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POLÍTICA

| Sábado 14 de junio de 2014

Fútbol para Todos: investigan a Capitanich y a Grondona

Sobreseen a Manzur en una causa por enriquecimiento

de los fondos a los clubes; piden indagar a Abal Medina y a Aníbal Fernández

en Tucumán y el juez dijo que no existe delito

denuncia. El fiscal Taiano sospecha de pagos irregulares y retornos en el envío El fiscal federal Jorge Taiano imputó al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y al titular de la AFA, Julio Grondona, por supuestas irregularidades en el manejo de los fondos públicos que se destinaron al programa Fútbol para Todos. El fiscal, que les imputa haber defraudado a la administración pública, también pidió investigar a los predecesores de Capitanich en Gabinete, el ahora embajador Juan Manuel Abal Medina y el senador Aníbal Fernández. Según el fiscal, todos ellos manejaron sumas millonarias ajenas a todo control. La denuncia, que había sido presentada por la legisladora Graciela Ocaña, tramitó originariamente en el juzgado federal a cargo de Sergio Torres, pero luego pasó al juzgado a cargo de la jueza federal María Servini de Cubría. Según la legisladora y ex ministra de Salud, el gobierno nacional aumentó exponencialmente entre 2009 y 2012 el presupuesto oficial de Fútbol para Todos. Sin embargo, según las sospechas del fiscal, buena parte de esas sumas no llegaron a los clubes, ya que estas entidades continúan con sus deudas y finanzas desequilibradas. Además, señaló que existen irregularidades en la entrega de la pauta de publicidad oficial. Entre las medidas de prueba, el fiscal Taiano le pidió a la jueza Servini de Cubría que solicite a la AFA los balances desde 2009. También pretende obtener las rendiciones que esa asociación que preside Grondona hizo a la Jefatura de Gabinete; los informes dirigidos a la Tesorería General y a la Contaduría General sobre los fondos del FPT, y los avances del estudio que haya realizado la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los recursos girados a la AFA. Desvío de fondos La legisladora Ocaña y el fiscal Taiano sospechan que en la maniobra se conjugaron pagos exorbitantes hechos sin ningún

José Ignacio Sbrocco PARA LA NACION

Capitanich y Grondona, junto a Sabella, antes del Mundial control, una asociación de fútbol millonaria –cuyo presidente, además, sintoniza perfectamente con el Gobierno– y clubes fundidos que habrían sido permeables a la exigencia de pagar vueltos a algunos funcionarios. En aquella presentación se aseguró que “las partes fijaron en la suma de $ 600.000.000 el ingreso mínimo anual garantizado”, pero ese número no se justificó en ninguna “razón técnica”. Además, sostuvo que el Estado cargó con “enormes pérdidas”. Según agrega la denuncia, entre 2009 y 2012, el programa Fútbol para Todos gasto $ 3084 millones, de fondos públicos, mientras que para este año ya se prevé otros $ 1447 millones, incluyendo la última modificación realizada en el presupuesto. Incluso, el lunes último hubo una nueva modificación presupuestaria, a través de la cual Ca-

pitanich autorizó incrementos de partidas por $ 210 millones de pesos para “publicidad y propaganda” del Gobierno, otros $ 130 millones para “gastos corrientes” de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado y $ 37 millones más para el programa Fútbol para Todos. Las sospechas Pese a la inversión en Fútbol Para Todos, Ocaña afirmó que los clubes argentinos empeoraron sus finanzas, lo que, según la denuncia, “pondría en evidencia que los clubes no reciben los fondos prometidos, o los fondos se desvían y no se aplican a mejorar la situación de las instituciones”. La legisladora también se hizo eco del informe “La ruta del dinero G”, difundido por el programa La Cornisa, lo que la llevó a denunciar el “irregular manejo de la pauta publicitaria” a partir del contrato fir-

archivo

mado entre la AFA y el Gobierno. El tercer eje de la denuncia destaca la “asignación discrecional de distintos canales de TV para la transmisión de los partidos”. En cuanto a las cifras volcadas en la denuncia, se advirtió que Ocaña había afirmado que, en 2009, Fútbol para Todos habría “generado gastos por $ 973.929.126 y sólo recaudó $ 6.684.491, por lo que el Estado perdió $ 967.241.635, que fueron aportados por el Tesoro nacional”. Según el informe de La Cornisa, el Gobierno le habría entregado a la AFA $ 6.000.000.000 con una “ausencia total de controles”. De acuerdo con ese programa, Grondona les daba cheques a los clubes con indicación de cambiarlos en determinadas cooperativas y financieras, pero a cambio se le habría exigido a esos clubes, que estaban fundidos, que pagasen retornos.ß

