Trabajo y Empleo en el Bicentenario Cambio en la dinámica del empleo y la protección social para la inclusión Período 2003 - 2010



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Este documento fue elaborado en septiembre de 2010 por la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales a cargo de Marta Novick. Su coordinación estuvo a cargo de Diego Schleser y Clarisa Soto. Participaron: Hector Palomino, Soledad Villafañe, David Trajtemberg, Sofia Rojo, Victoria Castillo, Lila Schachtel, Daniel Contartese, Ximena Mazorra, Marianela Sarabia, Federico Pastrana, Anahi Amar y Sofia Munarriz, con los aportes de Emilia Roca (Sec. de Seguridad Social), Monica Muscolino (Sec. de Empleo) y Sergio Paz (Sec. de Trabajo).

Foto de portada: trabajadores instalando el Paseo del Bicentenario para los festejos de la Semana de Mayo. Av. 9 de Julio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mayo de 2010. Agradecemos a Daniel Kostzer su aporte fotográfico.

Este documento se publica en el marco del Proyecto PNUD ARG/04/034 “Sistema de información para la evaluación y el monitoreo del empleo, el trabajo y la inclusión social”.

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Autoridades Presidenta Dra. Cristina Fernández de Kirchner

Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Dr. Carlos A. Tomada Secretaria de Trabajo Dra. Noemí Rial Secretario de Empleo Lic. Enrique Deibe Secretaria de Seguridad Social Dra. Ofelia Cedola Jefe de Gabinete Dr. Norberto Ciaravino Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales Lic. Marta Novick Subsecretario de Coordinación Lic. Horacio Ordeix Subsecretario de Relaciones Laborales Dr. Alvaro Ruiz Subsecretario de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social Dr. Guillermo Alonso Navone Subsecretario de Políticas de Empleo y Formación Profesional Lic. Matías Barroetaveña Subsecretaria de Políticas de la Seguridad Social Lic. Emilia Roca

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Índice Prólogo ..................................................................................................................................................pág. 7 Introducción..........................................................................................................................................pág. 9 1. Esquema del modelo socio-productivo y políticas a partir de 2003..............................pág. 11 1.1.

Marco general ...........................................................................................................................pág. 13

1.2.

Lineamientos de las políticas implementadas a partir de 2003 ................................................pág. 14

1.3.

Estrategia económica................................................................................................................pág. 16

1.4.

Políticas laborales y de ingresos...............................................................................................pág. 17

1.5.

Políticas activas de empleo.......................................................................................................pág. 20

2. Mercado de trabajo, negociación colectiva y conflictividad laboral...........................pág. 25 2.1.

Crecimiento de la actividad económica y del empleo de calidad..............................................pág. 27

2.2.

Dinamismo de la negociación colectiva y de los salarios.........................................................pág. 39

2.3.

Conflictividad laboral.................................................................................................................pág. 45

3. Sistema de protección social: hacia la construcción de un piso mínimo .................pág. 49 3.1.

Mayor protección social en la Argentina 2003 – 2010.............................................................pág. 51

3.2.

Ampliación de la cobertura de los adultos mayores................................................................pág. 54

3.3.

Ampliación de la cobertura de los menores de 18 años.........................................................pág. 55

4. Mejora en la equidad........................................................................................................pág. 57 5. Respuesta frente a la crisis financiera internacional 2008/09....................................pág. 65 5.1.

Políticas anticíclicas.....................................................................................................pág. 67

5.2

Situación laboral emergente..........................................................................................pág. 68

6. Conclusiones..........................................................................................pág. 72 Bibliografía.............................................................................................................................pág. 81

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Prólogo Realizar un balance de lo acontecido en Argentina durante el período 2003-2010 en lo que refiere a la situación socio-laboral es adentrarse en el relato de los cambios que permitieron celebrar nuestro Bicentenario en un contexto de crecimiento y paz social cuando, tan sólo una década atrás, parecía que la implosión del modelo productivo y la crisis política era de una magnitud casi irrecuperable. Superar la crisis interna y sortear con éxito la crisis global iniciada en septiembre del año 2008 demuestran claramente que el modelo que hemos elegido no sólo es sustentable, sino que es el que nuestro país requiere para recuperar su senda de crecimiento.

Siete años de gestión al frente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y del competente y comprometido equipo técnico y político que me viene acompañando, me permiten afirmar categóricamente que los resultados obtenidos en materia de desarrollo, crecimiento y justicia social no fueron el mero efecto de un rebote post-crisis, de un “viento de cola” favorable a nivel internacional, ni de un fenómeno azaroso.

Por el contrario, estos logros fueron la consecuencia directa de la decisión del gobierno de Néstor Kirchner en 2003 de retomar un proyecto de país productivo e inclusivo que se había perdido a mediados de los años setenta. Sobre este rumbo, continuó avanzando y profundizando desde diciembre de 2007 la actual Presidenta Cristina Fernández de Kirchner: incentivar la producción nacional, teniendo como horizonte la generación de empleo y la justicia social, sin dejar de trabajar por una mejor inserción de la Argentina en la región y en el mundo.

Durante estos años hemos tenido que administrar y superar, en primer término, los resultados de una crisis interna a nivel económico, político, social y de legitimidad del Estado jamás vistos anteriormente en nuestro país (2001-02). Paralelamente hemos decidido y gestionado la reconstrucción de nuestro entramado productivo, impulsando también un proceso de crecimiento sostenido, con leve impacto de la crisis económica y financiera mundial más importante desde 1930, todo ello junto con nuestro compromiso de fortalecer y mejorar los derechos y la calidad de vida de los trabajadores y del conjunto de ciudadanos de este país.

Es así que se hace necesario reflexionar sobre lo acontecido en la Argentina durante los últimos siete años en materia socio-laboral, para comprender de forma más completa y profunda los frutos y desafíos del nuevo patrón productivo

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que estamos llevando adelante, identificando los resultados de las políticas y de la trayectoria seguida.

Haciendo este ejercicio es posible entender mejor el proceso en marcha y los importantes quiebres que se fueron concretando en la dinámica instituida para revertir las consecuencias de la dirección impuesta por las políticas neoliberales y su relación directa con la ampliación y extensión de la injusticia social. Este estudio no pretende agotar el análisis de todas las acciones llevadas adelante, ni de todas sus repercusiones, pero sí destacar aquellas que sintetizan el importante cambio de rumbo y su impacto en la equidad.

Logramos construir un país más justo – aunque aún quede mucho por hacer – y prueba de ello fue el clima social expresado por el pueblo en las calles durante los festejos del 25 de Mayo pasado, donde se reflejó que la situación actual del país es mucho mejor respecto de 100 años atrás y también supera en mucho a la vivencia de desconcierto y falta de horizonte que invadía a la sociedad al inicio de este nuevo siglo XXI. El 25 de Mayo de 2010 se celebró con amplia participación popular, con alegría, con diversidad étnica y cultural, con memoria y con esperanza. Estas observaciones positivas y alentadoras podrían resultar por sí mismas una expresión elocuente de nuestra realidad, pero siempre es necesario e importante contar con más indicadores que permitan analizar los diferentes aspectos que hacen a la actividad del país y a la calidad de vida de su pueblo.

Los resultados de este análisis hablan por sí solos respecto de los avances positivos en el plano económico y sociolaboral. Mucho se ha ganado: la transformación profunda de la dinámica del mercado de trabajo, no sólo generando empleo sino mejorando su calidad y su grado de protección; la recuperación de los espacios de negociación colectiva y diálogo social; la ampliación de la cobertura del sistema de protección social y el mejoramiento de los ingresos de los niños y los adultos mayores, impulsando medidas históricas como la Asignación Universal por Hijo y la recuperación por parte del Estado del control de los fondos del sistema previsional; la inserción de los sectores más postergados a través de políticas activas de empleo, mediante la formación y capacitación. Todo esto ha significado transitar un sendero hacia un mayor grado de igualdad, que se expresa principalmente en una distribución del ingreso mejor y más justa.

Queda mucho por hacer tanto en el plano económico como en el sociolaboral, pero este balance que estamos difundiendo nos indica que el camino que elegimos es correcto para seguir el rumbo inaugurado hace 200 años con nuestra independencia y lograr el objetivo que el pueblo argentino nos encomendó en elecciones democráticas: alcanzar la felicidad y la prosperidad de la Nación Argentina.

Dr. Carlos A. Tomada Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Septiembre de 2010

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Introducción La Argentina en el año de su Bicentenario muestra una fortaleza económica y social no recordada en su historia reciente. La mayoría de los indicadores socioeconómicos dan cuenta de una mejora sustantiva alcanzada tanto en materia de crecimiento y desarrollo, como de inclusión social. Y esto es así a pesar del contexto adverso provocado por la última crisis internacional, caracterizada como la más profunda de los últimos 80 años.

El nuevo enfoque dado a las políticas públicas económicas y sociales puesto en marcha en el año 2003 modificó de raíz la dinámica laboral de exclusión instalada en nuestro país desde mediados de la década de los setenta y transformó el alcance del sistema de protección social. La promoción del empleo de calidad, productivo y justamente remunerado, junto a la ampliación y redefinición de la protección social orientada a proteger a la mayor parte de la población, constituyen los principales canales a través de los cuales el actual modelo socio-económico mejora las condiciones de vida de las personas. Este documento hace especial hincapié en la evolución de las diferentes dimensiones que conforman el mercado de trabajo para identificar los cambios producidos por las políticas públicas. El balance que se presenta en este informe adopta una perspectiva dinámica analizando los muchos y diversos procesos que influyeron en la configuración de la actual coyuntura, a siete años de haber puesto en marcha un nuevo patrón de crecimiento y desarrollo.

La dinámica de transformación actual no puede aprehenderse a través de enfoques estáticos, limitados a constatar cuánto se distancia la realidad observada puntualmente de algún estado o situación ideal que no siempre se formula explícitamente. Al desvincular las observaciones puntuales de los procesos que inciden en su configuración, se sustrae de las conclusiones la dimensión histórica, lo que sirve al propósito de elaborar juicios –en general negativos– sobre la “realidad” observada, pero no aporta a su comprensión.

Entre los elementos necesarios para el análisis figuran las políticas públicas y las instituciones que transforman el mercado de trabajo y las relaciones laborales. Estos dispositivos inciden en el perfil de su evolución, y requieren continuidad en el tiempo para concretar en el mediano y largo plazo los cambios estructurales a los que se aspira en el proceso de desarrollo.

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Esto no significa que aún en la actualidad persistan dificultades y situaciones inequitativas en materia socio-laboral, que afectan a un gran número de trabajadores y a sus familias. Los logros del enfoque socio-productivo vigente consisten en haber dado lugar a una reducción progresiva, pero sistemática, de problemáticas enquistadas desde larga data en el mercado de trabajo argentino, y que sólo podrán ser resueltas en el transcurso de un proceso más prolongado.

En este documento se describen, en primer término, las principales características del modelo socio-productivo y las políticas laborales, de ingresos y empleo implementadas desde el año 2003. El segundo capítulo muestra el impacto que ha tenido este nuevo esquema en la creación de empleos de calidad, en la disminución de la precariedad laboral y del desempleo, en la revitalización de la negociación colectiva y los salarios. En tercer término son descriptas la reconfiguración y la ampliación del sistema de protección social llevadas a cabo en los últimos años. En el cuarto capítulo, se analiza cómo el conjunto de políticas actuó sobre la mejora de la equidad. En quinto lugar se puntualiza la respuesta de la Argentina frente a la crisis mundial en 2008/09 y la fortaleza del modelo socio-productivo para enfrentarla. Finalmente, se plantean las conclusiones.

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Esquema del modelo socio-productivo y políticas a partir de 2003

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1. Esquema del modelo socio-productivo y políticas a partir de 2003

1.1. Marco general Luego de la Segunda Guerra Mundial se implementó en Europa Occidental y en otros países con grados de desarrollo medio y alto, el denominado Estado de Bienestar (Boyer, 2006). Este esquema, basado en políticas de desarrollo industrial y el modo de producción fordista –con un notable crecimiento de la productividad laboral–, permitió la consolidación de un mercado interno a través del incremento de la demanda doméstica. Como resultado se elevaron sistemáticamente los estándares de vida de la población y mejoró la equidad distributiva en las décadas posteriores, sostenida por compensaciones financieras frente a diversos riesgos “colectivos” y por la fuerte articulación socio-económica generada por el sistema productivo.

La versión local de la sociedad industrial vinculada a la producción en serie y al Estado de Bienestar también encontraba fuertes anclajes entre el sistema productivo, el mercado de trabajo y los hogares. Si bien existían trabajadores afectados por la informalidad –un rasgo estructural latinoamericano– y por lo tanto excluidos de algunos beneficios sociales, estos constituían una proporción reducida de la población económicamente activa y tenían trazos diferentes a los actuales, en especial con respecto al nivel salarial. En un contexto de pleno empleo, con una elevada tasa de asalarización, el trabajo se constituía en el eje de la integración social y fuente principal de ingresos, un modelo cuyos resultados se manifestaban en altos niveles de cohesión e inclusión social.

Desde el último cuarto del siglo pasado comenzó a transitarse un sendero diferente. Esping-Andersen (1993, 1996 y 2000) clasifica distintos sistemas de bienestar, tomando al liberal (o anglosajón) como el que tiende a individualizar los riesgos fomentando soluciones de mercado con un Estado subsidiario limitado a compensar las necesidades de quienes encuentran dificultades de integración. Si bien este modelo coexistió con el Estado de Bienestar, se podría decir que se profundizó a partir de los años setenta, cuando la globalización y la reconfiguración de la producción mundial, así como la ruptura del esquema definido por el capitalismo fondista, debilitaron profundamente sus bases. En términos sociolaborales, las consecuencias de esta transformación fueron negativas: se desestabilizó la condición salarial, creció el desempleo y se precarizaron las condiciones del trabajo (reducción de costos laborales) y su protección, dando lugar a que un gran número de trabajadores transitara hacia la vulnerabilidad sociolaboral (Castel, 2002).

Si se toma como referencia comparativa la situación laboral en la Argentina hacia mediados del siglo XX, las consecuencias negativas del proceso abierto por la dictadura militar en el último cuarto del siglo pasado fueron más profundas aún

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que las registradas en Europa Occidental. En parte, por un Estado con menor capacidad de respuesta respecto de los Estados de Bienestar consolidados. Pero fundamentalmente como resultado de la aplicación generalizada de políticas de libre mercado, que luego serían profundizadas durante los noventa por las que recomendara el Consenso de Washington. En este contexto, la política pública imprimió supremacía a las cuestiones económicas por sobre las laborales y las sociales. Abogando por la “estabilidad macro” y una mayor eficiencia, se implementaron severas reformas estructurales y privatizaciones que, sumadas a la creciente exposición internacional, condujeron al desmantelamiento del sistema productivo nacional y al debilitamiento del Estado en su rol de garante de las condiciones mínimas de vida de la población. Como resultado, la desarticulación del modelo laboral consolidado en la Argentina derivó en crecientes niveles de desempleo, precariedad y exclusión social. La profunda crisis económica, social y política de 2001/02 que emergió como consecuencia de la primacía del mercado, exigía la revisión de las políticas basadas en aquellas ideas, sin embargo muchos proponían reiterarlas e incluso intensificarlas. Frente a este desafío el Gobierno que se hizo cargo de la gestión en 2003 enfrentó la mirada neoliberal y decidió configurar el modelo socio-productivo en vigencia, con el objetivo de armonizar los requerimientos de la economía globalizada, de competitividad y eficiencia, con la necesidad imperiosa de mejorar las condiciones de vida de la población. Así, entre los ejes que orientaron los cambios se colocó al trabajo de calidad como un determinante de la política pública, y se posicionó al Estado tanto como promotor del desarrollo económico como coordinador de actores y políticas, por ejemplo, a través del estímulo a la inversión y la mejora de la competitividad. En combinación con las medidas para aumentar la productividad se promovió la extensión de la protección social, la determinación de salarios dignos y la ampliación de la formación profesional. También se consideró ineludible para asegurar la cohesión e inclusión social propender a una distribución del ingreso más equitativa, a través del diálogo social, la negociación colectiva; y la articulación de la política salarial con la protección social. Es a partir de esta nueva concepción que se definieron las acciones y políticas implementadas en la Argentina desde el año 2003.

El Gobierno desde el 2003 Nacional posicionó al trabajo en el centro de las políticas públicas, como articulador entre lo económico y lo social, como factor básico de ciudadanía.

