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POLÍTICA

| Martes 17 de dicieMbre de 2013

Lázaro Báez “alquiló” los tres hoteles de los Kirchner por $ 14,5 millones sospechoso. Los pagos, hechos a través de la firma Valle Mitre, según consta en sus registros contables,

incluyen el hotel Los Sauces, además del Alto Calafate y de la hostería Las Dunas, todos en El Calafate

Viene de tapa

Báez calificó ayer esos registros de “papeles privados” de sus empresas al denunciarse ante la Justicia en Río Gallegos y anticipar que podría iniciar una “acción penal” por lo que definió como una “evidente violación del secreto fiscal”. Pero en ningún momento adujo que esos documentos fueran falsos (ver aparte). Del análisis de esos registros, que la nacion llevó a cabo con seis expertos antilavado, tributarios y contables durante los últimos meses, surgen varios rasgos sospechosos, que podrían configurar los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y evasión tributaria agravada. En el caso de Los Sauces, los Kirchner lo controlaban a través de una sociedad anónima del mismo nombre en la que cada uno poseía el 45% de las acciones. En Internet, se presenta como “el hotel de lujo de El Calafate”, con 42 suites distribuidas en seis “casas patagónicas”. Años atrás, Los Sauces fue el centro de una causa penal cuando trascendió que la familia Relats, dueña del Panamericano en Buenos Aires les pagaba a los Kirchner un alquiler de US$ 105.000 por mes –luego acordaron un valor más bajo– por gerenciar ese hotel, al mismo tiempo que eran beneficiarios de obra pública nacional. Esa investigación no prosperó. Sin embargo, y por algún motivo que no surge de los documentos del Grupo Báez que obtuvo la nacion, la gerenciadora Valle Mitre acumuló las anotaciones sobre facturación y cheques correspondientes a Los Sauces junto a los de otro hotel, La Aldea, en el Chaltén. En ese hotel, a su vez, como dueños aparecen Leandro Albornoz –el escribano de Báez que figura como accionista de Valle Mitre– y Adrián Berni, máximo ejecutivo de esa gerenciadora. Pero ni Albornoz, ni Berni, ni La Aldea en sí emitieron las facturas por las cuales Valle Mitre pagó todos los meses. En todas figura Los Sauces como emisora. ¿Acaso la firma Valle Mitre les pagó a 19 cheques a Los Sauces durante 2010 y mediados de 2011 como forma de colaborar con Relats en el pago de su canon mensual a los Kirchner? ¿O Valle Mitre cubrió por sí misma ante los Kirchner parte de ese alquiler? En la misma línea que con Los Sauces, Valle Mitre registró pagos

a Néstor Kirchner por más de $ 3,2 millones entre 2010 y 2011 por el “alquiler” del hotel Las Dunas que, por lo menos en los papeles, controla Báez, según reveló ayer la nacion. Y a eso se suman los $ 10,1 millones que los Kirchner cobraron por el Alto Calafate, cubiertos por los acuerdos confidenciales y retroactivos que siete empresas de Báez firmaron con la gerenciadora, como este diario informó anteayer. Pero eso no es todo. Del análisis de la planilla “Pagos Alquileres Unidades” de Valle Mitre surgen más datos en común sobre los pagos a los Kirchner por los tres hoteles. El primero, que se libraron cheques desde principios de 2010 y hasta julio de 2011, poco después de que se formalizó la declaratoria de herederos del ex mandatario. Herencia de Néstor A partir de ese momento, ya no constan en esos registros facturas emitidas bajo el nombre de Kirchner y con su número de CUIT. Por entonces se formalizó el reparto de sus bienes y acciones entre sus hijos Máximo y Florencia, y su viuda, Cristina Fernández. Como fruto de esa herencia, la Presidenta informó en su declaración jurada patrimonial correspondiente a 2011 que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) que acumulaba participaciones en tres sociedades: Los Sauces SA, Co Ma SA y Hotesur SA. Pero no hay alusión alguna a los hoteles Las Dunas y La Aldea o sus sociedades controlantes. El segundo dato común a los pagos de alquileres por Hotesur, Los Sauces-La Aldea y NCK-Las Dunas es que en los tres casos se emitieron facturas tipo “A” –es decir, responsable inscripto ante la AFIP–, se retuvo un monto por el impuesto a las ganancias y siempre se dejó un pequeño remanente como “saldo de cuenta corriente”. De ese modo, los cheques que emitió Valle Mitre cada mes fueron por $ 469.272 para “Hotesur-Alto Calafate”, por $ 68.062,50 para “Los Sauces-La Aldea” (valor que se redujo a $ 45.497 a partir de julio de 2010) y $ 177.172 para “NCK-Las Dunas”.ß Con la colaboración de Mariela Arias, corresponsal en Santa Cruz

