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darle a la Formación Profesional. También denunciamos las actuaciones de la consejería que, mientras pone sobre la mesa un anteproyecto para reorganizar la FP, sigue tomando decisiones que van modificando de facto estas enseñanzas, sin contar con los representantes del profesorado, sin consensuar criterios sobre ...
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Entrevista de USTEA con la Secretaria General de Formación profesional y Formación para el Empleo, la Directora General de Formación Profesional y E. Permanente y la jefa de servicios correspondiente.

USTEA había solicitado esta entrevista al objeto de hacerle llegar a la administración educativa nuestra postura inicial respecto al Anteproyecto de Ley de FP en Andalucía. En ese sentido, le hicimos entrega del documento elaborado al respecto y un resumen de nuestra postura con la decisión, de momento de no participar en cambios puntuales de este anteproyecto, dado que no compartimos la filosofía que lo inspira. También le reiteramos nuestra protesta –ya planteada en la mesa sectorial del 30 de septiembre- por el modo arbitrado por la consejería para hacer aportaciones al anteproyecto, a través de correo electrónico.

USTEA vuelve a exigir un resumen de dichas aportaciones, así como su autoría. Se nos responde por parte de la Sra. Secretaria General que hay cosas de nuestra crítica que ella no comparte y que no obstante nos pide que participemos haciendo aportaciones. Le aclaramos que el documento entregado es una aportación, en el sentido de que invitamos a la consejería a que cambie la orientación que pretende darle a la Formación Profesional También denunciamos las actuaciones de la consejería que, mientras pone sobre la mesa un anteproyecto para reorganizar la FP, sigue tomando decisiones que van modificando de facto estas enseñanzas, sin contar con los representantes del profesorado, sin consensuar criterios sobre las actuaciones y sin que sepamos siquiera si existen esos criterios, más allá de las necesidades económicas de reducción de gasto a toda costa. Pedimos, finalmente, que se cambie la metodología de trabajo sobre este anteproyecto y que se abra un proceso de discusión del mismo en mesas técnicas, en las que se explicite qué aspectos del texto normativo está dispuesta la administración a cambiar y cuáles no. Que se abra, en definitiva, un proceso negociador sobre el mismo.

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO. Planteamos este tema y pedimos información sobre la urgencia con la que se ha pedido a los centros, con instrucciones escritas, que contesten si están dispuesto a asumir este tipo de formación. Las personas presentes en la reunión se muestran sorprendidas por nuestra información, por lo que enseñamos las instrucciones que nos habían hecho llegar algunas personas de nuestra afiliación. Tras un intercambio de intervenciones, USTEA deja claro que nuestra preocupación por cómo se está llevando a cabo el procedimiento de implantación de esta formación y nuestra denuncia del mismo no son infundadas.

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Finalmente, se nos aclara lo siguiente: 









Se ha pedido a las delegaciones provinciales que recaben información sobre los centros públicos disponibles, en el sentido de tener infraestructuras que se ajusten a lo que dice la normativa – metros cuadrados, talleres, equipamiento…- en los que se podría ubicar este tipo de formación. El plazo, en principio muy ajustado, para dar respuesta se ha ampliado al menos durante toda esta semana. En ningún caso, esta formación la dará el personal docente. No es intención de la consejería doblar la jornada laboral del profesorado. Los formadores serán personas paradas que cumplan los requisitos establecidos por la ley para asumir esta tarea. La administración, con este sistema., tiene intención de gestionar directamente la mitad del presupuesto de formación para el empleo (80 millones de euros) , aunque la otra mitad se destinará a subvenciones para formación, con todas las garantías, subrayó. En cualquier caso, lo que sí tendrá que aportar el centro elegido para esta formación es la figura del coordinador: un profesor/a del centro, cuyo perfil no han determinado todavía, que deberá ofrecerse voluntariamente para ello, y que ejercerá dicha coordinación fuera de su horario laboral. Esta figura en ningún caso ejercerá la docencia. Respecto a la relación de títulos de formación los certificados de profesionalidad, junto con los requisitos de equipamiento que han recibido los centros, la finalidad de dicha formación es que cada centro sopese si cumple los requisitos o no y para qué cursos de formación. Es decir, no se trata de una elección a la carta, sino que debe estar fundamentada en si se reúnen o no las condiciones indicadas.

RESPECTO A LA FPB. Planteamos a la Directora General la necesidad de que la consejería, en enero, haga una evaluación de la implantación de la FPB en Andalucía, para, a continuación, abrir un proceso negociador de cambio y ajuste de dicha enseñanza. En él, USTEA quiere contemplar la red de centros, la oferta educativa, el transporte escolar, los libros de texto y, por supuesto, las condiciones de escolarización para el próximo curso. También nos resulta fundamental que se busque un mecanismo de reconocimiento de estas enseñanzas de modo que el alumnado que la curse y supere los dos cursos pueda titularse en ESO y proseguir su formación, si así lo desea. Quedamos emplazados para una segunda reunión con la Directora General de FP y E. Permanente, para seguir tratando tanto las cuestiones referidas a la FPB como otras de FP y E. Permanente que atañen a su departamento. En cuanto a la discusión del anteproyecto de ley de FP, reiteramos nuestra petición de proceso negociador y mesas sectoriales, algo, al parecer muy difícil, porque los representantes del SAE no quieren esa “metodología” de trabajo. Lamentan las responsables de la administración que se haya entendido tan mal sus intenciones respecto a esta ley, o que no hayan sabido transmitir lo que quería hacer con la FP en Andalucía…

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