POLÍTICA | 23

| Domingo 9 De junio De 2013

Martínez (segunda de la izquierda), con Mamberti y Varela (primero y segundo de la derecha)

La ex directora del Registro Nacional de Sociedades, que fue despedida luego de advertir irregularidades, relata cómo se manejaron en el organismo casos sensibles, como el de Ciccone

Silvina Martínez. “En la IGJ las denuncias que eran consideradas complicadas se frenaban” Texto Hugo Alconada Mon

Viene de tapa

Martínez se enfrentó con sus superiores por negarse a acatar ciertas órdenes que, para ella, podían configurar delitos. Le redujeron el salario y luego la echaron. Por eso presentó un amparo en la Justicia. Las irregularidades en la IGJ abarcan un amplio abanico, según reconstruyó la nacion el último año. ¿Por qué? Para proteger, entre otros, al vicepresidente Amado Boudou, a Sergio Schoklender y a la Fundación Madres de Plaza de Mayo. O acotar la información disponible sobre las sociedades del empresario Lázaro Báez. En su amparo, Martínez expuso que alertó, por escrito, al ministro de Justicia, Julio Alak, y al subsecretario Ernesto Kreplak, sobre lo que vivió en la IGJ. También, al entonces titular del organismo, Norberto Berner. Les advirtió que el número dos de la IGJ, Gustavo Varela, detentó ese cargo y dio órdenes sin jamás haber obtenido su nombramiento formal. Muchas de esas polémicas órdenes de Varela fueron por escrito, que la ex funcionaria certificó mediante una escribana. “Cuando le denuncié esto a Berner, me descontó el salario. Y cuando se lo comuniqué por escrito a Alak, el 19 de octubre de 2012, nadie nunca me contestó. Me echaron”, contó, en una entrevista con la nacion. –En su amparo usted alude a otros posibles delitos por el manejo de la información en el organismo. ¿Qué quiso decir?

–Abarca distintos temas. Yo tenía a mi cargo el área de los oficios judiciales, es decir, todos los oficios que mandaban los jueces y fiscales a la IGJ, y que debíamos responder, por lo que quedaba dentro de mi órbita el control y seguimiento de esas respuestas. Pero, a partir de la llegada de Varela, comenzó a ser bastante problemático el trámite interno. Las denuncias que se consideraban de alguna manera “complicadas”, porque tenían repercusiones mediáticas o involucraban a determinados funcionarios del Gobierno o porque ellos las consideraban distintas, eran frenadas y tenían que ser evaluadas por Varela y por quienes trabajan con él. –¿Recuerda algún ejemplo? –Sí, particularmente todo lo que tenía que ver con el caso Ciccone. –¿Cómo? ¿La Justicia pidió datos…? –[Interrumpe] Y los oficios de respuesta no salían. O nosotros ya teníamos listas las respuestas desde mucho tiempo antes del momento en que se los envió a la Justicia. –¿Por una orden de Varela? –Sí, y él decía que era una orden que le daban desde el ministerio. –Usted alude a los oficios judiciales. Pero también hubo pedidos de informes presentados por legisladores, como Ricardo Gil Lavedra, la nacion y otros medios. ¿Qué hicieron ante esos pedidos? –También quedaron incluidos en el mismo filtro que las denuncias. Varela pedía todos los oficios y pedidos

de informes que tuvieran relación con alguno de los casos que él estaba siguiendo de cerca bajo órdenes del ministerio. –¿De quién, en particular, en el ministerio? –Del superior jerárquico de la IGJ, que es el subsecretario de Coordinación y Control Registral, Ernesto Kreplak, que ordenó que el pedido de Gil Lavedra se mandara a la Dirección de Protección de Datos Personales, también dentro de la órbita del ministerio, que elaboró un dictamen sin jugarse demasiado. Desde mi área determinamos que la información se debía entregar al legislador. Pero después el pedido fue al inspector general, [Marcelo] Mamberti, que no le contestó, y luego Berner directamente sacó las circulares para restringir el acceso a la información. –¿Y el pedido de la diputada Margarita Stolbizer? Ella reclama que tampoco se respondió su consulta a la Jefatura de Gabinete sobre lo ocurrido dentro de la IGJ, por ejemplo, por los expedientes del caso Ciccone. –Nunca le respondieron. Ésa es la política. –¿Qué podía ocurrir si usted se negaba a acatar sus órdenes y contestaba esos oficios y pedidos? –Hubiera pasado lo que terminó pasando. Me echaron. –Mientras la IGJ negaba información y demoraba sus respuestas a la Justicia, ¿sí le entregó a La Cámpora los legajos de

