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POLÍTICA

| Domingo 29 De junio De 2014

caso ciccone | una financiación millonaria

La ruta del dinero, la gran incógnita por develar La Justicia deberá resolver si el banquero Jorge Brito o Raúl Moneta aportaron los $ 50 millones que financiaron el desembarco de Vandenbroele en la imprenta; la trama societaria llega hasta Estados Unidos con compañías de nombres sugestivos Hugo Alconada Mon LA NACiON

Tras el procesamiento de Amado Boudou, acusado de ser el verdadero dueño en las sombras del fondo The Old Fund, en el expediente judicial queda por investigar otro gran eje: ¿quiénes aportaron los millones que financiaron la aventura? ¿Quiénes protagonizan, en las sombras, la “ruta del dinero”? Hasta ahora, dos sospechosos aparecen en primera fila. Son el banquero Jorge Brito y su amigo Raúl Moneta, aunque surgieron los nombres de otros empresarios durante los últimos dos años, entre ellos los de Ernesto Gutiérrez, David Martínez o Claudio Belocopitt. Las defensas de Boudou, de su socio José María Núñez Carmona y de su presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele, sumaron confusión

durante las últimas semanas, cuando tras insistir en que Moneta era el verdadero “dueño” del misterioso fondo The Old Fund, comenzaron a mencionar a Brito. Y le exigieron al juez federal Ariel Lijo que profundice su pesquisa por esa senda. En rigor, Moneta jamás se presentó a sí mismo como “dueño” de The Old Fund. Sólo acompañó supuestos documentos que lo mostrarían como quien prestó más de $ 35 millones a cambio de una garantía sobre las acciones de la nueva Ciccone. Los documentos en que se apoya la versión, sin embargo, muestran varios puntos endebles, concluyó el síndico del expediente de la quiebra de la imprenta, Martín Stolkiner. Primero, porque incluyen múltiples incongruencias –entre otras, sobre la fecha real en que se firmaron esos papeles–. Segundo, porque Vandenbroele firmó esos documentos cuan-

do le estaba prohibido por ley, por lo que su firma resultaba “ineficaz de pleno derecho”. No es el único punto endeble de la versión que promueven las defensas. Porque la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur Limitada, por la cual en teoría se canalizaron $ 29 millones, vulneró su propia acta constitutiva, prestó más fondos de los que registraba como capital y actuó en la práctica como pantalla intermediaria entre Vandenbroele y el Banco Macro, según informó a la Justicia el inaes (el organismo estatal que debe regular y controlar a ese tipo de entidades en teoría sin fines de lucro). Al declarar ante el juez Lijo, Guillermo Reinwick, el yerno de Nicolás Ciccone que también fue procesado, aportó otro argumento que alimenta las sospechas sobre la supuesta “ruta del dinero”. Planteó que mientras

Una tormenta perfecta se desató sobre Tribunales el escenario Hernán Cappiello LA NACiON

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unca la Justicia había llegado tan lejos en el camino de probar la corrupción en lo más alto del poder. Ya hubo ex presidentes procesados y hasta condenados, como Carlos Menem, pero nunca había sucedido lo que pasó el viernes a la noche: que un juez federal firmara el procesamiento de un vicepresidente mientras está en el ejercicio de su cargo, en visita oficial, representando a la Argentina en Cuba y en la asunción del nuevo presidente de Panamá. El procesamiento impactó como un misil que se estrelló junto al sillón de la presidenta Cristina Kirchner y reactualiza la pregunta acerca de si Amado Boudou actuó solo o por indicación del fallecido Néstor Kirchner. A esta altura, el interrogante es sólo una anécdota de cómo se desplazan los peones entre los pliegues del poder. La Justicia, con su fallo del viernes, iluminó la mancha que acompaña al kirchnerismo, desde hace diez años: detrás de su discurso progresista y de acciones concretas de ampliación de derechos, anida un sector dentro del Gobierno que busca hacer negocios desde lo más alto del poder. El juez Ariel Lijo asegura que probó que el vicepresidente Amado Boudou se valió de testaferros para, con su socio, quedarse con el 70 por ciento de las acciones de la imprenta privada que fabrica pa-

