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POLITICA

I

VENEZUELA

Lunes 28 de junio de 2010

REUNION DE OBISPOS s LA COMISION DE PASTORAL SOCIAL, EN MAR DEL PLATA

EL ESCENARIO

Pujas en Diputados por lo que dijo Sadous

Oyarbide, juez amigo y verdugo Continuación de la Pág. 1, Col. 6

Definirán si se hará pública la declaración GUSTAVO YBARRA LA NACION La investigación parlamentaria del escándalo por la supuesta “diplomacia paralela” con Venezuela enfrentará esta semana a oficialismo y oposición en una dura pulseada en torno a la publicidad de la declaración que el embajador Eduardo Sadous brindó la semana pasada ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Según dijo a LA NACION el presidente de esa comisión, el peronista disidente Alfredo Atanasof (Buenos Aires), en la reunión prevista para pasado mañana los diputados definirán si dan a publicidad la declaración del embajador Eduardo Sadous, tal cual lo reclamó el canciller Héctor Timerman, y si se conforma un cuerpo especial que lleve adelante la investigación. “Esta semana vamos a trasladar al juez la versión taquigráfica [con el testimonio de Sadous], que no vamos a hacer pública hasta tanto no se debata en el seno de la Comisión”, afirmó Atanasof. Consultado sobre cómo continuará la investigación en la Cámara baja, el diputado se inclinó por la creación de “un grupo auxiliar que funcione dentro de la misma comisión”. De esta manera, rechazó la posibilidad de crear una comisión especial dedicada a seguir los entretelones del caso

Contrapunto

ALFREDO ATANASOF

DIPUTADO PERONISMO FEDERAL

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores dijo que Sadous debe opinar sobre la publicidad de su declaración.

AGUSTIN ROSSI

PRESIDENTE BLOQUE FPV

El oficialismo buscará forzar la divulgación del testimonio reservado de Sadous, tal cual lo pidió la Casa Rosada. y tomar declaración a testigos, lo cual obligaría a un debate en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside el kirchnerismo, la que debería emitir un dictamen para su posterior aprobación en el recinto de la Cámara baja. Pero sin dudas que el debate más importante será acerca del futuro de la versión taquigráfica con la declaración de Sadous, el ex embajador en Caracas que denunció la existencia de una “diplomacia paralela” a través de la cual se canalizaban operaciones de comercio exterior que se realizaban previo pago de comisiones a empresas intermediarias. Al respecto, Atanasof dijo que “la opinión de la oposición, en su mayoría, es que hay que hablar con el invitado para ver si autoriza” su publicación. La misma opinión tuvieron el diputado radical Ricardo Alfonsín y otras fuerzas, por lo que la oposición ya habría cerrado filas en torno a esa postura. Según publicó LA NACION en su edición de ayer, Sadous rechaza que se haga público su testimonio reservado, por considerar que sería contraproducente para la tranquilidad de futuros testigos de identidad protegida. Todo indica que el oficialismo intentará forzar la divulgación de esas declaraciones, ya que eso fue lo que salió a pedir la Casa Rosada al día siguiente de la presencia del diplomático ante la comisión parlamentaria. Ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner; consideró que “se justifica plenamente que se dé a conocer lo sucedido”. Y aclaró que la decisión de hacer público lo expuesto por Sadous, “podría tomarla tranquilamente el pleno de la Cámara baja para que todo el mundo pueda conocer la verdad”.