las 1000 empresas más grandes que operan en la Argentina, como publicó la nacion? –Sí. Supe que gente del Ministerio de Economía hizo un listado de pedidos, no por los canales oficiales, sobre esas 1000 empresas. –¿Quién era el enlace del Ministerio de Economía en la IGJ? –Varela. Pero por canales extraoficiales, cuando tranquilamente podían solicitar esa información de manera oficial y obtenerla. –No querrían dejar rastro de ese pedido… –Evidentemente. –Durante la gestión de Mamberti en la IGJ ocurrió la desaparición o robo de los legajos vinculados al caso Ciccone. Los de The Old Fund, London Supply y la propia Ciccone. ¿Qué pasó? –No me consta porque yo no estaba a cargo de ese sector o del cuidado de esos expedientes. Versiones hay muchísimas. Pero sólo hablo de lo que me consta y sé. –Poco después de que la nacion revelara esa desaparición, Mamberti se marchó y asumió Berner, quien emitió las circulares 1 y 4 para exigir que el interesado demuestre un “interés legítimo” para acceder a la información que solicita sobre una sociedad. ¿Qué significaron? –[Suspira] En estos momentos, en la IGJ trabajan más de 450 personas, de las que se pueden rescatar 400 que no tienen nada que ver con estos manejos políticos o arbitrarios o injustos. –¿Hoy la IGJ es un organismo politizado, arbitrario o injusto? –Sí, totalmente. Es un organismo manejado por el miedo, donde no se toma en cuenta la carrera administrativa o la capacidad. Le doy un ejemplo: en julio de 2011, Analía Spatola ingresó al organismo enviada desde el ministerio por Kreplak para que se capacitara porque no tenía absolutamente ningún tipo de conocimiento sobre el derecho societario. Durante tres meses trabajó dentro de mi órbita y yo la capacité explicándole desde cero qué era una sociedad comercial y qué hacíamos en la IGJ. A los tres meses y un día se presentó en la oficina, pero para auditarnos. Quienes hasta el día anterior estaban aprendiendo qué era una sociedad pasaron a revisarnos. Hoy, Spatola es la número dos de la IGJ, en reemplazo de Varela. –¿A usted alguna vez se le abrió un sumario administrativo o recibió una sanción? –No, nunca. –Pero en su amparo dice que cuando empezó a objetar lo que ocurría comenzó a tener problemas. ¿Incluso le redujeron su salario mientras estaba de licencia médica? –Exacto. La situación se tornó insostenible entre mayo y junio de 2012, a tal punto que ya veía pasar los oficios directos hacia Berner y Varela y no podía siquiera controlarlos, pese a mi responsabilidad directa ante los jueces. ¿Qué les iba a decir? “¿No te puedo responder porque Varela está sentado arriba de los oficios?” ¡Obvio que no! Entonces, pedí una licencia médica durante una semana y me desmantelaron la oficina. –¿Qué significa “desmantelaron”? –Que mandaron a otras áreas de la IGJ a mi gente y a mis asesores, y hasta me quitaron el escritorio, que Berner lo pidió para él. Le gustaba más mi escritorio que el suyo. –¿Cuándo concluyó su labor? –Según el decreto que salió la semana pasada, el 31 de octubre. Pero el ministerio pagó los aportes hasta diciembre. –¿O sea que usted cobró su salario dos meses más? –No, yo no. No sé si alguien lo habrá hecho.ß

detrás del discurso

La verificación de los mensajes políticos de la semana

Laura Zommer y equipo de investigación de

Sergio Massa, el hombre del momento, bajo la lupa “El Censo 2010 muestra una reversión de la población sin agua potable ni cloacas” Sergio Massa, intendente de Tigre, 6 de junio de 2013

