Cultura

Domingo 27 de mayo de 2007

LA NACION/Página 19

Tendencia creciente: los padres recurren con frecuencia a los jueces

La Justicia se mete en el aula y decide Especialistas en educación coinciden en que los problemas pedagógicos se deben resolver en la escuela y no en los tribunales Por Laura Casanovas

LOS CASOS

De la Redacción de LA NACION

Materias pendientes Cada vez se recurre más a la Justicia para resolver problemas escolares. Así, en los estrados judiciales se terminan definiendo fechas de exámenes, el acceso a los cargos docentes, los problemas de vacantes y hasta el reproche a una madre por no atender el rendimiento escolar de su hija. En el mundo educativo y en las organizaciones civiles se interpreta que la creciente intervención de la Justicia en la escuela se debe a la mayor conciencia e información que tiene la gente sobre sus derechos y a que las autoridades no siempre dan respuesta a los problemas. Los especialistas consultados por LA NACION advirtieron que la Justicia debería ser el último recurso y que los problemas pedagógicos se deben resolver en la escuela. Señalaron que muchas situaciones, como cuando un padre solicita que a su hijo se le vuelva a tomar un examen, no tienen que llegar a los tribunales. En cambio, otras situaciones, como la falta de vacantes o problemas de infraestructura, justifican una decisión judicial. En las últimas semanas se conocieron varios casos, entre ellos, el de un juez de la provincia de Córdoba que autorizó al hijo de un fiscal a rendir tres materias pendientes para que pudiera aprobar el año que había repetido. Y en La Plata, otro juez obligó a una escuela a tomarle examen a una alumna que repitió 7° grado. En la capital bonaerense, la Justicia también ordenó que se le permitiera a una mujer ingresar en la carrera docente por considerar inconstitucional que no pudiera hacerlo por ser extranjera, como lo establece el estatuto docente.

Saber diferenciar “Hay que diferenciar. En cuestiones pedagógicas, por rendimiento escolar, apelar a la Justicia es una distorsión, es improcedente. Un juez no tiene que decidir si un chico pasa de grado. Distinto es el caso de una mujer extranjera que quiere ejercer su derecho a enseñar y aquí la Justicia puede tener algo que decir”, dijo a LA NACION Juan Carlos Tedesco, secretario de Educación de la Nación y especialista en temas educativos. Tedesco consideró que “hay una tendencia general en la sociedad a judicializar todo”, debido a una mayor conciencia sobre sus derechos, lo cual no sucedía hace 30 años y es una buena señal. No obstante, el funcionario des-

■ Un juez de la provincia de Córdoba autorizó al hijo de un fiscal a rendir tres materias pendientes para que pudiera aprobar el año que había repetido. Los docentes repudiaron el hecho y el gobernador José Manuel de la Sota los respaldó y sancionó a la abogada de la Procuración de la provincia que no apeló la medida a tiempo. “La Justicia no está para ponerles notas a los alumnos ni para hacerlos pasar de año”, se quejó el mandatario.

Docente extranjera ■ En la ciudad de La Plata, la Justicia ordenó que se le permitiera a una mujer ingresar en la carrera docente por considerar inconstitucional que no pudiera hacerlo por ser extranjera, como lo establece el estatuto docente.

Fecha de exámenes

tacó que el caso de Córdoba refleja que está apareciendo un nuevo problema que requiere “reforzar la idea en docentes, directivos y en las familias de que los problemas pedagógicos deben resolverse en la escuela”. Por su parte, Adriana Puiggrós, directora general de Educación bonaerense, opinó que “en esta época hay más denuncias en general porque se busca justicia” y que “cuanto más ojos hayan sobre el cumplimiento de las leyes, mejor”. Pero dijo que los últimos casos educativos no hablan de un crecimiento de estas situaciones. “Si los ciudadanos no están de acuerdo con una acción de la Dirección General de Educación pueden recurrir a la Justicia”, expresó Puiggrós. Sin embargo, dijo que el caso de la niña que repitió el año y que el juez dispuso que podrá rendir los exámenes que no dio en febrero es distinto: “Los padres están buscando privilegios y que la Justicia le otorgue legalidad a algo que es ilegítimo. La escuela les respondió, pero ellos no quisieron acatar las normas”.