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1.2. Lineamientos de las políticas implementadas a partir de 2003 La decisión del Gobierno Nacional desde 2003 fue jerarquizar al empleo colocándolo en el centro de las políticas públicas, situando al trabajo como articulador entre la esfera económica y la social, como fuente de dignidad de las personas, como factor básico de ciudadanía. El eje de la política pública se orientó a la creación de empleo decente, es decir, productivo y protegido, con los beneficios que prevé la normativa laboral. De este modo, el trabajo fue considerado el núcleo central para la inclusión social, para la mejora de los ingresos, y el acceso a derechos.

Para ello, no sólo fue necesaria la puesta en marcha de un conjunto de acciones y programas, sino también la recuperación y resignificación del rol del Estado definiendo y articulando las políticas económicas, laborales y sociales. En términos generales, los lineamientos del enfoque socio-económico desarrollado se podrían sintetizar en los siguientes pilares:

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La instalación de un patrón de crecimiento orientado a la producción nacional y el empleo, a través de la definición de un conjunto coherente de políticas económicas y sociales (macroeconómicas, tipo de cambio, inversión pública en infraestructura básica y social, subsidios a la producción, políticas educativas y de ciencia y tecnología, entre otras) que permitieron recuperar y mejorar la competitividad del país.

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La implementación de políticas activas de ingresos y de promoción de la negociación colectiva, con el fin de incrementar el salario real y mejorar las condiciones laborales.

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La instrumentación de acciones dirigidas a mejorar las calificaciones de los trabajadores y a generar canales más eficientes para acceder a mejores oportunidades de empleo, a través de políticas de formación, capacitación e intermediación laboral.

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La ampliación del alcance y la cobertura del sistema de protección social con el fin de garantizar prestaciones básicas y transferencia de ingresos especialmente a los grupos y sectores más vulnerables.

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La decisión de continuar y fortalecer estas políticas, a pesar de un contexto de crisis global como la desatada a fines del año 2008, y de aplicar un conjunto de medidas económicas y laborales para preservar el empleo existente.

En términos simplificados se podría describir el funcionamiento de este enfoque económico del siguiente modo: la fijación de un tipo de cambio competitivo, la realización de importantes inversiones públicas (en especial en infraestructura), y un conjunto de medidas tendientes a sostener el poder adquisitivo de los ingresos familiares expandieron y diversificaron la producción impulsada por el crecimiento de las exportaciones y por la sustitución de bienes importados. El patrón de crecimiento en marcha estimuló las economías regionales y se desarrollaron actividades demandantes de trabajo lo suficientemente diversificadas para permitir que el crecimiento y el desarrollo resultaran inclusivos para la mayoría de la población.

Esta dinámica sumada a una política activa de ingresos, de fomento de la negociación colectiva y de ampliación de la protección social colaboró, a través del aumento del consumo, a apuntalar el mercado interno. Este afianzamiento dio lugar a un crecimiento importante de la inversión y a una mejora de la productividad

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laboral. Simultáneamente, la aplicación de políticas de regularización laboral, inició un proceso de formalización del trabajo sin antecedentes en la historia reciente de nuestro país.

1.3. Estrategia económica La estrategia macroeconómica permitió una mejora en la competitividad de la economía, el sostenimiento del superávit externo, la promoción de la inversión pública y privada, y un fuerte impulso a la demanda doméstica como motor del crecimiento económico.

La política de sostenimiento del tipo de cambio real en niveles competitivos ha sido esencial. No sólo permitió aumentar la rentabilidad de las exportaciones sino establecer una protección al sector productivo (especialmente a la industria) frente a la competencia de las importaciones. Al sostener una cuenta corriente superavitaria y relajar la restricción externa, que caracterizó históricamente al crecimiento en la Argentina, se logró minimizar la probabilidad de ocurrencia de nuevas crisis de liquidez de divisas.

La demanda global ascendente de productos alimenticios, propiciada principalmente por el crecimiento de países emergentes como China e India, y la mejora en los términos de intercambio para nuestro país a partir del importante crecimiento de los precios de los productos exportados, contribuyeron a la consolidación de una posición externa superavitaria. Complementariamente, las regulaciones a la entrada y salida de capitales de corto plazo y la re-nacionalización de ciertas empresas públicas de servicios privatizadas contribuyeron a la fortaleza externa1.

La política de desendeudamiento a través de la renegociación de la deuda pública, la cancelación de la totalidad de los compromisos que el país tenía con el Fondo Monetario Internacional (FMI), junto a un manejo prudente de la política fiscal han sido elementos centrales que otorgaron mayor autonomía a la política económica. El crecimiento económico y la mejora de la acción recaudadora del Estado (con una mayor participación de impuestos progresivos) permitieron un nivel creciente de gasto público, sin resignar el superávit fiscal.

Al mismo tiempo se verificó un impulso importante a la inversión pública, en especial en infraestructura y equipamiento, así como un conjunto de incentivos a la producción nacional, lo cual estimuló la inversión privada llevándola a valores récord.

Por último, otro aspecto esencial para explicar el período de fuerte crecimiento económico registrado desde el año 2003 estuvo relacionado con las políticas activas orientadas a incentivar la demanda doméstica, entre las cuales las de empleo e ingresos han sido centrales. Esta orientación, de fuerte impulso al 1

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Para ampliar esta temática ver Abeles, 2009; Panigo, 2009.

consumo interno, permitió que gran parte de los sectores productivos pudieran aprovechar los beneficios del tipo de cambio alto y las condiciones externas favorables, evitando que sólo fueran los sectores tradicionalmente exportadores los que se beneficiaran por ello.

1.4. Políticas laborales y de ingresos En el marco de este nuevo patrón de crecimiento, las políticas laborales en sentido amplio (marcos regulatorios, diálogo social, políticas de ingresos y de empleo, negociación colectiva, administración de conflictos, inspección de las condiciones de trabajo, protección social) tuvieron una línea acorde2. El MTEySS asumió un papel activo interviniendo en ámbitos abandonados por el Estado en los años anteriores, en base a una estrategia de restablecimiento de las instituciones claves del mundo del trabajo, atribuyéndoles una nueva significación en este nuevo contexto.

Recuperación del Estado. Rol activo del Ministerio de Trabajo dinamizando las instituciones laborales claves.

En este sentido, la revitalización del valor institucional del salario mínimo se constituyó en un importante instrumento para mejorar la equidad en la distribución del ingreso al establecer un piso salarial para los trabajadores de menores recursos, y como política macroeconómica para alentar la demanda agregada.

El salario mínimo es determinado por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil3 integrado por representantes de empleadores y trabajadores, con la presidencia del MTEySS y la participación de otros representantes del Estado a nivel nacional y del Consejo Federal del Trabajo. Este organismo tripartito fue convocado en el 2004 después de 11 años de inactividad, retomando su funcionamiento regular y consolidando la institución del salario mínimo a través del diálogo social y el consenso entre los actores involucrados. Un ejemplo palpable del funcionamiento activo de este mecanismo es su evolución en los últimos años: con el último aumento acordado en 2010 el salario mínimo crecerá4 un 820% con respecto al valor que rigió durante la mayor parte de la década de los noventa.

En materia de relaciones laborales, la sanción en 2004 de la Ley 25.877

La reinstalación del Salario Mínimo como estrategia para mejorar los “pisos” salariales.

de

Ordenamiento Laboral proporcionó un conjunto de instrumentos compatibles con las necesidades coyunturales y con el objetivo estratégico y prioritario del gobierno de estimular el desarrollo del trabajo decente y de tomar partido por fórmulas legales que estimulen la negociación colectiva, la preeminencia de las 2 A lo largo de todo este informe se sintetizan las principales decisiones adoptadas en materia de políticas laborales en sentido amplio y se analizan sus respectivos impactos. 3 Desde el año 2004 el Consejo es convocado anualmente. Es el ámbito tripartito de mayor cobertura en nuestro país. Es un organismo autónomo, con atribuciones normativas asignadas por el Congreso Nacional en materias específicas vinculadas con la redistribución del ingreso y la atención a los desempleados. Si bien en esos temas –en especial en la fijación del SMVM- es donde gana el mayor impacto mediático, también posee atribuciones para definir pautas de productividad y formación profesional, a través del funcionamiento de cuatro comisiones técnicas (empleo; productividad; salarios; formación profesional) que abarcan una agenda más amplia que la propiamente salarial. 4 La última etapa de este aumento está prevista para enero de 2011.

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normas más favorables al trabajador y la resolución de los conflictos por acuerdos de partes. Asimismo la ley facilita el desenvolvimiento de las pequeñas y medianas empresas para que creen más empleo, y le da intervención al MTEySS juntamente con las administraciones provinciales y con la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y de la seguridad social.

Con la sanción de la Ley de Ordenamiento Laboral se revirtió la legislación flexibilizadora y se promovió la negociación colectiva por actividad.

La reforma laboral revertió la orientación flexibilizadora de las condiciones de trabajo impuestas en la década de los noventa5. La nueva legislación reivindica la negociación colectiva en el nivel de rama de actividad o sector por sobre la de niveles inferiores. Cuando hay superposición en los contenidos de distintas negociaciones, se estipula que prevalece la norma más favorable para el trabajador. La dinámica de la negociación tuvo diferentes estadios en estos últimos siete años. Al principio fue impulsada por el Estado, que articuló las políticas salariales con las de Promoción de la Negociación Colectiva, al disponer que los aumentos de suma fija no remunerativa –que se habían otorgados a los asalariados privados desde 2002– fueran incorporados a los básicos de convenio, lo que impulsó la conformación de paritarias entre empresas y sindicatos. Posteriormente, la negociación se fue extendiendo incluso a sectores donde los sindicatos presentaban dificultades para afianzarse y conformar paritarias. El restablecimiento del paulatino protagonismo sindical permitió encarar las negociaciones laborales en condiciones de mayor equidad. Con el objeto de combatir el trabajo no registrado (fortaleciendo la protección y seguridad social), verificar que las condiciones laborales garanticen el respeto de los derechos fundamentales del trabajo y lograr que los empleadores regularicen en forma voluntaria su situación ilegal, el MTEySS puso en marcha el Plan Nacional de

Regularización

del

Trabajo (PNRT) dirigido a transformar la cultura del

incumplimiento de la normativa laboral y previsional. Ello requirió reconstruir la capacidad institucional de este ministerio para llevar a cabo las inspecciones. Un indicador que refleja este hecho es la evolución de la cantidad de inspectores del MTEySS: en el año 2003 previo al lanzamiento del PNRT se contaba con 20 inspectores; en 2010, se contabilizan 400 agentes dedicados a la tarea inspectiva. A este incremento en la capacidad del MTEySS hay que agregarle la intervención específica y coordinada que se realiza en esta materia con ANSES, AFIP y con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, así como la colaboración desarrollada durante estos años con el Consejo Federal del Trabajo y con muchos de los gobiernos provinciales. Este programa relevó alrededor de 827 mil establecimientos, que comprenden a más de 2,6 millones de trabajadores. Como resultado directo de esta política se puede destacar que en 2009, el 38% de los trabajadores no registrados detectados fueron regularizados por efecto directo de la acción inspectiva. 5 La ley de Ordenamiento Laboral N° 25.877 derogó la ley 25.250, llamada la “Ley Banelco”.

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Esta política sistemática dirigida a reducir la informalidad laboral se desplegó, no sólo a través de la recuperación de la inspección del trabajo, sino también a partir de una diversidad de acciones especificas, entre las que se destacan:

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Instalación de la problemática en la agenda pública, fijando una posición clara y explícita del Gobierno Nacional en contra de la contratación de trabajadores en forma ilegal. Esta posición se fortaleció con la puesta en marcha de una campaña sistemática de sensibilización a través de los medios masivos de comunicación sobre las ventajas de cumplir con las obligaciones laborales y tributarias y la protección social que de esto se deriva.

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Modificación de los procedimientos administrativos con el objeto de simplificar la registración de trabajadores en la seguridad social. El denominado “Programa de simplificación registral” establece un nuevo esquema de registración que propone un procedimiento único que facilita la inscripción de los trabajadores, la identificación de los empleadores y

El MTEySS puso en marcha el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT), instalando el combate al empleo no registrado en la acción y en la agenda pública.

la fiscalización sobre el cumplimiento de la normativa vigente, allanando el camino para reducir el trabajo informal.

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Reducción de los costos de contratación para los nuevos trabajadores en empresas pequeñas y medianas. La normativa (Ley Nº 25.877) prevé un subsidio de sus contribuciones patronales a la seguridad social por el término de 12 meses por cada trabajador que incorpore.

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Desarrollo de una serie de acciones de difusión a través de diversos medios (escuelas; sindicatos; cámaras; foros consultivos y de debate sobre la temática del trabajo y la producción; medios masivos de comunicación), de los derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores.

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Implementación de un conjunto de medidas tendientes a regularizar la situación laboral de las trabajadoras del servicio doméstico. Las mismas consisten en la posibilidad por parte del empleador de deducir del impuesto a las ganancias el salario y las cargas sociales correspondientes, la simplificación del sistema de registro y pago de aportes, y el lanzamiento de una intensa campaña mediática con el objetivo de promover la importancia de la registración laboral.

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Desarrollo de la red de empresas en el marco de la Responsabilidad Social Empresaria para trabajar con los proveedores de la cadena de valor en la registración del personal.

En el marco del diálogo social, el rol del MTEySS se ha extendido más allá de la promoción de la negociación colectiva y de la presidencia del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil. En efecto, se ha llevado adelante una amplia agenda con el fin de desarrollar y profundizar los

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espacios institucionalizados de diálogo. El propósito es visibilizar y avanzar en el tratamiento de problemáticas específicas relacionadas con el mundo del trabajo ya sea a través de la concertación tripartita o de la multiactoral, y que los resultados de esta participación puedan incidir transversalmente en las prácticas de los actores y en las políticas y programas del MTEySS.

Así, desde 2003 se han ampliado sustancialmente las acciones que se desarrollan en todo el país en materia de género, de no discriminación en el trabajo, y de combate al trabajo infantil, que despliegan la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades6 entre varones y mujeres en el mundo laboral, y la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, que generó una Red de Empresas que ha sido puesta como referencia en otros países de la región, ambas presididas por el MTEySS. Asimismo se ha iniciado el desarrollo del debate con los actores sociales sobre la prevención de adicciones y del consumo de sustancias psicotrópicas y drogas con impacto en el mundo del trabajo.

1.5. Políticas activas de empleo El Estado Nacional a través del MTEySS desarrolló una activa política en materia de empleo coherente con la estrategia de centrar al trabajo como instrumento de ciudadanía y eje de vinculación del funcionamiento de la economía con el bienestar de los hogares.

En los primeros años de gestión, se administró responsablemente y se reformuló el Programa Jefes de Hogar que implicaba una transferencia de ingresos a hogares de bajos recursos. Esta política asistió a los grupos más vulnerables de los desocupados, sosteniendo, además, el consumo de quienes enfrentaron mayores restricciones durante los primeras tiempos de la recuperación económica.

En el año 2003 este programa brindaba asistencia a más de 2 millones de personas. Sin embargo, en los años subsiguientes, progresivamente muchos de estos trabajadores desocupados fueron incorporándose al empleo formal (más de 600 mil), desarrollaron emprendimientos productivos, o dejaron de percibir el beneficio debido a la modificación de la situación general del hogar (mayoría de edad de los hijos, mejora de los ingresos familiares por la activación general de la economía).

En una segunda etapa, producto de la dinámica inclusiva que se fue verificando en el mercado de trabajo, se rediseñó el programa para adecuar las prestaciones a las necesidades de quienes aún requerían de la asistencia del Estado. De esta manera, los hogares con una cantidad superior de hijos y en situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica fueron incorporados al Programa Familias por la Inclusión Social (en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social). Por el otro lado, las personas cuyo perfil permitía asistirlas en su inserción en el mercado 6

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En cuyo ámbito se creó la Unidad de Violencia Laboral.

de trabajo fueron atendidas a través del Seguro de Capacitación y Empleo (bajo la responsabilidad del MTEySS), en orden a mejorar su formación y brindarles apoyo para la búsqueda de trabajo.

De esta manera, el Ministerio de Trabajo fue transformando el objeto y las características de sus políticas, pasando de un esquema de política social y de transferencias de ingresos, a un sistema basado en la mejora de las condiciones de acceso al mercado de trabajo.