MAURO RIZZI

Monseñor Casaretto encabezó ayer la reunión de obispos que se hizo en Mar del Plata

La Iglesia pidió diálogo y un “nuevo liderazgo” En un documento también exigen “abandonar los enfrentamientos” DARIO PALAVECINO CORRESPONSAL EN MAR DEL PLATA MAR DEL PLATA.– Mantener viva la búsqueda de consensos; generar espacios de diálogo; abandonar los enfrentamientos en pos del tránsito hacia la reconciliación y avanzar hacia un nuevo estilo de liderazgo entre la clase dirigente. Estos fueron los principales ejes del documento que ayer firmaron aquí los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, reunidos en una nueva edición de la Semana Social. “Estamos convencidos de que los líderes del Bicentenario serán aquellos que asuman prioritariamente una intensa mística del servicio, una creativa pasión por el bien común y un profundo compromiso por el diálogo”, coincidieron los prelados en el documento final que sintetiza el fruto de las propuestas acercadas por los disertantes y el rico debate que se dio en las comisiones de trabajo en el hotel 13 de Julio, entre religiosos y laicos que respondieron al tradicional encuentro organizado por la Comisión Episcopal para la Pastoral Social (Cepas). Monseñor Jorge Casaretto, titular de la Cepas, a cargo del cierre del encuentro, pidió desde aquí acabar con los enfrentamientos. “Hay que terminar con lo que nos pueda llevar a tratarnos como amigos y enemigos”, dijo, y pidió a los argentinos un trato de hermanos. Este llamado al diálogo y a la reconciliación parece contrastar con la falta de participación en este encuentro de figuras del gobierno nacional. Lo más cercano al oficialismo que se vio por aquí fue el paso del gobernador, Daniel Scioli, cuya participación fue muy reconocida por los obispos, que desde este ámbito volvieron a reclamar la imperiosa necesidad de aunar esfuerzos y encontrar consensos que permitan generar políticas públicas que garanticen una vida digna a todos los argentinos.

Textuales ➔ Consensos. La búsqueda de

consensos para el desarrollo integral es la clave para erradicar la pobreza.

➔ Diálogo y encuentro. Generar

espacios de diálogo y promover una cultura del encuentro es también profundizar la opción por los pobres y por el desarrollo federal de la argentina.

➔ Políticas públicas. Se requieren

nuevas estructuras que faciliten el diálogo constructivo para los necesarios consensos sociales. Para erradicar la pobreza y la exclusión hay que promover entre todos un auténtico acuerdo sobre políticas públicas de desarrollo integral.

➔ Nuevo liderazgo. La Iglesia desea contribuir a abordar las causas estructurales de la exclusión y de la injusticia social, promoviendo un nuevo estilo de liderazgo para erradicar la pobreza y generar el desarrollo integral.

➔ Condiciones. Esos líderes deberán asumir una intensa mística del servicio, una creativa pasión por el bien común y un profundo compromiso por el diálogo.

Esta vez no hubo críticas directas contra el Gobierno. Tampoco elogios, aunque sí algunos reconocimientos a medidas consideradas un avance. Por ejemplo, la asignación universal por hijo que impuso la Casa Rosada el año pasado. Este escenario favorable fue admitido en el documento final aunque acompañado con una advertencia: “El mero crecimiento económico no basta para asegurar la equidad, el progreso y la movilidad social ascendente”, señalan los obispos reunidos en esta ciudad. Otro dato de optimismo fue re-

saltado por Casaretto, cuando se refirió al desafío de buscar cambios y renovación en la dirigencia. Destacó, por ejemplo, el programa Nuevos Dirigentes de la Cepas, que se desarrolla a nivel nacional y que en la Semana Social tuvo presencia de representantes de todo el país. “Hay militantes, concejales y funcionarios de distintas ideas políticas y jóvenes con muchas ganas de trabajar en un marco de consensos”, dijo a LA NACIÓN el responsable del programa, Hernán Escudero. “Hoy tenemos cientos de jóvenes trabajando con una vocación y voluntad que no era fácil encontrar hace cinco o seis años”, insistió Casaretto.