El vínculo entre el Gobierno y la Justicia ahora es concebido como una relación de sumisión y no de comunión pel moneda. Nicolás Ciccone ofreció a Boudou quedarse con parte de la empresa, como una coima, a cambio de que la salvara de la quiebra por sus deudas fiscales y le proporcionara nuevos negocios con el Estado. Así imprimieron las boletas electorales del Frente para la Victoria que llevaban a Boudou como candidato a vicepresidente y 410 millones de billetes de $ 100 . La modalidad de la mordida no es ya la de los 90, donde los jueces investigaban el pago de sobornos y variaba el porcentaje del retorno entre el 15 y el 25 por ciento. En esta década lo que se investiga son maniobras donde la corrupción no busca una parte del contrato, sino directamente, quedarse con las acciones de las empresa, en todo o en parte. En Tribunales hay más de una denuncia al respecto. En estos diez años, la credibilidad de la justicia argentina tocó fondo. Las causas ligadas con el Gobierno se mantuvieron quietas mientras el kirchnerismo concentró el poder. Pero cuando falta poco recorrido para el fin del ciclo, los problemas judiciales se multiplicaron y alcanzaron este fin de semana la cúspide del Gobierno.

La parábola se explica porque desde el Gobierno descuidaron a los jueces y fiscales, no se ocuparon de ellos, carecieron de interlocutores para acercarse a ellos como en otras décadas, los dejaron afuera de las discusiones del poder por falta de política, o de funcionarios que hablaran el mismo idioma que ellos. La inexperiencia para la gestión judicial informal, la del café y el teléfono, y la falta de expertos que pudieran dialogar en los despachos judiciales, dejó el asunto librado al azar. El discurso público para la Justicia fue el del rigoreo mediático, por cadena nacional, y hubo agrios enfrentamientos entre la presidenta Cristina Kirchner y la Corte Suprema. En sintonía con este remedio, el kirchnerismo se propuso domesticar la Justicia “a los panzazos”, tal la nueva metáfora que circula por Tribunales, para describir las relaciones entre el Poder Judicial y un sector del Poder Ejecutivo. Nada que ver con la época de los jueces de la servilleta menemista. El vínculo ahora es concebido como una relación de sumisión y no de comunión. Las parejas que se llevan así nunca terminan bien. Pruebas al canto. Si no, habría que preguntarle a Boudou. Los operadores judiciales del Gobierno, que entraban a los despachos sin golpear, a veces sonreían, otras amenazaban, pero a la larga obtenían lo que querían. Hoy esos operadores ya no operan, o porque cambiaron de jefes o porque ya no son capaces de conseguir los mismos resultados con menos poder. El Gobierno combinó este mecanismo de control descontrolado con otro marcado por su impronta progresista: apostó a una renovación generacional en la Justicia. Para hacerlo reactivó concursos dormidos en el Consejo de la Magistratura, puso allí a Julián Álvarez, joven camporista viceministro de Justicia, y al diputado de la misma agrupación Eduardo Wado De Pedro. También incidió para colocar gente de La Cámpora en los tribunales; impulsó y apuntaló Justicia Legítima, una agrupación judicial filokirchnerista que enfrenta a lo más tradicional de la corporación judicial; buscó colonizar tribunales de alzada con funcionarios adeptos y le dio vía libre a la procuradora Alejandra Gils Carbó para que nombre a sus jóvenes fiscales ad hoc especializados en perseguir militares y civiles por delitos de lesa humanidad, narcotraficantes y policías corruptos en provincias de signo contrario al Gobierno; y a empresarios críticos de la gestión oficial por delitos económicos. Pero esta receta no alcanzó para moldear una Justicia como la que quisiera el kirchnerismo en la última etapa de su mandato, al punto de que el viernes a la noche un juez federal procesó al vicepresidente por corrupción, otro ya lo llamó a indagatoria y al menos cuatro de los 12 jueces federales que atienden en Comodoro Py 2002 tienen una causa que complica a Boudou. Para que la epidemia de valentía y decencia recorriera los Tribunales era necesario que confluyeran los motivos que formaron esta tormenta perfecta.ß