Se puso en marcha a fines de 2003, el Plan Integral para la Promoción del Empleo “Más y Mejor Trabajo” que instituye un conjunto de herramientas que promueven la inserción laboral en empleos de calidad a través de estrategias de mejora de la empleabilidad, de asistencia en procesos de inserción laboral asalariada o independiente y en el sostenimiento del empleo en sectores o actividades que así lo requieren. Por su parte, este plan se sustenta en dos pilares institucionales:

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Red

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Sistema

Pasaje de políticas sociales a políticas activas de empleo.

de Servicios Públicos de Empleo: Se crearon y fortalecieron 325 Oficinas de Empleo Municipales en todo el país. Se trata de organismos técnicos de carácter local que intermedian entre la oferta y la demanda de trabajo, brindando en forma gratuita información, orientación y derivación a prestaciones de capacitación y empleo. En ellas se articula el conjunto de herramientas de políticas activas de empleo y las oportunidades de trabajo originadas en el sector privado de la economía, con las personas desocupadas o con aquellas que buscan mejorar su situación laboral. En 2009, más de 380 mil personas fueron atendidas y orientadas en las oficinas de empleo7. de Formación Continua: La conformación de este sistema descansa en el diálogo social de los actores del mundo del trabajo: cámaras, empresas, sindicatos, trabajadores e instituciones de formación que asumen compromisos vinculados al desarrollo estratégico sectorial y a la definición de los perfiles y niveles de calificación requeridos para los puestos de trabajo. Esta concertación permite contar con instituciones de formación y certificación de competencias que pueden responder con calidad y pertinencia sectorial a las demandas territoriales basadas en las necesidades de su población. En este marco se pusieron en marcha algunos de los componentes críticos del sistema:

i)

Red de Instituciones de Formación Continua a través de la implementación de planes de mejora en la calidad de sus prestaciones. Cerca de 250 instituciones en el país fueron fortalecidas en el marco de esta política y 44 implementaron procesos de certificación de su calidad;

7 Se incluye a 65 mil jóvenes que participaron de procesos de orientación laboral dentro del Plan Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.

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ii)

Consejos Sectoriales de Certificación y Formación Continua de carácter tripartito: se está trabajando en la actualidad con actores representativos de aproximadamente 40 sectores de actividad productivos;

iii) Certificación de competencias para el trabajo: más de 40 mil personas ya certificaron competencias laborales. Entre 2003 y 2010 alrededor de un millón de personas fueron capacitadas, ya sea a través de la realización de actividades específicas de formación profesional, como por la finalización de sus estudios primarios o secundarios. En promedio, se advierte que en ese período cerca de 134 mil personas por año recibieron capacitación, mientras que en 2003 sólo fueron 15 mil los trabajadores capacitados. La importancia asignada a esta temática se destaca también en términos presupuestarios anuales, considerando que entre 2003 y 2009 se multiplicaron 11 veces los recursos comprometidos. En el año 2009, el Estado invirtió cerca de 175 millones de pesos en la mejora del sistema de formación continua. En el marco de este plan integral desde el año 2008 se desplegaron actividades para los jóvenes desocupados de entre 18 y 24 años y con escolaridad primaria o secundaria incompleta. El Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo dispone de un conjunto de prestaciones integradas de apoyo a la elaboración e implementación de un proyecto formativo y ocupacional con el objetivo de proporcionarles oportunidades laborales vinculadas con sus perfiles, sus expectativas y sus entornos. Por otra parte, el MTEySS ha desarrollado asimismo una política específica para mejorar la Empleabilidad de las Personas con Discapacidad, en orden a procurar para ellas la igualdad de oportunidades laborales8. Las acciones se desarrollan en forma conjunta con organizaciones gubernamentales y ONG, a través de la red de Oficinas de Empleo para garantizar una amplia territorialización. A través del conjunto articulado de prestaciones en materia de empleo, formación y capacitación (para jóvenes y adultos) se han ido complementando los planes centrados exclusivamente en la transferencia directa de ingresos. Entre 2003 y 2009 se triplicó la cantidad de beneficiarios de programas de empleo9 que recibieron algún tipo de asistencia –complementaria a la exclusivamente monetaria– lo que representa un crecimiento de casi un millón trescientas mil personas considerando el conjunto de planes y programas en las líneas de trabajo10 llevadas a cabo por este Ministerio. 8 Este compromiso ha tenido una expresión concreta en el ámbito del Ministerio de Trabajo con el programa INTEGRANDO, que permitió alcanzar la meta del 4% del personal conformado con hombres y mujeres con capacidades diferentes (Ley 25.689) y establecer una referencia a replicar en el sector público y privado. 9 Al millón ochocientos mil beneficiarios incluidos en las diversas prestaciones del MTEySS se suman cien mil personas correspondientes al programa Argentina Trabaja (Ministerio de Desarrollo Social). 10 Un mismo beneficiario puede recibir más de una prestación. Si se contabiliza a los beneficiarios sólo una vez, se observa que el incremento ha sido igualmente muy sustantivo, dado que se pasó de asistir a 620 mil personas en el año 2003 a atender a través de este conjunto de líneas de trabajo a más de 1,2 millones de beneficiarios.

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Gráfico 1. Cantidad de beneficiarios de políticas activas de empleo según tipo de prestación brindada por el MTEySS11 . Comparación 2003 – 2009 (en miles de beneficiarios) 1000

883

900

poliTicaS acTiVaS DE EmplEo (excluyendo las relacionadas sólo con transferencia de ingresos)

800

crecimiento entre 2003/09: + 1,3 millones de beneficiarios

700

600

606

500

382

400

380

300

211 200

100

49

15

0

0

ocupación Transitoria

mejora de la Empleabilidad

0

orientación laboral

2003

Sostenimiento del Empleo

0 inserción laboral asistida

2009

Fuente: MTEySS, en base a Secretaria de Empleo (Área de Monitoreo).

El balance 2003 – 2009 atestigua que el MTEySS brindó a más de 4,8 millones de personas orientación laboral, capacitación para el trabajo, prestaciones relacionadas con la inserción en el empleo, y/o asistencia directa a los grupos más vulnerables a través de transferencias de ingresos. C11 Cabe destacar que las políticas activas de empleo se desplegaron teniendo en cuenta el desarrollo productivo local, espacio que integra un activo intercambio entre los gobiernos provinciales y municipales y los actores socio-productivos en sus jurisdicciones, a fin de dar respuesta a los problemas específicos de empleo y de calificaciones. En el marco de este enfoque clave se han firmado los últimos años más de cuatrocientos “acuerdos territoriales” en todo el país.

A través del conjunto de acciones de empleo y capacitación, el Ministerio de Trabajo apoyó a más de 4,8 millones de personas entre 2003 y 2009.

De esta forma las políticas activas de empleo acompañaron la dirección estratégica del crecimiento socio-productivo del país en estos últimos años. Las acciones desplegadas se realizaron, en una porción importante, con la participación y el compromiso de los representantes de los trabajadores, de los empresarios, de las instituciones de formación, de los sistemas educativos locales, de la mayoría de los gobiernos provinciales y municipales y de los movimientos sociales. 11 No se incluyen las prestaciones que implican únicamente transferencia directa de ingresos. Estas prestaciones son: Orientación Laboral (orientación laboral para jóvenes; personas atendidas en oficinas de empleo); Mejora de la Empleabilidad (formación profesional; finalización de estudios formales; entrenamiento para el trabajo; certificación de competencias); Sostenimiento del Empleo (Programa de Recuperación Productiva (REPRO); interzafra y programas contracíclicos estacionales; convenios sectoriales frente a emergencias); Ocupación Transitoria (actividades comunitarias; apoyo en obras de infraestructura pública; Argentina Trabaja –Ministerio de Desarrollo Social-); Inserción Laboral Asistida (inserción laboral pública, privada, obra pública local; emprendimientos productivos individuales y asociativos).

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Mercado de trabajo, negociación colectiva y conflictividad laboral

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2. Mercado de trabajo, negociación colectiva y conflictividad laboral 2.1. Crecimiento de la actividad económica y del empleo de calidad El fuerte crecimiento de la economía articulado con políticas de inclusión de los trabajadores a través de las instituciones laborales posibilitaron −en un plazo relativamente breve considerando los tiempos históricos de las sociedades− una reversión de las tendencias de desempleo, precarización del empleo, caída de salarios y debilitamiento de los sindicatos que habían signado las últimas décadas del siglo XX en la Argentina. La estrategia macroeconómica tuvo entre sus efectos más importantes, el crecimiento elevado y sostenido del Producto Bruto Interno (PBI), sólo interrumpido por el inicio de la crisis financiera internacional que sumergió a la economía mundial en una profunda recesión. En efecto, el PBI argentino se incrementó en promedio 8,6% anual entre 2003 y 2008. Dicho crecimiento fue superior al evidenciado en América Latina en su conjunto y en la mayoría de los países de la región tomados individualmente. Este crecimiento se basó, fundamentalmente, en la expansión y fortalecimiento del entramado productivo nacional. Una prueba elocuente de ello es la incorporación neta de alrededor de 125 mil nuevas empresas privadas en la industria, comercio y servicios12 durante el período comprendido entre 2003 y 2009, que significó un incremento cercano al 36%.

El PBI se incrementó anualmente a un promedio del 8,6%. Sólo en la industria, el comercio y los servicios se crearon 125 mil empresas formales del sector privado.

El contexto macroeconómico favorable, sumado a la existencia de fuertes incentivos a nivel micro, condujo no sólo al mencionado proceso de apertura de firmas, sino también a la consolidación de las empresas existentes.

En primer lugar, se destaca la fuerte participación de las nuevas firmas MiPyME (más del 97% de las empresas nacidas corresponden a este segmento) que favoreció una amplia renovación del tejido productivo argentino y la expansión del empleo dado que estos establecimientos de menor tamaño son en general intensivos en mano de obra. En segundo lugar, existe un número importante de empresas que no sólo estabilizaron sus operaciones durante los últimos años, sino que además se expandieron, pasando de microempresas a PyME y de este último segmento, hacia el grupo de las grandes firmas. También se destaca un conjunto de empresas creadas durante el período que experimentaron un proceso de rápido crecimiento. Esta elite de firmas (denominadas “gacelas” en la literatura internacional)13 explicaba hacia fines de 2009 la mitad del empleo generado por todas las empresas nacidas durante el período.

12 Excluyendo de este análisis a las empresas pertenecientes a la construcción y al sector primario. 13 Para ampliar esta temática, ver Birch, 1981.

Las empresas existentes no sólo pudieron consolidar su situación, sino que muchas se expandieron de tamaño, generando empleo registrado.

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Gráfico 2. Evolución del número de empresas privadas formales en industria, comercio y servicios. En miles de empresas. Total país. Período 1996 – 2009.

Fuente: MTEySS, en base a OEDE con información del SIPA.

Otra característica distintiva de la expansión económica de los últimos años es el aumento de las inversiones. En efecto, la tasa de inversión durante el período analizado registró máximos históricos y su incidencia en el Producto Bruto Interno (PBI) aumentó desde 11% en 2002 a 23% en 2008. Por su parte, la inversión en equipo durable de producción −el componente de la inversión de mayor impacto sobre la capacidad de reproducción de la economía−, se incrementó desde 4,7 puntos del PBI en 2003 a 10,1 en 2008, aproximándose a los registros más elevados de la historia de nuestro país. El dinamismo de la inversión tuvo entre sus efectos directos más relevantes, el sustantivo crecimiento de la productividad del trabajo. Así, en el período comprendido entre 2002 y 2009, el producto por trabajador se incrementó un 17%14. Las mejoras observadas en estos últimos años permitieron superar significativamente el máximo nivel de productividad alcanzado durante la vigencia del régimen de Convertibilidad: en 2009 la productividad laboral superó en un 10% el nivel registrado en 1998. Naturalmente, el aumento de la productividad del trabajo fue un fenómeno determinante dado que tuvo efectos directos en la reducción del costo laboral por unidad de producto y, como se desarrollará más adelante, en el incremento de los salarios.

14 Indicador calculado a partir del cociente entre Producto Bruto Interno a precios constantes y los puestos de trabajo equivalentes. Ambos datos elaborados por la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del INDEC.

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Gráfico 3. Evolución de la productividad laboral de la economía argentina. Índice base 1993 = 100. Total país. Período 1993 – 2009.

Fuente: MTEySS, en base a Cuentas Nacionales (INDEC).

La expansión sostenida de la economía, con la creación de nuevas empresas y el incremento de la productividad, junto al conjunto de políticas laborales implementadas, brindaron las condiciones necesarias para promover trabajo formal, registrado (en la seguridad social), en condiciones de dignidad y seguridad tanto para el trabajador como para sus familias, con los derechos y beneficios que establece la normativa, es decir, trabajo decente, de calidad. Desde el año 2003 se verificó un incremento del trabajo formal (asalariados e independientes registrados en la seguridad social15) como nunca se había observado en los últimos 35 años16 en la Argentina. Como resultado de este proceso, en el año del Bicentenario, el número de trabajadores registrados es un 43% superior al que había en el mejor momento de la década pasada, durante la vigencia del régimen de Convertibilidad, y un 67% superior a los registrados

La expansión de la actividad económica, la creación de nuevas empresas, el aumento de la productividad y las políticas laborales determinaron el incremento del empleo formal más elevado de los últimos 35 años.

antes de la implementación del actual patrón productivo. 15 De acuerdo a la información relevada por la EPH, los asalariados registrados (trabajadores a los que se les realizan los descuentos jubilatorios) cuentan en su gran mayoría con las prestaciones del sistema de seguridad social (asignaciones familiares) y reciben los beneficios previstos en la normativa laboral, como las vacaciones pagas, aguinaldo y cobertura por accidentes de trabajo. Además, estos trabajadores perciben salarios que en general superan la línea de la pobreza. 16 Evolución de la cantidad de aportantes al Sistema Nacional de la Seguridad Social que refleja la evolución de la cantidad de trabajadores registrados, incluyendo a los asalariados en relación de dependencia y a los trabajadores por cuenta propia o autónomos. Esta última información elaborada por la Subsecretaría de Políticas de la Seguridad Social (Secretaría de Seguridad Social - MTEySS) surge de los registros administrativos de los organismos encargados de la recaudación de los aportes y contribuciones de los trabajadores (asalariados y autónomos) al sistema. Entre 1974 y 1993 la información proviene de los registros de la Dirección Nacional de Recaudación Previsional, encargada de dicha recaudación. Desde 1993 la información proviene del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) creado a partir de la sanción de la Ley 24.241. Considerando que durante la década de los noventa se fueron incorporando al sistema nacional trabajadores que aportaban a cajas provinciales, se decidió excluir a esos asalariados de la serie para evitar incrementos artificiales en el número de aportantes formales.

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Gráfico 4. Evolución del nivel de empleo registrado. Índice Base 1974 = 100. Total país. Período 1974 – 2009.

Fuente: MTEySS, en base a SIPA y Secretaría de Seguridad Social.

Si bien esta expansión fue protagonizada centralmente por el dinamismo del empleo asalariado registrado del sector privado, el resto de las categorías –el empleo público y el trabajo independiente– acompañó esta tendencia creciente aunque en menor intensidad. La información de los registros administrativos del Sistema de Seguridad Social muestra que dos tercios (66%) de la totalidad de los puestos formales creados durante el período comprendido entre 2002 y 2009, fueron empleos asalariados registrados en empresas privadas (2,3 millones puestos de trabajo). El 21% se explica por los trabajadores independientes inscriptos en el monotributo, y un 12% por los asalariados del sector público17 18.

17 Se incluye a la administración pública nacional y al empleo público de las jurisdicciones provinciales que transfirieron sus cajas previsionales al sistema nacional (en este conjunto de jurisdicciones no se incluye a las provincias de Buenos Aires, Córdoba ni Santa Fe, entre otras). 18 Entre las razones que explican el crecimiento del empleo público se destacan las siguientes: a) diversos estados provinciales y municipales fueron incorporando progresivamente a sus plantas a beneficiarios de programas de empleo que realizaban tareas para dichas instituciones; b) un gran número de trabajadores que se encontraban realizando actividades laborales a través de contratos de locación de servicios, se incorporaron durante el último año a la planta transitoria de la administración pública, accediendo a un empleo asalariado registrado; c) la estatización del sistema previsional implicó la absorción por parte de la administración pública nacional de un número significativo de trabajadores dependientes de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

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Gráfico 5. Distribución de los puestos de trabajo registrados creados entre 2002 y 2009. En porcentaje. Total país.

Fuente: MTEySS, en base a SIPA.