Voces políticas Es que, como se escuchó en los distintos paneles, los actuales protagonistas de la política nacional reconocen culpas y admiten la urgencia de cambios en el modo de hacer política y gobernar. “Falta ética y moral”, había reconocido la diputada nacional Gabriela Michetti. En tanto, el secretario general del gremio de los trabajadores rurales, Gerónimo Venegas, dijo ante su panel: “No nos tenemos que avergonzar cuando la Iglesia dice que hay tanta pobreza en el país. Todos somos responsables”. “Siempre tratamos de echarles la culpa a los otros, pero la culpa es de todos”, aseguró su par metalúrgico, Antonio Caló. Con un diagnóstico claro del desencanto que existe entre la sociedad con su clase política, los participantes de la Semana Social aportaron un voto de confianza a una nueva generación de dirigentes que atienda y dé respuestas a los pobres. “Deseamos contribuir a discernir y abordar las causas estructurales de la exclusión y de la injusticia social”, dijeron en su documento final, y para ello destacaron que seguirán promoviendo un “nuevo estilo de liderazgo para erradicar la pobreza y generar el desarrollo integral”.

EL CONFLICTO DE BOTNIA

Rechazan un control de Brasil Los asambleístas se oponen a la idea de Uruguay de sumar a otro país Después de la tregua de levantar el corte de ruta por 60 días, los asambleístas de Gualeguaychú plantearon su rechazo a la posibilidad de sumar a Brasil al monitoreo ambiental y manifestaron que el control de la planta UPM (ex Botnia) debería ser sólo binacional. Los vecinos salieron al cruce del planteo uruguayo de incluir también al gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva al control. “Esa postura no se encuadra en lo establecido en el considerando 281 de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que ratifica el deber de cooperar y fija la obligación de un monitoreo continuo en la planta industrial de Botnia-UPM, subrayando el rol que le cabe a la CARU, conforme al Estatuto del río Uruguay”, recordaron los ambientalistas. El presidente de Uruguay, José Mujica, planteó la necesidad de sumar a Brasil para el control del río como parte del monitoreo que deberán hacer su gobierno y el de la Argentina tras el fallo de la Corte de La Haya. Anteayer, el embajador de Brasil en Montevideo, José Felicio, había

dicho que su país estaba abierto a participar, siempre que los dos presidentes involucrados se lo pidieran. “Tomé conocimiento del tema por la prensa. No recibimos ningún pedido formal. El ideal es que si hay interés de Uruguay y de la Argentina, no tienen más que pedirlo y Brasil lo considerará”, manifestó Felicio al diario El País, de Montevideo. Ayer, los asambleístas reclamaron que el control sobre el río Uruguay, donde se encuentra la planta UPM, sea binacional y sin la intervención de un tercer país. “No corresponde dar intervención a otros países cuando estamos en presencia de un conflicto binacional que lleva siete años, que no hemos originado y que ha sido producto exclusivo de la violación al tratado que fija la forma de aprovechamiento de un curso que es binacional y Uruguay pretende explotar como propio en forma absolutamente ilegal”, afirmaron los asambleístas. Además, sostuvieron que esa idea “sólo pretende dilatar el cumplimiento de la normativa existente, postergar el conflicto y esmerilar un reclamo pacífico derivado del

carácter ilegal y contaminante de Botnia-UPM”. Mientras tanto, hoy el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, se reunirá con el nuevo canciller, Héctor Timerman, para abordar el tema. Urribarri, propuso días atrás no sólo integrar a Brasil, sino también que se sume Paraguay y Chile en el monitoreo. Timerman, por su parte, anunció el jueves pasado que viajará mañana a Montevideo para entrevistarse con su par uruguayo, Luis Almagro, en lo que serán sus primeras gestiones como nuevo ministro de Relaciones Exteriores después de haber reemplazado a Jorge Taiana. Urribarri anticipó ayer que “hay que monitorear el río con instituciones fuertes en lo político y muy sólidas desde lo técnico”, y volvió a celebrar la decisión de la asamblea de Gualeguaychú de levantar el bloqueo del puente por 60 días. “Es una sabia decisión”, insistió el mandatario. Desde su gobierno informaron que mañana Urribarri se reunirá con los asambleístas para ponerlos al tanto de su encuentro con Timerman.