La defensa de Boudou piensa en exhibir los vínculos de Lijo

Piden que el juez Lijo cite al gobernador Insfrán

el caso ciccone. Apuestan a relacionarlo con el banquero Brito y con el

abogado de Nicolás Ciccone; así buscarían desacreditarlo y correrlo

Mariano Obarrio LA NACION

Luego de las últimas complicaciones en el caso Ciccone, algunos sectores del Gobierno piensan en replantear la estrategia de la defensa judicial del vicepresidente Amado Boudou. Mientras define si mantendrá a los abogados defensores Diego Pirota y Darío Richarte, el objetivo es demostrar que el juez federal Ariel Lijo, que instruye la causa, tiene vínculos de amistad con el banquero Jorge Brito y con Marcelo Ruiz, abogado de Nicolás Ciccone. Los funcionarios de la Casa Rosada que siguen el caso consideran que estas posibles relaciones podrían condicionar al magistrado en sus futuras medidas, pero también podrían abrir la puerta a pedidos de nulidad o de recusación a Lijo para desplazarlo de la investigación por una supuesta parcialidad, y sustituirlo por otro juez. Además, la gran apuesta de la Presidenta consiste en que la Sala I de la Cámara Federal revoque las posibles decisiones adversas a Boudou. Considera que ese órgano, integrado por los jueces Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballesteros, podría ser más accesible para el Gobierno, y para ello puso al frente de la estrategia judicial al secretario legal y técnico, Carlos Zannini, quien se encarga de monitorear todas las novedades. “Los vínculos de Lijo con Brito y con Ruiz están en los portales de Internet”, señalaron ayer a la nacion fuentes del Gobierno que tienen diálogo directo con el vicepresidente. Mientras tanto, Boudou define por estas horas si mantendrá o no a Pirota y a Richarte como abogados defensores. “No hay nada definido. Boudou está desilusionado con ellos, hay desconfianza y recelos, pero no hay novedades”, deslizaron algunas fuentes oficiales. Otras confiaron que por ahora no los desplazará. Para que Boudou pueda vincular a Lijo con Brito, y así eventualmente

ministro de salud. La causa había sido iniciada

acusar al juez de una supuesta parcialidad, resulta fundamental un paso clave: que el magistrado abra la investigación sobre la ruta del dinero. Por eso el vicepresidente le reclamó al juez que siga esa pista y para ello mencionó al empresario Raúl Moneta, al que señaló como financista de la compra de Ciccone por parte de la empresa fantasma The Old Found que presidía Alejandro Vandenbroele. Eso lo señaló al ser indagado y luego en una entrevista televisiva. Si bien no mencionó a Brito, el Gobierno cree que el banquero podría quedar involucrado en esa pista como un supuesto agente financiero de la operación. Por entonces Brito, al igual que Moneta (que no se puede defender por su delicado estado de salud), tenía una excelente relación con

Para que Boudou pueda vincular a Lijo con Brito, y así eventualmente acusar al juez de parcialidad, es fundamental que abra la investigación sobre la ruta del dinero Boudou y con el fallecido ex presidente Néstor Kirchner. Pero desde 2011, el Gobierno comenzó a acusar a Brito de promover devaluaciones de la moneda y ahora le atribuye un respaldo político al diputado del Frente Renovador y candidato presidencial Sergio Massa. El entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, acusaba internamente a Boudou de dejarse influir por Brito y por otras “corporaciones”. En el Gobierno aseguran que Lijo invitó a Brito a su casamiento y que éste también lo recibió en la

boda de uno de sus hijos, y que ello podría constituir una causal de recusación. La otra carta es la del abogado Marcelo Ruiz. Boudou exhibió su foto públicamente en el último reportaje que le concedió al canal TN del Grupo Clarín y pidió prestarle atención. Si bien no lo dijo, el Gobierno asocia a Ruiz con el abogado Alfredo Lijo, conocido como “Freddy” en tribunales, hermano de Lijo. Se trata de un ex funcionario en la Secretaría de Inteligencia (SI) en los años 90. Como abogado, Ruiz asesora a Nicolás Ciccone. Boudou acusa ahora a Lijo de cometer irregularidades al citar a Ciccone como imputado, luego como testigo y ahora como indagado nuevamente, lo que ocurrirá la semana próxima. “Boudou quiere llevarse puesto al juez Lijo por su relación con Brito y con Ruiz. Cuando habla de la ruta del dinero le está mandando un mensaje: voy por vos”, señaló ayer un funcionario. El magistrado, no obstante, ordenó abrir la investigación sobre el financiamiento de The Old Found y de Ciccone, con lo cual inició la pista de “la ruta del dinero”. Dentro del equipo de Boudou aseguran que a estas alturas, y como están dadas las cosas, la causa comenzará a definirse por cuestiones mediáticas y no por la Justicia. Quieren empezar a ganar la batalla de la opinión pública y de allí los replanteos de estrategia, que incluye la posibilidad de revisar su equipo de abogados. “Los abogados están en un entramado judicial y Boudou ya no confía en ellos”, señalaron funcionarios con llegada directa al entorno del vicepresidente. Los “recelos y desconfianza” de Boudou obedecen a supuestos pronósticos de Pirota que no se cumplieron y a una subestimación de los riesgos. Todo lo que le decían a Boudou que no iba a pasar, como ser imputado e indagado, finalmente ocurrió. ß