Un indicador adicional que demuestra la notable expansión del empleo formal es que durante los 26 años que abarca el período comprendido entre 1974 y 2000, la relación entre la cantidad de empleos registrados y la población en edad de trabajar (entre 15 y 65 años) prácticamente no se modificó. En 1974 esta relación alcanzaba al 22%, mientras que en el año 2000 el indicador llegaba al 23%19. Este comportamiento cambia drásticamente a partir de 2003, cuando inicia una tendencia creciente, hasta alcanzar al 30% en el año 2008, lo que significa el quiebre definitivo del estancamiento del trabajo formal que se había prolongado durante casi tres décadas.

19 El porcentaje de empleos registrados en la población en edad de trabajar no cuantifica de manera precisa la proporción de personas que acceden a un puesto de trabajo registrado. Esto es así debido a que las personas pueden tener más de un puesto de trabajo formal.

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Gráfico 6. Evolución de la relación entre el empleo registrado y la población en edad de trabajar. En porcentaje. Total país. Período 1974 – 2008.

Fuente: MTEySS, en base a EPH, SIPA y Secretaría de Seguridad Social.

El crecimiento del trabajo registrado hizo que los desocupados y quienes estaban en situaciones precarias, pudieran acceder a puestos formales con protección social.

La inserción sistemática de trabajadores en el empleo registrado es uno de los principales mecanismos del actual esquema de políticas para enfrentar las problemáticas socio-laborales existentes. El crecimiento del empleo formal ha sido un factor determinante (aunque no el único) en la reducción de la precariedad laboral y el desempleo, en el fortalecimiento de la negociación colectiva, en la extensión de la cobertura del sistema de protección social, en el incremento de los ingresos y en la mejora de la equidad. La expansión sostenida del empleo formal20 configuró una dinámica laboral virtuosa con características únicas en la historia reciente del mercado de trabajo argentino21. El rasgo distintivo es que una cantidad significativa de trabajadores ocupados en inserciones precarias (asalariados no registrados o trabajadores por cuenta propia informales) y desocupados accedieron a empleos registrados, mejorando drásticamente sus condiciones laborales. En un seguimiento de las trayectorias laborales de la población desde 200522 se advierte que del total de los trabajadores que se incorporaron a trabajos registrados, alrededor del 60% provenía de puestos asalariados no registrados, y otro 20% se encontraba en situación de desempleo. 20 En este caso, cuando se menciona al empleo formal nos referimos estrictamente al empleo asalariado registrado, dado que en la EPH no se pueden determinar los trabajadores independientes registrados en el sistema de la seguridad social. 21 Este proceso se verifica fundamentalmente desde el año 2005. 22 Resultados de información de “panel” construida a partir de las bases usuarias de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH – INDEC). Los datos planteados en el documento corresponden a los saldos netos de los movimientos de personas entre las distintas situaciones y categorías ocupacionales. Los porcentajes se refieren a promedios simples de los paneles construidos para los siguientes períodos: segundo trimestre de 2005 / segundo trimestre de 2006; segundo trimestre de 2006 / segundo trimestre de 2007 y segundo trimestre de 2007 / segundo trimestre de 2008.

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Esta dinámica implica la remoción progresiva de la segmentación laboral, una de las problemáticas estructurales más graves del mercado de trabajo argentino. La incorporación al empleo registrado de trabajadores que estaban en situaciones de precariedad o desempleo define un proceso de “movilidad laboral ascendente” que quiebra la lógica instalada en el mercado de trabajo argentino, en el que un porcentaje creciente de trabajadores estaba obligado a permanecer por largo tiempo en inserciones precarias caracterizadas por una elevada inestabilidad, bajos ingresos y desprovistas de beneficios laborales.

Durante los últimos años se consolidó una dinámica laboral virtuosa que dio lugar a la “movilidad laboral ascendente”.

Diagrama. Esquema de la nueva dinámica laboral: flujos de empleo neto predominantes entre las distintas situaciones ocupacionales. Período 2005 / 2008.

Desempleo/ Inactividad

Empleo No Registrado

Ocupados No Asalariados

Empleo Registrado

Fuente: MTEySS, en base a EPH, SIPA y Secretaría de Seguridad Social.

En esta dinámica también es importante destacar la inserción de beneficiarios del Programa Jefes de Hogar (y otros similares), tanto en empleos registrados como en empleos no registrados o informales. Un número relevante de personas, que en los años 2002 y 2003 sólo contaba con los ingresos transferidos por el programa, accedió en forma creciente a empleos de mercado. En términos cuantitativos, se advierte que mientras en el primer trimestre de 2003, el 13% del total de asalariados realizaba contraprestación laboral para los programas mencionados, seis años después sólo un 2% de los asalariados se encontraba en dicha situación. La expansión récord del trabajo formal arrojó como resultado una significativa reducción de la incidencia del empleo no registrado y, al mismo tiempo, un notable crecimiento de la población ocupada total, con la consecuente reducción del nivel de desempleo.

La expansión record del empleo formal redujo la tasa de trabajo no registrado quebrando la tendencia creciente que el indicador mantuvo durante más de dos décadas.

Así, la tasa de empleo no registrado (el indicador que mide la relación entre el empleo no registrado y el total de asalariados) pasó del máximo histórico alcanzado en el tercer trimestre de 2003, del 49,7% al 34,6% en el primer trimestre de 2010, presentando una caída de 15,1 puntos porcentuales en los últimos siete años.

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Gráfico 7. Evolución de la tasa de empleo no registrado. Total de aglomerados relevados. Período 2003 – 2010.

Fuente: MTEySS, en base a EPH (INDEC).

Para dimensionar correctamente la transformación que se produjo en la dinámica laboral para reducir en tal magnitud la informalidad, debe analizarse el cambio en la calidad de los puestos de trabajo creados entre el régimen de la convertibilidad y el patrón de crecimiento vigente. A diferencia de lo que sucedía en la década de los noventa cuando de cada 10 puestos de trabajo que se generaban, 9 eran no registrados; durante los últimos siete años, 8 son empleos registrados y sólo 2 no lo son. La importancia de la reducción de la informalidad laboral lograda en estos últimos años se valoriza en mayor medida cuando se analiza la evolución histórica de la tasa de empleo no registrado armonizada23 entre 1980 y 2009. 23 Una dificultad que limita habitualmente el estudio de las series de largo plazo de indicadores que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es el cambio metodológico introducido en la encuesta a partir del año 2003. Dicha modificación hizo que la información relevada en los últimos siete años no resulte estrictamente comparable a la captada en años anteriores, lo que impide evaluar la situación actual del trabajo no registrado con respecto a los valores verificados en las décadas de los ochenta y noventa. Para resolver este inconveniente se procedió a armonizar los indicadores sobre trabajo registrado y no registrado aplicando un conjunto de operaciones sobre los valores originales, de modo de construir series que permitan el seguimiento de la problemática desde 1980. En este sentido, para reducir el impacto de estos cambios metodológicos sobre los datos correspondientes a la tasa de empleo no registrado se adoptaron diferentes criterios en cada una de las modalidades. En el caso de la EPH puntual (hasta 2002) se consideraron como “asalariados no registrados” a aquellos ocupados en el servicio doméstico que se auto identificaban como trabajadores por cuenta propia debido a que en la modalidad continua todo el servicio doméstico es computado como “asalariado”. Además, se excluyeron a los beneficiarios de planes de empleo. En el caso de la EPH continua se excluyó de la población asalariada a: i) los ocupados identificados mediante las preguntas de rescate de actividades no visualizadas como trabajo, denominadas por el INDEC como “formas ocultas de ocupación”; ii) los ocupados auto identificados como trabajadores por cuenta propia que trabajan para un solo cliente; iii) los trabajadores que no perciben salario; y iv) los beneficiarios de planes de empleo.

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Gráfico 8. Evolución de la tasa de empleo no registrado “armonizada”. Gran Buenos Aires. Período 1980 – 2009.

Fuente: MTEySS, en base a EPH (INDEC).

La evolución del indicador muestra que la incidencia de la problemática del no registro se incrementó prácticamente en todos los años desde 1980 hasta 2004. En ese lapso la tasa sólo se reduce en forma algo significativa (al menos un punto porcentual) en 2 de los 24 años transcurridos. Como resultado de este proceso, la incidencia del empleo no registrado en el transcurso de esos años llegó casi a duplicarse (creció un 93%). Una característica llamativa de este comportamiento es que esta tendencia creciente se mantuvo tanto en las fases expansivas de la economía como en las fases recesivas, y bajo regímenes políticos y económicos diversos.

El incremento observado en las dos décadas pasadas contrasta con el comportamiento claramente descendente del índice que se verifica desde 2005 hasta 2009. Esta reducción permitió alcanzar en 2009 la tasa más baja de empleo no registrado de los últimos 17 años, presentando un valor apenas levemente superior al observado en 1991. No obstante, si bien es importante haber alcanzado un nivel similar al verificado al inicio del régimen de Convertibilidad, sin lugar a dudas el logro más importante de las políticas aplicadas en los últimos años es haber generado la primera reducción sistemática de la tasa de empleo no registrado en la historia reciente del mercado de trabajo argentino.

Además, se consideró como asalariados registrados a aquellos asalariados que declaran no tener descuento jubilatorio, pero que realizan por su cuenta aportes provisionales y gozan de algún beneficio laboral.

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Es claro, entonces, que la magnitud del trabajo no registrado en la actualidad no puede ser atribuida al modelo socio-económico vigente sino a los múltiples factores que en décadas pasadas determinaron su crecimiento hasta alcanzar niveles inéditos para la sociedad argentina. El análisis histórico muestra que el crecimiento sistemático del trabajo no registrado no fue el resultado de fases recesivas sino que es el producto de una tendencia instalada en la estructura económica de la Argentina, que no pudo ser alterada por los diferentes contextos políticos y económicos que se fueron sucediendo hasta el 2003. Estos avances logrados sobre el empleo no registrado no implican que la problemática se haya resuelto, ni que la dimensión que tiene en la actualidad sea aún razonable para nuestro país. La expansión de la cantidad de empleos formales dio lugar a un incremento significativo de la cantidad neta de puestos de trabajo y, por ende, del número de personas ocupadas24. Durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2003 y el último trimestre de 2009, se crearon 4,9 millones de puestos de trabajo en el total de las áreas urbanas del país25, los cuales permitieron sumar 4 millones de personas al empleo (sin incluir a los beneficiarios de planes públicos que realizan contraprestación laboral).

Gráfico 9. Evolución de la población ocupada y de los puestos de trabajo. En miles. Total urbano. Primer trimestre de 2003 / Cuarto trimestre de 2009.

Fuente: MTEySS, en base a EPH (INDEC). 24 La diferencia entre la cantidad de personas ocupadas y puestos de trabajo radica en que una misma persona puede tener más de un puesto de trabajo. Esto se aplica para todas las categorías ocupacionales. Esto sucede con frecuencia en las trabajadoras del servicio doméstico, en los docentes y en los trabajadores del sector salud. 25 Se refiere a cifras para el total de aglomerados urbanos del país. Debido a que la EPH comprende alrededor del 70% de la población urbana, las cifras referidas a las ciudades no cubiertas se estiman suponiendo que poseen una estructura similar a la de los aglomerados del interior considerados en la misma. Ello equivale a aplicar las proporciones y tasas de este último agregado a la población urbana total del interior. Estos resultados, sumados a los del Gran Buenos Aires, permiten obtener cifras nacionales de las diferentes categorías ocupacionales. Para obtener los datos en valores absolutos se utilizaron las estimaciones de población urbana proporcionadas por el INDEC.

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Si bien la expansión de la población ocupada es notable por sí sola, cobra más relevancia al compararla con la evolución promedio de los ocupados durante las fases económicas previas. El crecimiento de la población ocupada en promedio por año en cada una de las etapas sociopolíticas que atravesó el país entre 1976 y 2009 es ilustrativo. Entre 2003 y 2009 se crearon alrededor de 571 mil empleos promedio por año. Esto es más del triple de la cantidad anual de nuevos ocupados incorporados durante la vigencia del régimen de la Convertibilidad, del primer gobierno democrático (1983 – 1989) y cuatro veces más que el período de apertura y de desregulación económica del último gobierno militar (1976 – 1982).

Gráfico 10. Crecimiento anual promedio de la población ocupada según fases. Total urbano. Período 1976 – 2009.

Fuente: MTEySS, en base a EPH (INDEC).

El crecimiento del empleo durante los últimos siete años se verificó en todo el entramado productivo. Sin embargo, en esa expansión generalizada de las oportunidades laborales, se destacaron ciertos sectores que por peso en la estructura ocupacional o por su mayor dinamismo, explicaron gran parte de la creación de empleo. En efecto, la mitad de los puestos de trabajo generados durante los últimos siete años se localizaron en construcción, administración pública, servicios financieros, inmobiliarios y para las empresas, y en la industria.

Este proceso de creación de empleo redujo drásticamente la principal problemática del mercado de trabajo argentino desde mediados de la década de los noventa: la tasa de desocupación. En el año 2002, el 21,5% de la población activa se encontraba desocupada, un valor nunca antes registrado en nuestro país. Esta situación cambió radicalmente a partir de 2003, momento a partir del cual se observó una reducción constante y significativa que dio como resultado que desde

La creación de empleo que se generalizó en todos los estratos y grupos sociales permitió un descenso nunca visto en la historia reciente de la tasa de desocupación.

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el cuarto trimestre de 2006 la tasa de desempleo alcanzara un valor inferior al 10%, luego de permanecer durante 13 años por arriba de ese valor. En el segundo trimestre de 2010 (último dato disponible) la tasa de desempleo alcanzó al 7,9%, que constituye el índice más bajo de todos los segundos trimestres de los últimos ocho años (desde que se releva este indicador en forma trimestral).

Gráfico 11. Evolución de la tasa de desempleo. Total de aglomerados urbanos relevados. Período 1991 – 2010.

Fuente: MTEySS, en base a EPH (INDEC)

Cabe mencionar de manera indicativa, ya que los indicadores no son estrictamente comparables26, que el nivel de desocupación alcanzado en el segundo trimestre de 2010 es uno de los más bajos desde el año 1992; lo que sugiere un retorno progresivo a los niveles “normales” de desempleo que la Argentina supo ostentar durante gran parte de su historia.

La reducción de la desocupación se extendió a todos los estratos y grupos sociales, incluso en aquellos que presentaban, al menos en teoría, mayores restricciones para acceder al empleo. Se advierte que la cantidad de desocupados de bajo nivel educativo y con desempleo de larga duración se reduce en un porcentaje muy superior al promedio de los desocupados. Uno de los estratos en el que la desocupación tiene mayor peso, el de los jóvenes, se reduce en una proporción similar al total de la población desocupada.

26 Como se mencionó previamente los indicadores relevados por la EPH desde el tercer trimestre de 2003 no son estrictamente comparables con los publicados con anterioridad a esa fecha, cuando presentaba “la modalidad puntual” (mayo y octubre). A diferencia de las estimaciones presentadas sobre la tasa de empleo no registrado, no es posible elaborar un indicador armonizado para la tasa de desocupación.

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2.2. Dinamismo de la negociación colectiva y de los salarios Desde el año 2004, la negociación colectiva adquiere una dinámica positiva, sistemática y permanente. El incremento en la frecuencia de la negociación colectiva contemporánea mantiene, en el plano institucional, una fuerte articulación con el modelo socio-económico vigente ya que constituye uno de los principales instrumentos para la política salarial, a través de la cual es factible modificar el perfil distributivo de los ingresos y promover el consumo. El avance institucional que implica el resurgimiento de la negociación colectiva coordinada y el restablecimiento del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, constituyen a partir del año 2003 el eje de la promoción y desarrollo del tripartismo en el campo socio-laboral en la Argentina.

En general puede decirse que el tripartismo revitalizado e impulsado por el gobierno desde el año 2003 es un hito histórico en nuestro país, puesto que ha sido efectivo para otorgar mejoras al salario y coordinar la puja distributiva. El fortalecimiento de los actores en el marco democrático ha incluido la representación de la mayoría de los trabajadores del sector formal y contado con la participación explícita del empresariado. Esta experiencia local es tanto más destacable por cuanto es probable que la Argentina sea el único país emergente que ha desarrollado formas efectivas de tripartismo y recuperación del protagonismo sindical27. Esta revitalización es producto de la articulación de las políticas con el comportamiento de los actores de la negociación, a través de un proceso en el que se destacan:  la decisión política de trasladar sumas no remunerativas a remunerativas en el salario básico de convenio en el año 2003, que tuvo como meta convocar a los actores sociales (sindicatos y empresarios) a negociar;

Desde el año 2004, la negociación colectiva se instaló como una instancia de diálogo social que acompaña institucionalmente el crecimiento de la actividad y del empleo.

 la reapertura de unidades de negociación del nivel de actividad, gran parte de las cuales habían sido desactivadas durante la década de los noventa;  la apertura de nuevas unidades de negociación en distintos niveles, sectores y áreas geográficas, que se tornan factibles gracias al margen generado por el nuevo escenario de crecimiento económico;  la compatibilidad con las negociaciones de empresa, que habían predominado y hasta casi acaparado todo el espectro de la negociación colectiva en la década pasada;  la recuperación del protagonismo de sindicatos y empleadores en el sistema de relaciones laborales argentino.