bién es una alerta para que otros feligreses de Olivos, encabezados por Hugo Moyano, presientan que tal vez un día el poder les suelte la mano. Los camaristas admitieron un planteo de la oposición a Zanola, que viene denunciando fraude en las elecciones bancarias. La medida tomó por sorpresa a la cúpula del sindicato, que celebraba un congreso en Córdoba. Una rara imprevisión, ya que en la asamblea había dos abogados que suelen estar bien informados: el diputado Héctor Recalde, principal asesor de Moyano, y Carlos Robinson Marín, socio del estudio jurídico de Carlos Tomada, el ministro de Trabajo. El interventor judicial es Raúl Emilio Alonso, quien deberá despejar algunos escabrosos enigmas. La Cámara ya le indicó que los padrones de La Bancaria están inflados en un 50 por ciento: suele ser un ardid del sindicalismo para arrancar subsidios al Estado a nombre de afiliados fantasma. Alonso deberá también revisar los movimientos de dinero en efectivo de las cuentas del gremio en el Banco Nación. O preguntarse por qué el sindicato le prestó cerca de 100 millones de pesos a la obra social de los bancarios, cuando estaba casi quebrada. A primera vista, la designación de Alonso fue aséptica: este laboralista ya había intervenido la Uocra y el sindicato de la carne, y ocupó cargos técnicos durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Pero quienes ven debajo del agua asociaron dos detalles. Por un lado, Alonso es un simpatizante radical, igual que su hijo Emilio, que milita en la juventud porteña, cercana al cobismo. Por el otro, el segundo y sucesor interino de Zanola, Sergio Palazzo, es un radical mendocino, también amigo de Julio Cobos. ¿La presencia de Alonso ratifica la lealtad de Palazzo a su antiguo jefe? ¿O es la señal de que resolvió soltar amarras con Zanola? Estas preguntas no dejan dormir al presidiario de Marcos Paz. En realidad, motivos de insomnio son los que sobran en aquella celda. También están las habladurías que llegan desde otra cárcel, la de Ezeiza, donde la mujer de Zanola debe defenderse a las trompadas de las agresiones que, de tanto en tanto, le dedican las otras presas. ¿Por qué fracasó la excarcelación de Paula Aballay, que a los cuatro días de liberada debió regresar al penal? Otra incógnita que corroe al sindicalista.

La mano de Kirchner En cambio, hay otro interrogante para el que Zanola ya tiene respuesta. Detrás de su prisión está Kirchner. Lo supone porque, el día en que le intervinieron el gremio, los representantes del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura impidieron que Oyarbide fuera sancionado por prejuzgar en su causa, como había pedido el radical Ernesto Sanz. Tal vez la única que tenía sus propias razones para “hacerse amiga del juez” haya sido Diana Conti: la Cámara Federal le pidió a Oyarbide que investigue también a Enrique Dratman, esposo de la diputada, de quien se registraron extensas conversaciones de negocios con Héctor Capaccioli, el ex superintendente de Salud. La peripecia del matrimonio Dratman-Conti inspira un par de preguntas. La más candorosa: ¿por qué la legisladora no se abstuvo en la votación sobre Oyarbide? La más incorrecta: ¿qué sentirá Conti al advertir que el gobierno por el que se ha cansado de dar la cara jamás le avisó que su esposo tenía el teléfono intervenido? Tal vez Conti ya llegó a la conclusión de que los Kirchner sólo cuidan a los Kirchner. ¿Pensará lo mismo Moyano cuando contempla la peripecia de Zanola? Para el secretario general de la CGT su colega es,

