuestionamientos y sostuvieron que la misiva del CELS “bien podría sonar un tanto autoritaria”.ß