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POLITICA

I

Sábado 5 de mayo de 2012

EL NUEVO PROCURADOR s EL REEMPLAZO TRAS EL CASO CICCONE

Síntesis

La Academia de Derecho le bajó el pulgar a Daniel Reposo

TRAGEDIA FERROVIARIA

ESPIONAJE ILEGAL

Once: demoraron a un abogado

Piden condenar a 14 marinos

Un abogado que representa a víctimas del accidente ferroviario de Once quedó ayer demorado tras un incidente con el juez Claudio Bonadio, en una reunión donde se buscaban unificar a los querellantes en la causa judicial en que se investiga la tragedia. El demorado unas horas por la Policía Federal, por orden de Bonadio, es Gregorio Dalbón, un letrado que viene manteniendo con el juez un público enfrentamiento. Promediando las alocuciones tomó la palabra Dalbón, que explicó cuestiones de derecho como si se dirigiera a sus clientes que estaban allí presentes. Bonadio lo reprendió: le dijo que estaban reunidos para otra cuestión. Luego hubo otro encontronazo, cuando le reprochó al juez que hubieran empezado la audiencia más tarde de lo previsto. Y al final discutió airadamente con un empleado del tribunal, lo que derivó en el arresto.

RAWSON.– La querella en la causa por espionaje ilegal de la Armada en Trelew pidió ayer la condena para los 14 acusados por violar deberes de funcionario público al dictar, transmitir, retransmitir o ejecutar órdenes ilegítimas, en los términos del artículo 248 del Código Penal, que contempla hasta dos años de prisión. El abogado Rodrigo Borda, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señaló que todos los acusados por los hechos cometidos en 2006 desde la base Almirante Zar “violaron la ley que regula su labor”. Los acusados son los almirantes Eduardo Avilés, ex comandante de Operaciones Navales; Pablo Rossi, ex director de Inteligencia Naval, y Luis De Vincenti, y los capitanes Jorge Janiot, Gustavo Ottogalli, Carlos Vázquez, Carlos Ruda, Félix Medici, Cristian Vidal y Gustavo Monzani. El espionaje fue cometido contra políticos, periodistas y sindicalistas.

Dio su opinión a pedido del Ministerio de Justicia, dice que no reúne antecedentes Daniel Reposo, el candidato del Gobierno para ser el procurador general de la Nación, sigue cosechando impugnaciones para ocupar el cargo. Ahora, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires opinó que “no reúne las condiciones jurídicas necesarias para asumir las funciones propias” de ese organismo. El cuerpo emitió su parecer ante un pedido que le elevó el Ministerio de Justicia para que diera una “opinión fundada”. En una declaración firmada por el presidente de la entidad, el abogado constitucionalista Gregorio Badeni, la entidad señaló que “sus miembros de número fueron convocados a la sesión extraordinaria” celebrada ayer. Allí analizaron los antecedentes de Reposo, publicados por el Gobierno en dos diarios, Página 12 y Tiempo Argentino, y concluyeron que no reúne las condiciones para ocupar el cargo. El proceso de impugnaciones se tramita en el Ministerio de Justicia, que en ocasiones similares había pedido la opinión de la academia. El plazo para presentarlas vencerá el jueves próximo. Una vez que el ministerio evalúa las presentaciones, las gira a la Secretaría Legal y Téc-

ARCHIVO

El candidato a procurador general, Daniel Reposo nica, que luego las remite al Senado. Son los senadores los que deberán discutir si le dan o no acuerdo de Reposo para convertirse en el sucesor de Esteban Righi, que renunció al cargo después de ser denunciado por el vicepresidente Amado Boudou. Reposo necesita reunir los votos de los dos tercios de los senadores presentes para lograr acuerdo, una cuestión por ahora difícil. Hasta ayer habían presentado objeciones a la postulación de Reposo

tres instituciones: la Unión Cívica Radical, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (el tradicional colegio de la calle Montevideo) y la Fundación por la Paz y el Cambio Climático. También seis particulares, entre quienes están los diputados Gustavo Ferrari (Frente Peronista), Patricia Bullrich (Unión por Todos) y Laura Alonso (Pro). Los legisladores Graciela Ocaña y Daniel Amoroso realizan una campaña para reunir firmas en

la calle contra la designación del abogado, actual titular de la Sindicatura General de la Nacion (Sigen). Reposo, fervoroso kirchnerista, trabajó junto con Amado Boudou en la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y colaboró con el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Incluso fue denunciado por agredir a accionistas de Papel Prensa en una tumultuosa reunión de directorio de la empresa. “Teniendo en cuenta las áreas de especialización profesional abordadas por el candidato, así como también sus antecedentes difundidos por ese Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”, dijeron los académicos. “Conforme una interpretación finalista y sistemática de los artículos 16 y 120 de la Constitución Nacional y los artículos 1, 3, 5 y 7 de la ley N° 24.946, el abogado Daniel Gustavo Reposo no reúne las condiciones jurídicas necesarias para asumir las funciones propias de la Procuración General de la Nación”, dice el dictamen. Esas normas hablan de la igualdad ante la ley, que el Ministerio Público Fiscal es un órgano independiente y explican la manera de elegir al procurador.

El martes se definirá la suerte de Rívolo El juez federal Ariel Lijo convocó a una audiencia la semana próxima para decidir si el fiscal Carlos Rívolo sigue en la causa en la que se investiga al vicepresidente Amado Boudou por supuestas negociaciones incompatibles con su función y lavado de dinero. El martes próximo, a las 9, Rívolo estará frente a frente con Diego Pirota, el abogado que pidió su apartamiento del caso. Pirota representa a José María Núñez Carmona, socio y amigo de Boudou. Le reprochó a Rívolo haber actuado con falta de objetividad y lo acusó de haber violado el secreto del sumario, debido a que la pren-

sa se enteró de un allanamiento efectuado en un departamento que es propiedad del vicepresidente en Puerto Madero. Además, cuestionó que se hubiera realizado ese procedimiento porque dijo que se accedió a la declaración jurada de bienes de Boudou, donde figuraba el domicilio allanado, sin tomar los recaudos que establece la ley de ética pública para conocer el contenido de lo declarado por el vicepresidente. En los medios, Pirota acusó al fiscal de montar una operación política contra Boudou. Rívolo le contestó que se había basado en las evidencias para pedir el allanamiento y negó haber violado

el secreto del sumario. Ahora cada uno expondrá ante el juez Lijo sus argumentos y el magistrado decidirá si mantiene o no al fiscal en el caso. Lijo fue sorteado como el nuevo juez a cargo del caso Boudou, después de que los jueces de la Sala I de la Cámara Federal apartaron del expediente al juez Daniel Rafecas. Este magistrado había intercambiado mensajes a través de un chat telefónico con un letrado cercano a Núñez Carmona, en los que le sugería acciones relacionadas con la causa. Rafecas había delegado la causa en el fiscal Rívolo. Ahora Lijo debe

decidir si lo deja como fiscal del caso y también si mantiene esa delegación o asume él la investigación. Fuentes tribunalicias especulaban ayer que eventualmente Lijo podría dejar a Rívolo como fiscal del caso, aunque probablemente disponga reasumir la dirección de la pesquisa. Si Lijo confirma a Rívolo, la defensa de Núñez Carmona podría apelar, pero si, en cambio, el fiscal es apartado esa decisión no puede ser recurrida. En ese caso, Rívolo será reemplazado por el fiscal Jorge Di Lello, que está de turno con el juez Lijo este año.

Pala

Por NIK