El empresario kirchnerista Lázaro Báez se presentó ayer ante la justicia federal en Río Gallegos y pidió que se lo investigue allí por las millonarias operatorias vinculadas a Valle Mitre, la firma gerenciadora de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, que la nacion reveló en sus últimas ediciones. Al hacerlo, sin embargo, Lázaro Báez terminó por admitir la veracidad de los documentos contables que reveló la nacion. Los definió como “papeles privados” de su grupo empresario, por lo que anticipó que podría iniciar “acciones legales” ante lo que caracterizó como una “evidente violación del secreto fiscal”. Su presentación, de apenas dos carillas, quedó en manos de la conjueza federal Andrea Askenazy Vera, quien como subrogante allanó la estancia, el galpón y la chacra de Báez, y las cajas fuertes del Banco Santa Cruz, a pedido de la justicia federal de Buenos Aires, luego de que Leonardo Fariña y Federico Elaskar contaran por televisión cómo habían sacado del país millones de euros del empresario ultrakirchnerista. Báez se presentó ante Askenazy Vera, sin embargo, ya que en su juzgado continúa abierta una investigación por la presunta cartelización de la obra pública para beneficiarlo. Con la asistencia de su abogado defensor, Juan Pablo Gregori, Báez criticó además en duros términos a la nacion, diario al que acusó de someterlo a un “hostigamiento mediático”, y afirmó que jamás participó “en la realización de conducta alguna al margen de la ley”. “Como es de público y notorio conocimiento, vengo siendo denostado públicamente por sendos grupos económicos, propietarios

Fragmentos de la deFensa de báez

“Vengo siendo denostado por grupos económicos propietarios de medios que actúan para atribuirme una interminable saga de delitos” “Su modus operandi: primero efectúan una publicación en la que me endilgan algún delito y luego solícitos sujetos ignotos hacen la denuncia en tribunales” “El autor de la nota se intrusó en el ámbito de privacidad que tutela la Constitución por medios cuya licitud deberá esclarecer” “Oportunamente promoveré la acción penal respectiva”

Dijo que no hubo delito en la utilización de vehículos de empresas

Cómo se giraba el dinero a los hoteles Propiedad de Lázaro Báez

REFERENCIAS

Propiedad de Cristina

Hernán Cappiello

Pagos

LA NACION

LA GERENCIADORA DE HOTELES DE LÁZARO Administra los hoteles de los Kirchner

VALLE MITRE SA

$ 1,1 MILLONES Le pagó en concepto de alquileres a la sociedad de los Kirchner que es dueña del hotel

$ 10,1 MILLONES

$ 3,2 MILLONES

Le pagó en concepto de alquileres a la sociedad que controla el hotel Alto Calafate. Cristina es propietaria junto a sus hijos

Le pagó en concepto de alquileres a Néstor Kirchner según consta en sus registros

LOS SAUCES SA

HOTESUR SA

HOTEL LOS SAUCES

HOSTERÍA LAS DUNAS

HOTEL ALTO CALAFATE

Oficialmente, el establecimiento es gestionado por la familia Relats (dueña del hotel Panamericano de Bs. As.), pero en los registros de Valle Mitre figuran pagos mensuales de Báez

Según los registros, Báez le pagó esa suma a Kirchner entre 2010 y 2011, aunque el propio Báez figura, en los papeles, como el dueño teórico de ese establecimiento

Gracias a los acuerdos con siete empresas de Báez, se garantizó un tercio de ocupación mínima, todos los meses, durante años. A eso se sumó otro convenio, por otro tercio, con Aerolíneas Argentinas

LAS EMPRESAS DE LÁZARO BÁEZ QUE PAGARON ESTADÍAS Lo hicieron a través de la gerenciadora Valle Mitre SA Habitaciones reservadas por mes

Austral Const. SA

La Estación SA (ESSO Río Gallegos)

Cantidad de empleados de cada empresa

Kank y Costilla

Don Francisco SA

(YPF Río Gallegos)