lo querían presentar como dueño de The Old Fund también lo señalaban como el receptor de los fondos de Moneta o Brito, pero él no le conoce la cara a ninguno de los dos. “Yo trabajo para Jorge” Reinwick ahondó en esa senda. Dijo que mientras el Banco Provincia le pide desde hace cuatro meses todo tipo de avales propios y de terceros para prestarle $ 1 millón, en teoría Brito y Moneta le prestarían $ 50 millones sin siquiera conocerlo. “Quiero que alguien me explique cómo puede suceder esto”, desafió. El cerrajero que puede abrir la ruta del dinero es, acaso, el ex número dos de Vandenbroele en la nueva Ciccone, Máximo Lanusse. Antes de llegar a la imprenta trabajó como gerente en el Macro y aún hoy repite ante sus íntimos un latiguillo: “Yo trabajo para Jorge”. Es decir, Brito.

Cuando sea citado a indagatoria por la Justicia, Lanusse podrá también aclarar que no conoce a Moneta, quien afronta serios problemas de salud que lo dejarán como inimputable. También podría contar sobre su paso informal por Plumada SA, la firma salteña que le adjudican a Brito y, los más osados, a Héctor Colella, el heredero del emporio de Alfredo Yabrán. La pata extranjera detrás de la nueva Ciccone muestra inconsistencias similares. Detrás de The Old Fund apareció el fondo Tierras international investments. Pero se disolvió en Holanda hace más de un año, según reveló la nacion. También la firma Dusbel SA. Pero en Uruguay figura Vandenbroele como el “beneficiario final” de esa sociedad. Tras la disolución de Tierras, a su vez, The Old Fund pasó a repartirse entre Dusbel y European Ad-

Decisivo paso hacia un mejor control

Recepción de dádivas

Formosa y TOF Se investiga el rol de Boudou en el convenio entre The Old Fund y el gobierno de Formosa por el asesoramiento en el canje de deuda

El juez Luis Rodríguez analiza si el vice usó la aeronave de un empresario de Tierra del Fuego en diciembre de 2011

Otras causas que complican a Boudou

opinión Alejandro Carrió

Compra de un auto El 16 de julio Boudou deberá declarar ante el juez Bonadio por la compra irregular de un auto con supuesta documentación apócrifa

El vicepresidente es investigado en distintos juzgados

Enriquecimiento ilícito Lijo reunió información patrimonial sobre el vice, su familia y su novia, las cuentas bancarias y gastos con tarjetas

Canje de deuda 2010 Compra de 19 autos La Justicia investiga la adquisición de vehículos de alta gama, algunos por $ 2.300.000

Claudio Lozano denunció a Boudou por supuesto aprovechamiento de información privilegiada cuando era ministro de Economía

La maldición de los vices en los gobiernos peronistas, un clásico Los ningunean, se pelean con sus jefes, renuncian, quedan expuestos a escándalos o mueren Pablo Sirvén LA NACiON