^b^b^ El senador nacional Luis Naidenoff (UCR-Formosa) pidió ayer que el juez federal Ariel Lijo cite en la causa Ciccone al gobernador formoseño, Gildo Insfrán, por presuntas irregularidades en el pago de más de $ 7 millones a The Old Fund, por el asesoramiento para una reestructuración de deuda. ^b^b^ “Lo que estaría faltando en la causa como aporte central es que Lijo cite al gobernador Insfrán y a todos los integrantes de la cartera económica de la provincia de Formosa que participaron para que esta «cajita feliz» de un fondo fiduciario provincial termine regalando este importe a una empresa fantasma”, dijo Naidenoff, en diálogo con Radio Continental. ^b^b^ “Nadie sabe cuál fue la base para la suma ni cómo se contrata a esta firma que no tiene antecedentes en el mercado financiero”, se preguntó el legislador radical, en relación con la empresa The Old Fund, a la que la provincia de Formosa contrató para avanzar en un proceso de reestructuración de la deuda pública provincial con el Estado nacional. ^b^b^ “Pactó en función de los resultados con Alejandro Vandenbroele (presidente de la firma) el pago de 7.667.000 pesos”, reiteró. Y amplió su queja: “Ninguna provincia había contratado a esta empresa absolutamente inexistente y fantasmagórica”.

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.– El juez federal Daniel Bejas sobreseyó ayer al ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, en la causa por enriquecimiento ilícito que tenía abierta por una denuncia del abogado peronista Oscar López. La demanda se había originado tras una información publicada en la nacion, en la que se señalaba a Manzur como uno de los funcionarios más ricos del gabinete de Cristina Kirchner. El juez Bejas, en su resolución, señaló que la investigación no demostró la comisión del presunto delito que denunciaba López. La defensa de Manzur había solicitado el sobreseimiento del ministro, luego de que a fines de 2012 el perito de la Corte Héctor Roccatagliata había emitido un informe favorable sobre la evolución patrimonial del funcionario. López, el denunciante, acusó al perito de la Corte ante los tribunales federales de Tucumán por “encubrimiento y violación de sus deberes de funcionario en subversión de sus obligaciones competenciales”. “Arribo a dicha afirmación no sólo desde el entendimiento de que el objeto de la investigación de la presente fue delimitado (a los años 20092010) y, más aún, consentido por el propio Ministerio Público Fiscal a lo largo de todo el proceso, sino especialmente por el resultado negativo de todas las medidas de instrucción solicitadas (por el fiscal Carlos Brito)”, dijo Bejas. El patrimonio Manzur había declarado un patrimonio de $ 5 millones. López amplió la denuncia luego de que este diario difundiera que Manzur tenía bienes por un total cercano a los $ 10 millones. La causa judicial estuvo paralizada durante mucho tiempo, con pocos avances. A dos días de iniciado el Mundial de fútbol de Brasil, el juez Bejas firmó el sobreseimiento del ministro de Salud de la Nación.

En su declaración jurada de bienes, el ministro Manzur aseguraba tener $ 5.057.489. El funcionario declaró 24 propiedades entre campos, terrenos, departamentos, una casa y locales. Además de un Volkswagen Passat modelo 2007 y un cuatriciclo Honda. El denunciante se mostró muy molesto por la decisión del juez Bejas. “Es un bochorno judicial. Es el Oyarbide tucumano”, dijo el abogado López, en referencia al juez Norberto Oyarbide, que sobreseyó al matrimonio Kirchner por una denuncia similar sobre enriquecimiento del patrimonio. Ampliación de la denuncia López señaló que presentó ocho ampliaciones en la denuncia original y que el magistrado sólo investigó los datos de 2009 y 2010. “Con el tiempo van apareciendo otros bienes que no estaban declarados”, especificó el denunciante. La resolución del magistrado no hizo lugar al pedido del fiscal Carlos Brito, quien solicitó extender la demanda para los períodos 2011 y 2012, para lo cual habría que iniciar una nueva causa. “El mensaje que da Bejas a la sociedad es negativo porque la gente quiere volver a creer en la Justicia y en las instituciones, a partir de lo que pasa a nivel nacional con el vicepresidente Amado Boudou. Lo que hizo Bejas fue garantizar la impunidad del poder. Es un acto delictivo, lo voy a denunciar penalmente al magistrado”, sostuvo López en diálogo con la nacion. El juez federal Bejas fue apoderado del Partido Justicialista y abogado de una de las empresas del gobernador Alperovich. Actualmente, un hijo suyo milita en la agrupación kirchnerista La Cámpora. Manzur –actual vicegobernador de la provincia en uso de licencia, por su cargo en el gabinete nacional– es uno de los precandidatos a gobernador de la provincia por el peronismo, con vistas a las elecicones de 2015, ya que el gobernador José Alperovich no podrá competir por una nueva reelección.ß