Loscalzo y Del Curto

Alucom Austral

90

90

235

90

180

70

615

20

79

23

53

13

Badial

180 9

Fuente: LA NACION

Para defenderse, el empresario Campagnoli: acusan al se autodenunció en Santa Cruz jurado que lo suspendió Dijo que no cometió delitos y amenazó con juicios; se quejó de que se violó su privacidad

Uberti justificó el uso de autos de Jaime

de medios de comunicación, que actúan de consuno para atribuirme, casi a diario, una interminable saga de delitos”, criticó. Según Báez, se trata de un “modus operandi” de algunos medios de comunicación para perjudicarlo: “Primero efectúan alguna publicación, en la que me endilgan algún presunto delito y, tras cartón, solícitos sujetos (ciertos diputados y diputadas, abogados o ignotas asociaciones), que hacen de la denuncia su medio de vida o porque les asegura presencia mediática, concurren a los tribunales a fin de denunciarme utilizando lo publicado en el medio de comunicación a favor de quien actúan”, planteó el empresario. “Papeles privados” A lo largo de esas dos carillas, sin embargo, Báez jamás adujo que la documentación que obtuvo la nacion fuera falsa o adulterada. Por el contrario, los calificó como “papeles privados” de sus empresas. Por eso mismo, y por sospechar que se trataría de una “evidente violación del secreto fiscal”, adelantó que “oportunamente” promoverá “la acción penal respectiva”. El empresario también apuntó contra el periodista que escribió ambas notas. “Según lo reconoce el propio autor de las notas que motivan esta presentación, éste se intrusó en el ámbito de privacidad que tutela la Constitución Nacional (art. 18) y lo hizo por medios cuya licitud también se deberá esclarecer”, reclamó. Originalmente, la denuncia de Elisa Carrió contra Báez por la supuesta presencia de la bóveda desarmada en su casa recayó en la justicia federal porteña. El juez Sebastián Casanello la envió al Sur, pero la justicia de Río Gallegos la envió de nuevo a Buenos Aires, y allanó las propiedades a solicitud de Casanello, pero no se hallaron pruebas de las denuncias de la legisladora.ß

Diputados opositores denunciaron a quienes votaron a favor de la medida; más repudios Diputados de la oposición presentaron una denuncia penal contra los miembros del jurado de enjuiciamiento de fiscales que decidieron suspender a José María Campagnoli al acusarlo de abuso de autoridad por investigar al empresario Lázaro Báez, socio de la presidenta Cristina Kirchner. La denuncia fue presentada por los legisladores de Unión Pro Patricia Bullrich, Pablo Tonelli y Cornelia Schmidt Liermann, y recayó en el Juzgado Federal N° 9, a cargo del juez Luis Rodríguez. La medida alcanza al presidente del Tribunal de Enjuiciamiento y representante del Poder Ejecutivo, Ernesto Kreplak; al fiscal Daniel Adler; a Rodolfo María Ojea Quintana, designado por el Senado, y a María Cristina Martínez Córdoba, defensora pública de Menores. Todos fueron acusados del presunto delito de “abuso de autoridad, prevaricato y cohecho”. Los denunciantes dijeron que no se tuvo en cuenta que ellos mismos habrían denunciado a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que fue quien pidió suspender a Campagnoli. “Una de las razones de nuestro pedido de juicio político es la persecución a Campagnoli”, dijeron. Además, dijeron que el mandato del presidente del Tribunal de Enjuiciamiento, Ernesto Kreplak, vence en enero de 2014, por lo que se preguntaron si el trámite exprés para suspender al fiscal responde a ello. “Resulta absolutamente arbitraria y sesgada de un autoritarismo sin precedente la postura asumida por la mayoría del Tribunal de Enjuiciamiento de decidir nada menos que la suspensión de un fiscal sin oír siquiera al afectado”, dijeron. Y señalaron además que Kreplak “es un conocido dirigente de la agrupación política La Cámpora, que