“La judicialización de un caso siempre es la última opción”, dijo Gustavo Moreno, asesor tutelar N° 1 ante la justicia contencioso administrativa y tributaria de la ciudad de Buenos Aires. Para él, la gente “lleva los temas de educación a la Justicia porque está más informada y porque éstos no se resuelven en el ámbito educativo, aunque hay casos, como los de violencia escolar, que deben resolverse en el ámbito institucional”. Entre las situaciones que justifican una intervención judicial, Moreno mencionó alguna de las causas en las que tuvo intervención. “Hay un caso de falta de vacantes en el nivel inicial impulsado por una asociación civil porteña en el que le pedí al juez que ordene a la ciudad de Buenos Aires a abrir más jardines de infantes o tomar las medidas pertinentes”. También intervino en una acción de amparo promovida por un padre contra el gobierno porteño que denunciaba falta de controles en la infraestructura y seguridad edilicia de 23 escuelas públicas. El reclamo tuvo sentencia

Fechas de exámenes y acceso docente, en manos de jueces Dos fallos controvertidos hubo la semana última en La Plata LA PLATA.– Entre los conflictos escolares más resonantes dirimidos por la Justicia, el juez José Luis Bombelli, del Tribunal de Familia N° 1 de esta ciudad, dio curso a una acción de amparo y ordenó a una escuela platense que le tomara examen a una alumna que había repetido 7° grado el año último, porque el establecimiento le había informado mal la fecha en que debía rendir la prueba. En el fallo, además, el magistrado reprocha a la madre de la estudiante su falta de atención y seguimiento del rendimiento escolar de la niña. Tras aclarar que la vía del amparo “es una herramienta útil, pero no para cualquier situación”, el juez sostiene que dicho recurso judicial “no constituye un medio versátil de procurar solución jurisprudencial a cualquier conflicto, sino una garantía a derechos de raigambre constitucional”. Pero al referirse al caso puntual que debió resolver, Bombelli explica que el hecho de que la alumna permanezca sin concurrir al establecimiento educativo, lo exime de mayores consideraciones en cuanto a tener por acreditado el peligro en la demora, como requisito para justificar la intervención judicial que asegure a la menor el derecho a la educación.

Culto católico Santoral. Fiesta de Pentecostés. Se celebra la venida del Espíritu Santo. Liturgia. Hoy se leen el libro de los Hechos (2, 1-11), la primera carta a los Corintios (12, 3b7.12-13) y el Evangelio de San Juan (20, 19-23). Unidad cristiana. Hoy comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Centenario de Guadalupe. El nuncio apostólico, monseñor Adriano Bernardini, presidirá hoy, a las 11.30, la misa por los 100 años del templo de la basílica de Guadalupe, en Paraguay 3901, junto con los sacerdotes de la Congregación del Verbo Divino.

La niña está ahora recursando séptimo grado, pero si aprueba esos exámenes (de educación física, ciencias naturales y matemáticas) debe ser promovida al año siguiente, como si la evaluación hubiera tenido lugar en febrero, según la decisión del magistrado. Las autoridades educativas bonaerenses reconocieron el error en la comunicación de las fechas de examen. “Fue un error casi administrativo, que no tiene nada que ver con los saberes [de la alumna]”, explicó Eduardo Dillon, subsecretario de Educación bonaerense. Y dijo que ya se está trabajando para mejorar el uso del cuaderno de comunicaciones como instrumento para las notificaciones fehacientes y desalentar su utilización como vehículo de informaciones generales.