No es la maldición de Tutankamón, pero se le parece bastante. La historia de los vicepresidentes peronistas está tapizada de conflictos, ninguneos, renuncias y hasta muertes. Es una suerte de “silla eléctrica” donde quien la usa no suele pasarla del todo bien. ¿La razón? Simple: el presidente peronista asume la primera magistratura con aires de monarca y le resulta incómodo cualquiera que le haga sombra. Quiere brillar como un sol y como tal chamusca y hasta puede llegar a quemar... Por eso tiene el cortocircuito fácil hacia su compañero de fórmula o tiende a elegirlo como un simple relleno que no pocas veces termina volviéndose en su contra. Contribuye el hecho de que el peronismo suele seleccionar para completar la fórmula presidencial a un extrapartidario. Así lo hizo Juan Domingo Perón en su primera presidencia al tener como copiloto a Hortensio Quijano, de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora. En 1973, la candidatura a vicepresidente de Héctor J. Cámpora recayó en el conservador popular Vicente Solano Lima, en tanto que el primer vice de Cristina Kirchner fue otro radical: Julio Cobos. Ambos miembros del matrimonio Kirchner tuvieron problemas con los tres vicepresidentes que desfilaron por sus tres gobiernos. Néstor cascoteó a Daniel Scioli todo lo que pudo en cuanto éste de-

mostró diferencias en la política de tarifas y le recortó su influencia en la Secretaría de Turismo y Deporte, al despedir a tres de sus colaboradores. El ahora gobernador bonaerense desarrolla una resiliencia muy peculiar que lo ayudó a sobrellevar los desaires que el kirchnerismo le depara desde entonces. Julio Cobos, vice del primer gobierno cristinista, pasó a ser catalogado como traidor tras su voto “no positivo” que definió a favor del campo su enfrentamiento con el Gobierno. Para su segunda y actual gestión, Cristina Fernández quiso elegir en soledad a su compañero de fórmula y al seleccionar a Amado Boudou le demandó que pensara igual que ella. No se vio defraudada en ese aspecto, pero los problemas vinieron por otro lado: la desaprensión de Boudou para distinguir sus intereses privados de los públicos que desembocó en el reciente procesamiento que le dictó el juez Ariel Lijo como principal protagonista del caso Ciccone, sin olvidar que tiene pendiente una nueva indagatoria con Claudio Bonadio por la compra irregular de un auto. Sólo tres vicepresidentes justicialistas llegaron a calzarse la banda presidencial en medio de circunstancias peculiares, cuando no aciagas. El primero en alcanzar esa meta fue el mismísimo Juan Domingo Perón, que pasó de ser vice de una dictadura militar a “caballo del comisario” de ese régimen, purificado en las urnas que lo ungieron presidente constitucional, en 1946. La vicepresidenta isabel Perón accedió al puesto máximo al morir su marido, en 1974, y sólo pudo mantenerse en el poder durante 21 meses, en los que se radicalizaron la violencia política y la inflación. Menos cruento, pero más accidentado, fue el derrotero de Eduardo Du-

visory Panel, que pese a su nombre se constituyó en Delaware, el estado que más se parece a un paraíso fiscal en Estados Unidos. Otra vez, en teoría, esa sociedad es de Reinwick. Pero cuando comenzaron a llegar reportes societarios y resúmenes bancarios, el yerno de Ciccone se encargó de acudir a un escribano, certificar copias y devolver los originales a Estados Unidos con el aviso de que todo eso no era suyo y que, por tanto, se estaba ante un potencial fraude. ¿Habrán iniciado las autoridades norteamericanas una investigación local por posible lavado de activos? Los papeles de European Advisory Group no fueron los únicos que llegaron a Reinwick. También otros de nombre peculiar: “First Family LLC”. La traducción literal sería: “Primera Familia”. Pero la traducción correcta es peor: “Familia Presidencial”.ß