verdadero, pero.... En la semana en la que el gobierno de Cristina Kirchner anunció la estatización del Parque y el Tren de la Costa y la terminación de la concesión de la brasileña América Latina Logística (ALL); el Congreso aprobó la ley de fertilización asistida, y la Justicia dictó fallos que frenaron la reciente reforma del Consejo de la Magistratura, todas las miradas políticas están puestas en el cierre de las listas de candidatos para las próximas elecciones legislativas, que será el sábado 22 de este mes. Sergio Massa es el hombre del momento. Aquí, un chequeo al intendente de Tigre y ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner. “El último Censo Nacional muestra una clara reversión en ese sentido [población sin agua potable y sin cloacas en Tigre]”, afirmó Massa en una entrevista con la Fundación Metropolitana. Aun cuando hoy es el dirigente con mejor imagen, según un informe de la consultora Poliarquía, no se sabe si finalmente competirá en los próximos comicios. Tampoco si encabezará la lista oficialista o una opositora en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país. Es cierto que los indicadores que mencionó el intendente mejoraron entre un censo y otro, es decir, entre 2001 y 2010. Sin embargo, Tigre todavía figura en las posiciones más bajas en lo que tiene que ver con la cobertura de cloacas y agua potable si se lo compara con los 24 municipios del Gran Buenos Aires. Tampoco es el partido que más mejoró respecto de ese indicador. Tigre tiene un porcentaje alto de población sin cobertura de desagüe cloacal. En 2010, según es-

tadísticas censales procesadas en la base InfoArgentina de Unicef, en el partido que gobierna Massa el 83% de la población no tenía cloacas. La situación mejoró respecto de la de 2001, cuando el 86% de los habitantes no tenía cloacas. En cuanto al indicador de agua potable, entre 2001 y 2010, la cobertura en Tigre aumentó, aunque levemente (0,2%). El porcentaje actual de vecinos que tiene agua abarca a casi el 36% de la población. Es decir, que aumentó un 25% en el período mencionado. Por otra parte, el índice de vulnerabilidad, así como la cantidad de hogares con necesidades básicas insatisfechas, la población sin red de gas y los hogares con hacinamiento crítico, también mejoraron. La realidad de Tigre varía si se comparan sus indicadores de condiciones de vida con los de 24 municipios del Gran Buenos Aires. Los datos censales de hogares con cloacas y agua potable ubican al municipio en los últimos lugares del ranking o por debajo de la mitad de la tabla. La extensión y el servicio de agua corriente y cloacas en Tigre está a cargo principalmente de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA), pero también hay obras en las que el municipio intervino en los últimos años. Por encontrarse bajo la jurisdicción de AySA, las redes de desagüe cloacal de Tigre utilizan la planta potabilizadora Depuradora Norte, ubicada en el municipio de San Fernando. Según Andrea Catenazzi, arquitecta del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), “la planta tiene habilitada sólo una parte y no tiene capacidad para depurar los desechos cloacales del municipio”. El año pasado, Cristina Kirchner puso en marcha la tunelera de la planta potabilizadora Juan Manuel de Rosas, que, según se anunció, cubrirá la demanda de Tigre, pero aún no fue terminada.ß @Chequeado // @lauzommer

Los pueblos originarios mantienen sus reclamos protesta. Volverán a la Plaza de Mayo el

miércoles, liderados por la comunidad Qom Con el respaldo de Adolfo Pérez Esquivel y de organizaciones de derechos humanos, los representantes de los pueblos originarios, encabezados por la comunidad Qom, anunciaron que se movilizarán todos los miércoles, a las 16, en la Plaza de Mayo, a la espera de ser recibidos por la presidenta Cristina Kirchner. La decisión de mantener el reclamo por la aplicación de la ley de tierras, y exigir protección ante los ataques sufridos en Formosa y Chaco, fue resuelta por representantes de 15 comunidades originarias, entre ellas los pueblos wichi, pilagá, mapuche y qom, “Los derechos humanos no se pueden acotar al período 1976/1983. También hay que pensarlos hoy”, advirtió Pérez Esquivel, titular del Servicio Paz y Justicia y premio Nobel de la Paz, que acompañó el reclamo de

los indígenas, que exigen el cese de la “criminalización de la protesta”. “Insistimos con el diálogo porque queremos que no haya más violencia. Queremos que se garantice nuestra integridad física”, observó Félix Díaz, líder de la comunidad Qom. Y añadió: “Hay una resistencia por parte del gobierno nacional de entender nuestra lucha, ellos creen que estamos manipulados. Pero tenemos 500 años de resistencia y no queremos seguir sobreviviendo. Queremos vivir dignamente, ser parte de este país y que se nos reconozca como corresponde”. En tanto, Pérez Esquivel transmitió su deseo de que la Presidenta “tenga la conciencia y el corazón abierto para ayudar a resolver los problemas” de los pueblos originarios. La última vez que Cristina Kirchner recibió a los pueblos originarios fue en mayo de 2010.ß