maneja dos dependencias con recursos millonarios, como el Registro de la Propiedad del Automotor y el Registro Nacional de Armas”. En tanto, dos entidades de jueces y fiscales de la ciudad de Buenos Aires sostuvieron ayer que la suspensión del fiscal José María Campagnoli “sólo tiene por objeto disciplinar magistrados”, y criticaron a Gils Carbó. “Advertimos los peligros que conllevan para el afianzamiento de la Justicia, procedimientos como el que se repudia, que sólo tienen por objeto disciplinar magistrados”, señalaron en un comunicado el Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial porteño y la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial porteño. Las dos entidades también señalaron que “la procuradora general de la Nación tiene por mandato legal la protección de la independencia de los integrantes del Ministerio Público Fiscal, por lo que cobra gravedad la suspensión expuesta, atento a que no hay causas que justifiquen la suspensión”. Por su parte, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires repudió el asedio a los fiscales independientes y se indignó ante la suspensión de Campagnoli. En una declaración destacó que Gils Carbó nombró a dos fiscales reemplazantes en los cargos que ejerció Campagnoli en 24 horas. “El vértigo en deshacerse del fiscal Campagnoli es inversamente proporcional al esclarecimiento del notorio caso de la ruta del dinero. La República exige jueces y fiscales independientes. La persecución ejercida a Campagnoli evidencia el deterioro de nuestras instituciones”, dijeron. En tanto, el bloque de diputados del GEN, presidido por Margarita Stolbizer, expresó su apoyo a Campagnoli y alertó sobre la “grave situación de sospecha” que involucraría a la presidenta Cristina Kirchner en la causa en que investiga al empresario Lázaro Báez por supuesto lavado de dinero.ß

El destino y sus actos hizo que dos ex funcionarios kirchneristas quedaran atados al mismo proceso judicial. El ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) Claudio Uberti fue indagado ayer en una causa judicial en la que el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime está acusado de usar como propios automóviles entregados al Estado por empresas concesionarias que estaban destinados a controlar obras públicas. Uberti pasó con discreción ayer por los tribunales federales de Comodoro Py 2002, que no escaparon a los cortes de luz. Ante el juez federal Sebastián Casanello, el ex funcionario presentó un escrito y se negó a contestar las preguntas que había preparado el fiscal de la causa Carlos Rívolo. En su presentación, Uberti explicó que a pesar de que la empresa Concesionaria Vial 3 entregó al Estado un automóvil Honda Civic para el control de autopistas, no hubo delito en que terminara en manos de Jaime, porque en última instancia nunca se movió de la órbita de la administración pública. Uberti está acusado de ser partícipe en el delito de peculado, por el cual Jaime ya fue indagado. Vial 3 entregó ese vehículo para supervisar trabajos en obras públicas, pero terminó en febrero de 2004 en manos de Jaime para uso personal. Así lo acreditaron las declaraciones de sus choferes y los comprobantes de pago de la cochera que alquilaba para guardar el vehículo. Uberti es defendido por Diego Pirota, que asesora al vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone. Indicó Uberti que la Secretaría de Transporte se encuentra dentro de la órbita del Ministerio de Planificación Federal, por lo que “no resulta llamativo que exista desplazamiento de bienes”. Dijo: “Es práctica habitual en el Estado que los organismos que reciben vehículos de empresas particulares, especialmente los de administración de obras públicas, distribuyan esos vehículos en otras áreas del mismo Estado”. Agregó que el Occovi ha recibido más de 30 vehículos por licitaciones que fueron distribuidos a distintos organismos, entre ellos “hasta a la privada del propio ministro” Julio De Vido. La defensa del ex funcionario pidió su sobreseimiento. Uberti enfrenta además otra causa porque acompañó a Guido Antonini Wilson, cuando el venezolano pretendía ingresar en el país con una valija con unos 800.000 dólares. En la causa en la que Uberti hizo ahora su descargo, Jaime está acusado de usar en forma particular ese Honda Civic y un Volkswagen Passat. Jaime presentó a principio de mes un escrito en el que negó las acusaciones y ahora el juez Casanello debe resolver si procesa, sobresee o dicta la falta de mérito de los ex funcionarios.ß

Indagatoria por el ex secretario de Transporte ^b^b^ Dos de las hijas del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime fueron indagadas ayer por la Justicia en la causa en que están acusadas de actuar como testaferros de bienes que se adjudican a su padre, acusado de cometer el delito de enriquecimiento ilícito. ^b^b^ Otra hija de Jaime está en Brasil y será indagada, también en Córdoba, el próximo 26 de diciembre, informó La Voz del Interior. Ayer, en el Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes, las jóvenes Julieta y Jimena presentaron un escrito. Llegaron acompañadas por Jaime. Ese descargo llegará a manos del juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Rívolo.