halde. Después de ser compañero de fórmula de Carlos Menem durante dos años, renunció para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero el mandatario riojano se dedicó a sabotear su candidatura presidencial y en 1999 Fernando de la Rúa le ganó las elecciones. Sólo pudo acceder al sillón de Rivadavia tras la hecatombe de 2001, elegido como mandatario interino por el Congreso. Pero debió acortar su mandato en siete meses para aliviar la presión social tras el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Perón se llevó muy bien con su primer vice, Hortensio Quijano, y quiso repetir, pero el radical se murió antes de empezar el segundo mandato. Eva Duarte, la segunda esposa del líder, quiso ser su coequiper, pero las presiones militares, a las que cedió su marido, y su enfermedad avanzada frustraron el intento. Buena parte del segundo mandato de Perón, por lo tanto, transcurrió sin vice, hasta que en las elecciones de 1954 fue elegido para ese cargo Alberto Tessaire. No dejó un buen recuerdo en el justicialismo: tras el golpe de 1955 fue el primero en darse vuelta y en hablar pestes del gobierno que integró. Menem transcurrió sin vice los dos últimos años de su primera gestión y durante su segundo gobierno tuvo chisporroteos serios con su nuevo vicepresidente, Carlos Ruckauf, por sus simpatías hacia Duhalde. Podría decirse que el único vice que estuvo en armonía con su inmediato superior fue el de Cámpora. Así todo, Solano Lima tampoco pudo escapar a la maldición de los vicepresidentes de gobiernos peronistas: a los 49 días de haber empezado su gestión, en 1973, ambos renunciaron a sus cargos fagocitados por la dura interna partidaria de entonces.ß

PARA LA NACiON

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uestra república ha padecido históricamente de un pernicioso déficit. Dicho de manera llana: los jueces han mostrado en general escasa disposición para controlar seriamente a los funcionarios que detentan importantes cuotas de poder. Sólo cuando esos funcionarios lo han perdido es que los magistrados, también en general, se atreven a indagar en la forma en que aquéllos cumplieron con el mandato otorgado por el pueblo, como verdadero soberano. Es cierto que muchas veces los órganos encargados de brindar protección a los jueces para que éstos cumplan su misión con la necesaria tranquilidad –léase el Ministerio de Justicia o el Consejo de la Magistratura– han sido los primeros en hacerle saber al magistrado de turno de los problemas que enfrentaría, en caso de intentar lo que debería ser básico en un esquema de país serio. Dicho nuevamente en forma llana: que los funcionarios sepan que, como cualquier mortal común, se encuentran igualmente sometidos al imperio de la ley. La reciente resolución que ordena el procesamiento del vicepresidente Boudou constituye un paso de tremenda importancia para comenzar a paliar el déficit señalado al comienzo. Un principio que desde ya ha de amparar al licenciado Boudou es el de la presunción de inocencia, de manera tal que el vicepresidente puede confiar en que con posterioridad a esta decisión se abrirán nuevas etapas de amplia producción de prueba. Si, como él señala, es realmente ajeno a los gravísimos hechos que se le imputan, habrá otros jueces –a quienes debería dejarse trabajar sin presiones ni ataques a su independencia– que estarán en condiciones de así establecerlo. Esta decisión que ahora lo afecta tiene el mérito de haber concretado muy específicamente los cargos en su contra, con una minuciosa mención de las pruebas e indicios que provocan que el proceso deba seguir adelante. Esos cargos incluyen imputaciones de haber desplegado conductas en nuestro medio nada infrecuentes, y que deberíamos aprender a desterrar para siempre. Esto es –siempre presuntamente– el haber aceptado beneficios económicos indebidos y haberse interesado en negocios totalmente incompatibles con su alta jerarquía. La ciudadanía toda tiene derecho a que sus representantes, sobre todo cuando desempeñan tan alto cargo, sean éticamente irreprochables. Lo ideal, desde ya, sería que además de eso fueran capaces en el desempeño de su cargo. Si esta última virtud está ausente la ciudadanía, mediante el sufragio, tiene la posibilidad de que esa incapacidad sea en algún momento revertida. Pero si lo que falla es la imprescindible cuota de honradez, el daño institucional se proyecta por mucho más tiempo.ß

El autor es abogado y experto en derecho constitucional