Incómodos descargos para el vicepresidente Están citados Nicolás Ciccone y Núñez Carmona; si se ausentan pedirán sus capturas Si la primera semana de indagatorias fue un calvario para Amado Boudou, las declaraciones previstas para la próxima pueden convertirse en peligrosos descargos que lo compliquen aún más en la causa en que está acusado de apropiarse de la imprenta Ciccone Calcográfica. Es que está previsto que declare Nicolás Ciccone, el fundador de la firma que ya expuso en la causa como testigo y que ahora el juez federal Ariel Lijo citó como uno de los imputados. Ciccone ya le complicó el camino a Boudou cuando dijo que se encontró dos veces con el vicepresidente para pedirle ayuda para salvar su imprenta. Dijo que una de las reuniones ocurrió el 29 de julio de 2010, en Telefé, y la otra el 1° de septiembre de ese año en el bar de Puerto Madero I Fresh Market, en la esquina de la casa de Boudou. Allí, según Ciccone, Boudou les dijo que José María Núñez Carmona, su socio y amigo de la infancia, se encargaría del asunto en su nombre. Y abundó Ciccone que Núñez Carmona le pidió el 70% de la imprenta para salvar. La segunda reunión fue para convencer a su hermano Héctor, ya fallecido, de la seriedad de la operación. Ciccone ahora declara como acusado de participar en la maniobra porque pidió para la familia cobrar una mensualidad de 55.000 dólares por el know how de la fábrica. El martes amenaza con repetir aquel relato que prestó bajo juramento y abundar más. Ciccone, que designó como abogado a Maximiliano Rusconi, pidió anular la citación a indagatoria, pero Lijo sostuvo que la tomará igual y que se tramitará el incidente aparte. Dijo Ciccone que quien le facilitó la primera reunión con Boudou en Telefé fue Gabriel Bianco, un ex ejecutivo del canal, vecino del country de su yerno Guillermo Reinwick. Bianco ya declaró como testigo, pero dijo no recordar bien cómo sucedieron las cosas en el canal. Sí dijo que era posible que hiciera pasar a

Ciccone al estudio cuando Boudou daba una nota, y que puede haberle dado la mano, pero dijo no recordar que alojó a Núñez Carmona en una salita privada para hablar con los empresarios. El lunes Bianco deberá volver a declarar como testigo porque habría estado presente en otras reuniones de los Ciccone con el entorno de Boudou. Sobre eso le preguntarán. El martes está previsto que declare Eduardo “Chachi” Romano, secretario privado de Boudou. Le preguntarán sobre las llamadas con teléfonos de The Old Fund, la empresa de Alejandro Vandenbroele, que él niega haber realizado. No se prevén sobresaltos para Boudou por su testimonio, que puede complicar si el testigo falta a la verdad. El miércoles siguen los amigos de Boudou: está citado a indagatoria Guido Forcieri, el último funcionario imputado en la causa. Forcieri era jefe de gabinete de Boudou cuando el vice era ministro de Economía. Un funcionario de la AFIP, Rafael Resnner Brenick, aseguró que Forcieri lo instó a ayudar a Ciccone a salvar su fábrica y que le presentó a Núñez Carmona –que no es funcionario– como el encargado en el Ministerio de Economía del asunto. Forcieri, que a instancias de Boudou es el director en representación de la Argentina en el Banco Mundial, se ganó el rol de imputado y fue conminado a designar abogado defensor. Es probable que dado lo inminente y sorpresivo de su citación se presente y pida prórroga para estudiar la causa antes de declarar. El jueves es el día clave que puede terminar en escándalo. Está citado ese día a prestar declaración José María Núñez Carmona. Boudou ya dijo que el vínculo con su amigo se había enfriado y tomó distancia. Tanta distancia tomó, que el abogado de Boudou, Diego Pirota, dejó de defender a Núñez Carmona, que deberá buscar su propio defensor. Pero Núñez Carmona se encuentra fuera del país. Salió por Uruguay y se supone que está en Europa. Lijo le hizo saber que debe presentarse, y que si no lo hace dictará su captura internacional, con el escándalo que implicaría que el socio del vicepresidente esté en esa condición.ß