Implican en un juicio al jefe del Estado Mayor Conjunto

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POLÍTICA

| Sábado 19 de julio de 2014

Implican en un juicio al jefe del Estado Mayor Conjunto

derechos humanos. Un abogado denunció que el militar encubrió a un agente civil de inteligencia y dejó que se investigue a un inocente

Ramiro Sagasti

CORREsPONsALíA LA PLATA

LA PLATA.– El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Luis María Carena, fue denunciado ayer por el presunto encubrimiento de un hombre apodado “Pablo”, que fue personal civil de inteligencia (PCI) durante la dictadura militar y actuó como guardia en el centro clandestino de detención llamado La Cacha. La denuncia fue formulada ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de esta ciudad, durante el juicio contra 21 acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en esa cárcel ilegal. La hizo Juan José Losinno, abogado de Claudio Raúl Grande, uno de los imputados.

Durante el proceso se le adjudicó el apodo “Pablo” a Grande. La estrategia de Losinno, entonces, es probar que “Pablo” es otra persona, que hoy no está sentada en el banquillo de los acusados. “Hace cinco años que Grande está preso, pagando la culpa de un represor al que nadie culpa”, dijo el abogado. Agregó que ese represor sería Estanislao Chiara Vieyra y que su hija María Guadalupe sería secretaria privada del jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA., basado en el perfil de LinkedIn que aportó al tribunal, junto con otros documentos oficiales extraídos del legajo de Chiara Vieyra e imágenes familiares tomadas de la página de Facebook de su esposa, Marta Mazzilli. Losinno pidió, además, que se so-

licitarán al Ministerio de Defensa los legajos de Carena y del jefe del Ejército, teniente general César Milani, para determinar si durante la dictadura militar estuvieron en contacto con Chiara Vieyra. Antes de llegar a la jefatura del Estado Mayor Conjunto, Carena fue subordinado de Milani en el área de Inteligencia. Verónica Bogliano, abogada querellante, dijo que los documentos aportados por Losinno no debían ser incorporados “por extemporáneos”. Emanuel Lavelli, otro abogado de la querella, pidió que fueran enviados al juez Manuel Humberto Blanco, a cargo de la instrucción. Por su complejidad, la causa de La Cacha fue dividida: mientras algunos hechos ya fueron establecidos y sus acusados enfrentan un juicio oral, otros episodios y protagonistas aún son investigados. El tribunal llamó a un cuarto intermedio, hasta el 13 de agosto, a las 10. ¿Quién es “Pablo”? Los testigos que estuvieron en La Cacha describieron los penetrantes ojos azules de “Pablo” y su voz potente. También dijeron que tenía un criadero de ovejeros alemanes, que tocaba la guitarra, que sabía karate y que estudiaba en la Facultad de Veterinaria de La Plata. Cuando la Justicia cruzó los datos de los miembros del PCI con la nómina de los estudiantes de Veterinaria de entonces, sólo apareció el nombre de Grande. Losinno luego pudo establecer que había otro miembro del PCI que había estudiado Veterinaria: Chiara Vieyra. Aportó la información y la foto. Luego, hubo testigos que reconocieron a Chiara Vieyra como “Pablo”, pero otros reconocieron a Grande; ambos tenían ojos claros y se parecían. según Losinno, su defendido no tenía la jerarquía suficiente para custodiar detenidos. “Era un agente A2, redactor escribiente. Chiara Vieyra, en cambio, era un agente de inteligencia C3. su nombre de cobertura era Enrique Joaquín Chacón y su apodo, «Pablo». sus calificaciones eran excelentes”, dijo a la nacion, y aseguró que esos datos figuran en la documentación que presentó. Para Losinno su acusación “está fundada en varias cosas: el entrecruzamiento entre el personal civil de inteligencia y los estudiantes de medicina, cuando se omitió el nombre de Chiara Vieyra, el envío de un legajo sin su foto y las relaciones familiares con autoridades militares. El planteo del abogado quedó en suspenso hasta que finalice la feria judicial.ß

enriquecimiento

Jaime, más cerca del juicio oral El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime quedó al borde del juicio oral, en la causa en que se encuentra acusado por supuesto enriquecimiento ilícito durante los seis años en que fue funcionario, entre 2003 y 2009. Con las firmas de los jueces Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, la sala I de la Cámara Federal ratificó el procesamiento del ex funcionario y el embargo sobre sus bienes por $ 40 millones de pesos, que en primera instancia había dispuesto el juez federal sebastián Casanello. También se ratificaron los procesamientos de familiares y allegados a Jaime ß

senado

Piden un nuevo juicio por sobornos La Fiscalía ante la Cámara de Casación Penal pidió ayer la nulidad de la sentencia que absolvió a los siete acusados en el juicio por presuntos sobornos en el senado y reclamó que se realice un nuevo juicio. La sentencia había sido dictada en diciembre pasado por el Tribunal Oral Federal N° 3 y beneficiaba al ex presidente Fernando de la Rúa, a sus funcionarios Fernando de santibañes (ex titular de la sIDE) y Alberto Flamarique (ex ministro de Trabajo), a los ex senadores nacionales Augusto Alasino, Alberto Tell y Remo Costanzo y al ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto.ß

Fe de erratas b En la página 15 de ayer se citó

erróneamente a Claudio Epelman como presidente del Congreso Judío Latinoamericano. Debió decir director ejecutivo. El presidente es Jack Terpins.ß