27 Echemendy, Sebastián, “La concertación y la negociación colectiva: perspectiva histórica y comparada, Revista de Trabajo, MTEySS, Año 6, N° 8, julio 2010.

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Esta renovada dinámica de la negociación colectiva se refleja en el fuerte incremento en la cantidad de convenios y acuerdos colectivos homologados28 anualmente con respecto a la década anterior. Mientras que en la década de los noventa el promedio no superaba las 200 negociaciones anuales29, en 2009 se homologaron 1.331 convenios y acuerdos colectivos30, una cifra récord en términos históricos. Desde 2004 el número de negociaciones anuales se incrementó sistemáticamente, tendencia que ni siquiera se alteró durante el último año, en el marco de la crisis mundial y el freno de la actividad económica local.

Gráfico 12. Evolución de la cantidad de convenios y acuerdos homologados. Total país. Período 1991 – 2009.

Fuente: MTEySS, en base a Convenios y Acuerdo Homologados.

Una característica central que tiene esta nueva dinámica es la reactivación de la negociación por ámbito de actividad: en la actualidad más del 30% de los convenios y acuerdos homologados corresponden a este tipo de negociaciones que, al beneficiar a un mayor número de trabajadores en comparación con el efecto acotado de la negociación colectiva de empresa, le transfieren una mayor eficacia a los convenios colectivos de trabajo.

La expansión sin precedentes del empleo asalariado registrado durante los últimos siete años tuvo efectos directos en la ampliación de la cobertura de la negociación colectiva. La cantidad de trabajadores comprendidos por los convenios del sector 28 Los registros y resoluciones considerados a los fines de la confección de los datos estadísticos son los que provienen de una negociación entre sindicatos y empresas o cámaras empresarias en el marco de la Ley 14.250 (t.o. 2004) 29 Siendo la mayoría de ellas negociaciones de empresa, por lo tanto, con escasa cobertura de trabajadores 30 Si se emplea como definición operativa el criterio de “registro” de convenios y acuerdos colectivos en la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo las cifras de negociaciones durante 2009 ascienden a 1.605 casos.

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privado pasó de 3,4 millones en 1998 (uno de los valores más elevados de la década de los noventa), a 4,8 millones en 2009, reflejando un crecimiento del 43%. En este universo deben agregarse los trabajadores de la Administración Pública Nacional, y de otros niveles del Estado que incorporaron mecanismos de negociación salarial similares a los del sector privado. Entre ellos deben destacarse sectores como el docente que, por primera vez en 2008, fijaron el salario mínimo docente nacional a través de la Comisión Paritaria con la participación del Estado Nacional, el Consejo Federal de Educación y el conjunto de los gremios docentes.

Gráfico 13. Cantidad de asalariados del sector privado comprendidos en convenios colectivos. En miles. Total país. Período 1997 – 2009.

Fuente: MTEySS, en base a Convenios y Acuerdos Homologados.

El crecimiento de la negociación colectiva de los últimos años difiere no sólo de las tendencias prevalecientes en la pasada década, sino también de los períodos anteriores. La negociación colectiva actual se inscribe en un período de largo plazo que comienza con la recuperación democrática en la década de los ochenta y configura el de la vigencia más extensa de dicho instituto desde la promulgación de la Ley 14.250. Sin embargo puede afirmarse que desde 2004 la dinámica de la negociación colectiva tiene rasgos inéditos: por la permanencia y continuidad, por la eficacia de la negociación en términos de sus resultados, por su extensión en términos de la cantidad de gremios que abarca y por la ampliación de trabajadores cubiertos.

En la década de los noventa cambió la composición de las negociaciones a causa de que la gran mayoría de los convenios y acuerdos fueron pactados en el nivel de las empresas.

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En la década de los ´90 el congelamiento del SMVM y la poca actividad que tuvo la negociación colectiva favoreció a la “individualización de la relación laboral”.

En materia de contenidos se negociaron aspectos vinculados con la flexibilidad, expresada tanto en la autorización a establecer modalidades de contratación por tiempo determinado, como con la flexibilidad interna de las empresas, vinculada con los cambios en la jornada, la organización del trabajo y las remuneraciones. La combinación del congelamiento del salario mínimo y la ausencia de la negociación colectiva en muchas de las principales actividades económicas convalidaron la estrategia dominante de la individualización de la relación laboral. El promedio de los salarios representaba sólo una parte cercana al 50% de los salarios efectivamente pagados, mostrando el escaso “poder” del convenio sobre los salarios.

Gráfico 14. Evolución del salario de convenio como porcentaje del salario efectivamente pagado. En porcentaje. Total país. Período 2001 – 2009.

Fuente: MTEySS, en base a Convenios y Acuerdos Homologados y SIPA.

Es interesante destacar que este proceso comienza a modificarse desde el año 2003, cuando los salarios de convenio tienden a converger con los pagados efectivamente por las empresas. En el año 2001, el salario promedio de los principales 21 convenios colectivos31 se situaba en 500 pesos aproximadamente, cifra que constituía poco más del 50% del promedio salarial efectivamente pagado (que en esa fecha alcanzaba a 880 pesos). La distancia entre un salario y otro consistía en incrementos discrecionales, decididos unilateralmente por las empresas. La situación fue totalmente diferente en 2009 cuando el salario de convenio promedio alcanzó a los 2.600 pesos, cifra que equivalía al 81% de la remuneración media efectivamente pagada por las empresas en ese año (3.200 pesos). Estos datos ponen de relieve la importancia de la negociación colectiva en este contexto como instrumento determinante para la fijación de los salarios.

31 Promedio simple del salario conformado (salario básico más conceptos adicionales, como presentismo y antigüedad) de categoría intermedia, de 21 convenios colectivos.

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El incremento de la cantidad de convenios y acuerdos desde 2004 hasta hoy se asocia al predominio de los contenidos salariales de la negociación colectiva. Sin embargo, se multiplicaron también las negociaciones vinculadas con las condiciones de trabajo, la formación profesional, las relaciones laborales, el trato no discriminatorio, la erradicación del trabajo infantil, la regulación del trabajo adolescente, y la equidad de género, entre otros. Esta ampliación de contenidos fue promocionada por el MTEySS a través de actividades tripartitas donde se debatieron e intercambiaron las experiencias que poseen los actores sociales en materia de nuevos contenidos para la concertación colectiva32.

El dinamismo de la negociación colectiva, asociada a la activa política de ingresos y a la expansión general de la economía y del empleo dio lugar a un crecimiento notable de los salarios desde el año 2003. Entre 2002 y 2009, pese al incremento verificado en el nivel de precios, la remuneración media real de los asalariados registrados33 creció como mínimo un 56%, independientemente del índice de precios utilizado para deflactar la serie. El salario medio real de 2009 no sólo supera ampliamente la remuneración media del año 2001, sino que es el valor más elevado de los últimos 23 años. Hay que remontarse hasta 1986 para observar un nivel salarial más elevado que el identificado en este último año.

32 Los talleres tripartitos convocados por el MTEySS abordaron el análisis de los siguientes nuevos contenidos de la negociación colectiva: formación profesional; teletrabajo; relación de género; responsabilidad social empresaria; adicciones; discapacidad; procedimiento preventivo de crisis; erradicación del trabajo infantil y regulación del trabajo adolescente; cuestiones ambientales en un proceso productivo sustentable con trabajo de calidad; condiciones de trabajo; representación sindical en la empresa; negociación colectiva articulada; el CCT como vía de promoción de la salud y el desarrollo humano; informalidad laboral: herramientas convencionales para la regulación de la relación laboral; desafíos del sindicalismo frente a las relaciones laborales del siglo XXI: el papel de los jóvenes; asistencia técnica para la negociación colectiva; la negociación colectiva supranacional. 33 La serie de largo plazo del salario medio de los trabajadores registrados se construyó utilizando tres fuentes de información de acuerdo al período en el que se encuentran disponibles los datos: entre 1985 y 1992 se utilizó la Encuesta de Salarios, relevada por la Secretaría de Seguridad Social (Ministerio de Trabajo); entre 1993 y 1995 se consideraron los datos de la Encuesta Industrial Mensual y de la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC); y a partir de 1996 se utilizaron los datos del ex – Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), actual Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

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Gráfico 15. Evolución del salario medio real de los asalariados registrados. Indice base 1985 = 100. Total país. Período 1985 – 2009.

Fuente: MTEySS, en base a SIPA, EPH (INDEC) y Encuesta de Salarios (Secretaría de Seguridad Social).

En un lapso de siete años el nivel del salario real pasó de ser uno de los más bajos de la historia a uno de los más altos de las últimas tres décadas, mostrando un proceso de recuperación salarial que no tiene antecedentes en la historia reciente del mercado de trabajo argentino.

Durante los últimos años se redujo la dispersión salarial entre los trabajadores quebrando la tendencia que se observaba durante la vigencia de la convertibilidad.

La ampliación de la cobertura de la negociación colectiva y los sucesivos aumentos aplicados al salario mínimo también tuvieron resultados positivos en la reducción de las diferencias salariales entre los trabajadores registrados del sector privado. Centralmente, la dinámica lograda por este conjunto de acciones fue elevar el piso salarial de los trabajadores menos calificados, habitualmente el conjunto más débil para la negociación de ingresos y condiciones laborales.

Otro rasgo notable a destacar es la reducción de la dispersión salarial: considerando la totalidad de las remuneraciones de los asalariados privados registrados, la dispersión se redujo un 18% durante los últimos años34, invirtiendo la tendencia anterior y mostrando una estructura salarial más equitativa que la observada entre 1996 – 2001.

34 El coeficiente de variación de la remuneración total de los asalariados registrados del sector privado se calculó de acuerdo a la información que surge del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La remuneración total se define como el monto bruto, por todo concepto, declarado por el empleador. Este concepto incluye montos remunerativos y montos no remunerativos (indemnizaciones, becas, beneficios sociales otorgados por el empleador).

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Gráfico 16. Evolución de la dispersión salarial de los asalariados registrados del sector privado. Índice base 1996 = 100. Total país. Período 1996 – 2009.

Fuente: MTEySS, en base a SIPA.

La evolución de los ingresos laborales de los trabajadores no registrados en empresas privadas (excluyendo al servicio doméstico y a los beneficiarios de planes de empleo), permite advertir que el salario promedio entre los años 2003 y 2009 presentó un comportamiento similar al verificado por la remuneración media de los empleados registrados. No obstante en el año 2002 el comportamiento fue diferente35.

2.3. Conflictividad laboral

En el primer semestre de 2010 se registraron en todo el país 497 conflictos laborales en los que se realizaron paros; participaron en ellos 756.000 huelguistas (6% del total de asalariados), que involucraron 3.294.000 jornadas individuales no trabajadas (aproximadamente 4 jornadas de paro por huelguista). En su gran mayoría, estos conflictos estuvieron motivados por mejoras salariales36. Este perfil de los conflictos laborales en términos de su cantidad, de la proporción de huelguistas entre los asalariados y del promedio de jornadas de paro, se reitera en los últimos cinco años con escasas variaciones, lo que permite afirmar que se

35 De acuerdo a información que surge del Índice Salarial (INDEC). 36 La información sobre conflictos laborales es producida desde enero de 2006 por la Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo de la SSPTyEL del MTEySS, a través del relevamiento cotidiano de 130 medios gráficos de prensa de todo el país y de boletines especializados en noticias gremiales. Este relevamiento permite construir la base de datos y el archivo de informaciones más completa sobre conflictos laborales de Argentina. La metodología y definiciones pueden consultarse en www.trabajo.gob.ar.

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han constituido como una expresión normal de la divergencia de intereses de los actores de las relaciones de trabajo, dentro del nuevo modelo socioeconómico. Esto se comprueba en la reproducción sistemática de dos aspectos estructurales que caracterizan a la conflictividad laboral desde 2006:

La mayoría de los conflictos laborales se verificaron a lo largo del período a nivel de empresa o establecimiento y en el ámbito estatal.

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En general, predominaron los conflictos a nivel de empresa u organismos públicos específicos. En menor medida, la conflictividad se extendió a toda una rama o sector de actividad a nivel local, y en muy pocos casos la incidencia se verificó en el nivel nacional de la actividad.

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Los conflictos se concentraron sobre todo en el ámbito estatal, con especial impacto en servicios públicos.

De acuerdo a la información relevada, los conflictos generados a nivel de la unidad productiva (empresa privada u organismo público) representaron entre el 60% y el 64% de la conflictividad total. En cambio, sólo entre el 2% y 4% de los conflictos laborales abarcaron una rama de orden nacional, y entre un 32% y 38% afectaron a ramas de actividad en ámbitos locales. Sin embargo, pese a constituir poco más de un tercio de la cantidad de conflictos, los niveles intermedio y nacional movilizaron la mayoría de los huelguistas y concentraron casi la totalidad de las jornadas de paro entre 2006 y 2010.

Gráfico 17. Conflictos laborales según nivel de agregación. En porcentaje. Total país. Primeros semestres 2006-2010.

Fuente: MTEySS, en base a medios gráficos de prensa y boletines especializados.

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Esta situación demuestra las diferentes modalidades del conflicto laboral observables actualmente en la Argentina. En los conflictos generados a nivel de empresa o establecimiento estatal, prevalecen los reclamos vinculados a las condiciones laborales o contractuales de esos lugares de trabajo. Las demandas por aumentos salariales, en cambio, representan menos de un tercio de estos conflictos.

A nivel de rama, tanto local como nacional, la conflictividad presenta un origen distinto: la mayoría (alrededor del 70%) son motivados por reclamos de mejora salarial, y son canalizados por los sindicatos y las cámaras empresarias a través de la negociación colectiva. En general, estos son conflictos que se registran en el curso de una negociación y, tal como se señaló en la sección anterior, en todo el período analizado se consolidaron las mejoras salariales demandadas.

En cuanto a la distribución por ámbito, los conflictos protagonizados por los trabajadores estatales –sean de la administración en cualquiera de sus niveles (municipal, provincial, nacional) o de los servicios de educación, salud u otrosson más numerosos, involucran más huelguistas y son más prolongados en términos de jornadas perdidas por paros, que los suscitados por los trabajadores del ámbito privado.

Durante el período comprendido entre 2006 y 2010, el porcentaje de conflictos originados en los organismos públicos ronda el 60%; mientras que, la proporción de conflictos gestados en el sector privado alcanza a alrededor del 40%.

Gráfico 18 | Conflictos laborales según ámbito. En porcentaje. Total país. Primeros semestres 2006 - 2010.

Fuente: MTEySS, en base a medios gráficos de prensa y boletines especializados.

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Una explicación plausible de la mayor conflictividad hallada en el sector público podría relacionarse con la mayor consolidación de las estructuras de negociación tripartita en el sector privado que regulan las relaciones entre capital y trabajo, y canalizan institucionalmente los conflictos. En cambio, en el sector estatal esta fortaleza es aún incipiente. En este sentido, la mayor conflictividad del ámbito estatal sería atribuible a la ausencia, o menor consolidación, de los mecanismos de mediación institucionalizada que funcionan en el ámbito privado.

Un aspecto central a tener en cuenta es que los conflictos laborales registrados entre 2006 y 2010 reflejan la revitalización del rol de los sindicatos, que encuentran en el nuevo marco económico social y productivo el espacio de acción colectiva requerido para ejercer sin trabas la representación de los intereses de los trabajadores frente a la contraparte empleadora. Esta representación se ejerce sobre todo a través de la negociación colectiva y de la recuperación de la capacidad de mediación y arbitraje del Ministerio de Trabajo.

Con el desarrollo y la revitalización de la negociación colectiva se pasa del conflicto social al laboral, en el marco de la disputa normal de intereses que se produce en las relaciones de trabajo.