Cargos docentes Por su parte, el juez Luis Arias, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de esta ciudad, que declaró la inconstitucionalidad de la limitación del ejercicio de la docencia a extranjeros establecida en el estatuto docente, opinó que las situaciones que llegan a la Justicia son diferentes. “Las que tienen que ver con una crisis social y el vaciamiento de au-

toridad en las familias deben resolverse fuera de la Justicia. Otras están vinculadas con el ejercicio de la docencia”, explicó Arias. Y detalló: “Existe un excesivo reglamentarismo en el estatuto docente; por ejemplo, las limitaciones de edad o nacionalidad para ejercer. Muchas veces, los jueces debemos resolver conflictos laborales de los docentes y esto se debe a que el Estado resuelve en forma unilateral y falta el diálogo”. Se refirió al caso de Patricia Alejandra Knopoff, nacida en Virginia, Estados Unidos, que llegó a la Argentina cuando tenía tres años. Cursó sus estudios primarios y secundarios en la ciudad de La Plata y actualmente es estudiante del profesorado de física y matemática de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional platense, en el que tiene aprobado más del 70% de la carrera. La directora general de Educación bonaerense, Adriana Puiggrós, justificó que la docente hubiera recurrido a la Justicia. “Es el camino correcto porque pide que se cambie una ley. En este caso, no me parece mal”, expresó a LA NACION.

Ximena Linares Calvo

favorable en primera instancia y en la Cámara de Apelaciones. Gustavo Lesbegueris, a cargo del área de Educación de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, contó que recibió casos que los padres decidieron judicializar. “Hubo un caso de dos chicos de 6° grado de una escuela religiosa que se pelearon. Terminó declarando uno de los chicos en calidad de imputado por algo que no ameritaba recurrir a la Justicia y que debió haber sido canalizado institucionalmente”.

Tendencia que preocupa Lesbegueris dijo que hay una tendencia a judicializar casos que deberían resolverse en los ámbitos educativos, lo que le preocupa. Sí, justificó la intervención de la Justicia en los casos de las aulas contenedores y de las denuncias por discriminación, como las que cuestionan los derechos de admisión en un colegio, porque se afectan derechos fundamentales. La Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) ha recurrido en va-

rias oportunidades a la Justicia. “La política educativa se debe realizar en los ámbitos políticos. Pero hay situaciones en que las minorías parecen no estar adecuadamente representadas y acudir al Poder Judicial asoma como la única vía”, comentó Martín Sigal, director de la ACIJ. En noviembre de 2005, la ACIJ demandó al gobierno porteño y solicitó que se lo condene a reemplazar con urgencia los módulos contenedores. En julio de 2006 obtuvo sentencia favorable, cuando el juez Juan Lima ordenó al gobierno retirar las aulas de chapa y reemplazarlas por aulas dignas. También ganó varios casos de acceso a información que llevó a la Justicia por no obtenerla del gobierno. En noviembre de 2005, la ACIJ solicitó a la Dirección General de Educación de Gestión Privada de la ciudad información sobre subsidios a colegios privadas. Como no obtuvo la información, presentó una acción de amparo y, en abril del año pasado, la jueza Lidia Lago, condenó al gobierno a suministrar información en el plazo de 10 días.

■ También en La Plata, un juez dio curso a una acción de amparo y ordenó a una escuela que le tomara examen a una alumna que había repetido 7° grado el año último, porque el colegio le había informado mal la fecha en que debía rendir. El magistrado reprochó a la madre de la estudiante su falta de atención del rendimiento escolar de la niña.

Aulas de chapa ■ La Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) demandó al gobierno porteño y solicitó que se lo condene a reemplazar con urgencia los módulos contenedores. En julio del año pasado obtuvo sentencia favorable cuando el juez ordenó al gobierno retirar las aulas de chapa y reemplazarlas por aulas dignas.

Problemas con el latín ■ Los padres de un menor de la ciudad de Buenos Aires solicitaron a la Justicia una medida cautelar que le permita a su hijo continuar regularmente con sus estudios en el tercer año del secundario de otra escuela donde el latín no integre la currícula. El menor repitió segundo año por tener cuatro materias previas, dos de ellas, latín.