acaso, un espejo que adelanta, un precursor. También la obra social de Moyano suscribió sospechosos contratos con droguería Urbana, y con droguería San Javier, de Néstor Lorenzo, otro preso de Marcos Paz. Y también ese millonario negocio lo administró su esposa, Liliana Zulet, a través de una consultora privada. Estos antecedentes están agravados por un episodio ocurrido en Olivos el 19 de febrero pasado: a Moyano se le escapó responder a la Presidenta “los impresentables son vos y tu marido, comprándose dos millones de dólares”, cuando ella le aconsejó que “los gremialistas no cobren más subsidios porque tienen mala imagen”. Tal vez Kirchner anotó ese diálogo en su cuaderno Arte. La Cámara Federal ya dictaminó que a Moyano debe seguir juzgándolo Claudio Bonadío, quien abrió hace tiempo una causa por enriquecimiento ilícito, y no Oyarbide. A pesar de ello, Oyarbide se resiste a enviar a su colega la información que descubrió sobre la obra social de los camioneros. La semana pasada esta disputa volvió a la Cámara.

La severidad Moyano quiere pasar a manos de Oyarbide. Quizá no esté mirando lo severo que este magistrado ha sido con Zanola, sino lo magnánimo que resulta para otros imputados. No sólo para los Kirchner, a quienes exculpó del supuesto enriquecimiento ilícito –generosidad que le costó abandonar las noches de El Mirasol, donde otros parroquianos le amargaban el champagne con sus imprecaciones–. La Cámara ordenó a Oyarbide que investigue a Capaccioli, Néstor Vázquez, Hernán Diez y Sebastián Gramajo. Vázquez era el gerente general de Capaccioli, comparte una consultora con el esposo de Conti, y en el sindicalismo lo señalan como socio oculto de Lorenzo en San Javier (dicen que preguntándole cómo compró su Touareg HJJ651 aparecería un universo de información). Diez y Gramajo están instalados en organizaciones fundamentales del kirchnerismo. Uno es director de Lotería y el otro, director de la Anses. Antes fueron recaudadores de campaña a las órdenes de Capaccioli y de Alberto Fernández. ¿Por qué Oyarbide no se ha interesado en ellos? La explicación más frecuente entre los sindicalistas alude a la amistad de algunos de estos funcionarios con José Ibarra, el secretario general del Sindicato de Conductores de Taxis. Ibarra –o “Tachito”, como lo denominan, con cariño, varios capitostes de la CGT– es íntimo amigo de Oyarbide. Acaso ese vínculo lo ha convertido en el niño mimado del sistema de salud. Sin ir más lejos, el 19 de abril pasado (resolución Nº 409) el superintendente Ricardo Bellagio rehabilitó, con pocos argumentos, la obra social del sindicato, que un año antes había sido dada de baja con gravísimas observaciones (resolución Nº 454). Moyano no es el único hombre público que confía en la intercesión del taxista Ibarra para conseguir que Oyarbide lo proteja. Acaso el jefe de la Armada, Jorge Godoy, aspire a lo mismo. El almirante y su esposa compartieron por lo menos una comida con Oyarbide e Ibarra: fue en el Centro de Capitanes de Ultramar, el 11 de septiembre pasado. Ese acercamiento puede haber sido providencial para Godoy. Sucede que varios altos oficiales de su fuerza han sido denunciados por el Ministerio de Defensa por el presunto cobro de coimas en un megacontrato con la alemana Ferrostaal. La causa quedó radicada en el juzgado de Oyarbide, quien de investigar a sindicalistas pasaría a perseguir marinos. En cualquier momento los Kirchner querrán condecorarlo, con nomenclatura setentista, como el verdugo de las corporaciones.

SINDICATO PATRONES DE ULTRAMAR

El septiembre pasado, Oyarbide y el sindicalista Ibarra (tercero y cuarto desde la izquierda) compartieron una comida en el Centro de Capitanes de Ultramar con el jefe de la Armada, Jorge Godoy (segundo); el juez debe investigar ahora a altos oficiales de esa fuerza.