Colocada en una perspectiva dinámica, esta revitalización sindical es doblemente significativa por dos motivos. Por un lado, refleja el surgimiento del tipo de conflictos que se sitúa en el interior del mundo del trabajo, cuyas instituciones ofrecen la posibilidad de su reconocimiento y canalización a través de regulaciones laborales. Se trata de conflictos que expresan la divergencia de intereses y de actores que ejercitan sus derechos a través de representaciones legítimas.

Por otro lado, la emergencia de los conflictos laborales fue simultánea al desplazamiento y atenuación progresiva de los conflictos que durante los noventa y las crisis de 2001/2002 habían encarado los movimientos y organizaciones sociales externos al mundo del trabajo. Tan significativo es este pasaje de los conflictos sociales a los conflictos laborales, que podría afirmarse que constituye uno de los principales cambios estructurales registrados en esta primera década del nuevo siglo.

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Sistema de protección social: hacia la construcción de un piso mínimo

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3. Sistema de protección social: hacia la construcción de un piso mínimo 3.1. Mayor protección social en la Argentina 2003 - 2010 Uno de los ejes del modelo económico social de los últimos años es la definición de un sistema de protección social orientado a contener y asistir a una proporción cada vez mayor de la población en situaciones de vulnerabilidad socio-económica. Con la convicción de que la inclusión social debe ser una condición para el desarrollo y no sólo su consecuencia, se fue ampliando la esfera de los derechos sociales, con el fin de avanzar progresivamente hacia un piso de protección social37. Se revierte así una tendencia permanente desde mediados de los años setenta de utilizar al sistema de seguridad social como una de las principales variables de ajuste económico y social.

Aumento de la cobertura de la protección social porque la inclusión social es una condición para el desarrollo y no una mera consecuencia “de su derrame”.

Entre las graves problemáticas que se gestaran como consecuencia de la implementación de políticas de corte neoliberal, una de las que tuvo mayor impacto negativo en la equidad fue la cobertura cada vez más restringida del sistema de protección social. A partir del año 2003 se fueron modificando el diseño y el alcance del sistema de protección social. En primer lugar, como se describió en el capítulo anterior, la promoción del empleo registrado se definió como la estrategia prioritaria para la inclusión social. No obstante, el crecimiento del desempleo y la precariedad laboral durante décadas requirieron implementar una estrategia complementaria para ampliar la cobertura social a aquellos que no eran sujetos de derecho por estar excluidos del sistema contributivo de la seguridad social. En términos concretos, la ampliación de la cobertura del sistema de protección social se logró a través de las siguientes estrategias políticas:

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Promover la Generación de Empleo Registrado, que implica extender a más trabajadores la percepción del conjunto de prestaciones del sistema de seguridad social contributivo. El empleo asalariado registrado permite el acceso al sistema jubilatorio, a las asignaciones familiares, a una cobertura de salud, protección por accidentes de trabajo, y seguro frente a situaciones de desempleo. Por otro lado, la mayor cantidad de aportes y contribuciones que se produce fortalece la sustentabilidad de los recursos del sistema de seguridad social.

•

Inclusión de Colectivos Vulnerables. Para ello, se implementaron tres líneas centrales de acción:

37 El CEB (Chiefs Executives Board) de la ONU ha promovido la adopción de un piso de protección social basado en un nivel mínimo de provisión de bienes públicos y servicios sociales y garantías de acceso a transferencias para eliminar la pobreza. Estas últimas, implicarían un paquete esencial de servicios de salud para toda la población, atender la pobreza en la niñez, en los adultos mayores y las personas con discapacidad y, transitoriamente, en las personas en edad de trabajar que no posean empleos.

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 Incorporación al sistema jubilatorio de adultos mayores excluidos del sistema previsional.  Extensión del sistema de protección social a los niños no cubiertos por el régimen contributivo mediante la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, Plan Familias, Pensiones no contributivas, entre otras.  Ampliación de las políticas activas de empleo para favorecer la accesibilidad al trabajo38 y su consecuente ingreso en la seguridad social. De este modo, una mirada sobre el conjunto de las medidas adoptadas que incluyen transferencia de ingresos, permite afirmar que durante el período comprendido entre 2002 y 2009 se otorgaron 7 millones de nuevos beneficios, lo que implica un crecimiento del 63% en la cantidad de prestaciones distribuidas por el sistema de protección social argentino. Con respecto a 1997 el número de prestaciones alcanzó a duplicarse (lo que implica 9 millones más de beneficios.).

Gráfico 19. Evolución de la cantidad de los beneficios con transferencia de ingresos del sistema de protección social. En miles de beneficios. Total país. Período 1997 – 2009.

Fuente: MTEySS, en base a Secretaría de Empleo, Secretaría de Seguridad Social y ANSES.

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Esta línea de acción ya fue desarrollada en el capítulo 1, sección 1.4.

El incremento del número de beneficiarios del sistema de protección social permitió ampliar significativamente la cobertura social de las personas en condiciones vulnerables, en particular, los mayores y los niños y adolescentes.

En efecto, en el año 2009 la cobertura total de los menores de 18 años alcanzó al 86%, mientras que en 1997 sólo el 35% de ellos estaba cubierto por el sistema de protección social39. Con respecto a la población mayor, se observa que luego de una declinación permanente de la cobertura durante al menos siete años (en 2003 llegó a reducirse al 61%); en el año 2009, el 84% de las personas mayores del país percibieron alguna transferencia por parte del sistema de protección social40.

El Sistema de Protección Social brinda asistencia a la mayoría de los niños y adolescentes (86%) y de las personas mayores (84%).

Gráfico 20. Porcentaje del total de personas mayores y menores que perciben transferencias de ingresos por parte del sistema de protección social. Total país. Período 1997 – 2009.

Fuente: MTEySS en base a Boletín Estadístico de la Seguridad Social, Secretaría de Empleo y ANSES.

39 La cobertura del sistema de protección social a los menores de 18 años se calculó considerando el conjunto de acciones orientadas a los menores, y son las siguientes: asignación familiar contributiva correspondiente a los asalariados registrados, asignación familiar a los jubilados y pensionados y a los beneficiarios del seguro por desempleo, el nuevo sistema no contributivo denominado “Asignación universal por hijo”, el programa “Familias por la inclusión social” y las pensiones no contributivas para madres de siete o más hijos. El porcentaje del total de los menores de 18 años que recibieron alguna transferencia de ingresos por parte del sistema de protección social se calculó tomando la proyección poblacional elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). 40 Las acciones orientadas a la asistencia de la población mayor provienen del sistema previsional. Por la tanto, se consideran en este caso las jubilaciones y pensiones otorgadas por el sistema nacional (incluyendo la moratoria previsional), por las cajas previsionales de las administraciones públicas provinciales y municipales, por las distintas cajas de las fuerzas de seguridad y por las cajas de profesionales. Para analizar la cobertura del sistema protección social a los mayores se utilizó la información relevada por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Esto se debe a que es una de las pocas fuente de información que permiten identificar la edad de los jubilados y pensionados. Además, esta fuente cuantifica los beneficiarios, independientemente de la cantidad de beneficios que reciben las personas.

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Gran parte del crecimiento de las prestaciones y de los beneficiarios verificado en estos años está principalmente explicado por la implementación de la Asignación Universal por Hijo, por el Programa de Inclusión Previsional y por la extensión de la cobertura del sistema de Asignaciones Familiares de los trabajadores activos. También incidió favorablemente el incremento de las pensiones no contributivas, asistenciales y especiales.

Gráfico 21. Principales medidas que explican el crecimiento de la cantidad de beneficios entre 2002 y 2009. Variación en miles de beneficios.

Fuente: MTEySS, en base a Secretaría de Empleo, Seguridad Social y ANSES.

La participación del gasto público social consolidado en el PBI llega a su valor máximo de los últimos 30 años en 2008.

Al realizar el análisis del gasto público social consolidado (GPSC) se puede observar el cambio que se produce en el año 2003 al promoverse un progresivo y sistemático incremento de la inversión en políticas de inclusión social. Así, en 200841 la participación del gasto social en el producto bruto interno (PBI) alcanzó a 24,4%, el máximo valor de los últimos 30 años, cuando en 1980 era sólo del 14,5%.

3.2. Ampliación de la cobertura de los adultos mayores Durante los últimos siete años se ha desarrollado una importante Política

de

Inclusión Jubilatoria, la más inclusiva de los últimos 50 años, orientada a ampliar la cobertura del sistema e incrementar el valor de las prestaciones.

A partir de la sanción de la Ley Nº 25.994 se estableció una moratoria para que aquellas personas que habían quedado fuera del sistema de seguridad social, 41

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Último dato disponible.

pudieran acceder al beneficio previsional. Con esta medida accedieron a la jubilación mínima alrededor de 2,5 millones de personas mayores de 60 años, en el caso de las mujeres, y de más 65 años, en el caso de los varones.

Además, entre 2003 y 2010 hubo doce aumentos consecutivos de la jubilación mínima y a partir de la sanción de la Ley 26.417 se definió un índice de movilidad que garantiza los ajustes anuales de los haberes jubilatorios, más allá de las decisiones políticas. En los últimos dos años (2009/10) el incremento acumulado de los haberes ascendió al 51,7%. A fines de 2008, la Argentina recuperó el sistema público de reparto tomando el control de los fondos del sistema de jubilaciones y pensiones que estaban privatizados. El Estado pasó a controlar los fondos acumulados en las cuentas de capitalización que los trabajadores tenían en las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), lo que permite resguardar el futuro de los trabajadores y sus familias a partir de la conformación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema (FGS) y evitar que estos fondos queden sujetos a la

El Estado realizó aumentos constantes en los haberes mínimos jubilatorios y en 2008 se sancionó la Ley de Movilidad Jubilatoria garantizando la actualización de los ingresos dos veces por año.

volatilidad de los mercados financieros. Con la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se define un sistema solidario de reparto, con igualdad de cobertura y tratamiento para todas las jubiladas y jubilados del país. Este sistema se compone en un 56% por los ingresos de los trabajadores activos y en un 44% por los impuestos que pagan todos los argentinos, entre ellos el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Desde el punto de vista de lo ejecutado en Prestaciones Previsionales, se destaca que entre 2003 y 2010 se produjo un incremento del 648% a valores corrientes. Esta ejecución implica que durante dicho período se duplicó la incidencia del gasto en el PBI42.

Cabe señalar que con estas acciones no sólo se logró incrementar los ingresos y ampliar la cobertura del sistema previsional, sino que además se optó por un camino que permite consolidar un sistema técnicamente consistente, solidario intergeneracionalmente;, participativo, transparente y sostenible en el tiempo.

3.3. Ampliación de la cobertura de los menores de 18 años El crecimiento del empleo asalariado registrado observado durante los últimos siete años dio lugar a que más trabajadores y sus familias accedieran a los beneficios de la seguridad social, entre los cuales se destaca el sistema de asignaciones familiares. En efecto, entre los años 2002 y 2009 se estima que se incorporaron a este sistema 1,9 millones de niños y adolescentes por el sólo hecho de que sus padres se incorporaron al empleo registrado. 42 Fuente: Subsecretaría de Políticas de la Seguridad Social, en base a datos de Contaduría General de la Nación (CGN). Para el año 2010 se consideran las proyecciones realizadas en base a datos de CGN.

A través del incremento del empleo registrado 1,9 millones de menores se incorporaron al sistema de asignaciones familiares.

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Con la AUH que en 2009 brindaba asistencia a más de 3,4 millones de niños y adolescentes, la cobertura de este grupo pasó del 37% en 1997 al 86%.

A través de la expansión del empleo registrado, el sistema contributivo de asignaciones familiares llegó a cubrir en la actualidad a un 48% más de niños y jóvenes menores de 18 años43 de los que estaban incluidos en el año 2002. Pese a estos importantes avances era indudable que una cantidad significativa de menores en condiciones de pobreza aún quedaban excluidos del ámbito del Sistema Contributivo de Asignaciones Familiares. Para dar respuesta a esta situación de exclusión, en octubre de 2009, el Gobierno Nacional impulsó una medida trascendental: extender la protección social a la mayoría de los menores de 18 años a través de la implementación del subsistema no contributivo de Asignación Universal por Hijo Para Protección Social (AUH). Una característica importante de esta medida es que se encuentra incluida en el marco legal del régimen nacional de asignaciones familiares, dotando a la Asignación Universal por Hijo de un beneficio de pleno derecho y con el financiamiento adecuado fijado en el Decreto 1602/09 del Poder Ejecutivo Nacional. La prestación consiste en el otorgamiento de una transferencia monetaria (220 pesos por hijo) a todos los niños y adolescentes cuyos padres o responsables se encuentran inmersos en la informalidad o en el desempleo, y se encuentra condicionada a que los menores asistan regularmente al sistema educativo y cumplan los requisitos de sanidad y vacunación.

La AUH plantea un cambio sustancial en la definición del sistema de protección social argentino. Por primera vez, se afirma una política de carácter universal que prevé transferencias de ingresos orientadas a parte de la población que se encuentra en la informalidad o la precariedad laboral, y que no tiene la capacidad económica para aportar a los diferentes sistemas de la seguridad social. A fines de 2009 la AUH cubría a poco más de 3,4 millones de niños y adolescentes. Esto implica que el nuevo sistema explica cerca de la mitad del aumento verificado en el número de prestaciones del sistema de protección social entre 2003 y 2009.

Varios estudios que se han realizado en los últimos meses han demostrado que esta medida está teniendo efectos significativos en cuanto a reducir las tasas de pobreza y de indigencia, reducir la desigualdad44, e incrementar las tasas de escolarización de niños y adolescentes. En el año 2010 el impacto de esta medida en el sistema educativo ha tenido una evidente repercusión dado que se ha incrementado sustantivamente la matrícula escolar. Adicionalmente, Bertranou (2010) encontró que en el 30% de los hogares de menores ingresos se encuentra una gran cantidad de beneficiarios de la AUH (60,9% en el primer decil, 42,1% en el segundo y 28,5% en el tercero).

43 Se estima que un total 7,5 millones de niños y jóvenes menores de 18 años (60,5% del total), vive en hogares donde el adulto a cargo percibe la asignación familiar por ser asalariado registrado con ingresos inferiores a $ 4.800 mensuales; o ser beneficiario del seguro de desempleo; o jubilado o pensionado. 44 Esta temática se amplía en el capítulo “Mejora en la distribución del ingreso”.

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Mejora en la equidad

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4. Mejora en la equidad Los avances alcanzados por el nuevo esquema de políticas han sido fundamentales para la construcción de una sociedad más equitativa. La expansión sin antecedentes del empleo registrado, la reducción de la desocupación, el incremento de los salarios, la dinamización de la negociación colectiva y la ampliación de la cobertura del sistema de protección social han dado lugar en estos últimos siete años a un proceso de mejora significativa de la distribución del ingreso, como no se había observado al menos desde mediados de la década de los setenta.

Desde el punto de vista de la distribución del ingreso entre el trabajo y el capital, se advierte que en el período comprendido entre 2002 y 2008 (último dato disponible) los asalariados incrementaron progresivamente su participación en el producto. En efecto, en el año 2002, los trabajadores en relación de dependencia concentraban un 34,3% del producto; mientras que en 2008 las remuneraciones de los asalariados representaban un 43,6% del producto. Esto significa que en seis años los trabajadores incrementaron en 10 puntos porcentuales la proporción

La Argentina es un país más equitativo por los avances económicos y sociales desde 2003.

de los ingresos que perciben del total de la renta generada por la economía nacional.

Gráfico 22. Evolución de la participación de los asalariados en la economía. En porcentaje. Total país. Período 1993 – 2008.

Fuente: MTEySS, en base a Cuentas Nacionales (INDEC).

Después de una década donde los periodos de crecimiento económico fueron acompañados con reducciones en la participación de la remuneración al trabajo, a partir del 2003 se produjeron progresivas mejoras. Si bien todavía los niveles registrados en esta variable no alcanzan los máximos históricos, los avances han sido muy importantes. Un ejercicio de descomposición de los cambios ocurridos

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Los trabajadores mejoraron su participación en la distribución del ingreso entre el trabajo y el capital, llegando a casi el 44% del producto.

La distribución del ingreso personal también mejoró notablemente. En los últimos siete años la inequidad se redujo un 16%.

en la distribución funcional permite concluir que las mejoras en la retribución al factor trabajo han estado fundamentalmente asociadas al crecimiento del empleo asalariado registrado y a los incrementos salariales ocurridos en el interior de este grupo.

Entonces si se evalúa la distribución del total de ingresos que obtienen las familias, donde no sólo es importante el factor trabajo y la remuneración que se obtiene por él sino el total de transferencias que hace el Estado, el cambio de tendencia es mucho más significativo. Este análisis se realiza a través del denominado coeficiente de Gini que cuantifica el modo en que se distribuyen los ingresos entre la población45.

Este coeficiente presentó, entre 1994 y 2002, un aumento (lo que refleja un empeoramiento del ingreso) sistemático del 18,5% y alcanzó, en el año 2002, los niveles más elevados de desigualdad registrados en el país. Este retroceso se ubica en una tendencia que comenzó a evidenciarse desde 1976 y que se profundizó notablemente con el modelo de crecimiento implementado en la década de los noventa.

Gráfico 23. Evolución de la distribución del ingreso personal. Coeficiente de Gini del ingreso per capita familiar. Total de aglomerados relevados. Período 1993 – 2009.

Fuente: MTEySS, en base a EPH (INDEC).

A partir del año 2003 se quiebra la línea ascendente de la desigualdad y se inicia una fase en que el indicador se reduce en forma permanente (independiente del componente de estacionalidad que tiene). Entre los años 2002 y 2009, la distribución del ingreso personal mejoró un 16%, alcanzando en este último año la distribución más equitativa de al menos los últimos 16 años. 45 Cuando el coeficiente se acerca a 1 la sociedad es más desigual, y cuando se acerca a 0 es más equitativa.

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Un estudio realizado46 permite identificar cuáles han sido los ingresos que contribuyeron en mayor medida a mejorar la equidad, y cuáles han sido los efectos de las nuevas políticas del sistema de protección social sobre la desigualdad de los ingresos.

El análisis del primer año post devaluación muestra la importancia que los programas de transferencias monetarias tienen en la distribución del ingreso. Aunque la economía comenzaba a recuperarse de la profunda crisis en que derivó el régimen macroeconómico implementado en la década de los noventa, en tan sólo un año la desigualdad disminuyó un 4%. Esta disminución estuvo explicada en un 60% por la implementación del Programa Jefes de Hogar (PJJH).

Gráfico 24. Participación de las transferencias del estado en el total del ingreso de los hogares, según deciles de ingreso. En porcentaje. Total de aglomerados relevados. Período 2002 – 2003.

Fuente: MTEySS, en base a EPH (INDEC).

El impacto que tuvo el PJJH en los ingresos de los hogares más pobres fue muy significativo. Más del 30% de los ingresos del 10% de los hogares menos pudientes provenía de esta fuente de ingreso. Esta proporción se modifica cuando se considera el impacto del PJJH sobre el total de los hogares, donde sólo alcanza al 2%. Allí radica la importancia del análisis de este tipo de programas en términos distributivos.

46 La metodología permite descomponer las variaciones del coeficiente de Gini según las distintas fuentes de ingreso que poseen los hogares (laborales, transferencias públicas, jubilaciones, transferencias privadas, alquileres, etc.). La contribución de cada fuente de ingreso dependerá a su vez de dos factores: por un lado, de cómo cambie la concentración de cada fuente de ingreso y, por otro, de cómo cambie la importancia de esa fuente de ingreso en el ingreso total de los hogares. Estos componentes se denominan cambio en concentración y cambio en participación respectivamente (Trujillo, L. y Villafañe, S., 2010).

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A partir de ese punto, entre 2004 y 2008 el coeficiente de Gini cae un 14%. Esta reducción de los niveles de desigualdad, se logró básicamente por tres factores:

La reducción de la inequidad se explica en casi un 60% por el crecimiento de los ingresos provenientes del trabajo registrado.

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el crecimiento de la cantidad de empleos registrados y de sus ingresos,



la contracción del empleo precario (fundamentalmente el empleo por cuenta propia)



y las mejoras promovidas en el sistema de protección y seguridad social.

En lo que se refiere a los ingresos laborales cabe mencionar que su crecimiento explica más del 85% de la reducción en los niveles de inequidad. La parte más importante de esta mejora estuvo asociada al crecimiento de los ingresos provenientes del empleo registrado en los hogares con menores recursos, ya sea por el acceso a este tipo de puestos como por el incremento en su remuneración. Específicamente más de la mitad (56%) de la mejora observada en la equidad durante este lapso estuvo relacionada con los ingresos de los asalariados registrados.

Como puede observarse en el siguiente gráfico, los ingresos de los asalariados registrados se incrementaron para todos los deciles de ingresos. En efecto, la participación del empleo registrado en el ingreso total de los hogares aumentó 6,5 puntos porcentuales, en promedio. Sin embargo, este crecimiento ha sido mucho mayor entre los deciles de menor ingreso (del 1 al 3). En ellos, el incremento de esta fuente fue como mínimo 10 puntos porcentuales.

Gráfico 25. Variación de la participación de la remuneración de los asalariados registrados en el total del ingreso de los hogares, según deciles de ingreso. En puntos porcentuales. Total de aglomerados relevados. Período 2004 – 2008.

Fuente: MTEySS, en base a EPH (INDEC).

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El segundo factor se vincula con la pérdida de relevancia de las actividades precarias de refugio, en especial el empleo por cuenta propia, como fuente de ingresos en los hogares menos pudientes. Según el estudio citado, alrededor de un cuarto de la mejora de la equidad observada durante los últimos años se debe a este fenómeno originado en el mercado de trabajo.

El tercer factor que explica la reducción en la desigualdad del ingreso está relacionado con los cambios operados en el sistema de seguridad social47. Poco más de una quinta parte de la caída en el Índice de Gini se vincula al cambio que se produjo en las jubilaciones y pensiones, tanto por los incrementos en el haber jubilatorio como por la extensión de este derecho de protección social a los hogares de los deciles de ingreso más bajo. El incremento del ingreso proveniente de jubilaciones y pensiones ha sido significativamente superior en los hogares de ingresos bajos y medios (deciles 1 al 6).

En síntesis, los resultados más relevantes del conjunto de políticas implementadas durante los últimos años, como la creación del empleo registrado, la reducción de la precariedad laboral y la ampliación del sistema de protección social, revirtieron años de políticas de exclusión explícita o implícita en las acciones de los gobiernos precedentes y fueron determinantes para propender a una sociedad más equitativa.

47 Cabe señalar que debido a que este análisis abarca hasta el año 2008, no se menciona el impacto de la implementación de la Asignación Universal por Hijo sobre la distribución del ingreso. Para realizar una estimación sobre los resultados de esta política sobre los ingresos de los hogares, se calculó la variación del coeficiente de Gini entre el 2008 y 2009, simulando en este último la aplicación de la AUH. Según los resultados obtenidos el índice de Gini se habría reducido, como mínimo, un 3% sólo por esta medida. La participación de las transferencias del Estado en los ingresos del total de hogares aumenta con la AUH, llegando a superar el 2%. Sin embargo, para los deciles más bajos ese porcentaje se vuelve mucho más importante: el 26% del ingreso del decil 1 provendría de las transferencias por AUH que realiza el Estado. Este comportamiento es similar al que se registró en el año 2003 con la implementación del PJJH; sin embargo, es importante recordar que en ese período el nivel de la masa de ingreso, en especial el proveniente de salarios de puestos registrados, era mucho menor que en la actualidad.

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Respuesta frente a la crisis financiera internacional 2008/09

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5.

Respuesta frente a internacional 2008/09

la

crisis

financiera

5.1. Políticas anticíclicas En el contexto de la crisis global registrada a fines de 2008 y de sus efectos contractivos como consecuencia del quiebre del sistema financiero de Estados Unidos, las políticas públicas orientadas por el enfoque estratégico que venía desarrollando la Argentina pasaron a ser ventajas que permitieron al país mitigar las consecuencias sociales del profundo crack internacional y retomar la senda del crecimiento del empleo a partir de fines de 2009. El hecho de que la economía argentina durante los últimos años no haya dependido del crédito externo para crecer y no cayera en los desajustes financieros provocados por la denominada “burbuja financiera”, fue también una ventaja teniendo en cuenta que la crisis se originó a partir de la implosión de dicho fenómeno en los principales sistemas financieros de los países desarrollados, desde los que se frenó el flujo de capitales hacia los países en desarrollo. A raíz de la conmoción de la situación recesiva global, al conjunto de políticas que se venían desarrollando se le sumó un conjunto de acciones específicas para enfrentar mejor esa coyuntura y fortalecer la situación sociolaboral de la población. Entre las más relevantes se mencionan: •

La crisis mundial 2008/09 encontró muy bien posicionada a la Argentina a raíz de las características del patrón productivo y de crecimiento puesto en marcha en 2003.

Políticas Macro: Se asignaron importantes recursos orientados a estimular el incremento de las inversiones, la producción y el consumo en sectores y actividades que tienen un impacto positivo en la actividad económica en general y en el mercado de trabajo. Entre otros, obras públicas, construcción de viviendas; estímulos a sectores productivos, créditos para prefinanciación de exportaciones; créditos para pequeñas empresas. En todas las medidas adoptadas se incluyó una cláusula de preservación del empleo, como requisito para acceder y mantener los beneficios y subsidios.

•

Políticas para la Preservación del Empleo: La activa gestión por parte del Estado Nacional y los Estados provinciales para limitar la aplicación de medidas que afecten al empleo permitió, en muchos casos, contener y evitar despidos. Se impulsaron procedimientos preventivos de crisis en el nivel de las empresas en todo el país para atender las situaciones que pudieran afectar el nivel de actividad y de ocupación. Esta política de diálogo social permanente entre empleadores y trabajadores con la articulación e intervención del Estado buscó soluciones que evitaran la ruptura del vínculo laboral, a través de suspensiones o medidas transitorias. Se ampliaron los alcances del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) por medio del cual el Estado Nacional subsidia parte del salario de los trabajadores que se encuentran en empresas en situación

Se amplió el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) donde el Estado subsidia parte del salario de los trabajadores en empresas con situaciones de crisis.

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crítica. Esta política anticíclica alcanzó a cubrir en el año 2009 a más de 143 mil trabajadores pertenecientes a un total de 2.769 establecimientos de los cuales el 77% son empresas PyME con menos de 50 empleados. Para incentivar la contratación formal de trabajadores y la regularización del trabajo no registrado se tomaron medidas de estímulo fiscal a las empresas (Ley 24.476). El mantenimiento de la acción desplegada a través de la inspección del trabajo contribuyó a apoyar la registración de los asalariados no formalizados. Cabe destacar que simultáneamente con el desarrollo de estas acciones cuyo fin principal era preservar el vínculo laboral, se profundizaron las políticas activas de formación y empleo destinadas a quienes necesitaban desarrollar competencias para mejorar su inserción ocupacional. El conjunto de medidas anticíclicas de impulso fiscal ascendieron al 1,8% del PBI.

•

Políticas Activas de Ingresos: Las políticas activas de ingresos que se venían desarrollando se mantuvieron desde el inicio de la situación recesiva mundial. A partir del último trimestre de 2008 se garantizaron por ley los aumentos de los haberes de los jubilados y pensionados; se incrementó mediante el diálogo social el salario mínimo, vital y móvil; se sostuvo el funcionamiento de las convenciones colectivas de trabajo; se dispuso una reducción del impuesto a las ganancias para los asalariados; y se incrementaron los montos de las asignaciones familiares. Asimismo se sostuvieron los programas de transferencia monetaria a los grupos con dificultades o más vulnerables.

Muchas de estas políticas comprometieron recursos fiscales adicionales a los previstos. El impulso dado al sector privado a través de subsidios, reducciones impositivas o transferencias directas a los hogares, concretados a partir de los múltiples mecanismos mencionados entre fines del año 2008 y durante 2009 ascendió a 1,8% del producto bruto interno48. La Argentina ha sido, en el concierto mundial, uno de los países que más medidas de índole fiscal adoptó frente a la crisis global.

5.2. Situación laboral emergente Las políticas y acciones implementadas tuvieron un rol relevante en morigerar los efectos negativos de la crisis internacional en las condiciones laborales de los trabajadores argentinos. Durante el peor momento de la crisis, las tasas de desocupación, empleo y actividad presentaron escasas variaciones. Sólo el empleo asalariado registrado del sector privado verificó una leve disminución, pero esta contracción neta no se explicó por un aumento de las desvinculaciones de personal por despedidos, o por renuncias, sino fundamentalmente debido a la caída que se registró en el número de trabajadores demandados por parte de las empresas, es decir, a la disminución de las nuevas “altas” y no al incremento de las “bajas” de personal.

48 Se incluye el diferimiento de impuestos, la disminución de impuestos directos y de derechos de exportación, los gastos adicionales destinados a obras públicas, el incremento de subsidios a la producción y al sostenimiento del empleo, el otorgamiento de créditos, el incremento de los montos y pagos extraordinarios de los planes sociales, los pagos extraordinarios de las jubilaciones, la suba de las asignaciones familiares. No se consideran las erogaciones adicionales comprometidas a partir del establecimiento de la movilidad jubilatoria y de la puesta en marcha de la asignación universal por hijo, que elevan la medición del impulso fiscal a 2,6% del PBI.

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De este modo, se podría afirmar que durante la crisis, la estructura ocupacional, las condiciones de trabajo y la dinámica laboral no se modificaron sustancialmente. Esto implica que a pesar de la situación recesiva mundial se han podido sostener los importantes avances logrados durante los últimos años en materia laboral.

Este diagnóstico contrasta fuertemente con la situación laboral observada en la mayoría de los países del mundo. En efecto, en el período comprendido entre los primeros trimestres de 2008 y 2010, mientras que en la mayoría de los países, en especial en los desarrollados, se verificó una suba de la tasa de desocupación como resultado de la destrucción de puestos de trabajo, en la Argentina el índice de desempleo se mantuvo casi inalterado gracias al sostenimiento del nivel de empleo impulsado como eje de las políticas del Gobierno Nacional. De los 39 países para los que se cuenta con información para el primer trimestre de 2010, sólo en cuatro Estados Nacionales (entre los que se encuentra la Argentina) la tasa de desocupación no se incrementó con respecto al primer trimestre de 2008.

Durante la última crisis mundial 2008/09, a diferencia de otros países del mundo, en Argentina la estructura ocupacional y la dinámica laboral no se modificaron sustancialmente.

Gráfico 26. Variación de la tasa de desempleo. En puntos porcentuales. Países seleccionados. Primer trimestre de 2008 / Primer trimestre de 2010.

Fuente: MTEySS, en base a datos de institutos de estadísticas nacionales y EUROSTAT.

El esquema de políticas vigente no sólo moderó el impacto de la crisis internacional, sino también logró restablecer el sendero de crecimiento del empleo registrado. Los resultados de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL)49 correspondientes al segundo trimestre de 2010 confirman la tendencia de crecimiento del empleo registrado privado en los principales centros urbanos durante los últimos tres 49 La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) es un relevamiento a empresas del sector privado que tiene como objetivo primordial analizar la evolución y las características de los puestos de trabajo registrados. La encuesta, llevada a cabo por el Ministerio de Trabajo desde fines de 1995, incluye entre sus principales áreas de relevamiento al Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario y Gran Tucumán.

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trimestres. En efecto, entre el cuarto trimestre de 2009 y el segundo trimestre de 2010, el nivel de empleo formal creció un 2,5% y la última variación intertrimestral fue del 1%.

Esta creación de empleo formal ha permitido no sólo recuperar la totalidad de los puestos perdidos por la crisis internacional, sino superar el nivel previo. Considerando la serie mensual de la EIL se advierte que en agosto de 201050 el empleo registrado del sector privado es 0,2% más alto que el contabilizado antes del inicio del crack global.

A raíz de la recuperación en el 2010 la cantidad de empresas que solicitaron el subsidio que brinda el REPRO se redujo un 83% con relación a 2009.

En términos absolutos, se estima en base a los registros administrativos disponibles51 que desde el inicio de esta fase de recuperación hasta agosto, se crearon alrededor de 166 mil empleos formales en las empresas privadas de todo el país.

Esta recuperación de puestos de trabajo y el dinamismo que ha tomado la actividad económica también se observa en la notable disminución registrada en el segundo trimestre de 2010 de las empresas que solicitaron al MTEySS el subsidio que proporciona el Programa de Recuperación Productiva (REPRO). En efecto, el número de empresas que requirieron el ingreso al REPRO pasó de 1.300 en el segundo trimestre de 2009, a alrededor de 220 en el mismo trimestre de 2010; lo que implica un descenso del 83% en la cantidad de solicitudes en el último año.

Una evaluación más general de la fortaleza actual del mercado de trabajo argentino surge del análisis del comportamiento del empleo registrado en los últimos 15 años, en particular en las tres etapas de recuperación post-crisis verificadas en la Argentina: i) la salida de la crisis luego del “Efecto Tequila” a partir del último trimestre de 1995; ii) la recuperación económica luego de la profunda depresión causada por el quiebre del régimen de Convertibilidad a partir del tercer trimestre de 2002; y iii) el crecimiento confirmado durante el segundo trimestre de 2009 después de cierta declinación de la actividad económica nacional como resultado de la crisis financiera internacional.

50 Último dato disponible de la EIL. 51 La información surge de una combinación de dos registros administrativos: el Programa “Mi Simplificación” proporcionado por AFIP, y el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Se analiza la serie desestacionalizada.

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Gráfico 27. Evolución del nivel del empleo registrado del sector privado52 . Comparación entre las últimas tres crisis. Índice base Ago/01 = 100. Período Dic-94 / Ago-10.

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Fuente: MTEySS, en base a EIL y SIPA.

Por un lado se ha observado que en los tres períodos de reactivación post-crisis, la producción crece más rápido y en mayor medida que el empleo asalariado registrado del sector privado, y que este fenómeno responde a un proceso normal y habitual de restablecimiento del dinamismo perdido en las variables económicas y laborales durante las crisis53. A pesar de esta similitud entre las etapas de recuperación también se observan importantes diferencias, que se relacionan estrictamente con el esquema de políticas implementado en cada momento. Tres son los aspectos distintivos: o

Nivel de Empleo: El nivel de empleo privado registrado en la actualidad, a poco más de un año (14 meses) de iniciada la fase de recuperación, es mucho más elevado que el correspondiente al mismo lapso temporal en las crisis anteriores: 36,3% mayor al verificado a la salida de la crisis 2001/02, y 25% más elevado después del “Efecto Tequila”.

52 Dado que la EIL se releva desde noviembre de 1995 para analizar la evolución del empleo registrado, durante la crisis desencadenada por el “Efecto Tequila” se empalmó a la serie de la EIL la información sobre empleo registrado del sector privado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) correspondiente al período diciembre de 1994 – octubre de1995. Entre diciembre de 1994 y julio 2001, la información que se utiliza tanto con la fuente SIPA como con la EIL corresponde al Gran Buenos Aires. Desde agosto de 2001, los datos se refieren al total de los aglomerados relevados por la EIL: Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario y Gran Mendoza. 53 Ver documento “Comportamiento del empleo registrado en la actual etapa de recuperación económica – EIL – 2° trimestre 2010”.

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Impacto en la Destrucción de Puestos de Trabajo: La cantidad de puestos perdidos en esta última crisis ha sido leve y se relativiza aún más al compararla con la destrucción de empleo que se produjo en las crisis anteriores. En efecto, se destaca que en el crack financiero 2008/09, sólo se perdió un 3% del empleo privado en la fase contractiva (septiembre 2008 / junio 2009). En cambio, en las crisis anteriores, la pérdida de puestos de trabajo durante las fases contractivas fue de una magnitud mayor: 7,2% con el “Efecto Tequila” (diciembre 1994 / marzo 1996); y 12,8% con el quiebre del régimen de Convertibilidad (marzo 2001 / septiembre 2002).

o

Tiempo de recuperación del nivel de Empleo anterior a la crisis: Un tercer rasgo diferencial resalta la mejor situación en la que se encuentra el mercado de trabajo en la actualidad, ya que a menos de dos años de iniciada la crisis no sólo se ha recuperado la totalidad del empleo perdido en su transcurso, sino que se ha superado 0,2% la cantidad de puestos de trabajo que había en septiembre/08. En cambio, en las crisis anteriores la sociedad tuvo que esperar mucho más tiempo para contar con la misma cantidad de asalariados registrados en el sector privado: casi cuatro años después de 2001/02 y tres años con posterioridad al “Efecto Tequila”.

En el marco de la crisis económica internacional, la negociación colectiva en 2009 se orientó a preservar las fuentes de empleo y de los salarios, e incluso a impulsar su incremento a pesar del cambio operado en el ciclo económico. Teniendo en cuenta que en la negociación colectiva de la actualidad predominan los contenidos salariales, se podría afirmar que durante el año 2009 por lo menos el 70% del total de los asalariados del sector privado54 recibió aumento de sus remuneraciones por la acción de este instituto. Esto implica que a pesar de la situación crítica a nivel global, en nuestro país los sindicatos y las empresas continuaron negociando en paritarias para acordar aumentos de salarios. También se acordaron cláusulas adaptativas a las situaciones particulares de determinadas actividades y empresas afectadas por la crisis. Mientras que esto último era esperable, lo primero constituye una novedad en comparación con el extenso período que va de 1975 a 2002, en el que se suspendía o restringía el funcionamiento de las negociaciones colectivas frente a condiciones económicas adversas.

54 Se estima que el total de los asalariados del sector privado suma 6 millones de trabajadores y de ellos, 4,2 millones (70%) están cubiertos por las negociaciones colectivas de salarios que se realizaron durante 2009.

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Conclusiones

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6. Conclusiones Un balance implica la comparación entre un momento y otro diferente; en este caso es entre la situación actual y las etapas anteriores, analizando políticas y sus resultados; sólo así puede evitarse que las conclusiones respondan a una mirada estática y descontextualizada de lo que acontece. Para lograrlo es necesario contar con información que permita establecer comparaciones válidas en el tiempo y encararlas desde una perspectiva que evite recortes de la realidad, contrastándolas sólo con ideales o con una imagen congelada en un instante determinado para extraer falsas conclusiones. En síntesis, para hacer una evaluación –en este caso sobre la situación socio-laboral– se requiere comprender la evolución histórica, es decir, “de dónde venimos” y elaborar un diagnóstico sobre la actualidad que se ubique en ese devenir. Sólo así es posible interpretar los cambios en la dinámica de los hechos que permiten dar sentido al “hoy” e identificar los desafíos aún pendientes para el “mañana”. El modelo productivo y las políticas llevadas adelante desde el año 2003 implicaron un quiebre en la lógica neoliberal que guió las decisiones de los gobiernos anteriores, prácticamente desde 197655. La transformación se centró en la decisión del Gobierno Nacional de recuperar el Estado y de desarrollar un rol activo tanto en lo económico como en lo laboral y social, coordinando e integrando acciones para maximizar la recuperación de la inclusión y la equidad en la Argentina. Este enfoque de articulación de políticas le asigna sostenibilidad al crecimiento dado que se centra en el desarrollo del sistema productivo local, la generación de empleo decente y genuino, en el aumento de la demanda agregada y en la inclusión como base del desarrollo del país. Este balance da cuenta de los resultados de este abordaje. En este marco, el Ministerio de Trabajo retoma un rol dinámico interviniendo en materia de política laboral, de ingresos, de empleo y capacitación, de fortalecimiento del diálogo social y de la negociación colectiva; pasa de la administración de planes sociales a proponer, coordinar y ejecutar políticas laborales. Se sanciona en el 2004 la Ley 25.877 de Ordenamiento Laboral y se convoca al Consejo Nacional de Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo en el mismo año, recuperando la política de salario mínimo como instrumento para la redistribución de ingresos. Se pone en marcha el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT), con el fin de ampliar sustantivamente la capacidad de inspección del Ministerio y mejorar el incumplimiento de la normativa laboral y previsional. La estrategia macro-económica permitió asegurar que el PBI se incrementara desde 2003 en el orden del 9% anual, crecimiento sustentado en la expansión del mercado interno, el fortalecimiento de la producción y en el aumento significativo de las inversiones. En el año 2009 se constataron 125 mil empresas privadas más en industria, comercio y servicios de las que había en 2003; y la tasa de inversión alcanzó máximos históricos en el período (23%), lo que derivó en un notable crecimiento de la productividad laboral. 55 Es necesario diferenciar el período del primer gobierno democrático (1983-1989) que intentó modificar parte del esquema en un contexto internacional desfavorable.

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Una diferencia relevante con respecto a etapas de crecimiento anteriores es que la expansión estuvo centrada en la producción y en la generación de trabajo formal, registrado en la seguridad social, de una magnitud desconocida en la historia reciente. En 2009 el país tenía un 70% más de trabajadores con empleo registrado de los que había en 2002. La mirada de largo alcance permite contrastar la relevancia de este logro: entre 1974 y 2000 la relación entre la cantidad de empleos registrados y la población en edad de trabajar se mantuvo prácticamente inalterada, mientras que a partir de 2003 esa tendencia se modifica y empieza a crecer sistemáticamente56, alcanzando en 2008 al 30%. La actividad económica impactó positivamente en la dinámica del mercado de trabajo, instalando un círculo virtuoso de crecimiento con generación de más y mejores empleos. El marco de funcionamiento del mercado de trabajo se transformó pasando de una dinámica laboral basada en la precarización, el aumento del desempleo y la reducción sistemática de los ingresos hacia otra, orientada al crecimiento del empleo, a la mejora de las condiciones laborales, de la protección social y de la inclusión. Uno de los rasgos característicos de este esquema es la incorporación de trabajadores precarios y desocupados a empleos formales, generando un proceso de “movilidad laboral ascendente”. En este sentido, la tasa de empleo no registrado que se había duplicado entre 1980 y 2003, se redujo un tercio entre 2004 y 2010. En 2009 se alcanzó la tasa más baja de empleo no registrado de los últimos 17 años. Este análisis de largo plazo permite dimensionar el cambio estructural de esta problemática como el logro más importante de estos últimos años e instala la necesidad de continuar con el enfoque actual de políticas para profundizar estos avances. Otro resultado relevante de las políticas y su enfoque es la creación de 4,9 millones de puestos de trabajo durante los últimos siete años, fenómeno que brindó empleo a 4 millones de personas. Este dato triplica al número de nuevos ocupados durante las décadas de los ochenta y noventa, y es cuatro veces más que el de la dictadura militar (1976 – 1982). Este proceso sostenido de creación de empleo ha permitido reducir sustantivamente la tasa de desocupación, que pasó del 21,5% en 2002, al 7,9% en el segundo trimestre de 2010. Esta reducción se expandió hacia todos los estratos, grupos sociales y categorías ocupacionales. El cambio de la dinámica del empleo estuvo acompañado por una promoción y activación de la negociación colectiva que por continuidad, cobertura y contenido recuperó su rasgo de centralidad del sistema de relaciones laborales argentino. La cantidad de convenios y acuerdos homologados que superó los 1.300 en 2009, sólo puede dimensionarse considerando que en la década de los noventa eran alrededor de 200 por año. Se reactivó también la negociación de ámbito de 56 La excepción de este sostenido crecimiento fue el año 2009 cuando se produjo un leve impacto en el mercado de trabajo de la crisis mundial de mayor envergadura que se conoce desde la década del treinta.

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actividad que alcanza a mayor número de trabajadores y que influye positivamente en la “colectivización” de los beneficios en lugar de la “individualización” de las relaciones laborales, imperante durante la década de los noventa. El crecimiento del empleo registrado también impactó en la ampliación de la cobertura de la negociación; los asalariados del sector privado comprendidos en CCT se incrementaron un 43% desde 1998 (momento más elevado de la cobertura en los años 1990) hasta alcanzar a 4,8 millones de trabajadores en 2009. Se destaca que en 2009 el salario de convenio representó el 81% del salario efectivamente pagado por las empresas, mientras que esta proporción sólo llegaba a la mitad en 2001 porque era una disposición arbitraria de la empresa. La activa política de ingresos, el dinamismo de la negociación colectiva y la expansión de la economía y del empleo, dieron lugar a un importante crecimiento del salario real. Entre 2002 y 2009, la remuneración media de los asalariados registrados aumentó efectivamente. Este proceso de recuperación posiciona el nivel del salario real en 2009 como uno de los más altos de las últimas tres décadas. Por otra parte, la nueva dinámica de la negociación colectiva, la implementación de las políticas activas de ingresos y, en particular el aumento del SMVM, repercutieron favorablemente en la reducción de las diferencias salariales entre los trabajadores del sector privado registrado, reduciendo así la dispersión salarial un 18% entre los años 2001 y 2009. Desde el punto de vista de la distribución de la renta entre el trabajo y el capital, se constata también una mejora en el período 2002 – 200857. Los asalariados incrementaron progresivamente en estos años su participación en el producto generado por la economía pasando del 34,3% al 43,6% aumentando en seis años 10 puntos porcentuales. Las políticas activas de empleo y capacitación acompañaron este crecimiento. El Ministerio de Trabajo ha triplicado en estos últimos años las acciones en materia de empleo, formación, orientación y capacitación para el trabajo. En términos cuantitativos, en 2009 se cubrió a 1,3 millones trabajadores más; se crearon 325 Oficinas de Empleo en todo el país que intermedian entre la demanda y la oferta de trabajo; y se desarrolló el Sistema de Formación Continua con la participación activa de los actores sociales para definir las necesidades en materia de competencias laborales para el presente y el futuro de la Argentina. La inversión en capacitación fue de 175 millones de pesos en 2009, mientras que en 2003 era 11 veces menor, sólo alcanzaba a algo menos de 16 millones de pesos.

La última crisis global que afectó fuertemente a las economías de todos los países desde fines de 2008, destruyendo millones de puestos de trabajo en el mundo, encontró a la Argentina fortalecida y por ello su impacto en la situación laboral fue más que moderado. Mientras que en la mayoría de las naciones 57

2008 es el último dato disponible.

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–especialmente las desarrolladas–, la tasa de desocupación se incrementó drásticamente, en la Argentina prácticamente no se modificó. Las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional orientadas al sostenimiento del empleo, de la actividad general y de la demanda agregada en particular favorecieron este comportamiento. Cabe destacar que el conjunto de las medidas anticíclicas que se desarrollaron entre fines de 2008 y durante 2009 representaron el 1,8% del PBI.

Por otro lado, desde julio de 2009 hasta agosto de 201058 se retomó la creación neta de puestos de trabajo en el sector privado. Esta recuperación abarca no sólo la totalidad de los puestos perdidos durante toda la fase contractiva sino que se sitúa un 0,2% por encima del nivel anterior a la crisis.

La preocupación estuvo también centrada en ampliar la cobertura de la protección social. Así lo demuestra la evolución positiva que tuvo la cantidad de los beneficios prestados por este sistema: se incrementaron el 100% desde 1997, otorgando 7 millones de nuevas prestaciones desde 2003.

Con respecto a los adultos mayores, se desarrolló una política sistemática de mejora de cobertura y de aumento de los ingresos para el grupo pasivo. Con la moratoria y la prestación previsional anticipada, pudieron acceder a la jubilación mínima alrededor de 2,5 millones de personas y en la actualidad el sistema cubre al 84% de los mayores.

A su vez, se extendió la protección social para los menores de 18 años, pasando la cobertura en concepto de transferencias monetarias del 37% en 1997, al 86% en 2009. Esto lo explica, por un lado, la expansión del empleo registrado cubriendo las asignaciones familiares al día de hoy a un 48% más de niños y adolescentes que en 2002. Por otra parte, el Gobierno Nacional encaró en 2009 un cambio sustancial al ampliar el derecho a la mayoría de los menores que se encontraba fuera del régimen de asignaciones familiares a través de un subsistema no contributivo: la Asignación Universal por Hijo para Protección Social que alcanza a alrededor de 3,5 millones de menores.

El conjunto de políticas orientadas a la inclusión social llevó a que la participación del gasto público social consolidado en el PBI llegue en 2008 al 24,4%, máximo valor de los últimos 30 años.

Los cambios de la situación del mercado de trabajo y de la protección social tuvieron su correlato en la distribución del ingreso. A partir de 2003 se revierte el proceso de concentración de ingresos, que venía deteriorando la equidad desde mediados de la década de los setenta, y la distribución de los ingresos se vuelve, año tras año, más equitativa (mejorando un 16% entre los años 2002 y 2009).

Los logros alcanzados demuestran que el camino elegido y sostenido, incluso en el último período de fuerte retracción a nivel mundial, conducen a la conformación de una sociedad más igualitaria. Sin embargo, siguen persistiendo problemáticas laborales que afectan 58

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Último dato disponible de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del MTEySS.

a una parte de la población (informalidad, empleo no registrado, tercerización fraudulenta, desempleo juvenil, inserción laboral de adultos mayores de 45 años, servicio doméstico, trabajo agrario, entre otros colectivos con problemas). Estas dificultades plantean la necesidad de profundizar políticas para que las transformaciones operadas posibiliten seguir avanzando hacia un cambio pleno de la estructura socio-económica del país. En ese momento habremos cumplido el objetivo compartido por todos de una Argentina productiva, equitativa, inclusiva y con justicia social.

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